EL PARTIDO DEMÓCRATA Y SUS TENSIONES INTERNAS.

DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN.

CÓRDOBA 1922-1925

Gardenia Vidal *

Introducción

En Córdoba, la Ley Electoral Nacional de 1912, fue adaptada al ámbito provincial mediante la Reforma de la Constitución. Durante los debates de la Convención Constituyente predominó un clima de insatisfacción y desacuer- dos que limitaron en gran medida su aplicación para la elección de represen- tantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La imposición desde arriba, desde la Nación, fue el factor determinante para que se aceptaran algunos de sus lineamientos generales. Si bien los ‘representantes’ de Roque Saenz Peña en la provincia lograron imponer en parte su criterio, gran número de los convencio- nales eran defensores de una república restringida en la que los derechos polí- ticos fueran circunscriptos ‘a los mejores’ (gente con prestigio, ‘apellidos’, edu- cación, relaciones sociales, etc.).1 Este republicanismo conservador, siempre estuvo presente en Córdoba: las jerarquías, las marcadas diferencias sociales y el paternalismo fueron rasgos dominantes de la cultura y accionar políticos de la élite, no resistidos por los sectores subalternos. La fuerte presencia clerical siempre cuestionó y se opuso al liberalismo político.

*Investigadora del Area de Historia del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (CIFFyH - UNC.) Este trabajo pretende ser el inicio de la reconstrucción de la historia del Partido Demócrata de Córdoba desde 1918 a 1930. Por lo tanto, su estructura es todavía poco estricta y en ella se notarán varios puntos que, proba- blemente, en el futuro tomen caminos diferentes o adquieran mayor autonomía. Agradezco mu- cho los comentarios minuciosos realizados por Marcela Ferrari. Asimismo, mi reconocimiento a Cristina Boixadós por la lectura detenida y las correcciones que también hizo a este artículo. Finalmente, mi agradecimiento a Joel Horowitz, no solo por sus sugerencias - que siempre son bienvenidas- sino, particularmente, por la deferencia que tiene al mantener la comunicación y el interés con mi producción.

1 En gran medida se puede comparar con el concepto de ‘patrimonialismo’ utilizado por Francisco Gutierrez Sanín en “La Literatura Plebeya y el Debate alrededor de la Propiedad (Nue- va Granda, 1849-1854)”, en Sábato, 1999a: 184. Es una noción que, como dice el autor, provie- ne de Hobbes y se refiere a la idea de un ciudadano identificado con la de propietario y cabeza de familia.

Cuadernos de Historia, Serie Ec. y Soc., N° 3, Secc. Art., CIFFyH-UNC, Córdoba 2000, pp. 169-206

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De todos modos, la nueva ley electoral nacional exigía la organización y reorganización de las agrupaciones políticas: la vieja y la nueva dirigencia, los líderes conformes con las prácticas anteriores o los influidos por el positivismo, todos se consagraron a defender sus proyectos partidarios para continuar en el poder o lograr nuevos espacios. Es interesante destacar la presencia de los grupos que pretendían organizar partidos programáticos, principistas, de ideas, es decir organismos que funcionaran ‘científicamente’2 y que la gente se adap- tara a ellos rápidamente porque ese era ‘el deber ser’ de la política. Desde el presente y con la ventaja que da la mirada retrospectiva, podemos decir que llama la atención el nivel de ingenuidad o de convencimiento que varios políti- cos/intelectuales tenían sobre esta perspectiva; la cual no fue exclusiva de un partido sino que estuvo presente en las dos agrupaciones mayoritarias: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Demócrata (PD).

Sin embargo, en la UCR luego de varios traspiés y fragmentaciones, la figu- ra de Hipólito Yrigoyen logró aglutinar llamativamente al partido y, en conse- cuencia, las concepciones particularizadas sobre proyectos político-partidarios se encubrieron (por elección o imposición; consciente o incoscientemente) de- bajo del manto de la ideología yrigoyenista.3 En cambio, la unidad del PD se debió, fundamentalmente, a la permanencia de una dirigencia aristocratizante que no logró imponer un proyecto ni una ideología hegemónicos. No obstante tenía suficiente poder - particularmente en el interior provincial- y la habilidad necesaria para tomar ventajas del internismo opositor y así triunfar en numero- sos comicios. Estas victorias, sin embargo, no lograron disimular las diferentes visiones político-ideológicas existentes en el interior del partido; lo cual se tra- dujo en una confrontación frecuente cuando la distancia entre temas trascen- dentes -ciudadanía, participación, laicismo, etc.- se hizo pública y se amplió notablemente, en especial durante los veinte.

La República Verdadera iniciada en 1912 como consecuencia de un difícil consenso que había desembocado en la Ley Saénz Peña, estaba lejos de tener una aceptación mayoritaria por parte de la élite provincial. La dirigencia demó- crata era indudablemente republicana, pero una importante mayoría defendía un republicanismo conservador/patrimonialista y otros eran liberales. Por lo tanto, la postura con respecto a los niveles de participación ciudadana, de igual- dad ante los derechos políticos, variaba marcadamente según se tratara de uno u otro grupo.

Cuando el internismo se fue acentuando, el proyecto positivista del ‘deber ser ‘ partidario se fue definiendo con mayor claridad y el grupo que lo apoyaba

2Con esta palabra quiero significar que los partidos políticos tenían que funcionar como máquinas, como un cuerpo biológico, cuyo comportamiento debía ser previsible.

3 Vidal, 1995: 273 a 297.

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se fue haciendo más compacto. En una agrupación donde la influencia directa de los sectores populares y el cambio dirigencial fueron escasos,4 la presencia de una fracción republicana-liberal resultó, desde una perspectiva ideológica, una fuente importante de opciones, al menos para el debate, en este ámbito político conservador.

Mi objetivo en este trabajo se liga con dos cuestiones centrales: ambas rela- tivas a la élite demócrata. Por un lado, reconstruyo las corrientes internas prin- cipales y los ejes generales sobre los que se conformaron, así como los enfren- tamientos que se produjeron entre ellas a comienzos de la década del ’20 - durante el gobierno de Julio Roca-Félix Sarría. Por otro, analizo uno de esos ejes tomando como base un tema discutido en la Convención Constituyente de 1923: el relativo al régimen municipal, específicamente la cuestión del sufragio. El examen de esos debates me permite conocer las perspectivas sobre las no- ciones de democracia, ciudadanía, participación, etc., que cada fracción tenía. Estos dos temas centrales están estrecha y tensamente relacionados con una coyuntura nacional adversa al gobierno provincial, que pudo haber influido en el internismo demócrata pero que estuvo lejos de ser determinante.

Mi interés principal, más allá de la reconstrucción histórica detallada que implica un análisis de este tipo, es rescatar parte de ese mundo de las ideas políticas de Córdoba durante la década del ’20. La ‘tranquilidad’ que siguió a la reforma universitaria, a la crisis de posguerra, etc., permitió a los grupos conservadores y liberales la posibilidad de ‘volver a pensar’ públicamente, a no tener miedo de emitir opiniones que podrían dividirlos y favorecer al ‘maxima- lismo’.5 Cuando esas opiniones diversas resurgieron, la lucha interna se activó y la fracción conservadora, como había ocurrido con el primer gobierno radi- cal, resultó triunfante. En los momentos en los que no pudo predominar por- que se priorizó la unidad partidaria, el ‘castigo’ conservador, fuertemente in- fluenciado por el clericalismo, tuvo la presencia suficiente como para recordar- les que, en Córdoba, su poder era muy importante y por lo tanto no debía ser ignorado.

Rafael Nuñez y el avance del Conservadorismo Demócrata

Desde la implantación de la Ley de Reforma Electoral de 1912, Córdoba comparte con el resto de las provincias argentinas la tendencia a la conforma-

4Ferrari, 2000: 6 y 7.

5Con este término, los contemporáneos se referían a la Revolución Rusa. Deriva de la idea de que el flamante sistema quería implementar los máximos cambios posibles. Halperín Donghi explica que este concepto deriva de una traducción errónea que Ingenieros hizo del término bolchevique, pero que fue tomado como válido casi universalmente. Halperín Donghi 1999: 75.

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ción de un sistema de partidos políticos que daría preeminencia al bipartidis- mo. A la existencia de la Unión Cívica Radical, se le sumaría una alianza de facciones derivadas del viejo Partido Autonomista Nacional, del Partido Cons- titucional, de la Unión Nacional y de otros grupos locales que originaría, a fines de 1913, el Partido Demócrata.

La peculiaridad de este sistema residía en una relativamente sólida estructu- ra organizativa y en la capacidad de convocatoria popular para los comicios que cada una de esas agrupaciones tuvo en el período 1912 -1930, lo que permitía la alternancia de las mismas en el gobierno provincial. Con el agrega- do interesante de que de las seis administraciones que tuvieron lugar en ese período, cuatro estuvieron en manos de los demócratas y dos de la UCR. Ade- más, es importante destacar que la provincia nunca fue intervenida durante un gobierno demócrata.

Sin embargo, el bipartidismo provincial no se condecía con la existencia de un sistema político fluido, consolidado, inclinado al consenso. Por el contrario, la idea de la política como un ámbito de exclusión antes que de conciliación estuvo presente en muchas ocasiones y en demasiados dirigentes.6 A esa falta de convicción por incorporar a todos los actores políticos en un sistema inclusi- vo que permitiera dirimir las diferencias en su interior habría que agregar las graves disidencias que tenían lugar en el seno de ambos partidos para com- prender las dificultades por las que atravesó la vida política de Córdoba duran- te ese período.

El fortalecimiento de los conservadores en el interior del partido demócrata durante el gobierno de Rafael Nuñez (1919-1922) fue desafiado en 1922 por la corriente liberal mediante el proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Ejecutivo provincial. La superación de la crisis de posguerra, el apoyo que el nuevo gobernador demócrata, Julio A. Roca, dio a esa fracción interna y la seria amenaza de intervención federal fueron los factores que coadyuvaron para que ese proyecto fuera elaborado según normas que respondían a con- cepciones políticas modernas, racionales, principistas y, en cierto sentido, lai- cas.

Sin embargo, la negativa de la UCR a participar en la Convención Constitu- yente y el poder indiscutible del clericalismo (expresado como grupo de presión independiente o como corriente interna del partido demócrata) constituyeron causales importantes para que la tendencia conservadora lograra imponerse

6La identificación que los radicales hacían entre partido y Nación indica una concepción orgánica, de totalidad, que llevaba implícita la exclusión de los que estuvieran fuera de la agrupa- ción. En cuanto al PD, el rechazo que tenían de esta concepción los llevaba a rechazar a la UCR como partido gobernante eficiente. No obstante, creo que en este último caso y, al menos desde la retórica, la noción de alternancia partidaria, de aceptación de otros partidos era aceptada. (El subrayado me pertenece)

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en la Convención. Así se pudo obstaculizar la concreción de gran parte de las propuestas liberales con la consiguiente potenciación de tensiones ideológicas e intereses concretos; enfrentamientos que al trasladarse al interior del partido crearon disputas difíciles de solucionar.

El año 1918 marcó un punto de inflexión en la historia política de Córdoba. Los conflictos sociales, el avance de ideas liberales y socialistas en la esfera pública, el fortalecimiento del anticlericalismo canalizado a través del movi- miento reformista pusieron en tela de juicio el acendrado conservadorismo que había permeado la sociedad cordobesa durante tantos años. La flexibilidad del nuevo régimen electoral y de la agrupación política que ocupaba el gobierno nacional (UCR) ayudó a expandir ese clima de renovación y dinamismo que pugnaba por introducirse en diferentes ámbitos de la sociedad.

Los grupos clericales, sin embargo, no tardaron en reaccionar; unificaron sus fuerzas y contraatacaron mediante una intensa campaña proselitista y una prolija reorganización de sus cuadros.7 Por otra parte, los sucesos de la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires cohesionaron a los sectores conservadores; en Córdoba esto se tradujo en la conformación de una serie de organizaciones que, rápidamente coincidieron con el discurso y prácticas clericales destinados a detener el avance del “maximalismo extranjerizante”.

Si bien la mayoría de esas organizaciones se generaron cuando el radicalis- mo todavía estaba en el gobierno provincial, lo cierto es que actuaron y se desarrollaron con facilidad durante la administración siguiente, en manos del demócrata Rafael Nuñez. Más aún, el propio gobernador adoptó una política autoritaria y elitista para sofocar cualquier intento de discrepar con el orden socio-político que él consideraba legítimo. En muchas ocasiones ejerció su po- der para limitar y coartar las libertades públicas. Así prohibió reuniones socia- listas y el uso de la bandera roja en las manifestaciones, allanó y clausuró locales obreros, y el de la misma Federación Universitaria, puso en práctica una intensa represión a los trabajadores que terminó, en algunas oportunidades, con un saldo de muertos y heridos; persiguió por sus ideas anticlericales y georgistas a los magistrados Dr. Arturo Capdevila y Dr. Arturo Orgaz.8

Paradójicamente la fórmula Rafael Nuñez-Gerónimo del Barco había reci- bido en las elecciones de 1918 los votos de algunos simpatizantes liberales9 que, disgustados con el conservadorismo y, especialmente, con la confusión de la anterior administración radical veían en el partido demócrata una opción política más organizada y racional que, supuestamente, eliminaría el desorden

7Vidal, 2000: 83 a 105.

