Políticas culturales, de la memoria y producción audiovisual a inicios del siglo XXI en Argentina. Una aproximación desde lo nacional al caso de Santa Fe

Cultural policies, about memory and audiovisual production at the beginnings of the XXI century in Argentina. An approximation from the national to Santa Fe’s case

Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales

Este trabajo indaga el desarrollo de políticas culturales y su relación con la producción cinematográfica en Argentina en las dos primeras décadas del siglo XXI, considerando en particular el caso de la provincia de Santa Fe. Se definen puntos de encuentro entre las políticas culturales y de memoria en conexión con la producción audiovisual.

This work inquires into the development of cultural policies and its relationship with the film production in Argentina in the first two decades of the XXI century, considering in particular the case of the province of Santa Fe. Meeting points between cultural and memory policies are defined in connection with audiovisual production.

It's analyzed the role of the State as an intervening actor, creates and encourages the concretion and development of cultural policies, as well as their involvement in the production, dissemination and circulation of audiovisual materials that perform a reread of the recent past, intervening in the complex process of rescuing memories. At the same time, investigates the dynamics of the field of film and audiovisual production, as well as the implications of the cultural policies in the audiovisual realization.

Se analiza el rol del Estado como actor que interviene, crea y fomenta la concreción y desarrollo de políticas culturales, así como su implicación en la producción, difusión y circulación de materiales audiovisuales que realizan una relectura del pasado reciente, interviniendo en el complejo proceso de rescatar las memorias. A lo largo del tiempo, los distintos actores sociales luchan por afirmar la legitimidad de su verdad del pasado y en esa lucha los agentes estatales tienen un peso significativo. Frente a la memoria construida desde la esfera oficial, se producen múltiples narrativas alternativas que circulan, se enfrentan, disputan espacio de sentido y significación a partir del desarrollo de memorias fragmentadas, dispersas, en torno a la configuración y multiplicación de memorias particulares (Candau, 1998). En momentos de apertura política estos relatos son incorporados a la esfera pública que se habilita, confluyen con la pretensión de mostrar “la verdad” y se unifican con la demanda de justicia (Jelin, 2002).

Al mismo tiempo, en el texto se indaga sobre la dinámica del campo de producción cinematográfica y las implicancias de las políticas culturales en la realización audiovisual. Tal como lo expresa Rubens Bayardo (2008), la UNESCO ha entendido a las políticas culturales como un conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa y presupuestaria, que sirven como base para la acción cultural de un gobierno. Esto supone la existencia de un espacio especializado de acción cultural, la creación de infraestructuras, el establecimiento de normativas y medios de financiamiento y la planificación de programas y actividades. Es decir que no se trata de acciones aisladas ni a corto plazo, sino de intervenciones estratégicas sometidas a monitoreo, evaluación y seguimiento, lo que permite redefinir las metas y modificar los cursos de acción en el marco de políticas de Estado.

En la interacción entre la esfera gubernamental y las demandas de grupos relacionados a la producción audiovisual, tanto a nivel nacional como provincial, se llevan adelante diversas acciones en función de lograr un reconocimiento y fomento de la actividad por parte de la esfera estatal. Las estrategias de promoción y subvención del cine y el audiovisual implementadas desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a partir de 2004, crean condiciones favorables para la producción y circulación de discursos fílmicos que revisitan el pasado reciente^[1].

La conjunción de ciertas políticas públicas sostenidas a lo largo del período abordado desde las instancias gubernamentales de orden nacional crean condiciones para la producción y circulación de discursos fílmicos sobre el pasado reciente: las políticas de memoria, en diálogo con las políticas de fomento a la producción documental.

Cuando utilizamos la categoría políticas de la memoria nos referimos a la toma de decisiones del poder político y los gobernantes con respecto a temas relacionados a cuestiones del pasado, tarea que no carece de conflictos sobre todo considerando que la construcción de la memoria no es ajena a intereses y clivajes donde entra en debate qué es digno de ser recordado, quiénes se arrogan el derecho y son dignos de recordar, qué visión se impone en el juego memoria/olvido del pasado reciente. Según lo plantea Jon Elster (2006) estas políticas conjugan una serie de decisiones legislativas, administrativas y judiciales. Una política pública representa el intento por definir problemas y articular respuestas que pueden consistir en actuar o no hacer nada, para lo cual el análisis de las políticas exige la comprensión de factores de tipo histórico, social, económico, cultural, legal, pero especialmente, institucional. Por lo tanto, una política hacia el pasado debe contar con la gestión gubernamental sobre el manejo de las memorias en conflicto en el seno de la sociedad a través de la implementación de medidas políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales; la toma de decisiones tiene que funcionar en estos múltiples niveles y debe implicar la participación de diversos agentes y actores sociales.

En sociedades como las nuestras donde la implantación de un Estado burocrático autoritario (O´Donnell, 1982) ha diezmado y marcado profundamente a la sociedad, el consenso y aceptación de políticas en torno al pasado reciente es sumamente complejo; estas políticas deben conllevar cierta reparación a las víctimas para lograr una coexistencia pacífica en una sociedad zanjada por las consecuencias del terror estatal en la que, además de existir un discurso oficial sobre ese pasado, puedan convivir otras memorias sin producir un peligro a la estabilidad institucional. Por lo tanto, estas políticas deben de ser garantistas para proteger un derecho, estimular su ejercicio y buscar consolidar el sistema democrático.

