LA EROSIÓN DE LOS SUELOS CORDOBESES Y SU MARCO NORMATIVO DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO POLÍTICO E INSTITUCIONAL ARGENTINO

Resumen

La pérdida de suelo es el principal problema que compromete la sustentabilidad de todos los sistemas productivos del país, con un impacto económico sobre la productividad de los cultivos estimado en US$ 29,9 M anualmente. Esta pérdida, calculada para soja, maíz y trigo, es acumulativa. Sin embargo, además de la pérdida de rendimiento de los cultivos, la erosión provoca otros costos que “no son valorizados en números” y que corresponden a “costos ambientales” debido a la pérdida o disminución de los servicios ecosistémicos que brindan los suelos (Gaitán, et al, 2017). Mientras que, en Córdoba, el mismo estudio estima que, cada año, la erosión hídrica se lleva 4,17 toneladas de suelo por hectárea en esta Provincia. Equivale a que la superficie se reduce a razón de unos 0,38 milímetros anuales.

El objetivo de este trabajo es posicionar la problemática de la erosión hídrica y eólica dentro del sistema jurídico político e institucional argentino, dar pautas sobre las principales normativas que regulan el uso de los suelos y hacer un juicio de valor sobre la situación legal actual de los suelos. Respecto a la actitud de los productores sobre la erosión hídrica y la necesidad de adoptar técnicas de control, el estudio realizado por (de Prada, et al. 2008) concluye que una amplia mayoría declara reconocer la presencia del problema de erosión a nivel regional, en tanto que una menor proporción de productores reconoce que podría ocurrir u ocurre en su predio. También se encuentra una baja adopción de prácticas conservacionistas, cuya utilidad el productor aún no reconoce. Estas conclusiones son de gran relevancia para orientar el diseño de políticas dirigidas a fomentar la conservación de los suelos. La firme persistencia de la mayoría de los productores a no aplicar prácticas de conservación de suelo por considerarlas innecesarias, es posiblemente el obstáculo de mayor importancia para su adopción, mayor que los costos o cualquier otro argumento. Las principales limitantes que proporciona la legislación actual son comunes a otros recursos naturales; los límites del recurso suelo no son discretos sino continuos y no se desarrollan a partir de límites políticos o geográficos, por lo que el paradigma de su gestión debe vincularse mejor a su naturaleza.