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La artillería ortodoxa del FMI contra Bernardo Grinspun: un análisis socio-metafórico

Leandro Rodriguez*

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Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad, N°32, 2023, pp. 33 a 64.

RECIBIDO: 18/01/2023. EVALUADO: 24/05/2023. ACEPTADO: 31/08/2023.

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Resumen

En el presente artículo ofrecemos un abordaje crítico sobre el uso del discurso ortodoxo en torno a la política económica de Bernardo Grinspun en el Gobierno de Raúl Alfonsín. Para ello, aplicamos el análisis socio-metafórico propuesto por Emmánuel Lizcano. Procuramos poner en evidencia, a través de un caso histórico emblemático, el modo en que la construcción teórica de la ortodoxia neoclásica permite caracterizar una cierta situación económica en términos aparentemente neutrales, necesarios, tecnocráticos y cientificistas, ocultando la trama de intereses y de poder subyacente en cada instancia. En el plano metodológico, este trabajo abreva en un enfoque histórico-hermenéutico, fundado en fuentes secundarias.

Palabras clave: Política Económica – Análisis socio-metafórico – Historia económica

Summary

In this essay we offer a critical approach to the use of orthodox discourse around the economic policy of Bernardo Grinspun in the Government of Raúl Alfonsín. For this, we apply the socio-metaphorical analysis proposed by Emmanuel Lizcano. We try to highlight, through an emblematic historical case, the way in which the theoretical construction of neoclassical orthodoxy allow to characterize a certain economic situation in apparently neutral, necessary, technocratic and scientific terms, hiding the plot of interests and underlying power in each instance. At the methodological level, this work draws on a historical-hermeneutic approach, based on secondary sources.

Keywords: Economic policy – Socio-metaphorical analysis – Economic History

“la economía vulgar se limita a sistematizar

de manera pedante las ideas más triviales y fatuas

que se forman los miembros de la burguesía

acerca de su propio mundo,

el mejor de los posibles para ellos,

y a proclamarlas como verdades eternas”

Karl Marx (El Capital, Tomo I, Nota 32)

La construcción del pensamiento económico, como cualquier disciplina, se encuentra mediada por una densa trama terminológica asociada a su campo específico.[1] Se trata de la formación de categorías y abstracciones conceptuales necesarias para elaborar conocimiento científico sobre una cierta parcela de la realidad, en este caso una dimensión de ese “complejo de relaciones” que llamamos sociedad.[2]

Ahora bien, más allá del reconocimiento (siempre discutible) de la legitimidad de cada disciplina para elaborar sus marcos conceptuales específicos, una cuestión que aparece recurrentemente, al menos en las ciencias sociales –dada su plétora de enfoques–, es el problema de la ideología y del sesgo socio-político interesado de las construcciones aparentemente científicas. Ello en particular considerando la diversidad de posturas sobre una determinada temática. ¿En qué medida las categorías conceptuales de una cierta perspectiva disciplinar, aportan a la explicación/comprensión de las problemáticas sociales y en qué medida, en ocasiones, las obscurecen o incluso las configuran? Se trata de una pregunta aún vigente: ha estado y sigue estando en el centro de un debate epistemológico, teórico y metodológico de primer orden asociado básicamente con las múltiples posiciones relativistas.[3] Ello se aplica, naturalmente, a las llamadas “grandes teorías”,[4] pero también a las elaboraciones teórico-conceptuales de menor alcance o a las diversas corrientes en un mismo campo disciplinar.[5] En el ámbito económico, particularmente, puede destacarse una proficua literatura que indaga en los modos en que el conocimiento técnico especializado fundado en la ciencia económica opera como un instrumento de legitimación y construcción simbólica de la realidad.[6]

En el presente artículo justamente pretendemos hacer una modesta contribución a ese extenso debate a partir de la crítica del uso interesado y apologético de la elaboración teórica del mainstream económico (ortodoxia neoclásica) aplicado a un caso de estudio históricamente significativo. Nos referimos a la política económica inicial del Gobierno de Raúl Alfonsín (primeros 14 meses), con su ministro Bernardo Grinspun, en el marco de la recuperación democrática tras la criminal dictadura cívico-militar.

Grinspun fue objeto, especialmente desde la ortodoxia, de múltiples cuestionamientos –incluso en cierto tono burlesco– respecto de su programa de política económica. Se acusaba al ministro de falta de idoneidad técnica, de liderar un equipo sin experiencia, de ausencia de un plan consistente, de un manejo improvisado de la política económica y de dilapidar el capital electoral de Alfonsín. Por caso, Juan Carlos de Pablo, de modo despectivo, sugiere que Grinspun fue nombrado ministro por su amistad con Alfonsín y no por su competencia técnica.[7] En el mismo sentido, un funcionario del FMI de aquel entonces definió a Grinspun como “un desastre andante”.[8]

Proponemos aquí entonces un abordaje crítico sobre el discurso ortodoxo en torno a la gestión de la política económica de Bernardo Grinspun. Apelaremos, en ese sentido, al análisis socio-metafórico elaborado por Emmánuel Lizcano. Procuramos poner en evidencia, a través de un caso histórico emblemático, el modo en que la construcción teórica de la ortodoxia neoclásica permite caracterizar una cierta situación económica en términos aparentemente neutrales, necesarios, tecnocráticos y cientificistas, disfrazando la trama de intereses y de poder subyacente en cada instancia. Este rasgo apologético y legitimante del status quo, revelado en las metáforas naturalizadas del discurso ortodoxo, juega un papel clave en el enmascaramiento de las disputas políticas y de los potenciales dilemas morales de los protagonistas.

No se trata aquí, cabe aclarar, de cuestionar las posiciones neoclásicas per se, cuya crítica tiene un extenso recorrido en la literatura económica, sino más bien de poner en evidencia el modo en que las construcciones teóricas pueden servir en ciertos casos para la defensa de intereses particulares.

En términos metodológicos, este trabajo abreva en un enfoque histórico-hermenéutico[9] sobre la base del examen de fuentes secundarias. Se trata de bibliografía teórica y documentación institucional seleccionada. Por razones de espacio, disponibilidad de fuentes y redundancia metodológica, limitaremos el análisis a la discusión del posicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de la política económica de Bernardo Grinspun. Esta elección se funda en el hecho de que la postura del FMI es representativa del núcleo (core) de la ortodoxia económica en sentido lato y, además, tal organismo reviste significación político-institucional (de hecho, fue un actor clave en ese entonces). Finalmente, el FMI ha desclasificado una serie de archivos, publicados en su página web, que permiten contar con material suficiente para hacer un análisis sustantivo. Se trata de un extenso cuerpo de memorándums, notas, declaraciones, instrucciones y otros textos que relatan, desde la postura del Fondo, las negociaciones con la Argentina de entonces.

Finalmente, el presente artículo se inscribe en la extensa relación entre el FMI y el Estado Argentino iniciada en 1956. Particularmente, la historia ocurre tras el momento de expansión de la deuda externa improductiva contraída por la última dictadura cívico-militar. Esta relación de Argentina con el Fondo, en ocasiones tensa, ha sido examinada por Noemí Brenta.[10] La autora pone en evidencia la futilidad de los programas acordados con el FMI desde el punto de vista del crecimiento y la estabilidad en el largo plazo. Buscar soluciones en el FMI, dice la autora, es inútil. La obra de Noemí Brenta incluye un capítulo dedicado a la negociación con el FMI durante el Gobierno de Alfonsín, con una síntesis relevante sobre los aspectos generales de la misma durante la gestión de Bernardo Grinspun.

El presente texto se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, planteamos la perspectiva teórico-metodológica para el abordaje del material citado, apelando a la construcción socio-metafórica de Emmánuel Lizcano; en segundo término, recuperamos las condiciones básicas de la economía en aquellos años; posteriormente, en tercer lugar, estudiamos la política económica de Bernardo Grinspun; luego, en cuarto lugar, examinamos la postura del FMI frente a la propuesta de Grinspun y el uso de las concepciones ortodoxas como artillería ideológica contra las políticas del ministro; en quinto término, abordamos la importancia del juego de metáforas usadas por el FMI; y, finalmente, llegamos a una conclusión de conjunto, siempre provisoria.

