THE METROPOLITAN AUTONOMOUS UNIVERSITY AGAINST THE FEMINIST MOVEMENT COUNTER TO VIOLENCE AGAINST WOMEN
Alfonso Tonatiuh Torres Sanchez*
Martha Araceli Ramírez Sánchez**
Daniel Castillo Ocampo***
Resumen
Las mujeres se enfrentan a obstáculos que les impiden ejercer sus derechos y vivir una vida libre de violencia en todos sus ámbitos, incluido el escolar. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se enfrenta a un paro estudiantil feminista impulsado por miembros de su comunidad como mecanismo de presión para que se tomen acciones en contra de la violencia hacia las mujeres en la universidad, iniciado por un caso de violencia en específico en la unidad Cuajimalpa. El objetivo de este trabajo es analizar las respuestas de la UAM a las peticiones del paro estudiantil feminista del 2023 con el fin de vislumbrar los retos y desafíos para finalizar el paro, pero sobre todo para que la UAM se transforme y que regrese a su vocación transformadora. La metodología es cualitativa basada en la revisión documental y en datos estadísticos. La UAM es cuestionada en su labor como educadora, como formadora, pero también como universidad pública e institución. Se requieren de acciones específicas como: mejorar, ampliar y fortalecer la normatividad para actuar frente a la violencia; educar a la comunidad; integrar personal capacitado; y una reflexión crítica que permita generar un cambio, con el fin de mejorar los entornos universitarios y retomar el papel de la universidad como ente transformador de la realidad social.
Palabras clave: universidades, violencia, género, justicia social.
Abstract
Women face obstacles that prevent them from exercising their rights and living a life free of violence in all areas, including school. The Metropolitan Autonomous University (UAM) is facing a feminist student strike promoted by members of its community as a pressure mechanism for action to be taken counter to violence against women at the university and initiated by a specific case of violence in Cuajimalpa unit. The objective of this paper is to analyze the responses of the UAM to the requests of the feminist student strike of 2023 to glimpse the challenges to end the strike, but also that the UAM transforms itself and returns to its transformative vocation. The methodology is qualitative based on documentary review and statistical data. The UAM is questioned in its work as an educator, as a trainer, but also as a public university and institution. Specific actions are required such as: improving, expanding, and strengthening the regulations to act against violence; educate the community; integrate trained personnel; and a critical reflection that allows generating change, to improve university environments and resume the role of the university as an entity that transforms social reality.
Keywords: universities, violence, gender, social justice.
Introducción
En ese sentido el objetivo de este trabajo es analizar el papel de la UAM frente al grupo de mujeres universitarias que sostuvieron un paro estudiantil durante marzo y mayo de 2023, con el fin de vislumbrar los retos y desafíos para crear espacios seguros y asegurar un trabajo institucional en contra de la violencia de género. La metodología utilizada es cualitativa basada en la revisión documental de los pliegos petitorios emitidos por las colectivas feministas en sus distintas redes sociales [1] con respecto a dicho paro y las respuestas de la Universidad emitidas por los canales oficiales, además de una revisión bibliográfica especializada en torno al papel de las universidades como entes transformadores, la violencia de género y la revisión de datos estadísticos.
El trabajo se estructura en cuatro partes: la primera ofrece una reflexión teórica sobre la violencia de género, desde una realidad del contexto mexicano y desde sus universidades, así como la necesidad de retomar el papel transformador de estas instituciones desde una perspectiva de la justicia social y transformadora de la realidad. La segunda parte desarrolla un marco contextual donde se da cuenta de las estadísticas sobre la violencia contra la mujer en el ámbito escolar en México. La tercera parte explora y analiza los pliegos petitorios del paro feminista de 2023 en la UAM y la respuesta institucional frente a sus peticiones. La cuarta parte intenta visualizar los retos o desafíos a los que se enfrenta la UAM para atender las peticiones desde sus diferentes posiciones como universidad pública.
Se propone que la Universidad debe reconocer la violencia que existen en su interior y los movimientos al interior en contra de esta, trabajar como organización, institución y comunidad para prevenir, tratar y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres al mismo tiempo que se preocupa por sus aspectos de gestión, e incluso continuar su labor educadora y formadora de especialistas pero sin olvidar inculcarles temas respecto al género, la violencia y la sensibilidad para atender tales temas. Lo anterior con el fin de mejorar y retomar el papel de las universidades como entes transformadores de la realidad social para transitar a sociedades más justas, libres, igualitarias y libres de violencia.
Violencia y el papel de la universidad como ente transformador
De acuerdo con Claverie (2013) las universidades se caracterizan de otras organizaciones por sus objetivos y estructura, por ende se puede entender a las universidades desde tres perspectivas analíticas: como sistemas de relaciones ordenadas, el análisis de la cultura organizacional y la micro-social que se vincula a los procesos políticos “la cual analiza cómo se organiza la distribución del poder y las formas que adquiere el liderazgo y la participación de los distintos actores que componen a las organizaciones en los procesos de tomas de decisiones” (p. 7). En ese sentido, cobra importancia el análisis de la universidad desde su objetivo de transformar a la sociedad y de asegurar la justicia social con el surgimiento de grupos en resistencia que sufren una violencia estructurada y sistemática y que impide el libre desarrollo profesional de sus estudiantes para cumplir con su objetivo sustantivo que es formar profesionales libres, reflexivos, críticos y pensadores.
