INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

CAMBIOS EN LA SIGNIFICACIÓN POLÍTICA DEL

CONCEPTO DE AUTONOMÍA EN CHILE: UNA MIRADA

HISTÓRICA

Nicole Droguett Sarmiento FLACSO-México ndroguett@cnachile.cl

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

El problema de la autonomía

El concepto de autonomía universitaria puede ser entendido desde múltiples dimensiones y, por tanto, presentar algunas variaciones en su definición dependiendo desde dónde se observe y de qué se observe. La legislación chilena le otorga sentido desde las dimensiones financiera, administrativa y académica. Sin embargo, los énfasis han ido variado y tanto desde los gobiernos como desde los movimientos sociales universitarios se le ha entregado más relevancia a una dimensión por sobre otra, o bien, más o menos relevancia al concepto por sobre otras problemáticas vinculadas al desarrollo de la Educación Superior.

El presente artículo, sistematiza la evolución de la autonomía en el Chile contemporáneo y muestra cómo el concepto ha ido variando y ha sido resignificado por los actores políticos y sociales.

El significado de la autonomía universitaria no ha sido estático. Y aunque desde sus orígenes ha estado vinculado a la lucha desde el movimiento social, es posible observar en Chile una reconfiguración ideológica tanto de su sentido como de su significado, dotándolo de dinamismo y poniendo de manifiesto la crítica al esencialismo a partir del cual muchas veces ha sido analizado.

Existe una visión que vincula a la autonomía con la significación que las luchas universitarias han sostenido a propósito de este valor. Ornelas (2008, p. 33), va establecer que:

En América Latina, la historia de la autonomía forma parte de la lucha contra la dependencia	168
del creer y el saber proveniente de los países metropolitanos (…) la lucha por la autonomía
de la universidad pública es, hoy también, una lucha tenaz contra la transformación de la
educación en mercancía y contra la lógica del neoliberalismo que desconoce la razón social y
la sustituye por la razón económica (…) La defensa de la universidad pública autónoma, laica
y gratuita, representa para los universitarios la defensa del Estado social, del respeto a las
diferencias y a la cultura popular.
Al respecto, parece pertinente establecer algunos puntos centrales a partir de los cuales se
analizará el problema. En primer lugar, el concepto de autonomía se comprende desde diversas
dimensiones y desde su dinamismo a través del tiempo (Enders, de Boer y Weyer, 2012). En segundo
lugar, su significado debe ser analizado en los diferentes periodos históricos a partir de las disputas
entre los sujetos involucrados y las disputas al interior de las universidades. Finalmente, en el marco
de las demandas de los actores sociales, el concepto debe ser entendido a partir de la eventual tensión
entre una mirada hacia el funcionamiento de la Universidad y una mirada hacia el desarrollo de los
procesos sociales. De esta forma la autonomía como reivindicación, no solo se carga de sentidos
diversos de acuerdo al momento histórico específico, sino que también “compite” con otras
demandas en relación con la prioridad que se le da.

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

La autonomía en Chile: desde el reformismo hasta las políticas neoliberales

Las universidades en Chile han estado fuertemente ligadas en sus inicios al concepto de autonomía que resguarda la libre expresión de ideas. Estas tienen su origen en la fundación de la Universidad de Chile, cuya definición establece las funciones esenciales de su quehacer vinculado a la docencia y la investigación (Donoso, 1988). En su creación, bajo la Ley de 1842, se dispone la fuerte dependencia de su dirección respecto del gobierno y el rol tutor que tiene en todas las ramas de la enseñanza pública y de los establecimientos de educación privados. Si bien las posteriores modificaciones a la normativa acentuaron la autonomía de la Universidad de Chile, principalmente en el ámbito académico, el patrono continuó siendo el Presidente de la República (Gómez, 1979). El nuevo estatuto de 1931, entregó a la Universidad de Chile la autonomía administrativa, docente y económica (Meller, P. y Meller A., 2007).

