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La clave local de la protesta: resistencia y represión frente al cierre de ingenios azucareros, Villa Quinteros (Tucumán)

Lucía Santos Lepera* e Ignacio Sánchez**

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Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad, N° 23, 2019, pp. 91 a 119.

RECIBIDO: 29/10/2019. EVALUADO: 10/11/2019. ACEPTADO: 30/11/2019.

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Resumen

El artículo analiza el ciclo de conflictividad social que tuvo lugar en los pueblos de Tucumán frente al cierre de ingenios a mediados de la década de 1960. Con ese fin, explora las protestas en la localidad de Villa Quinteros originadas tras el cierre de la fábrica local en 1967. Explicar las protestas en los pueblos azucareros supone reconstruir las características de cada comunidad, examinar la trayectoria de los actores implicados y reponer los perfiles de quienes ocuparon espacios de liderazgo. De ese modo, buscamos ofrecer una interpretación sobre las funciones desempeñadas por las comisiones vecinales, el sindicato obrero y el cura párroco a partir de un análisis que recupere la complejidad de la dinámica local.

Palabras clave: Protesta social – crisis azucarera – perspectiva local

Summary

The article analyzes the social conflict in the towns of Tucumán in the face of the closure of sugar mills in the mid-1960s. To that end, the text explores the protests in the town of Villa Quinteros that originated after the closure of the local factory in 1967. Explaining the protests in the sugarcane villages involves reconstructing the characteristics of each community, examining the trajectories of the actors involved and replenishing the profiles of those who occupied leadership spaces. In this way, we seek to offer an interpretation of the functions performed by the neighbourhood commissions, the workers' union and the parish priest based on an analysis that recovers the complexity of the local dynamic.

Keywords: social protest - sugar crisis - local perspective

En abril de 1969, los diarios provinciales y nacionales cubrieron los acontecimientos de Villa Quinteros, pueblo situado en el cordón agroindustrial al sur de la provincia de Tucumán. La localidad trascendió por la violenta represión policial contra la población que se encontraba en reclamo por la creación de fuentes de trabajo, ante el cierre del ingenio azucarero. En el marco de las protestas contra la dictadura de Onganía que se multiplicaron a lo largo del país durante 1969, la resistencia de Villa Quinteros tuvo impacto nacional como símbolo de una provincia abatida por las políticas estatales y caldeada por la conflictividad social producto de la crisis azucarera.

Los estudios que abordaron esa protesta la designaron como una “pueblada”, parte del ciclo de manifestaciones sociales que abarcó a las localidades azucareras tras el cierre de ingenios.[1] En ese proceso, las Comisiones Pro Defensa (CPD) surgidas en los pueblos afectados por la crisis adquirieron un lugar central como coordinadoras de la protesta social y articuladoras de las demandas frente al gobierno provincial, en las que se destacó el rol de los curas párrocos. La formación de esas comisiones fue interpretada desde la hipótesis de la debilidad y la división de la organización sindical de los obreros azucareros en el marco de una dilatada crisis provincial, que les impidió asumir la defensa de los puestos de trabajo.[2] Ese vacío habría dado lugar a la aparición no sólo de las Comisiones Pro Defensa, sino del rol protagónico de los sacerdotes, quienes se vieron “obligados a asumir la defensa y liderazgo de un pueblo inerme”.[3] En consecuencia, los curas habrían tenido que asumir, en el marco de la crisis y cierre de ingenios, un “rol sindical” del cual derivó la presidencia de dichas Comisiones y el liderazgo de las protestas.[4]