Como bien lo define Solís Delgadillo (2011) las políticas de la memoria son, de esta manera, un conjunto de medidas políticas instrumentadas desde el Estado tendientes a interpretar el pasado y reparar a sus víctimas. Sin embargo, lo que está en juego en las políticas de la memoria no es el pasado sino el presente, y la capacidad que se tenga para integrar a ambos en el aquí y ahora como realidad de la que sea posible hablar.

Siguiendo el planteo de este autor es que sostenemos que las políticas de la memoria vinculadas a los problemas irresueltos del pasado de aquellos países donde se implantó el terrorismo de Estado en etapas recientes de la historia, se pueden dividir en tres tipos: simbólicas, son todas aquellas medidas destinadas a resarcir la memoria de las víctimas y la de sus familias, aunque van dirigidas al conjunto de la sociedad a través de recordatorios en el espacio público que se traducen en monumentos, plazas, nombres de calles, museos y todas aquellas expresiones que mediante el arte y la cultura se enlazan para mantener viva la memoria colectiva, pero también a través de la difusión educativa de los derechos humanos; de reparación, son medidas reservadas para indemnizar a las víctimas directas y a sus familiares, hasta cierto grado de afinidad, y se pueden subdividir en dos categorías: económicas (retribución a través de transferencias económicas directas) o prestacionales (compensación por medio de la exención de pago de determinados servicios públicos y creación de programas específicos para su beneficio); y por último, las políticas de justicia, son aquellas que están encaminadas a establecer la verdad de los hechos y a crear las condiciones propicias para juzgar y castigar bajo un debido proceso a los responsables de cometer crímenes políticos o de lesa humanidad bajo el auspicio de un régimen autoritario.

Tras la crisis socioeconómica en Argentina de 2001-2002, las políticas vinculadas a derechos humanos tienen un período de auge a partir de 2003. Estas políticas de memoria tienen su puntapié inicial en la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final (Ley Nº 25779/03), que permite reiniciar los juicios por violaciones a los derechos humanos en el marco del derecho penal. Cabe mencionar algunas particularidades del proceso de enjuiciamiento abierto por esta ley que da cuenta del posicionamiento legitimado por el gobierno nacional en relación a los hechos acontecidos en la última dictadura cívico-militar (Rauschenberg, 2013). No son habilitados para juicio los líderes de las organizaciones civiles armadas: sus acciones son consideradas “crímenes policiales” y por lo tanto prescriben con el correr del tiempo. A su vez, abarca no solo a militares y agentes de seguridad —como sucedió en el Juicio a las Juntas Militares de los años ochenta—, sino también a civiles que participaron y colaboraron con los militares. También se contempla, por primera vez, la violencia sexual ejercida sobre los secuestrados, y especialmente sobre las mujeres, considerada modo de tortura por la sistematicidad con que se efectuó. En tanto, las causas judiciales son agrupadas en función de los centros clandestinos de detención, constituyendo un único juicio público centralizado, en donde por primera vez se contempla la centralidad del testigo para probar los actos criminales.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se observa una preponderancia de las políticas simbólicas que están asociadas a fechas de la memoria (recordatorios en el espacio público, actividades y eventos vinculados a los derechos humanos en el ámbito educativo). A partir de la anulación de las denominadas “leyes exculpatorias o de impunidad”^[2], comienzan a visualizarse medidas de justicia que tienen continuidad e incluso se refuerzan bajo el mandato de la presidenta Cristina Fernández.

Al conmemorarse los treinta años del golpe de Estado en 2006, la memoria respecto a la dictadura ya había adquirido una notoria visibilidad y contaba con consenso de una buena parte de la sociedad argentina, convertida en un emblema distintivo del gobierno kirchnerista; se había construído a nivel discursivo una línea de continuidad entre la generación militante de los setenta y la figura y las políticas de Kirchner. En 2006 el día del golpe de Estado se convirtió en feriado nacional inamovible por Ley Nº 26085, aunque ya estaba vigente desde 2002 como conmemoración el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” (Ley Nº 25633). Un hecho significativo en esta ocasión fue la reedición del Nunca Más (1984), con la añadidura de un prólogo redactado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde se critica la posición adoptada al publicarse el libro en 1984, considerándola afín a la teoría de los dos demonios.

En función de este contexto podemos sostener que se abre un período de institucionalización de la memoria (Traverzo, 2008): las reivindicaciones históricas de los Organismos de Derechos Humanos se convierten en política de Estado. El Estado nacional se propone encuadrar jurídicamente el pasado reciente, particularmente lo referido a la última dictadura cívico-militar a través de ciertas políticas orientadas a establecer rememoraciones y símbolos, promoviendo acciones en la línea de educación y memoria.

El posicionamiento político legitimado por el gobierno nacional y reconocido jurídica y legalmente en relación a los hechos acontecidos en la última dictadura cívico-militar, encuentra su correlato en ciertas acciones en el campo de la cultura, fundamentalmente en la demarcación, apropiación y creación de sitios de la memoria, así como en los debates que se propician y en los contenidos que se impulsan a través de capacitaciones docentes y trayectorias de formación.

Un hecho que a nivel simbólico representa un punto de inflexión es la conversión del predio donde, en los años setenta, funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) —uno de los principales centros clandestinos de detención—, en Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, destinado a realizar actividades y talleres para público en general y visitas de instituciones educativas. Es efectivamente un lugar de memoria en el sentido planteado por Pierre Nora (1984-1993), un espacio donde cristaliza y se materializa la intención de construir memoria respecto al pasado reciente. El Estado asume la responsabilidad de proteger los vestigios y la infraestructura que dan cuenta del plan sistemático de terrorismo de Estado, creando condiciones para configurar ese espacio como escenario para la conmemoración. Esta acción debe ser entendida como una política patrimonial que va de la mano de la institucionalización de la memoria: desde el gobierno nacional se plantea la necesidad de erigir instituciones que conserven y protejan, pongan en valor y administren el patrimonio, y en esto hay una clara intencionalidad de resignificar el pasado reciente.