8La Voz del Interior (LVI ) 24-10-19; LVI 12, 14, 21-11-19; LVI 25-11-20.

9LVI, vocera del liberalismo en la década del ‘10, había contribuido, en parte, a formar una opinión pública favorable a los demócratas.

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político-administrativo existente hasta entonces. Además, la presencia de diri- gentes liberales en el partido demócrata coadyuvaba a vigorizar esa imagen. Sin embargo, la crisis de posguerra y la preeminencia del ala conservadora, aliada con sectores clericales frustró las expectativas de sus seguidores libera- les.10

El gobierno de Nuñez aparecía así como una reiteración de la política anti- popular y elitista que la dirigencia demócrata reformista pretendía modificar.

Antes de continuar, quiero definir rápidamente los conceptos ‘conservador’ y ‘liberal’ según el empleo que hago de ellos en este trabajo. Creo que es una tarea ardua intentar este tipo de definiciones. Pero las diferencias entre los gru- pos eran notables, por lo tanto alguna denominación se le debe dar para iden- tificarlos. En general, cuando hablo del grupo liberal me refiero a hombres defensores del laicismo, anticlericales, preocupados por la renovación y moder- nización de las prácticas políticas, -admiradores del sistema político estadouni- dense-, por la despersonalización de la política, para que el mérito ocupara el lugar de los ‘apellidos’. Enemigos del ‘maximalismo’, no así del socialismo na- tivo con cuyas propuestas coincidieron varias veces. Su utopía era la formación de partidos políticos orgánicos, principistas y de ideas. En cuanto a los conser- vadores, apoyaban y defendían viejos estilos de hacer política aunque muchas veces su discurso dijera lo contrario; clericales o aliados a esos grupos; identifi- caban la política con el gobierno de los ‘mejores’. Su enemigo no sólo era el ‘maximalismo extranjerizante’ sino también el socialismo y toda vertiente libe-

10En su discurso programa Nuñez decía: “...Las fuerzas populares, sólo requieren amplia libertad para desenvolver las actividades que les son propias y mi gobierno sabrá garantizarlas...Todas las opiniones de cualquier índole que ellas sean podrán exteriorizarse libre- mente sin otra condición que la impuesta por el recíproco respeto y por las exigencias de orden público que he de mantener en todo momento...” LVI 18-5-19. Dos años después, el mismo diario denunciaba la transformación de la retórica pre-electoral de Nuñez en prácticas autoritarias y alejadas del liberalismo que, supuestamente, iba a defender una vez en el gobierno: “Este gobierno tiene un terror pánico al sindicalismo...Es que los hombres de este caduco democratis- mo reinante, no tienen ni siquiera un concepto rudimentario de lo que significa el gremialismo en la hora presente. Imbuidos en moldes teológicos, piensan todavía que el pueblo trabajador no tiene derecho a vivir la vida plenamente...La gente del gobierno barnizada de una aristocracia de ultratumba cargada de pergaminos inservibles han querido ser los amos y han pasado ...a ser sus verdugos. El gobierno actual es un gobierno lleno de prejuicios...El movimiento universitario de 1918 hizo experimentar a Córdoba una fuerte sacudida. El oscurantismo, infiltrado en su seno echando raíces muy hondas soportó a su vez un desgarrón irreparable. Muchos de los hombres de la actual situación participaron en ese movimiento que traicionaron después cuando ganaron las alturas. Hasta el propio Sr. Nuñez hizo fe liberal cuando así convenía a los intereses de su partido...Anhelaban la confianza del pueblo...que en mayoría abrumadora había respondido con el grito de Frailes, no!...Y se lanzaron a las calles gritando y encabezando manifestaciones...Buscaban el gobierno y lo consiguieron! Luego los mismos que entonces vo- cearon liberalismo se hincaron mansamente en las procesiones al lado del obispo, a las plantas de la virgen que otrora enlazaron...”. LVI 25-5-21.

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ral que tuviera algún tinte popular, moderno y laico. Críticos de la teoría y defensores de la experiencia local o nacional, rechazaban los modelos políticos ensayados en otros países sin importarles el resultado, aunque en varias opor- tunidades esta posición cambiaba según la coyuntura. Cuestionadores, en muchas oportunidades de la Ley Saénz Peña, muchos eran contrarios a la ampliación de los derechos políticos, es decir partidarios de una república cen- sitaria o con sufragio calificado.

Simplificando y según iremos viendo, se puede decir que los conservadores continuaban siendo defensores de una república restringida en la que solo se respetaran los derechos positivos de algunos individuos, en tanto que los libe- rales defendían un régimen republicano con mayor participación, que tendiera paulatinamente y a través de la educación, a respetar los derechos de todos los ciudadanos. El republicanismo estadounidense de fines del XVIII era su objeti- vo.

Este implicaba cinco conceptos claves que relacionados entre sí caracteriza- ban el tipo ideal de ciudadano y de régimen democrático a los que aspiraban muchos liberales cordobeses:

-Preservar el bien común;

-Tener capacidad y voluntad para ejercer la virtud (entendida como la subor- dinación de los fines privados al bien general);

-Ser independientes de las voluntades políticas de otros hombres; - Evitar los tiranos a través del ejercicio activo de la ciudadanía;

-Ser iguales ante la ley para “disfrutar sus naturales derechos civiles y políti- cos bajo un sistema democrático y representativo de leyes”.11

Esta enumeración no significa otra cosa que una síntesis acabada del repu- blicanismo liberal; es decir participación política y libertad individual para cons- truir un régimen moderno en el que subyacía la defensa por la igualdad de los derechos políticos del ciudadano, en la medida en que se alejara del personalis- mo y despotismo característicos del “antiguo régimen.”12

Intervención Federal y Reforma Constitucional

Los profundos conflictos existentes en el seno de la UCR desde fines de 1915 se extendieron con variaciones y características diversas hasta 1924. El

11Wilentz, Sean, Chants Democratic: New York City and the Rise of the American Working Class, 1788-1850, Oxford University Press, New York, 1984, p. 14. Cit,. por Daitsman, 1998: 86 a 87.

12Las nociones de republicanismo y liberalismo las discutiré más adelante.

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mal funcionamiento de uno de los elementos claves del sistema de partidos, como era la UCR, ayudaría a trastocar y complicar la vida política de la provin- cia. El nuevo gobierno demócrata de Julio A. Roca (1922-25) trataría de poner un dique de contención a esa dificultad mediante un proyecto de modificación del sistema electoral e institucional de la provincia.

Años atrás -1918- en el mismo momento en que se conocía el triunfo del candidato demócrata, Rafael Nuñez, sectores del radicalismo comenzaron a hablar de la necesidad de la intervención federal a la provincia. Incluso, la tendencia radical más extrema que ocupaba espacios importantes en el gobier- no provincial decretó la clausura de la legislatura con el fin de ejercer mayor presión sobre el Ejecutivo Nacional para que interviniera la provincia.13 Sin embargo, el mismo Hipólito Yrigoyen se opuso a dicho procedimiento decla- rando que: “...la elección de Córdoba está bien hecha y la situación que allí surja en tanto se amolde a los preceptos constitucionales contará con todo el apoyo del gobierno de la Nación”.14

Si bien la amenaza de la intervención no ocupó el primer plano en la escena política durante la mayor parte del gobierno de Nuñez, el tema permanecía latente en el interior de la UCR. En 1921, uno de los tantos subgrupos radicales logró hegemonizar la situación partidaria y en consecuencia acercar las co- rrientes internas detrás de la bandera de intervención federal.15 Esa propuesta fue fortalecida con la declaración de abstención electoral y la renuncia de los legisladores provinciales a sus bancas. Los argumentos esgrimidos para justifi- car esa autoexclusión del sistema electoral fueron varios y diferentes en el tiem- po. Finalmente, se puso énfasis casi con exclusividad en un solo factor: la ley electoral sancionada durante el gobierno de Rafael Nuñez que, según soste- nían, disminuía la representación radical en la legislatura provincial.16 Conse- cuentes con esa actitud abstencionista, los radicales no se presentaron a los comicios de noviembre de 1921 para elegir gobernador y vice. Como era de esperar la fórmula demócrata Julio A. Roca- Félix Sarría triunfó fácilmente ante la falta de un contendiente importante. El conocimiento anticipado del resulta- do electoral y la existencia de desavenencias en el interior del partido demócra-

13Vidal, 1995: 81 a 84.

14Los Principios (LP) 10-5-19

15Vidal, 1995: 105 a 112

16Esta ley electoral Nº 2825 dividía el territorio de la provincia en 6 distritos electorales para elegir los representantes de la Cámara de Diputados. Se aumentaba el número de diputados por distrito según el censo de 1914. Sin embargo, la constitución de los distritos separaba los depar- tamentos del Sur y Este (donde el radicalismo era mayoría) y los redistribuía agrupándolos con los del norte y oeste. Esto mermaba la posibilidad que las dos primeras zonas, con mayor número de habitantes estuvieran cubiertas por legisladores radicales. (Leyes de la Provincia de Córdoba. 1919. Tomo XXI.)

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ta le restó entusiasmo a la campaña proselitista y al acto comicial: la asistencia de votantes al comicio fue muy reducida. En consecuencia, la fórmula oficialis- ta triunfó por una amplia mayoría, pero el número de votantes en relación a los inscriptos fue muy bajo, 16%.17 Desde un punto de vista legal, el escaso porcen- taje de votantes no invalidaba la elección, la que además había sido legitimada por la participación del resto de los grupos políticos (Partido Socialista, Radica- les Rojos, Independientes). Con todo, los futuros acontecimientos cuestiona- rían seriamente ese comicio contribuyendo a complejizar aún más la situación política.

En abril de 1922, la UCR levantó transitoriamente su abstención para parti- cipar en los comicios de electores de presidente y vice. Su triunfo fue categórico y la participación ciudadana aumentó considerablemente en relación a la elec- ción anterior. La UCR se impuso por una diferencia de 17.000 sufragios y el porcentaje de votantes fue del 45%.18 La rotunda victoria radical hizo dudar al gobernador electo, Julio A. Roca, en asumir su mandato.19 No obstante, la presión y apoyo de importantes dirigentes demócratas, como Ramón J. Cárca- no, de grupos conservadores nacionales y de sectores clericales locales, así como la promesa de la dirigencia de mantener la unidad partidaria para apun- talar su gestión lo decidieron finalmente a aceptar el cargo. El Ministro del Interior, Francisco Beiró, sin embargo, le desconoció legitimidad al gobierno provincial por haber surgido de elecciones condicionadas por falta de garantías y libertades como por la baja participación ciudadana.20 La actitud del Ejecuti- vo Nacional renovó los estímulos de los radicales cordobeses para insistir con su pedido de intervención. Ante la continua negativa del presidente Yrigoyen, este pedido se canalizó por otra vía: el Congreso de la Nación.

A través de su práctica abstencionista el radicalismo se iba fortaleciendo como quedó demostrado con el triunfo de 1922.

En síntesis, la coyuntura política no aparecía favorable para el gobernador electo: considerado como el representante de un gobierno de facto por el Go- bierno Nacional; amenazado con una intervención federal y con la oposición en la abstención, el escenario político de la provincia se mostraba complicado, no solo para poder gobernar sino para mantenerse en el cargo. ¿Cómo enfren- taría el gobierno provincial esta situación de debilidad?

17El partido demócrata obtuvo un total de 29.087 sufragios. Anuario de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Hacienda 1926.(AECba.)

18AECba. 1926

19Sobre la situación creada por la victoria radical en las elecciones de abril de 1922 y su repercusión en la opinión pública y en el gobernador electo consultar: LP 6,11,16 y 27 de abril de 1922.

20Telegrama del Ministro del Interior al Gobernador, Julio A. Roca. LP 23-5-22.

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Con el propósito fundamental de solucionar la crisis coyuntural (de absten- ción radical y amenaza de intervención federal) pero también con la idea de reformar y modernizar el sistema político provincial, el gobernador Roca pro- puso como primer y esencial acto de su gobierno la Reforma de la Constitución Provincial. Con respecto a la primera cuestión se procuraba modificar la ley electoral vigente “eliminando así las causas determinantes de la abstención que perturba el juego regular de las instituciones...”21

En cuanto a la necesidad de modernizar el sistema político expresaba:

“...Vive el país, por influencia del medio exterior y condición de su propia cultura un período de agitación en que los viejos principios políticos, sociales y económicos, son recientemente combatidos sin que nada distinto y claro se invoque para substituirlos... [L]a tendencia a dar cada vez mayor flexibilidad a las instituciones fundamentales, a modernizarlas y adaptarlas a las sucesivas exigencias de la vida social...[es una exigencia para acercarnos a las prácticas anglosajonas y norteamericanas]”22

Paradójicamente, Julio A. Roca, el mismo que había abandonado el Parti- do Demócrata Progresista (PDP) unos pocos meses antes de las elecciones para presidente de 1916, intentaba con su propuesta de Reforma Constitucio- nal la formación de un partido político del estilo que había propiciado Lisandro de la Torre en aquella oportunidad.23

El ideólogo de ese proyecto, el Ministro de Gobierno, Guillermo Rothe, con- taba con el aval del grupo liberal, integrado mayoritariamente por dirigentes jóvenes. A grandes rasgos, se puede decir que la propuesta de Reforma Cons- titucional presentada por el Poder Ejecutivo hacía hincapié en tres temas cen- trales:

-Implantación de un nuevo sistema electoral.