Durante el periodo posterior, el sistema universitario había crecido; Chile contaba con seis
universidades además de la Universidad de Chile, dentro de las cuales se encontraban universidades
católicas, universidades de carácter regional y una Universidad estatal. Todas ellas bajo el alero inicial
de la Universidad de Chile, fueron adquiriendo mayor autonomía (Meller, P. y Meller A., 2007). En
1968 Chile ya contaba con un sistema integrado de universidades estatales y privadas. Sin embargo,
estas últimas aún presentaban importantes limitaciones en cuanto a su autonomía y una fuerte
	169
dependencia económica del Estado.
El proceso de reforma en Chile culmina en 1968, pero comienza con posterioridad a la
Reforma de Córdoba, planteándose “enfática y directamente la reforma de la sociedad” (Barrera,
1968, p. 618) por sobre los cambios al interior de la Universidad. Barrera plantea que el movimiento
inicialmente se habría situado desde la conflictividad política y social, dado que sus orígenes políticos
se remontan a la aparición del movimiento obrero organizado y a los primeros partidos políticos
obreros, haciendo suyas sus reivindicaciones de clase en oposición al sistema capitalista.
Con todo, para el año 1922 la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECH) asumía algunas de las demandas del reformismo, como la autonomía de la Universidad, la
reforma al sistema docente, la revisión de métodos y contenidos de estudios, y la mayor vinculación
con la sociedad a través de la extensión universitaria (Barrera, 1968).
Durante la década del sesenta, el sistema universitario inició un importante proceso de
transformación, poniendo en el centro del debate la vinculación entre el quehacer universitario y el
desarrollo social y económico del país. El contexto en el cual se enmarca, tiene que ver
principalmente con la expansión territorial de las universidades producto de la creación de sedes
regionales y las transformaciones en la educación secundaria. Dentro de su ideario, el proceso de
reforma relevó el conocimiento científico, el compromiso de la Universidad con las
transformaciones sociales, el pluralismo, la incorporación de las diferentes corrientes de pensamiento
y la autonomía en las definiciones propias dentro de las universidades a partir del ejercicio libre de

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

su gobierno, los métodos utilizados en la generación de conocimiento y la definición de líneas de desarrollo académico (Gómez, 1979).

De acuerdo a lo planteado por Donoso (1988), la reforma chilena combina propósitos de transformación social y modernización con la voluntad de asumir un compromiso con los trabajadores y sectores empobrecidos. En la reforma universitaria de 1968 culminaría un proceso de modernización de las estructuras sociales y su vinculación con las necesidades del pueblo de Chile.

El concepto de democracia pasó a jugar un rol clave, cuestión que se vincula al desarrollo de los procesos sociales y políticos que el país enfrentaba. Es así como las demandas del movimiento se centraron en la democratización de la estructura académica y el funcionamiento de la Universidad, la implementación de nuevos sistemas de enseñanza y la vinculación de la enseñanza con el medio social (Donoso, 1988). El proceso de reforma estará constituido desde el movimiento social, pero con una estrecha relación con los partidos políticos. Así, mientras los sectores que lideran el proceso se encuentran ubicados principalmente en la izquierda, la configuración político partidaria en torno a la reforma se posiciona a la derecha en la reacción frente a la estructura democrática al interior de las universidades, cuestión compartida por algunos sectores de centro (Donoso, 1988).

Sobre este último punto, cabe destacar la vinculación que se ha establecido de los partidos con los movimientos sociales. Al respecto, Hellman (1992) indica que los movimientos podrían retroalimentar las dinámicas de los partidos, pero que estos también se encontrarían sujetos a la intervención por parte de los partidos políticos. El vínculo entre los partidos y los movimientos

sociales no se encuentra ajeno a otros procesos sociales y políticos como el sindical y poblador en el 170 periodo, en donde el rol de los partidos políticos fue fundamental. Al respecto, Oxhorn (2011, p. 79)

va a plantear que la importancia de los partidos políticos en Chile va a ser central tanto en la creación y articulación de las identidades de los movimientos sociales, como en la mediación entre el Estado y la sociedad, dando cuenta de bajos niveles de autonomía de la sociedad civil respecto de estos.

Con todo, Galo Gómez plantea que el proceso de reforma no se constituyó en torno al proyecto de un gobierno determinado, ya que siempre mantuvo su carácter cuestionador sin confundir “la tarea de la universidad con el programa y metas del gobierno” (1979, p. 15).