Murillo y Hernández (2015) destacan que el movimiento de la Pedagogía Crítica tiene un compromiso con la esperanza proponiendo que se debe recuperar la utopía de Freire como una alternativa para que la educación contribuya a una sociedad más justa. Siguiendo a los autores, señalan que existen al menos tres tipos de esperanzas que deben ser desenmascaradas: la ingenua, que genera una expectativa falsa sobre que las cosas van a mejorar por sí solas, en ese sentido afirman que esta esperanza “no profundiza ni observa las causas de las injusticias, ni las estructuras, ni la política” (p. 5); en segundo lugar, está la esperanza mítica que se basa en una visión despolitizada y sin raíces de la desigualdad; y en tercer lugar, se encuentra la esperanza diferida que asume que las injusticias van a desaparecer por arte de magia.
En ese sentido, retomando la Pedagogía de la Esperanza de Freire, es necesario que las universidades públicas abandonen la idea de la esperanza ingenua, mítica y diferida y atiendan a los problemas de raíz que permitan a su estudiantado un libre desarrollo profesional sin obstáculos estructurales como la violencia hacia las mujeres.
Así, se retoman las palabras de Murillo y Hernández (2015) que afirman que “hablar de Pedagogía Crítica es hablar de amor por las personas y de respeto a la dignidad humana, pero también es hablar de coraje y de audacia para confrontar y resistir las condiciones de opresión que llevan a la deshumanización” (p. 7). De este modo, las universidades públicas deben retomar su camino hacia la Pedagogía Crítica con el fin de alcanzar el bienestar colectivo basado en la dignidad humana.
En este contexto, las universidades se encuentran bajo una lógica individualista en la que se responsabiliza al propio individuo por los problemas a los que se enfrentan, como es el caso de la violencia, de acuerdo con Giroux (2015) esto es propio del discurso neoliberal donde las estructuras sociales, políticas y económicas desaparecen y por tanto el individuo es responsable de todo, de tal modo que se omiten las grandes estructuras de opresión como el machismo, la misoginia, el sexismo y otras que son el origen de la violencia hacia las mujeres y grupos minoritarios.
Así se da pie a la creación de grupos que luchan constantemente dentro de las universidades, que buscan visibilizar esas estructuras a las que se les ha dejado de señalar y que no se culpe a las víctimas por la violencia que sufren al interior de estas organizaciones, las cuales, de acuerdo con Brown y Reavey (2017) tienen una lado oscuro que no ha sido atendido por centrarse en los aspectos funcionales de la divergencia y la irrupción práctica de la gestión y la organización, sin embargo, se han dejado de lado las formas de violencia hacia ciertos grupos vulnerables como las mujeres. De este modo, de acuerdo con Giroux (2015), es necesaria la presencia de las resistencias en las organizaciones.
La violencia es un fenómeno que sobrepasa a las organizaciones. La crisis social y política que actualmente atraviesa el país se presenta como un reto para la sociedad en su conjunto. Si consideramos que ahora durante el siglo XXI tenemos procesos políticos de transición democrática encontramos que existe una pérdida de legitimidad en las instituciones, descomposición de la vida pública y una verdadera crisis institucional y social que se ve reflejada en el incremento de la violencia en sus diversas formas (Osorio, 2011).
Osorio (2011) habla de una violencia desnuda, obscena con un exceso de realidad que se repite día a día perdiendo su capacidad de horrorizar, es una violencia establecida por las relaciones de poder como las que hay entre los grupos criminales o por los aparatos estatales que sirven para reprimir, esta violencia es difundida de forma privilegiada en los medios de comunicación pero además, encubre la violencia institucionalizada que es aquella que surge de las relaciones sociales de explotación y dominio imperante que tiene como resultado agravios a la moral, humillaciones, desnutrición, desempleo y muertes. Dicha violencia se reproduce en cada escenario donde se presentan esas relaciones sociales de explotación y dominio imperante, como es el caso de los hogares, las escuelas, las organizaciones o empresas teniendo diversas consecuencias negativas, por ejemplo, en el caso de las organizaciones de educación superior, que es el que nos incumbe en este momento, impacta directamente en el funcionamiento de estas y en el cumplimiento de los objetivos sustanciales de estas como puede ser alcanzar la justicia social mediante el conocimiento.
