GUERRA DE INDEPENDENCIA Y CONFLICTO SOCIAL EN SALTA.

TERRITORIALIDAD Y FRONTERAS POLÍTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES. 1810-1840.1

Sara Mata de López* y Eulalia Figueroa**

La disgregación de los territorios que conformaban los dominios de España en América y el surgimiento de las naciones latinoamericanas es probablemente uno de los problemas historiográficos más recurrentes. En las dos últimas déca- das nuevas perspectivas teóricas llevaron a la revisión del conflictivo período de la independencia hispanoamericana considerando que la misma presentó una difícil encrucijada para quienes participaron en ella, y constituyó una experiencia política y social inédita, cuyos resultados eran difíciles de predecir. La construc- ción de los estados nacionales pasó así a considerarse el resultado y no la condi- ción primera que otorgaba sentido a las prolongadas luchas que tuvieron por escenario a las colonias españolas en América2. La categoría nación adquiere especial relevancia cuando se la identifica con soberanía y territorialidad. Sostie- ne Mónica Quijada que «Una comunidad política ligada a un territorio y fundada en la soberanía popular es precisamente lo que en el siglo XIX tendería a identi- ficarse con el Estado-Nación», pero la vinculación entre nación y territorio no es automática. Serán los cambios políticos y militares que se inician con la revolu- ción a principios del siglo XIX los que llevarán a la construcción de nación cívica o política que condujo a una identificación entre comunidad política y definición territorial3.

Para refutar la noción de territorio naturalmente delimitado para la nación argentina desde el pronunciamiento de Mayo en Buenos Aires, será necesario

1Este trabajo forma parte del Proyecto CIUNSa. 1418 «Conflictividad, sociedad, economía y poder en Salta y el NOA. Desde la colonia a la consolidación de la independencia». Una versión preliminar del mismo fue presentado en las 3ras. Jornadas de Historia Económica, Asociación Uruguaya de Historia Económica, Montevideo, Uruguay, 2003. Agradecemos los comentarios vertidos en esa oportunidad así como la evaluación posterior realizada por la Revista y en especial a Ana Inés Punta.

* CEPIHA- Facultad de Humanidades. UNSa- CONICET- CIUNSa. ** CEPIHA- Facultad de Humanidades. UNSa. CIUNSa.

2 Actualmente, los estudios sobre el concepto de nación y los procesos políticos emergentes de la ruptura colonial en la historiografía argentina han replanteado el análisis del período y supera- do el constructo identitario de Nación inaugurado por Mitre. (Chiaramonte, 2000: 33).

3 Quijada, 2002: 180-181.

Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 7, Secc. Art., CIFFyH-UNC, Córdoba 2005, pp. 129-151

[ 129 ]

 

entonces prestar atención a los espacios regionales y a las jurisdicciones adminis- trativas del Virreinato del Río de la Plata, en tanto sólo en ellos podrán ser inteligibles las transformaciones que incidieron en la definición territorial del esta- do nación argentino. Tal es el caso de la Intendencia de Salta del Tucumán y particularmente de las ciudades de Salta y Jujuy estrechamente vinculadas eco- nómica y socialmente con el espacio surandino.

Entre los múltiples problemas que se plantearon en el Alto Perú y el Río de la Plata, al finalizar en el continente sur el proceso independentista, queremos des- tacar dos que incidieron directamente en Salta: el primero es de carácter militar por cuanto, en esos convulsionados años, incluso el poder político residía en quienes dirigían al ejército. El segundo es político y está relacionado con la crisis en la península, porque al implantarse nuevamente la monarquía constitucional, en 1820, el ejército realista quedó dividido y con serios problemas internos de conducción. El General Olañeta permanecerá en el Alto Perú con una sección militar defendiendo el sistema absolutista y desconociendo la autoridad del virrey la Serna –adicto al constitucionalismo– que se estableció en el Cuzco. En tanto, un sector civil de Buenos Aires, pretendió liderar el destino del estado en forma- ción a pesar de la anarquía que reinaba en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En esta primera aproximación al problema de las identidades políticas que se construyeron en el contexto de la guerra de independencia y en las luchas inter- nas por el poder -que incidieron en la construcción estatal y en la determinación de fronteras territoriales- es preciso observar la conflictividad social, los intereses económicos y los posicionamientos políticos locales en el contexto de la guerra de independencia de la América del Sur. Nos interesa analizar la resolución del problema territorial en un espacio alejado de las antiguas capitales virreinales que, a pesar de todo y mas teórica que prácticamente trataron de seguir ejercien- do un papel dirigente. Las relaciones con el Alto Perú resultan así un problema nodal porque éste quedó bajo la jurisdicción militar del ejército colombiano que avanzaba desde el norte y que reconocía la legalidad de la pertenencia de este territorio al Río de la Plata.

Salta y la guerra de independencia en el espacio andino

Analizar el proceso de construcción de identidad política y de definiciones territoriales sobre la cual se habrá de ejercer poder, en el caso de la Intendencia de Salta del Tucumán,-espacio que nos parece sumamente interesante de obser- var en el contexto de la construcción de los estados nacionales hispanoamerica- nos- nos obliga a centrar nuestra atención en los cambios políticos, económicos y sociales que tienen lugar a fines de la colonia y su incidencia para Salta y su jurisdicción.

130

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

En primer lugar es importante tener en cuenta la reorganización administrati- va implementada por los Borbones al crear el Virreinato del Río de la Plata, incorporando en sus territorios a la antigua jurisdicción de Charcas, en la cual se encontraba el centro minero de Potosí, la Audiencia de Charcas y la Universidad de San Javier, además de las importantes ciudades de la Paz y Cochabamba, las tierras bajas orientales y Tarija. Pocos años pasarían entre la creación del nuevo Virreinato y la implementación del sistema de Intendencias, que entraría en vi- gencia en 1784. La Gobernación de Charcas se dividiría en las Intendencias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Charcas, mientras que la Gobernación del Tucu- mán se fragmentaba en las Intendencias de Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán, cuyas capitales fueron respectivamente las ciudades de Córdoba y Salta. Un dato importante lo constituye la creación de la Audiencia de Buenos Aires de la cual dependían las resoluciones judiciales de la Intendencia de Salta del Tucumán, separándola de las intendencias altoperuanas que permanecieron bajo la jurisdicción de la Audiencia de Charcas.

Todas estas medidas de carácter político administrativo, tuvieron como resul- tado la centralización del poder en unas pocas ciudades capitales, lo cual generó conflictos entre ellas y las que les estaban subordinadas. A esto se sumaba la definición de una territorialidad política y administrativa centralizada en el litoral atlántico, cada vez más dominante en el intercambio mercantil con las potencias europeas y la incorporación por razones estratégicas y económicas del Alto Perú, cuya problemática social, económica y política difería sustancialmente de Bue- nos Aires, capital del virreinato que demostraría acabadamente su incapacidad para imponer su autoridad en esas alejadas regiones4.

Además de los cambios que significaron para Salta convertirse en ciudad capital de Intendencia, con la consiguiente instalación de autoridades y burócra- tas borbónicos, tanto la ciudad como su jurisdicción experimentaron -como con- secuencia de la recuperación de la producción de plata y del crecimiento de la población en los andes- una mayor demanda de ganado mular y vacuno e im- portantes corrientes migratorias hacia las jurisdicciones de Salta y Jujuy. La pre- sencia de población indígena procedente de diferentes regiones altoperuanas, particularmente de Chichas, instalada en el valle de Lerma, y aquella que cada vez en mayores proporciones migraba desde Tarija para instalarse en la frontera con el Chaco, contribuyeron a reforzar la vinculación social y cultural de la juris- dicción de Salta en el espacio andino ya que preservaron sus relaciones familia- res en los lugares de origen, así como las lenguas y las costumbres. Si bien no

4En 1809, cuando algunos Oidores desconocieron en Charcas la autoridad del Presidente de la Audiencia y propiciaron la creación de una Junta, el ejército enviado desde Buenos Aires para reinstalar a la autoridades llegó cuando ya el Gobernador Intendente del Cuzco- enviado por el Virrey del Perú- había ingresado a Chuquisaca y reprimido la revuelta (Arnade, 1964: 43-44).