El análisis socio-metafórico: ideología y algo más

El matemático, filósofo y profesor de sociología, Emmánuel Lizcano Fernández,[11] propone un sugestivo marco conceptual para examinar críticamente la elaboración, el uso y la circulación de las formulaciones científicas. El autor le denomina análisis socio-metafórico. El núcleo central de su pensamiento estriba en la idea de que toda construcción teórica se vale de metáforas –provenientes de campos diversos– socialmente instituidas en la comunidad académica, que vuelven inteligible más o menos intuitivamente una cierta categoría cognitiva (en la economía ortodoxa, por caso, la metáfora del “equilibrio”, proveniente de la física). Vale decir, como indicamos en otro lado,[12] en la operación de conceptualizar, el término (concepto o noción a definir) requiere un sujeto (imagen que define –metáfora–), y en esta elección del sujeto –y su éxito/aceptación en la comunidad académica–, se ponen en juego las tramas socio-culturales e históricas (intereses, creencias, conflictos) de un contexto determinado. La cuestión es que tales metáforas, aunque útiles y necesarias en la elaboración del discurso científico, pueden perder su sentido ficcional originario (sujeto a la crítica), cristalizar en dogmas establecidos (metáforas zombies) y, en particular, derivar en formas interesadas de pensamiento social.[13] Esto es, las construcciones socio-metafóricas persistentes suelen no ser ingenuas. Frecuentemente están cargadas de sutiles connotaciones valorativas que funcionan como eficaces recursos ideológicos.

Lizcano ha utilizado productivamente el análisis socio-metafórico en la indagación de temáticas políticas, matemáticas y tecnocientíficas. En el plano económico, el autor abordó críticamente el discurso economicista en la crisis 2008/09. Ello le permitió develar el carácter apologético del orden establecido en las metáforas utilizadas por los expertos economistas para dar cuenta de la debacle 2008/09. Lizcano pone en evidencia el modo en que el discurso especializado sobre la crisis cumplió una función ideológica de legitimación del tratamiento dado por los Gobiernos al sistema financiero (los programas de apoyo público a los bancos). Para ello la construcción de metáforas adecuadas cumplió un papel central. Dice el autor:

identificada la función de la ideología en la suturación de la brecha de credibilidad entre los aparatos de ejercicio del poder y los miembros de las poblaciones sobre quienes ese poder se ejerce, el traslado de significados de un campo a otro en que consiste precisamente la actividad metafórica hace de esta un dinamismo privilegiado para la producción ideológica.[14]

Naturalmente, la propuesta de Lizcano también se encuentra sujeta al cuestionamiento. En especial el texto citado probablemente reclamaría una base empírica más amplia. No obstante, lo cierto es que tal estructura crítica ilumina aspectos habitualmente invisibilizados en el devenir del discurso científico. En nuestro caso,[15] hemos apelado al examen socio-metafórico para elaborar una crítica al concepto de “escasez relativa” presentado como problema central de la ciencia económica desde la tradición ortodoxa –en sus múltiples vertientes–.

Ahora bien, la idea de que las creencias, valores y posiciones interesadas –ideología en sentido lato– penetran la construcción teórica de las ciencias sociales, particularmente en la economía, no es para nada novedosa. Ha sido largamente trabajada en el pensamiento social. Baste recordar el polisémico pero profundo uso del concepto de “ideología” en Marx[16] y, en particular, su noción de “economía vulgar” (aquella construida para la sola defensa de los intereses de la clase dominante). A su vez, como señaló Joseph Schumpeter[17] con su enjundia habitual, el propio Marx podía ser acusado de la misma carga ideológica en un sentido socialmente inverso.

En el caso de la Argentina, el uso del cientificismo economicista como vector para enmascarar, transformar y/o vehiculizar complejos de intereses y relaciones de poder bajo el velo del supuesto conocimiento tecno-económico profesional ha sido abordado por diversos autores. Entre ellos, cabe citar un texto de Alexander Roig sobre la convertibilidad de los 90’.[18] El autor introduce la idea de la formación histórica, con raíces ya desde los años 30’ del siglo XX, del “régimen del saber [económico] autorizado”, institucionalizado y basado en el encanto de la “cuantificación”, que redundó en un “monopolio de la significación” en el campo de la economía con creciente dominancia de la teoría neoclásica. Ello, a la postre, condujo a un “saber para el poder” en desmedro de la articulación social amplia (Roig, 2016). Mariana Heredia, por su parte, desnudó el modo en el que la emergencia en Argentina del régimen “técnico-político” (que desplaza al régimen socio-político) de la mano del ascenso en la consideración social de los economistas expertos, impulsados por el combate contra la inflación a partir de mediados de los 70’, desembocó en el experimento monetario de la “convertibilidad” (1991-2001/02), expresión “creativa” del neoliberalismo argentino[19]. Con éste sistema, se forjaron dispositivos institucionales reputados “verdaderos” que alteraron las formas de relación entre los agentes económicos y, más profundamente, transformaron “las subjetividades y su lazo con lo colectivo”[20] estimulando lógicas individualistas en los estratos sociales más pudientes (exaltación del homo oeconomicus). Como puso en evidencia la autora, esta “utopía tecnocrática”, lejos de fundarse en un mero saber técnico aséptico del funcionamiento de la economía, estaba determinada (y determinaba) construcciones simbólicas hondamente sociales y políticas –como cualquier otro plano de la vida humana en sociedad–. Otro autor de interés en este debate es el historiador Hernán Ramírez. El mismo ha aportado un análisis comparativo de Argentina y Brasil sobre la incidencia de las corporaciones y los institutos económicos en la imposición de un saber tecnocrático ortodoxo como guía monolítica de la política económica y sustrato de la construcción de sentido. Dice el autor en un trabajo de 2010 que el especialista entrenado en modelos econométricos de base monetaristas estaba más capacitado para traducir los intereses y deseos de los empresarios como enunciados científicamente aceptados.[21] Ello permitía otorgar legitimidad al discurso economicista del mainstream frente a otros actores sociales y contribuía a impulsar la visión ortodoxa como única ciencia verdadera.

Sin embargo, más allá de los múltiples abordajes sobre la relación entre economía e ideología (en un sentido lato), el análisis socio-metafórico de Emmánuel Lizcano se revela como un enfoque útil y válido, en la medida de que tiene la virtud de elaborar un marco conceptual específico y transversal. Permite desmenuzar las construcciones metafóricas de diferentes posicionamientos y aplicarlas al examen de una situación concreta (el caso del propio Marx, indica Lizcano, quién se vale de metáforas también provenientes de la física). Al fin y al cabo, como señala Donald Gillies, toda teoría económica paradigmática es, en algún sentido, ideológica.[22] La cuestión estriba en cómo opera ese sustrato ideológico, con qué recursos retóricos, cuál es su eficacia y qué intereses defiende. Para develar tales interrogantes, el análisis socio-metafórico es en extremo valioso. Mediante el mismo, es posible identificar la forma en que las metáforas se van encadenando y auto-reforzando mutuamente para constituir una densa trama socio-metafórica, en ocasiones una verdadera alegoría podríamos decir, en defensa de una cierta postura. Lizcano nos invita entonces a desentrañar el complejo de relaciones sociales que se oculta en la terminología propia de cada rama de una disciplina, en sus múltiples miradas, y del uso político-ideológico de los términos, tras el velo de la presunta cientificidad, formalización, precisión y neutralidad del vocabulario académico.

El análisis socio-metafórico resulta especialmente productivo al momento de examinar el ámbito de la política económica. Esta última configura, casi por definición, un terreno de disputa constante, en el cual se ponen en juego los intereses, valores y concepciones de los agentes económico.[23] En ese espacio conflictivo, justamente, disponer de una estructura conceptual (teoría) legitimadora se vuelve decisivo. Las metáforas tecnocráticas y cientificistas que recubren posicionamientos ideológicos, realmente inciden en las decisiones políticas, las vuelven justificables y tolerables.

En esa línea, los nuevos desarrollos de la llamada “teoría de la política económica”, han reconocido la necesidad de superar cierta concepción tradicional de un policy maker benévolo, omnisciente, exógeno y cuasi omnipotente, e incorporar las complejas interacciones y disputas entre actores con intereses, valores, estrategias y poder relativo diverso. Y es aquí justamente dónde el análisis socio-metafórico manifiesta su validez y productividad. Las metáforas legitimantes son parte central de la artillería usada en las batallas ideológicas. Veremos en este texto, en el caso de la gestión económica de Bernardo Grinspun, cómo opera esta trama socio-metafórica en su función apologética.