Sverdlick (2013) señala que la universidad pública ha problematizado y discutido la condición natural de la desigualdad considerándola como un asunto inherente a las luchas sociales, respondiendo así a la principal función social de la universidad, sin embargo, esto se ha reducido justo por la ideología neoliberal, donde según Sverdlick (2013) “los debates necesarios sobre la función social de la universidad en el marco de la sociedad que la alberga quedaron reducidos a una lógica mercantil y de servicio” (p. 66). Bajo ese contexto, en América Latina se asiste a la recuperación de la discusión sobre la función social de la universidad en clave política y contextualizada a un tiempo y lugar, que es el objetivo de este trabajo. Desde esta perspectiva:
La universidad necesariamente tiene que verse interpelada por el modelo político que los gobiernos progresistas están proponiendo y, recuperando su legitimidad como institución que puede contribuir en la definición y resolución colectiva de los problemas sociales, aportar a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos (Sverdlick, 2013, p. 74).
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que envuelve diversas esferas sociales y refiere a:
(...) la manifestación de agresiones dirigidas hacia el sexo femenino. En lugar de violencia de género, nos parece pertinente nombrarla violencia hacia la mujer, pues no debemos olvidar que la palabra género es empleada tanto para hombres como para mujeres, y no podemos excluir al sexo masculino cuando hablamos del género (Carrillo y Montesinos, 2019. P. 168).
La violencia contra las mujeres es resultado de una herencia de la cultura patriarcal mexicana en la que el imaginario cultural legitima y acepta los límites hasta donde ciertas prácticas violentas son permitidas o no. Montesinos y Carrillo (2019) argumentan que a partir de estos límites es que se puede determinar el castigo, o no, de estas.
Continuando en el caso mexicano, Carrillo y Montesinos (2019) mencionan que la violencia manifestada en contra de las mujeres es fácilmente reconocible por la metáfora de la conquista de la mujer al espacio público; transformaciones rápidas que resultan en nuevas formas (violentas) de interacción social. Las ciudades tienen un papel central debido a que: “Las ciudades se convirtieron en el espacio de reproducción de esta contracultura: las principales ciudades de la república mexicana, y de manera destacada la capital, fueron el escenario de la incorporación de México a la modernidad.” (Carrillo y Montesinos, 2019. P. 68).
Siguiendo la línea de la modernidad, las Universidades (sobre todo las universidades públicas) se convirtieron en una forma física de la modernidad: “marcada por un proyecto civilizatorio cifrado en los principales valores del humanismo y la racionalidad científica.” (Montesinos y Carrillo, 2011. P. 49). Supuesto bajo el cual las universidades públicas se desarrollan como uno de los bastiones más importantes de la humanidad; “ciencia, progreso, ética y solidaridad” como puntos clave para entender que el ejercicio de la violencia no tendría cabida en la vida universitaria.
Montesinos y Carrillo (2011), invitan a la reflexión en el contexto mexicano al proponer que se reconozca cómo la violencia en el ámbito educativo tiene su inicio desde décadas pasadas en donde el dicho popular “la letra con sangre entra” era la forma común de los métodos de enseñanza-aprendizaje de las y los niños mexicanos, lo que permite observar la base en un sistema educativo autoritario en donde prácticas violentas eran socialmente aceptadas y legitimadas.
Montesinos y Carrillo (2011) proponen diferenciar entre cinco violencias en las Universidades: la violencia docente, estudiantil, bullying, mobbing, y acoso y hostigamiento sexual. En el caso de la violencia docente, se hace referencia a la violencia ejercida por un docente sobre sus pares y sobre las y los alumnos, violencia que es comúnmente categorizada como simbólica y se basa en una legitimidad por el nivel de conocimiento de la persona agresora; la violencia estudiantil es por parte de las y los estudiantes hacia sus pares y hacia otros miembros de la organización educativa, personas docentes y trabajadores de cualquier nivel organizacional; el bullying, refiere únicamente a la violencia ejercida por las y los alumnos hacia sus pares; en el caso del mobbing, es violencia ejercida por parte de algún, o alguna, persona trabajadora de la organización educativa hacia alguna otra persona miembro de la fuerza de trabajo y esta puede ser violencia laboral horizontal, vertical y a la inversa; en el último tipo de violencia (en la cual se centra este trabajo de investigación) el acoso y el hostigamiento sexual refiere a la violencia ejercida buscando algún favor sexual:
Normalmente este tipo de violencia deriva de una posición de poder que intenta sacar provecho de una, un, subordinado. A ello se le llama acoso, y el hostigamiento es aquella violencia que se ejerce entre pares, a través de una relación donde no exista explícitamente una relación de poder. Evidentemente este tipo de violencia se ha ejercido predominantemente sobre la mujer (Montesinos y Carrillo, 2011. P. 53).