131

 

todos participaron de la arriería, esta actividad que involucraba todos los años a parte de la población masculina de la jurisdicción, requería conocer el territorio andino, contribuía a establecer amistades, a transmitir noticias, a recoger infor- mación y a comentar ideas en las largas jornadas de trajín. No habrá de extra- ñarnos que los hombres que mejores servicios prestarían en el ejército enviado por Buenos Aires a las provincias del Alto Perú en la guerra de independencia fueran procedentes de las jurisdicciones de Salta y Jujuy.

El crecimiento de la población, con la correlativa complejidad social que ello representaba, se correspondió con una progresiva presión sobre la tierra, particu- larmente en el valle de Lerma (donde se encuentra ubicada la ciudad) y con la expansión de las estancias hacia el este, sobre el Chaco, ocupado por pueblos no reducidos a la dominación española5. El crecimiento de la «plebe» urbana y rural sumado al constante temor a las revueltas y motines, fortalecido después de 1780, impulsó un sostenido proceso de militarización de la sociedad, que culmi- nó con la organización de las Milicias Regladas en 18036.

Por último, el comercio mular con la región andina se intensificó en las dos últimas décadas a punto tal que fue monopolizado por una compañía formada por comerciantes altoperuanos aliados matrimonialmente con familias de estan- cieros en cuyas tierras invernaban las tropas procedentes de Córdoba y de Santa Fe, antes de iniciar su largo viaje al Perú. Las relaciones con el Alto Perú no fueron tan sólo económicas ya que el matrimonio y los estudios, realizados por buena parte de los hijos de la elite en la Universidad de Chuquisaca, contribuye- ron a consolidar los lazos de las familias notables salteñas con las del Alto Perú.

Intentar comprender cómo se fueron construyendo espacios asociados a iden- tificaciones políticas en el transcurso de la guerra de independencia nos obligará a prestar atención a los conflictos sociales y políticos que tuvieron lugar durante la misma así como también los intentos de pacificación social y legitimación posteriores teniendo en cuenta en todo momento la estrecha vinculación de Sal- ta y Jujuy con las «provincias de arriba». No se puede tampoco obviar la relevan- cia de la conflictividad social que se convierte en insurgencia y movilización mili- tar de la población de la campaña en el transcurso de la guerra7 así como la perentoria necesidad de las elites locales de retomar el control sobre ellas para utilizarlas en dirimir cuestiones internas de poder.

5Mata de López, 2000.

6 Mata de López, 2003.

7 En relación a los conflictos generados por la militarización y la insurgencia revolucionaria en Salta la bibliografía es nutrida. El tema ha sido tratado por Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López a fines del siglo XIX y en el ámbito local por Bernardo Frías (Frías, 1972). La historiografía local ha puesto el acento en el accionar de Martín Miguel de Güemes, en un proceso de idealización heroica de la gesta güemesiana. Un texto clásico en la interpretación de la insurgen- cia revolucionaria saltojujeña es el excelente trabajo de Tulio Halperín Donghi (Halperín Don- ghi, 1972).

132

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

A partir del complejo panorama planteado podremos explicarnos la fuerte adhesión realista manifestada por parte del vecindario de estas dos ciudades, la cual fue disimulada, en un primer momento, ante el temor que imponen los fusilamientos ejecutados por Juan José Castelli, en Córdoba8. Esta fidelidad a la causa del Rey se hará explícita cuando en 1812, vencido Castelli en el Alto Perú, el jefe realista Pío Tristán ingrese con sus tropas en la ciudad de Salta9. Luego de las victorias de Manuel Belgrano en Tucumán y Salta10, numerosas familias pre- firieron acompañar a los realistas en su retirada hacia el Perú. Las relaciones comerciales y familiares facilitaban el exilio. Entre quienes se fueron siguiendo las tropas del rey se encontraba Pedro Antonio Olañeta, vecino de Jujuy y con fami- liares en Chuquisaca. Olañeta fue luego el jefe realista que tuvo a su cargo la vanguardia del Ejército del Rey.

La emigración de muchas familias realistas posicionó con más fuerza en el ámbito urbano a aquellos miembros de la elite que apoyaron al movimiento de Buenos Aires y mantuvo en una expectante calma a quienes trataban de soste- ner una actitud menos comprometida, a la espera de la resolución de los conflic- tos, todo ello en un clima claramente conspirativo. Nuevamente, los reveses sufri- dos por el Ejército Auxiliar en las provincias altoperuanas en 1813, facilitarían una nueva invasión de las provincias de Salta y Jujuy por tropas realistas. Pero en esta oportunidad el apoyo recibido fue notoriamente menor y para poder sostener a su ejército, y proveerse de ganado y mulas debieron confiscarlos en las propiedades que se encontraban al sur de la ciudad de Salta, en el valle de Lerma. Las incursiones realistas en el ámbito rural fueron resistidas, dando inicio así a una insurrección que en ese valle tuvo por protagonistas a pequeños y medianos productores rurales, algunos de ellos incorporados a las milicias desde 1811 y otros que adhirieron a la causa revolucionaria en defensa de sus bienes, principalmente el ganado11. En 1814 se generalizó así un movimiento insurreccio- nal que abarcando a la quebrada de Humahuaca, Tarija, los territorios de la frontera con el Chaco, se articuló en el contexto de la guerra de independencia con el liderazgo de Martín Miguel de Güemes, un jefe militar natural de Salta y hasta ese momento marginado del ejército auxiliar12.

8En Junio de 1810 Juan José Castelli, Jefe del Ejército Auxiliar del Norte, fusila a los cabecillas de un intento de restauración del poder realista.

9 Con la presencia de Tristán en Salta, en el mes de enero de 1812, en una ceremonia pública se juró la Constitución de Cádiz.

10 El ejército auxiliar se repliega en Tucumán, siendo designado Manuel Belgrano en reemplazo de Castelli. Belgrano detendrá primero a los realistas a las afueras de la ciudad de Tucumán en setiembre de 1812 y en febrero de 1813 los enfrentará al norte de la ciudad de Salta logrando su rendición. En las tropas que Belgrano comandara participaban jefes y soldados procedentes de las provincias altoperuanas incorporados al ejército de Buenos Aires.

11 Mata de López, 1999: 168; 2002b: 122-123.

12 Güemes había sido designado por José de San Martín al hacerse cargo del derrotado ejército

133

 

Mientras esto sucedía en el ámbito militar desde Buenos Aires se implementa- ban medidas políticas y administrativas que modificaban la organización territo- rial de la jurisdicción de la Intendencia de Salta. Precisamente después de la expulsión de los realistas de los territorios salto-jujeños, el Director Supremo dis- ponía la división de la Intendencia de Salta del Tucumán al crear la provincia de Salta con jurisdicción sobre Jujuy, Orán y Tarija, que desde el inicio de la guerra de la independencia habían afirmado su integración con Salta13.

A partir de 1814, para la población rural el enemigo fue definido como realis- ta, y la guerra de independencia en América del Sur, uno de cuyos escenarios serán los territorios altoperuanos y los de Salta y Jujuy, contribuirá a definir una identidad política que diferenció a «los amantes de la justísima causa de la liber- tad de la Patria» de quienes «pretenden volvernos a la esclavitud de la domina- ción hispánica». También se definieron las diferencias con Tucumán y las «pro- vincias de abajo», en la medida en que la Provincia de Salta quedó integrada a los territorios en los cuales continuaba la guerra de independencia.

Ese año de 1814, las guerrillas y montoneras altoperuanas asestaron impor- tantes derrotas a los ejércitos realistas. Los jefes de estas guerrillas integradas por indios, mestizos y gente de «color» reconocieron sistemáticamente la autoridad del Ejército Auxiliar del Norte enviado por Buenos Aires, y se incorporaron al mismo en las tres oportunidades en que éste se internó en las provincias altope- ruanas. Se percibían por lo tanto como integrantes de una misma comunidad política, identificada como «nación americana».