Desde la recuperación de la democracia a nuestros días las políticas de la memoria han tenido diferentes formas y ritmos dispares según las regiones del país y los gobernantes de turno^[3]. En tal sentido, consideramos que el caso de la provincia de Santa Fe en relación a las políticas culturales y de la memoria en torno al pasado reciente de los argentinos es interesante de trabajar a partir de diversas disposiciones, leyes y decisiones gubernamentales.

Por un lado, desde el año 2003, tras la declaración de nulidad de “las leyes exculpatorias o de impunidad” se reabren —al igual que en todo el país— las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia y se tramitan de forma constante y sostenida los Juicios por la Verdad y la Justicia. A partir del 2009 han tenido sentencia firme varias causas por delitos de lesa humanidad en la provincia; al mismo tiempo, el gobierno provincial ha instrumentado una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la justicia a través del Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes (2008)^[4], así como ha preservado y recuperado espacios como sitios de la memoria donde funcionaron centros clandestinos de detención, tal es el caso del edificio donde operaba el ex Servicio de Informaciones de Santa Fe (ciudad de Rosario). En ese lugar durante la última dictadura cívico militar funcionó uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia (2004)^[5], y hoy funciona el Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad (2015)^[6]. Asimismo, a partir del 2013 se han identificado múltiples centros clandestinos de detención en todo el territorio provincial, ya sea edificios que pertenecían a la Policía Federal, la Policía Provincial, edificaciones y dependencias del ejército(delegaciones, campos de entrenamiento, fábrica de armas, comisarías, jefaturas, cárceles), así como también, escuelas y bibliotecas, casas y estancias de personas particulares^[7].

Por otro lado, se realiza la creación del Archivo Provincial de la Memoria (APM, 2006)^[8], en el que se cuenta con dos fondos documentales: el del diario El Litoral (período comprendido entre los años 1946 y 1979 establecido por Resolución Nº 0001/2013) y el de la Dirección de Informaciones de la Provincia de Santa Fe (DGI-Historia). Dentro de la órbita del APM también funciona la Biblioteca “Paco Urondo”, especializada en temas de Derechos Humanos y Memoria^[9].

En el marco de las políticas de memoria y de reparación, mediante Ley Provincial Nº 13330, se otorga una pensión para madres de hijos que hayan sido asesinados o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de Estado^[10]; también se da la aprobación de la ley provincial de pensión para presos políticos, gremiales o estudiantiles víctimas del terrorismo de Estado^[11].

Con respecto a políticas de tinte simbólico, desde el año 2015 se implementa la colocación de baldosas por la memoria en distintos lugares y barrios de la ciudad de Santa Fe: se señalan lugares y sitios en homenaje a militantes secuestrados, detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura cívico-militar, como una iniciativa del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia^[12]. En tanto, a fines del 2020, por resolución del Consejo Municipal de la ciudad de Rosario, se establece la creación del programa y el registro de “Baldosas por la Memoria”, a través del cual se dispone la confección e instalación de baldosas recordatorias, donde queden inscriptos los nombres de militantes detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado en dicha ciudad^[13].

En el marco de la ciudad de Santa Fe, desde el 2020, se propuso la rectificación de legajos de trabajadores municipales que fueron detenidos o desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar; por otro lado, ingresaron a planta permanente hijos de trabajadores y trabajadoras municipales cesanteados y desaparecidos^[14]. En dicha oportunidad, el Intendente de la ciudad de Santa Fe (Emilio Jatón, del Frente Progresista Cívico y Social)^[15] entregó a los familiares las copias del Decreto Nº 278, que en el artículo uno dispone la inscripción de la condición “detenido-desaparecido” en los legajos de estos trabajadores municipales^[16]. A partir de esta iniciativa diversas instituciones y organismos públicos han comenzado con esta política de reparación de legajos de trabajadores detenidos desaparecidos.

Se mencionan estas iniciativas desarrolladas en el marco del Estado provincial a manera de ejemplos relacionados a diversas políticas destinadas a la búsqueda, reparación, memoria y justicia en torno al pasado reciente. Podemos constatar diferentes medidas relacionadas, según la clasificación realizada por Solis Delgadillo (2011), a políticas de la memoria de carácter simbólico (baldosas, señalamiento de centros clandestinos de detención, reparación de legajos), de reparación (tanto económicas como prestacionales, pensiones y subsidios) y de justicia (protección y acompañamiento a testigos, juicios y condenas).

Aquí también se produce una política patrimonial (Traverzo, 2008) que conlleva una institucionalización de la memoria a partir del reconocimiento del terrorismo de Estado, acompañada de la recuperación y resignificación de edificios y espacios para la memoria y múltiples manifestaciones y acciones de carácter simbólico que se presentan en los ámbitos de la educación y la cultura a partir de campañas de información y difusión de las temáticas relacionadas a la última dictadura cívico-militar y a la creación de archivos y repositorios de documentación.