-Restricción de las facultades del Poder Ejecutivo (PE).

-Aumento de las atribuciones del Poder Legislativo (PL).24

Con respecto al primer punto y como lo había manifestado explícitamente Roca, el objetivo era dar forma a una ley electoral que terminara con la absten- ción radical asegurando la representación proporcional de cada uno de los

21Declaraciones de Roca. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Córdoba, 1922. Sesión del 27-9-22, p. 1122. (DSCD Cba.)

22DSCD Cba 1922. Sesión del 27-9-22, p.1122.

23La actitud de Julio A. Roca con respecto al Partido Demócrata Progresista está descripta en Ibarguren, 1969, pp. 414 a 419.

24El proyecto de Reforma Constitucional presentado por Roca puede consultarse en DSCD Cba. 1922. Sesión 27-9-22, pp. 1122-1132 y en LP 18-5-22.

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departamentos según el número de sus habitantes25 y modificando la forma- ción de los distritos electorales, cuestiones ambas que, según la oposición, eran las causas fundamentales de su abstención. Además, se perseguían otros pro- pósitos tales como:

-La transformación del sistema de lista incompleta por el de representación de las minorías.

-La renovación del PE y PL en forma simultánea (aún cuando la renova- ción del senado podría hacerse en forma parcial), con el fin de lograr una mejor gobernabilidad. Se presuponía que el partido que obtuviera mayoría de sufra- gios para gobernador y vice también la obtendría para los legisladores.

-La elección del número de senadores según la cantidad de habitantes por departamentos.

-La elección directa del PE con un mandato de cuatro años de duración.

Estas modificaciones apuntaban, no solo a reincorporar a la UCR a la com- petencia electoral sino que, como lo indican el primer y cuarto punto preten- dían dar mayor representatividad a todos los ciudadanos aumentando el nú- mero de partidos con posibilidades de ingresar a la Legislatura y anulando a los intermediarios entre la decisión del ciudadano y el elegido. Es probable que el tercer item haya sido consensuado con la UCR, mientras el segundo como dije, esperaba lograr un gobierno más aceitado partiendo de una suposición que en su primer intento (1925) resultó un fracaso.

El segundo aspecto -restringir las facultades del PE- aspiraba, a través de diferentes mecanismos, a la descentralización del poder y la mayor autonomía de varias instancias gubernamentales: justicia, régimen municipal, gobiernos departamentales, educación.

La transformación del Poder Judicial pretendía privar al PE de las amplias facultades que le otorgaba la Constitución para influir en dicho poder; también se proponía la inamovilidad de los magistrados en sus cargos para evitar su inclusión en los vaivenes de los cambios políticos. La idea del Juez como un funcionario políticamente neutral e incorruptible estaba muy acendrada en el imaginario colectivo de la élite.26 En cuanto al régimen municipal, se ambicio- naba “cimentar la autonomía de los municipios (reglamentada durante el go- bierno de Nuñez) sobre bases esencialmente democráticas y populares me-

25La modificación de la ley electoral incluiría una mayor representación de los departamen- tos del Sur -por ser más poblados- en los que los radicales generalmente tenían grandes ventajas electorales.

26En una entrevista reciente, la profesora Rosario Ruiz Posse describía con mucha convicción esta idea sobre la vida impoluta que debían llevar los jueces. Además, ella vivió muy de cerca esta percepción ya que su padre fue Juez Camarista en Río IV y su abuelo materno, Juez Federal; Junio 2000.

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diante la adopción del sufragio universal....”. A la educación, puntal de la cons-

trucción de la ciudadanía, se planeaba expandirla y mejorarla a través de la creación de cuerpos administrativa y económicamente autónomos con el obje- to de dar al personal profesional estabilidad, seguridad en sus salarios y facili- dades para su progreso en base a planes orgánicos y permanentes. En este marco se hablaba de la formación del Consejo de Educación mediante el voto de los padres y maestros únicamente. Con respecto a los Jefes Políticos, funcio- narios designados por el PE, el proyecto propiciaba la desaparición de ese cargo pues era la imagen perfecta de las relaciones clientelares “supervivencia involuntaria de los métodos del caudillismo” decía Roca.

El tercer punto -aumentar las atribuciones del PL- pretendía mejorar las prácticas democráticas y la cultura política general mediante una legislación clara sobre el régimen interno de los partidos políticos, la cuestión obrera, la previsión y asistencia social, la estabilidad, el escalafón y la remuneración de los empleados públicos27; finalmente se pretendía facultar al PL para que dicta- ra leyes orgánicas para las bonificaciones de sueldos y pensiones.

Es indudable que estas propuestas, más allá de su viabilidad, demostraban una concepción moderna y despersonalizada del aparato institucional/buro- crático cuyo fin era conseguir el mejor funcionamiento de la sociedad y exten- der los derechos civiles, políticos y sociales a los habitantes y ciudadanos; aspi- ración utópica -con algunas variables- de muchos grupos desde que se había implantado la Ley Saénz Peña: Radicales Principistas, Radicales Rojos, y por supuesto, la fracción liberal del Partido Demócrata.

La reducción del rol centralizador del PE sería ocupado por un PL con ma- yores atribuciones que, a su vez, iba a estar compuesto por más agrupaciones. Al menos eso se esperaba.

Como se puede deducir de la síntesis aquí bosquejada, el proyecto de Re- forma Constitucional pretendía no sólo terminar con una coyuntura política anómala, sino lograr la reestructuración del régimen político (tendiente al par- lamentarismo), haciendo hincapié en una serie de aspectos que llamativamen- te lo hacían semejante al programa de la Liga del Sur y a las propuestas presen- tadas por el PDP en ocasión de la Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe en 1921.28

Es cierto que una de las posturas fundamentales defendidas por Lisandro de la Torre cual era su laicismo, no aparecía explícitamente en este proyecto cordobés. Pero esto se debía a una táctica política de los inspiradores de la

27Estos puntos fueron agregados por la Comisión de Diputados y aceptados por el Ministro de Gobierno para ser incorporados al proyecto general. DSCD Cba 1922, pp.1142 a 1143.

28Sobre la Liga del Sur y su programa consultar Molinas y Barberis, 1983: 38 a 41. Bonaudo y Godoy, 1982. Cornblit, 1969 pp. 422 a 423. En cuanto a las Reformas de la Constitución de Santa Fe de 1921, ver Lisandro de la Torre, 1957, pp. 92 a 93.

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Reforma Constitucional que procuraban no enajenar las voluntades clericales que asistirían a la Convención Constituyente, más que a una posición que se alejara del laicismo lisandrista. Tanto es así que la comisión de la Cámara de Diputados -formada en su mayoría por demócratas liberales- encargada de expedirse sobre el proyecto de Reforma Constitucional manifestaba expresa- mente que “La mayoría de la comisión, a excepción del diputado Dr. José Cortés Funes, hubiera incluido entre los puntos a reformar o suprimir, los artí- culos 2 y 111 de la Constitución Provincial, relativos a la religión del estado y al juramento que deben prestar los mandatarios del Poder Ejecutivo...”29 Más aún uno de los diputados, Alejandrino Infante, fervoroso admirador de Lisandro de la Torre,30, sostenía que si bien estaba de acuerdo con casi todos los puntos que se proponían reformar pensaba:

“...que hay muchas disposiciones de la constitución... que deben desaparecer ya que en esta época su existencia es injustificable y sólo están allí como letra muerta, por obra de una táctica, pero inofensiva, transacción con aquellos que sin poder oponerse a los progresivos ideales de una democracia amplia, liberal y fuerte, quieren no obstante conservarlas no sé si como sagradas reliquias o como un piadoso recuerdo del pasado.” Sin embargo, continuaba Infante “...en el afán de que la reforma se sancione cuanto antes al amparo de la cual quizás sea posible salvar la autonomía de la provincia, a cuyo fin no podemos, no debemos omitir ningún sacrificio... yo depongo en estos momentos las objecio- nes que podía hacer a esos puntos... y hago el sacrificio de omitir el pedido de inclusión de otros que considero necesarios...” 31

De la misma forma actuaban los clericales, quienes habían apoyado mu- chos items del proyecto convencidos de que, en ese momento, las discrepan- cias podrían favorecer la intervención, pero fundamentalmente porque sabían que la Reforma Constitucional resultaría de las discusiones y alianzas que se consiguieran en el seno de la Convención. En una palabra, el proyecto del PE sólo reflejaba la propuesta de un grupo que tenía escasas posibilidades de im- poner su proyecto sin modificaciones sustanciales.

Algunos conceptos para sistematizar las ideas de los convencionales

Anteriormente, realicé una rápida conceptualización de los liberales y con- servadores con el fin de contar con las herramientas elementales para trabajar

29DSCD Cba. 1922, p. 1137.

30Según palabras de la Sra. Rosita Rovelli -hija del convencional demócrata Pedro Rovelli- cuya familia era muy amiga de Alejandrino Infante. Entrevista a la Sra Rovelli; julio 1989.

31DSCD Cba.1922, p. 1160. Discusión del proyecto de Reforma Constitucional modificado por diputados.

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a grandes rasgos las principales fracciones del PD. En este punto intento siste- matizar, siguiendo algunas categorías brindadas por otros autores, las posturas de aquellos dirigentes con el fin de explorar las nociones de ciudadanía, parti- cipación, representación, etc.

En los últimos años los investigadores han prestado mayor atención a esos conceptos y por lo tanto al de democracia. Los acontecimientos mundiales (el fracaso del ‘socialismo real’, la democratización de los países latinoamericanos, las ilusiones prontamente debilitadas sobre la eficacia del sistema democrático, el escepticismo con respecto a la clase política, etc.) fueron factores determi- nantes para que estos aspectos acapararan la atención de los investigadores. Desde la historiografía, el trabajo de T.H. Marshall ha pasado a ser el origen desde el cual se parte, ya sea para contrariar o matizar el optimismo con que se concebía la democracia o para delinear un modelo de ciudadanía.32 En efecto, durante las dos últimas décadas dicho optimismo ha disminuido notablemente y va siendo paulatinamente acorralado por la experiencia diaria de millones de personas para quienes los derechos políticos solos no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas. No obstante y como dice Lucy Taylor con optimismo, estos derechos, los que convierten a las personas en ciudadanos, son los únicos que dan cierto poder para influir en el mundo que nos rodea. A pesar de todas las distorsiones que la política experimenta en el “mundo real” (poder, riqueza, status), el poder del ciudadano -si bien puede estar severamente condicionado- no es totalmente neutralizado y su fuerza potencial permanece intacta si existe la participación, es decir la posibilidad de ejercer la ciudadanía.33

¿Qué relación establecer entre estos temas y lo desarrollado hasta ahora? El hito marcado por la Ley Saénz Peña a nivel nacional no fue el mismo respecto a los comicios provinciales ni a los municipales. Por lo tanto, las discusiones por parte de la élite sobre las formas de representación, los niveles de participación, la extensión o no de la ciudadanía, continuaron siendo asuntos candentes, en ambos espacios, en Córdoba durante los ’20.

Como hemos visto, en 1919 se promulgó una ley electoral que influyó para desatar importantes conflictos que alteraron el funcionamiento del sistema de partidos. Solo en 1924 se acordaría por consenso entre los partidos mayorita- rios una legislación electoral que quedaría prontamente trunca por el golpe de 1930. Con respecto al régimen municipal, la misma problemática también es- tuvo presente y se convirtió en uno de los temas centrales de los debates de la Convención Constituyente de 1923.

Por lo tanto aquellas nociones estaban muy presentes durante el período analizado; además, la política, los partidos, la representación, etc. eran ideas

32Taylor, 1998: 13 a 16.

33Taylor, 1998: 11 a 12.

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no devaluadas. Al contrario, hacía pocos años se había comenzado a ensayar una ciudadanía ampliada que despertaba gran entusiasmo, aunque las desilu- siones no estuvieran ausentes en algunas oportunidades.