La violencia contra la mujer en el ámbito escolar mexicano
De acuerdo con el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SICE-SEP, 2023) para el ciclo escolar 2022-2023 existen más de 33 millones de alumnos y alumnas en todo el país, en modalidad escolarizada, en todos los niveles educativos, en los ámbitos públicos y privados. De esos 33 millones, 4 corresponden al nivel superior y 2.8 millones al sector público. Al respecto se estima que, de los 4 millones de estudiantes a nivel superior, 2 millones 131 mil 408 son mujeres y 1 millón 901 mil 523 son hombres. Sin embargo, a pesar de ser mayoría, las mujeres en el ámbito escolar siguen sufriendo altos índices de violencia.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021 (ENDIREH-INEGI, 2021) y como se muestra en la ilustración 1, poco más del 70% de las mujeres mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia, siendo el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia, lo que representa un aumento de la violencia en un 6% de 2016 a 2021, siendo la violencia sexual la que mayor aumento ha registrado en un 22%, tal como se puede ver en la ilustración 2. Al mismo tiempo la ilustración 2 muestra que la violencia psicológica representa el mayor tipo de violencia presente en territorio nacional, seguido de la violencia sexual, física y económica.
Ilustración 1. Prevalencia total de la violencia en mujeres mayores a 15 años en México
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Fuente: ENDIREH, 2021
Ilustración 2. Variación de las tasas de violencia 2016-2021 según tipo de violencia
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Fuente: ENDIREH, 2021
Al respecto la ENDIREH (2021) señala que en el ámbito escolar alrededor del 32.3% de las mujeres mayores a 15 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida, lo que representa un aumento de cerca del 28% con respecto a 2016. La ilustración 3 muestra que en el ámbito escolar prevalece la violencia física, que representa el 18.30%, seguido de la sexual (17.90%) y la psicológica (17.50%) hacia mujeres mayores de 15 años.
Ilustración 3. Prevalencia de tipos de violencia en el ámbito escolar en México
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Fuente: ENDIREH, 2021
Además, la ilustración 4 muestra que las mujeres violentadas mayores a 15 años en el ámbito escolar refieren que sus principales agresores son los propios compañeros de clase, lo que representa un 43%, seguido de los maestros (17%), compañeras (14%), y otros desconocidos y/o ajenos a la escuela. También la ENDIREH (2021) muestra que el principal espacio para la agresión es la propia escuela o lugares cercanos a estas.
Ilustración 4. Principales agresores a las mujeres mayores a 15 años en México
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Fuente: ENDIREH, 2021
En la Ciudad de México, que es donde se encuentra la universidad en estudio (siguiendo con datos del SICE-SEP (2023) para el ciclo escolar 2022-2023), existen 2 millones 394 mil 247 alumnos y alumnas en modalidad escolarizada, en todos los niveles educativos, en los ámbitos públicos y privados. De esos casi dos millones y medio, 551 mil 879 corresponden al nivel superior, de los cuales 388 mil 198 son del sector público. Al respecto se estima que, del más de medio millón de estudiantes a nivel superior, 192 mil 421 son mujeres y 195 mil 777 son hombres. Sin embargo, a pesar de ser mayoría, las mujeres en el ámbito escolar siguen sufriendo altos índices de violencia.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2021 (ENDIREH-INEGI, 2022) en la Ciudad de México se estima que alrededor del 76% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia. Siendo el ámbito escolar el tercer ámbito con mayor prevalencia, ya que el 36% de las mujeres de la ciudad refieren haber sufrido violencia en este ámbito, de las cuales cerca del 23% dice haber sufrido violencia sexual, 22% psicológica y 19% física. Además, el 41% de las mujeres identifica a sus compañeros como principales agresores seguido de los profesores con un 21%.
El paro estudiantil feminista en la UAM y la respuesta institucional durante 2023
Como se explicó hasta ahora, uno de los espacios en donde las manifestaciones de violencia de género han sido evidentes, son en las Instituciones de Educación Superior (IES) como la UAM.
Antecedentes de la UAM. La UAM es el resultado del activismo educativo de los años sesenta que demandaba la expansión del sistema educativo superior y de la reforma del existente que se materializó con el movimiento estudiantil de 1968 (López, Casillas y González, 2000). Durante el gobierno de Luis Echeverría se abrió el dialogo en torno a la necesidad de reformar el sistema educativo, de este modo durante ese periodo:
Se modificaron las leyes (el 27 de noviembre de 1973 se expidió la Ley Federal de Educación, y hacia el final del sexenio se expidió la Ley Nacional para la Educación de los Adultos). […] La educación normal cambió sus planes de enseñanza. Se crearon sistemas abiertos de enseñanza en todos los niveles educativos, así como nuevas instituciones. Parte de la renovación educativa estuvo inspirada en las ideas de Paulo Freiré, sobre todo en la educación de adultos y en la formación magisterial. Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT[2]) y se iniciaron los centros de investigación especializados en la formación de posgrado, fuera de las universidades (López, Casillas y González, 2000, p. 14).
En ese contexto y bajo los estragos de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71 se genera la idea de crear una nueva universidad hacia finales de 1972 y principios de 1973. Exactamente el 28 de mayo de 1973 la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) emite doce recomendaciones al presidente Echeverría, entre las cuales, se encontraba la creación de la Universidad Metropolitana Autónoma de la Ciudad de México, que más tarde se denominaría Universidad Autónoma Metropolitana. Así, de acuerdo con López, Casillas y González (2000) se funda la UAM el 1 de enero de 1974 con la publicación de la Ley Orgánica de la UAM que se reclama como heredera de dos impulsores: “la satisfacción de la demanda por escolaridad superior y el impulso a un proyecto innovador y en permanente transformación” (p. 29), empezando clases formales en septiembre de 1974 con la unidad Iztapalapa y en noviembre del mismo año en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco.