Políticas culturales para la industria cinematográfica argentina a principios del siglo XXI

Al referirnos a políticas culturales es inevitable que consideremos algunos autores que han aportado al debate en torno a qué y cómo considerar las políticas públicas en relación a la cultura. No podemos dejar de mencionar a García Canclini (1987), quien considera que debemos trabajar las políticas culturales contemplando la totalidad de las acciones desarrolladas por los grupos e instituciones que intervienen en el campo de la cultura:

Entendemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social (p. 26).

Por su parte, Toby Miller y George Yúdice (2004) afirman que las políticas culturales se refieren a los apoyos institucionales que canalizan la creatividad estética y las formas de vida colectivas, siendo contenidas en instrucciones de carácter regulatorio y sistemático. Esto nos lleva a implicarnos e inmiscuirnos en el ámbito de las leyes, decretos y reglamentaciones. Los autores mencionados hasta aquí, coinciden en considerar que toda política cultural requiere de la intervención, de una u otra manera, del Estado y que conlleva una intencionalidad política con finalidades y objetivos precisos.

Las políticas públicas en materia de cine implementadas en la primera década del siglo XXI se han enfocado en el plano de la producción y los aspectos vinculados a la distribución y exhibición, han permanecido desatendidas por las legislaciones y medidas estatales (González, 2014; Kamin, 2011; Schmoller, 2009).

En el período analizado se encuentran en vigencia una serie de resoluciones y medidas orientadas a regular desde el Estado nacional la exhibición y duración de las películas argentinas en cartel. A través de la Resolución Nº 2016/04, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (2004) amplía el concepto de cuota de pantalla (la cantidad mínima de películas nacionales que deben exhibir obligatoriamente las empresas exhibidoras), establece una clasificación de películas argentinas según la cantidad de copias con que se estrenan y crea un circuito de exhibición alternativo garantizando, mediante acuerdos con las empresas exhibidoras, la permanencia mínima en dos semanas de aquellas películas que se estrenan con un número de copias reducido. La cadena de exhibición oficial, conocida como los Espacios INCAA, abarca prácticamente la totalidad del territorio argentino y busca garantizar la difusión de producciones cinematográficas argentinas, incluidas las de estreno comercial, formato digital y cortometrajes. Esta medida ha contribuido a la expansión del sector cinematográfico, sobre todo para aquellas localidades que luego de la década del noventa habían quedado sin cines: el precio es accesible en comparación con el costo de las entradas en complejos multisalas y el público se beneficia con descuentos generados a partir de convenios entre el INCAA y diversos sindicatos, gremios y asociaciones.

No obstante, consideradas en el marco de la industria cinematográfica, estas medidas no han transformado el panorama general del mercado: las recaudaciones y niveles de convocatoria de estos espacios son exiguos en comparación con las otras ofertas de exhibición (Kamin, 2011). Por ello, son consideradas un buen punto de partida, pero solo eso: punto de partida que necesariamente debe ser fortalecido y acompañado de otras estrategias. La implementación de la cuota de pantalla en realidad no es efectiva si no se regula, al mismo tiempo, la cantidad de copias de los estrenos de la industria hollywoodense.

Para resolver los problemas de la industria cinematográfica vinculados a la exhibición, el Estado, además de imponer cuota de pantalla o media de continuidad a todas las salas cinematográficas (incluyendo los multicines), debería ocuparse de promover circuitos de cine alternativos que no se guíen exclusivamente por la lógica de mercado. La interacción entre la industria cinematográfica y televisiva es sin duda una de las cuentas pendientes para fortalecer la difusión de la producción cinematográfica nacional. El artículo 67 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2010), promulgada bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, constituye una buena base para avanzar en ese sentido. En el capítulo V referido a contenidos de la programación, la ley obliga a los canales de aire a adquirir con dinero los derechos de emisión de las películas argentinas, siendo que convencionalmente estos derechos eran obtenidos a través de canjes por segundos de publicidad. Sin embargo, al momento la medida ha tenido poca repercusión, siendo contados los casos en que fue respetada y cumplida. Debería buscarse la forma en que la televisión asuma un rol más activo, que vaya más allá del pago de impuestos y se abran así más espacios en canales privados de aire y estatales para la difusión de cine argentino. Si bien dicha ley no fija un precio básico en la compra de derechos de antena ni identifica con claridad a los beneficiarios activos de las cuotas de pantalla, abre la posibilidad de una mayor interacción entre los canales televisivos y el cine.

En el período abordado, hay que destacar las demandas y acciones de colectivos de documentalistas y realizadores independientes que inciden en el plano normativo con la modificación de un artículo de la Ley Nacional de Cine (2004), abriendo la posibilidad a los productores audiovisuales de obtener recursos materiales para la realización de documentales. Con la Resolución Nº 0658/04 se crea el Plan de Fomento del INCAA, incluyendo por primera vez el formato documental en la promoción estatal (cuarta vía: largometraje documental). Según dicha resolución, el paso de exhibición debía ser de 35 mm o superior, al igual que sucedía con films de ficción. Recién en 2007 el INCAA (2009a y b) empieza a tener en cuenta el cambio tecnológico que se venía produciendo y las especificidades del audiovisual documental: a través de la quinta vía documental se ofrecen subsidios más reducidos para aquellas películas filmadas y terminadas en digital.