Los procesos de democratización vinculados con la Reforma permitieron aumentar la cobertura de la matrícula del sistema y presentaron repercusiones en el proceso de toma de decisiones de las universidades. De este modo, emerge la triestamentalidad en la toma de decisiones y la extensión del saber universitario. De acuerdo a lo planteado por Donoso (1988), la reforma cambió las estructuras de poder al interior de las universidades, principalmente a partir de las elecciones de sus autoridades por parte de los distintos estamentos involucrados. Se estableció un énfasis particular sobre la formación técnica y se modernizaron las facultades. La matrícula se expandió, sobre todo en las universidades estatales, lo que implicó un aumento en el gasto en Educación Superior por parte del Estado. A pesar de este mayor vínculo, la autonomía de las instituciones no fue intervenida.

A partir de la Reforma, las universidades pasaron a contar con importantes niveles de autonomía en las diferentes dimensiones de su quehacer. Es así como el Estado delegó en ellas la

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

determinación de sus funciones, objetivos, su administración y gobierno mediante la entrega los recursos económicos para su consecución (Gómez, 1979).

El proceso de reforma quedó inconcluso, abiertamente intervenido por el Golpe de Estado el año 1973. Dentro de las diversas dimensiones que quedaron pendientes se encuentran la cobertura, el gobierno universitario y la vinculación con el proyecto político y social de desarrollo país. El Golpe de Estado puso fin al proceso creciente de generación de autonomía. De esta manera, las universidades se transformaron en instrumentos políticos del régimen, cuestión que queda de manifiesto en la designación por parte del gobierno de las principales autoridades de la Universidad.

El sistema de Educación Superior fue transformado a partir de la creación de nuevos tipos de instituciones de Educación Superior y nuevas universidades derivadas de las sedes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado. Los cambios en los mecanismos de financiamiento, la regulación en los gobiernos universitarios y la institucionalidad, derivados de una nueva constitución, pusieron a la libertad de enseñanza en el centro de los principios para la creación y funcionamiento de las nuevas instituciones y le entregaron un carácter refundacional al modelo de Educación Superior. La libertad de enseñanza y su vinculación con la autonomía, así como un sistema de autofinanciamiento y préstamos para financiar los estudios de los estudiantes, redujeron el carácter regulador del Estado para la expansión de la oferta académica. No obstante, dejaron el papel central de la determinación del gobierno universitario en manos del gobierno central. En términos de sus resultados, el nuevo régimen diversificó la oferta institucional, aumentó considerablemente el número de planteles de Educación Superior y redujo su gasto asociado. Para Gómez (1979, p. 33), la autonomía dejó de ser un principio regulador de las relaciones institucionales con el poder político, transformándose en principio aplicado de manera casuística, derivado de las conductas demostradas frente a las prácticas del Estado.

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

Durante la década de los noventa, las políticas configuradoras del sistema de Educación Superior presentaron una evidente continuidad respecto al régimen precedente. Su consolidación se expresó en la publicación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada el

último día del régimen autoritario. Los principios se mantuvieron y las políticas implementadas posteriormente vinieron a asumir las deficiencias propias que presentó el nuevo modelo.

Durante la década del noventa, las universidades presentan importantes cambios vinculados a un aumento en sus niveles de autonomía, aunque los estatutos de las universidades estatales continuaron siendo los generados durante la dictadura. Para su modificación, estos debían ser aprobados por ley, a través de la autorización del Congreso al Presidente(a) de la República para dictar un Decreto con Fuerza de Ley. Dentro de los principales cambios durante el periodo, es posible destacar las transformaciones en las atribuciones y en el nombramiento de sus autoridades unipersonales y colegiadas, así como en aspectos vinculados a la libertad de cátedra y desarrollo académico.

De este modo, es posible caracterizar el sistema chileno durante la década del 90 en base a:

∙Marco normativo y estatutos de universidades estatales con origen en la dictadura.

∙ Desvinculación del Estado con las universidades públicas expresada en la diversificación

172

de las fuentes de financiamiento, fondos competitivos y criterios de desempeño, con base en el discurso de la autonomía financiera de las IES respecto del Estado (Ruiz, 2005). Se construye de esta manera, la idea de autonomía financiera o autonomía de mercado (Vaccarezza, 2006).

∙Proliferación de IES privadas, principalmente al inicio de la década, y crecimiento de la matrícula al interior de estas con repercusiones asociadas a la calidad.

∙Consolidación de la lógica de mercado en Educación Superior.

