De la
memoria de las violaciones a los derechos humanos a la articulación de una
plataforma para el estudio del pasado reciente: el Archivo Oral del Parque por
la Paz Villa Grimaldi (2006-2018) y las políticas de memoria y patrimonialización[1]-[2]
From the memory of human rights violations to the
articulation of a platform for the study of the recent past: the
Oral Archive of the Villa Grimaldi Peace Park (2006-2018) and the policies of
memory and patrimonialization.
Omar Sagredo Mazuela
Museo sitio de memoria Parque por la Paz
Villa Grimaldi, Chile omar.sagredo@usach.cl
Resumen
El artículo describe y analiza el
desarrollo del Archivo Oral del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi
en el período comprendido entre 2006 y 2018. Sobre el supuesto que afirma que
el progreso del campo de la memoria y los derechos humanos está determinado por
el contexto político-gubernamental nacional, se relaciona la trayectoria de
este acervo con el avance de las políticas públicas de memoria y de patrimonialización. La experiencia de este archivo
testimonial (iniciado en 2006 como el primer archivo audiovisual en Chile
relativo a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar),
se presenta mediante tres etapas: a) Formación y patrimonialización
(2006-2010); b) Contracción (2010-2013); y c) Fase crítica y expansiva (2013 al
presente). A través de estos períodos, se observa cómo este acervo, creado para
el rescate de las memorias sobre Villa Grimaldi, ha complejizado sus
contenidos, posicionándose en la actualidad como una plataforma para el
abordaje del pasado reciente nacional. Se finaliza destacando los principales
desafíos tanto del Archivo Oral como de los archivos de derechos humanos, en el
contexto político actual.
Palabras claves: Archivos de derechos humanos,
Testimonio, Memoria, Política, Chile.
Abstract
The article describes and analyzes the development of the Oral Archive
of the site of memory Park for Peace Villa Grimaldi between 2006 and 2018.
Based on the assumption that progress of the memory and human rights field is
determined by the national political-governmental context, the path followed by
this archive is related to the advancement of public policies concerning memory
and patrimonialization. The experience of this
testimonial archive, which originated in 2006 as the first audiovisual archive
in Chile about the violations of human rights perpetrated by the civic-military
dictatorship, is presented by means of three stages: a) Initial conformation
and patrimonialization (2006-2010); b) Contraction
(2010-2013); and c) Critical and expansive phase (2013-present). Through these
periods, the article observes how this collection, created in order to rescue
the memories of Villa Grimaldi, has made its contents more complex, positioning
itself nowadays as a platform for studying the national recent past. It ends up
by highlighting the main challenges of both the Oral Archive and the human rights
archives, in the current political context.
Keywords: Human
Rights Archives, Testimony, Memory, Politics, Chile.
Introducción
Una vez finalizada
la dictadura cívico-militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973
y el 11 de marzo de 1990, las políticas de memoria y justicia transicional
comenzaron a ser desarrolladas por los gobiernos democráticos con una
intensidad variable[3].
Inicialmente, el gobierno presidido por Patricio Aylwin (1990-1994) desplegó
una estrategia política diferenciada entre democratización política y medidas
para enfrentar las violaciones a los derechos humanos, destacando un fuerte
componente de verdad, expresado en la creación de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación (CNVR), en detrimento de la justicia penal[4].
Esta estrategia intentó ser emulada por el segundo gobierno democrático,
liderado por Eduardo Frei (1994-2000)[5]. Sin
embargo, la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, ocurrida en
octubre de 1998, obligó al gobierno a reconfigurar tanto sus políticas sobre el
pasado como su política exterior[6].
El nuevo escenario
nacional que resultó de la polarización acerca del destino de Pinochet
posibilitó la creación de nuevas instancias de búsqueda de verdad, siendo la
Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPT) de 2003 la más
relevante, en tanto intentaba dimensionar el alcance de la política represiva
entre los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Conformada por disposición
del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), los resultados de la CNPT generaron
profundas críticas por parte del movimiento de derechos humanos en tres ámbitos[7]. En primer lugar, por el limitado alcance
de la calificación en la condición de víctimas (ya que, de los más de cuarenta
mil testimonios recibidos, la comisión sólo validó a veintiocho mil,
desestimando situaciones vejatorias ocurridas fuera de recintos represivos), lo
que significó la demanda por la apertura de nuevas instancias de evaluación. En
segundo lugar, por el restringido sentido de la participación de los
sobrevivientes. En tercer término, por la moratoria de secreto de 50 años
decretada gubernamentalmente sobre los testimonios y archivos originados por la
comisión como resultado de su investigación.
En específico, la
situación señalada respecto de las discusiones sobre la CNPT ha dado forma a
dos campos entrelazados en materia de archivos y enfrentamiento del pasado. Por
un lado, han surgido perspectivas críticas acerca del papel del testimonio de
sobrevivientes de tortura, particularmente, respecto de la función exclusiva de
éste como recurso judicial. Este esquema legislativo de esclarecimiento de la
verdad, en el que los sobrevivientes son considerados como testigos, limitando
sus relatos a descripciones centradas en el acto criminal, ha sido problematizado
a partir de la crítica sobre la presencia y el rol de las víctimas en el
régimen democrático actual, en donde, el
pasado autoritario no desea ser rememorado en los campos sociales cotidianos[8]. En este sentido, se critica lo
que Salazar denominó “negación del sujeto humano”[9], es decir, la fijación de la
memoria histórica a partir de las torturas, muertes y desapariciones forzadas
de miles de opositores al gobierno dictatorial, aun cuando existen, por el
contrario, importantes reconocimientos al testigo como testimoniante
de un proceso político que es necesario revisar y complejizar[10]. Por otra parte, se ha generado un espacio
autónomo de debate en el abordaje de los archivos de derechos humanos, relativo
al sentido y objetivo de estos acervos en los procesos de verdad, justicia y
reparación de la sociedad post-autoritaria chilena[11]. En particular, el secreto que
rige los archivos de la CNPT se ha constituido como el principal blanco de
críticas por ser considerado contrario al derecho a saber y conocer todas las
dimensiones del terrorismo de Estado[12]. Actualmente, la campaña “No más archivos
secretos” representa el mayor esfuerzo de la sociedad civil por destrabar el
conocimiento público de todos los testimonios y antecedentes tanto de la CNPT
como de todos los archivos del Estado en dictadura[13].
Evidenciando la
dicotomía anterior, el presente escrito aborda el desarrollo del Archivo Oral
del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi (PPVG), como un estudio
de caso. A partir de la hipótesis desarrollada por Herf[14], Allier Montaño[15] y esbozada por Collins, Hite y Joignant[16], que señala que el campo de la
memoria y los derechos humanos está fuertemente determinado por el contexto
político-gubernamental, se relaciona la conformación, trayectoria y desafíos de
este acervo con el devenir de las políticas públicas sobre el pasado y la patrimonialización de la memoria en Chile[17]. El esquema de estudio
propuesto contempla tres secciones. En primer lugar, se revisan los archivos de
derechos humanos en Chile, el contexto y las políticas que los conformaron. En
segundo lugar, se analiza el derrotero del Archivo Oral, a través de tres
etapas histórico-temáticas: formación y patrimonialización,
contracción y expansión. Por último, se proponen algunas reflexiones finales,
agrupadas en los principales desafíos de los archivos en el presente.
Los archivos de
derechos humanos en Chile
Respecto de los archivos de derechos humanos, Jelin ha señalado que su construcción implica procesos de memorialización compuestos de luchas sociales y políticas respecto de su contenido,
propiedad, acceso y respeto por la privacidad, en un marco político que abarca
tanto a la oficialidad gubernamental como a la sociedad civil[18]. Siguiendo la
clasificación propuesta por Groppo para los acervos de derechos humanos, es posible distinguir dos categorías:
“archivos de la represión” y “archivos de la resistencia de la sociedad frente
al terrorismo de Estado”[19]. Los primeros, se
refieren a los documentos generados por los órganos represores o por sus redes nacionales e
internacionales. En el caso chileno, estos archivos corresponden,
principalmente, a los documentos relativos a los Consejos de Guerra contra
prisioneros políticos y a aquellos generados por los organismos represores, la
Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). Los
“archivos de la represión” en Chile, a diferencia de otras experiencias
regionales[20], han sido permanentemente negados por parte de las Fuerzas
Armadas, aun cuando, en el
presente, han existido referencias concretas sobre su existencia[21].