Si bien luego de la Gran Guerra, el sistema democrático comenzó a ser cuestionado desde diferentes ángulos en Europa, y esas nuevas líneas de pen- samiento influyeron en nuestro país, la defensa del régimen republicano (de- mocracia censitaria, con voto calificado o universal) realizada por muchos diri- gentes cordobeses, a comienzos de la década del 20, queda evidenciada en los debates de la Convención Constituyente de 1923. Por lo tanto, los conceptos de ciudadanía, participación, etc. continuaron presentes en el debate de las élites. Todavía no había unanimidad al respecto a más de diez años de la famo- sa Ley de Reforma Electoral de 1912.

El concepto de ciudadanía se genera en la vieja matriz republicana clásica (Grecia, Roma, ciudades italianas), en el humanismo cívico anglosajón34 y en el liberalismo. Si bien el Republicanismo y el Liberalismo tienen orígenes dife- rentes, en algún momento y especialmente durante la Ilustración se rozan y coinciden en algunos aspectos.35 El liberalismo defendía, fundamentalmente, la libertad individual frente a un Estado que, aunque invasor y potencialmente abusivo, se consideraba absolutamente necesario para proteger los derechos básicos de sus ciudadanos, sin olvidar, por supuesto la preocupación central: cómo restringir el poder del Estado. En cuanto a la sociedad, la consideraban como al resultado de un pacto entre individuos quienes, por el solo hecho de ser hombres, gozaban de ciertos derechos naturales. Este acuerdo permitía en- cauzar el desorden social y consecuentemente mejoraba los intereses particula- res, los que aunados contribuían al bienestar general. El estado solo debía exis- tir para garantizar esos derechos positivos [naturales] del individuo. En esta visión, la ciudadanía y la democracia eran concebidas como derecho y garan- tía del derecho, como ‘libertad de los modernos’ o libertad negativa.36 Sin em- bargo una corriente del liberalismo, especialmente la de sus mentores modera- dos, defendía una democracia censitaria con lo cual aparece una gran contra- dicción, inherente a la misma filosofía: por un lado se sostenía que “los hom- bres nacen y viven libres” y que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, mientras que por el otro se negaba la ciudadanía y, por lo tanto, la igualdad de los derechos políticos a los miembros de las clases consideradas peligrosas.37

34Sobre el humanismo cívico y los orígenes de la UCR ver el interesante trabajo de Alonso, 1994: 13.

35Daitsman, 1998, , pp. 85 a 87. Sobre diferentes tipos de republicanismo popular aplicados a un estudio de caso (Colombia) ver Sanders, 2000.

36Sábato, 1999b.

37Daitsman, 1998: 87. Alonso, 1994: 12.

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El republicanismo en tanto, desde una óptica comunitaria antes que indivi- dualista, buscaba fomentar y construir el bien común, es decir su mayor aten- ción se ubicaba en la comunidad. Por ello, tanto la participación activa y cons- ciente de cada uno de los ciudadanos (hombres adultos) era consubstancial al modelo republicano porque implicaba la vía indispensable para alcanzar el bienestar colectivo. En un razonamiento lineal, se puede decir que los republi- canos defendían la participación pública porque engendraba la virtud patrióti- ca, y esta, a su vez, garantizaba un Estado sensible, comprometido con el bien- estar general.38 A diferencia del liberalismo, el republicanismo concebía la ciu- dadanía como la participación del sujeto en la sociedad con el fin de contribuir al bien colectivo. No enfatiza la individualidad sino la asociación. Por consi- guiente, la sociedad y la política están estrechamente unidas. Se trata de una visión de la democracia que se la denomina “libertad de los antiguos” o liber- tad positiva: vinculación de la gente al conjunto de la sociedad mediante la participación. Es decir, el énfasis se coloca en la protección de la esfera pública de los ciudadanos y se considera la virtud y la educación -que indudablemente derivaría en educación política- como los elementos constitutivos de la liber- tad. De este modo, la figura central para el republicanismo es la del ciudadano y la preocupación principal su representación en la República.39

Luego de la independencia y especialmente en Buenos Aires triunfó a nivel normativo la noción liberal de la ciudadanía, como dice Hilda Sábato,40 aun- que nuevos estudios están reconstruyendo formas de asociación sumamente interesantes.41 Si bien con la Constitución del ’53 las prácticas ampliaron esa mera normativa y mucho más con la Ley Saenz Peña, las situaciones en las provincias -al menos en algunas- estuvieron lejos de adaptarse a la moderni- dad, incluso desde una perspectiva normativa en cuanto a las nociones de ciudadanía, representación y participación.

Las diferentes versiones sobre republicanismo y liberalismo que fueron to- mando forma durante el siglo XIX en la teoría y en la práctica las observo en el caso de Córdoba durante la década del ’20, como una preocupación muy pre- sente en las elites políticas, especialmente en el campo de las ideas.

38Daitsman, 1998: 85-87.

39Alonso, 1994: 12.

40La soberanía radicaba en el pueblo pero se traspasaba a los representantes, lo cual de- muestra una idea completamente moderna de la representación puesta en práctica a través del mecanismo electoral. Sábato,1999c. Agradezco a la autora la gentileza de haberme permitido consultar el manuscrito. Debo hacer la siguiente aclaración: Sábato habla de la América Española (p.2 y p. 8) no de Buenos Aires específicamente.

41Ver Sábato, 1999a. Los artículos de este libro brindan una serie de reflexiones además de estudios particulares, sumamente interesantes sobre esta cuestión de la ciudadanía, representa- ción, etc, especialmente durante el siglo XIX en Latinoamérica.

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Ya entrado el siglo XX, durante los debates en la Convención Reformadora de la Constitución de 1923, esas ideas fueron ampliamente discutidas y la mayoría de los convencionales -como veremos- se opuso a aprobar una noción de ciudadano para el régimen municipal que ya tenía varios años de vigencia y aceptación en el mundo occidental.

Posturas enfrentadas en los debates de 1923 ¿Sufragio universal para el régi- men local?

Al examinar este punto tendré en cuenta, fundamentalmente, dos modelos de ciudadanía descriptos por Lucy Taylor: modelo elitista y modelo de partici- pación.42 Varios de sus elementos me ayudan a sistematizar las dos posiciones predominantes en el interior de la Convención con respecto al sufragio univer- sal a nivel municipal.

El modelo elitista deriva de la propuesta elaborada por Schumpeter43 quien justifica el gobierno de élite como el mejor mecanismo para ejercer la política de forma eficiente y eficaz. El ciudadano acupa un rol insignificante en las “democracias reales” según este enfoque: siempre es un “pobre juez de ‘sus’ mejores intereses y aquellos de la Nación”, conducta que se acentúa cuando los asuntos públicos no tienen que ver con los intereses más cercanos al mismo (por ejemplo: el gobierno municipal). Esta concepción de la ciudadanía es el resultado de la influencia de la psicología de la multitud de Gustave Le Bon que Schumpeter toma como guía en su análisis del comportamiento de la gen- te - la ‘masa’-. Según este pensamiento, el ‘pueblo’ está compuesto por hom- bres débiles, impulsivos, irracionales, fácilmente manipulables por los afectos, la propaganda, los partidos políticos. Por consiguiente se descree de la capaci- dad del ciudadano para gobernar o participar en la vida pública.

¿Cómo ejercer la democracia con todos estos prejuicios? La alternativa de Schumpeter es que las elecciones no deben ser vistas como una oportunidad para que la gente exprese su voluntad política, sino que el ciudadano solo produzca un gobierno. La soberanía, por lo tanto es limitada y se circunscribe al acto de votar, luego se traspasa a su representante y el ciudadano deja de tener poder hasta la próxima elección. Consecuentemente, su nivel de influen- cia es mínimo y tanto los fines como los medios son controlados por la elite sin su participación. Si bien este modelo es elaborado teniendo en cuenta demo- cracias contemporáneas, varios de sus elementos ayudarán a identificarlo con la propuesta de un grupo de convencionales conservadores como Rafael Nu- ñez, Emilio Sánchez, Manuel Ordoñez para mencionar a unos pocos.

42Taylor, 1998: 17 a 23.

43El autor sigue varias ideas de Hobbes para construir su propuesta.

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En cuanto al “modelo de participación”, tiene su origen en la noción de democracia elaborada por Rousseau. El ciudadano es el principal protagonista y por consiguiente cumple un rol fundamental en la interacción política con el gobierno. Su participación activa asegura el ejercicio de la soberanía del pue- blo, y yendo a uno de los extremos rousseaunianos, ese concepto significa que la libertad individual solo se mantiene en la medida que la soberanía perma- nezca en el pueblo. El soberano no puede ser representado por cualquiera sino por sí mismo; es decir, el poder puede ser delegado, pero la voluntad, no. A su vez, es importante destacar el énfasis que Rousseau, como buen represetante de la Ilustración daba a la educación popular, la cual se veía favorecida por la participación política.

Lo más interesante de este modelo en relación a las propuestas analizadas en este trabajo no es tanto la idea de que la soberanía es inalienable, indivisible y no representable -obviamente ese no era la concepción que la fracción ‘ro- thista’ o el PDP tenía de la soberanía- como el valor que se otorga a la partici- pación activa del ciudadano para el buen funcionamiento de la democracia. El mismo acto de participación tiene un efecto educativo porque se lo incita al individuo a estar más informado, al tiempo que se favorece la autoestima al reconocer la importancia de sus decisiones. Esto contribuye a desarrollar una conciencia de libertad en la persona y consecuentemente, conlleva la elimina- ción de viejas prácticas personalizadas que atan al sujeto a la voluntad de otros. El ciudadano modelo en este marco participacionista es una criatura política no un mero productor de gobernantes como en el caso anterior. Este punto se debe remarcar porque era uno de los objetivos de los demócratas liberales cuando defendían el voto universal a nivel local.

El régimen municipal tratado por la Convención estaba compuesto por va- rios aspectos pero, en este caso como ya indiqué, analizaré únicamente la cues- tión del sufragio. La discusión sobre este tema puso en evidencia las líneas de pensamiento de la clase política cordobesa coexistentes en la Convención44 en relación a los conceptos de ciudadanía y democracia. La ausencia de los radi- cales en dicha Convención probablemente nos impida conocer otra visión -o por lo menos matices de los modelos expuestos-, cercana quizá al humanismo cívico del que habla Alonso. Es decir, un estilo que defiende una mayor partici- pación ciudadana con el objetivo de alcanzar el bien colectivo: una concepción cercana al ‘modelo de participación’ mencionado.45

44El proyecto sobre Régimen Municipal y los debates correspondientes se pueden consultar en el Diario de Sesiones de la Honorable Convención Reformadora de la Constitución. Provincia de Córdoba. Año 1923, Tomo II. (HCRC23), pp. 1150 a 1159 y 1159 a 1593 respectivamente. La cuestión del sufragio a nivel comunal es discutida en las pp 1287 a 1396.

45Sobre el modelo de ciudadano y democracia defendida por el radicalismo yrigoyenista de la década del ’20, yo lo reconstruí, en base a los discursos de los dirigentes y siguiendo el pensa- miento krausista que tradicionalmente se le ha atribuido a Yrigoyen. Vidal, 1995: 273 a 278.

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Al presentar el proyecto de Régimen municipal, el miembro informante, Carlos Astrada Ponce,46 enumeraba los objetivos principales del mismo enfati- zando los siguientes puntos:

- Extender la vida municipal en toda la provincia tanto en relación al espa- cio como a la gente.

-Desechar la pretendida antítesis entre democracia y eficacia. “A nuestro régimen municipal -decía en su exposición- le hace falta una mayor democrati- zación, única forma de vigorizarlo” para lo cual era indispensable la atención y contralor del pueblo de los asuntos públicos. En ese sentido la Comisión, en- cargada del proyecto, buscaba asentar el régimen municipal “sobre los anchos cimientos del sufragio universal...Sobre él se eleva toda la construcción [de este proyecto] y sin él se derrumba todo el edificio”.

Con estas palabras elocuentes abrió la sesión del día 29 de mayo de 1923. Reconocía que la legitimidad de los gobiernos republicanos radicaba en la soberanía del pueblo y, por lo tanto, era necesario que dicho autoridad se tras- ladara al ámbito municipal, especialmente cuando este procedimiento ya no se trataba de un ensayo sino de la continuación de lo ya puesto en práctica en los países ‘más importantes’ y en varias provincias argentinas. La admiración al sistema político estadounidense en general y, particularmente, al régimen mu- nicipal era enorme y su recurrencia al mismo para ejemplicar el éxito del mode- lo propuesto era constante. A pesar de la “frase aviesa del reaccionario o la pedante del burgués enriquecido aconsejando como único remedio la clasifica- ción del voto, los americanos mantuvieron su honrosa tradición democrática. A la fórmula de “menos democracia opusieron la de más democracia” decía As- trada Ponce refiriéndose a los cambios introducidos en el Régimen Municipal estadounidense en la segunda mitad del XIX. También recogía de esa experien- cia los mecanismos de iniciativa, referendum y recall porque ellos producían un mayor estímulo para la participación en la cosa pública. “Ese despertar del interés del pueblo americano por sus problemas municipales quiere y espera provocarlo esta comisión” porque reconocía que el pueblo tenía ese interés. Para el miembro informante, la falta de soberanía de los ciudadanos, continua- ría brindándoles los “deleznables privilegios a los pequeños trusts que hoy aca- paran el gobierno municipal”. El voto calificado ya “ha demostrado su fracaso: -el abandono de nuestras ciudades, la incapacidad de sus gobernantes, el alar- mante desinterés de la población por la política municipal-”, afirmaba categó-

rico Astrada Ponce con el acuerdo de los otros miembros de la comisión.