Este trabajo se diferencia de tales interpretaciones y busca explicar las protestas a partir de caracterizar la configuración del pueblo de Villa Quinteros, identificando los actores sociales implicados en la protesta y reconstruyendo los perfiles de sus referentes destacados. Se propone recuperar la complejidad de la dinámica local en dirección a ofrecer otra interpretación de la función desempeñada por las comisiones vecinales, el sindicato obrero y el rol del cura párroco. En ese sentido, se sostiene que el desarrollo cívico de la localidad excedió los límites de la fábrica, abarcando al conjunto de productores cañeros, obreros del surco y comerciantes, actores a los que la historiografía restó relevancia en vistas del papel protagónico de la clase obrera. A partir del análisis del entramado local se propone como hipótesis que la supuesta debilidad del vector sindical en Villa Quinteros obedeció a las particularidades de ese colectivo de trabajadores y a su posicionamiento dentro de las disputas al interior de la FOTIA (Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera). Desde esta perspectiva, el análisis de la trayectoria del cura párroco permite entrever el modo en que se erigió como un representante de la comunidad y ejerció sus funciones en la comisión, posición en que la población lo ubicó y que pudo desplegar con el respaldo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM).

El trabajo se encuentra organizado en tres apartados. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los pueblos vinculados a las dinámicas productivas de los ingenios azucareros, el primer apartado analiza el origen y desarrollo de Villa Quinteros, lo que nos permite dilucidar la relevancia del sector de agricultores cañeros. El texto avanza en el análisis de la conformación de la Villa como un importante centro cívico-comercial y destaca la incidencia del funcionamiento del ingenio San Ramón en la localidad hasta su cierre en agosto de 1967. En segundo lugar, el análisis se centra en las trayectorias de los dos principales referentes de la comunidad en el contexto del cierre del ingenio: el cura párroco y el dirigente del sindicato obrero. Se examina el modo en que ambos construyeron sus liderazgos locales y la forma en que alcanzaron esa posición, hasta su confluencia en la Comisión Pro Defensa de Villa Quinteros. La conformación de dicha comisión reflejó las tensiones y los intereses contrapuestos de los actores sociales que convivían en el pueblo. Finalmente, el tercer apartado aborda las protestas organizadas en la localidad entre 1968 y 1969 y analiza el rol que en ellas desempeñaron la CPD, el cura párroco y el dirigente sindical.

En línea con las propuestas historiográficas que destacaron las potencialidades de los estudios locales,[5] el texto recupera la agencia de los actores desde una perspectiva territorializada que nos permita repensar la dinámica de la protesta y su articulación con un contexto más amplio. Esta mirada visibiliza las tensiones que atravesaron el espacio local y se proyectaron en las acciones de resistencia.

Perfil de una localidad azucarera: Villa Quinteros y el ingenio San Ramón

Villa Quinteros se desarrolló en torno a una de las estaciones del ferrocarril provincial que permitió la expansión del área azucarera al sur de Tucumán a finales del siglo XIX. Como punto intermediario, cercana al antiguo pueblo de Río Seco y a los ingenios Providencia y Santa Rosa, la villa afianzó su perfil comercial y agrícola especializándose en el cultivo de caña de azúcar.^{^[6]} A partir de 1925 contó con un ingenio en sus inmediaciones, en momentos en que productores cañeros de otras localidades se asociaron en cooperativas con el propósito de abrir nuevas bocas de molienda.^{^[7]} La fábrica de Villa Quinteros adoptó en principio el nombre de su único propietario Juan Fara, quien cultivó la caña entre otras producciones agrarias, siendo además un reconocido almacenero y acopiador, que ejerció como vocal de la Comisión de Higiene y Fomento encargada de los asuntos municipales del pueblo. El establecimiento industrial de modestas proporciones era abastecido por la materia prima de los agricultores de la zona, pero la empresa no consiguió sobrellevar la crítica situación de finales de la década de 1920 y en su tercera zafra se declaró la liquidación judicial por deudas.Los cañeros que se contaban entre sus acreedores lograron frenar el remate y dar continuidad al funcionamiento de la fábrica conformando la Sociedad Anónima Villa Quinteros a cargo de su explotación. En su reclamo los proveedores vincularon la persistencia del ingenio a su subsistencia en el medio, pero reconociendo sus limitaciones en el desenvolvimiento industrial vendieron el establecimiento azucarero a la firma Simón y Cía. en 1935. Los nuevos propietarios remodelaron la fábrica bajo el nombre San Ramón, en honor al fundador de la sociedad Ramón Simón.