Desde el 2000 al 2014, las medidas han tendido a abordar las problemáticas expuestas a partir de políticas públicas que modifican algunos aspectos y que mantienen otras dimensiones. Dentro de ellas se encuentran: políticas orientadas a fomentar la calidad de las IES y programas regulando, a partir de procesos evaluativos, aspectos académicos y administrativos; aumento en los recursos públicos contra resultados y sobre la base de la rendición de cuentas para el financiamiento institucional; ampliación del sistema de beneficios estudiantiles sobre la base de becas y un sistema crediticio con garantía estatal; modificación de los estatutos de la Universidad de Chile, pero continuidad en los estatutos del resto de las universidades estatales y también en las restricciones en la participación de estudiantes, académicos y funcionarios en los procesos de toma de decisiones de las instituciones y promulgación de la Ley General de Educación, con continuidad en lo relativo a Educación Superior de acuerdo a lo establecido en la LOCE.

Las instituciones de Educación Superior se enmarcan en un tipo de relación con el Estado que, sin ser dependientes de él, presentan limitaciones en su autonomía en el ámbito del proceso de toma de decisiones. En términos normativos, se observan avances tendientes a aumentar los niveles

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

de autonomía. Por un lado, cambian los mecanismos de elección de autoridades y, además, la Universidad de Chile reformula sus estatutos tendiendo hacia una lógica de mayor democratización (Droguett, 2012) y, por otro lado, se consolida un sistema de mercado, estableciendo niveles de dependencia del autofinanciamiento y de los mecanismos de competencia. En el marco de una

dimensión más bien académica, aunque vinculada a una de carácter económico financiero, se encuentra la consolidación de diversos mecanismos de rendición de cuentas, que amenazan la autonomía cuando esta es analizada desde sus concepciones iniciales o fundamentales, es decir, cuando se analiza desde la capacidad de la Universidad de otorgarse sus objetivos y fines.

En este escenario, es posible evidenciar la tensión existente entre las demandas por procesos de democratización al interior de las universidades o mayores niveles de autonomía (desvinculación del Estado) y de mayor regulación del Estado en materia de marco regulatorio y financiamiento (Droguett, 2012). De esta manera, las demandas estudiantiles han buscado aumentar los niveles de participación dentro de las IES, poner fin a la desregulación existente y aumentar los recursos.

En relación al rol del Estado, Oyarzún (2011) señala que este no ha generado instancias que permitan instalar un debate ciudadano y nacional para hacer política de Educación Superior, por lo que prima una mirada tecnocrática por sobre una mirada política.

El gran cuestionamiento que surge, por tanto, tiene que ver con que, hasta la dictadura, las	173
demandas vinculadas a la democratización y a la autonomía universitaria, constituían una bandera de
lucha del movimiento social. En el Chile postdictatorial, en el marco del libre mercado de la
Educación Superior, pareciera que esta demanda se encuentra subsumida a otras más relevantes que
ponen en el centro del debate la regulación.
Chile ha experimentado en los últimos 10 años importantes procesos de movilización social,
liderados y vinculados a las demandas estudiantiles. Así también, han existido momentos en los que
este movimiento ha desencadenado transformaciones o ha impactado en el marco regulatorio y en
las políticas públicas. Destacan a nivel universitario durante el periodo de postdictadura, el
movimiento de 1997, el movimiento de 2005, el movimiento durante el año 2006 y el movimiento
del año 2011.
Durante el año 1997 el movimiento estudiantil nació como una reacción frente al proyecto
de Ley de Modernización de las Universidades del Estado o Ley Marco en donde se proponían
lineamientos generales para los estatutos de las 16 universidades estatales. Inicialmente cada
federación de estudiantes presentó demandas locales, en muchos casos vinculadas a una mayor
entrega de recursos y, además, demandas generales coincidentes respecto a la generación de nuevos
estatutos democráticos relacionados con propuestas de cogobierno, triestamentalidad y a la
definición de temáticas relevantes sobre la relación de las universidades con el Estado. Durante el
desarrollo del proceso, el movimiento fue creciendo e incorporando dentro de su discurso críticas al
sistema de financiamiento estudiantil en su conjunto. Finalmente, el movimiento desembocó en el

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

retiro del proyecto del Ley Marco y en la generación de los nuevos estatutos de la Universidad de Chile.

Las movilizaciones del año 2005, convocadas por estudiantes secundarios y universitarios inicialmente desencadenan para el nivel superior mejoras en las condiciones de los tres primeros quintiles pertenecientes a las universidades tradicionales a través del acuerdo MINEDUC-

CONFECH, y conlleva en consecuencia, la aprobación de la ley que amplió el sistema crediticio a todas las instituciones de Educación Superior del país.