Las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija y las provincias altoperuanas quedaron sin auxilio militar de Buenos Aires, luego que el derrotado ejército de José Ron- deau se instalara en Tucumán en 1816. Por decisión del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, los esfuerzos militares se concentraron en el ejército de los Andes.

En Salta, Jujuy y Tarija la insurrección y la guerra adoptarán las formas y los procederes de la guerrilla altoperuana. En 1815 Martín Miguel de Güemes -Jefe de la Vanguardia junto con Apolinario Saravia- lideró a los caudillos locales de las jurisdicciones de Salta, Jujuy y Tarija en la resistencia contra las fuerzas rea- listas y se encaramó en el poder haciéndose nombrar por el Cabildo de Salta como gobernador de la provincia. Poco después desafía el poder del ejército de Rondeau y comienza a apoyar activamente a Manuel Asencio Padilla, caudillo representativo de la insurrección en Cochabamba14.

Auxiliar comandado por Belgrano como Comandante de Vanguardia en las Conchas, en la frontera del Rosario, rango que compartirá con Apolinario Saravia Jefe de Milicias Regladas de Salta, designado Comandante de Vanguardia en Guachipas, al sur del Valle de Lerma.

13Tarija se incorpora a la Intendencia de Salta al crearse el Obispado de Salta en 1807, pero la Ordenanza Real que lo dispuso fue decepcionada en Salta en 1809 (Toscano, 1907: 499).

14Mata de López, 2002a.

134

 

S. Mata de López y E. Figueroa Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

Resulta de sumo interés comparar las actitudes asumidas tanto por Güemes primero, como por Padilla después con relación a Rondeau, ya que si bien ambas respondían a situaciones diferentes, expresaron una contundente respuesta al accionar de Rondeau para desarticular el poder militar de los caudillos locales. Tanto Manuel Asensio Padilla como Martín Miguel de Güemes dejaron bien en claro que ellos luchaban por la «libertad americana» independientemente de la acción de las tropas porteñas. Ambos colocaron el éxito de la revolución en la propia insurgencia popular y no en las fuerzas militares organizadas y sostenidas por las Provincias Unidas del Río de la Plata, a pesar de lo cual se consideraban todos ellos oficiales de una misma nación15.

Las relaciones de Güemes con los caudillos altoperuanos suponían la subor- dinación militar y la estrategia militar conjunta cuando esto era posible. De este modo el poder de Güemes fue considerable en tanto accionaba autónomamente en relación al ejército auxiliar acantonado en Tucumán, el que bajo la conduc- ción de Manuel Belgrano dejará de oponérsele mientras logre controlar las incur- siones realistas, sin recibir suficiente ayuda en dinero ni en hombres. La insisten- cia de Güemes en que era preciso acudir en apoyo de los caudillos altoperuanos para derrotar definitivamente a los realistas, y de esa manera liberar tanto ese territorio como Salta, le otorgaba autoridad sobre ellos.

El año de 1816 fue realmente difícil para las armas patriotas. Ese año los realistas derrotaron y dieron muerte a los caudillos Idelfonso Muñecas (en Aya- ta), Vicente Camargo (en Cinti), Manuel Asencio Padilla (en La Laguna) e Igna- cio Warnes (en Santa Cruz de la Sierra). Dispersos, los insurgentes intentaron reorganizarse. Algunos oficiales que integraban las fuerzas de Padilla solicitaron ayuda a Martín Miguel de Güemes a quien consideraban «.... verdadero Padre

Protector y verdadero defensor de nuestra libertad; pues no dudamos del amor y compasión que nos profesa». Fue Güemes quien designó como sucesor de Padilla a Mariano Acebo, natural de Charcas, quien servía de Mayor en el Segundo Batallón del Regimiento de Infernales de Salta16.

A pesar de los esfuerzos de Güemes, el hostigamiento y la guerra contra los realistas se concentró luego de 1816 en la guerrilla de Ayopaya, cuyos líderes reconocieron a Güemes como Jefe militar y de esta manera se legitimaron por pertenecer al Ejército Auxiliar de Buenos Aires17. La designación a comienzos de 1821, de José Miguel Lanza, cochabambino residente en Salta, para reemplazar

15Oficio de Güemes al Director Supremo, Salta, Octubre de 1815. AGN. Gobierno 1814-1818. Sala 10. 5.7.4, (Güemes, 1980, Tomo III: 44-48); Oficio del Coronel Padilla al General Ron- deau, La Laguna, 21 de Diciembre de 1815 (Ramallo, 1919: 145 a 151).

16Carta de Mariano Acebo al Sr. Coronel General de Vanguardia don Martín Güemez, La Loma, 16 de Octubre de 1816, (Ramallo, 1919: 276-277).

17Vargas, 1982: 205- 206.

135

 

al Jefe Indio Chinchilla, no fue resistida por los oficiales de Ayopaya, quienes lo reconocieron como Jefe18.

En Salta y Jujuy, al igual que en el Alto Perú, el Ejército Auxiliar del Norte, que respondía a la autoridad de Buenos Aires, no pudo sin embargo garantizar el éxito de la revolución que quedó librado a las capacidades y accionar de la población y dirigencia local. La provincia de Salta y su jurisdicción pasó a ser, junto a Charcas y los valles orientales, escenario de una cruenta guerra civil y de una insurrección popular de bases rurales. Es cierto que las motivaciones y for- mas de la participación popular en Salta y Jujuy no pueden ser homologadas con la altoperuana sin caer en una torpe simplificación, pero también está claro que la revolución y guerra de independencia presentaron en estos territorios una diferenciación muy clara y marcada respecto al resto de las provincias ubicadas al sur.

Una distinción fundamental estuvo dada por el hecho de ser el territorio salto- jujeño el espacio disputado por las vanguardias de ambos ejércitos. Desde el cuartel instalado en Tupiza los realistas incursionaron sobre Salta en reiteradas oportunidades, mientras el ejército de Buenos Aires permanecía en Tucumán. Fue definiéndose de esta manera un sentido de pertenencia a una comunidad política deseada pero aún inexistente, expresada tanto en la genérica expresión de «patria americana» como en la más concreta de las «provincias Unidas del Río de la Plata» entre las cuales quienes hostigaban a las tropas realistas en los valles cochabambinos, en Tarija, en Salta y en Jujuy se consideraban incluidos. Pero al mismo tiempo comenzó a perfilarse un sentido de pertenencia diferente para las elites urbanas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre que se mante- nían fieles a la Corona española y habían solicitado ser consideradas parte del Virreinato del Perú.

Las jurisdicciones de Salta y Jujuy, transformadas en escenario de una guerra de recursos, percibieron su singularidad tanto en relación al resto de las llamadas «provincias Unidas» como a las altoperuanas. La proclamada –aunque no tan leal- adhesión de la elite salto-jujeña a la causa de la revolución de Buenos Aires y el reconocimiento de la autoridad emanada del Congreso Soberano de 1816,

18Lanza se encontraba en Salta desde 1816 cuando acompañó la retirada del derrotado Ejército de Rondeau. La guerrilla de Ayopaya estuvo vinculada a Güemes desde ese mismo año de 1816 a través de sus sucesivos comandantes. En 1816 Eusebio Lira recibía correspondencia con instrucciones de Güemes desde Salta. Esta comunicación continuó luego con Juan Manuel Chinchilla. En su Diario el Comandante José Santos Vargas reúne información sobre los jefes de Ayopaya señalando textualmente que «Todos los que siguen son de la época del señor coman- dante general don Eusebio Lira, nombrado por él y confirmados por el señor General don Martín Güemes de quien llegaban los despachos en forma».. De igual modo mientras fue Comandante Chinchilla «... subcesor [sic] de don Eusebio Lira, aumentó los que siguen a continuación nombrados por él y aprobados por el Señor General en jefe don Martín Güemes de quien llegaba los despachos en forma» (Vargas, 1980: 112 , 252, 404 , 413).