El hecho de que esta vía no exija antecedentes por parte de los realizadores contribuye a la expresión de una gran diversidad temática y a la exploración estética y creativa. En este recorrido cabe destacar el Plan de Fomento del año 2011 (INCAA, 2011a, b y c), que marca un antes y un después en el ámbito de la producción documental nacional de acuerdo a las demandas del sector audiovisual: contempla las diversas instancias para el desarrollo de proyectos, subsidios y/o créditos a la producción y edición en DVD, a la vez que dictamina la conformación de los jurados que evalúan los proyectos con representantes de las entidades del sector documental. Sin embargo, sabemos que las instancias más vulnerables para el documental son la exhibición y la distribución que, según los movimientos de documentalistas argentinos, no deben guiarse por los mismos criterios y parámetros que el cine comercial. En un documento emitido el 11 de mayo de 2016, consideran que las políticas públicas orientadas a fortalecer la exhibición deben contemplar la especificidad del cine documental. Se requiere adoptar una lógica particular que permita la permanencia en el tiempo y la instalación en el público y en el “boca a boca” de pocas funciones semanales durante muchos meses. La audiencia de cine documental es un público muy específico, por tanto la difusión debe ser direccionada —no masiva— y la proyección entendida como un evento, con la presencia del director, con debates o charlas^[17].

Construcción de la memoria y producción audiovisual en el territorio santafesino

Al realizar un relevamiento de las diversas medidas y acciones emprendidas desde el Estado y las esferas del poder político en el territorio provincial santafesino, consideramos decretos y leyes que toman posicionamiento e instauran en el seno de la sociedad un debate público y exigen una lectura del pasado reciente en el proceso de construcción de la memoria social.

En torno a políticas culturales que implican al sector audiovisual es digno de remarcar la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de convocar a documentalistas, directores y colectivos de realizadores para producir audiovisuales a partir del material que surge de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y la trascendencia social que adquieren, ya que se están juzgando y condenando delitos imprescriptibles cometidos en el marco del terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional.

Debemos considerar como punto de inflexión la tarea encomendada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe a cineastas y documentalistas para realizar el registro y la producción de films que representen las diferentes etapas, laberintos y complejidades afrontadas en los juicios orales y públicos a represores acusados por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en el país. En dicha iniciativa vemos la convergencia de políticas de justicia y simbólicas que alientan y promueven la producción audiovisual en torno al pasado reciente. Este emprendimiento cultural para producir audiovisuales sobre los juicios en Santa Fe se imbrica con políticas públicas de la memoria sostenidas por el Estado nacional y provincial en relación a la historia reciente. Nos permiten adentrarnos en la problemática de la representación, centrando la atención en la representación fílmica documental en tanto estrategia de preservación, salvataje, divulgación y conocimiento del pasado.

En tal sentido, nos encontramos con producciones audiovisuales relevantes: dos series documentales para televisión que representan los primeros juicios por delitos de lesa humanidad que se tramitan en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. La primera serie de documentales producida es Los días del juicio (Romano, 2010) que exhibe las imágenes de la sala de audiencias, el relato de los testigos y el trabajo de jueces, abogados y fiscales, al mismo tiempo que representa el acompañamiento que los familiares y sobrevivientes hicieron durante todo el juicio en la puerta del Tribunal Federal en la ciudad de Rosario entre agosto del 2009 y abril del 2010^[18]. La segunda serie se titula Proyecciones de la memoria y nos (Cappato, Agusti y Gatto, 2011) y nos acerca imágenes y testimonios de la llamada “Causa Brusa” que —después de más de treinta años de espera— se llevó a juicio logrando sentenciar a los imputados al demostrarse la ilegalidad de los actos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado en la ciudad de Santa Fe y zonas aledañas. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la ciudad de Santa Fe entre los meses de septiembre y diciembre del 2009. Además, registra la historia de cinco mujeres que luego de treinta años lograron cerrar un ciclo de impunidad con una condena que marca una nueva etapa en materia de memoria, verdad y justicia en la sociedad santafesina^[19].

Por otra parte, se promueve la realización de un documental denominado La arquitectura del crimen (Actis, 2016) que representa los trabajos de intervención y recuperación arquitectónica en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe en la ciudad de Rosario. A partir de imágenes, archivos inéditos y testimonios de los sobrevivientes, el documental explora las marcas de la represión política y da cuenta de la importancia de preservar los espacios de memoria para garantizar la transmisión de hechos fundamentales de nuestra historia contemporánea^[20].

Otra iniciativa relevante a ser mencionada, es la creación del Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad (2015), que tiene como finalidad la preservación, protección, consulta, difusión y divulgación de los registros audiovisuales de las audiencias orales y públicas llevadas a cabo en Tribunales Federales de la provincia.

La llegada del Dr. Hermes Binner y el FPCS a la gobernación de la provincia de Santa Fe en el año 2007 supuso un recambio político, ya que hasta esa fecha —y desde la recuperación de la democracia en 1983— la provincia estuvo gobernada por diferentes facciones del Partido Justicialista. Con el inicio de este nuevo ciclo de gobierno se reestructura y modifica la organización del Estado provincial, al mismo tiempo que se profundiza el delineamiento y la concreción de políticas culturales y de memoria.

Desde el 2007 se desarrolla una línea de financiamiento que se brinda a través del Programa Espacio Santafesino, para posibilitar la realización de discos, libros, videojuegos, accesorios, indumentaria y objetos de diseño, producciones audiovisuales, aplicaciones y proyectos transmedia en toda la provincia. A través de Espacio Santafesino se estimula el desarrollo de las industrias de base cultural de la provincia, impulsando la creación de bienes culturales reproducibles mediante apoyos, concursos, acciones de fomento y encuentros de formación. Un esfuerzo compartido entre la sociedad y el Estado provincial en busca de un desarrollo más equitativo y plural de estos sectores en nuestro país^[21]. En el marco de esta iniciativa provincial de otorgamiento de asignaciones estímulo para realizar producciones audiovisuales, en el año 2016 son cuarenta y siete los proyectos seleccionados provenientes de diferentes lugares de la provincia (Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Calchaquí, Gobernador Crespo, Arroyo Leyes, Santo Tomé, Funes, Santa Fe y Rosario) y se destacan por la innovación en sus propuestas, la creatividad para producir nuevos formatos y las perspectivas de sustentabilidad en el tiempo^[22].