Actualmente la UAM se integra por cinco unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, además de una Rectoría General. Se estructura bajo el modelo departamental que consta de quince divisiones académicas, cincuenta y ocho departamentos y 285 áreas de investigación con el fin de desarrollar las actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, en total, cuenta con ochenta y dos planes y programas de licenciatura y 114 de posgrado. (Universidad Autónoma Metropolitana [UAM], 2023). Actualmente la UAM es considerada entre las 4 instituciones de educación superior con mayor prestigio en México (González, 2023).
El paro estudiantil feminista en la UAM. El 10 de marzo del 2023, las cinco unidades de la UAM iniciaron un paro indefinido, en su mayoría, por parte de las mujeres de la comunidad universitaria para exigir la revisión de los protocolos de acción frente a la violencia de género que se presenta en la universidad. La unidad que inició esta protesta fue la UAM-Cuajimalpa (UAM-C) en donde la denuncia de una alumna y el mal trato que tuvo su caso, así como una resolución que no aseguraba justicia para ella fungieron como parteaguas del descontento de la población universitaria, por lo cual las distintas colectivas se pronunciaron en apoyo a las demandas. En ese sentido las colectivas como “Basta UAM-C”, “Sororidad UAM Lerma”, “UAM-X Asamblea estudiantil”, “Asamblea General de Paro UAM-I” y “Feministas UAM Azcapotzalco” se pronunciaron en apoyo y declaran a través de comunicados en sus páginas de Facebook el inicio del paro y la solidaridad entre colectivas [3].
En cuanto a la situación que provocó el movimiento, se argumentó que se había llevado a cabo la denuncia de una violación a una alumna de la UAM-C; dicha denuncia, realizada en diciembre de 2022, no tuvo respuesta oportuna ni acorde a la gravedad de la situación. Cuando este caso y su resolución por parte de la Universidad se dan a conocer, se hacen públicos otros casos de violencia de género que, al igual que en esta ocasión, no habían sido atendidos o no de forma correcta. Para los casos de UAM-C, las resoluciones que se dieron fueron: la expulsión de dos alumnos y la suspensión por dos trimestres en el tercer caso (Comunicación Social UAM, 2023a). Pese a que se tomaron estas decisiones, se señaló que la respuesta fue, evidentemente, tardía y que no resuelve el problema dentro de la institución universitaria. Además de puntualizar que falta la revisión y evaluación de los demás casos de denuncias de las demás alumnas de las distintas unidades.
Cabe mencionar, que cada una de las cinco unidades de la UAM cuenta con un protocolo de atención a la violencia de género. La UAM-Xochimilco fue la primera que constituyó el propio en 2018, siguiendo de UAM-Cuajimalpa, UAM- Lerma en 2019, UAM- Azcapotzalco en 2020, seguido de UAM-Iztapalapa en el mismo año (Gómez, García y Hernández, 2020). Cada uno de estos protocolos fueron redactados y puestos en acción para atender las manifestaciones de violencia de género que tuvieran cabida en los planteles universitarios y estas unidades son resultado de un ejercicio anterior realizado desde 2018 por parte de las unidades y sus comunidades, impulsados de forma externa por los gobiernos y leyes o modificaciones a estas que han creado mecanismos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual contempla la participación de los diferentes niveles de gobierno así como instituciones de salud, educación o de servicios que se coordinen para lograr la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (LGAMVLV, 2007).
Frente a la situación actual de la UAM, se hacen evidentes las fallas y los límites de acción de dichos documentos, por lo que, en los pliegos petitorios, que se han redactado dirigidos a la rectoría general de la universidad, se solicita el análisis de los protocolos que hasta el momento se vieron rebasados frente a las agresiones hacía la comunidad estudiantil. En dicho escenario, la UAM emitió un comunicado aceptando que la violencia de género está presente en las instalaciones de la universidad, además de reconocer la legitimidad de las protestas (Comunicación Social UAM, 2023b). También se indicó que se llevaría a cabo la revisión y evaluación de las competencias de la Defensoría de Derechos Universitarios, así como de las Unidades de Género. La atención de los pliegos petitorios de cada unidad será el parteaguas para la determinación del fin del paro.
De este modo las distintas colectivas desarrollaron sus pliegos petitorios por unidad, pero que buscan de manera conjunta crear espacios universitarios libres de violencia. Así la colectiva de UAM-C (Basta UAM-C) emitió un pliego petitorio basado en trece puntos; la colectiva de UAM-I (Asamblea General de Paro UAM-I) entregó un pliego de diecisiete puntos; la correspondiente a la UAM-X formuló un pliego de veintisiete puntos; en UAM-A (Feministas UAM-Azcapotzalco) se estipuló un pliego de diez puntos y por último la colectiva de UAM-L (Sororidad UAM-Lerma) entregó un pliego petitorio de once puntos [4]. En general existen puntos en común en cuanto al respeto a la organización estudiantil, entre los cuales se comprenden los siguientes:
1. El reconocimiento legítimo de los movimientos que iniciaron en cada una de las unidades.
2. El entable de canales de comunicación para mantener el diálogo con los colectivos
3. La emisión de cartas de no represalias hacia quienes sostienen los movimientos y mantienen el paro en cada una de las cinco unidades de la UAM.