Por otra parte, los “archivos de resistencia”, referidos a
la documentación producida o reunida por organismos de defensa de los derechos
humanos, agrupaciones de víctimas de la violencia y comisiones de verdad creadas por los gobiernos
post-dictatoriales, pueden ser divididos en dos sub-categorías: a) generados
por las comisiones de verdad; y b) elaborados por organismos de derechos
humanos de la sociedad civil. Respecto de los primeros, es posible señalar los dos informes de verdad que
representan la voz oficial del Estado en materia de crímenes sobre los derechos
humanos cometidos por la dictadura: el Informe de la CNVR de 1991 y el Informe
de la CNPT de 2004[22].
En relación a los acervos de los organismos de
derechos humanos de la sociedad civil, es necesario establecer una nueva
distinción entre los archivos surgidos en dictadura y aquellos elaborados
después de 1990. Los primeros corresponden a los registros de las violaciones a los derechos fundamentales
creados por los distintos organismos de derechos humanos originados durante la
dictadura con el objetivo de apoyar y proteger a las víctimas de la represión y
a sus familias. Los principales acervos de esta categoría corresponden a los de las Agrupaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, la Vicaría de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago, la Fundación de Ayuda Social de las
Iglesias Cristianas (FASIC), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Corporación de Promoción y
Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación para la Protección
de la Infancia Dañada por Estados de Emergencia (PIDEE)[23]. En segundo lugar, los archivos surgidos con posterioridad
al término de la dictadura corresponden, principalmente, a iniciativas que buscan no sólo
visibilizar las violaciones a los derechos humanos, sino también generar
instancias de reflexión acerca de la vida política del Chile dictatorial, con
enfoque museográfico y/o pedagógico. Bajo este objetivo, es posible mencionar los Archivos Oral y
Documental del Parque por la Paz Villa Grimaldi, del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos y de Londres 38, y los Archivos Orales de la Fundación PIDEE y
de la Casa de la Memoria de Coquimbo, y el Archivo Oral de la Maestranza Barón de Valparaíso.
Más allá de su relevancia jurídica para los procesos de
verdad y justicia, estos archivos comparten tres características fundamentales.
Por una parte, están profundamente vinculados al desarrollo de la historia oral, en tanto metodología
y forma de pedagogía y resistencia[24]. Por otro lado, han ampliado las perspectivas sobre el
pasado, incluyendo, además de los testimonios de víctimas de persecución y
torturas, la reconstrucción de historias locales de poblaciones fuertemente reprimidas
durante la dictadura y producciones académicas interdisciplinarias acerca de la
resistencia clandestina, los efectos sociales de la desaparición forzada y el
rol en el presente de los sitios de memoria[25]. Por último, los archivos de memoria representan también una instancia de contención
y denuncia respecto de las políticas de olvido implementadas por el Estado,
considerando que la dictadura cívico-militar utilizó distintos medios para
garantizar la impunidad de sus crímenes: la Ley de Amnistía de 1978, la remoción de cuerpos de detenidos
desaparecidos inhumados de manera ilegal y la destrucción, ocultamiento o
apropiación de lugares de detención y tortura. Es comprensible así, por todo lo
anterior, que la relevancia fundamental de los archivos de derechos humanos en Chile haya sido
reconocida en 2003 por la UNESCO, a través de la incorporación de varios de los
acervos creados en dictadura al Programa Memorias del Mundo[26].
Ahora bien, toda esta diversa documentación sobre las violaciones a los derechos humanos
cometidas por la dictadura de Pinochet ha sido objeto de profundos y
transversales debates políticos durante parte importante de la post-dictadura
chilena. Además de la mencionada imposibilidad de acceder, por decreto oficial, a los testimonios que fueron
utilizados para la elaboración del Informe de la CNPT en un período de 50 años,
existe controversia acerca de las disposiciones legales que eximen a las
Fuerzas Armadas de la obligación de depositar su documentación en el Archivo Nacional de Chile, así como
también respecto de la eventual entrega de los archivos de derechos humanos
originados en dictadura al Archivo Nacional de Chile[27]. Esta última situación se ha solucionado, en parte, puesto
que la mayoría de los archivos incorporados al Programa Memorias del Mundo ha decidido donar
sus documentos al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sin embargo, la
mayoría de los archivos creados por la sociedad civil después de 1990 continúa
en propiedad de entidades privadas, las cuales, si bien se orientan a la promoción de los derechos
humanos y la memoria histórica, están sujetas al devenir de las políticas
públicas y fondos internacionales para conservar adecuadamente los documentos.
Un avance en esta materia ha sido la declaración como Monumentos Históricos que el Consejo de Monumentos
Nacionales ha realizado sobre los archivos de Colonia Dignidad (2016), de la
Vicaría de la Solidaridad (2017), y de la Brigada Investigadora de Delitos
contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (2018).
Antecedentes sobre
Villa Grimaldi
El centro de detención, tortura y exterminio conocido como
Villa Grimaldi operó entre 1974 y 1978, siendo uno de los enclaves represivos
más importantes de la dictadura cívico-militar. En éste, se asentó la Brigada de Inteligencia Metropolitana
de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el principal organismo de
seguridad del gobierno autoritario, que renombró el lugar como “Cuartel
Terranova”. Se estima que aproximadamente cuatro mil quinientas personas estuvieron recluidas en el sitio
durante sus cuatro años de funcionamiento, de las cuales doscientas cuarenta y
una fueron asesinadas o hechas desaparecer. El recinto comenzó a ser demolido a
fines de la década de 1980, en el marco de la estrategia de ocultamiento de la dictadura. Al mismo
tiempo en que el lugar era arrasado, se organizó un colectivo de la sociedad
civil denominado Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, compuesto por
vecinos del sitio, ex detenidos, familiares de víctimas y comunidades cristianas, que buscaba frenar las
acciones de demolición y recuperar el espacio para transformarlo en un recinto
de memoria. Luego de casi diez años de lucha, las presiones de la Asamblea
lograron que el Estado expropiara la propiedad a la empresa inmobiliaria que pretendía construir
sobre el sitio un conjunto habitacional. En 1994, se produjo el primer ingreso
de la sociedad civil al lugar. Finalmente, en 1996, la Asamblea decidió la
creación de una corporación privada sin fines de lucro (la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi[28]), con el objetivo de institucionalizar la gestión del sitio de memoria. Un año después, se inauguró
el Parque por la Paz Villa Grimaldi, nombre con el que es conocido desde
entonces[29].
La creación de este sitio de memoria se produjo en el período definido
como “transición”, por lo que las propuestas de reconstrucción histórica del
pasado reciente todavía no alcanzaban consensos sólidos[30]. Sin embargo, y a pesar de las profundas discusiones
acerca del sentido del
Parque por la Paz[31], entre los actores responsables de la administración del
lugar existía un acuerdo general respecto de la necesidad de reconstruir lo
ocurrido al interior de éste. Fue así como un sector de los ex detenidos que
participaban en la
Corporación, acompañados de profesionales voluntarios del campo de las ciencias
sociales, comenzaron a organizar los recuerdos sobre el antiguo centro de
detención en búsqueda de lograr una configuración espacial de las
características de las celdas y los principales espacios de tortura[32].
El Archivo Oral
del Parque por la Paz Villa Grimaldi[33]
Primera etapa:
Formación y patrimonialización (2006-2010)
La formación del Archivo Oral del Parque por
la Paz Villa Grimaldi ocurrió en el año 2006. La principal motivación del Directorio de la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi fue rescatar y preservar la
memoria de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el sitio. Si
bien este objetivo había estado presente entre los sobrevivientes desde los iniciales intentos por
recuperar el lugar (a través del relato testimonial de ex detenidos para
transmitir lo ocurrido a visitantes, principalmente estudiantes y comunidad
local, y a actores judiciales, en el marco de procesos de denuncia[34]), no fue hasta 2006 cuando los esfuerzos lograron concretarse. En el
período 2005-2006, la Corporación había iniciado un proceso de fortalecimiento
institucional, a través de la ejecución del proyecto Museo de Derechos Humanos
Villa Grimaldi[35].