136

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

marcaba la diferencia con el Alto Perú, mientras que la insurrección y la guerra las incluía en un espacio muy amplio que se extendía desde el río Desaguadero hasta Rosario de la Frontera en la jurisdicción de Salta.

Facciones políticas. La muerte de Güemes y la relación con los realistas

Desde su nombramiento como Jefe de Vanguardia en 1814, el accionar de Güemes estuvo claramente orientado a construir un poder militar que despertó el recelo y la desconfianza de Buenos Aires, cuyas autoridades no dudaron en compararlo con Artigas en la Banda Oriental. Contribuyeron a sospechar acerca de las ambiciones políticas de Güemes el hecho de que éste se negara a incorpo- rar al Ejército Auxiliar del Norte las milicias que comandaba cuando José Ron- deau se internó en el Alto Perú en 1815. También por cuestionar seriamente el proceder del Ejército de Buenos Aires en Potosí, cuyos oficiales fueron acusados de saquear la ciudad. Una de las medidas tomadas por Güemes, que molestó profundamente a Rondeau, fue interceptar a los Oficiales que retornaban derro- tados hacia Tucumán con la finalidad de revisar sus equipajes para confiscar los bienes sustraídos en las ciudades altoperuanas.

Güemes comprendió que la derrota del ejército convertía en vulnerable a la Provincia de Salta y que sería necesario hacer frente a nuevas invasiones realis- tas. Compartía así las vicisitudes de los caudillos altoperuanos, y como ellos, la base de su poder residía en las milicias y en la población rural movilizada. Una diferencia importante, sin duda, consistía en su condición de Gobernador de la Provincia de Salta y su cargo de Comandante de Vanguardia del Ejército Auxi- liar, lo cual le permitió representar y otorgar legitimidad a estos jefes locales devenidos en Jefes del Ejército de Buenos Aires.

La insurrección y la movilización fueron radicalizándose alimentadas por las reiteradas invasiones realistas a la provincia de Salta donde, al igual que en el Alto Perú, el éxito de las armas del Rey y el apoyo que tenían por parte de grupos dirigentes locales fue restando poder al ejército de Buenos Aires19, e hizo posible la emergencia de líderes locales que dirigieron la lucha con un importante apoyo de fuerzas irregulares compuestas por campesinos e indígenas e intermediadas por sectores medios rurales y urbanos20. La adhesión a Martín Miguel de Güe-

19Cuando en 1814 el General Realista Joaquín de la Pezuela retomó por la armas Salta y Jujuy, contaba entre sus militares con algunos salteños, entre ellos Saturnino Castro y Pedro Antonio de Olañeta, cuyos familiares y amigos les proporcionarían apoyo. Amparados por Pezuela fueron muchos los sujetos que se cobraron revanchas y también fueron muchos los comercian- tes que aprovecharon para restablecer sus vinculaciones con el Alto Perú o cobrar sus deudas allí.

20Mata de López, 2004.

137

 

mes, si bien no estuvo exenta de conflictos y dificultades, definió la posibilidad de resistencia a los avances realistas.

Es muy difícil determinarlo, pero es verosímil suponer que en esa adhesión tuvieron importancia variados motivos, tales como el reconocimiento del fuero militar que los protegía de la justicia local, el ascenso militar que hacía posible el reconocimiento social y las posibilidades de acceder a tierras o no pagar por ellas. Para estos sectores la sensación de arbitrariedad y de injusticia sufrida durante el saqueo realista fue asociada al dominio ejercido por los «godos» o «realistas» y al orden social de la colonia, mientras que en su lucha contra ellos adquirieron conciencia del poder que poseían21.

Los escasos fondos con que contaba la provincia para pagar salarios de las milicias, obligó a permitir el saqueo de ganados para sostener a las tropas y a exigir mayores y frecuentes contribuciones a los comerciantes y hacendados. La tolerancia a delitos comunes, el beneficio a los «leales» a quienes se autorizaba a comerciar con las «provincias de arriba» y a proveer bastimentos para los hom- bres movilizados, avivó más los odios de parte de la elite hacia Güemes los cuales existían, justo es decirlo, desde antes de ser designado Gobernador. Cuan- do en 1819, Juan Martín de Pueyrredón renunció al cargo de Director Supremo, los escasos auxilios que recibía Güemes del poder central se esfumaron y la situación se tornó para Salta más difícil. Las conspiraciones para asesinar al Gobernador se reiteraron22 , encontrándose entre los conspiradores algunos Jefes militares de la jurisdicción, alentados por la oposición interna aliada con vecinos de Jujuy y Tucumán. Efectivamente, Bernabé Aráoz -Gobernador de la Provin- cia de Tucumán desde 1814- una vez retirado el ejército de Belgrano, en 1820, convocado por Buenos Aires para involucrarse en la lucha con las del Litoral, interfirió en los pocos auxilios que Córdoba y Santiago del Estero intentaron enviarle a Güemes, quien proponía avanzar sobre el Alto Perú, alentado por el éxito de San Martín en Perú y por las disensiones en las fuerzas realistas entre liberales y absolutistas.

A principios del año 1821, Güemes, en su calidad de General de Vanguardia del Ejército Auxiliar del Norte designó a Juan Manuel Lanza, Jefe de la Guerrilla de Ayopaya dando muestra de autoridad militar entre las fuerzas que resistían en el Alto Perú. Mientras, las Provincias Unidas del Río de la Plata se encontraban sumidas en una cruenta guerra civil que cuestionaba la hegemonía política del puerto de Buenos Aires.

Poco sabemos acerca de las intenciones reales de Güemes de avanzar sobre el Alto Perú y mucho se ha especulado en la historiografía salteña acerca de las

21Mata de López, 2002b: 129.

22En 1817 abortaron dos conspiraciones contra Güemes, pero más importante fue la de 1819 que involucró a varios oficiales de Güemes, algunos de los cuales se exiliaron en Tucumán (Cornejo, 1983: 331-332).

138

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

razones de Bernabé Aráoz para oponerse a Güemes23. Lo importante es señalar que cuanto más escaso era el apoyo al Gobernador de Salta por parte de la «gente más principal y decente», mayor era la «insolencia de la plebe» convertida en su principal sostén a cambio, sin duda, de mayores beneficios y reconocimien- tos.

En abril de 1821 Güemes decidió invadir Tucumán y destituir al Gobernador Bernabé Aráoz acusándole no sólo de no colaborar con los auxilios necesarios para el ejército que preparaba para el Alto Perú sino también de impedir la ayuda que otras provincias enviaban a Salta. En su decisión, sin duda, habría influido asimismo la circunstancia de que en esa provincia se encontraban refugiados buena parte de sus opositores políticos. La debilidad de Güemes quedó eviden- ciada no sólo al ser derrotado por las fuerzas de Aráoz, compuestas en parte por sus ex-oficiales, sino sobre todo por el oportunismo demostrado por sus oposito- res quienes, conocedores del revés sufrido por el Gobernador, se convocaron en el Cabildo y lo depusieron el 31 de mayo. La llegada de Güemes con sus fuerzas y su reposición en el poder convenció a sus enemigos, de que sin contar con sufi- ciente apoyo militar resultaría imposible destituir a Güemes. Los intentos de la oposición por involucrar en este acto a José Ignacio Gorriti, uno de los lugarte- nientes de Güemes, fueron vanos ya que éste optó por retirarse a sus estancias de la frontera24. Este convencimiento acerca de la necesidad de tener apoyo militar favoreció las conversaciones -no comprobadas pero posiblemente ciertas- de los opositores a Güemes con las fuerzas realistas al mando de Pedro Antonio de Olañeta. No es casual que pocas semanas después del fallido intento de deponer a Güemes, una partida realista ingresara a la ciudad de Salta y lograra sorpren- der a Güemes hiriéndolo mortalmente. Es probable que su presencia en la ciudad fuera alertada a los realistas, ya que habitualmente no residía en ella por cuanto le ofrecía pocas seguridades.

