LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MARÍA (UNVM):
MARCOS DE RECONOCIMIENTO
Y VISIBILIDAD
GENDER POLICIES AT NATIONAL UNIVERSITY OF VILLA MARÍA (UNVM): RECOGNITION AND VISIBILITY FRAMES
Marcela Pozzi Vieyra*
María Pía Vassia**
María Victoria Hinojosa***
Rocío García****
Resumen
El siguiente artículo se propone reflexionar sobre una de las principales políticas de género que han producido las universidades para abordar las violencias de género: los protocolos. La aproximación a estos se hace a partir de algunas nociones teóricas que nos permiten comprender qué hacen las políticas de género, más allá de su dimensión operativa, de su implementación. Qué efectos, qué disputas, qué formas de accionar proponen. Nos centramos entonces en poder comentar sobre nuestras políticas de género, específicamente el Protocolo, el abordaje qué propone y cómo se piensa articuladamente con otras políticas. Nos detenemos en un proceso que ha sido clave por sus implicancias, aprendizajes y desafíos como la conformación de un Tribunal Académico en el marco de una denuncia. Desde ese recorrido situado y contextual, nos movemos hacia la propuesta de marcos de reconocimiento y visibilidad de Judith Butler, para pensar nuevamente las políticas de género, en esta propuesta que atraviesa el texto: que los espacios universitarios contemplen la diversidad de vidas y formas de vivirla.
Palabras clave: políticas de género, reconocimiento, protocolo, violencias
Abstract
The following article intends to reflect on one of the main gender policies that universities have produced to address gender violence: the protocols. The approach to them is made from some theoretical notions that allow us to understand what gender policies do, beyond their operational dimension, their implementation. What effects, what disputes, what forms of action they propose. We then focus on being able to comment on our gender policies, specifically the Protocol, the approach it proposes and how it is thought to be articulated with other policies. We stop at a process that has been key due to its implications, lessons learned and challenges such as the formation of an Academic Tribunal in the framework of a complaint. From this situated and contextual journey, we move towards Judith Butler's proposal of recognition and visibility frameworks, to rethink gender policies, in this proposal that runs through the text: that university spaces contemplate the diversity of lives and ways of live it.
Keywords: gender policies, recognition, protocol, violence.
Introducción
La Universidad Nacional de Villa María (en adelante, UNVM) se encuentra ubicada en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Es la tercera en relevancia en la provincia, precedida por la Universidad Nacional de Córdoba, primera universidad pública creada en el país y primera en tener un protocolo con respecto al abordaje de violencias de género en la provincia. Le sigue en creación y relevancia en el territorio provincial la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyo protocolo es posterior al de nuestra universidad. Particularmente, la UNVM tiene un anclaje regional, con sedes en Villa del Rosario, Córdoba Capital y San Francisco, con un trabajo articulado con diversos municipios cercanos que le dan ese arraigo territorial. Esta cercanía y regionalidad ha brindado la posibilidad y acercamiento de muchos estudiantes que se han convertido en la primera generación de egresades universitaries de sus familias. En el año 2014 la universidad crea el Programa de Género y Sexualidades (en adelante PGyS) dependiente de la Secretaría de Bienestar y en el año 2018 se sanciona el “Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias en el ámbito de la Universidad Nacional de Villa María”, política que abordaremos en este artículo.
Nos proponemos, como parte del equipo de trabajo del PGyS de la UNVM, poder realizar una reflexión respecto a las políticas de género implementadas hasta el momento en la universidad y específicamente el protocolo mencionado anteriormente. De esta manera, pretendemos articular algunas nociones en torno a la propuesta de Butler (2009) sobre marcos de reconocimiento para pensar cómo las políticas públicas aquí trabajadas son generadoras de marcos institucionales desde la perspectiva de género. A su vez, desde los aportes de esta autora, buscamos construir una trama que invite a discutir cómo las políticas de género posibilitan (o no), y en qué sentidos, la visibilidad y habilitación de otras formas de vivir la universidad. Analizamos el Protocolo como una política pública cuyas dimensiones (en términos operativos, sustantivos y simbólicos) constituyen un marco de acción y reconocimiento para las diversidades en un espacio plagado de relaciones jerárquicas como lo es la universidad. Nuestra intención es plantear una lectura que vaya más allá del Protocolo en sí, entendiendo que el abordaje institucional piensa las políticas de género de manera integral y articulada, pero a su vez anticipar que, desde una herramienta tan presente hoy en espacios institucionales, se deslizan y entrevén múltiples tensiones y desafíos que son importantes reconocer para seguir construyendo espacios feministas. Estas políticas implican la visibilización y la construcción de nuevos marcos de reconocimiento que modifican la cultura de la institución en general y a la vez nos invitan a considerar la capacidad transformadora para las poblaciones que alcanza.
Tras casi diez años del primer espacio de diseño de políticas de género en nuestra universidad consideramos necesaria la reflexión y puesta en tensión de los procesos institucionales que venimos llevando adelante en una universidad localizada en una provincia del interior del país, con el anclaje regional que la identifica.
Políticas públicas universitarias y nuevos marcos de reconocimiento
Ponemos en consideración en este apartado algunas conceptualizaciones sobre marcos de reconocimientos y políticas públicas que dan un sustento al análisis. El verbo enmarcar, para Butler (2009), es hablar de los marcos mediante los cuales aprehendemos, o no conseguimos aprehender, las vidas de los demás como perdidas o dañadas (susceptibles de perderse o de dañarse) están políticamente saturadas. Son ambas, de por sí, “operaciones del poder” (p. 14). El “ser” del cuerpo, la identidad (como ese rasgo del ser que lo hace diferente a otros) al que se refiere esta ontología es un ser que siempre está entregado a otros: a normas, organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado históricamente con el fin de maximizar la precariedad para unos y minimizarla para otros.