Finalmente, una breve mención metodológica. El presente texto se basa empíricamente en las posiciones del FMI sobre el programa de Bernardo Grinspun, en el marco de las negociaciones con el Gobierno argentino en aquellos años. Este recorte se funda en tres razones: en primer lugar, la postura del FMI representa el núcleo básico de la ortodoxia económica en sentido lato (más allá de las múltiples ortodoxias de la disciplina económica), cuyo análisis es referencial;[24] en segundo lugar, el FMI constituye un organismo de obvio peso internacional en materia económica, lo cual torna significativas sus posiciones (muy particularmente en ese momento histórico de la Argentina); y, en tercer lugar, el Fondo desclasificó y publicó una serie de documentos relevantes sobre las negociaciones con Argentina (y otros países), cuya lectura permite trazar un cuadro completo del rol de ese organismo. Se trata de Memorándum, Minutas, Notas, Informes, Comunicados e Instrucciones compilados en sendos archivos, alojados en el repositorio del Fondo online: IMF Archives Catalog: https://archivescatalog.imf.org/home.

El advenimiento de la democracia y las condiciones de la economía Argentina

En su discurso de asunción en diciembre de 1983, el flamante mandatario electo, Raúl Alfonsín, identificó los obstáculos económicos por afrontar –significativamente, el endeudamiento, la desarticulación productiva, la inflación y el empobrecimiento social–. No obstante ello, fue contundente en la capacidad de respuesta: ante todo, sostuvo “[t]enemos un método: la democracia”.[25] En rigor, la democracia era el valor a preservar tras los aciagos años del proceso militar, y ello suponía dar respuestas concretas a reclamos sociales largamente postergados. El gobierno de Alfonsín se vio en la urgencia de consolidar el régimen democrático, garantizar la plena recuperación del marco constitucional y movilizar activamente a la sociedad frente a los vestigios más o menos latentes del autoritarismo persistente. Esta necesidad marcó las decisiones iniciales del gobierno, y el terreno económico no fue una excepción.

Para fines de 1983 la Argentina presentaba un cuadro económico verdaderamente dramático: tras el derrumbe 1981/82, y pese a la leve recuperación de 1983, el producto por habitante en ese año era todavía un 7% inferior al PBI per cápita de 1974.[26] La formación de capital por habitante venía de 3 años consecutivos de caída (1981-83), siendo en 1983 un 22% más baja que la inversión per cápita de 1974. Por su parte, en términos distributivos, la participación de los trabajadores en el producto total había disminuido del 48% en 1974 a sólo 33% en 1983.[27] La pobreza crónica se multiplicó por 4 entre 1974 y 1982 y los hogares bajo la línea de pobreza pasaron del 4,57% en 1974 al 20,55% en 1982.[28]

Esa situación se sumaba al desfinanciamiento del sector público, el alto nivel de monetizacion del gasto estatal, el drenaje de divisas por la cuenta corriente del balance de pagos y la pérdida de reservas internacionales (en caída libre desde 1980). El peso creciente de la deuda externa, por supuesto, era el gran tema. Ésta había pasado de menos de un tercio del producto bruto en 1975 al 74% del PBI en 1983 (el 70% era deuda pública). Los intereses de la deuda absorbían el 69% del total de exportaciones del país, dejando muy poco margen para financiar las importaciones necesarias en cualquier política de crecimiento. Por otra parte, la tasa de inflación venía creciendo sistemáticamente desde 1980, llegando al pico del 433,7% interanual en 1983 en el índice de Precios del Consumidor. Esta aceleración de la inflación se reflejaba en una desmonetizacion creciente de la economía, el coeficiente de liquidez (M2/PBI) paso del 8,1% en 1980, al 7,2% en 1981, al 6,4% en 1982 y el 5,2% el 1983.[29]

Si algo faltaba para completar este delicado cuadro, era la situación internacional adversa. Grinspun asumió en un escenario de altas tasas de interés externas, deterioro de los términos de intercambio, reversión del flujo de capitales para América Latina y estancamiento general de la economía global. En el caso de la Argentina la reversión del flujo de capitales foráneos a inicios de los 80’ marcó uno de los momentos críticos del régimen financiariazado iniciado por la dictadura militar, basado en el endeudamiento improductivo.[30] Los términos de intercambio, por su parte, cayeron un 24% en Argentina entre 1980 y 1984, casi el doble de la caída para el promedio de América Latina.[31]

Decisiones y acciones: el disputado programa de Bernardo Grinspun

Frente al crítico panorama económico brevemente descripto, el futuro parecía poco halagüeño. ¿Qué hacer?, era la pregunta obvia. Para la mirada ortodoxa convencional, la alternativa era clara y unívoca: en una economía con alto nivel de déficit fiscal, desequilibrio externo, inflación descontrolada, sobre-endeudamiento y carencia de acceso al crédito internacional, sólo cabía un camino por recorrer: el ajuste fiscal y laboral. Desde el punto de vista del Gobierno, no obstante, la cuestión parecía muy distinta. Era evidente la necesidad de atender las urgentes demandas sociales e iniciar una senda de recuperación de los ingresos reales de las mayorías. Allí radicaba, en parte, la promesa de la recientemente recuperada democracia. El propio Raúl Alfonsín, en el recordado discurso de fin de campaña, había hecho suyos los términos del Preámbulo de la Constitución Nacional, con su mandato de “proveer al bienestar general”. En materia económica, ello suponía aplicar una política expansiva y redistributiva, con todos sus riesgos.

¿Cuál fue el camino elegido? El Gobierno rechazó el ajuste desde el inicio y propuso un programa expansivo, audaz y progresista (distributivo). Ello abrió un amplio campo de disputa con grandes actores económicos, que esperaban una respuesta diferente. En especial, los bancos acreedores, el Fondo Monetario Internacional y los llamados “capitanes de la industria” (mayores corporaciones de la argentina).

En términos concretos, en el plano macroeconómico, la gestión radical se propuso reactivar la economía, mejorar el salario real y la distribución del ingreso, con una baja gradual de la inflación. El propio Raúl Alfonsín dejó claro estos propósitos en el mensaje de elevación del presupuesto de 1984 (presentado en junio de ese año), así como en un reconocido discurso pronunciado frente a legisladores en mayo de ese año. Decía por entonces el primer mandatario:

la reactivación económica debe manifestarse en un crecimiento del producto bruto interno del orden del 5 por ciento; los salarios reales deben crecer del 6 al 8 por ciento en este año, y la inflación debe disminuir en alrededor de un 50 por ciento, medida por los niveles generales de precios .[32]

Por otra parte, el Gobierno era contundente a la hora de priorizar los objetivos. Oficialmente en el Mensaje de Elevación del Presupuesto 1984, sostenía: “La lucha contra la inflación se dará con ciertos requisitos. Ella debe venir acompañada con un crecimiento sostenido de la producción y una mejor distribución del ingreso”.[33]

En la estrategia de Alfonsín, la recuperación de la democracia no podía acompañarse con un plan de ajuste sobre las grandes mayorías. Grinspun compartió la visión del presidente y rechazó la aplicación de la ortodoxia monetarista en boga por aquellos años. El diagnóstico del ministro ubicaba los principales problemas en la caída de la producción, el desempleo y la reducción salarial. Descartó enfáticamente el uso del salario como “variable de ajuste”, porque era socialmente peligroso, políticamente difícil y económicamente erróneo –además de éticamente inaceptable–.[34] La política de estabilización de los precios, por tanto, se subordinó a los objetivos de reactivación productiva. Como se indicó explícitamente en el mensaje de elevación del presupuesto de 1984: “La experiencia demuestra acabadamente que los métodos antiinflacionarios basados en reducir la actividad interna y concentrar los ingresos para producir mayor ahorro han fracasado…”.[35] La política de largo plazo, por su parte, se enmarcaba en una visión desarrollista, con pretensiones de reencauzar la industrialización y regular la orientación económica desde el Estado.