Destruir a Güemes se había convertido en el objetivo no sólo de quienes conservaban adhesión encubierta a la causa del Rey, sino sobre todo de aquellos que veían en la movilización rural y en la «insolencia de la plebe» un peligro para sus prerrogativas y fundamentalmente para sus intereses. A ello se sumaban los peones que no cumplían con las tareas rurales porque se encontraban moviliza- dos, o porque su condición de «gauchos» los amparaba. Los arrenderos, por las mismas razones no pagaban los arriendos ni reconocían sus obligaciones para con los propietarios de las estancias, a lo cual se agregaba la instalación en ellas de aquellos considerados «vagos» por los propietarios25. Los comerciantes, por su

23En este proceso político y militar deberíamos prestar mayor atención a la declaración de Bernabé Aráoz en 1820 de la República del Tucumán, hecho generalmente señalado pero escasamente interpretado.

24Frías, 1972: Tomo V: 58-51.

25ABHS. Actuaciones referidas al arrendamiento de Gauchos. Salta, 1822.

139

 

parte, ansiaban normalizar el comercio con las «provincias de arriba» cuyas ciu- dades se encontraban en poder de los realistas. El «ultraje al derecho de propie- dad» es una de las acusaciones más contundentes que se realizan al gobierno de Güemes luego de su muerte. Sin duda, la necesidad de disciplinar a la plebe, recuperar el control sobre peones y arrenderos y restablecer el comercio con el Alto Perú fue una prioridad para la elite de Salta.

Alentado por la muerte de Güemes y por el agradecimiento demostrado por la elite de Salta, Pedro Antonio de Olañeta designó Gobernador a un reconocido salteño realista, pero el asedio a la ciudad por parte de las milicias de Güemes obligó a negociar un armisticio, por el cual las fuerzas realistas debían retirarse hasta la quebrada de Purmamarca -al norte de la ciudad de Jujuy- y los jefes de las milicias de la provincia de Salta deberían retroceder hacia el sur, liberando ambos a la ciudad capital. Se dispuso asimismo la elección de un Gobernador Propietario, para finalmente establecer un tratado que garantizara que la provin- cia de Salta no sufriría nuevas incursiones realistas. Hasta tanto se diera cumpli- miento a estas disposiciones, el General Olañeta podría libremente proveerse de ganados y víveres. El Cabildo de Salta, al aprobar el armisticio, hizo referencia a «... las armas enemigas al mando del Brigadier Comandante General D. Pedro Antonio de Olañeta, que penetradas de la compasible situación, en que se halla- ban los ciudadanos entregados a la mano feroz del cruel Güemes, sorprendieron la Plaza, sin ser sentidos, logrando la ruina del tirano...»26 . Su muerte y la firma del armisticio por parte de la dirigencia de Salta con Pedro Antonio de Olañeta, constituyen una manifestación clara del resentimiento de la elite hacia Güemes y su necesidad de controlar a la plebe que lo había apoyado.

Electo Gobernador José Antonino Cornejo27, en el mes de agosto de 1821 se sancionó el Primer Reglamento Constitucional de Salta. Lejos estaba sin embar- go la provincia de pacificarse. Los Jefes militares partidarios de Güemes, o des- afectos a Cornejo, sitiaron nuevamente la ciudad en el mes de setiembre obligan- do a renunciar al Gobernador. Era necesario entonces encontrar un Gobernador que fuera aceptado por los insurrectos sin correr con los riesgos de permitir el surgimiento de un nuevo «tirano», como había sido para ellos, Martín Miguel de Güemes. Ante la imposibilidad de mantenerse en el gobierno, decidieron elegir a José Ignacio Gorriti, antiguo jefe militar y colaborador de Güemes28, que por su

26Acta del Cabildo de Salta 21 de julio de 1821, (Cornejo, 1983: 353).

27José Antonino Cornejo era Teniente de las Milicias Regladas de Salta en 1810 y luego Coman- dante de Frontera. Hombre de confianza de José Rondeau, éste le había confiado la organiza- ción de las milicias de Salta en su fallido intento por evitar el posicionamiento político y militar de Güemes a principios de 1815.

28Las milicias que primero apoyaron a Güemes en 1814 fueron las organizadas en la estancia de Los Horcones perteneciente a los Gorriti, (Mata de López, 2002b: 125).

140

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

inserción en la elite, sus vinculaciones familiares y su ascendiente sobre los Jefes militares tranquilizaba a los opositores de Güemes y garantizaba la posibilidad de desactivar a las milicias y a la plebe rural movilizada.

El gobierno de Gorriti, que se extendió desde fines de 1821 hasta fines de 1823, logró sus objetivos celosamente vigilado por la Junta de Representantes, integrada por conspicuos y acérrimos opositores al extinto Gobernador29. Final- mente, y llegado el momento de la elección de un nuevo gobernador impusieron al General Juan Antonio Álvarez de Arenales, de destacada actuación en la guerra de independencia en el Alto Perú y luego en el Ejército de los Andes30.

Tan sólo dos meses después de la asunción en el cargo de Gobernador, Are- nales debió sofocar una revolución en su contra liderada por los jefes militares de las ya dispersas y castigadas fuerzas rurales, movilizadas después de 1814. La movilización rural persistió durante años y terminar con ella fue el objetivo prin- cipal de la elite salteña. Solamente desde esta perspectiva se comprende el ar- misticio y el acuerdo firmado con Olañeta, que le permitió a éste último dedicar todos sus esfuerzos a combatir en el Perú al Virrey La Serna, quien representaba a las facciones constitucionalistas de España. Así, tanto la elite salteña como Pedro Antonio de Olañeta después de 1821, pudieron enfrentar a sus enemigos internos.

Las consecuencias en las definiciones jurisdiccionales y territoriales posterio- res a estos procesos fueron importantes para Salta, en la medida en que muerto Güemes cesó la vinculación con la guerrilla de Ayopaya, último baluarte de la resistencia independentista en el Alto Perú. El enfrentamiento entre Olañeta y De la Serna ofreció relativa tranquilidad a los aislados insurgentes altoperuanos. Nada ilustra mejor la situación de Lanza en el Alto Perú que la expresión despec- tiva utilizada por Bernardo Frías «... Lanza como buen coya andaba de mano en mano, un día con Güemes y otro con Olañeta...»31. Efectivamente, luego de la desaparición de Güemes, se aproximó a Olañeta en su enfrentamiento contra La Serna, y en 1823, desde Lima recibió de Pedro Riva Agüero los despachos de General de Brigada32.

29El presidente de la Junta de Representantes era el hermano del Gobernador Gorriti, el canónigo Juan Ignacio, quien luego de oponerse inicialmente desde Jujuy a la designación de Güemes como Gobernador se trasladó a Buenos Aires, regresando nuevamente a Salta después de su muerte.

30De origen peninsular, era vecino de Salta donde, antes de la revolución, había contraído matrimonio.

31Frías, 1982, Tomo V: 627.

32Vargas, 1980: 209-301.

141

 

Conflictivo final de la guerra. Salta y el Alto Perú

Luego de la capitulación con el General Olañeta en 1821, los integrantes de la Junta de Representantes y el Gobernador Gorriti manifestaron la necesidad de enviar una expedición para terminar con el dominio realista en el Alto Perú33. Esto no pudo concretarse por la conflictividad interna de la provincia de Salta y por la falta de medios para afrontar esa expedición sólo con sus recursos.