Como otra de las políticas culturales provinciales es necesario mencionar que entre el 2009 y 2010 toma forma una iniciativa conjunta de la Secretaría de Producciones e Industrias Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura y la Secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para desarrollar el Programa Señal Santa Fe dedicado a la producción de contenidos audiovisuales con el objetivo de poner en común la memoria, la historia y la cultura santafesina. Así se presenta oficialmente la propuesta:

Señal Santa Fe es un programa del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe que promueve la creación audiovisual y la participación ciudadana mediante la producción de contenidos en los que se multiplican la cultura, la historia y la memoria de los santafesinos^[23].

Es necesario remarcar que la producción audiovisual documental que se realiza en Santa Fe no alcanza los circuitos de exhibición y circulación en multisalas y cines de diferentes lugares del país. Son realizaciones que muchas veces no trascienden el espacio de la “localidad” en los circuitos de proyección y, más aún, muchas veces no trascienden un círculo de intelectuales, artistas y cinéfilos que se constituyen en un “grupo de espectadores” avezados y en estrecha relación con el mundo audiovisual santafesino. Por ello, el Programa Señal Santa Fe, propuesto por el Estado provincial, intenta beneficiar, en cierta medida, a los realizadores locales y a la difusión de sus obras.

Desde mediados del 2011 se emite una franja de programación diaria de Señal Santa Fe que se distribuye por satélite en más de setenta canales de cable de la provincia; la franja presenta producciones originales propias y también producciones realizadas en toda Iberoamérica^[24]. A partir de la firma de diferentes convenios con redes de cableoperadores y con el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), desde septiembre de 2012 la programación de Señal Santa Fe llega a localidades de todo el país a través de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) y del canal Conexión Educativa. Algunos de sus programas también son emitidos por canales de la Televisión Digital Abierta de Argentina (TDA)^[25].

Por otra parte, desde 2016 realizadores de audiovisuales y documentalistas comienzan a reunirse para llevar adelante acciones conjuntas y exigir mayor participación del Estado en cuanto a legislación, subsidios y apoyo a la actividad audiovisual. Si bien no han llegado a conformar una organización legalmente reconocida, se autodenominan Sector Audiovisual Santa Fe y se presentan como un grupo conformado por productoras y realizadores audiovisuales de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de fortalecer y proyectar la industria audiovisual. Según se plantea en diversos medios periodísticos, el Sector Audiovisual Santa Fe surgió de las reuniones de productores y realizadores que los ministerios de Innovación y Cultura y de Producción convocaron en 2014 para la creación del Consejo Económico de la Cadena de Valor de Empresas de Base Cultural. El objetivo es proyectar desde el Ejecutivo provincial una ley audiovisual que abra paso a políticas de fomento para desarrollar y consolidar el sector audiovisual^[26].

Ello se termina de concretar con la firma del Decreto Nº 2452, por parte del por entonces gobernador Miguel Lifschitz (FPCS), que establece la declaración de Industria del Sector Audiovisual en 2018, estipulando que las actividades desarrolladas por las productoras de contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos que tengan su domicilio fiscal y realicen su actividad principal en el territorio provincial, quedan comprendidas dentro del Régimen de Promoción Industrial de la provincia. “El documento comprende dentro de los servicios audiovisuales la creación, producción y rodaje de contenidos audiovisuales de todo tipo y la posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la imagen o sonido” (Declaran Industria a la actividad audiovisual en la provincia, 2018, párr. 3). Asimismo, se dispone la creación del Registro de Empresas Audiovisuales en el ámbito del Ministerio de la Producción, que se encuentra en pleno proceso de implementación^[27].

A lo largo de estas líneas hemos podido ver distintos ritmos y alcances en cuanto a las medidas implementadas por el Estado provincial en estas dos últimas décadas en relación a la producción audiovisual. Lo que es digno de contemplar es que se ha dado cierta confluencia entre diferentes sectores de la sociedad civil, organismos e instituciones no gubernamentales de manera conjunta con la administración estatal para abordar diferentes problemas y plantear medidas, a mediano y a largo plazo, en relación a la cultura y el campo audiovisual, aportando a la difusión y construcción de la memoria.

Estas acciones brevemente descritas, van en consonancia con lo planteado por Ana Wortman (2005), quien sostiene que para la consecución de políticas culturales en los contextos actuales es necesaria la coordinación entre la sociedad civil y el Estado en pos de concretar iniciativas que conlleven a la producción y circulación de artefactos culturales.

En casos con pasados dictatoriales como el nuestro, el alcance y las particularidades de las políticas de memoria están condicionados por el tipo de transición democrática, el peso y poder de las élites autoritarias, el nivel de consenso social que haya tenido o siga teniendo la dictadura y los marcos institucionales en que se encauzan los procesos. La gestión gubernamental pasa entonces por las posibilidades de integrar pasado y presente en un relato histórico que se articule al debate que la sociedad está planteando en esa coyuntura en relación al daño causado por las dictaduras (Solis Delgadillo, 2011).