Los instrumentos del Plan Grinspun

En el marco de los objetivos citados, en conjunto con el Banco Central, se aplicaron una batería de medidas en los planos fiscal, monetario-financiero, comercial, cambiario y de ingresos[36]. En primer lugar, el ministro se propuso impulsar la demanda agregada a través de la promoción del consumo asalariado. Para ello aplicó una política de ingresos consistente en estimular el crecimiento de los salarios moderadamente por encima de la inflación (aumentos por decreto según la variación del IPC estimado con ajustes retroactivos) y aplicar controles de precios de los productos industriales en las firmas líderes (luego se sumaron bienes agrícolas). De esa manera se esperaba que el incremento en la demanda agregada impacte más en cantidades que en precios (aprovechando la capacidad instalada y las facilidades de inversión). El programa se inició con un aumento salarial de suma fija y una modificación del cálculo del aguinaldo, que implicó un incremento significativo de las remuneraciones.[37]

Para los sectores vulnerables, el gobierno implementó un programa social de vasto alcance con cargo al presupuesto público llamado Plan Alimentario Nacional (las cajas alimentarias PAN), que pretendía atender necesidades imperiosas de la población hambreada tras la dictadura.

Esta política de ingresos pretendía vincularse con una estrategia de coordinación de las expectativas de los agentes económicos, a través de la fijación de pautas descendentes en los aumentos nominales en las variables clave (tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, tasa de interés, precios industriales y salarios) luego de un ajuste inicial en algunos casos, de modo que le permitiera bajar gradualmente la tasa de inflación.

En materia de política fiscal, el gobierno impulsó una disminución gradual del déficit público. Para ello, se pretendió combatir la evasión y aplicar una reforma tributaria que gravara a los más ricos, aliviando la carga de los sectores vulnerables (se bajó el IVA de productos básicos, se incrementó para los no esenciales y subió el impuesto a los combustibles). De todos modos, la demora en el tratamiento del presupuesto y de las leyes impositivas complicó la plena aplicación de la política fiscal. Se realizó un ajuste de tarifas de servicios públicos el primer mes, para luego mantenerse estable en términos reales, y volver a incrementarlas por encima de la inflación a mediados de año. Por el lado del gasto, se redujo la inversión estatal y se siguió una pauta salarial del sector público por debajo del empleo privado. Además, se propuso una reestructuración del gasto público, aumentando las partidas en educación, salud y transferencias sociales (las referidas cajas PAN), mientras se reducían las erogaciones en seguridad y defensa.

En cuanto a la política monetaria y financiera, se mantuvo una estricta regulación del mercado financiero institucionalizado, con alta exigencia de efectivo mínimo (86% promedio, variable a lo largo del año) y una ampliación del resultado negativo de la cuenta de regulación monetaria. Se introdujo la interesante innovación institucional de reducir los encajes marginales –de los nuevos depósitos– para aquellas zonas geográficas menos favorecidas crediticiamente. El segmento no regulado –de poca cuantía relativa–, compuesto por las “aceptaciones” (colocación de pagarés empresariales garantizados por los bancos) y los préstamos entre privados con títulos públicos como garantía, crecieron muy por encima del segmento regulado. El Banco Central orientó el crédito a diversas actividades (frigoríficos, emergencia agropecuaria, exportadores, etc.), mediante la política de redescuentos. Las tasas de interés reales del segmento regulado se mantuvieron relativamente bajas, especialmente en el primer trimestre del año, aunque en rigor fueron tasas negativas durante todo el período (salvo en el segmento no regulado a fines del año). La oferta monetaria (M3), si bien creció levemente por debajo de la tasa de inflación, verificó una expansión notable en el período, lo cual refleja la voluntad del gobierno de evitar el ajuste ortodoxo.

Respecto de la política cambiaria, el gobierno mantuvo también el estricto control de cambios (el Banco Central debía autorizar los pagos externos), y aplicó un régimen de devaluaciones discrecionales cotidianas según la inflación esperada con el objeto de evitar una excesiva apreciación del peso. A eso se agregó lo que el ministro Grinspun llamo el proteccionismo desarrollista, consistente en una ampliación del régimen de licencias no automáticas como forma de contener el flujo de importaciones, priorizando las necesidades productivas. Además, se sostuvo el régimen de seguros de cambio para las empresas privadas.

En el frente internacional, sin embargo, la cuestión central fue el proceso de renegociación de la deuda externa. El gobierno se mostró relativamente inflexible al principio, con declaraciones combativas por parte del ministro, que llegó a calificar al endeudamiento como la “nueva dependencia”. Grinspun amenazó con posponer por seis meses el pago de servicios de la deuda y estimuló la formación de un club de deudores que permita fortalecer la posición latinoamericana (Consenso de Cartagena).[38] Según una nota del New York Times, Grinspun tenía “la actitud más hostil hacia los bancos que cualquier ministro de finanzas en América Latina”.[39] Esto le valió sendos conflictos con la banca acreedora.[40]

La crítica al plan Grinspun y la propuesta ortodoxa institucionalizada

El Fondo Monetario Internacional (FMI) entró inmediatamente en escena ante el cambio de gestión. Venía dispuesto a colaborar con el gobierno entrante. Rápidamente puso al servicio de Alfonsín y Grinspun su modelo ortodoxo para enfrentar la escabrosa situación económica. Argentina tenía en vigencia un acuerdo stand-by con el citado organismo desde enero de 1983, por 1.500 millones en derechos especiales de giro (DEG), de los cuales los militares habían utilizado 600,5 millones. Alfonsín dio de baja el acuerdo previo y se iniciaron las tratativas para un nuevo entendimiento.

Como era de esperarse, desde el inicio los funcionarios del FMI objetaron la política seguida por Bernardo Grinspun. Bregaban por un programa ortodoxo de ajuste fiscal y salarial. Por ello, las negociaciones se extendieron largamente (8 meses) hasta el logro de un acuerdo más o menos forzado en septiembre de 1984, recién aprobado por la Junta Ejecutiva en diciembre/1984.

En fin, lo cierto es que en esa disputa por el contenido de la política económica en la gestión de Grinspun apareció en toda su dimensión la artillería retórica del FMI: la apelación a metáforas construidas por el mainstream económico, montadas sobre un discurso cientificista, neutralista y tecnocrático. El FMI se mostró como ejemplo típico de una concepción de raíz positivista (de tipo friedmaniana) e instrumental (robbinsiana) del saber provisto por la disciplina económica.[41] Subyace en esta postura, vale recordar, una ontología determinista, dónde la dinámica social se pretende asimilar a la realidad del mundo físico, sometido a fuerzas naturales (mecánicas u orgánicas), incapaces de actuar conscientemente sobre la base de acuerdos voluntarios y premisas éticas.

Empecemos entonces por la presentación misma del organismo y sus mecanismos de intervención frente a los países deudores. En las negociaciones sobre los pasivos y el acceso a nuevos recursos, el FMI opera en las primeras etapas a través de un equipo de economistas expertos que trabajan conjuntamente con el país miembro interesado (necesitado) mediante sendas misiones técnicas y de negociación. Los expertos del Fondo buscan acordar las bases de un “programa de estabilización” macroeconómica ad referéndum de la Junta Ejecutiva del Fondo. Con el equipo de expertos, se prepara un “memorándum técnico” a partir de cuyo sustento se realiza el eventual acuerdo entre el país y el FMI. Ello sucedió con la Argentina de entonces.

La llegada del FMI: las formas también juegan sus cartas

En el marco referido, y tras una serie de contactos previos, un equipo de trabajo (staff team) del FMI desembarcó el 6 de febrero de 1984 en Buenos Aires para la revisión del Artículo IV de la Carta Orgánica y la negociación de un acuerdo stand by. El equipo del FMI incluía 7 especialistas, encabezados por el economista Eduardo Wiesner, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, y, ante su ausencia, por el economista Joaquín Ferran, del mismo departamento.

Lo primero que puede advertirse en la documentación relativa a la misión, como no podía ser de otra manera, es el énfasis puesto por los expertos del FMI en el supuesto contenido tecnocrático de su labor, fundado en la ya citada concepción de raíz positivista e instrumental del saber económico, esgrimida por la teoría neoclásica. Este recurso metafórico ligado al tecnocratismo es muy potente, porque pretende destacar el conocimiento técnico por sobre la acción política y el acuerdo de voluntades.