Por otra parte, los defensores del absolutismo monárquico bajo la dirección del General Olañeta quedaron en las provincias altoperuanas sin prestar ayuda al resto del ejército Real que se encontraba en el Perú, situación que posibilitó el triunfo del ejército colombiano en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Por estas razones, Simón Bolívar y José Antonio de Sucre reconocieron al General Olañe- ta como un aliado sin el cual no hubiera sido posible el triunfo revolucionario. Inútiles fueron los pedidos que le hicieron los colombianos y los miembros de sus mismas fuerzas para que se rindiera. El General Olañeta habría de persistir en su defensa del «Rey y la Religión». En marzo de 1825 Pío Tristán, uno de los jefes del derrotado ejército realista, le envía la capitulación de Ayacucho pidiéndole «...

desista de continuar la lucha pues la independencia de la América del Sur va a ser reconocida por la Europa». Olañeta respondió airado «...las capitulaciones sólo comprenden hasta el Desaguadero. Yo y mi ejército estamos resueltos a morir antes que entrar en una infamia34. Igual solicitud le efectuó su subordinado Carlos Medinacelli, cuando le informa que había decidido abandonar la causa real, porque «las circunstancias son fatales con el enemigo de arriba en las inme- diaciones y el de abajo en Tupiza con apoyo de Tarija, Sinti, Lipez y los Pueblos, todo el vecindario no aspira ya a otra cosa que a la paz»35. Es de destacar cómo este oficial del ejército realista reconoció el poco apoyo que en esos días recibían de la población del sur altoperuano. Simultáneamente, Medinacelli escribía al Gobernador de Salta ofreciéndose como «... uno de los hijos del Sud al servicio de mi suelo».36

En esas circunstancias se movilizó desde el sur hacia el Alto Perú una expedi- ción con la significativa denominación de «División Protectora del Orden y de los Pueblos del Alto Perú» pertrechada con recursos adelantados por los vecinos de Salta y Jujuy, pero cuyos gastos habían sido autorizados y reconocidos por el Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires. José Antonio Álvarez de Arenales, gobernador de Salta, al frente de la partida y en su calidad de representante del Congreso de Buenos Aires recibió instrucciones en el sentido de

33ABHS. Junta Provincial 1822 - 1823. Copiador 229. F. 25 a 27.

34O’Leary, 1981: Tomo 23: 14.

35ABHS Carpetas de Gobierno. 1825.

36ABHS. Carpetas de Gobierno. Marzo 1825.

142

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

que las provincias altoperuanas «deben quedar en completa libertad para dispo- ner como mejor les concierne a su suerte» 37. Esta resolución es indicativa del conocimiento que en el mes de marzo de 1825 se tenía en Buenos Aires acerca de las intenciones que abrigaban los Jefes realistas que habían abandonado a Olañeta.

En efecto, a principios de enero de 1825, Medinacelli le escribía a Sucre «...el primer día del próximo mes de Febrero, proclamaré en la capital de Chichas, en Cotagaita la independencia total de esta Patria; de la Corona Española y de los ex-Virreinatos, Repúblicas hoy de las Provincias Unidas de la Plata y del Perú»38. Arenales no pudo recriminar a José María Pérez de Urdininea, altoperuano en connivencia con los separatistas de esa región, cuando abandonó la expedición al cruzar la frontera, como tampoco cuando el otro altoperuano que lo acompa- ñaba como secretario, el doctor Antonio Serrano39 tomó igual resolución.

Ante la postura irreductible del General Olañeta, Simón Bolívar envió al Mariscal Sucre al Alto Perú para terminar con el último bastión realista. No fue necesario librar una batalla porque la oficialidad del ejército real, entre ellos Medinacelli, ya había tomado la decisión de terminar con Olañeta. El 1 de abril de 1825, en un oscuro encuentro bélico en Tumusla, el último defensor del rey encuentra la muerte40.

Arenales desde Potosí, el 22 de abril de 1825, retrató con claridad la situación política que se vivía en el Alto Perú. Escribió al gobernador sustituto, doctor Teodoro Sánchez de Bustamante: « ...el principal objeto con que vinimos, que era la guerra, había cesado [...] son tres partidos o facciones las que se describen aviertamente entre los havitantes de estos pueblos: el primero por la agregación a Lima; el segundo por la total independencia y el tercero por la unión a las Provin- cias de abajo. Todos ellos respectivamente tienen sus designios o miras zelos o rivalidad [...] Combiene mucho mi amigo, que se esfuerse U en que la Provincia [se refiere a Salta] acredite su espíritu nacional y las debidas consideraciones a la autoridad central»41. En vista de esa situación envió a Salta a los «gauchos» que habían formado su ejército, porque consideraba que eran más necesarios en sus hogares. Evidentemente, en esos días ya no había fuerzas realistas a las cuales

37ABHS, Carpeta de Gobierno. 1826.

38Carta de Medinacelli a Sucre, Talina enero 9 de 1825, (Villarroel Triveño, 1981: 81).

39El mismo que como diputado había firmado el Acta de Independencia Argentina el 9 de julio de 1816.

40ABHS Carpeta de Gobierno. Julio- setiembre 1825. El 29 de julio de 1825 se concedieron Pasaportes desde Salta, a la capital Buenos Aires, con el N° 310 del Registro Oficial, a «Doña Josefa Marquiegui viuda del General Pedro Antonio Olañeta a sus tres hijos menores nombra- dos Josefa, Pedro José y Genara y a sus dos peones nombrados Miguel Garibay y Juan Casas: su Patria Jujuy, su estado viuda».

41ABHS. Carpetas de Gobierno. Abril 1825.

143

 

enfrentar y resultaba costoso el mantenimiento de esas huestes, pero también es cierto que los jefes colombianos tenían temor de que esos grupos armados, sobre los que no tenían autoridad legítima, pudieran apoyar a alguna de las facciones políticas presentes en el convulsionado territorio altoperuano.

Pudimos comprobar -en la abundante correspondencia que mantuvo Arena- les con Sánchez de Bustamante- su constante preocupación para que en Salta se acatara a las autoridades «nacionales» de Buenos Aires. Arenales necesitaba presentarse ante Bolívar y Sucre como diplomático de un estado soberano y unido. Igual actitud fue la de los otros enviados de Buenos Aires, Carlos María de Alvear y Miguel Díaz Vélez, quienes llegaron al Alto Perú para felicitar, en nombre del Gobierno de Buenos Aires, a los Libertadores colombianos, a reiterar la pres- cindencia de las autoridades rioplatenses en las cuestiones altoperuanas y a pedir ayuda militar para la inminente guerra con el Imperio de Brasil por la posesión de la Banda Oriental.

Es evidente asimismo, la preocupación de Arenales por evitar todo intento de movilización social en la provincia de Salta, por eso reiteró la necesidad de man- tener el «orden» interno en ella y evitar todo intento de sublevación. Por este motivo, poco después de su regreso a Salta, envió con premura la mayor parte de las fuerzas provinciales hacia el sur para participar en la guerra con Brasil. Ade- más de su adhesión a la «causa nacional», detrás de estas determinaciones se encontraba la necesidad de desmovilizar sectores armados de la provincia que podían actuar contra su gobierno.

Identidades políticas y definiciones territoriales

Ante la decisión de los Jefes militares altoperuanos, liderados por Carlos Medinacelli y José Miguel Lanza, de declarar «... la independencia y autonomía de nuestra Patria Charcas, mal llamada Alto Perú...»42, Sucre -al cruzar el Des- aguadero frontera jurisdiccional de los dos Perú- comprendió la inutilidad de oponerse al pedido de la elite altoperuano que le solicitaba autorización para convocar a una Asamblea General que decidiera sobre el destino político de la antigua Audiencia de Charcas. En estas circunstancias, Sucre dictó un Decreto, firmado el 9 de febrero de 1825, convocando a elecciones de diputados de las cuatro provincias del Alto Perú para que se reunieran en Asamblea en la ciudad de Chuquisaca.

Bolívar estuvo en desacuerdo con Sucre respecto a esta medida por dos razo- nes. Primero, porque consideraba que la pertenencia de las provincias altoperua-

42Proclama para la Emancipación de Charcas, Cotagaita , 1 de febrero de 1825, (Villarruel Triveño, 1981: 83).