Esto es relevante porque las políticas de la memoria suponen luchas políticas en torno al pasado, debates en torno a qué, cómo y cuándo recordar u olvidar, y discusiones respecto a cómo se va a gestionar ese pasado y sus memorias (Jelin, 2002). Al asumir el pasado en la agenda política del presente, las políticas de memoria discuten qué mirada del pasado se pretende construir y volver hegemónica en el presente. A lo largo del texto hemos recorrido políticas de memoria tanto en el ámbito nacional como provincial que propician la construcción de significados en torno al pasado reciente poniendo en debate diferentes aristas implicadas en el marco del terrorismo de Estado.

Nos adentramos en el análisis de diversas leyes, disposiciones, artículos y decretos de alcance nacional y provincial que ponen en el centro de la agenda pública el debate en torno a los sentidos e imaginarios construidos sobre la última dictadura cívico-militar en nuestro país, desarticulando la “teoría de los dos demonios” y reconociendo, instaurando y sosteniendo jurídica, legal y políticamente la figura del “terrorismo de Estado”. Ello acompañado de políticas culturales que, en el caso santafesino, promueven el desarrollo de producción audiovisual que representa los hechos, sentidos y significados del terrorismo de Estado, y la necesidad de justicia y construcción de la memoria a partir de la producción audiovisual.

En este contexto, las políticas culturales en torno a la memoria y la producción audiovisual confluyen creando condiciones para la producción y circulación de materiales audiovisuales que revisitan el pasado. A ello debemos sumar que desde el 2007 hasta nuestros días, Santa Fe cuenta con la implementación de importantes políticas culturales que propician la producción audiovisual local, a partir de diversas iniciativas y programas de desarrollo de la industria audiovisual, sostenidos y promovidos por el gobierno provincial santafesino en manos del FPCS hasta diciembre de 2019.

Consideramos estas iniciativas del Estado provincial santafesino como ejemplos de caso de lo planteado por Ana Wortman (2005), quien sostiene que para la consecución de políticas culturales en los contextos actuales es necesaria la coordinación entre la sociedad civil y el Estado en pos de concretar iniciativas que conlleven a la producción, circulación, exhibición y consumo de prácticas, eventos, manifestaciones y productos artístico-culturales. Esta coordinación entre agentes civiles y estatales ha sido identificada en la promulgación y el desarrollo de diferentes políticas culturales y de la memoria. Algunas de estas políticas son de carácter simbólico, a partir del señalamiento de lugares, colocación de baldosas y reparación de legajos; también nos encontramos con políticas patrimoniales, de institucionalización de la memoria con la recuperación y restauración de espacios, la creación de archivos que tienen la finalidad de salvaguardar, conservar y difundir materiales y fuentes sobre la última dictadura cívico-militar. Todas estas iniciativas se enlazan de manera conjunta con políticas de reparación económica, prestacionales y de justicia.

A su vez, las iniciativas que promueven y apoyan la producción audiovisual local vinculadas al pasado reciente, reconocen en los films documentales su función en los procesos de construcción de memorias. Como lo expresa María Pía López (1993): “Al temor a la muerte se le oponen los sustitutos de inmortalidad: hijos, libros, árboles y films (...) Si la verdadera muerte es el olvido, el cine combate la muerte cuerpo a cuerpo” (p. 138). Como consuelo y paliativo a tanto dolor por los ausentes, por la impotencia ante tanta impunidad en el poder y la necesidad constante de justicia, no debemos resignarnos y olvidar... El cine representa el pasado y el presente y, al hacerlo, se convierte en una forma de construir las memorias (Acuña y Nicola, 2009).

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Profesora en Historia. Especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Se desempeña como docente universitaria en cátedras de la UNL y participa como investigadora en proyectos de investigación sobre cine, historia y memoria. Es miembro del Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales (FHUC-UNL). Directora y coordinadora de la revista Culturas. Debates y perspectivas de un mundo en cambio (FHUC-UNL).

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Profesora en Historia por la Universidad Nacional del Litoral. Diplomada en Ciencias Sociales por FLACSO. Se desempeña como docente universitaria (FHUC-UNL) y en institutos de educación superior de la provincia de Santa Fe. Participa como investigadora en proyectos de investigación sobre cine, política e identidad. Es miembro del Centro de Investigación en Estudios Culturales, Educativos, Históricos y Comunicacionales (FHUC-UNL) y de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA).

[1] Desde la Historia cuando utilizamos la expresión “pasado reciente argentino”, es para dar cuenta del periodo de tiempo transcurrido entre los años 1976-1983, más concretamente, a lo acontecido durante la última dictadura cívico-militar en Argentina cuando las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza y llevan adelante un plan sistemático de desaparición forzada de personas basado en las detenciones ilegales, las torturas, las vejaciones, la apropiación de niños, y/o la muerte de todos aquellos individuos que se consideraban un obstáculo al modelo económico y político que se quería implantar. Estas acciones se califican como terrorismo de Estado ya que se corroboró la existencia, planificación y desarrollo de un plan sistemático para desaparecer y eliminar a toda persona que se considerase como opositor a las políticas impuestas.

[2] Las denominadas “leyes exculpatorias o de impunidad” son: la Ley Nº 23492 de Punto Final (1986), la Ley Nº 23521 de Obediencia Debida (1987) y los indultos. Se trata de una serie de decretos sancionados en octubre de 1989 y diciembre de 1990, por el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, que conmutaron penas a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura, incluyendo a los miembros de las juntas militares condenados en el Juicio a las Juntas de 1985.