En el informe balance de aquellos años, la directiva de
la Corporación señaló que el Archivo Oral sería una parte fundamental del
futuro museo, por lo que se realizan una serie de gestiones para concretar su
existencia. En primer lugar, el Directorio seleccionó a dos profesionales (una historiadora y una
antropóloga) para coordinar el proyecto. En segundo lugar, se consiguieron dos
acuerdos de cooperación. Por un lado, con el Instituto de la Comunicación e
Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, para conseguir apoyo técnico para la grabación y conservación de
los testimonios. Por otra parte, con Memoria Abierta[36] de Argentina, para que ambas profesionales realizaran una
capacitación en materia de planificación, registro y edición de testimonios. De
vital importancia resultaban estos convenios, pues no existían en Chile experiencias
similares, siendo el Archivo Oral de Villa Grimaldi el primer acervo
audiovisual que comprendía perspectivas históricas, en clave testimonial, del
pasado reciente nacional. Finalmente, la Corporación se adjudicó un fondo de la Coalición Internacional
de Sitios de Conciencia[37] para materializar el proyecto. El objetivo de éste era
recuperar las memorias de quienes habían permanecido detenidos en este centro
represivo, con el propósito consecuente de utilizar el archivo para reconstruir la historia del recinto y
aportar a la generación de contenidos para el museo del Parque por la Paz.
Así, en base a aquellas alianzas, el proyecto
Archivo Oral comenzó con la grabación de 10 testimonios de ex secuestrados del recinto. Para seleccionar a los testimoniantes, se realizó un llamado a los sobrevivientes que, habiendo
participado de las actividades de la Corporación, estuvieran dispuestos a ser
filmados. El equipo del proyecto acordó con los interesados contar con representatividad de género y
militancia. A partir del objetivo planteado por el proyecto, el Archivo
privilegió en esta etapa piloto, la búsqueda sólo de testimonios de ex
detenidos del ex Cuartel Terranova.
Por otra parte, en términos de motivaciones, el proyecto Archivo Oral fue
también resultado de la sensación de malestar que se generó entre la comunidad
de ex detenidos respecto del proceso y los resultados de la CNPT, especialmente
respecto de la moratoria de no apertura de 50 años[38]. Esta decisión, profundamente debatida hasta el día de hoy entre el movimiento
de derechos humanos y la sociedad civil en general, determinó que al crear el
archivo testimonial del Parque por la Paz, éste se considerara como alternativo
respecto de la base documental oficial y que estuviera estructurado por dos principios[39]:
a) Apertura pública: representa
el compromiso del Parque por la Paz con la democratización de la información
relativa al período dictatorial.
b) Abordaje del fenómeno
histórico en su conjunto: se revisan no sólo aquellos episodios relativos a las violaciones a los
derechos humanos, sino la vida completa del o la testimoniante, buscando desarrollar un
relato que narre un devenir de experiencias, auto-significadas, conectando la
historia de la dictadura con las historias personales de quienes protagonizaron la oposición
a ésta. Se utiliza para ello el método biográfico, a través del ejercicio de
“memoria autobiográfica”, y se revisan períodos y hechos históricos
emblemáticos como el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar, la
persecución y la prisión política, el exilio, el retorno, la transición y la
post-dictadura.
A estos principios se sumaron dos nuevos
criterios, los que, en conjunto con los antes mencionados, determinaron las características
medulares del Archivo Oral de Villa Grimaldi, constituyéndose en el esquema
metodológico base a utilizar. Por un lado, el uso del soporte audiovisual y el
medio oral. Por otra parte, la preservación de las memorias para futuras generaciones.
Luego de la etapa piloto, el Archivo Oral
consolidó un equipo compuesto por profesionales y estudiantes de los campos de
las comunicaciones, la historiografía, la antropología y la psicología. La
decisión de incorporar a psicólogas en el rol de entrevistadoras estuvo motivaba por el interés del equipo
en desarrollar entrevistas profundamente dialogadas y sensibles, las que, si
bien no serían, bajo ningún punto de vista, “terapéuticas”, sí aportarían a un
esfuerzo institucional de colaborar a la reparación simbólica de las víctimas de la dictadura.
También, se decidió que los entrevistadores fueran más jóvenes que los testimoniantes y que existiera equilibrio de género en el equipo[40]. Con respecto
a la continuidad del Archivo Oral, el equipo decidió proseguir con los registros testimoniales, recurriendo a
recursos internacionales. Gracias a fondos de las Fundaciones KOLAT de Alemania
y FORD, sede en Chile, se registraron 80 nuevos testimonios durante los años
2007 y comienzos de 2009, utilizando los principios y metodología definida en la etapa piloto. En
esta fase, se masificó la invitación a nuevos testimoniantes que no eran ex presos de Villa Grimaldi, pero sí
familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos del recinto. El
objetivo era fortalecer la
reconstrucción de la memoria del sitio, teniendo siempre como marco la memoria
de las violaciones a los derechos humanos.
La creación del
Archivo Oral del Parque por la Paz coincidió con el inicio del primer gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet (2006-2010), quien, en el año 1975, estuvo detenida en Villa Grimaldi.
Durante su mandato, se establecieron distintas políticas de reparación
simbólica y promoción de los derechos humanos. Algunas de las más importantes
medidas fueron la creación
del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)[41] y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDDHH),
el reforzamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior[42], la apertura de una nueva comisión de verdad que
continuara el trabajo de la
CNVR y la CNPT (la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y
Tortura)[43], el aumento de declaraciones de ex recintos de detención
como monumentos nacionales
en la categoría de monumentos históricos[44] y la instauración de financiamiento anual para algunos
sitios de memoria emblemáticos (inicialmente, Londres 38 y el Parque por la Paz
Villa Grimaldi y, posteriormente, Memorial Paine)[45]. Estas políticas, interpretadas como “patrimonialización de la memoria”[46], representaron un momento clave en el proceso de relaciones
entre políticas públicas y esfuerzos de la sociedad civil, lo que se vio
acompañado de un incipiente discurso patrimonial de conservación y resignificación de los espacios como
testimonios materiales[47].
En este período, el
Parque por la Paz se fortaleció, determinando áreas de trabajo diferenciadas.
En términos de “patrimonialización”, se puso en marcha el nuevo proyecto “Museo en Villa
Grimaldi”, una iniciativa
que buscaba articular la conservación de vestigios y la gestión de los archivos
con la elaboración de contenidos[48], y como sitio de memoria, Villa Grimaldi se sumó a las
actividades de conmemoración del Día del Patrimonio Cultural[49] y se adscribió al Consejo Internacional de Museos. Además, gracias al
financiamiento recibido desde el Estado, se lograron establecer áreas de
trabajo permanentes y con proyección. Una de éstas fue “Archivo Oral”, la que,
a diferencia de los demás departamentos, continuó funcionando en co-dependencia de una institución externa (el ICEI de la Universidad de
Chile). Bajo el objetivo de continuar con el crecimiento de la colección
testimonial, el equipo prolongó una alianza con la Fundación Ford, registrando
75 nuevos testimonios entre
2010 y 2011. En aquel momento, la reflexión respecto de la recuperación de
memorias se extendió progresivamente, comprendiendo en la historia de Villa
Grimaldi el período de recuperación del sitio y su posterior transformación en
un espacio de memoria.
Además, también se invitó a participar a agentes responsables del rescate y
gestión de otros sitios de memoria y a actores del campo judicial relativos a
la defensa de los derechos humanos en el presente o en el período dictatorial.
De esta forma, el esquema
de testimoniantes quedó conformado por cinco memorias: ex detenido/a de
Villa Grimaldi; familiar de detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as
políticos/as; agentes del proceso de recuperación y apertura del Parque por la
Paz; defensor de los
derechos humanos; y representante de otros sitios de memoria.
Por otra parte, en
sintonía con el proceso de patrimonialización que experimentaba el Parque por la Paz, se realizaron tres
acciones relevantes durante este período. En primer lugar, en 2009 se realizó el seminario
“Acceso público a la memoria. El rol de los archivos testimoniales en la
democratización de las sociedades post dictatoriales”, instancia en que
historiadores, académicos y estudiantes reflexionaron sobre los desafíos éticos
e históricos implicados en
la creación de fuentes testimoniales relativas al pasado reciente de Chile y el
Cono Sur[50]. En el marco del seminario, se puso en valor el documental
“Fragmentos”, elaborado a partir de extractos de los testimonios.