4. El establecimiento de acuerdos como aceptar que el paro no se levantará hasta que los problemas de cada una de las unidades sean resueltos, o que no se negociará con autoridades y/o profesores que tengan señalamientos y denuncias de abuso o acoso, así como con quienes hayan permitido el abuso o emitido resoluciones que revictimizaran a quienes hicieron alguna denuncia ante un órgano colegiado.
5. Aceptar los tiempos de espera que las colectivas establecen para la entrega de los pliegos petitorios.
6. Informar a la comunidad sobre el proceso de contacto y negociación, así como las posturas y posicionamientos que toman en cada uno los pasos y logros que se dan.
7. Reconocimiento de la violencia de género en la universidad.
Es importante señalar que los puntos en general son acciones que pueden ser visualizadas en cada una de las unidades y que las autoridades han tenido a bien realizar, debido a que han sido peticiones esenciales y que, sin su cumplimiento, otras acciones como el establecimiento de canales de comunicación y la entrega de pliegos petitorios no hubiera sido una realidad hasta que las autoridades cumplieran con las peticiones de base.
Por otro lado, cada uno de los pliegos petitorios de las unidades tienen puntos que, si bien son muy diferentes entre sí, algunos pueden englobarse en grupos debido a la similitud tanto de la petición como de las respuestas o compromisos que ofrece la UAM. Los puntos son los siguientes:
1. La integración de personal especializado en diferentes áreas.
2. Impartición de talleres, webinars y demás actividades con perspectiva de género.
3. Inclusión de materias con perspectiva de género en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) [5].
4. Revisión y modificación de los protocolos de cada unidad.
5. Capacitación de autoridades y órganos que toman decisiones en casos de violencia y en específico violencia de género.
A continuación, se muestran las peticiones similares en los cinco puntos anteriores, en los cuales han actuado cada una de las unidades. Se señalarán de forma específica las acciones que son similares entre sí por cada unidad y que pueden englobarse en cada uno de los rubros.
Propuestas en pliegos petitorios y respuestas institucionales de las demandas por unidad académica: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco además de la Rectoría General [6]:
1. Sobre la integración de personal especializado en diferentes áreas.
Azcapotzalco: respondió con un compromiso de creación de una comisión de académicos, alumnos y asesores especialistas para el análisis y modificación de los instrumentos normativos, políticas, lineamientos y acciones que rigen el comportamiento institucional. Otro compromiso es el registro de profesores expertos que puedan dar asesoría en los programas de sensibilización que se impartirán a quienes integren las comisiones de faltas.
Cuajimalpa: propuso que se analice y reestructure la unidad de género existente para tener una base clara sobre los aciertos y errores del funcionamiento de dicha oficina, pero con personal capacitado en temas de género.
Iztapalapa: respondió que las profesoras expertas están incluidas desde los compromisos para las mesas de negociación y en ellas tendrán participación para dialogar y negociar de frente a las colectivas, una actualización del personal de la unigénero, su capacitación e inclusión en otras instancias de salud, así como una propuesta futura para la contratación de más personal especializado en temas de género y nuevas masculinidades.
Lerma: respondió con el compromiso inicial de ocupar la titularidad de la unigénero de forma inmediata y por una persona con la formación especializada para dirigir tal instancia, asimismo, la unidad incluirá un especialista en salud mental.
Xochimilco: respondió a la petición de que en la oficina de los delegados se cuente con al menos una persona especializada en género, y, además, de la integración de una Comisión en Consejo Académico con asesoría de personas expertas en género.
2. Sobre la impartición de talleres, webinars y otras actividades para educar a la comunidad en temas de género.
Iztapalapa: anunció la implementación de un programa integral de capacitación, actualización y prevención de la violencia con perspectiva de género para todos los cargos, la impartición de cursos y webinars por instancia e incluso la inducción de los alumnos de nuevo ingreso sobre dicha perspectiva.
Lerma: se comprometió a la impartición de talleres y cursos de sensibilización e información sobre perspectiva de género, Derechos Humanos y Cultura de Paz.
Xochimilco: se abordó la importancia de reestructurar los cursos y talleres ya existentes en la unidad, además de la emergencia de contar con el diseño de nuevos talleres de sensibilización para fomentar el respecto al uso de pronombres identitarios de la comunidad trans y no binaria.
Rectoría General: puntualizó la emergencia de contar con cursos de sensibilización, formación y actualización sobre derechos humanos, perspectiva de género y cultura de paz y mejorar los ya existentes.