De tal manera, para avanzar en las negociaciones, desde el inicio los funcionarios del FMI priorizaron la necesidad de un programa “consistente” y “sostenible” (dos metáforas asociadas al tecnocratismo, que pueblan los documentos del Fondo), que estructure un “programa de estabilización” de las principales variables macroeconómicas. A partir de esta postura, centrada en la exigencia de un programa técnico, el equipo del FMI, como veremos enseguida, sutilmente dirigió sus críticas a la aparente imprevisión y/o falta de competencias técnicas del Gobierno argentino. Ello no es casualidad, era en ese plano tecnocrático donde el FMI podía encontrar su fuente de legitimación negociadora. Naturalmente, los funcionarios del FMI reconocían la naturaleza política de las decisiones en juego, pero procuraban subsumirlas en una estructura tecnocrática que operaría como un dispositivo de constricción del ámbito político.

En efecto, desde el comienzo de la misión, los expertos del Fondo hicieron notar que, pese a lo anunciado por Grinspun, todavía en febrero de 1984 las autoridades Argentinas aún estaban “iniciando” la elaboración de un programa económico. Aunque los técnicos del FMI expresaron su comprensión frente esta deficiencia, puesto que, según los susodichos expertos del Fondo, los funcionarios argentinos no habían logrado advertir las dificultades de la elaboración de un programa de estabilización consistente.[42] En coherencia con ello, gentilmente, la misión del FMI se ofreció para ayudar en esa tarea, destacando la falta de experiencia de los funcionarios nacionales. En el citado Memorándum redactado por Joaquín Ferran para el Director Gerente, se indica: “La misión se ofreció a trabajar en la preparación de un programa financiero en conjunto con los técnicos argentinos, muchos de los cuales son nuevos en sus puestos y carecen de experiencia, pero la oferta no fue tomada”.[43] En el mismo documento Ferrán destacaba la “ausencia de un conjunto de políticas bien definidas para 1984”.[44] Asimismo, en las instrucciones para la misión de febrero/84 preparadas por Eduardo Wiesner, se sostiene: “no es claro que las autoridades [argentinas] sean conscientes de la magnitud de las tareas que enfrentan”.[45] En similar sentido, el referido Memorándum de Ferrán al Director Gerente señala: “no es del todo claro que el Ministro [Grinspun] sea consciente del tamaño del ajuste que es necesario”.[46] En la Minuta de una reunión entre el equipo del Fondo y representantes de Estados Unidos (incluyendo a Paul Volcker) del 7/03/1984, se insiste en la supuesta falta de un programa anual: dice el documento “ante la ausencia de un programa para todo el año, las autoridades [argentinas - LR] intentan gestionar la economía mes a mes”.[47] En ese documento se destaca también la falta de experiencia del Gobierno argentino como un obstáculo a las negociaciones, al tiempo que se arguye que “el Ministro [Grinspun] parece bien intencionado pero no parece tener conciencia del tiempo necesario para poner en marcha un programa” con el FMI.[48] Hacia mediados del año 1984, el Fondo endureció incluso su postura, advirtiendo que, deliberadamente o por inconciencia, Grinspun aplicaba políticas inconsistentes, las cuales llevarían “inexorablemente al país a tal caos económico que incluso su democracia recién nacida puede estar en riesgo”.[49] En el caso crítico del nivel de precios, el FMI se daba el lujo asimismo de acusar al Gobierno de “abordar los síntomas de la inflación más que sus causas”.[50]

Ante ello, dada esa subestimación sobre la idoneidad del Gobierno argentino, el staff del FMI insistía en consolidar las condiciones “técnicas” del acuerdo, mediante el referido programa “consistente” y “sostenible”. Por supuesto, en la mirada del FMI, cualquier programa sería técnicamente consistente y sostenible en tanto se ajustara a los requerimientos del mercado, al cual suponía capaz de auto-regularse y tender a un equilibrio estable, tema que veremos más adelante. Sobre esta base, en abril de 1984, frente a una eventual visita de autoridades Argentinas al FMI, el funcionario del Fondo, Eduardo Wiesner, indicaba al Director Gerente que cualquier propuesta de acuerdo requería “avances satisfactorios en las próximas discusiones técnicas en Washington”.[51] Esta insistencia tecnocrática se revela de forma clara cuando Alfonsín y Grinspun enviaron al Director Gerente del FMI una carta de intención no acordada con el staff team del Fondo. La misiva generó gran inquietud en las autoridades técnicas del Organismo, al tiempo que el por entonces Director Gerente del FMI, Jacques de Larosière, indicaba que el programa del Gobierno no era coherente con los objetivos de mejora económica y pensaba que no cumpliría su responsabilidad si lo proponía a la Junta Ejecutiva.[52]

En definitiva, el examen de conjunto de los documentos del Fondo permite apreciar la manera en que el FMI insistía en el reclamo de un programa de estabilización consistente y sostenible en el mediano y largo plazo, plasmado en un memorándum técnico (la remanida cuestión del plan diríamos vulgarmente). Ello como si el Gobierno careciera de una orientación definida y clara, y de un conjunto de instrumentos de política consecuentes. De hecho, cuando Argentina –agobiada por la situación– finalmente aceptó los términos del acuerdo con el FMI, el comunicado del Director Gerente a los bancos acreedores resaltaba el programa alcanzado porque: “sienta las bases para un renacimiento de la inversión privada y el sostenido crecimiento del producto y el empleo en el mediano plazo” (IMF_75077, 1984, pág. 1 –resaltado nuestro–).

Puede advertirse en este punto, de modo palmario, el uso del tecnocratismo como metáfora genérica, evocada en las nociones de: “misión técnica”; “memorándum técnico”; “programa de estabilización”; “consistencia” (metáfora muy usada por el Fondo, que denota armonía y coherencia); “sostenibilidad” (otra metáfora frecuente que sugiere perdurabilidad); y, “mediano o largo plazo” (expresión metafórica de un horizonte temporal ideal pero indefinido), entre otras. Se trata de todo un marco orientado a connotar la idea de que el Gobierno estaba frente a decisiones técnicas ineludibles, emergidas del conocimiento experto disciplinar, a lo cual necesariamente debía subordinarse la voluntad política.

El sólo hecho de presentarse bajo ese ropaje tecnocrático le permitió al FMI desenfocar el más mundano eje por el cual entabló negociaciones con la Argentina. La simple y llana defensa de los interesas que representa: intereses de los acreedores internacionales y, más profundamente, del capital en general (la “economía privada”, como indica reiteradamente el Organismo en sus documentos). Obviamente, para los funcionarios del FMI no es lo mismo posicionarse desde un ángulo tecnocrático y neutral, arguyendo la necesidad de un programa de estabilización técnicamente consistente y sostenible en el mediano y largo plazo; que simplemente mostrarse como defensores de los intereses de poderosos bancos acreedores y exigir a las autoridades argentinas que reduzcan el gasto público y los salarios de modo de bajar el consumo popular y así generar los excedentes fiscales y financieros (divisas) que le permitan pagar su deuda, sin perjudicar demasiado a los capitalistas del propio país. La epistemología de raíz positivista e instrumentalista de la teoría neoclásica le fue de gran utilidad en este propósito.

La economía ortodoxa: fuente de la artillería retórica del FMI

En materia de contenido, el FMI apeló a su receta habitual. Por entonces el organismo fundaba su asistencia crediticia en versiones ajustadas y ampliadas del modelo neoclásico-monetarista de Jacques Polak.[53] Ahora bien, más allá del debate académico en torno a ese modelo, lo interesante para nuestro análisis estriba en otro aspecto: el modo en que el FMI utilizó la abundante creación de metáforas zombies de la economía ortodoxa para la defensa de los intereses que representa. Veamos como operó en aquel entonces.