El ingenio de Villa Quinteros fue el segundo que adquirió la familia Simón Padrós, reconocidos por entonces como prósperos industriales, aunque su origen empresario no provenía exclusivamente del negocio azucarero.^{^[8]} El primero había sido el ingenio Aguilares, una pequeña fábrica que en 1911 pasó a formar parte de los activos de la firma familiar. La compra y ampliación de esa industria consolidó el ascendiente de los Simón Padrós sobre esa localidad, como se trasluce en el hecho de que Ramón Simón fuera su primer intendente en 1915. Los negocios de su empresa se enlazaban con una activa práctica política que sobrepasó el marco local. Su sobrino Juan Simón Padrós ocupó en 1916 una banca como diputado en la legislatura provincial, iniciando una prolongada carrera política que lo llevaría a ejercer como diputado nacional durante tres períodos consecutivos desde 1932 a 1944. Al igual que su hermano José Simón Padrós ocupó cargos como vocal en la comisión directiva del Centro Azucarero hasta alcanzar su presidencia en 1941.

Al refundar el ingenio San Ramón, los Simón Padrós se encontraban en un notable ascenso como referentes industriales y dirigentes políticos. Sus inversiones se destinaron a incrementar la capacidad de molienda, alcanzando un rendimiento fabril de 8,42% que superó al promedio provincial.^{^[9]} Pero también dirigieron sus esfuerzos a construir la imagen de los nuevos propietarios del ingenio como promotores de Villa Quinteros tutelando parte de su entramado institucional. Al igual que otros industriales, fundaron y financiaron instituciones culturales, recreativas y religiosas, como el Centro Cultural y de Servicios Mutuos de Obreros, el Club Deportivo y Cultural San Ramón, además de la Biblioteca Villa Quinteros. De modo que los propietarios del ingenio se integraron a la dinámica de la villa mostrándose como sus benefactores, función que publicitaron como extensión de los servicios prestados a sus trabajadores.

De acuerdo al Centro Azucarero, el ingenio contaba en 1943 con asistencia médica para su personal, un consultorio, partera, enfermera, suministro de medicamentos, subvención al hospital, escuelas y otras entidades.^{^[10]} Una guía de ese mismo año declaraba la construcción de numerosos chalet tipo “californiano” para su personal superior y cientos de casas-habitación con comodidades esenciales para sus empleados y obreros especializados.^{^[11]} Pero esas descripciones contrastan con el informe publicado en el diario La Unión, según el cual el ingenio “no cuenta con enfermería de acuerdo a la ley, la sala de primeros auxilios es deficiente, no se llevan libros de consultorios, no se suministran medicamentos gratuitos, las viviendas se encuentran en pésimas condiciones”.^{^[12]} De hecho los trabajadores del ingenio, 320 trabajadores en fábrica y 400 en los cañaverales, incorporaron la demanda de salubridad en su petitorio elevado al momento de fundar el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco Ingenio “San Ramón” en 1944.^{^[13]} Adherido a la FOTIA, el sindicato consiguió sustantivas mejoras en las condiciones de trabajo.[14] No obstante, aún en 1949 el ingenio estuvo entre los multados por el gobierno provincial por no ajustarse a la legislación sanitaria.[15] En 1951 su dirigente sindical volvió a reiterar el pedido de mejorar las condiciones habitacionales de los trabajadores, instando al gobierno a expropiar tierras a la empresa para edificar las viviendas necesarias.^{^[16]}

La creciente influencia del ingenio en la dinámica local era un hecho, pero no significó aplacar la iniciativa vecinal que secundó al gobierno provincial en la gestión de mejoras de la infraestructura, de manera similar a otras poblaciones próximas a las fábricas azucareras.[17]En 1947 la villa obtuvo una partida para la construcción de una comisaría y al año siguiente se destinó el presupuesto para instalación de aguas corrientes.^{^[18]} Con esos modestos avances el pueblo afianzó su rol de centro cívico y una vez derogadas las Comisiones de Higiene y Fomento en 1951, Villa Quinteros conformó en su reemplazo una de las Comunas Rurales.^{^[19]} En 1953, la Villa contaba entre sus instituciones con una comisaría, juzgado de paz, oficina de correo y telecomunicaciones, dos clubes, un puesto sanitario provincial y la escuela provincial “Tambor de Tacuarí”.^{^[20]}