Estas normas, son las que históricamente han sido el marco para “entender”, para ver algunos modos de vida como normales (dentro de las normas) y otros no. Los “marcos” que operan para diferenciar las vidas que podemos aprehender de las que no podemos aprehender no solo organizan una experiencia visual, sino que, también generan modos de ver el mundo y formas específicas de los sujetos. Estos se constituyen mediante normas que, en su reiteración, producen y cambian los términos mediante los cuales se reconocen. Estas condiciones normativas para la producción de los sujetos generan una ontología históricamente contingente, tal que nuestra misma capacidad de discernir y de nombrar del “ser” del sujeto depende de unas normas que facilitan dicho reconocimiento (Butler, 2009).
El problema no es meramente cómo incluir a más personas dentro de las normas ya existentes, sino considerar cómo las normas ya existentes asignan reconocimiento de manera diferencial. ¿Qué nuevas normas son posibles y cómo son producidas? ¿Qué podría hacerse para producir una serie más igualitaria de las condiciones de reconocimiento? (Butler, 2009, p. 20).
Es esa pregunta respecto a los marcos de reconocimiento con la que vamos a reflexionar en este artículo. La institucionalización en políticas universitarias que se vuelven normas, tal como el Protocolo, es, por un lado, la visibilización en el entramado normativo con el que cuenta la universidad y también el desafío de que esa norma sea un marco de reconocimiento para otras vidas, otros modos considerando la transformación en el horizonte de posibilidades.
Ahora bien, las políticas públicas son parte de ese universo normativo y una de las formas en que los marcos de reconocimiento se hacen presentes. Partimos entonces de una definición clásica que las entiende como “un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil” (Oszlak y O´Donnell, 1995, p. 112). Profundizando esta conceptualización, reconocemos el componente relacional y ponemos como centro al Estado (no solo al gobierno) en tanto conjunto de instituciones públicas que ejecutan esas decisiones. Anzorena entiende que las políticas públicas “no son solo respuestas a problemas determinados, sino que son constitutivas de los procesos a partir de los cuales se construyen y se ponen en relación los diferentes sujetos sociales en la arena política” (2021, p. 41), de esta manera se entiende que no se constituyen solo como intervenciones en un campo determinado, sino que tienen una injerencia de producción y reproducción de los procesos sociales en los que se enmarcan. Prosigue la autora remarcando que “condicionan la vida de la población porque determinan las prioridades sobre el uso o no de ciertos bienes y servicios y establecen quién tiene derecho a qué y cómo acceder a ese derecho” (Anzorena, 2021, p. 41). Esto último resulta fundamental para pensar cómo transformar desde la perspectiva de género el acceso, permanencia y vida universitaria de las mujeres y diversidades que habitan la UNVM.
En cuanto a las políticas públicas en materia de género que se implementan en las universidades nacionales de nuestro país, tanto en la literatura consultada como en la participación en diversos espacios de discusión y debate sobre estos temas[1], podemos encontrarlas agrupadas en seis ejes: el abordaje de violencias por motivos de género como los protocolos; políticas de inclusión y derechos del colectivo LGBTIQ+; políticas de cuidado y conciliación (lactarios, guarderías, licencias, etc.); las políticas de transversalización en la formación, la extensión y la investigación (Martin, 2021; Nahuel di Napoli, 2021); las políticas de formación y capacitación, como la Ley Micaela y en los últimos años ha cobrado más ímpetu las políticas de producción de conocimiento, sistematización y análisis de datos. Estas últimas se ponen en foco ya que nos permiten visibilizar y poder realizar análisis a partir de datos concretos sobre el trabajo que se realiza en las universidades en referencia a estas políticas de género.
En nuestra universidad estos ejes se han ido abordando desde diversas políticas concretas como el Protocolo, eje de este artículo, el Formulario de Derecho a la Identidad, el cupo laboral travesti-trans, las capacitaciones en Ley Micaela, el lactario, espacios de articulación con otras áreas de la universidad y claustros como la Jornada “La Uni que queremos”, y algunas actividades incipientes sobre la sistematización de datos que nos permiten la construcción de nuevas políticas en relación con la comunidad universitaria.
De esta diversidad de temas y ejes que han ido abordando las universidades en cuanto a políticas de género, entendemos que es necesario considerar “los objetivos que se persiguen con las políticas públicas, pero también los resultados e impactos que las mismas efectivamente producen en la sociedad, reproduciendo situaciones preexistentes o alterándolas radicalmente” (Jaime, et al., 2013, p. 57). Podemos identificar en las políticas públicas tres dimensiones entrelazadas que nombramos en la introducción, para pensar los objetivos y efectos a los que referimos: la dimensión operativa de las políticas, es decir, su implementación; la dimensión sustantiva que hace referencia al contenido de estas; y una tercera dimensión que es la simbólica, a partir de la cual se pueden considerar marcos de visibilización de modos de hacer y transformar las formas institucionales instituidas. La tarea de análisis consiste en distinguir entre las normas y políticas que restringen o transforman las condiciones de vida. A veces funcionan de ambas formas a la vez, y en ocasiones funcionan de una manera para un grupo determinado. Lo más importante desde la creación del Programa de Género en estos diez años es no cesar de diseñar políticas para todos los modos de vida y “vigilar” que no se reproduzcan otras que hagan que la universidad sea habitable solo para pocos. Como dice Butler (2009):
…la crítica de las normas de género debe situarse en el contexto de las vidas tal como se viven y deben guiarse por la cuestión de qué maximiza las posibilidades de una vida habitable, qué minimiza la posibilidad de una vida insoportable o, incluso, de la muerte social o literal (p. 22-23).
En los próximos párrafos intentaremos esbozar algunas líneas de aproximación al Protocolo en pos de los interrogantes y dimensiones de análisis planteados desde la apuesta de pensar los marcos de conocimiento que habilitan las políticas públicas.
La universidad y el abordaje de las violencias
En Argentina los derechos de las mujeres y las disidencias tuvieron grandes avances en los últimos años como resultado de la organización y de la lucha. Algunos eventos relevantes son por ejemplo: los Encuentros Plurinacionales de mujeres y disidencias, las movilizaciones llamadas NI UNA MENOS cada 3 de Junio desde el año 2015, el Paro Internacional Feminista y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travesti y Trans cada 8 de marzo, así como también la gran movilización social que se produjo alrededor de la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito como organización aglutinadora y clave para conseguir la Ley el 30 de diciembre del año 2020 (Martin, 2021; Rovetto y Figueroa, 2017).