En las instrucciones previas a la misión iniciada en febrero de 1984, el Organismo estableció una verdadera declaración de principios (nada novedosos por otra parte):

la misión enfatizará –dice el FMI– la necesidad de apuntar a la eliminación de los desequilibrios y distorsiones básicas que afectan la economía, y de adoptar políticas orientadas a los objetivos de largo plazo de crecimiento sostenido con una razonable estabilidad de precios. Las desviaciones de tales políticas para intentar brindar apoyo a corto plazo a la actividad económica deben evitarse.[54]

La cuestión era entonces corregir los desequilibrios –imbalances– (léase: reducir drásticamente el déficit fiscal y externo) y las distorsiones (esto es, modificar los precios relativos, mediante la devaluación del tipo de cambio real, la suba de la tasa de interés y las tarifas de servicios públicos y la disminución del poder adquisitivo de los salarios). Junto con ello, se tornaba necesario liberalizar el funcionamiento del mercado y flexibilizar la intervención pública. Justamente, en su diagnóstico, el Organismo cuestionaba a los gobiernos argentinos porque han perseguido “políticas expansivas y han interferido en el funcionamiento de la economía privada de manera que han distorsionado gravemente los precios relativos”.[55]

En el mismo sentido, ya en el marco de la misión de expertos (del 6 de febrero al 6 de marzo), Joaquín Ferran indicaba: “La misión expresó su preocupación de que las políticas seguidas por las autoridades estuvieran generando crecientes desequilibrios y distorsiones, y fueran contrarias a los objetivos claves de reducción del déficit fiscal y la inflación”.[56]

El juego de metáforas incluidas en esos párrafos, representativas de la postura general del FMI a lo largo de la negociación, es paradigmático. Examinemos dos de las más importantes. El Organismo procuraba fundar (técnicamente recordemos) la necesidad de un esfuerzo (ajuste) de la población, en tanto la economía exhibía grandes desequilibrios y distorsiones.[57] Aquí encontramos dos metáforas muy potentes en términos retóricos: cualquiera sabe que si algo está desequilibrado, es necesario equilibrarlo (“desequilibrio suena incómodo” decía con ironía Joan Robinson); y si algo está distorsionado, es necesario corregirlo.

Ahora bien, cabe desentrañar el significado de esos términos. Respecto de los desequilibrios, tomaremos aquí la agobiante insistencia del FMI en el problema del déficit público.[58] El Fondo postulaba, en base a la ortodoxia económica, una relación directa entre el déficit fiscal, la inflación y el estancamiento. Por tanto, la drástica reducción del déficit fiscal traería estabilidad y, con ella, crecimiento en el “largo plazo”. No obstante, esta postura presenta un innegable sesgo ideológico. En primer lugar, en ninguna parte del extenso conjunto de memorándum, minutas y demás documentos, el FMI abordó el tema de la calidad y el impacto productivo del gasto público. Si el déficit se explica por una fuerte apuesta del Gobierno en inversión infraestructural y en capital humano, perfectamente puede ser compatible con el crecimiento en el largo plazo (es un desequilibrio generador de capacidades sociales). En esa línea, de hecho, aún hoy, tras décadas de neoliberalismo, pueden encontrarse sendos trabajos empíricos que ponen en duda la supuesta relación negativa entre déficit público y crecimiento.[59] En segundo lugar, el déficit estatal tiene dos partes: ingresos y gastos. Puede bajarse el déficit mediante ambos instrumentos. Sin embargo, como era de esperar dado su sesgo ideológico, el FMI insistía en la necesidad de bajar el gasto (en especial los salarios). En un Memorándum de junio de 1984, preparado por Stephen Collins –del equipo técnico del FMI–, se indica que el Director Gerente del Fondo le expresó al Canciller Argentino, Dante Caputo, su advertencia de que “la estrategia fiscal del Gobierno era peligrosa para la economía argentina [porque] estaba fundada en incrementos de ingresos, y en una insuficiente contención del gasto público” […] en consecuencia, sugería “más énfasis en la reducción del gasto público”.[60] Es fácil colegir que aquí se expresa un prejuicio teórico interesado: la vieja idea de que el sector privado es más eficaz y eficiente en la asignación de los recursos que el sector público. Ello ha sido largamente refutado por la experiencia histórica en las modernas economías mixtas democráticas.[61] Pero además, el FMI ponía el énfasis especialmente en la necesidad de bajar el gasto salarial. El mismo acuerdo con Argentina estaba supeditado al ajuste salarial: en el citado Memorándum de Collins se menciona que el Director Gerente del Fondo resaltaba

el problema asociado del crecimiento en términos reales de los salarios del sector público. El Director Gerente creía que la fuente de la dificultad [para el acuerdo] residía allí, porque no era posible tener una programa de ajuste factible sobre la base de un aumento en los salarios reales” .[62]

Finalmente, en tercer término, no se hace referencia a la posibilidad de bajar fuertemente el gasto estatal en intereses de la deuda, uno de los principales componentes de las erogaciones públicas por entonces (1/5 de los gastos corrientes). Esta deuda había sido contraída improductivamente por un gobierno de facto, criminal, ilegítimo e inconstitucional, que el mismo FMI había apoyado. Era el gran problema de entonces, con evidentes aristas éticas e históricas. Pero ello –convenientemente– no ingresaba en el estrecho horizonte epistemológico de la teoría utilizada por el FMI, cuya construcción retórica basada en las metáforas de la ortodoxia neoclásica excluían del campo económico positivo los problemas éticos, históricos y políticos (los cuales, sin embargo, son claves para entender la conducta del Gobierno radical de entonces, desde una perspectiva hermenéutica históricamente situada).

Las distorsiones son otro capítulo de la misma problemática. La cuestión subyacente aquí, muy usada incluso hoy en los modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos, es la idea de que la economía de mercado capitalista se ajusta automáticamente mediante las fuerzas de la demanda y la oferta guiadas por el sistema de precios, de tal modo que alcanza un equilibrio estable en el largo plazo. Dicho de otra forma, en el contexto del mercado auto-regulado, donde los agentes individuales persiguen libremente su propio interés, las decisiones de consumo, ahorro e inversión estarán fundadas en una estructura de precios relativos que expresa la escasez de recursos respecto de las preferencias dada la tecnología (la tasa de interés, por caso, es el precio del desplazamiento intertemporal del consumo). Por tanto, la economía alcanza un nivel óptimo en términos paretianos, donde todos los mercados están en equilibrio[63]. Es en este trasfondo de la metáfora del equilibrio general estable, proveniente de la física newtoniana, dónde adquiere sentido el concepto de distorsión en los precios relativos[64]. Si los mercados no están equilibrados implica que alguna fuerza exógena se encuentra interfiriendo con su funcionamiento y distorsionando la fijación de los precios y la dinámica económica. El principal sospechoso –amén de los desastres naturales y/o sanitarios– de esa interferencia, por supuesto, es el Estado (junto con los sindicatos), que actúa por motivos políticos y no enfrenta los límites de la competencia.

Por tanto se parte del pre-supuesto de un sistema de mercado que funciona adecuadamente (tiende al equilibrio estable óptimo), cuyas variables son distorsionadas por intervenciones exógenas, particularmente del sector público. Bajo ésta metáfora incuestionada (zombie), la tarea política apropiada, entonces, no puede ser otra más que corregir tales distorsiones. Dicho en los propios términos de los economistas del FMI de entonces, Wiesner y Ferrán: la economía argentina necesitaba una “corrección de los precios relativos (incluyendo la acción sobre el tipo de cambio) [para] estimular la inversión y el crecimiento y asegurar un fortalecimiento del balance de pagos”.[65] Por supuesto, la corrección de las distorsiones tenía un sentido claro: bajar los salarios (públicos y privados). En una Minuta de la reunión entre el Director Gerente del FMI y varios funcionarios de ese organismo, se reconocía que el acuerdo con Argentina estaba bloqueado debido a que la insistencia del Gobierno Argentino con “un incremento en los salarios reales [que] era inconsistente con el logro de una sustancial mejora en las finanzas públicas y hacía casi imposible cambiar los precios relativos de la economía”.[66] Además, con esa misma metáfora de las distorsiones, el FMI pretendía limitar el rol del Gobierno. En las Instrucciones para la Misión iniciada el 6 de febrero de 1984, las autoridades de la Oficina del Hemisferio Occidental indicaban la necesidad de rechazar los controles de precios propuestos por Grinspun para atenuar la inflación. Decía el FMI: “La misión revisará el plan del Gobierno para tratar con la inflación, y argumentará que no se debe buscar ese objetivo a través de medidas que tengan como efecto aumentar las distorsiones en la economía”;[67] se refería al congelamiento de precios por 40 días de 400 empresas industriales líderes.