46Carlos Astrada Ponce era un joven abogado de 29 años quien había abandonado su mili- tancia política en el PD, probablemente por desacuerdos con su funcionamiento. Por sus inter- venciones en la Convención se puede deducir que era una persona sumamente informada y muy inteligente.

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Uno de los énfasis principales se ponía en la posibilidad de educación que los derechos de iniciativa y referendum abrían a la comunidad. “El gran poder educador de este sistema ayudará para que desaparezca todo peligro de des- potismo y de personalismos,” (recordemos que era uno de los principios del republicanismo liberal estadounidense de fines del XVIII), al tiempo que se incorporarán a los debates cívicos -agregaba- “las grandes fuerzas políticas hoy ausentes de las luchas electorales”, aludiendo a la UCR.

“El gobierno de una República es el gobierno de la opinión pública, es decir de los ciudadanos opinando y deliberando sobre la cosa pública y esta opinión no se podrá concretar sin la participación del ciudadano”. Siguiendo la misma línea de razonamiento, Astrada Ponce se entusiasmaba y esperaba que esa transformación a nivel municipal se trasladara a nivel provincial y nacional provocando así una rectificación de las prácticas políticas viciadas del país. Es decir, se podría lograr la utopía de un comportamiento racional por parte de todos los ciudadanos y, por lo tanto, un funcionamiento ‘científico’ de la demo- cracia.

A esa propuesta de sufragio universal, los socialistas -representados por Ni- colás Repetto-47 agregaban la necesidad de extender el derecho de voto a todos los extranjeros y a las mujeres.48

Pero lo que más me interesa destacar del discurso de Repetto son los párra- fos en los que defiende la democracia. El resto de la Comisión estaba de acuer- do con esos conceptos. En realidad y como indicaba Repetto, había sido muy fácil para los miembros de la Comisión trabajar juntos porque, en su inmensa mayoría había habido unanimidad de criterios.49

Decía Repetto entonces: “Nunca se ha considerado tanto como después de la última guerra mundial que la democracia representa el gobierno de la opi- nión pública activa, organizada, que conscientemente quiere ejercer una ac- ción en los destinos del pueblo. Por esa razón, el sufragio se ha extendido enor- memente y el voto se ha concedido a un número cada vez más grande de ciudadanos y también a la mujer”.

47La presencia de Nicolás Repetto en la Convención indica la necesidad del gobierno local de legitimar la misma a través de las figuras más notables de la política nacional. En Córdoba, posi- blemente los socialistas no tenían figuras sobresalientes y cubrieron esa falta con un cuadro de la Capital Federal. Darle legitimidad a la Convención era uno de los objetivos principales del gobier- no ante la negativa radical de asistir a la misma. Y para ello acudieron a los hombres más desta- cados (política o intelectualmente). Ese también era el caso de Carlos Astrada Ponce que ya no era militante demócrata, como se mencionó más arriba, pero su gran lucidez lo hizo destinatario de un lugar destacado en esta Convención.

48Los demás integrantes de la Comisión no se oponían al sufragio femenino, pero sostenían que no era el momento oportuno para plantear la cuestión.

49La Comisión encargada de redactar el proyecto de Régimen Municipal estaba compuesta por: Gerónimo del Barco, Gonzalo Figueroa, Nicolás Repetto, Carlos Astrada Ponce.

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Me interesa confrontar esa idea con la de otros convencionales que saluda- ban con entusiasmo las propuestas autoritarias y fascistas posteriores a la Gran Guerra. Así, Manuel S. Ordoñez, para citar sólo un ejemplo, advertía con res- pecto a la democracia: “¿Qué ocurre en el continente europeo? Según las noti- cias que llegan los dirigentes de los pueblos de mayor cultura sienten la necesi- dad de modificar los regímenes políticos en vigor, convencidos del peligro que entraña para su bienestar y tranquilidad”. Había otros discursos más elocuen- tes que llegaban a defender explícitamente la acción de Benito Mussolini,50 e incluso Rafael Nuñez llegó a decir que la monarquía (al estilo inglés) era mejor “que muchas parodias de repúblicas”, refiriéndose, probablemente, al caso ar- gentino.51

En conclusión, el dictamen de la comisión defendía la soberanía popular mediante el sufragio universal de todos los ciudadanos y su continua participa- ción en los asuntos de la comuna para vigorizar la democracia y para que, a través de la experiencia (educación), se fueran limando las prácticas políticas y se estimulara el interés de la colectividad en los asuntos que debían ser de su propia incumbencia. Era una proposición que apostaba al logro del bien colec- tivo mediante la intervención activa en la política; paralelamente defendía la libertad del individuo. Este punto era explicitado con mucha claridad cuando se referían a la necesidad de eliminar a los caudillos, a las relaciones políticas personalizadas

Como presumía Astrada Ponce, los opositores recurrirían a la remanida fra- se de ‘la incapacidad del pueblo’ para negar la validez de la propuesta del sufragio universal. Pero incluso, agregarían argumentos más contundentes en contra del sistema para demostrar su ineficacia desde 1912. Ordoñez era cate- górico: “Yo creo que lejos de haber alcanzado un ideal con el voto secreto y obligatorio hemos descendido enormemente bajo el imperio de la ley Saenz Peña. Cualquier analfabeto o semianalfabeto se considera con título suficiente para aspirar a la presidencia de la República, a la gobernación de Córdoba o de cualquiera de sus hermanas o desde luego a una banca al Congreso de la Nación”.

50Ver declaraciones del convencional Lisardo Novillo Saravia en Vidal, 2000: 95.

51El escepticismo sobre la democracia liberal no era exclusivo de los conservadores cordobe- ses. Como bien dice Halperín Donghi (1999: 85), refiriéndose a la posguerra “[Si bien] era evi- dente que el mundo no estaba esperando tomar una nueva forma, lo era también que había perdido la vieja, porque la guerra había cavado un infranqueable foso que hacía impensable cualquier retorno al pasado... A mas de una nueva política, el hiato que la guerra y sus secuelas había abierto con el pasado demandaba una nueva cultura, organizada en torno a principios ajenos a un cientificismo agotado”. No obstante, y como explicito en el texto, en 1923, varios integrantes de la clase política cordobesa continuaban defendiendo aquel sistema.

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El otro tema interesante de remarcar es la insistencia que realizaba la oposi- ción de buscar ejemplos en la experiencia interna y no en países extranjeros; esto era bastante compartido por todos los opositores e incluso por algunos que apoyaban el dictamen de la Comisión como Amado J. Roldán. Igualmente y asociado con este punto había una decisión expresa por desprestigiar la teo- ría y resaltar la práctica. La experiencia local se rescataba como la fuente de donde extraer los instrumentos válidos para producir los “mínimos cambios que se pueden introducir”.

El argumento esencial de los defensores del voto calificado, -entre quienes se pueden citar al ya mencionado Ordoñez, a Rafael Nuñez, a Emilio Sánchez, entre otros, -posiblemente se pueda dividir en dos grandes ejes : uno como ya mencioné es el que alude a la incapacidad del pueblo: “...siendo el electorado en la actualidad escaso de cultura, -decía Nuñez- hemos de llegar a la peor representación, en lugar de la mejor”; y el otro -defendido particularmente por el mismo ex gobernador- es el que establecía una diferenciación entre régimen político y administrativo. “Ubicando a las municipalidades [en este último] existen motivos para sostener que la soberanía no reside en todos los ciudadanos sino sólo en aquellos que contribuyen a financiar las rentas de la comuna y por lo tanto a hacer posible tal administración.” Estas argumentaciones no se excluían. Como hemos visto, ambas citas correspondían a un mismo convencional; en todo caso se trataba de una cuestión de énfasis. “Deben participar sólo los que tienen intereses directos es decir los que pagan impuestos; sean nacionales o extranjeros, hombres o mujeres. Por eso el régimen municipal actual es cohe- rente y no necesita modificaciones esenciales. Solo vota el que tenga un interés directo para defender, como es el contribuyente que forma la renta munici- pal...” Nuñez reafirmaba con estas palabras sus ideas básicas.52

Esa división entre política y administración estaba cargada de prejuicios con respecto a los partidos políticos además de los intereses concretos que ayuda- ban a alimentarla como se verá más adelante. Varios convencionales contra- rios al proyecto presentado rechazaban para la municipalidad el gobierno de partido, el gobierno político, porque “la municipalidad -decían- tiene un carác- ter técnico”. Por eso, “formulo mi oposición -manifestaba Nuñez- al voto uni- versal en las comunas. No obstante ser un político militante y estar inspirado en sentimientos de verdadera democracia, agregaba, [le doy] a la comuna el ca- rácter de una corporación técnica y administrativa [en consecuencia] no se

52Esta concepción administrativa del régimen comunal había sido sostenida por mucho tiem- po, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX, pero si recordamos que los convencio- nales sostenían que el derecho al sufragio universal para 1923 ya había sido otorgado en nume- rosas provincias argentinas -y en varios países ‘centrales’- parecería que la dualidad político/ administrativa había quedado superada. De todos modos, la argumentación que hace Astrada Ponce condenando esa dicotomía demostraba que parte de la clase dirigente ya no la aceptaba.

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concibe el voto sino calificado y esto no está reñido con la democracia porque la democracia no la forman los incapaces; la democracia la forman los que están en condiciones de votar y elegir mejor...”

La incorporación de los analfabetos (aproximadamente un 45% del pa- drón) no podía mejorar el sistema político según esta visión: “Más democracia no significa más eficacia” decía, contestando así a la premisa antes enunciada por Astrada Ponce. Por más que hiciera un esfuerzo por defender la Ley Saénz Peña y su aplicación a nivel nacional y provincial, Nuñez cuestionaba los efec- tos del voto universal: “...y aun cuando en el orden político el voto universal no puede ni debe ser discutido dada la cultura de nuestro país no se puede decir que sus resultados han sido halagüeños”.

Es llamativa la coincidencia de la argumentación de Nuñez con la de Benja- min Constant -un republicano conservador- quien sostenía: “Aquellos a quie- nes retiene la indigencia en una eterna dependencia y que condena a trabajos cotidianos, no son ni más cultos que los niños ni más interesados que los ex- tranjeros, en una prosperidad nacional cuyos elementos desconocen y de cu- yas ventajas sólo indirectamente participan”.53 Mientras Nuñez exaltando igual- mente a los hombres capaces de producir dinero, decía “El extranjero si paga un impuesto vota y sería muy raro el caso de un comerciante o propietario analfabeto. Debe votar el que contribuye directamente a formar la renta, que desde luego ya acredita alguna capacidad”.

Esa concepción de la soberanía para el orden municipal, solo permitiría la participación de unos 4000 ciudadanos -elegidos por su capacidad de contri- buyentes- en los comicios de la ciudad de Córdoba. Luego de acalorados de- bates y reales desilusiones del sector defensor del sufragio universal -especial- mente con Nuñez-, este punto finalmente se reformó logrando, solamente, un sufragio calificado en base al alfabetismo y no a la riqueza.

El desprestigio en el que tenían a los partidos políticos estos convencionales era manifiesto. Lo interesante es que - a diferencia del grupo liberal- tampoco veían la posibilidad de regenerarlos; en ese sentido su elitismo era doble pues no aceptaban ampliar la participación pero tampoco demostraban ninguna intención de cambiar las prácticas ‘viciadas’ de la política que ningún contem- poráneo desconocía y que los socialistas habían bautizado como ‘política crio- lla’. Para los conservadores, el cambio del regimen municipal, solo traería des- ventajas porque se terminaría entregando la comuna a los partidos “las que pronto se convertirían en Comités Políticos cuyas rentas por abundantes que fueran no alcanzarían para satisfacer las necesidades”. Era la lucha de una élite que buscaba mantener con determinación un espacio que consideraba propio. No estaba dispuesta a que los comités partidarios (la ‘chusma’, el ‘pueblo’, las

53Cit. por Daitsman,1998: 87. Daitsman considera a Constant un republicano moderado.

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‘clases peligrosas’) tuvieran la posibilidad de ‘invadir’, por medio de la política, uno de los ámbitos que hasta el momento había logrado salvarse del ‘democra- tismo liberal’.