Al calor de dichos acontecimientos históricos y con el trabajo que venían haciendo desde hace décadas los estudios de mujeres y género en los espacios académicos, es que se diseñan políticas de género y diversidades en las universidades nacionales, impulsadas por docentes, no-docentes y estudiantes feministas, generando así espacios de encuentros, reflexión y politización de las desigualdades de género en las instituciones educativas (Rovetto y Fabbri, 2020). Esto fue posible en la medida en que las universidades comienzan a ser vistas como espacios atravesados por las violencias sexistas, que “como todo espacio institucional, se encuentra cimentado sobre fuertes estructuras patriarcales” (Torlucci, Vazquez Laba y Martin, 2020, p. 11). Cambiar estas estructuras es un trabajo que los feminismos universitarios vienen realizando hace ya algunos años, por ende, la posibilidad de cuestionar y politizar el patriarcado en estos espacios, que históricamente se constituyeron en el biempensante espacio universitario, es un arduo trabajo (Rovetto y Figueroa, 2017).
La UNVM se hizo eco de esos avances en materia de derechos humanos, especialmente en el reconocimiento de los derechos a las mujeres y a las disidencias, como parte de la labor que diversas feministas venían desarrollando desde décadas atrás en distintas universidades. Autoras como Torlucci, Vázquez Laba y Pérez Tort (2019) hablan de una “Segunda Reforma Universitaria” para dar cuenta de las transformaciones que los feminismos vienen realizando hacia adentro de las universidades. Esta idea hace referencia al número como a la profundidad de las políticas de género que las diversas universidades de la Argentina vienen llevando a cabo, al calor de las demandas de los movimientos feministas. En el marco de esa reforma se enuncian tres pasos importantes, el primero vinculado a los protocolos para prevenir, abordar y sancionar violencias de género en las universidades, el primero sancionado en el año 2014. El segundo momento, vinculado a los procesos de institucionalización y jerarquización de los espacios de género y sexualidades en las universidades, impulsado por la RUGE[2], y el tercer momento que marcan las autoras son las capacitaciones en “Ley Micaela” (Torlucci et al., 2019).
Bajo esta interpretación de los procesos, en nuestra universidad se conformó en el año 2014 el Programa de Género y Sexualidades (PGyS), como parte de la Secretaría de Bienestar. En articulación con este espacio y en una mesa interclaustro, a partir del año 2017 se comenzó a trabajar en un dispositivo que permitiera abordar las violencias de género en el ámbito universitario, en consonancia con lo que venía ocurriendo en otras universidades desde el 2014. El producto de estas discusiones fue la sanción del “Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNVM”, cuya aprobación en el Consejo Superior se efectivizó en mayo de 2018. Con él se procuró construir un dispositivo que no reprodujera las acciones de la justicia ordinaria, sino que tuviera en cuenta la realidad de la universidad además de la normativa preexistente.
Desde el año 2020 presentamos proyectos desde el PGyS a las diversas convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias que estimulan el fortalecimiento de los espacios de género en las universidades, lo que nos ha permitido acceder a un presupuesto propio y a una planificación diagramada en términos de consolidar el espacio y sus políticas en nuestra comunidad universitaria. Por último, a fines del 2018 se sanciona la Ley N° 27.499 (Ley Micaela), el Consejo Interuniversitario Nacional adhiere a dicha ley y la UNVM, a partir de la Resolución N° 103/2019, abre las puertas para su implementación. Hasta el día de hoy se vienen capacitando los diversos claustros. De esta manera, la experiencia de transitar esta Segunda Reforma, con las particularidades que tomó en nuestra universidad, nos permite hoy replantearnos e interrogarnos sobre las políticas universitarias de género, empezando a vislumbrar impactos, tensiones, desafíos y conflictos propios de su implementación.
En este artículo, teniendo en cuenta lo que planteamos al inicio respecto de las políticas públicas (específicamente el Protocolo), realizaremos una reconstrucción del accionar y sus mecanismos para poder analizar hacia el final de qué manera implementamos en la UNVM una política universitaria que aborda las violencias de género en los espacios universitarios.
Los marcos legales como respuesta institucional: una aproximación a nuestro Protocolo
En este apartado esbozamos algunas reflexiones en torno a nuestra experiencia con el “Protocolo para prevenir, abordar y sancionar situaciones de violencia de género en la UNVM”, su funcionamiento, enfoques, un recorrido en términos históricos, etc. y, hacia el final, destinamos unas líneas sobre el proceso de denuncia que derivó en la conformación de un Tribunal Académico. Retomamos aquella noción de dimensiones de las políticas públicas para comprender cómo condicionan, limitan y posibilitan las vidas vivibles. Iremos entrelazando la dimensión sustantiva, que entendemos establece condiciones y lineamientos respecto a definiciones conceptuales de la perspectiva de género, identidad, reconocimiento, desigualdad, etc. En el caso del Protocolo, establece qué conductas y prácticas se vuelven no posibles entendiendo que el marco normativo habilita y promueve un proceso de desnaturalización de modos de hacer patriarcales y misóginos arraigados en la universidad. A la vez que, en su dimensión operativa, también tienen en cuenta modos de hacer diferenciados, no punitivistas, singulares, artesanales, amorosos, a partir de redes con otres, no revictimizantes y sosteniendo la privacidad. En su dimensión simbólica delimitan el marco mediante el cual se reconoce, por un lado, la diversidad de modos de vida con mecanismos institucionales que lo permiten, y por el otro los efectos transformadores que tienen como políticas institucionales.