3. Inclusión de materias con perspectiva de género.
Lerma: informó una evaluación en su consejo acerca de la futura implementación de una UEA en cada programa de licenciatura o posgrado que aborde las problemáticas de género, diversidad y violencias.
Rectoría General: mencionó que se deberán definir los mecanismos para la incorporación de UEAS con perspectiva de género e interseccionalidad en todos los planes de estudios.
4. Sobre la revisión y modificación de los protocolos de cada unidad.
Azcapotzalco: se comprometió a reformar los reglamentos para atender mejor las solicitudes y el otorgamiento de las sanciones debidas, también a brindar acompañamiento penal y psicológico en caso de delito.
Cuajimalpa: propuso una discusión de los planteamientos y acciones de sus protocolos para ser modificado si es necesario.
Iztapalapa: se comprometió a proponer modificaciones en colegio académico sobre los recursos de reconsideración tanto para las víctimas y sus pruebas como para agresores en las comisiones de faltas, además informó sobre una comisión para revisar el reglamento del alumnado y la creación de una instancia dedicada específicamente a las faltas debido a la violencia de género.
Lerma: informó sobre reformas al reglamento del alumnado y la creación de una instancia especial para atender los casos asociados a violencia de género e incluir procedimientos de contención y canalización, relacionados con la salud mental.
Xochimilco: se mencionó la propuesta del protocolo único para toda la UAM.
Rectoría General: se explicitaron los compromisos de fortalecer el reglamento del alumnado y los protocolos de atención a las víctimas, asimismo la importancia de la integración de un protocolo único.
5. Sobre la capacitación de autoridades y órganos que toman decisiones en casos de violencia.
Azcapotzalco: se comprometió al establecimiento de programas de sensibilización para quien integre las comisiones de faltas para emitir resoluciones con perspectiva de género.
Cuajimalpa: se mencionó la impartición de cursos emergentes de perspectiva de género a las autoridades de su comunidad.
Iztapalapa: anunció el programa integral de capacitación, actualización y prevención de la violencia con perspectiva de género para todos los cargos, la impartición de cursos por instancias y además inducción a los alumnos de nuevo ingreso, por otra parte, anunció la actualización de personal de la unigénero e instancias de salud en temas de género, incluso, se comprometió a dar capacitación para los titulares de los consejos académico y divisional, así como de autoridades como la rectora, el secretario de unidad, los directores de división, los secretarios académicos, los jefes de departamento y los coordinadores de estudio.
Xochimilco: se apuntó la importancia de garantizar que las comisiones de faltas cuenten con capacitación en materia de género, diversidad y Derechos Humanos.
Por otro lado, los pliegos petitorios y una conferencia que se realizó el jueves 23 de marzo (por alumnas organizadas de las cinco unidades de la universidad), también puntualizaron de forma general algunas peticiones como:
· La revisión de los procesos de acompañamiento y denuncia de las distintas unidades de género ya que, en base a sus propios testimonios, son procesos largos y burocráticos que impiden que sea una atención óptima pues, en muchas ocasiones las personas que han sufrido dichas violencias no tienen la confianza de acercarse a denunciar debido a la poca prioridad de atención que han percibido, lo cual las orilla a buscar otros medios como las denuncias anónimas.
· Que no se dé mayor importancia a la duración del paro y al cese de este y, por el contrario, se ponga atención al problema real de violencia de género en las unidades;
· Que la universidad acepte las facultades que le competen y que tome la responsabilidad de otorgar una vida libre de violencia dentro de la institución (Rompevientos TV, 2023).
Otro aspecto para destacar es que, de manera específica, existen solicitudes o especificidades en cada una de las unidades que hace especial el caso de cada una y, por lógica, el proceso para negociar y levantar el paro en cada unidad se vuelve diferente y único pues se presentan situaciones como:
· El caso de un alumno que agredió a sus compañeras en la unidad Azcapotzalco cuando se estaban tomando las instalaciones.
· La exigencia de atención prioritaria del caso que originó todo este movimiento de la institución en la unidad Cuajimalpa que fue la primera en estallar el paro.
· La especial atención que ha necesitado el proceso de negociación en la unidad Iztapalapa luego de que las alumnas organizadas tuvieron desacuerdos internos en las negociaciones y un grupo de ellas sustituyó a otro ya iniciadas las mesas de dialogo.
· Las peticiones de las paristas en Lerma concernientes a la necesidad de unidades de vigilancia que garanticen su integridad y seguridad mientras se mantiene el paro, ya que dicha unidad carece de bardas perimetrales y se encuentra en una zona rural alejada de estaciones cercanas de policía en caso de una emergencia.