En rigor, esa metáfora del equilibrio general estable, si bien puede ser útil para ciertos propósitos, presenta una capacidad explicativa/comprensiva muy limitada, y requiere extrema precaución al momento de ser utilizada para operar sobre la realidad, afectando vidas humanas. De hecho, para los años 80’, ya había sido cuestionada eficazmente, entre otros, por los neo-schumpeterianos, que ven a la economía en una dinámica de transformación constante; y por el institucionalismo crítico, que enfatiza en la oligopolización de los mercados. Sin embargo, la noción de equilibrio estable se mantuvo en el núcleo del programa de investigación neolcásico-ortodoxo, y su uso práctico funcionó de modo incuestionado, como una evidente metáfora zombie.

El relato del FMI: una verdadera alegoría

Como se advierte, el FMI construyó una pieza retórica fundada en la terminología científica de la ortodoxia económica. El Fondo se presentó, ante Argentina, con un equipo de profesionales expertos que venía a realizar un diagnóstico de la situación a través de “misiones” técnicas y negociadoras, de modo de colaborar en la elaboración de un “programa de estabilización” “consistente” y “sostenible”, plasmado en un “memorándum técnico”, cuyo objeto era resolver los “desequilibrios” y las “distorsiones” de la economía para el “crecimiento” en el “mediano y largo plazo”.

Esta verdadera trama alegórica del FMI es muy eficaz. Permite articular una sutil inversión cognitiva: empujar al plano técnico lo que son decisiones políticas. El FMI propuso una negociación en la cual la discusión técnica precedía y presidía (por subsunción) la intervención de los órganos políticos.

Sin embargo, como es evidente, cuando se discuten los objetivos de un programa económico y se eligen los grupos/estratos sociales que van a soportar en mayor o menor medida el peso del mismo, se está hablando de decisiones eminentemente políticas (decisiones que afectan intereses colectivos). Las permanentes objeciones del FMI al programa de Grinspun respecto de los niveles salariales, los controles de precios, la falta de ajuste del gasto y/o la apreciación cambiaria, son esencialmente políticas. Y justamente, puesto que afectan intereses, las decisiones políticas reclaman la legitimidad democrática y social. Esta fue la postura de Alfonsín y de Grinspun. El FMI, por el contrario, al ubicar los problemas en el plano técnico, apelando metáforas cientificistas como forma de legitimación, procuró despojar las decisiones de su contenido ético e histórico que deben considerarse al momento de afectar intereses. En ningún lado el FMI discute el problema de la justicia de las decisiones, de la equidad social y/o del poder; ni mucho menos aborda el hecho clave de que Argentina venía de un gobierno de facto, sangriento, criminal e ilegítimo, que afectó los derechos y los ingresos de las mayorías.

El poder de las metáforas y las metáforas del poder

En las negociaciones entabladas entre Argentina y el FMI todos conocían las reglas del juego. Los intereses económicos y/o políticos subyacentes a las diversas posiciones eran evidentes. Los funcionarios del Fondo, como representantes de los acreedores bancarios y –más profundamente– del capital en general, tenían la ingrata tarea de impulsar una reducción del salario real (los técnicos del Organismo la estimaban en un 25% para 1984) y del gasto público primario, de modo que la población Argentina consuma menos y el país obtenga así los recursos suficientes para cumplir sus compromisos y evitar una mayor exposición al riesgo de los bancos acreedores, sin afectar demasiado a la economía privada interna, como lo dice expresamente el FMI.[68] Además, era imperioso despejar el camino de eventuales rebeldías de otros países (disciplinamiento).

El FMI debía impulsar ese programa de ajuste sobre la población argentina, en un contexto de recuperación de la democracia, tras una extensa y criminal dictadura militar. El gobierno de facto había empujado a la argentina a una crisis económica sin precedentes, con impacto específicamente dañino en la clase trabajadora y en los estratos vulnerables. El FMI había sido parte de ese proceso.

No obstante, el FMI tuvo la poca fortuna de encontrarse con un Gobierno que, por lógicos motivos éticos, históricos y políticos, pretendía recuperar algo del bienestar perdido para las mayorías, aunque sea modestamente. A tal efecto el presidente Alfonsín nombró al ministro Grinspun. Éste procuró implementar un programa expansivo y redistributivo, que a todas luces era el rumbo económico apropiado al momento histórico (más allá de los problemas de implementación).

Pero el FMI, dados los intereses que defendía (de los poderosos), no podía más que oponerse frontalmente a ese programa democrático, expansivo y progresista. Esta postura del FMI, naturalmente, era profundamente antipopular. ¿Cómo hacer para defenderla? Allí es donde las metáforas cientificistas, tecnocráticas y de raíz positivistas de la ortodoxia juegan un papel central. Permitieron nada menos que legitimar, bajo un velo seudo-científico, el posicionamiento interesado del Fondo en su defensa de los más fuertes. Los economistas vulgares –en el sentido marxista– del FMI, mediante la plétora de metáforas zombies de la ortodoxia, pudieron presentar los intereses del Organismo como intereses propios de la Argentina. En nombre del expertis técnico, fundamentaban el ajuste salarial y estatal como un sacrificio imprescindible para alcanzar un programa consistente y sostenible que permita recuperar el equilibrio y corregir las distorsiones económicas, de modo de recomponer la iniciativa privada y promover la estabilidad y el crecimiento en el largo plazo. Una pieza alegórica perfecta, que soslaya el problema del poder, la justicia, la desigualdad, las necesidades sociales (incluso alimentarias), la democracia, las capacidades colectivas y el devenir histórico.

Los expertos del FMI representaron ese papel tecnocrático a la perfección. Todo lo hacían por mandato tecno-científico. Incluso en el punto más álgido del acuerdo como fueron los salarios. En la Minuta del encuentro entre el Director Gerente y la Argentina, el FMI indica: “el Fondo no está en contra del incremento en los salarios reales por razones doctrinarias [sino] por los efectos adversos en el empleo y el crecimiento”.[69]

También desde el punto de vista personal, las metáforas ortodoxas les permitieron a los técnicos del Fondo lidiar moralmente con su conducta antipopular y agresiva. Toda persona, y más si representa una institución, necesita fundar éticamente sus actos. Ello es válido incluso para los técnicos del FMI. La ortodoxia económica les ofreció las metáforas apologéticas adecuadas para cumplir su cometido sin ningún remordimiento y/o cargo de conciencia, e inclusive auto-convenciéndose de que estaban haciendo lo correcto. Vale decir, ante los designios de la ciencia económica positiva, que impone su ley de hierro ineluctable, ¿qué puede hacer un mero técnico del FMI?

Aquí es importante remarcar un punto clave. El hecho de que las autoridades y el staff técnico del FMI reconocieran el complejo de intereses involucrado en la negociación, no excluye que dichos funcionarios hayan creído genuinamente en la validez y el sustrato científico de sus posicionamientos. Ello aunque fueran conscientes de que tales posturas estaban alineadas a los intereses de sus mandantes. Suponer lo contrario, llevaría a concluir que el funcionariado del FMI se embarcó en una especie de cinismo grupal (incluso cuando se intercambiaban misivas internas), lo cual no parece razonable. Vale decir, en buena medida, los técnicos del Fondo eran sujetos pensados por las metáforas zombies de la ortodoxia. No es casualidad que este caso, como ya dijimos, haya ocurrido en pleno ascenso de la tecnocracia economicista, dominada por la ortodoxia, única portadora del “saber autorizado” cómo diría Roig (2016). En aquellos años los asuntos económicos tendieron cada vez más a constituir un campo especializado, reservado a expertos, que requería intervenciones técnicas científicamente fundadas. Justamente en línea con los planteos de los técnicos y autoridades del FMI por entonces.

Conclusiones

En el presente artículo hemos examinado, en un caso histórico concreto, el modo en que las construcciones conceptuales de la ortodoxia neoclásica, usadas como verdaderas metáforas zombies del pensamiento social, operaron cual potente batería ideológica en la defensa de los intereses de poderosos grupos financieros, representados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las categorías supuestamente científicas de la disciplina económica, en su vertiente ortodoxa, aportaron los recursos retóricos para un discurso tecnocrático y de raíz positivista de los expertos del FMI, que les permitió legitimar veladamente nada menos que el rechazo del Fondo a una propuesta de política económica progresista que esgrimió el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, luego de siete años de una criminal dictadura militar.