Partimos de asumir que las estrategias de abordaje de las violencias de género en general, y específicamente en los ámbitos universitarios, requieren una mirada integral que asuma la complejidad que supone hablar de estas violencias. De esta manera, entendemos que estas se presentan de múltiples maneras, teniendo como puntapié inicial las que tipifica la Ley N. ° 26.485[3], ya sea de manera directa o indirecta. A su vez, compartimos la premisa de que las violencias de género constituyen un problema público, que implica a toda la sociedad, por ende, se ubica en el orden de las estructuras sociales, políticas, culturales, etc., y no a casos aislados y particulares (Guinot, 2020). Esta conceptualización nos habilita a pensar respuestas posibles que se alojan más allá de las respuestas puntuales a los casos individuales que llegan a partir del Protocolo (es decir, una no excluye a la otra). Por eso entendemos que el Protocolo es un dispositivo institucional contracultural, es decir, que encuentra entre sus objetivos desnaturalizar la cultura patriarcal que habita la universidad como institución parte de nuestra sociedad. A su vez, como señalan Primante y Espeche (2021) “estos instrumentos permitieron a las universidades posicionarse política e ideológicamente frente a una problemática estructural de la sociedad” (p. 80). Sostenemos entonces que las políticas de género universitarias son contraculturales, ya que batallan con esos imaginarios e ideales patriarcales que existen, resisten y disputan en el Estado y en las universidades nacionales como parte de él. Aquí un término que desarrolla Butler como el de “performatividad” toma importancia ya que hace referencia a una “práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (2005, p. 18). Es decir, como la militancia, la institucionalización de espacios, la creación de políticas de género en las universidades, el hacer pedagógico contracultural cotidiano va corriendo los límites a esas prácticas patriarcales en el interior de las universidades públicas.
Como invitan a pensar Trebisacce y Dulbecco “los protocolos representan una estrategia de acción política” (2021, p. 69), cuya emergencia se enmarca en la contextualización que definimos párrafos atrás con respecto a las últimas décadas. Los protocolos han sido entendidos como instrumentos o herramientas, que permiten prevenir, abordar y sancionar las situaciones de violencia y discriminación por motivos de género. Estas políticas de intervención se han dado, en la mayoría de los casos, en universidades que ya contaban con algún espacio vinculado a estas temáticas y cuya sanción impulsó su crecimientos y jerarquizaciones (Trebisacce y Dulbecco, 2021). Un ejemplo de esto es nuestra universidad, cuyo Protocolo es posterior a la generación del espacio donde se aloja pero cuya sanción habilita la creación de un equipo de intervención y el crecimiento del espacio en sí, abordando diversas políticas más allá de la herramienta puntual. En ese sentido, Trebisacce y Dulbecco (2021) marcan cómo se constituyeron entonces los protocolos en “ventana de oportunidad para transformaciones más estructurales” (p. 78).
Nuestro Protocolo se constituye en una herramienta que se pone en funcionamiento desde un equipo de intervención interdisciplinario [4], el cual trabaja a partir de la perspectiva de género, en tanto perspectiva de derechos, haciendo lugar a las particularidades de las situaciones abordadas y la singularidad de las subjetividades implicadas. Este dispositivo fue construido desde distintos enfoques y discursos que tramitan cuestiones de violencia, permitiendo así una revisión de las formas que adoptan los vínculos sociales en el ámbito universitario, considerando no solo la lógica de derechos sino también la afectación subjetiva. Esto implica que se trabaja con un abordaje particularizado que se sitúa en el entrecruzamiento de lo singular y lo universal, abordando una a una las consultas desde el amparo legal aplicable a todes, pero evaluando qué uso de lo normativo conviene en cada caso. Por esta razón, un rasgo distintivo del espacio tiene que ver con la posibilidad de tomar la palabra, para lo cual partimos de una escucha advertida, atenta, despojada de juicios previos, tendiente a discernir que una situación determinada no tiene las mismas implicancias para todes les sujetes, ni debe necesariamente confluir hacia un mismo horizonte; que no para todes es válido lo mismo. Pretendemos, en cambio, un abordaje que vaya más allá del relato de la violencia padecida para poder precisar de qué manera ese acontecimiento o circunstancia afectó la subjetividad de cada quien, ubicando asimismo con qué recursos cuenta esa persona para afrontar la situación en cuestión.
Esta forma de entender el abordaje de las violencias de género se ampara en la construcción de un marco de reconocimiento que pretende resignificar las formas más cercanas a lo jurídico en las cuáles distinguimos la víctima del victimario y las soluciones en términos de lo punible. Consideramos que es un aporte sustantivo para pensar las políticas de género reconocer la agencia, poner en tensión y en foco de qué maneras la persona afectada puede y quiere proceder y sobre todo qué espacios para la resistencia y reparación se desprenden. Como se menciona en diversos espacios y bibliografías al respecto, el proceso de protocolización se ve asediado por fantasmas que tienden a confundir el instrumento creado por les universitaries con una herramienta orientada al castigo (Trebisacce y Dulbecco, 2021), ese es un trabajo que nos damos desde el PGyS de la UNVM a diario, correr los límites de lo posible y no posible, de lo que se habilita a partir de los talleres de Ley Micaela, talleres por carreras o en determinadas cátedras, en jornadas y congresos, etc.
Consideramos que, inserto en el espacio universitario, el Protocolo se constituye como una herramienta que provee respuestas institucionales formales para abordar las violencias de género, respuestas estratégicamente planificadas, pensadas desde un lugar de cuidado, respeto y confidencialidad; se presenta como el espacio habilitado institucionalmente para dar respuesta a tales situaciones, para abordarlas de un modo formal. Observamos que, así como en las reflexiones con otros espacios de género de otras universidades, la formalidad/legalidad de estas herramientas hace suponer que acercarse al equipo del Protocolo implica necesariamente efectuar una denuncia. En ese sentido, hacemos hincapié en que el enfoque de trabajo no es punitivista, apuntamos más bien a medidas intermedias. Coincidimos con Bagnato cuando dice que:
Los protocolos como herramientas están pensados para guiar, pautar las acciones de quienes intervienen en situaciones de violencia y no dejar lugar a la arbitrariedad. En general se elaboran para que no haya omisiones de acciones y para que contengan todas las prácticas necesarias para la intervención y el acompañamiento; pero en su implementación estas mismas herramientas se enfrentan a múltiples desafíos: al ser confidenciales y “lentos” generan desconfianza en aquelles que están esperando una resolución o en aquelles que no tienen mucha información de cómo es su funcionamiento. Por último, pese a que en gran parte de la letra de los protocolos se hace hincapié en las acciones de prevención y sensibilización, estas aparecen tensionadas con la presencia creciente de una perspectiva punitivista (2021, p. 146).