Las movilizaciones del 2006 tienen su génesis en el movimiento del año 2005, bajo la conducción de los estudiantes secundarios. Sus demandas presentaron un carácter sistémico y se vincularon a los campos de la educación básica, secundaria y superior y a las condiciones laborales de los profesores. Dentro de ellas destaca también la demanda histórica por la gestión democrática de las instituciones de Educación Superior como resultado de la participación triestamental. El denominado movimiento por la educación resulta relevante pues presenta dentro de sus consecuencias la conformación del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, en donde participaron representantes del movimiento universitario. En dicho consejo, confluyen las demandas de los estudiantes en su conjunto que presentan un carácter más estructural, cuestionando no solo algunas políticas, sino que además, la ley orgánica que amparaba todas las medidas adoptadas en

materia de educación escolar y superior. Esta instancia de encuentro entre el movimiento social y el 174 Estado no presentó un carácter deliberativo y derivó en la promulgación de la Ley General de Educación que, como ya se mencionó anteriormente, mantenía en lo esencial para el ámbito de la Educación Superior las mismas disposiciones establecidas en la LOCE.

Las modificaciones generadas al sistema de elecciones de autoridades para las universidades estatales, el cambio en los estatutos de la Universidad de Chile y la promulgación de una nueva ley general de educación que, en lo sustantivo, no modificó la LOCE, no constituyen elementos suficientes para hablar de la recuperación de los niveles de autonomía con los que el sistema funcionaba antes del Golpe de Estado de 1973.

El movimiento estudiantil del año 2011, esta vez liderado por los estudiantes universitarios, trajo consigo cuestionamientos relevantes al sistema aludiendo incluso a las limitaciones que presentaba la democracia chilena para realizar las transformaciones requeridas en materia de Educación Superior y escolar. Es así como el movimiento levantó críticas sustantivas al tipo de vínculo existente entre las instituciones de Educación Superior y el Estado, estableciendo demandas relativas al término del lucro, a las mejoras en la calidad y a la instalación de la gratuidad de la Educación Superior.

Cuando se analiza el movimiento desde la perspectiva de los procesos, es posible evidenciar que las temáticas relativas a la democratización interna y a la autonomía pasan a ser menos relevantes que cuestiones referidas a la regulación del mercado por parte del Estado. Sin embargo, es posible

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

dar cuenta del foco que presenta la crítica al sistema neoliberal y a la institucionalidad heredada de la dictadura.

Las movilizaciones del año 2011 presentaron un carácter masivo, nunca antes visto desde el retorno a la democracia, reconfigurando además la agenda pública y partidaria. Estas se expresaron en las tomas y paros de un importante número de escuelas y universidades, en múltiples manifestaciones masivas que congregaron a más de 100 mil participantes por convocatoria y que concitaron el apoyo del Consejo de Rectores de Chile, de colegios y universidades particulares y el

respaldo de importantes sectores de la sociedad civil1. Así, se instalaron en el debate público las ideas de gratuidad y fin al lucro. El cambio de gobierno del año 2014 permitió materializar algunas de estas transformaciones y dar un giro al interior de la política pública, generando un proyecto de ley que se encuentra pronto a ser promulgado.

En la actualidad Chile vive un proceso de reforma en el sistema de Educación Superior, donde el concepto y la pregunta por la autonomía universitaria está lejos de jugar el rol central vinculado a los procesos de cambio social y de democratización en el país. El eje del nuevo marco regulatorio, está puesto en la regulación del sistema, y es desde ahí donde surge el debate político relativo a la autonomía. El nuevo proyecto introduce algunas modificaciones en la normativa interna de las universidades estatales, pero por sobre todo, instala la gratuidad, la regulación de aranceles y

genera la institucionalidad para resguardar la calidad de la Educación Superior y la sustentabilidad de 175 sus instituciones a través de un sistema de aseguramiento de la calidad que incorpora una subsecretaría y una superintendencia.

Resulta curioso que los cuestionamientos respecto del proyecto de Ley que ponen en el centro de la crítica las limitaciones a la autonomía universitaria provengan de la derecha. El Centro de Estudios Públicos (CEP), organismo vinculado al mundo conservador, publicó un artículo en donde analiza las limitaciones a la autonomía universitaria que se desprenden del proyecto de ley a partir de los criterios de la Comunidad Europea (Correa, 2017). En él se ponen en el centro del debate sobre la calidad los conceptos de autonomía y accountability.