La preeminencia de los comerciantes y productores agrarios en el ámbito vecinal continuó siendo latente. Los agricultores se multiplicaron como proveedores del ingenio, aunque estos no eran exclusivamente del pueblo. En 1943 los cañeros que proveían de materia prima a la fábrica superaban el millar.^{^[21]} El ingenio contaba entonces con 53.000 surcos de caña y en lo sucesivo amplió sus cultivos, pero aún en la década de 1950 y 1960 la caña propia molida en sus trapiches no superó el 5% del total.^{^[22]} A diferencia de ingenios como el Bella Vista, Los Ralos o Santa Ana que alcanzaron una mayor integración vertical organizando su producción agrícola en colonias que les proveían desde un 40 a un 70% de la caña, el ingenio San Ramón dependía para su funcionamiento de la concurrencia de la producción de cañeros independientes.

Las regulaciones que establecían la protección de la producción azucarera nacional abandonaron de manera creciente los fundamentos sociales y su carácter distributivo a partir del golpe de estado de 1955, uniformando la legislación en atención a criterios técnicos tendientes a aumentar la productividad.Esos cambios en la legislación, sumado al incumplimiento de las normativas por parte de los potentados industriales de Salta y Jujuy descapitalizó el área de producción azucarera tucumana tensionando en extremo la relación entre cañeros e industriales.[23] Especialmente luego de que la sobreproducción de 1959 incrementara los saldos de azúcares no comercializados, interrumpiendo la cadena de pago. La crisis que atravesó la provincia durante la década de 1960 tuvo también en Villa Quinteros un escenario de conflicto. El área contenía una alta densidad de fincas cañeras como puede constatarse en las declaraciones juradas levantadas a comienzos de 1961.^{^[24]} El departamento de Monteros, en que se inscribe la localidad en cuestión, registró 5.605 predios dedicados al cultivo azucarero siendo la jurisdicción con mayor cantidad de productores. Específicamente en Villa Quinteros se consignaron 98 fundos cañeros, mientras que pueblos próximos como Río Seco relevaron 115 y otros apenas distantes como Amberes contaron 327. Los abastecedores del ingenio San Ramón organizaron al comenzar la década de 1960 manifestaciones en la localidad exigiendo la regularización del pago de la caña entregada. También participaron de los mitines junto a los productores agrarios del segundo distrito de Monteros y protagonizaron la movilización cañera de julio de 1961 dirigida por la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), denominada “Marcha del Hambre”, que contó con la participación de numerosos campesinos de los pueblos del sur de la provincia.[25]

El almacenamiento de azúcar sin comercializar incrementaba anualmente el endeudamiento de los ingenios, que encontraron mayores dificultades para financiar la zafra ante la creciente reticencia del crédito oficial. La situación crítica de la agroindustria tucumana se distendió apenas en 1963 gracias a la excepcional subida del precio internacional del azúcar que permitió colocar favorablemente el stock en el comercio exterior. La divisa obtenida posibilitó incorporar equipamientos de tecnología más desarrollada en algunas de las fábricas. En esa coyuntura el ingenio San Ramón adquirió un moderno trapiche, pero tal renovación de su maquinaria no hizo más que agudizar la sobreproducción alcanzando su pico más elevado en 1965. Nuevamente ese año los atrasos en el pago de materia prima y salarios soliviantaron a los factores productivos. Las tomas de ingenio por parte de los obreros en reclamo por el pago de salarios adeudados y contra los despidos masivos se hicieron frecuentes. En mayo de 1965 el sindicato del ingenio San Ramón hizo lo propio, reclamando la reincorporación de los obreros suspendidos.^{^[26]}