Existe en los abordajes de violencias de género una tensión, entre la exigencia de que los actos violentos tengan una sanción y, por otro lado, una postura no punitiva que intenta buscar otras respuestas, no reproduciendo lógicas de castigo, ya que la transformación que apuntamos cuando hablamos de violencias de género en las universidades nacionales tiene que ver con las estructuras de dominación que sostiene el poder patriarcal. Vázquez Laba, Palumbo y Fernández (2016) escriben desde su experiencia en el Programa contra la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Martín acerca su tratamiento dentro de las instituciones educativas de nivel superior, que nos parece importante retomar en este escrito ya que, como venimos mencionando, compartimos el intento de no solo una búsqueda no punitiva de abordaje de estas situaciones, sino también el no referenciar en términos dialécticos de víctima y victimario el ejercicio de la violencia. En este sentido las autoras afirman que el abordaje de situaciones de violencias, la creación de Programas interdisciplinarios, así como también los Protocolos son la señal de que las universidades se hacen responsables de esas situaciones que ocurren en su interior, derribando así mitos como, por ejemplo, que “quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia” (Rovetto y Figueroa, 2017, p. 5) lo que implica un gran primer desafío.
Un segundo desafío que compartimos implica el trabajo de pensar medidas de cuidado para las personas afectadas por dicha situación “que no vayan en detrimento de otros derechos que debemos igualmente garantizar” (Vázquez Laba et al, 2016, p. 1) lo que en muchos casos implica una complicación en las universidades ya que se entrecruza con ideas punitivistas. Como tercer desafío, desde los espacios donde abordamos las violencias de género, las entendemos como un fenómeno de carácter estructural, cultural e interseccional (Trebisacce y Dulbecco, 2021), lo que implica trascender dicho punitivismo y repensar la violencia desde una perspectiva que tome en consideración la interacción. Es decir, que no piense la violencia solo en vínculos interpersonales en la universidad, sino que dé cuenta de una capacidad de agencia que rompa con aquella estructura de víctima y victimario que mencionamos anteriormente (Vázquez Laba et al, 2016).
Otra consideración importante, que aparece en la literatura consultada en referencia a las violencias de género en las universidades, es que el hecho de disponer de un Protocolo para prevenir, abordar y sancionar las violencias de género tiene una relevancia en sí mismo, en tanto prevé un marco legal en el cual ampararse. Sin embargo, existe una tensión que implica reconocer que un marco normativo no es suficiente para alojar la diversidad de elecciones y modos de vida, es decir, que haya ley no implica que se garantice el reconocimiento de derechos, la no segregación, el respeto o la no violencia. Estos desafíos nos permiten traer ese marco analítico butleriano de repensar los marcos de reconocimiento, en qué medida la tensión permanente de correrse del lugar punitivista para pensar las violencias de género habilita inventar nuevas formas de hacer. En ese interrogante inicial de “¿Qué podría hacerse para producir una serie más igualitaria de las condiciones de reconocimiento?” (Butler, 2009, p. 20), entendemos que la agencia de les sujetes afectades, la reinvención de formas de abordaje que se alojen en la escucha atenta y la posibilidad de crear posibles intervenciones que se enmarquen en otras salidas que no necesariamente se ubiquen en la sanción, puede ser una manera de producir normas que den cuenta la diversidad de vidas que habitan la universidad.
Por ello el énfasis en pensar políticas de género que en su articulación permitan un abordaje integral como principal estrategia para prevenir y erradicar las violencias. Es en ese sentido que compartimos la idea de que la ley no opera por el solo hecho de existir, es necesario que la población en general y la comunidad universitaria en particular sepa de su existencia, que estemos familiarizados con lo que plantea y, fundamentalmente, que haya permeabilidad social a lo propuesto, sin ello no hay transformación posible. Esa visibilidad y permeabilidad se construye desde diversos dispositivos, como las capacitaciones, las campañas de difusión, los talleres con diversos claustros, etc. A partir de estas diversas instancias, el Protocolo se torna más accesible, “al alcance”. Cuando habilitamos espacios de conversación, de discusión, encuentros que nos ayudan a repensar, cuestionar y reformular nuestras prácticas, socavamos algunos sentidos y deconstruimos nociones que en ocasiones hemos naturalizado, incluso sin mediar cuestionamiento alguno. Construir opciones creativas en cada intervención que tenga ciertos efectos reparadores para la persona afectada y que transforme algo de la cultura institucional de nuestra universidad.
5 años desde su sanción. Desde la sanción del Protocolo, en el año 2018, se conformó un equipo de intervención interdisciplinario por profesionales de las áreas de Psicología, Abogacía y Trabajo Social, que tuvo como desafío el pensar y llevar adelante formas de abordaje ante situaciones muy diversas, con el objetivo de no replicar los modos conocidos de la justicia ordinaria, pero sin dejar de lado la existencia de los parámetros establecidos por el marco normativo nacional e internacional en materia de género. Por lo tanto, al implementar las primeras intervenciones se planteó desde dicho equipo la necesidad de trabajar en la articulación con diferentes áreas e institutos de la Universidad. Así, ante una consulta, y el planteo de una estrategia de intervención, los informes elaborados por el equipo en los que sugieren distintas medidas de prevención, sensibilización o reparación de acuerdo a cada consulta, debieron ser dirigidos a áreas en las cuales previamente se tuvo que trabajar en la sensibilización y capacitación en la temática. En este sentido, las capacitaciones en Ley Micaela que se llevaron a cabo desde 2019 fueron una gran fortaleza para alcanzar a más personas y difundir las políticas de género de nuestra Universidad. Esto constituye un ejemplo de cómo abordar desde múltiples dimensiones las violencias de género.