[3] Ello es casi una obviedad ya que no podemos considerar al Estado como un actor corporativo o burocrático uniforme; debemos considerarlo como un campo de pujas específicas que buscan imponer proyectos e intereses disímiles, representando relaciones de fuerzas dispares. Ante ello no hay un consenso en torno a las políticas de la memoria sobre el pasado reciente, sino que nos encontramos con diversas formas de intervención tanto del ámbito nacional como provincial.

[4] El programa creado por Decreto Provincial Nº 1927/2008 brinda acompañamiento, contención y asistencia jurídica, médica y psicológica, así como protección física a testigos, querellantes y a sus abogados patrocinantes en los procesos penales de competencia federal vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado. Las medidas de protección podrán ser dirigidas o extendidas a familiares directos, a personas convivientes y a quienes por su relación inmediata así lo requieran. Recuperado el 2021, 2 de octubre de https://www.santafe.gov.ar/normativa/item.php?id=49135&cod=1cfb1855fc2644e59f9b193b91b30009.

[5] La provincia licitó obras para la recuperación del espacio en octubre del 2014. Se calcula que por ese lugar pasaron entre 1800 y 2000 personas detenidas ilegalmente en la región entre 1976 a 1979 en el marco del terrorismo de Estado. Ver Comenzó la recuperación de un espacio de memoria (2015).

[6] El Archivo Audiovisual de Juicios de Lesa Humanidad es de consulta pública y está ubicado en el Espacio de Memoria ex CCD Servicio de Informaciones, en la Sede de Gobierno Rosario, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Recuperado el 2021, 2 de octubre de https://www.santafe.gob.ar/aajlh.

[7] Para mayor información sobre los sitios de memoria en Santa Fe. Recuperado el 2021, 2 de octubre de https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/196192/(subtema)/93806.

[8] Creado por Decreto Nº 2775/2006, cuenta con informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos. Además de proteger los fondos documentales, uno de sus principales objetivos es aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad para el esclarecimiento de los sucedido con personas detenidas/desaparecidas. A partir del Decreto Nº 1507/2011 la información contenida en el fondo documental tiene el carácter de información disponible en forma permanente a la cual se puede acceder en el Archivo Provincial de la Memoria. Recuperado el 2021, 2 de octubre de https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/228785/(subtema)/Archivo.

[9] En diciembre del 2020 se encuentra documentación de la Policía de Santa Fe del período de la dictadura en una habitación cerrada de la Guardia de Infantería de Reforzada (GIR), que operó como centro clandestino de detención del terrorismo de Estado y hoy es la sede de la Unidad Regional I de La Capital. Estos documentos se suman a otros hallados anteriormente en una casa antigua en el centro de la ciudad de Santa Fe que el Ministerio de Seguridad había alquilado durante años. Se encontraron libros del Comando Radioeléctrico, cuadernos con anotaciones y carpetas que tienen una etiqueta que dice “allanamientos”. Toda esta documentación fue rescatada como documentos históricos y se trasladó a la sede del Archivo Provincial de la Memoria. Ver Archivos que también son prueba (2020).

[10] Se establece una pensión (estipendio de monto en dinero) mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que acrediten ser madres de hijos o hijas que hayan sido asesinados/as o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de estado. Promulgada el 12 de diciembre de 2012. Consultar: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/114953/(subtema)/93806. Recuperado el 2021, 2 de octubre.

[11] Se establece una pensión (estipendio de monto en dinero) mensual no contributiva de carácter vitalicio para aquellas personas que acrediten que durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se hayan encontrado privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles, que hayan permanecido en prisiones legales o clandestinas de cualquier tipo —incluyendo los centros clandestinos de detención, tortura y/o exterminio—, o que hayan sido sometidas a la justicia penal federal o provincial, a tribunales militares, o a la disposición del poder ejecutivo nacional y/o condenadas por consejo de guerra. Promulgada el 21 de noviembre de 2012. Ley Provincial Nº 13298/2012 y Decreto Provincial Nº 0712/2013 que aprueba la reglamentación de la Ley Nº 13298. Consultar: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/114953/(subtema)/93806. Recuperado el 2021, 2 de octubre.

[15] El Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) es una amplia alianza electoral que se forma en 2006 centrada en el Partido Socialista y en grupos de la Unión Cívica Radical, con activa participación de la derecha a través del partido Demócrata Progresista y un menos trascendente apoyo por parte de la izquierda, con el Partido Comunista.

[16] Ver Día de los Derechos Humanos: el municipio local rectificó los legajos de trabajadores detenidos-desaparecidos (2020).

[17] Documento emitido por las Asociaciones nacionales de cine documental de Argentina: ADN, DAC, DIC, DOCA, PCI y RDI con propuestas para el fomento del documental.

[25] Ver Señal Santa Fe llegará a más de un millón de hogares (2012). También se puede acceder de forma abierta y libre a todos los materiales de Señal Santa Fe a través de YouTube ingresando a https://www.youtube.com/channel/UCs6aafRZBKlv4NPtuJUskLg. Recuperada el 2021, 2 de octubre.

Día de los Derechos Humanos: el municipio local rectificó los legajos de trabajadores detenidos-desaparecidos (2020, 10 de diciembre). LT9. La Lider. Recuperado el 2021, 2 de octubre de

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ico-los-legajos-de-trabajadores-detenidos-desaparecidos.

Filmografía[a]

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