Lo planteado por Correa articula algunos de los principales argumentos expuestos en el debate por sectores de derecha y de centro. En términos generales, señala que el proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet limita la autonomía en muchas de sus dimensiones, tanto para las instituciones estatales como para aquellas que se acojan a la gratuidad. Junto con la realización de recomendaciones, Correa va a criticar el diseño institucional generado para articular el sistema y particularmente, va a establecer críticas sobre algunos de los siguientes puntos.

•El proyecto presentaría limitaciones a la autonomía organizacional al establecer la elección de los rectores por parte de los académicos, ya que esto podría promover la elección en base a intereses corporativos.

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

•La incorporación en las universidades de representantes del gobierno se profundiza, ya que se introduce la figura del Consejo Directivo en reemplazo de las juntas directivas, con 4 representantes del Presidente(a) de la República. Este órgano colegiado presentaría un importante poder de veto.

1 El Latinobarómetro 2011, muestra cómo la sociedad chilena fue impactada por el proceso de movilizaciones. En la pregunta por el problema más importante de cada país, Chile ubica a la Educación en primer lugar, dejando en segundo plano el problema de la delincuencia. En la encuesta CEP realizada durante junio y julio de 2011, un 80% de los encuestados rechazó que los dueños de establecimientos educacionales tanto de nivel escolar como de nivel universitario, obtuvieran ganancias con la educación, apoyando la demanda central del movimiento para terminar con el lucro en la educación.

• El proyecto impondría limitaciones en materia financiera para las universidades estatales y las privadas que adscriban al sistema de financiamiento institucional al “fijarse la cantidad y tipo de fondos que podrían recibir dichas instituciones y restringir la facultad que tendrían las mismas de cobrar aranceles” (Correa, 2017, p. 39). Estas disposiciones son el resultado de la instalación de la gratuidad en el sistema de Educación Superior.

• Se mantendría, en términos generales, la autonomía de las instituciones de Educación

•La autonomía académica quedaría fuertemente restringida. Las instituciones estatales y privadas adscritas al sistema de financiamiento perderían su autonomía para definir el número de estudiantes, abrir y cerrar carreras y seleccionar a sus estudiantes. Además, se establecería un sistema de acreditación obligatorio, cuestión que haría que los niveles de autonomía con los que operan las IES dependiera del funcionamiento de la comisión acreditadora.

En síntesis, Correa cuestiona los principales elementos que se vinculan a la gratuidad y plantea que el proyecto debería restringir las atribuciones del Estado en materia de regulación, a través, por ejemplo, de la limitación en las funciones de la nueva institucionalidad.

En relación a los cuestionamientos planteados, el discurso parece coherente con lo establecido por los sectores conservadores en los diferentes periodos analizados. Sin embargo, resulta paradójico que los sectores vinculados a la dictadura que intervino el espacio universitario en múltiples dimensiones, formulen la crítica amparándose en el resguardo de la autonomía universitaria. Estos elementos dan cuenta del giro en torno al significado político del concepto.

Algunas reflexiones finales

El movimiento estudiantil chileno surgió a partir de los proyectos radicales vinculados a la izquierda obrera en el Chile de comienzos del siglo XX. Este se fue configurando hasta desembocar en el proceso de reforma universitaria, para luego constituir parte importante de la resistencia a la dictadura. En la actualidad ha sido uno de los motores de cambio más importantes en la legislación

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

y en las políticas públicas. El movimiento estudiantil ha estado vinculado a la idea de un proyecto país, el cual ha variado de acuerdo al contexto y, además, ha presentado diferencias y cambios en las prioridades respecto de las temáticas corporativas, de las concepciones de Universidad y del sistema de Educación Superior en general.

A modo de síntesis, y en relación con la problemática expuesta inicialmente, es posible identificar tres momentos en donde la autonomía presenta una vinculación distinta con los actores políticos y sociales, y en donde el concepto adquiere sentidos y significaciones diferentes:

• Un primer momento, en donde la autonomía se vinculó al movimiento por la reforma universitaria, a la democracia, a los procesos de democratización internos y a las transformaciones sociales. Tanto el concepto de autonomía como el concepto de Universidad, se pusieron al servicio del pueblo y los trabajadores.