En el año 2020, el trabajo que se venía llevando adelante en el equipo atravesó un cambio rotundo. Las medidas de aislamiento por COVID-19 afectaron la presencialidad en las Universidades, y la virtualidad pasó a ser protagonista como modalidad de trabajo. Por lo tanto, ya que la virtualidad no invisibiliza la violencia, y con el fin de poder acompañar a las personas de la comunidad universitaria en situaciones de violencia, se construyó una Red Comunicativa para asistir en casos de violencia de género por redes y páginas oficiales de la Universidad, que tuvo como objetivo compartir información oficial, segura y confiable con el objetivo de poner a disposición de la manera más cerca posible, todas las herramientas con las que una persona afectada de violencia de género cuenta, tanto a nivel universidad, local provincial y nacional. A partir de este momento se puso a disposición una línea teléfono con WhatsApp para que las consultas sean realizadas directamente al equipo de la manera más cercana posible. En el transcurso del 2020 y 2021, las consultas por videollamada y por WhatsApp fueron incrementando exponencialmente, llegando a quienes forman parte de las distintas sedes a lo largo de la provincia de Córdoba.
Desde el año 2022, quienes integramos el PGyS, algunas de las cuales somos parte del equipo de intervención del Protocolo, venimos trabajando en la producción de datos que nos permitan sistematizar el trabajo que se ha realizado a partir de la sanción del Protocolo. Si bien no tenemos datos procesados en su totalidad, podemos observar como el trabajo de sensibilización y difusión en torno al Protocolo en estos 5 años ha permitido que el acercamiento al espacio se vaya incrementando. Sobre todo, entendiendo que, como decíamos párrafos atrás, la situación de la pandemia implicó una modificación importante en los vínculos, espacios y tiempos en donde acontece la universidad. Se trató de reinventar las formas en que el espacio del PGyS se hacía presente, ya que entendíamos que no habitar físicamente la universidad no implicaba el cese de las violencias de género, en todo caso, implicaba un corrimiento de los espacios y/o el surgimiento de otras formas.
La conformación del Tribunal Académico. Una de las acciones más importantes en relación al trabajo que realizamos en el PGyS, y la puesta en acción del Protocolo, es el proceso de denuncia que se llevó a cabo entre el 2021 y 2022. En el año 2021 se presentó al Rectorado la primera denuncia en el marco del Protocolo, el cual implicó un proceso sumarial y una recomendación, que, siguiendo los lineamientos institucionales establecidos, significó la conformación de un Tribunal Académico por primera vez en la historia de la universidad. De esta manera, se constituyó en un desafío enorme para el PGyS y equipo de intervención, pero también para la universidad en sí misma. Dada la novedad del acontecimiento, los modos y prácticas que guiaron su andar estuvieron atravesadas por una labor colectiva, que demandó un intercambio y diálogo entre las diversas áreas. Resultaba un imperativo fundamental que dicha normativa se constituye desde una perspectiva de género y derechos humanos.
De esta manera, reaparece nuevamente la cuestión de pensar procesos integrales, donde lo pedagógico tiene un lugar central. La articulación con otras áreas para llevar a cabo el procedimiento de un Tribunal Académico significó diversas reuniones frente a la necesidad de entender las formas y prácticas (legisladas o no) que cada etapa del proceso requería, y, a su vez, la necesidad de respetar los principios del Protocolo, como el resguardo de la confidencialidad y el respeto a los tiempos de la persona denunciante en los marcos legales existentes. Consideramos entonces que, como un ejemplo y desafío de nuestra labor, este proceso nos llevó a la transformación de los vínculos que construimos en la comunidad universitaria, haciendo uso de este momento para co-construir otras formas posibles de relacionarnos. Retomamos la idea que plantea Bagnato (2021) de que “los protocolos –en tanto herramientas de intervención– deberían funcionar como un piso, pero no como un techo de la transformación de las culturas universitarias” (p.141). Para construir universidades libres de violencias no basta con tener un protocolo, un equipo interdisciplinario, ni mucho menos basta con una denuncia, se trata de desentrañar el poder mismo dentro de las universidades, es buscar abordajes no punitivos, pero también impedir las prácticas y procedimientos de la justicia patriarcal en el proceso de la denuncia.
Tanto el procedimiento como la sanción del Tribunal (con nota explicativa) traspasó el ámbito universitario para ser tomado como ejemplo de la ética como aporte para la justicia por la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), la Dra. Aida Tarditi, quien realiza en un artículo una exploración de la dimensión ética en las cuestiones de género y la perspectiva de género a partir de la resolución del Tribunal [5]. Este ejemplo nos permite ver cómo las dimensiones operativas, sustantivas y simbólicas de las políticas públicas se ponen en juego, como las políticas públicas pueden traer y construir nuevos marcos de reconocimiento, en la medida en que habilitan discusiones sobre lo establecido, instituido, naturalizado.
La conformación del Tribunal Académico nos trae nuevamente las tensiones que esbozamos anteriormente con respecto al punitivismo, lo sancionatorio, el establecimiento de relaciones víctima/victimario, entre otros. Pero a su vez la experiencia puso de relieve la complejidad del hacer feminista entre marcos de reconocimiento que permitieron hacer inteligibles ciertas violencias y vínculos pero que a su vez nos trazan el límite cuando proponemos correr los marcos hacia otras construcciones, esas que la pedagogía feminista invita a pensar. “Muchas denuncias en las instituciones terminan siendo denuncias sobre las instituciones” (p. 51) afirma Sara Ahmed (2022); las denuncias, las consultas, los manifiestos, las quejas, las escuchas feministas que se realizan en el marco del Programa de Género y Sexualidades son en realidad denuncias sobre la institución, sobre la universidad, sobre las desigualdades y las relaciones de poder que se tejen en su interior. Es decir, el Protocolo sería una herramienta que habilita la queja sobre la forma desigual en cómo circula el poder en la universidad, es una forma de poner atención en ello que queremos que sea transformado (Ahmed, 2022).