Retos y desafíos de la UAM frente al paro que exigen cese a la violencia
Uno de los primeros restos que se visualizan para la UAM es, de primera instancia, el reconocimiento de las violencias y el otorgamiento de legitimidad a los esfuerzos de las colectivas por sostener un paro, debido a que no es solo reconocer a un movimiento y un fenómeno como lo es la violencia de forma simple, sino que la universidad estaría admitiendo que aún con sus esfuerzos por crear protocolos de atención o campañas e incluso impulsando investigaciones sobre el tema de la violencia contra las mujeres, se ha quedado corta y no ha estado cumpliendo de forma puntual con su función de transformadora de la realidad; eso involucra el trabajo de autoridades, de académicos, de investigadores y de toda una estructura que, de forma sistematizada sigue permitiendo, ejerciendo y reproduciendo la violencia contra las mujeres, el reto de reconocer su lado oscuro (Brown y Reavey, 2017) que no ha sido atendido y del cual la estructura, más que solo parte, a veces es incluso cómplice.
No se trata de solo darle difusión a la violencia que sucede y que incluso se normaliza (Osorio, 2011) y de cómo es esta atendida, o apoyar y reconocer a las resistencias que surgen al interior debido a la violencia (Giroux, 2015) sin escuchar sus exigencias cuando las cosas no se realizan de forma correcta, es actuar de forma real y velar de manera contundente como institución con autoridades y como comunidad por la integridad de los miembros de su comunidad que, por lo visto, es más afectada en la población femenina.
Luego de aceptar su lado oscuro, la UAM como educadora también tiene la obligación de educar, preparar y capacitar a su comunidad en temas de género, de la violencia ejercida contra las mujeres y de las estructuras machistas y misóginas o transfóbicas que existen en la realidad de la UAM, esto forma parte de la pedagogía crítica que busca una sociedad más justa o un respeto por la dignidad humana (Murillo y Hernández, 2015), lo cual es otro reto debido a las diferentes lógicas que imperan en la sociedad en que se instaura como la capital o la individualista.
Se puede admitir que en el discurso neoliberal y las prácticas de gestión y organizativas priman intereses diferentes a la justicia social y el bien común que impregnan a una sociedad como la mexicana y otras inscritas en la realidad capitalista. El reto para la UAM, entonces, es realizar sus labores que incluyen supervisar una eficiencia terminal de los alumnos o el buen ejercicio de su presupuesto al mismo tiempo que cuida los aspectos que Sverdlick (2018) menciona acerca de las agendas progresistas que buscan recuperar la función social de las instituciones con el fin de contribuir a resolver las problemáticas y a defender los Derechos Humanos de las personas que viven en sociedad. La UAM nació de esfuerzos por resolver problemáticas sociales (López, Casillas y González, 2000) y no puede dejar de lado su lucha por resolverlas, es una tarea de atención integral en la cual toda su comunidad debe integrarse (Claverie, 2013).
Incluso, si se buscara apelar a la mejora de prácticas organizativas y de gestión, parece que la UAM está fallando en su supervisión organizacional que busque mejorar sus mecanismos de auto regulación y coordinación como lo son sus reglamentos, sus códigos de ética o de forma específica, sus protocolos de atención para la violencia de género. La UAM no puede pretender que el simple hecho de adoptar recomendaciones para erradicar y sancionar la violencia trae consigo de facto el buen funcionamiento de los mecanismos. Los protocolos de atención, los reglamentos y las políticas en razón de género necesitan, no solo un diseño correcto e integral, sino también un aplicación y supervisión por parte de especialistas que entiendan la importancia de dichos mecanismos pero sobre todo que tenga respeto por la dignidad humana y ese es otro reto que la UAM va a enfrentar, como formadora de especialistas que deben tener una visión crítica y una sensibilidad social, tanto para finalizar el paro del 2023 como para ser una institución que en verdad transforme a la sociedad y demás vele por la justicia social (Claverie, 2013).
Reflexionar sin concluir
La UAM se ha enfrentado a un paro de labores que detuvo sus tareas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Ante esto se han vislumbrado peticiones y exigencias que la cuestionan como universidad pública que nació de las luchas sociales, como estructura y comunidad, como educadora de la sociedad y, además, como formadora de especialistas. La realidad de México, del ámbito educativo en general, de las instituciones como las universidades públicas y en específico de la UAM en la que se hace presente la violencia hacia las mujeres y diversas manifestaciones de esta, en general no pueden ser negadas, al contrario, deben ser cuestionadas, analizadas, atendidas y transformadas, sobre todo si se trata de estructuras que tienen la tarea de transformar la realidad desde su creación.
Es de reconocer el hecho de que la UAM ha hecho esfuerzos por resolver dichas problemáticas con la inclusión de políticas o protocolos y personal que atiendan la violencia de género, no obstante, son medidas que deben estar en constante revisión y supervisión con el fin de atender los casos de las víctimas que se presentan, de darle un correcto manejo a las situaciones, pero también generar acciones que busquen disminuir dichos casos, erradicarlos o prevenirlos. Lo anterior es una tarea integral que debe involucrar a las autoridades, académicos, alumnos y trabajadores e incluso a la sociedad, por lo cual, acciones como el paro del 2023 abren la puerta a espacios de reflexión, de análisis y de discusión que traen consigo beneficios que, después de todo, son para lo que sirven las universidades públicas.
Aceptado: 07/07/2023.
Referencias Bibliográficas
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