La función legitimadora y apologética de la teoría neoclásica se puso en evidencia desde el inicio mismo de la intervención del FMI con su concepción de raíz positivista e instrumental de la ciencia económica: el FMI se presentó bajo el velo de la intervención profesional, ejercida a través de sendas “misiones técnicas” y negociadoras de expertos, que debían acordar un programa de “estabilización” “consistente” y “sostenible”, plasmado en un “memorándum técnico”, condición previa –de hecho, no de derecho– al tratamiento de cualquier entendimiento en la Junta Ejecutiva del Fondo. En materia de contenido, los expertos insistían en la necesidad de mejorar el “equilibrio” fiscal y externo, y corregir las “distorsiones” en los precios relativos. Ello a fin de lograr la ansiada estabilidad y apuntalar el “crecimiento” y la generación de empleo en el “largo plazo”.

Todas estas metáforas zombies disfrazaron el hecho simple de que el FMI, a través de sus economistas de extracción ortodoxa, estaba exigiendo un ajuste en los salarios y el gasto público, es decir, una disminución del consumo popular, a fin de que Argentina pueda obtener los excedentes que le permitan honrar sus compromisos financieros, sin afectar demasiado al capital privado vernáculo. Junto con ello, el Fondo procuraba también disciplinar a los países díscolos en un momento crítico, dónde Argentina promovía la creación de un club latinoamericano de deudores para negociar los pasivos.

El programa de Grinspun, si bien generó un cierto crecimiento y redistribución en 1984, terminó naufragando ahogado por la inflación debido al desfinanciamiento público, las adversas condiciones externas y las dificultades para coordinar las expectativas en un entorno hostil para el Gobierno. Asimismo, los conflictos internos de la gestión radical también contribuyeron a la inestabilidad económica (y, finalmente, a la salida del cuestionado ministro). En ese escenario, no casualmente, el apoyo decidido del FMI hubiera sido crucial. La pregunta contrafáctica obligada es: ¿Cuál habría sido la suerte del Plan Grinspun si el FMI lo hubiera apoyado con una asistencia de 10 veces la cuota Argentina en apenas dos meses de negociación, como hizo el Fondo con la gestión de Macri? Pero el FMI no tenía (ni tiene) la misión de respaldar gestiones progresistas, sino todo lo contrario. En esa ingrata tarea, no obstante, los funcionarios del Fondo contaron (y cuentan) con el acervo de metáforas de la ortodoxia neoclásica que les permitió (y permite) justificar científicamente su defensa del poder. Ello tanto frente al público en general, a sus interlocutores directos (autoridades de la Argentina) e incluso ante sí mismos como sujetos morales.

Finalmente, cabe remarcar que la exposición aquí desplegada no pretende inhibir o refutar la teoría neoclásica per se, tan válida como cualquier otra, sino más bien poner de relieve el uso apologético que puede hacerse de la misma cuando se adoptan sus postulados de modo acrítico e incuestionado. Se trata de un análisis de caso en la línea de los estudios que, con mayor profundidad, elaboraron los autores antes mencionados como Mariana Heredia, Alexander Roig y Hernán Ramírez, entre otros.

* Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Trabajo Social. E mail: leandro.rodriguez@uner.edu.ar

[3] Kusch, 2020; Steinmetz, 2005; Eidlin, 2004.

[6] Roig, 2016; Heredia, 2015; Ramírez, 2010.

[23] Sierra Castro, 1978; Neck, Richter, & Mooslechner, 2008.

[24] Más allá de sus variantes, el núcleo (core) de la ortodoxia está caracterizado por la defensa del “mercado” (iniciativa privada) como el mecanismo más apto para resolver los problemas económicos. El FMI adoptó en ese entonces una postura neoclásica con elementos monetaristas, que aquí abordamos.

[25] Alfonsín, Ricardo, Discurso ante la Asamblea Legislativa, 10/12/1983, discursos compilados por: Garcete & Goldwaser, 2018: 40.

[29] Elaboración propia en base a datos del BCRA (consultado 14/12/2019) y CEPAL, 1999

[31] Datos Ceplastat, consultados el 19/11/2019

[32] Alfonsín, Ricardo, Discurso ante la Asamblea Legislativa, 01/05/1984, discursos compilados por: Garcete & Goldwaser, 2018: 108.

[33] Mensaje de Elevación Presupuesto 19/06/1984.

[36] Este apartado es una síntesis propia de los instrumentos de política económica aplicados por Bernardo Grinspun como Ministro de Economía y Enrique García Vázquez como presidente del banco Central de la Argentina. En general la información ha sido extraída de las memorias del BCRA (1983, 1984 y 1985), publicadas en: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Memoria_anual.asp

[37]Ley N° 23.041 – diciembre 1983. La Ley estableció que el sueldo anual complementario debía pagarse sobre el cálculo de la mejor remuneración mensual devengada del semestre previo (Artículo N° 1, Ley 23.041).

[38] Los vencimientos de marzo, finalmente fueron cubiertos con reservas y préstamos por 600 millones de dólares que Argentina obtuvo de otros países latinoamericanos, con la participación del Tesoro de EEUU.

[41] Milton Friedman en su clásico The Methodology of Positive Economics (1953), defiende una pretendida neutralidad valorativa del saber científico y sostiene un claro sesgo determinista y universalista en los presupuestos ontológicos sobre el objeto de estudio de esta disciplina (que deriva en una clausura del sistema en cuanto a sus posibilidades de cambio consciente). La expresión robbinsiana remite a la postura esgrimida por Lionel Robbins en su también clásico ensayo de 1932 sobre el concepto de economía.

[42] IMF_75078_2, Office Memorandum from Ferran to Managing Director, 1984.

[43] IMF_75078_2, 1984: 1, resaltado nuestro. Todas las traducciones son propias de los documentos originales publicados por el FMI en inglés.

[45] IMF_75078_2, Department Western Hemisphere, DWH, 1984:9.

[46] IMF_75078_2, Office Memorandum from Ferran to Managing Director, 1984: 4.

[47] IMF_75078_1, Minutes of Argentine Mission's Report to Management and U.S. Representatives, 1984: 2.

[49] IMF_75078_1, Office Memorandum from Eduardo Wiesner to Managing Director, 1984.

[50] IMF_75078_2, Department Western Hemisphere, DWH, 1984: 4.

[51] IMF_75078_1, Oficce Memorandum by Eduardo Wiesner, 1984: 3.

[53] El modelo inicial fue presentado por Polak en 1957. El núcleo del modelo se basa en 4 ecuaciones: los cambios en la oferta monetaria (OM) están en función de la inversa del multiplicador “k” y la variación del producto “Y” (∆OM = k _* ∆Y); las importaciones (M) como una proporción “m” del producto: (M = m _*Y); el cambio en la cantidad de dinero son función de la acumulación de reservas externas y el crédito interno (∆MO = ∆R + ∆D). Las variaciones de las reservas dependen de las variables del comercio exterior (∆R = X – M + K). Se trata, como siempre, de tautologías matemáticas cuya utilidad consiste en que permiten derivar las consecuencias lógicas de ciertos supuestos adoptados.

[55] IMF_75078_2, Department Western Hemisphere, DWH, 1984: 1.

[56] IMF_75078_2, Office Memorandum from Ferran to Managing Director, 1984:3.

[57] La semejanza con el informe del Artículo IV del año 2016 no puede ser más evidente…

[58] Se refiere, en ocasiones, al resultado financiero, que es igual a los ingresos totales (corrientes y de capital) menos gastos totales (corrientes y de capital) o al resultado primario (antes de intereses de la deuda).

[60] IMF_75078_1, Memorandum for Files for Stephen Collins, 1984: 2.

[62] IMF_75078_1, Memorandum for Files for Stephen Collins, 1984:3.

[63] Un óptimo de Pareto es un estado en el cual no puede mejorarse la situación de nadie sin empeorar la de algún otro. Es un concepto que ha sido debatido en la propia ortodoxia, pero suele utilizarse de todas maneras.

[64] La noción de equilibrio, y en particular de equilibrio estable, ha sido cuestionada también en algunas posturas ortodoxas, pero sigue siendo una categoría central.

[65] IMF_75078_1, Office Memorandum. Mission to Argentina-May 6 to June 13, 1984: 1.

[67] IMF_75078_2, Department Western Hemisphere, DWH, 1984: 4.

[68] IMF_75078_2, Department Western Hemisphere, DWH, 1984.

[69] IMF_75078_1, Minutes of Meeting with Executive Directors on Argentina_IMF staff, 1984: 5.