144

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

nas al ex virreinato del Plata las convertían en territorio que, en su opinión, Buenos Aires defendería como propio. La otra razón esgrimida fue su convicción de que un Jefe militar no podía decidir sobre problemas legales. Pero ante los hechos consumados, aceptó la decisión de Sucre indicándole la necesidad de que cerca de la ciudad donde se reuniría la Asamblea no debían permanecer tropas porque «... esas provincias deben obrar sin coacción, he determinado no ir al Alto Perú sino dentro de dos meses cumplidos para no dejar derecho al Río de la Plata de que nos impute ninguna usurpación o inmisión en sus negocios nacio- nales, pues, francamente hablando, nosotros no tenemos derecho para introdu- cir ninguna cuestión en una asamblea que pueda producir un principio funda- mental para mis instrucciones».43

Posteriormente, sus dudas se disiparon, al conocer la actitud del Congreso General Constituyente reunido en Buenos Aires que por ley del 9 de mayo de 1825 dejó en libertad de acción a las provincias altoperuanas. La Asamblea reunida en Chuquisaca el 6 de agosto de 1825 declaró oficialmente la existencia de un nuevo estado autónomo, la República denominada Bolívar en homenaje al Libertador venezolano.

Ante estos hechos, en ciertos sectores de la elite de Salta y Jujuy circuló el temor de que parte del territorio de su jurisdicción se incorporase al Alto Perú. Por ese motivo se acusó al Teniente Gobernador de Jujuy de estar en relaciones con Sucre y las fuerzas colombianas para unir la jurisdicción de su mando a las provincias de «arriba». Hayan sido ciertas estas acusaciones o sólo un intento de Arenales de reemplazar a Dávila en su cargo, el hecho que se haya podido esgri- mir esa idea y que se levantara un sumario en el que participaron varias perso- nas, algunas de la elite y otras no, refleja el temor a perder territorios que se consideraban pertenecientes a la provincia de Salta. Dávila reconoció en su de- claración judicial que la relación con el norte había sido más beneficiosa para su ciudad que la dependencia de Buenos Aires, al punto de declarar reiteradas veces que «la prosperidad de Jujuy se marcaba por el tiempo que perteneció a Lima y su decadencia desde su agregación al Virreinato de Buenos Aires, esto en nada ataca los derechos argentinos»44. Estas expresiones resultan demostrativas de la percepción de la inserción económica y social salto-jujeña en el espacio andino que la prolongada guerra altoperuano no había destruido.

Es interesante destacar la idea de Sucre respecto a la relación de las provin- cias argentinas con las del norte que, en cierta medida, concuerda con la de Dávila. De una extensa carta particular a Bolívar rescatamos estos conceptos: «Haré a U. Una confesión, sólo para U; si sus cartas no me hubieran azorado

43Carta de Bolívar a Sucre. Arequipa 15 de marzo 1825 (O’Leary, 1981: Tomo 30: 55- 62).

44ABHS. Carpeta de Gobierno. Junio 1825. «Expte. Sobre una imputación de relaciones políticas de grave trascendencia hecha el Sr Tte. Gov de Jujuy».

145

 

tanto sobre estos negocios del Río de la Plata, les hubiéramos hecho una burla graciosa a esos escritores insolentes y partidarios groseros del Gobierno de Bue- nos Aires; esta burla era no mas que hacerles separar las provincias y unirlas a estas, dejando aislado al tal Buenos aires, sin comprometernos nosotros en nada. Salta y Tucumán están bien dispuestos por que sus disgustos no se concilian con la capital; Córdova con una palabra ardía, pues existen resentimientos; de Men- doza no se como está; las demas provincias no valen la pena»45.

En contraposición, el recelo a un avance boliviano sobre el territorio provin- cial fue utilizado por los gobiernos salteños para conseguir el apoyo de Buenos Aires, en el sentido de mantener fuerzas «nacionales» en el territorio provincial y considerar a Salta como muro de contención de posibles ataques externos. Are- nales lo expresaba con estos términos: «Lo interesante que es a la causa nacional de la República Argentina que esta Provincia frontera de otra vezina llena de aspiraciones sobre ella se ponga en estado de defensa y respetabilidad»46.

La posibilidad de un ataque boliviano a Salta fue una cuestión recurrente- mente planteada por autoridades provinciales de distinto color político hasta la década de 1840. En los enfrentamientos que hubo en la década del ‘20 y del ‘30 en las provincias del norte argentino entre las facciones que defendían la centra- lidad de un poder político con sede en Buenos Aires y los que luchaban por las autonomías provinciales en un sistema federal de gobierno, se acusaron mutua- mente de pretender incorporar Salta y luego Jujuy -cuando logró su autonomía en 1834- a Bolivia y de estar en connivencia con el poder de turno de esa repú- blica.

Por ejemplo, en 1837 uno de los motivos esgrimidos por el gobierno de Bue- nos Aires y los de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy para declarar la guerra al Mariscal Santa Cruz -que había formado la Confederación Perú Boli- viana- fue la acusación de que apoyaba a los opositores al gobierno argentino emigrados en el país vecino y pretendía la incorporación de las provincias del norte argentino a Bolivia47.

Paradójicamente la prolongada falta de un gobierno central en Argentina canalizó, hasta la mitad del siglo XIX, las vinculaciones diplomáticas y oficiales desde Bolivia hacia esta Confederación por medio de los gobiernos de la provin- cia de Salta que se constituyeron así en referentes e intermediarios48.

45Carta fechada en Cochabamba el 11 de junio de 1825 (O’Leary, 1981, Tomo 1: 278).

46ABHS. Carpeta de Gobierno. Setiembre 1826. Nota de Arenales al Ministro de Buenos Aires.

47ABHS. Carpeta de Gobierno. Mayo 1837. Impreso en Imprenta de la Patria de Salta.

48Figueroa Solá, 1999: 31- 47.

146

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

El caso Tarija

Uno de los problemas más conflictivos relacionado con las adhesiones políti- cas, y a la consecuente definición territorial, lo constituye el caso de Tarija. La presencia de ejércitos vencedores sumada a intereses personales y locales revela como éstos pueden influir en relación con la pertenencia de un territorio a la jurisdicción de una república. La tardía incorporación de la jurisdicción del Cabil- do de Tarija a la Gobernación Intendencia de Salta no impidió que, durante el proceso independentista, por la cercanía geográfica y por intereses comunes, dependiera del gobierno de esa provincia y su gente participara activamente jun- to a las guerrillas salteñas.

Finalizada la guerra, las autoridades de Salta consideraron que esos territo- rios continuaban perteneciendo a la provincia. En contraposición a esto, cuando Medinacelli emitió su proclama declarando la «independencia de la antigua juris- dicción de Charcas», incorporó a Tarija a esa jurisdicción, a pesar de que ésta no enviara diputados a la Asamblea de Chuquisaca. Pero las negociaciones secretas revelan que días después del 6 de agosto de 1825 se hizo llegar desde Tarija un oficio expresando «haberse declarado aquella provincia por uniformidad de to- dos los ciudadanos separadas del gobierno del Río de la Plata y unido al del Alto Perú»49.

A pesar de estas tempranas manifestaciones de adhesión a la república de Bolivia, es evidente que la «uniformidad» tan mentada no era tal, pues Tarija continuó bajo la jurisdicción de la provincia de Salta, que había nombrado un Teniente de Gobernador en esa Villa. El 12 de julio de 1826 el gobernador de la provincia de Sinti, pidió permiso al Dr. Mariano Gordaliza, Teniente Gobernador de Tarija, para que un Delegado suyo cobrara tributo a doce indios de su jurisdic- ción que habían cruzado el río San Juan evadiendo de ese modo su obligación fiscal. Nos interesa rescatar los argumentos esgrimidos por Gordaliza al solicitar explicaciones sobre la consideración de que los imputados fueran indios tributa- rios de Bolivia ya que para él eran soldados alistados en Tarija bajo su responsa- bilidad. Luego se pregunta «si tenemos facultad Usted para sacar a un hombre libre de una República; y yo para dejarlo llebar a otra contra su voluntad?[...] Este es un punto que lo deben desidir los Goviernos Supremos. No hai duda que estos tributarios que Usted reclama si subsistieran en la asociación de Bolibia deberian sugetarse al pacto del tributo o de otra qualquiera contribucion destina- da para el sosten del Estado. Pero no queriendo entrar en el Pacto, parese que estan en aptitud de aplicarse asi mismos la mayor pena de un ciudadano, qual es la expatriacion perpetua. En el acto que buelban a su jurisdiccion estara usted en

49Sesión Secreta de la Asamblea Constituyente del 28 de Agosto de 1825, (Villarroel Triveño, 1981: 196)

147

 

aptitud de haserles conoser su obligacion. Pero entre tanto, puede Usted suplir su falta con los que se muden de este territorio, o de otro qualquiera a ese. En el Gobierno Argentino nada se quiere contra los derechos de la libertad50.