En cuanto al voto de la mujer, propuesto por los socialistas, hubo una voz que se levantó firmemente en su contra: Eduardo Deheza quien sustenta una posición muy tradicional con respecto al rol que debía cumplir la mujer en la sociedad. Si pensamos que esas discusiones se estaban dando en la década del ’20 cuando los Años Locos cubrían parte de la cultura de occidente y la libertad de la mujer se ampliaba en diferentes esferas de la vida pública y privada, la fundamentación de Deheza no deja de ser anacrónica pero a la vez ilustrativa de la cultura socio-política que imperaba, en parte de la elite gobernante de Córdoba. “Abogo porque la mujer no tenga el derecho al sufragio. No disminu- ye por eso su dignidad. Por el contrario. Porque la concibo muy perfecta, sobre un pedestal muy elevado, porque la concibo en el hogar, ejemplo de virtudes centro de irradicación y de conjunción de los más nobles sentimientos, vínculo de unión en la familia y piedra angular de la sociedad no la concibo en el comité, en el comicio, en la plaza pública”. La actividad de la mujer quedaba circunscripta al ámbito privado y excluida del espacio público.54 De todos mo- dos, quiero hacer una advertencia: en varios momentos de la vida política de Córdoba desde el siglo XIX, las ‘virtuosas matronas’ de la élite habían salido a la calle, a la plaza pública, en más de una oportunidad para defender cuestio- nes políticas que invadían los espacios de poder considerados como propios de su clase. La aprobación de varios convencionales de diferentes tendencias para otorgarle el sufragio a la mujer contribuyente confirmaría una vez más, las po- sibilidades, limitadas pero existentes que esta tenía, de participación en la esfe- ra pública.

54Es cierto que no solo los conservadores como Deheza defendían ese criterio en la Argentina de entonces. Incluso, algunos convencionales conservadores como Nuñez tenían una posición deferente: eran partidarios del voto de la mujer contribuyente; posición que finalmente se impu- so. Sin embargo, el argumento esgrimido por Repetto tiene signos completamente diferentes. En general, la Comisión en su conjunto estaba de acuerdo con la propuesta socialista pero pensaba que no era el momento oportuno para plantear el tema. Repetto exponía dos puntos esenciales para sustentar su defensa del voto de la mujer. Por un lado, que la Primera Guerra había demos- trado sobradamente las aptitudes ‘que las mujeres habían desarrollado a través del tiempo’ [para realizar todo tipo de tareas]. Por esa razón, varios países europeos e incluso africanos habían otorgado el voto a la mujer luego de la Guerra. Además, Repetto enfatizaba otro punto: conceder el voto político a la mujer era también ‘una cuestión de conveniencia social. La política municipal es una política de los intereses inmediatos, de los problemas locales, de los alimentos, de la higiene, etc.: es la política que afecta más de cerca el interés de los habitantes y que la mujere puede comprender, sentir y servir mejor que el hombre”. Repetto no desconoce que en un prin- cipio ese voto sería negativo para el socialismo como había ocurrido en otros lugares como Ale- mania. Pero, el sufragio ‘les abre nuevos horizontes y les sugiere nuevas preocupaciones’ a las mujeres como sostenía Rivadavia. En ella “se encontrará ‘un colaborador eficaz’ [para promover y forjar el progreso político argentino.]”

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¿Por qué existió en Córdoba tanta resistencia para otorgar el sufragio uni- versal a los ciudadanos nativos y naturalizados a nivel municipal cuando éste ya había sido otorgado en numerosas provincias: (Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Territorios Nacionales.)? Acorde a las denuncias realizadas por Astrada Ponce y que no fueron desmentidas, al menos de modo convincente por el resto de los conven- cionales, las razones prácticas residían en la existencia de centros electorales ya constituidos para las próximas elecciones comunales, centros que ya tenían sus trabajos muy adelantados a base del padrón restringido vigente hasta enton- ces. Esos centros, varios de cuyos integrantes eran convencionales, hacían un lobby muy intenso para que la Convención votara en contra del sufragio uni- versal. Algunos eran verdaderos gremios como el de propietarios que hacía público uno de sus propósitos fundamentales: la defensa patrimonial.55 El voto pasaba a ser así un privilegio, un atributo de un grupo “con las características más reaccionarias incluso dentro del sufragio calificado”.

La cuestión de la soberanía popular, de la participación en la cosa pública, de la eficiencia democrática atada a ‘los más aptos para gobernar’, acercaba notablemente la propuesta triunfante en la Convención al “modelo elitista” de Schumpeter, con el agravante de que en este último se acepta que los ciudada- nos tienen mayor capacidad para opinar sobre sus intereses más cercanos como serían los asuntos municipales. Mientras que la trascendencia dada por los libe- rales a la participación del ciudadano en los asuntos municipales, -como proce- dimiento indispensable para la educación política, para el ejercicio de la sobe- ranía y, en definitiva, para mejorar el funcionamiento de la democracia- nos recuerda el contenido de varios de los puntos insertos en el ‘modelo de partici- pación’.

Diferencias en la convención constituyente y los conflictos en el Partido Demócrata

La Convención Constituyente hizo públicos no solo los conflictos internos del partido demócrata sino las razones ideológico-doctrinarias que los sustenta- ban. Desde los trabajos iniciales del proyecto reformista ya era evidente que había un grupo que le prestaba su apoyo con entusiasmo y otro que permane- cía indiferente o que estaba en desacuerdo con los postulados básicos. Sin embargo, la determinación de ambas fracciones de detener el avance de las fuerzas nacionales sobre la autonomía del Estado Provincial, hizo posible que las discrepancias fueran pospuestas transitoriamente para facilitar la iniciación

55Denuncia realizada por Astrada Ponce durante los debates sobre este tema.

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de la Asamblea Constituyente y obstaculizar la pretensiones intervencionistas. Cuando los debates comenzaron se tornó imposible mantener la misma disposición para el consenso; las diferencias comenzaron a definir tendencias y a prolongar las reuniones de los convencionales. Se había previsto que la Con- vención duraría tres meses aproximadamente pero terminó extendiéndose a un

año.

Se definieron con claridad dos corrientes, que si bien no aglutinaban a to- dos los convencionales, dieron la tónica esencial a los debates. Una, conserva- dora, liderada por el ex gobernador Rafael Nuñez, se alineó en más de una oportunidad con el sector clerical. La otra, liberal -cuyo líder era el Ministro de Gobierno, Guillermo Rothe acompañado por el director del diario La Opinión, Amado J. Roldán, y los dirigentes más jóvenes- defendió posiciones que lo ubicaron al lado de los socialistas en varias ocasiones.56

Las contradicciones evidenciadas en la Convención Constituyente no tar- daron en trasladarse al partido y perturbar su dinámica interna. Con todo, la relación de fuerzas en el seno de la agrupación estaba bastante definida en favor de los conservadores, lo cual disminuía las posibilidades de éxito del grupo ‘rothista’ identificado por sus adversarios con el proyecto de Lisandro de la Torre. Así se expresaba la prensa católica:

“...se dice que muy en breve la Junta de Gobierno del Partido Demócrata resol- verá los trabajos de reorganización en toda la provincia...Está fuera de toda duda que lo ocurrido en la Convención Reformadora ha sido para los demó- cratas algo así como un llamado al orden, para estrechar filas sin que teman los dirigentes la formación del Partido Demócrata Progresista inspirado por el Dr. Lisandro de la Torre, al que desearían llegar algunos, por no tener ambiente en Córdoba esa agrupación...” 57

Si a esa posición de debilidad que se le adjudicaba a la tendencia liberal le agregamos que era minoría en la Convención, la pregunta que debe surgir es: ¿Por qué con esa correlación de fuerzas fue ese grupo el que impuso el proyec- to de Reforma Constitucional? Probablemente, la respuesta corra por estos ca- rriles: Roca quería y necesitaba la unidad partidaria para seguir gobernando Córdoba y enfrentar, de ese modo, los intentos intervencionistas nacionales.

56Las figuras sobresalientes de esa corriente liberal eran: Dr. Guillermo Rothe (abogado), Sr Amado J. Roldán (periodista), Sr. Meliton de las Casas, Dr. Alejandrino Infante (abogado), Cle- mente Carranza, Francisco Loza (h), Santos Ortíz, Modesto Moreno, Juan M. Baigorria, Manuel Carranza, Jorge Morcillo, Carlos Alfredo Astrada (terrateniente dpto. Calamuchita), Horacio Val- dés (abogado), Justo U. Astrada (terrateniente dpto. Calamuchita), Carlos D. Courel, Jacinto J. Cornejo, Carlos Suárez Pinto (abogado), Pedro J Frías, Rodolfo Frías, Alejandro Argüello (Los tres últimos aparecen como simpatizantes de esta fracción).

57LP 18-8-23.

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Delegar la elaboración del proyecto de Reforma Constitucional a los liberales estabilizaba en algo la balanza que durante el gobierno de Nuñez se había inclinado demasiado hacia el lado opuesto. Es posible también que el mismo Roca e incluso Cárcano hayan acordado con algunas proposiciones del pro- yecto reformista. Sin embargo, en el caso de Cárcano, por ejemplo, mi opinión es que cuestiones político-estratégicas lo impulsaron a alinearse con los conser- vadores en varias oportunidades antes que con los que compartían sus propias ideas o bien trató de mantener un bajo perfil durante los debates en la Consti- tuyente.

A medida que avanzaba el año ’23, el conflicto demócrata se profundizaba. Circulaban rumores de la renuncia de Rothe, se intentaba reunir a la Conven- ción del partido para establecer algunos acuerdos básicos pero no se lograba quorum, etc. Roca trataba de neutralizar los enfrentamientos, pero las posibili- dades de conciliación eran cada vez más remotas. A finales de ese año, apare- cía como urgente la necesidad de la reorganización partidaria en vista de las elecciones que se avecinaban. Finalmente, la convención partidaria se celebró en febrero de 1924. Debía elegir los candidatos a diputados nacionales y legis- ladores provinciales para los comicios del 2 y 9 de marzo respectivamente; también tenía que proclamar los miembros de la Junta de Gobierno del Parti- do.

Si hasta este momento la lucha se había dado en el campo de las ideas, y fundamentalmente en el contexto de la Convención Constituyente, ahora se trasladaba al organismo máximo del partido, es decir a su propia convención. El acento se pondría más que en discusiones teóricas en la puja por conseguir espacios de poder tanto en el interior de los órganos partidarios cuanto a través del nombramiento de los candidatos para los comicios.

El trabajo de la Constituyente había llegado a su fin en diciembre de 1923 con resultados que no satisfacían a los liberales ni al mismo Roca que, en su discurso de cierre dijo explícitamente que lamentaba que las funciones del PE no hubieran sido más restringidas, aunque demostraba su satisfacción por las transformaciones logradas.58 El paso siguiente era la reglamentación de las le- yes y su aprobación por la legislatura provincial, lo cual demostraba que el tema no estaba acabado. Una elección como la que tendría lugar el 9 de marzo para elegir 18 diputados provinciales por la mayoría era determinante para distribuir las fuerzas dentro de la Cámara de Diputados y en consecuencia, para decidir sobre esas leyes.

A pesar del poder que los ‘rothistas’ habían alcanzado en algunos departa- mentos -lo que les permitió la formación de comités paralelos y la elección de

58Resultados de la Convención Constituyente y discurso de cierre de Roca en DSCC, Tomo II, pp. 2097 a 2114.

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dobles delegados-59, la corriente ‘nuñista’ tenía mayoría en la Convención par- tidaria lo que la hacía renuente a la negociación. Además, contaba con el apo- yo del grupo autodenominado ‘independiente’ liderado por el Dr. Antonio Nores.60 Más aún, desafiando los intentos de algunos dirigentes “neutrales” y del mismo gobernador por lograr un consenso mínimo que salvara la integri- dad del partido y la estabilidad del gobierno, la fracción conservadora decidió continuar con mayoría absoluta en la Junta de Gobierno y designar como pre- sidente de la misma a su lider, Rafael Nuñez.61 Ante esa provocación Roca y sus Ministros presentaron la renuncia indeclinable a sus cargos el 20 de febrero de 1924. El vicegobernador Sarría se hizo cargo del PE .62

La renuncia de Roca aparecía como la última carta que el gobernador, figu- ra respetada por distintos grupos de presión de Córdoba como de Buenos Ai- res, jugaba para impedir la división del partido e imponer la negociación como salida a la crisis. No obstante, entre los conservadores no se manifestaba inten- ción alguna para la transacción como lo indica el tono del telegrama que Nu-

59LP 16-2-24 y La Nación 13-2-24. Estos diarios acusan a los demócratas disidentes -’rothis- tas’- de esa doble representación.

60Nores era el impulsor principal para la formación de un partido católico durante estos años. Ver Vidal, 2000.