• Un segundo momento, durante la dictadura, en donde la Universidad fue asociada al proyecto político de izquierda derrocado por el Golpe de Estado de 1973 y, por tanto, fue comprendida como un centro de resistencia que debía ser intervenido, anulando casi completamente su autonomía. En este periodo el concepto de autonomía continuó siendo parte de la configuración discursiva de los actores políticos y sociales de izquierda.

• Un tercer momento, en donde el concepto de autonomía da un giro, y aunque es

resguardado desde los movimientos sociales como parte de las demandas por democratizar las	177
instituciones en al menos una de sus dimensiones, es apropiado por los partidos y actores políticos
de derecha para mantener el status quo y los cimientos neoliberales del sistema de Educación
Superior.
Tanto los momentos identificados, como los contenidos o resignificaciones, permiten
cuestionar supuestos respecto al sentido de la autonomía universitaria. Los elementos señalados
pueden resultar interesantes hipótesis respecto de lo paradójico que resultan los cambios en la
concepción de la autonomía, cuando se establecen desde veredas ideológicamente opuestas.

BIBLIOGRAFÍA

Barrera, M. (1968). Trayectoria del Movimiento de Reforma Universitaria en Chile, Journal of Inter-American Studies, 4(10), 617-636.

Correa, J. (2017). Autonomía de las instituciones de educación superior en el proyecto de ley de educación superior. Una mirada desde la perspectiva de los criterios de la comunidad europea. Debates de Política Pública, 20. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Donoso, S. (1988). Universidades Chilenas: 20 Años de Discontinuidades (1968-1988). En J. L. Gómez-Martínez, F. Pineda, M. A. Illanes et al. (Edit.), Los ensayistas. Chile: 1968-1988. Georgia: University of Georgia.

Droguett, N. (2012). Política de Educación Superior y Movimiento Estudiantil: Los límites y oportunidades de la democracia chilena (tesis de maestría), Distrito Federal: FLACSO-México.

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.

INTEGRACIÓN Y CONOCIMIENTO	N° 8
ISSN 2347 - 0658	Vol 1, Año 2018

Enders, J., de Boer, H. & Weyer, E. (2012). Regulatory autonomy and performance: the reform of higher education re-visited Higher Education. Special Issue: Transforming Universities in Europe, 1(65), 5-23.

Gómez, G. (1979). La Autonomía Universitaria en Chile. Distrito Federal: Casa de Chile. Serie Cuadernos Casa de Chile 23.

Hellman, J. (1992). The Study of New Social Movements in Latin America and the question of Autonomy. En A. Escobar & S. Alvarez (Edit.), The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy (52-61). Boulder: Westview Press,

Levy, D. & Serrano, S. (1988). Higher Education in Chile: Transformations in the role of the state and the marketplace. En J. L. Gómez-Martínez, F. Pineda, M. A. Illanes et al. (Edit.), Los ensayistas. Chile: 1968-1988, Georgia: University of Georgia.

Mayol, A. (2011). La Transición Social a la Democracia. Revista Anales, 2, 37-54.

Meller, P. y Meller, A. (2007). Los Dilemas de la Educación Superior: el caso de la Universidad de Chile. Santiago: Taurus.

Ornelas, J. (2008). Reflexiones en torno a la autonomía universitari. En E. Sader, P. Gentili, y H. Aboites (Comps.), La reforma universitaria: desafíos y perspectivas noventa años después. Buenos Aires:

CLACSO.

Oxhorn, P. (2011). Sustaining Civil Society: Economic Change, Democracy and the Social Construction of Citizenship in Latin America. University Park: The Pennsylvania State University Press.

Oyarzún, P. (2011). Las humanidades, lo público y la Universidad. En J. J. Brunner y C. Peña

(Edit.), El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado, Santiago: Ediciones Diego Portales. 178

Ruiz Schneider, C. (2005). Educación, Universidad y Democracia en Chile, Revista de Sociología, 19, 87-100.

Vaccarezza, L. (2006). Autonomía universitaria, reformas y transformación social. En H. Vessuri (Comp.), Universidad e investigación científica, Buenos Aires: CLACSO.

Recibido: 20 de Febrero de 2018

Aceptado: 20 de Mayo de 2018

Dossier Especial: A Cien Años de la Reforma Universitaria de 1918.