El colapso de la actividad azucarera en que se sumergía Tucumán era evidente y a principios de 1966 se establecieron cupos de producción para reducir en un 30% la elaboración de azúcar. La regulación nacional decretada por el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía fue aún más drástica y profundizó la dramática situación provincial. Al mes de haber asumido intervino siete ingenios que debieron interrumpir la zafra, y en 1967 se excluyó de la entrega de caña a los productores que poseían menos de 3 hectáreas, aproximadamente 10.000 cañeros chicos.[27] Si algunas de estas fábricas consiguieron retomar su actividad, el saldo del proceso hasta 1968 sería el cierre de 11 de los 27 establecimientos azucareros que conformaban el parque industrial tucumano, entre ellos el ingenio San Ramón. Su clausura se produjo en el marco de un acuerdo entre la Secretaria de Industria y Comercio de la Nación, el gobierno provincial, el Banco de la Provincia y CIFEN (Comercial, Inmobiliaria del Estado Nacional), ratificado con la promulgación de la Ley nacional 17.395/67.^{^[28]} Según la reglamentación, el CIFEN se haría cargo de adelantar los montos necesarios para que la empresa pueda regularizar sus deudas y los cupos correspondientes a esta unidad fabril pasarían al ingenio Aguilares. De modo que el cese de la zafra en Villa Quinteros obedeció a una decisión empresarial para sobrellevar la situación de crisis. A pesar de las repercusiones que generó la novedad entre los trabajadores que se opusieron a esa determinación, a partir del 31 de agosto de 1967 dejó de moler definitivamente el ingenio San Ramón.

La construcción de liderazgos locales: trayectorias en el sindicato y la Iglesia

El cierre de su principal industria afectó a Villa Quinteros en su conjunto. No obstante, los sectores que la constituían respondieron de forma disímil, con la preeminencia de liderazgos que se habían consolidado previamente. Sus posicionamientos estuvieron condicionados por esas trayectorias, tanto como por las diferentes coyunturas en que se desenvolvió la crisis provincial. La resistencia fue la expresión de una articulación particular de los sectores sociales de la localidad. Dirigentes obreros, comerciantes, cañeros y el cura párroco formaron parte del espectro de los actores que protagonizaron las movilizaciones, reuniones y reclamos en defensa del pueblo, confluyendo en la Comisión Pro Defensa (CPD) de la Villa. En ella despuntó el liderazgo del cura párroco Fernando Fernández, acompañado por el dirigente obrero Norberto Campos, quien había construido su representatividad en la localidad como referente de los trabajadores del surco.

En el ingenio San Ramón una nueva dirigencia sindical se constituyó en la primera mitad de la década del ‘60. La tradicional preeminencia de los obreros de fábrica fue alterada en el devenir de la dinámica electoral abierta con la normalización de FOTIA, dando lugar al ascenso de representantes de los obreros del surco (agrarios) que apoyaron la disidencia hasta alcanzar la conducción del gremio en la figura de Norberto Campos. Ese desenlace en el sindicato local es comprensible teniendo en cuenta la composición del colectivo obrero en el que predominaban trabajadores agrarios y en particular los contratados por cañeros independientes, principales proveedores de materia prima del ingenio. Sin embargo, fue el desenvolvimiento de la crítica situación azucarera provincial y las disputas al interior de FOTIA lo que habilitó el marco para la emergencia de esa nueva representación sindical en Villa Quinteros.

Una vez alcanzado el funcionamiento legal de los sindicatos azucareros en 1959, estos se movilizaron en cada negociación paritaria intentando contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo del salario de sus trabajadores en el contexto inflacionario. El mismo año en que se retomaron las elecciones sindicales, los obreros consiguieron con una prolongada huelga firmar un aumento salarial del 70%, aunque la medida de reclamo les costó la pérdida de su personería gremial.[29] Hacer valer ese compromiso salarial fue un desafío persistente para la Federación, particularmente en relación al sueldo del personal de cañeros, ya que los productores agrarios decidieron no aceptar el convenio hasta cobrar lo adeudado por los ingenios. Esa determinación recargó las tensiones latentes al interior de la FOTIA entre trabajadores de fábrica y surco.