En segundo lugar, en alianza con el Área
Educación del Parque por la Paz, y con el financiamiento del Reino de los
Países Bajos, se creó, en 2010, el cuadernillo docente “Educación en Derechos
Humanos en un sitio de memoria”. Este material pedagógico estaba compuesto por tres rutas temáticas
propuestas para recorrer Villa Grimaldi a partir de perspectivas históricas y
conceptuales diferenciadas[51]:
a) “Contexto Histórico:
Movimientos sociales y partidos políticos de izquierda antes del Golpe de
Estado de 1973”: explora el clima de movilización y politización de la sociedad chilena en su conjunto
durante las décadas de 1960 y 1970.
b) “Movimiento de derechos
humanos”: identifica y caracteriza el trabajo de las organizaciones de derechos
humanos que surgieron en Chile durante la dictadura cívico-militar.
c) “Memoria y testimonio”:
comprende la recuperación de testimonios para profundizar en la experiencia de
los sujetos que participaron en acontecimientos y procesos históricos
recientes, reconociendo el valor de la memoria en la conformación identitaria de una comunidad.
Cada ruta temática comprendía una propuesta metodológica de
abordaje del pasado dictatorial a través de actividades pedagógicas, adecuación
curricular para distintos niveles y sub-sectores y material didáctico de apoyo. Entre estos últimos
elementos, destacaban tres vídeos de aproximadamente 18 minutos de duración,
construidos especialmente para cada ruta temática, los cuales, contenían
fragmentos de los testimonios del Archivo Oral. Para la ruta “Contexto
Histórico”, se contaba con
el video “Actores políticos de la sociedad chilena 1960-1973”, material que
abordaba, a partir de testimonios, la vida cultural y política de Chile durante
los años previos al golpe de Estado. Se abordaban temáticas como la militancia,
la politización social y el
desarrollo de los movimientos políticos, sociales y culturales. En segundo
lugar, para la ruta “Movimiento de Derechos Humanos” existía el video “Cuartel
Terranova: Ciudadanía y Derechos Humanos”, el cual describía el terrorismo de Estado, mediante el testimonio
de ex detenidos y defensores de los derechos humanos, enfatizando en las
gestiones de la sociedad civil en materia de protección y denuncia. En tercer
lugar, para la ruta “Memoria y Testimonio”, se preparó el video “Construyendo la memoria: El Parque por la
Paz Villa Grimaldi”, material que, utilizando la experiencia de recuperación de
Villa Grimaldi y su transformación en Parque por la Paz, revisaba la transición
política y los ejercicios de memoria necesarios para la reconstrucción del pasado reciente.
Por último, y gracias al financiamiento de la Unión
Europea, en enero de 2011 se abrió una sala de visionado par el Archivo Oral en
el Parque por la Paz. Esta sala, que contaba con cuatro monitores para la
revisión de los testimonios,
posibilitó que el acervo fuera consultado directamente en el sitio y obligó,
por tanto, al equipo a diseñar medidas de prevención respecto del uso de la
información de cada testimonio. Se creó un catálogo de consulta, en el que, los
usuarios podían chequear
datos biográficos de cada testimoniante, buscando antecedentes que les fuera de mayor interés,
dependiendo de la naturaleza de su visita.
Segunda etapa:
contracción (2010-2013)
Al finalizar el año 2011, concluyó el convenio del Archivo
Oral con la Fundación Ford,
por lo que la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi debió asumir la
tarea de continuar con el proyecto de rescate de testimonios con recursos
propios. Sin contar con medios para financiar esta labor específica, el
registro testimonial se
redujo de manera importante, logrando materializar sólo diez en 2012. En
términos institucionales, al comienzo de aquel año, el Archivo Oral de Villa
Grimaldi terminó su funcionamiento como un área independiente y pasó a formar
parte del Área Museo de la
Corporación. Con esto, se finalizó la participación directa del ICEI de la
Universidad de Chile, y se consolidó un equipo de trabajo dependiente
exclusivamente del Parque por la Paz. Este equipo, sin embargo, era muy
reducido y estaba ocupado, principalmente, en el funcionamiento (atención de usuarios) de la sala de
visionado. Del mismo modo que en 2012, durante 2013 el registro de nuevos
testimonios fue menor en comparación a los períodos previos, ya que se grabaron
únicamente 2 entrevistas, alcanzando con ello un total de 168 testimonios.
El contexto nacional se presentó notoriamente desfavorable
para el movimiento de memoria. Desde 2010, el gobierno estaba en manos de una
coalición política de derecha, liderada por el Presidente Sebastián Piñera (2010-2014). Los partidos de
gobierno, Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), eran,
en especial este último, defensores del legado de la dictadura y de la figura
de Pinochet[52]. En el gobierno, se designaron como ministros a políticos que habían ocupado cargos
públicos en la dictadura y se cuestionó la forma en que debía denominarse el
gobierno autoritario en los textos escolares[53]. En ese sentido, el Presidente Sebastián Piñera ordenó la
revisión de todos los fondos destinados al financiamiento de iniciativas de memoria histórica. Si bien no
se eliminó el apoyo económico a los sitios o al MMDDHH, las opciones para la
obtención de mayores recursos estatales para la ejecución de nuevos proyectos
fueron menores[54].
En materia de patrimonialización, se experimentó una contracción significativa. En los
gobiernos de Lagos y Bachelet (primer mandato), fueron reconocidos oficialmente
por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) diez ex centros de detención en
la calidad de Monumentos Históricos. Sin embargo, durante la administración del Presidente
Piñera, sólo se emitió una declaración[55]. Durante el período, en materia de actividades y obras de
reparación simbólica, el Programa de Derechos Humanos apoyó la realización de
treinta y un proyectos de
restauración, efectuó un concurso de arte y ocho acciones de promoción. Estos
datos contrastan con la información de las mismas políticas llevadas a cabo en
el gobierno anterior: treinta y seis proyecto de restauración, dos
restauraciones de memoriales privados, cuatro concursos de arte y diez actividades de promoción[56].
Tercera etapa:
fase crítica y expansiva (2013 al presente)
A pesar del complejo escenario que experimentaba el campo
de la memoria luego del inicio del gobierno del Presidente Piñera, el contexto nacional generado
a propósito de la cuadragésima conmemoración del golpe de Estado en el año 2013
impulsó la emergencia de nuevas temáticas, acompañadas de novedosos
cuestionamientos públicos acerca de la situación política de principios de los setenta y del estado social
del país durante la dictadura[57]. A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional en 1993 o
2003 (vigésima y trigésima conmemoración del golpe, respectivamente), en 2013
se desarrollaron una serie de actividades públicas en torno a la memoria de la Unidad
Popular y de las víctimas de la dictadura, instalando la memoria como un tema
central del debate político-cultural e impulsando a la sociedad en su conjunto
a realizar un examen de conciencia respecto del golpe militar y la dictadura[58]. El propio Presidente Piñera en declaración pública,
señaló que la derecha había cometido un “profundo error” al haber apoyado a
Pinochet en el plebiscito de 1988 y criticó a aquellos que, teniendo
antecedentes sobre las violaciones a los derechos humanos, habían guardo silencio, denominándolos “cómplices
pasivos”[59]. Los principales medios de comunicación, por su parte,
presentaron debates, documentales y crónicas propias acerca de diversos
episodios represivos o asuntos relacionados, entre los que destacó el repositorio de reportajes
del Centro de Investigación Periodística (CIPER) y la serie documental “Chile.
Las imágenes prohibidas”.
Este proceso, conocido en Chile como el “boom de la
memoria”, se desarrolló en el marco del retorno de las masivas movilizaciones sociales, cuyos
actores protagónicos (las nuevas generaciones) impulsan la resignificación de
los procesos de memorias existentes[60]. Esta situación ya no representa una demanda de
contra-memoria (como la que existía en dictadura o en parte de la transición[61]), sino que se extiende a la construcción y el análisis de
las memorias, alcanzando ámbitos hasta ahora ausentes, tales como la
militancia, la vida en clandestinidad, la relegación[62], la situación de los niños y el exilio político, entre
otros[63]. Por otro lado, comienza a
consolidarse el discurso oficial sobre el patrimonio cultural de la memoria de
los derechos humanos, a partir del mayor reconocimiento social acerca de la
importancia de transformar los antiguos recintos represivos en sitios de memoria[64].