Nuevamente podemos ver, esta vez en Tarija, tres facciones políticas en pug- na: una deseaba incorporar esa jurisdicción a la república de Bolivia; otra preten- día convertirla en una provincia argentina segregada de Salta; y la tercera consi- deraba beneficioso continuar subordinados a esa provincia. De las tres triunfará el sector de tarijeños encabezados por el hacendado Bernardo Trigo, el caudillo rural Eustaquio Méndez, éste último de destacada actuación en la lucha contra los realistas y Gavino Ibañez, comerciante de mulas que había actuado junto a Arenales hasta 1825. Este sector, apoyándose en el ejército colombiano que Sucre había enviado conducido por Francisco Burdett O’Connor, logró su objeti- vo. No fue necesario un enfrentamiento armado porque su sola presencia permi- tió que un Cabildo Abierto reunido en setiembre de 1826, declarase la incorpora- ción del territorio en cuestión a la república de Bolivia, lo cual fue inmediatamen- te aceptado por el Congreso de esa república.

A modo de reflexión final

La primera mitad del siglo XIX representa un laboratorio político y militar de enorme importancia. La presencia de la guerra fue definitoria para la resolución de conflictos entre los cuales las soberanías territoriales y la construcción de nuevas comunidades políticas resultan centrales.

En todo este proceso podemos identificar varias etapas antes de cristalizarse en una frontera política en 1825. La guerra de independencia librada en Salta entre 1810 y 1821, año en que fallece Martín Miguel de Güemes, irá gestando un sentido de identidad política que hará posible la constitución de un sujeto de soberanía, el de la provincia de Salta en condiciones de pactar con las fuerzas realistas un armisticio. Esta guerra afectará asimismo a la comunidad política en gestación de la cual la elite altoperuana se excluirá al adherir mayoritariamente a la causa realista, mientras que las guerrillas insurrectas reconocen la autoridad de Buenos Aires, frente a las posibilidades de legitimidad política y militar que ofrece la pertenencia al ejército organizado por la ciudad capital del antiguo virreinato.

Resulta muy interesante, y necesita sin duda mayor análisis, estudiar la emer- gencia del estado boliviano como resultado de las características que adquiere de la guerra de independencia en el Alto Perú por el liderazgo militar de Pedro Anto-

50ABHS. Carpeta de Gobierno. Julio 1826.

148

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

nio de Olañeta, cuyo desempeño en el plano militar y político merece mayor atención.

Interesa destacar en todo este problema militar, jurisdiccional y político –que debe ser analizado también como expresión del concepto de soberanía que se manejaba en la primera mitad del siglo XIX51– cómo el conflicto territorial se agudiza en el contexto de la guerra provocando una separación tajante entre quienes lo disputan. Nos preguntamos entonces ¿fue el problema territorial una de las razones para provocar en esas circunstancias oposición entre personas que se consideraban bolivianos con otras que se sentían argentinos o salteños? En la construcción de la nación y la aplicación de la soberanía la cuestión de la territo- rialidad está inmersa. Las elites locales latinoamericanas, atendiendo a intereses particulares o regionales reafirmaron su soberanía, decidiendo su inserción terri- torial y reconociendo a las autoridades centrales por ellas elegidas. Esto fue lo que hicieron los vecinos de la provincia de Salta que desde los primeros años de la revolución se reconocieron como parte de una comunidad política en gesta- ción liderada por Buenos Aires y fue también lo que sucedió en 1825 con las provincias Alto Peruanas cuando declararon su independencia y constituyeron el estado boliviano. Eso es también lo que hicieron en Tarija «vecinos» y campesinos en los agitados meses de 1825 y 1826 al reconocerse como parte integrante del estado boliviano. Este proceso no fue lineal ni estuvo exento de conflictos, y no puede tan sólo interpretarse -tal como lo hicieran los gobiernos, los historiadores y los políticos argentinos a lo largo del siglo XIX- esgrimiendo la teoría de la indivisibilidad del territorio según el uti possidetis que tenían las colonias al inde- pendizarse.

Archivos consultados

Archivo General de la Nación- AGN.

Archivo y Biblioteca Históricos de Salta- ABHS.

Fuentes Editas y Bibliografía citada

Annino, Antonio, 1994, «Soberanías en lucha», Annino, A., Castro Leiva, L. y Guerra, F.X., De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica. Iber Caja. Espa- ña.

51Annino, 1994.

149

 

Arnade, Charles, 1964, La dramática insurgencia de Bolivia, Librería Juventud, La Paz, Bolivia.

Cornejo, Atilio, 1983, Historia de Güemes, Industria Gráfica CODEX. Salta.

Chiaramonte, José Carlos, 2000, «Los fundamentos iusnaturalistas de los movi- mientos de independencia», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 22, Buenos Aires, pp. 33-72.

Figueroa Solá, Eulalia, 1999, «Relaciones diplomáticas entre Bolivia y las Pro- vincias Unidas del Río de la Plata», Boletín Nº 3, Red Intercátedra de Historia de América Latina, Rosario, pp. 31-47.

Frías, Bernardo, 1972, Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina. Ediciones DEPAL- MA. 6 tomos. Buenos Aires.

Güemes, Luis, 1980, Güemes documentado, 13 Tomos, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires.

Halperín Donghi, Tulio, 1972, Revolución y Guerra. Formación de una elite diri- gente en la Argentina criolla. Siglo XXI, editores. Buenos Aires.

Mata de López, Sara, 1999, «Tierra en Armas. Salta en la revolución», en Persis- tencias y Cambios. El noroeste argentino 1770-1840. Mata de López, S. (Comp), Prohistoria, Rosario, pp. 149-176.

Mata de López, Sara, 2000, Tierra y poder en Salta. El Noroeste Argentino en vísperas de la independencia. Colección Nuestra América, Diputación de Se- villa, España.

Mata de López, Sara, 2002a, «Conflictividad, insurgencia y configuración del poder en los Andes Meridionales. Actas del III Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanos, CD. IBSN 84-932470-8-1, Pontevedra, Es- paña.

Mata de López, Sara, 2002b, «La guerra de independencia en Salta y la emer- gencia de nuevas relaciones de poder» en Andes, núm. 13. CEPIHA. Facul- tad de Humanidades. UNSa., pp. 113-143.

Mata de López, Sara, 2003, «Estudios de frontera. El caso de Salta a fines de la Colonia», Actas de las Primeras Jornadas «Experiencias de la Diversidad», UNR. Rosario.

Mata de López, Sara, 2004, «Conflicto social, militarización y poder en Salta durante el Gobierno de Martín Miguel de Güemes», en Fabián Herrero (Com- pilador) Revolución, política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, pp. 125-147.

Memorias del General O’Leary, 1981, Ministerio de la Defensa. Venezuela.

Quijada, Mónica, 2002, Homogeneidad y nación con estudio de caso: Argentina,

150

 

S. Mata de López y E. Figueroa

Guerra de independencia y conflicto social en Salta...

siglos XIX y XX, Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, CSIC, Madrid. Espa- ña.

Ramallo, Miguel, 1919, Guerrilleros de la Independencia. Los esposos Padilla. González y Medina, editores, La Paz, Bolivia.

Toscano, J., 1907, El Primitivo Obispado del Tucumán y la Iglesia de Salta. Im- prenta Biedma Hijo, Buenos Aires.

Vargas, José Santos, 1982, Diario de un Comandante de la Independencia Ame- ricana. 1814-1825. Transcripción, introducción e índices de Gunnar Mendo- za. Siglo XXI. México.

Villarroel Triveño, Augusto, 1981, La fundación de Bolivia, Documentos para su Historia. Editorial Los amigos del Libro. Cochabamba-La Paz. Bolivia.

151