61Los puntos más discutidos y sobre los cuales imperaba especialmente el desacuerdo eran:

l)Los ‘nuñistas’ se negaban a aceptar a los delegados ‘rothistas’. Estos delegados provenían de los siguientes departamentos: Marcos Juárez, Unión, Calamuchita, San Alberto entre otros. 2) Los ‘rothistas’ no aceptaban que se les diera representación minoritaria en la Junta de Gobierno. En ese momento la Junta de Gobierno estaba constituida por cuarenta miembros de los cuales cua- tro pertenecían a la fracción disidente. Cediendo a las exigencias de esta última, decía la prensa, los ‘nuñistas’ habían “convenido en aumentar ese número a siete en la nueva Junta que sólo será de 15 miembros, lo cual no fue aceptado por los partidarios de Rothe.” 3) No había acuerdo con respecto a los nombres de los candidatos para diputados nacionales. Se había acordado en las designaciones de Cafferata, Peña, Roldán pero los ‘rothistas’ no aceptaban la candidatura del Dionisio Centeno propiciada por el propio Nuñez (Centeno había sido Jefe de Policía durante la gobernación de Nuñez). Los partidarios del Ministro de Gobierno propiciaban, en su lugar, el nombre de Manuel Astrada. LP 18-2-24.

62Félix Sarría tenía el apoyo de la tendencia conservadora y de los grupos clericales ‘indepen- dientes’, LP 23-2-24. La renuncia obligó a la inmediata reunión de la Junta de Gobierno presidi- da por Nuñez. En ella, Horacio Valdés -’rothista’- denunciaba: “Los hombres que han desarrolla- do una política solidaria con el gobierno del Dr. Roca así en la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia como en la Legislatura y dentro del Partido, entienden que la actitud de Roca ha sido provocada por resoluciones precipitadas de la Junta Ejecutiva, al designar una nueva mesa directiva compuesta por personas que han estado alejadas de las orientaciones polí- ticas por él impuestas considerando que la decisión del Dr. Sarría [hacerse cargo de la goberna- ción] importa una infidencia a compromisos de honor contraidos al asumir el mando, de solida- rizarse en un todo con su antecesor....[ ] En consecuencia, [este grupo] ha resuelto mantener la línea de conducta trazada al presente dentro del partido...no planteando disidencias que no caben...pero sí luchando para imponer el criterio que orientó el gobierno del Dr. Roca y piensa que desde ahora debido a la actitud del Dr. Sarría al asumir el mando, si ella fuera definitiva, el partido y el gobierno constituirían entidades diferentes y separadas.” LP 21-2-24.

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El Partido Demócrata y sus tensiones internas.

ñez envió a los presidentes de los comités departamentales al día siguiente de la renuncia de Roca:

“Me es grato comunicarle que habiendo asumido la presidencia de la Junta de Gobierno iniciamos hoy la campaña electoral que demostrará una vez más al pueblo de la provincia y de la nación la unidad, concordia y fuerza de nues- tro inquebrantable prestigio”.63

Si bien Roca nunca se había identificado públicamente con la fracción ‘ro- thista’ -por el contrario siempre hubo un interés particular de la prensa católica, de valorar su gobierno y colocarlo por encima de los conflictos internos- en este momento y para evitar la división del partido, el gobernador salió en defensa de su Ministro de Gobierno y sus seguidores. La Asamblea Legislativa rechaza- ría la renuncia del gobernador por unanimidad luego de una serie de concilia- ciones que no alteraban las decisiones ni la estructura de poder de los ‘nuñis- tas’. En efecto, quienes tuvieron la iniciativa de solicitar el rechazo de la renun- cia de Roca fueron los legisladores liberales/rothistas. Así un miembro de ese grupo, Carlos Suárez Pinto, manifestó en la Asamblea Legislativa “La unión sin Roca, no es posible”. Al elogiar luego la actuación del gobernador, señaló par- ticularmente la influencia moral de su autoridad frente a un poder central vaci- lante, diciendo que ha sido “un general que vence sin combatir”. Agregó más adelante que el prestigio del Dr. Roca reconocido en todo el país no podría ser alcanzado en el actual momento por quien lo sucediera en el poder. La provin- cia se ha salvado por él exclusivamente, “porque el radicalismo, que no respetó ni ley ni Constitución ni instituciones hubo de someterse a un paréntesis en su tarea de avasallamiento ante su presencia al frente del gobierno”.64

En un primer momento, la negociación que se vislumbraba era la siguiente: Roca retomaría su cargo, Rothe seguiría siendo Ministro de Gobierno y Nuñez continuaría en la presidencia del partido sin ceder ningún lugar en el interior de ese organismo.65 Por lo tanto, las condiciones de conflicto permanecían por lo que los enfrentamientos no tardarían en hacerse públicos nuevamente.

63LP 22-2-24.

64LP 26-2-24

65La situación de los departamentos que habían tenido doble representatividad continuaba siendo uno de los factores de disidencia difíciles de solucionar. Especialmente los casos de Gene- ral Roca y Río IV donde se habían elegido uno y dos senadores respectivamente en las elecciones provinciales del 2 de marzo de 1924. Triunfando en el primer departamento el candidato disiden- te Sr. Baigorria contra el proclamado por la tendencia ‘nuñista’. Mientras que en Río IV habían sido vencidos los candidatos ‘rothistas’, LP 11-4-24. Esta situación se convertiría nuevamente en fuente de tensiones cuando se tratara en el partido y se discutiera en la Legislatura la aceptación de sus diplomas.

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La fracción liberal y el Partido Demócrata Progresista (PDP)

La similitud del proyecto de Reforma Constitucional impulsado por Guiller- mo Rothe con los postulados del PDP reflejaba una afinidad política que los adversarios internos denostarían con virulencia. En agosto de 1923, Los Princi- pios ya había denunciado la simpatía que los demócratas liberales tenían por Lisandro de la Torre. Los antagonismos internos produjeron un mayor acerca- miento entre ese grupo cordobés y los demócratas progresistas.

Un año después, en mayo de 1924, las fuertes presiones de sus antagonis- tas obligaron a Guillermo Rothe a renunciar. “Las causas de la división radican en que ambas fracciones proponen y defienden programas que teórica y prác- ticamente son diferentes” explicaba con claridad el vocero clerical.66

Si bien el motivo inmediato que causó la renuncia del Ministro de Gobierno radicaba en un hecho concreto,67 las diferencias de fondo se acentuaban con respecto a los proyectos de leyes discutidas por la Convención Constituyente el año anterior que el Ministerio de Gobierno estaba preparando para enviar a la Legislatura. Los proyectos más conflictivos eran los relativos al régimen muni- cipal y al educacional. En el primer caso y hasta que la ley orgánica de munici- palidades fuera sancionada, los ‘rothistas’ eran partidarios de enviar comisio- nados ad hoc cuando el mandato del intendente terminara. Esta postura era totalmente rechazada por sus adversarios internos y por los partidarios de No- res quienes proponían la continuación de las autoridades existentes. En el se- gundo caso, la cuestión del laicismo seguía siendo el eje del conflicto principal. A pesar de que la propuesta de agregar la palabra laica a la frase “educación gratuita y obligatoria” había fracasado en la Convención, desde el Ministerio de Gobierno se trataba de enviar un proyecto de ley incluyendo esa cuestión.68

El laicismo del grupo minoritario no era un secreto para nadie y obviamente era mucho más fácil individualizarlo en un aspecto como el de educación. El reemplazo de Rothe por Angel F. Avalos en el Ministerio de Gobierno era sinto- mático de la importancia que dicha cuestión había tenido en este renovado enfrentamiento. Avalos -miembro del partido demócrata- había sido el vocero de los intereses católicos en la Convención Constituyente con respecto al régi- men educacional. Su propuesta, contraria a la educación laica en las escuelas públicas había triunfado: “... es imposible la escuela neutra. Y qué religión

66LP 29-5-24

67Lo que precipitó el retiro del Dr. Rothe fue el asunto de la senaduría por Gral. Roca. Entre los acuerdos que habían decidido la vuelta de Roca a la gobernación se había establecido que la tendencia ‘nuñista’ aceptaría el diploma como senador del Sr. Baigorria (‘rothista’) a cambio de que la situación política del departamento volviera a manos de Eduardo Rodríguez (‘nuñista’). Estos no respetaron el pacto y Rothe presentó su renuncia. LP 29-5-24.

68LP 30-5-24

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El Partido Demócrata y sus tensiones internas.

positiva ha de enseñarse? -se preguntaba retóricamente-. Lógicamente han de enseñarse las nociones privilegiadas de la religión del Estado”.69

La renuncia de Rothe amenazaba seriamente con la división del partido; circulaban rumores sobre la probabilidad de constituir una nueva agrupación que se incorporaría al PDP de Santa Fe. La definida actitud de apoyo al grupo liberal cordobés asumida por los demócratas progresistas en el Congreso de la Nación, en ocasión de votar los diplomas de los diputados demócratas por Córdoba, hacía pensar en la factibilidad de esa alianza.70

Lisandro de la Torre explicaba con total claridad que la posición abstencio- nista de los demócratas progresistas con respecto a los diputados demócratas electos por Córdoba se debía a la caida de Rothe y su grupo:

“...Los sucesos de Córdoba, la caida de los únicos hombres en toda la repú- blica con quienes en los últimos tiempos habíamos mantenido cierta comunión espiritual, al verlos luchar denodadamente por la implantación en la conven- ción constituyente de Córdoba de algunos principios de nuestro programa, de algunas de las reformas por las que nosotros también habíamos luchado deno- dadamente en la Convención Constituyente de Santa Fe y su reemplazo por la tendencia que había representado, dentro de la correlación la reacción conser- vadora, esos sucesos si no fueron el motivo fundamental fueron la gota de agua que desborda del vaso ...”71

69DSCC, Tomo I, p 806. La defensa de la educación laica la hizo Manuel Astrada, integrante en 1919 de la Liga Patriótica. En 1923 se definía como un liberal amplio y respetuoso de todas las libertades, de todos los derechos y de todas las creencias, argumento esencial para sostener el carácter laico de la educación pública. .”..La enseñanza laica -expresaba- ... no es la escuela sin religión...es la escuela neutra...que no pertenece a ninguna confesión. En contestación a la defen- sa realizada por Avalos para enseñar la religión del Estado en las escuelas, Astrada manifestaba: “El artículo 2 de la constitución al establecer que la religión católica es la religión de la provincia ni expresa ni implícitamente determina la prohibición de que una ley pueda establecer la ense- ñanza laica”. (HCRC C23, pp. 758 a 765 y 844 a 845) Ver la postura de Avalos en idem pp. 800 a 809.

70En abril de 1924 comenzaron las discusiones de esos diplomas. Ante la abstención radical en las elecciones de marzo de 1924, los demócratas habían logrado la mayoría una vez más -seis diputados entre los que no figuraba ningún simpatizante del grupo ‘rothista’- y los socialistas obtuvieron tres diputados por la minoría. La comisión de la Cámara de Diputados de la Nación encargada de analizar la validez de los mismos se expidió de la siguiente manera. La mayoría integrada por radicales decidió rechazar los diplomas por considerarlos ilegítimos, “ya que los comicios se habían llevado a cabo bajo un gobierno de hecho”. Mientras que la minoría, formada por conservadores, socialistas y demócratas progresistas, dio su aprobación a los diputados elec- tos. En el transcurso de esas largas discusiones se produjo la renuncia de Rothe al Ministerio de Gobierno, situación que modificó la posición de los diputados demócrata progresistas y decidie- ron abstenerse.

71DSCD Congreso Nacional 1924, Tomo I. Sesión Preparatoria del 6-6-24, p 247.

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Los postulados republicanos liberales y positivistas de Lisandro de la Torre coincidían con los del grupo liberal de Córdoba: defensores de partidos orgáni- cos, democráticos, populares, doctrinarios y con orientaciones impersonales.72 Esta formulación racional, organizada y anticlerical de la política era la cau- sa primordial que separaba a los demócratas de Córdoba. En realidad, la de-

fensa de ese estilo partidario siempre fue una apuesta al fracaso en la política cordobesa de esos años, cualquiera fuese el partido del que se tratara.

El fortalecimiento de los conservadores demócratas se había producido durante el gobierno de Rafael Nuñez (l9l9-l922). La crisis de posguerra, el te- mor de la clase dominante ante los conflictos sociales, el fraccionamiento de la UCR habían favorecido la alianza de los hombres de gobierno con los sectores ultramontanos cuyo objetivo era debilitar a los grupos u organizaciones progre- sistas y anticlericales que se habían robustecido con el movimiento reformista de 1918.

Algunos integrantes del grupo ‘rothista’, como Horacio Valdés -firmante del Manifiesto Liminar de 1918-73 o defensores del laicismo como Manuel Astrada, pertenecieron a la Liga Patriótica, organización que, como se sabe, apoyaba muchos postulados clericales y chauvinistas que lejos estaban de las ideas libe- rales que propiciara posteriormente el grupo rothista.

En un momento de crisis como fue la posguerra no es inusual que la clase dominante en su conjunto se unifique ante lo que consideran el enemigo co- mún -en este caso el ‘maximalismo’-. Una vez que la crisis es superada y la polarización clasista disminuye, las fuerzas políticas se reacomodan y se sienten más libres de formalizar sus propuestas políticas, las cuales tampoco son ajenas a los hechos que acaban de experimentar. En este sentido, creo que no fue casual que la acción del grupo liberal se hubiera reavivado en 1923 cuando la crisis social había sido superada.