El interés público por estas todas temáticas se refería a
reflexiones socializadas en medios distintos al campo político formal, es decir
círculos y núcleos familiares, laborales y estudiantiles, acerca de cómo se
experimentó el día 11 de septiembre de 1973 y el período dictatorial en términos de
vivencias cotidianas. Interesantes archivos orales y documentales, así como
estudios e investigaciones, se desarrollaron a partir de aquel contexto,
cubriendo parte importante de estos “temas emergentes”
de la memoria chilena: el Archivo Oral de la
Maestranza Barón de Valparaíso; el estudio de FASIC sobre la relegación,
publicado bajo el título “La relegación en Chile. La relegación como exilio
interno”, realizado a través de revisión documental testimonial; los acervos orales de la
Fundación PIDEE “Hijos de Detenidos Desaparecidos” y “Niños, Exilio y Retorno”;
y los proyectos del Archivo Oral del MMDDHH “Maestranza Ferroviaria de San
Bernardo 1973”, “Niños y adolescentes del 73”, “Quillota, Enero 1974: Montaje Asalto a la Patrulla”,
“Lampa: Reforma Agraria y dictadura” y “Los Caminos del Exilio”.
El incremento de archivos e investigaciones de historia
oral propició que durante aquel año 2013 se conformara la Red de Historia Oral
y Archivos Orales (RHOAO), una instancia de diálogo y coordinación de las diversas iniciativas que en
estas materias se estaban desarrollando. Integrada por sitios de memoria,
museos, académicos e investigadores independientes, la Red comprendió un
esfuerzo interdisciplinario por responder a los desafíos del estudio y la utilización de las
fuentes orales para el desarrollo de proyectos investigativos, artísticos y
museográficos[65].
El Archivo Oral de Villa Grimaldi, por su parte, también
experimentó este proceso de crecimiento cualitativo. En primer lugar, se recibió en condición de donación
perpetua la colección testimonial “Mapuche”, una serie de 30 testimonios de
personas de etnia mapuche que sufrieron el terrorismo de Estado en la ciudad de
Tirúa, realizada en 2010 por CODEPU. En segundo lugar, a mediados de aquel año, en alianza con la
Embajada de Argentina y Memoria Abierta, se realizó la primera colección
testimonial temática propia de Villa Grimaldi, titulada “Asilo Político”. Se
trató de diez testimonios de chilenos y extranjeros que buscaron refugio al interior de la Embajada Argentina
en Santiago en los días posteriores al golpe militar de 1973. En tercer lugar,
en septiembre de 2014, se realizó el Primer Encuentro Nacional de Historia Oral
y Archivos Orales organizado por la RHOAO, en el cual, participaron diversos académicos y
encargados de archivos a nivel nacional. El Archivo Oral del Parque por la Paz
participó como organizador y expositor, aportando con la experiencia de
conformación y gestión de un acervo testimonial desde
un sitio de memoria.
Con el retorno de Michelle Bachelet al gobierno en 2014, se
generaron desde el Estado nuevas oportunidades de financiamiento[66] y patrimonialización[67], aun cuando no se generó una política pública sobre sitios
de memoria que esté centralmente
planificada. En 2015, logrando conseguir la adjudicación de fondos
correspondientes al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
el Archivo Oral del Parque por la Paz inició nuevos registros. El proyecto,
denominado “Derecho a la Memoria para el Fomento de la Democracia. Nuevos registros para el Archivo
Oral de Villa Grimaldi”, tuvo una duración de dos años, período en el que se
realizaron treinta nuevos testimonios, en Santiago y provincias. Al finalizar
este programa, los esfuerzos se concentraron en la organización del Segundo Encuentro Nacional de
Historia Oral y Archivos Orales de la RHOAO. En esta instancia, realizada en
octubre de 2017, el Archivo Oral de Villa Grimaldi participó en el equipo
coordinador y como organizador, en conjunto con el Área Educación del Parque por la Paz, del
taller “Aprendizajes a partir del testimonio”, un espacio de enseñanza sobre
los usos pedagógicos de la historia y los archivos orales.
Finalmente, en 2018 se recibieron dos nuevas colecciones
que habían sido
comprometidas en el año 2017. En primer lugar, el Archivo Oral recibió la
colección testimonial de la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos en
Francia (AExPPCh-Francia), compuesta por noventa entrevistas de chilenos y
extranjeros que participaron
del proceso político de la Unidad Popular y/o que fueron perseguidos por la
dictadura, viviendo su posterior exilio en Francia. En segundo lugar, se acogió
el Archivo Oral Colonia Dignidad, una iniciativa desarrollada por la Asociación
por la Memoria y los
Derechos Humanos Colonia Dignidad que busca visibilizar y conservar las
memorias de ese ex recinto de detención, tortura y exterminio de la dictadura
cívico-militar chilena. Estas incorporaciones representan no sólo acciones de
crecimiento cualitativo y
cuantitativo del Archivo Oral de Villa Grimaldi, sino que, además, simbolizan
el compromiso de éste respecto de la ampliación temática, cultural y política
de las fuentes sobre el pasado reciente.
Actualmente, el Archivo Oral de Villa Grimaldi se encuentra enfrentado a una
interrogante principal: ¿qué oportunidades de crecimiento adoptar? No hay dudas
sobre la permanente tarea de rescatar testimonios sobre las memorias de Villa
Grimaldi, pero sí está presente el desafío de determinar cómo utilizar la información de los registros para
la creación de otros materiales. La experiencia de los últimos tres años ha
sido relevante para definir que el Archivo Oral puede ser una fuente útil no
sólo para la generación de productos académicos formales, sino que también para el apoyo del quehacer
pedagógico de estudiantes de educación básica y secundaria y el desarrollo de
proyectos artísticos y culturales. Por lo tanto, la definición de nuevas
alianzas con universidades y otros sitios de memoria es fundamental para materializar instancia y
elementos sobre la enseñanza del pasado de reciente a través del
testimonio.
Reflexiones
finales
Inicialmente,
se planteó que el desarrollo del Archivo Oral del Parque por la Paz Villa
Grimaldi estaba determinado por el contexto político; particularmente, por el estado de las políticas
públicas de memoria. A través del estudio de su trayectoria, es posible
distinguir que, durante las tres etapas analizadas, existen notorias señales de
cómo la evolución cualitativa y cuantitativa de este acervo refleja la apertura o estrechez del campo
político en materia de memoria y derechos humanos. En primer lugar, se observa
que las etapas de mayor dinamismo y crecimiento del Archivo Oral se producen
cuando el contexto político-gubernamental ha sido favorable tanto a las demandas del movimiento de
derechos humanos como a la patrimonialización
de los sitios de memoria. Durante los gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010
y 2014-2018), fue posible notar que, más allá de los recursos asignados, se generaron actividades de
diversificación y fortalecimiento de las redes entre archivos. En segundo
lugar, se aprecia que, a pesar de las restricciones presentes durante el
gobierno de Sebastián Piñera, las fuerzas sociales generadas a partir de la
conmemoración de los
cuarenta años del golpe de Estado lograron instalar un escenario prolífico para
las iniciativas de memoria histórica, aun cuando no existieran recursos
asociados. Emergen a partir de aquel año múltiples iniciativas de archivos
testimoniales que abordan
situaciones específicas del período dictatorial, como el exilio, la cuestión de
la niñez, la relegación y otras problemáticas. En tercer término, en relación
con lo anterior, se advierte la concreción de un campo de archivos de derechos
humanos autónomo, diferente
de aquellos acervos históricos, creados por los organismos de derechos humanos
en dictadura, que posee dos características fundamentales: el abordaje de
situaciones o fenómenos históricos específicos y la representación de
alternativas de
democratización del conocimiento sobre la memoria de las violaciones a los
derechos humanos. Esto último, debido a que todos se plantean como fuentes de
acceso libre.
En
este sentido, el Archivo Oral del PPVG, al igual que todos los otros acervos
creados a partir del
contexto del año 2013, opera en tres sentidos: como registro de las violaciones
a los derechos humanos, como instancia de reparación simbólica y como fuente de
investigación para estudiosos del pasado reciente en clave multidisciplinaria. Sin embargo, un elemento
continúa siendo el más relevante en materia de organización de demandas en el
ámbito de archivos de derechos humanos en general: el acceso a todas las
fuentes oficiales y su adecuada conservación.