Más allá de los marcos legales, construir respuestas integrales como marcos de reconocimiento
Tal como planteamos al comenzar este texto, entendemos que las transformaciones que proponen los feminismos para abordar las violencias de género, y las que puntualmente pretendemos trazar en nuestra universidad, implican una mirada integral, interclaustro, interdisciplinaria. Las reflexiones en torno a la trayectoria del Protocolo y las diversas experiencias en su uso, que mencionamos en el apartado anterior, ponen de manifiesto la importancia de las acciones de sensibilización, visibilización y difusión no solo del Protocolo sino también de lo que implica afirmar que en las universidades también ocurren violencias de género y discriminación por las identidades sexo-genéricas.
Esta ha sido y sigue siendo una cuestión primordial, venimos trabajando en instancias de formación, de talleres, y diversas actividades que proponemos y nos proponen acentuar esa labor que implica evidenciar que no somos un espacio libre de violencias y que incluso, nos encontramos con expresiones sutiles y naturalizadas que conllevan una enorme tarea para su deconstrucción. En ese sentido entendemos que hay un vaivén, una doble dimensión, una posibilidad de pensar en dos sentidos (o muchos más) este proceso. Por un lado, de reconocer hacia adentro de los espacios universitarios de qué maneras las violencias de género se estructuran, forman y naturalizan. Pero por el otro, partiendo de que los espacios universitarios tienen la capacidad de “instalar nuevos temas como campos de reflexión” (Bagnato, 2021, p. 139), propiciar en las mismas discusiones que desnaturalicen las estructuras patriarcales y que dichas discusiones trasciendan hacia el resto de la comunidad.
De esta manera, consideramos que cuando se habilita a debatir en la universidad la existencia y reproducción de las violencias de género, también genera un impacto hacia “afuera” de la universidad. En esas fronteras siempre permeables, precarias e inestables entre el adentro y afuera de los espacios universitarios, entendemos que este doble movimiento, el del reconocimiento hacia el interior, y el de discutir y elaborar estrategias, teorías, políticas, se marcan nuevos caminos que tienen su impacto social, cultural y político más allá de la universidad. Es en esa línea que Primante y Espeche (2021) traen la idea de la universidad como “creadora de sentidos” (p. 84), como “agentes estratégicos para la problematización y deconstrucción de las jerarquías sexuales y sus expresiones violentas” (p. 84). Allí insistimos en que las nociones butlerianas de “marcos de reconocimiento” y “performatividad” nos permiten interpretar cómo las condiciones normativas que producen a les sujetes son siempre contingentes, en disputa, movibles, correr las normas permite nombrar y reconocer esas otras vidas que históricamente han sido dañadas, o incluso impensadas en los ámbitos universitarios. Tal como lo planea Canseco (2017):
es cierto que se somete a una mayor exposición al daño y la violencia aquellos cuerpos que no son reconocidos, también es cierto que, en los casos en los que esas normas criminalizan, patologizan o deshacen del algún modo esos cuerpos, la posibilidad de la ida está precisamente por fuera de la norma, por debajo de lo regímenes de reconocimiento (p. 118).
Es decir que el reconocimiento es una condición necesaria, como marco y como posibilidad para que algunas vidas sean posibles de ser vividas en un espacio universitario.
Como varias autoras vienen señalando, en los últimos años, los procesos de institucionalización del género en las universidades han implicado imaginar, producir y disputar estos sentidos sobre las jerarquías en los vínculos, las prácticas, los saberes, etc. y las políticas públicas han cristalizado parte de esas luchas. Retomamos la idea de Arzeno y Ponce para pensar esas políticas “como parte de un proceso social donde se disputan intereses, y no meramente como ‘herramientas técnicas’, siempre mejorables con la incorporación de enfoques novedosos” (2014, p. 72). La propuesta que Torlucci, Vázquez Laba y Pérez Tort (2019) traen de una Segunda Reforma da nombre a este proceso de problematizaciones, demandas e institucionalizaciones de derechos con perspectiva de género en las universidades.
Cuando observamos cuáles son las principales políticas de género en nuestra universidad, podemos comprender cómo la idea de la integralidad, el trabajo articulado, interdisciplinario, entre otras dimensiones, tiene lugar. Y cómo, cada una de las políticas, pretende poner en la escena pública-política cuestiones del orden de lo legal, del derecho, pero también de lo simbólico, de los sentidos. La misma existencia de espacios que se aboquen a las cuestiones de género y sexualidades es importante, sin desconocer que seguimos discutiendo las jerarquizaciones, presupuestos y margen de acción. Pero también, los procesos de construcción del Protocolo, a partir de una mesa interclaustro, el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida y la Ley Micaela, han permitido una institucionalización de las cuestiones de género mucho más abarcativa y profunda. Podríamos enunciar cómo estas políticas corren ciertas fronteras de lo nombrable, de lo vivible, de lo imaginable, en los espacios universitarios. Cómo producen un nuevo hacer estatal que se responsabiliza por las desigualdades de género, en términos de un compromiso político y simbólico cómo es la capacitación con perspectiva de género.
Nos referimos con esto a que la noción de integralidad supone que reconocemos en las violencias de género un problema estructural que tiene múltiples dimensiones desde los cuales es reproducido, pero también desde las cuales puede ser abordado. Por eso, seguimos insistiendo, la integralidad lleva a pensar estrategias del orden de lo pedagógico, de lo simbólico, de lo afectivo, de lo legal, que tengan la capacidad de sostener en el tiempo, hacia un horizonte de transformación. A su vez entendemos que lo participativo, lo dialogado, lo colectivo, y los dilemas y tensiones que aparecen cuando construimos desde ahí nos llevan a replantearnos las estrategias y las políticas que enunciamos y practicamos. Qué dispositivos creamos, quiénes tienen acceso, qué sujetes estamos presuponiendo, qué formas de escucha y acción estamos habilitando, cómo nos movemos cuando algo/alguien nos incomoda, de qué manera interpelamos los espacios universitarios, son interrogantes que atraviesan la labor diaria y nos permiten seguir construyendo y revisando las políticas de género en nuestra universidad.