Por otra parte, la postura política sostenida por Guillermo Rothe en 1920 no era diferente a la que adoptara más adelante como lider del grupo liberal.74 Lo

72Carta de Rothe a La Nación en LP 21-11-24.

73Igualmente, Carlos Suárez Pinto también había suscripto dicho documento.

74En 1920, Guillermo Rothe fue elegido candidato a diputado nacional por el partido demó- crata. Su postura política en ese momento se puede sintetizar de esta forma: Defender las tenden- cias legalistas y progresistas. Favorecer todas las conquistas democráticas y acrecentar la cultura política. Con respecto a la “cuestión social” decía: “Considero absurda y criminal la demagogia maximalista, de idéntica manera que la resistencia a las justas reivindicaciones obreras, o la indi- ferencia ante los problemas sociales que golpean desde hace tanto tiempo las puertas del Congre- so en nombre de esenciales principios democráticos...”, LP 9-1-20. Otro aspecto que puede ilus- trar su liberalismo y conducta apartada de los grupos conservadores surgidos en 1919 es la defen- sa que hizo como abogado de los detenidos del diario liberal La Voz del Interior cuando se produjo, como consecuencia de los sucesos de la Semana Trágica en Buenos Aires, un enfrenta- miento armado entre las fuerzas clericales y liberales, LVI 14-1-21.

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cual indica, sin que esto signifique invalidar el argumento anterior, que las dos tendencias claramente definidas en 1923, ya estaban presentes durante el go- bierno de Nuñez75 y que sólo la coyuntura de crisis social y política por la que atravesaba la provincia pospuso su manifestación pública.

La Reforma Constitucional se convirtió en el elemento catalizador de las disidencias. Mientras el grupo liberal fue su ideólogo, la corriente conservadora se opuso sistemáticamente desde un comienzo al “espíritu” que la permeaba. Alejandrino Infante denunciaba esta actitud:

“...desde la Junta de Gobierno y por algunos de sus miembros en la Con- vención se ha tratado constantemente de falsear el concepto de la Reforma Constitucional planeada por el gobierno y apoyada por el partido demócrata...

El Dr. Rothe principal sostenedor de la Reforma Constitucional era combatido. La Junta de Gobierno designó a los diputados convencionales con un criterio adverso a la Reforma... Después de sancionada la Reforma, la Junta...ha pasa- do en silencio una obra que los propios adversarios han alabado, más aún pretendió castigar al ministerio que había realizado esa obra...”.76

La prematura muerte de Rafael Nuñez en octubre de 1924 no puso fin a los conflictos partidarios.

La elección de la fórmula de candidatos para gobernador y vice para los comicios de marzo de l924 -a los que concurriría la UCR- sería nuevamente una fuente de disputas y enfrentamientos. Los intentos para designar un bino- mio que representara a ambas fracciones fracasaron. La tendencia conserva- dora terminó imponiendo los nombres de Ramón J Cárcano- Manuel Paz.77 La fórmula ‘rothista’ era Guillermo Rothe-Pedro Frías aunque su real aspiración era que el segundo término incluyera uno de esos dos nombres. Sin embargo, la convención partidaria no dejó espacio para imponer ninguno de sus candi- datos.

El ‘rothismo’ decidió convocar a una nueva convención y desconocer lo resuelto por la anterior mientras se continuaba insistiendo con la formación de

75Una declaración de Cárcano confirma esta situación. En momentos en que Roca dudaba en asumir el gobierno debido a la resonante victoria radical de 1922, Cárcano -partidario de que Roca se hiciera cargo del PE- en una entrevista decía: “...Los demócratas constituyen el partido más poderoso, de mayor tradición y arraigo...[Sin embargo] hay que decir la verdad, no como censura, sino como lección de los hechos: el partido demócrata encuéntrase hoy trabajado por disenciones internas, desavenencias y alejamientos de grupos y personas que han aflojado los eslabones de su unidad y su fuerza...” LP 16-4-22.

76LP 5-7-24 y Actas de Sesiones Ordinarias, Cámara de Diputados de la Provincia de Córdo- ba, 1924. Sesión del 4-6-24. F. 70v. a 71v.

77Todos los conflictos, negociaciones y rupturas relativos a la elección de la fórmula de candi- datos a gobernador y vice por el partido demócrata en LP y LVI, noviembre 1924.

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un nuevo partido que se aliaría con el PDP con el fin de generar el tan ansiado Partido Nacional.78

Los grupos conservadores locales y nacionales criticaban acremente la acti- tud rothista descalificándola por personalista.

“...Cuando toda la preocupación de los hombres públicos, que emiten doc- trinas democráticas y se declaran campeones del progreso político de nuestro país, tiende a la eliminación de los personalismos y a la fusión de las fuerzas actuantes dentro de los moldes orgánicos, el hecho de referencia (la actitud opositora a la Convención del grupo rothista) señala un positivo retroceso con su marcada finalidad personalista...” 79

Rothe reaccionaba historiando la trayectoria del grupo y delimitando el tan desprestigiado concepto de ‘personalismo’:

“...El grupo de dirigentes demócratas que ha sostenido la fórmula Rothe- Frías en la Convención del 16-11-24 se ha caracterizado desde la fundación del partido por su orientación impersonal, su preferencia por las formas orgánicas y democráticas y su tendencia doctrinaria. Fueron sus componentes los que operaron la reconstitución del partido después del ascenso del radicalismo en 1916 y los que dieron el contenido ideológico de su programa de acción cívi- ca... Durante el actual gobierno sancionaron la ley autoritativa de la Reforma Constitucional, venciendo disimuladas resistencias y realizaron la elección de diputados a la convención reformadora no obstante el sabotaje operado por orden de algunos dirigentes... Permanentes abanderados ...en el seno de la legislatura de todas las reformas liberales en la legislación reglamentaria. No merece por cierto tal grupo de hombres el mote de personalistas; ni la adhesión y deferencia con que honran a uno de sus miembros puede ser confundida con la idolatría y pasiva obediencia que se tributa a los amarillos...”80

La inminente fractura partidaria trató de resolverse luego de largas charlas entre Roca y Cárcano. Finalmente, se llegó a este acuerdo: el binomio Cárca- no-Paz sería acompañado por una lista de candidatos a diputados integrada por varios dirigentes liberales. La Junta de Gobierno del partido demócrata no aceptó el pacto y comenzó a aconsejar a sus correligionarios que se sintieran ‘libres de decidir’ al emitir su voto.81

El clericalismo local, que se había mostrado satisfecho con el binomio Cár- cano-Paz, vetó inmediatamente aquella lista de candidatos y a través de su órgano de prensa comenzó a amenazar que votaría por la fórmula guberna-

78LP 19-11-24

79La Nación citada por LP 22-11-24.

80LP 21-11-24

81LP 3-1-25.

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G. Vidal.

El Partido Demócrata y sus tensiones internas.

mental pero en contra de los candidatos ‘rothistas’ “cuyos nombres serán cam- biados por los de otros ciudadanos que garanticen al núcleo demócrata un Gobierno armónicamente estable...”82

Con todo, la nueva ley electoral sancionada poco tiempo antes de las elec- ciones quitaba a los clericales la posibilidad de continuar con su práctica de imponer los nombres de candidatos que ellos decidieran sin respetar las resolu- ciones de los partidos orgánicos. Esta ley había sancionado el ‘sistema de lista’ por la cual no se podía cambiar el nombre de los candidatos. Se debía votar la lista en su conjunto. La reacción clerical no se hizo esperar y el día de la elec- ción, mediante el corte de boletas, votaron por el binomio Cárcano-Paz y, algu- nos por la lista de diputados radicales personalistas. Otros se abstuvieron. Estos fueron los resultados obtenidos por los partidos mayoritarios:

Elección de Gobernador: P.Democráta: 46.135; UCR Personalista: 45.903 sufragios.

Elección de Diputados: P.Demócrata: 45.699; UCR Personalista: 45.932 sufragios.83

Uno de los objetivos de la Reforma Constitucional había sido la renovación simultánea de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el fin de lograr una identi- ficación partidaria entre ambos que favoreciera la estabilidad del gobierno. Paradójicamente, la acción clerical -especialmente del Dr. Nores y sus seguido- res-, que no respondía a lineamientos partidarios, hizo caso omiso de esas in- tenciones y posibilitó con su voto un resultado electoral que ocasionaría nuevas tensiones entre los dos poderes.84

La política aparecía como un asunto de élites donde la participación de los sectores subalternos parecía circunscribirse al acto de la votación. Según mi investigación, este no fue el caso de la UCR, pero hasta que no analicemos con mayor detenimiento la actuación de las bases, de los militantes y simpatizantes del partido demócrata, los datos obtenidos me inducen a formarme esta opi- nión. La derrota de la corriente liberal contribuiría a consolidar este estilo polí- tico que sería nuevamente desafiado desde el interior del partido cuando el rotundo triunfo radical de 1928 (provincial y nacional) los obligara a replantear muy seriamente métodos, fines y estrategias.

82LP 3-1-25

83Los datos electorales fueron extraidos de Cárcano, 1965: 362. AECba 1926 da los siguien- tes resultados electorales para gobernador y vice: partido demócrata: 46.018 y partido radical personalista: 45.833. Se tomaron las cifras presentadas por Cárcano porque diferencia los resul- tados obtenidos entre gobernador y diputados con lo cual se puede ver el triunfo de los dos partidos; en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo respectivamente.

84El radicalismo con su mayoría legislativa se negó a formar quorum para recibir el juramento constitucional del gobernador electo. Esa actitud se mantuvo durante varios meses, con el objeti- vo, según Cárcano, de producir la intervención federal. Cárcano, 1965: 362 a 367.

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Algunas reflexiones

No creo que la política se mueva fundamentalmente solo en base a ideas, lejos de ello, el personalismo, la famosa ‘política criolla’ ocupó -y ocupa- gran parte de la cultura y el estilo políticos de nuestro país. No obstante, pienso que, más allá de la realidad concreta que rebalsaba de relaciones clientelares, en aquella época también había ideas, también había utopías - tanto en la dere- cha, en el centro como en la izquierda- que constituían motores importantes del funcionamiento político. Algunas con cierto aire de cinismo y oportunismo, otras con mayor ingenuidad. Ese difícil mundo de las ideas es el que intento rescatar, en parte, en este artículo. Un mundo no siempre poblado por los mis- mos protagonistas, porque éstos no son lo esencial sino que lo es la existencia y la permanencia de propuestas, discursos, visiones que, a pesar de que fraca- san persisten. A veces lo hacen en forma subterránea (porque la derrota fue muy grande o porque la coyuntura así lo exige), otras afloran a la superficie y su voz se hace más audible. ¿Cuántas de ellas ayudaron a construir nuestra cultura política? Como dice E.P Thompsom en su famoso libro: Formación de la Clase Obrera Inglesa refiriéndose a los Diggers : su experiencia, sus prácticas, sus ideas se mantuvieron latentes pese a la enorme derrota de mediados del XVII. Sin embargo muchos años después reaparecieron, modificadas en mayor o menor grado, a fines del XVIII y principios del XIX como instrumentos de lucha entre los trabajadores ingleses.

Si bien en este caso no analizo las ideas de los sectores populares, me pare- ce lícito extrapolar la idea de Thompsom a la élite y preguntarme ¿Cuánto del republicanismo liberal de los ‘rothistas’ que, con seguridad, siguió existiendo hasta 1930, permeó nuestra cultura política? Que el conservadorismo ha entra- do por muchos poros en Córdoba y su gente, es una verdad de Perogrullo, pero las preguntas que quiero formular ahora son:¿También hubo espacio en la so- ciedad cordobesa para la línea de pensamiento liberal? ¿Cuánto espacio? ¿Cómo y dónde se manifiesta? ¿O todavía está latente como lo estuvo la tradición de los Diggers durante la segunda mitad del XVII y la mayor parte del XVIII?

ARCHIVOS CONSULTADOS

-Archivo de la H. Legislatura de la Provincia de Córdoba

-Archivo de Gobierno

-Hemeroteca de la H. Legislatura de la Provincia de Córdoba

-Hemeroteca de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba

-Biblioteca de la H. Legislatura de la Provincia de Córdoba

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G. Vidal.

El Partido Demócrata y sus tensiones internas.

FUENTES CONSULTADAS

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Congreso Nacional. Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1922, 1923, 1924. Legislatura Provincial. Diario de Sesiones, Cámaras de Diputados: 1918-1925.

Diario de Sesiones de la Honorable Convención Reformadora de la Constitución. Pro- vincia de Córdoba. Año 1923. 2 tomos.

Leyes de la Provincia de Córdoba. Año 1919. Leyes 2721-2829. T:XXI. Recopiladas y publicadas por Alberto Escuti, pro-secretario de la H. Cámara de Diputados, Est. Gráficos Pereyra, Córdoba, 1923.

Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, 1923-1930. T: I.

Anuario de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Córdoba. Año 1926. Ministerio de Hacienda.

Diarios: Los Principios; La Voz del Interior; La Nación.

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