Retomando
la cuestión inicial, el nuevo
gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) genera serias dudas con respecto al
devenir de los archivos y las políticas de memoria y patrimonialización.
Considerando lo sucedido en su primer mandato, es probable que se registren
limitaciones en el crecimiento
de los sitios de memoria y en el avance de la causa por terminar con el secreto
de los archivos. Sin embargo, tal como ocurrió en 2013, quizás exista un
fenómeno conmemorativo que pueda romper los esquemas gubernamentales. Por lo
pronto, es posible afirmar
que el crecimiento de los archivos testimoniales en la actualidad y en
proyección al futuro continuará representando aportes a la reparación
simbólica, tanto en preservación de las memorias, elaboración de materiales de
educación y difusión, como en
la diversificación de temáticas y realidades. Desde esta perspectiva, el
incremento, a través de nuevas colecciones realizadas por otros sitios de
memoria y agrupaciones de sobrevivientes y familiares, será una muestra no sólo
de la concreción del Archivo
Oral del Parque por la Paz como una plataforma formal y profesional para el
estudio del pasado reciente, sino que, además, indica su compromiso con la
promoción de lo que se ha denominado “memorias incómodas”.
En
definitiva, se plantean tres reflexiones derivadas del avance, no sólo del Archivo Oral del PPVG,
sino de todos los acervos testimoniales surgidos en Chile después del retorno a
la democracia. En primer lugar, los archivos de derechos humanos y memoria
histórica (principalmente, aquellos surgidos en el contexto de los cuarenta años del golpe de Estado),
destacan por el posicionamiento de la figura histórica de las víctimas en el
espacio público. La existencia de archivos de historia no oficial es, en este
sentido, un gesto político de reconocimiento del relato del movimiento de memoria y derechos humanos,
un actor silenciado durante la dictadura y la transición. Se tensiona así la
condición de “víctima” en tanto agente que vale únicamente por su rol de
“testigo”, y se consolida, en su reemplazo, el papel de protagonista de la historia de lucha social y de
defensa de los derechos humanos[68].
En segundo lugar, la consolidación de fuentes históricas no oficiales plantea
una ventaja cualitativa respecto de la lucha contra el olvido y, sobre todo, el
negacionismo o relativismo
histórico. En Chile, no existen leyes que condenen las acciones públicas de
apología de la dictadura o de negación de las violaciones a los derechos
humanos, por lo que, con frecuencia, aparecen voces en el espacio público que
cuestionan la veracidad de
estos crímenes o dudan del testimonio de las víctimas. La existencia de
testimonios disponibles públicamente, en este sentido, permite no sólo validar
la narrativa de las víctimas, sino que también les otorga veracidad en escala
humana a testimonios acerca
de cómo se vivió y cuáles son los efectos en el presente del terrorismo de
Estado. Por último, es necesario señalar que, si bien la creación de nuevos
archivos y la organización en redes de cooperación son aspectos positivos, la
disparidad respecto del
acceso, la ubicación y su postura respecto de su uso, son elementos que
debilitan su proyección. A diferencia de la experiencia argentina de Memoria
Abierta, en la que los archivos de diversas organizaciones de derechos humanos
se han reunido y coordinado
en una única institución representativa, los acervos en Chile no han logrado
unificarse en torno a un repositorio o fuente específica, por lo que continúan
como documentos determinados, en última instancia, por su condición de privados
o públicos.
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FECHA DE RECEPCIÓN: 12/04/2019
FECHA DE ACEPTACIÓN: 16/06/2019
[1] Una versión preliminar de este artículo fue presentado por el autor en el VII
Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina “Historia y
memorias: ¿hacia una pluralidad de voces?”, realizado en octubre de 2018.
[2] Esta artículo es resultado de un estudio de interés
personal del autor y no representa, necesariamente, el pensamiento del
Directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (CPPVG), ni de
los trabajadores que la conforman.
[3] Como
recomendación de revisión sobre la transición a la democracia y las políticas de memoria en Chile: COLLINS, Cath “Chile a más de dos décadas de justicia de transición”, Política Vol. 51, núm.
2, Santiago, 2013, pp. 79-113; RUDERER, Stephan, “La política del pasado en
Chile: 1990-2006: ¿un modelo chileno?”, Revista
Universum, Vol. 2, núm.
25, Santiago, 2010, pp. 161-177.
[4] MELLA,
Marcelo “Transición y democratización durante el gobierno de Patricio Aylwin
(1990-1993): la estrategia de las cuerdas separadas”, Revista Enfoques, Vol. XII, núm. 21 Santiago, 2014, pp. 13-14.
[5] HUNEEUS,
Carlos La democracia semisoberana. Chile
después de Pinochet, Taurus, Santiago,
2014, pp. 51-52.
[6] Los efectos
nacionales e internacionales que la detención del ex dictador Pinochet en
Londres generó han sido analizados por ROTH-ARRIAZA, Naomi The Pinochet effect. Transnational Justice in the Age of Human Rights, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2006.
[7] Las tres aristas críticas respecto de los resultados de la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
pueden ser revisadas en DEL POZO, José Diccionario histórico de la dictadura cívico-militar en
Chile, Ediciones LOM,
Santiago, 2018, pp.429-430.
[8] Esta situación ha sido desarrollada bajo el concepto de
“memorias incómodas”, en tanto se trata de narrativas
de identidad y denuncia que no encuentran espacio en
las políticas públicas de memoria de los gobiernos post-autoritarios (DÜRR,
Christian Memorias
incómodas, Editorial Tren
en Movimiento, Buenos Aires, 2017, pp. 21-22).
[9] SALAZAR, Gabriel
“De la memoria social: Victimización,
solidaridad, soberanía”, en Memoria, Historiografía y Testimonio, Ediciones de la Universidad de Valparaíso y el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago, 2015, p. 22.
[10] Una
expresión representativa de estos esfuerzos ha sido
el libro Cien voces
rompen el silencio. Testimonios de ex presas y presos políticos de la dictadura
militar en Chile (1973-1990) de KUSTMAN, Wally y Victoria
TORRES.
[11] Algunos ejemplos son las jornadas realizadas por el
Archivo Nacional (Seminario Internacional “Archivos y archiveros para los derechos humanos:
ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI”, realizado en 2017), el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (Seminario Internacional “Archivos de Derechos
Humanos: Comisiones de Verdad, Sociedad Civil y Memoria”, llevado a cabo en 2018), la Red de Archivos de
Memoria y Derechos Humanos (Panel Abierto “Desafíos en el acceso y uso de los
Archivos de Memoria y Derechos Humanos”, efectuado en 2018) y la Red de
Historia Oral y Archivos Orales (Primer y Segundo Encuentro de Historia Oral y Archivos Orales, realizados en
2014 y 2017, respectivamente).
[12] BRAVO, Paulina
“Archivos, derechos humanos y algunas consideraciones sobre acceso a la
información en Chile”, en Archivos en
Chile: miradas, experiencias y desafíos, DIBAM, Santiago, 2014, pp.
134-142.
[13] IDUARTE, María Elena “La experiencia de los archivos de
derechos humanos en Chile”, Boletín Vol. LXIV, núm. 3, Madrid, 2014, p. 94.
[14] HERF, Jeffrey Divided Memory:
The Nazi Past in the Two Germanys, Cambridge, Harvard University
Press, 1997.
[15] ALLIER MONTAÑO, Eugenia Batallas por
la memoria: los usos políticos del pasado reciente en Uruguay,
Trilce-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México D.F., 2010.
[16] COLLINS, Cath y Katherine HITE y Alfredo
JOIGNANT Las políticas
de memoria en Chile: desde Pinochet a Bachelet, Editorial UDP, Santiago, pp. 271-277.
[17] El
fenómeno de patrimonialización consiste en el proceso
de rescate, salvaguarda, señalación, apertura, transmisión y resignificación de
los sitios asociados a las violaciones a los derechos humanos (FELD, Claudia
“Prologo. La memoria en su territorio”; en Memorias
de la piedra. Ensayos en torno a lugares de detención y masacre, Ediciones
Ejercitar la Memoria, Buenos Aires, 2011, pp. 9-20), y que finaliza con la protección
legal de los recintos. En el caso de Chile, esto implica la declaratoria de los
lugares como Monumentos Históricos por parte del Consejo de Monumentos
Nacionales.