Consideraciones finales
A lo largo del artículo nuestra propuesta fue poder desplazarnos en algunas nociones teóricas que ponen en consideración qué hacen las políticas públicas y las dimensiones que pueden ser distinguidas a partir de ellas. El posicionamiento parte de la premisa de que no solo se trata de una cuestión de implementación en su dimensión más operativa, sino también de cómo pensar políticas públicas de género en la universidad supone disputar los marcos de reconocimiento, de aprehensión de la vida de los demás, retomando a Butler.
Los Protocolos en las universidades en general y en la nuestra en particular, se han constituido en una política contra las violencias de género que ya lleva algunos años en marcha, lo que nos permite realizar algunas reflexiones sobre ellos. En ese sentido, y dado que la invitación es a pensar respuestas frente a estas violencias en los espacios universitarios, nos detuvimos a repasar no solo como es el abordaje que propone el equipo de intervención del PGyS, sino algunas líneas en torno a su desenvolvimiento en los años que lleva implementado, así como uno de los hitos más importantes en su uso, la conformación del Tribunal Académico a partir de una denuncia. El alcance de ese proceso no solo tuvo que ver con poner en funcionamiento una serie de mecanismos, reglamentos, que no tenían precedentes en nuestra universidad, sino revisar las prácticas, los sentidos, las formas que tenían lugar en dicho proceso a partir de una perspectiva de género. En ese sentido, nos parece que se desprende una tarea fundamental desde estos procesos y es revisar cómo el andar del PGyS puede generar prácticas desde una pedagogía feminista, como aquella que “asume la dimensión grupal como una necesidad básica para que los dolores que produce el desaprendizaje de las opresiones puedan ser compartidos y sostenidos en colectivo (Korol, 2016, p. 22). Cuando en estos procesos que comentamos se mueven las estructuras patriarcales a partir de transformar las prácticas, corriendo los límites de lo posible, estos procesos pueden resultar incómodos para cada une de nosotres, incluso para nosotras las feministas, pero dicha pedagogía tiene un sentido no solo rebelde sino también colectivo el camino entre la teoría y la praxis, entre la norma y lo posible. Habilitar, en última instancia, un modo a la implementación de las políticas que instaure no solo otros marcos de reconocimiento sino otros modos posibles de intervención.
Por eso nuestra reflexión parte del aporte de Judith Butler, las políticas públicas se sustentan en marcos de reconocimiento, cristalizan luchas y disputas, establecen derechos, accesos, recursos, trazan fronteras de inclusión y exclusión. Tal como lo expresa Butler (2009) “el problema no es cómo incluir a más personas dentro de las normas ya existentes sino considerar cómo las normas ya existentes asignan reconocimiento de manera diferencial” (p. 20). Las políticas de género que construimos en pos de hacer de nuestra universidad un espacio libre de violencias, tienen la intención de traer nuevos marcos de visibilidad que disputen y habiliten. Entonces la pregunta que queda hacernos es ¿necesitamos nuevas normas, leyes o protocolos para considerar la construcción de espacios más igualitarios?, ¿o es que a partir de las políticas que hemos construido colectivamente, en el desafío de su implementación podemos ir transformando las condiciones de reconocibilidad con el fin de producir universidades libres de violencia para todas, todes y todos como esquemas que producen otros modos de hacer, de relacionarse, de vivir en el espacio universitario?
La propuesta del trabajo desde el inicio fue tomar en cuenta las formas de nombrar que tienen las políticas de género (dimensión sustantiva) que implican las formas de hacer (dimensión operativa) determinando la dimensión simbólica (marcos de reconocimiento y visibilización). Las políticas de género se anudan a términos como diversidad sexual, tolerancia, respeto, inclusión, que tienden a fijar y reproducir la diferencia en los términos de una identidad clausurada y totalizadora, rechazando todo aquello que perturba la armonía de las clasificaciones. El reconocimiento de la diversidad parece imponerse como último límite de lo políticamente pensable y obtura la posibilidad de políticas más radicales. Las políticas de género en la universidad impulsaron un cambio en los marcos de reconocimiento, en el abordaje de las violencias por motivos de género que implicó dejar atrás un esquema institucionalizado verticalista, basado solo en las situaciones de urgencia, profundamente jerárquico para dar paso a un marco disidente en los modos de nombrar, de hacer, de implementar acciones institucionales, visibilizando nuevos modos de hacer, evidenciando las disidencias a los modelos normativos establecidos.
La producción y el avance de nuevas políticas universitarias nos enfrentan a un nuevo reto: el del lenguaje institucional, siempre saturado de normas y prescripciones. No necesitamos que más personas se incluyan en los marcos, sino transformarlos a partir de nuevos nombres, nuevas palabras, nuevas maneras de nombrar, de ser y estar en cada espacio público. El desafío es, entonces, que a partir de los marcos de reconocimiento tengamos en cuenta las normas mediante las cuales se construyó la idea de la diversidad y la universidad. La tarea desde hace casi diez años por ampliar estos marcos, por tensionarlos, por hacerlos cada vez más amplios y no por “meter”, “incluir”, a las identidades en esos marcos estrechos, tan conservadores, sino que la tarea es “deconstruir” a la universidad implementando políticas “contraculturales” y erigiendo sujetos políticos disidentes, tensionando siempre desde adentro.
Cerrando con Canseco (2017), el “deseo por las normas” (p. 117) se relaciona con los marcos de reconocimiento a disposición, los cuales tienen la capacidad de deshacer a quienes se les concede o niega el reconocimiento de esos universos normativos. Las políticas de género como marcos, son marcos de inteligibilidad para vidas posibles de ser vividas y de reconocimiento en el espacio institucional que modifican los marcos normativos instituidos, los modos aprendidos, las formas sacralizadas de lo universitario, estableciendo condiciones de visibilidad de otras vidas y otras formas posibles de habitar la universidad.
Recibido: 03/08/2023
Aceptado: 09/08/2023
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