[18] JELIN, Elizabeth La lucha por el pasado: cómo construir
la memoria social, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2018, p. 190.
[19] GROPPO, Bruno “Dictaduras
militares, archivos de movimientos políticos y sociales y archivos de la
represión en América Latina”; en Archivos y memoria de la
represión en América Latina (1973-1990), Ediciones LOM, Santiago, 2016, p. 38.
[20] Respecto de
los casos argentino y brasileño, revisar las exposiciones de QUILLET, Heymann y Alejandra
OBERTI en la Mesa 1 “Experiencias latinoamericanas en el desarrollo de archivos
sobre el pasado reciente”, en Acceso público a la memoria, Ediciones de la Corporación Parque por
la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 2009, pp. 21-54.
[21] En el marco de la investigación por la
muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ocurrida en enero de 1982, se
reveló que el Ejército destruyó, de manera irregular, información microfilmada de la CNI. Se
puede revisar la evolución de esta información en: JARA, Sergio y Eric LOPEZ
“Citan a declarar a exmilitares que participaron en la quema de microfilms de
la dictadura”, Bío Bío, Santiago,
Sección Reportajes, 12/04/2018. En: http://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/04/12/citan-a-declarar-a-exmilitares-que-participaron-en-la-quema-de-microfilms-de-la-dictadura.shtml . Disponible en: febrero de 2019.
[22] Ambos
informes pueden ser revisados en la biblioteca digital del Instituto Nacional
de Derechos Humanos. A través del siguiente enlace, es posible acceder
directamente a la sección “Violaciones
Masivas y Sistemáticas a los DDHH en Chile”, donde se encuentran los informes
de verdad: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/20
[23] Para un
chequeo completo acerca de la historia y la situación actual de estos archivos,
revisar: IDUARTE, María Elena “La experiencia una revisión…”, cit., pp. 81-88; HERBST Jennifer y
Patricia HUENUQUEO “Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile”, en Historizar el pasado
vivo en América Latina, Versión online, 2007, disponible en: http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/archivochile.pdf; PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS Guía de
Archivos de memoria y Derechos Humanos en Chile, Ediciones
de la Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2017.
[24] ECO,
Educación y Comunicación ECO en el horizonte latinoamericano I.
La educación popular bajo la dictadura, Ediciones
ECO, Santiago, 2012, pp. 39-99. ECO, Educación y Comunicaciones “Las
Trancas”. Análisis de tres coyunturas significativas
y las cuestiones estratégicas (1983-1989), Ediciones ECO, Santiago, 2012, pp. 66-108.
[25] NICHOLLS, Nancy “El desarrollo de la historia oral en
Chile: de los talleres de educación popular a los estudios multidisciplinarios
(1980-2013)”, Revista del Programa de Historia
Oral, núm. 6, Buenos Aires, 2013, pp. 270-282.
[26] Creado
en 1992, el Programa Memorias del Mundo es una iniciativa de la UNESCO que
tiene como objetivo crear una mayor conciencia en todo el mundo de la
existencia y la importancia del patrimonio documental, facilitando su
preservación y acceso universal. Para más información revisar: http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/
[27] Todo el
desarrollo de estos conflictos en torno a los archivos de derechos humanos,
puede ser desarrollado en S/A. “No más archivos secretos.
Entrevista a Gloria Elgueta”, Revista de
Gestión Pública, Vol. III, N° 1, Santiago, 2014, pp.199-206.
[28] La
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi es una entidad privada sin fines
de lucro que, por Decreto Exento N° 170 del 17
de marzo de 2005 del Ministerio de Bienes Nacionales, es la encargada de gestionar y poner en
valor el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex ‘Cuartel
Terranova’, orientando su quehacer a la promoción y defensa de una cultura de
los derechos humanos al interior de la sociedad chilena. La Corporación está conformada por una asamblea de socios,
los cuales, en su mayoría, son ex detenidos, familiares y agentes que
participaron en el proceso de recuperación. De entre los socios, se escoge
democráticamente cada dos años un Directorio compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un
Tesorero, un Secretario y tres directores. Para más antecedentes sobre la
Corporación y sus actividades, se puede revisar su sitio web: www.villagrimaldi.cl.
[29] Para profundizar en lo relativo a la
historia de Villa Grimaldi, revisar: DALLA PORTA, Constanza (editora) 20 años Sitio de Memoria Parque por la
Paz Villa Grimaldi, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 2017.
[30]
Reconociendo que existe un debate acerca de la extensión temporal y las
características de la transición a la democracia en Chile, este escrito se
inscribe en la corriente académica que afirma que en el país existió una transición pactada que
determinó una inacabada democratización política y que se caracterizó por la
permanencia de enclaves autoritarios y un débil abordaje del problema de los
derechos humanos (GARRETÓN, Manuel
Antonio Hacia una nueva era política, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995, pp. 159-176).
[31] LAZZARA, Michael “Tres recorridos de Villa Grimaldi”, en Monumentos, memoriales y marcas
territoriales, Editorial Siglo XXI, Madrid, 2003, p.
131.
[32] DALLA PORTA, Constanza 20 años…, cit., pp.
73-76.
[33] Para
revisar aspectos como disposiciones técnicas y
principios metodológicos: FERNÁNDEZ, Claudia, et al. Archivo y
memoria. La experiencia del Archivo Oral de Villa Grimaldi, Ediciones
de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 2011; LÓPEZ, Loreto y Evelyn HEVIA,
“Archivo Oral de Villa Grimaldi: experiencias y reflexiones”, en Archivos y
memoria de la represión en América Latina (1973-1990), Ediciones LOM, Santiago, 2016, pp. 107-130.
[34] DALLA PORTA, Constanza 20 años…, cit., pp.
70-72.
[35] El resultado de aquellas
gestiones fue un seminario internacional realizado en 2005 en conjunto con la
Municipalidad de Peñalolén. Este seminario fue publicado un año después como
libro impreso VVAA Seminario
Internacional “Un museo en Villa Grimaldi: espacio
para la memoria y la educación en derechos humanos”, Ediciones de la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, Santiago, 2006.
[36] Memoria
Abierta se define como “una alianza de organizaciones de derechos humanos
argentinas que promueve la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, las
acciones de resistencia y las luchas por la verdad y la justicia, para
reflexionar sobre el presente y fortalecer la democracia”. Cuenta con un
archivo oral de más de 600 testimonios de víctimas
del terrorismo de Estado. Para revisar su catálogo: http://memoriaabierta.org.ar/wp/sobre-testimonios/
[37] La
Coalición Internacional de Sitios de Conciencia es una red mundial que agrupa a diversas organizaciones
representantes de lugares de memoria y conciencia, tales como antiguos campos
de concentración de la Segunda Guerra Mundial, recintos carcelarios del
apartheid, ex centros de detención de las dictaduras latinoamericanas, etc. La Corporación Parque por la
Paz Villa Grimaldi es miembro pleno de la Coalición desde 2005. La adjudicación
de este, y otros fondos, no ha implicado restricciones respecto del desarrollo
de los proyectos.
[38] Entre los
testimonios recogidos durante todas las etapas del Archivo Oral del Parque por la Paz Villa Grimaldi, siempre ha
estado presente la crítica directa hacia la imposibilidad de acceder a la
información de la CNPT. Para una revisión completa de este tema (y otros
asuntos) en los testimonios del Archivo Oral del Parque por la Paz, revisar: SALAZAR, Gabriel Voces
profundas, Ediciones LOM, Santiago, 2017.
[39] La
identificación de estos principios es resultado del análisis propio del autor,
así como de la consulta de dos trabajos: FERNÁNDEZ, Claudia et al. Archivo y memoria…cit.; MOYA, Anahí “Archivo Oral de Villa
Grimaldi: un espacio para la transición de memorias”, en Memoria, historiografía y testimonio, Universidad
de Valparaíso, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Red de Historia Oral
y Archivos Orales, Santiago,
2015, pp. 59-60.
[40] Esta información le fue proporcionada
al autor por Evelyn Hevia, psicóloga que fue la principal entrevistadora del
Archivo Oral en el período 2011-2016.
[41] Si bien el INDH fue decretado por la
Presidenta Bachelet, su comienzo oficial ocurrió durante el primer mandato del Presidente
Sebastián Piñera.
[42]
Actualmente, este programa depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
[43] WILDE,
Alexander “Un tiempo de memoria: los
derechos humanos en la larga transición
chilena”, en Las políticas de la memoria en Chile: desde Pinochet a
Bachelet, Ediciones UDP, Santiago, 2013, pp. 78-81.
[44] CABEZA, Ángel “Introducción al Patrimonio de los
Derechos Humanos en Chile”, en Patrimonio de
la memoria de los derechos humanos en Chile, Consejo de Monumentos Nacionales,
Santiago, 2017, pp. 16-17.
[45] Este
financiamiento se discute anualmente en el Congreso Nacional. Entre 2010 y
2017, estos recursos eran otorgados a los sitios a través de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM). Luego de la creación del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, estos fondos fueron reubicados en el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural, organismo sucesor de la DIBAM.
[46] SEGUEL, Pablo
“Las políticas de protección patrimonial de Sitios de
Memoria en Chile, 1996-2018. Aproximaciones desde un campo en construcción”, Persona y Sociedad, Vol. XXXII, núm. 1, 2018, pp.
63-97.
[47]ALEGRÍA, Luis “La violencia de campo y la
emergencia de los sitios de memoria en Chile”, en Revisitar la catástrofe. Prisión
política en el Chile dictatorial, Ediciones Pehuén – Instituto de Estudios Avanzados,
Universidad de Santiago de Chile, Santiago2016, p.159.
[48] AGUILERA, Carolina “Proyecto de
Museo en Villa Grimaldi. Una apuesta participativa de construcción”, en AGUILERA, Carolina y
Carolina Cárcamo (editoras) Ciudad y Memorias. Desarrollo de Sitios
de Conciencia en el Chile actual, Ediciones de la Corporación Parque por
la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 2012, pp. 100-109.
[49] Instancia
oficial que invita a la sociedad civil a visitar monumentos históricos, museos
y zonas o edificios patrimoniales públicos y privados. Se realiza anualmente,
durante el último fin de semana del mes de mayo.
[50] Aquel
seminario se encuentra relatado en RODRÍGUEZ, Raúl et al. Acceso
público a la memoria. El rol de los archivos testimoniales en la
democratización de las sociedades post dictatoriales, Ediciones
de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Santiago, 2009.
[51] Las rutas temáticas
fueron actualizadas y republicadas en 2016 por el
Área Educación con el nombre de “Rutas temáticas. Material educativo para el
trabajo en pedagogía de la memoria y educación en derechos humanos en Villa
Grimaldi”. Las actuales versiones pueden ser
consultadas y descargadas a través del siguiente
link: http://www.educacionvillagrimaldi.info/recursos-pedagogicos/
[52] MOULIAN, Tomás La
reorganización de los partidos de la derecha entre
1983 y 1988, FLACSO, Santiago, 1988.
[53] La disputa
sobre la denominación del gobierno de Pinochet, ocurrida a comienzos de 2012,
enfrentó al Ministerio de Educación con una oposición de docentes, estudiantes
y ciudadanos que se negaban a calificar a la
“dictadura” como “régimen militar”. El desarrollo de
este asunto, puede ser revisado en: CAMPOS, Paula “Mineduc propondrá uso conjunto de términos ‘dictadura’ y ‘régimen militar’ en textos escolares”, Radio
Universidad de Chile, Santiago, Sección Educación,
03/10/2012. En: http://radio.uchile.cl/2013/10/03/mineduc-propondra-uso-conjunto-de-terminos-dictadura-y-regimen-militar-en-textos-escolares/ Disponible
en febrero de 2019.
[54] STERN, Steve y Peter WINN, “El tortuoso
camino chileno a la memorialización”, en No hay mañana sin ayer, LOM Editores, Santiago, 2014, p. 208.
[55] CABEZA, Ángel “Introducción…”, cit., pp. 16-17.
[56] Esta
información puede ser revisada en el sitio web del
Programa de Derechos Humanos: http://pdh.minjusticia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/obras-reparacion-simbolica-3.pdf
[57] WALDMAN, Gilda “A cuarenta años del golpe militar en
Chile. Reflexiones en torno a conmemoraciones y memorias”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales, núm. 221, México D.F., 2014, pp.
248-249.
[58] WALDMAN, Gilda “A cuarenta…”, cit., pp. 251-253.
[59] La entrevista completa, puede ser revisada en: Piñera y el
golpe: ACEVEDO, Erwin "Hubo muchos que
fueron cómplices pasivos”, 24 Horas, Santiago, Sección Especial 11 de
Septiembre, 31/08/2013. En: https://www.24horas.cl/especial11deseptiembre/pinera-a-40-anos-del-golpe-hubo-muchos-que-fueron-complices-pasivos-819420
. Disponible en febrero de 2019.
[60] GARCÉS, Mario “La memoria histórica chilena: actores,
etapas y ‘nudos convocantes’”, en Las fuentes documentales en la historia social
latinoamericana, Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos
S.A. Segreti; Red
Internacional de Historia Social, Córdoba, 2015, p. 121.
[61] STERN, Steve “De la memoria suelta a la
memoria emblemática: hacia el recordar y olvidar como proceso histórico (Chile 1973-1998)”, en Memoria para un nuevo
siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX,
Ediciones LOM, Santiago, 1999, pp. 15-17. Estudios de opinión recientes han demostrado que
la antigua contra-memoria se ha convertido en hegemónica, aunque, aún existen
sectores de la sociedad chilena que continúa reivindicando la figura de
Pinochet, dando como resultado un país con una memoria dividida (HUNEUUS, Carlos La
democracia…, cit., pp. 423-430).
[62] La
relegación se refiere a la práctica utilizada por la dictadura cívico-militar
chilena, por medio de la cual, dirigentes sociales y estudiantiles eran
expulsados de sus lugares de trabajo y universidades, siendo reubicados en
zonas distantes del país, por motivos políticos. Luego de ser detenidos en las
diversas manifestaciones que se generaron contra el gobierno dictatorial, los
opositores eran relegados, mediante orden oficial. De acuerdo a la
investigación testimonial realizada en 2015 por FASIC, bajo el título
“Relegación en Chile”, aproximadamente, mil personas fueron relegadas durante
el régimen autoritario.
[63] NICHOLLS, Nancy “El archivo
testimonial de la represión FASIC: de la enunciación a la
representación histórica”, en Archivos y memoria de la represión en América Latina
(1973-1990), Ediciones
LOM, Santiago, 2016, p. 132.
[64]
SEGUEL, Pablo “La dimensión política y social de
los procesos de puesta en valor del patrimonio de la memoria de las violaciones a los derechos humanos en Chile.
1996-2016”, en Patrimonio de la
memoria de los derechos humanos en Chile, Consejo
de Monumentos Nacionales, Santiago, 2017, pp. 32-35.
[65]
La historia y actividades de la Red de Historia Oral
y Archivos Orales puede ser consultada en: https://rhoao.wordpress.com/
[66] Respecto
del financiamiento a los sitios de memoria, la cantidad que había sido
determinada en 2010 para cada sitio no se ha modificado
sustancialmente. Esta situación es, actualmente, una
demanda central por parte del movimiento de memoria hacia el Estado. Por otro
lado, sí se generó un aumento del número de
sitios que han recibido aportes públicos a partir del año 2014, pasando de tres en 2010 a seis en 2017
(INDH Informe Anual.
Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018, Ediciones del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, 2018, pp. 108-110).
[67] Durante el
segundo mandato de la Presidenta Bachelet, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró diecinueve
nuevos Monumentos Históricos, incorporando, además de ex centros de detención,
diversos memoriales, lugares asociados al encuentro de cuerpos de detenidos y
archivos de derechos humanos (CABEZA Ángel, “Introducción…”, cit., pp. 16-17).
[68] Esta idea acerca de la
transformación del movimiento de derechos humanos en Chile, desde víctimas a
activistas, ha sido desarrollada en GUERRERO, Manuel “De víctimas a activistas
expertos: marco conceptual para el estudio del devenir militante en la configuración del campo
de los derechos humanos en el Chile actual”, Meridional, núm. 2, 2014,
pp. 133-154.