Entre 1959 y 1963 el sindicato del ingenio San Ramón estuvo bajo la dirección de Antonio Montoya, obrero de fábrica representante de la Lista Blanca en que se inscribieron los principales referentes de la Comisión Pro-Normalización de los sindicatos adheridos a las 62 Organizaciones. Esa corriente presidió la FOTIA durante el período bajo la conducción de Benito Romano, sucedida a partir de 1961 por Juan Segundo Pasayo. Pero en 1963 las elecciones en los gremios azucareros se mostraron especialmente movimentadas. Un agitado debate público surgió en torno al derecho de sufragar por parte de los afiliados morosos (en su mayoría trabajadores del surco dependientes de cañeros), que finalmente determinó aceptar su participación.^{^[30]} En esa oportunidad se produjo el recambio en la conducción del sindicato del ingenio San Ramón, una lista disidente presidida por Víctor Garay y Norberto Campos, triunfó con 172 votos frente a quienes proponían la reelección de Antonio Montoya.^{^[31]} Pero estas elecciones contrastaron con los comicios en el resto de los sindicatos, en los cuales tendieron a prevalecer las listas blancas afines a la dirección de la FOTIA.

Las polémicas entre obreros de fábrica y surco se reanimaron al momento en que los delegados por sindicatos debieron conformar el secretariado de la Federación. Para el cargo de Secretario General se impulsó como único candidato Arnoldo Aparicio del Sindicato de Obreros del Ingenio Fronterita, quien contaba con el apoyo de la dirigencia saliente.^{^[32]} La disputa se abrió cuando se eligió el Secretario Adjunto. El cargo solía estar reservado tácitamente a un representante de los obreros del surco, pero la postulación de Raúl Zelarayán, obrero de fábrica del ingenio Santa Lucía que se encontraba preso por participar de la toma de esa fábrica ante los despidos masivos, alteró esa dinámica. A pesar de lo cual, el cargo fue ocupado por Manuel Faciano, representante del Sindicato de Obreros del Surco Los Molle, quien obtuvo apenas un voto más que Zelarayán.^{^[33]} Además de la tensión entre diferentes sectores de trabajadores que conformaban la FOTIA, el debate mostró la fisura entre concepciones divergentes respecto a la orientación clasista o de “izquierda” que debían adoptar los sindicatos. Faciano respondía a un perfil negociador dentro del sindicalismo peronista, mientras que Aparicio resultaba partidario de una confrontación más directa para avanzar en las reivindicaciones obreras. En cualquier caso, la situación crítica de la agroindustria provincial no dio margen a la ruptura en ese momento y los gremios tendieron a reaccionar frente a los incumplimientos o avasallamientos por parte de las patronales.

Algunos hechos señalan el acercamiento de la nueva dirección del sindicato del ingenio San Ramón al Secretario Adjunto Manuel Faciano, que se manifestó tempranamente con su presencia en Villa Quinteros durante el acto de asunción de Garay y Campos.^{^[34]} Los avatares de la FOTIA estrecharon posteriormente estos vínculos. Durante su gestión, Aparicio pretendió unificar posiciones con otros sectores para ejercer mayor presión en defensa de los intereses obreros. La FOTIA inició en 1964 una nueva modalidad de reclamo realizando un paro conjunto con UCIT.^{^[35]} La medida fue acatada de forma parcial por los trabajadores, ya que los gremios desafiliados de la Federación, denominados “Sindicatos Libres”, no se plegaron a la huelga y seis ingenios continuaron moliendo, suscitándose actos de violencia en diferentes lugares de trabajo.^{^[36]} La primera oferta dada por la Secretaría de Trabajo fue aceptada por los obreros no federados, CACTU y FEIA (Federación de Empleados de la Industria Azucarera). Al poco tiempo FOTIA debió levantar su medida de fuerza, sin alcanzar las exigencias. El Secretario Adjunto denunció el pacto realizado con la “patronal cañera” como una traición, confrontando abiertamente con Aparicio.

La ruptura se consolidó en momentos en que se reformó el Estatuto de la Federación. Con la justificación de ajustarlo a la Ley de Asociaciones Profesionales, se estableció la elección directa del secretariado de la FOTIA, en reemplazo del sistema de votación a través de delegados por sindicatos. Los dirigentes de los obreros del surco y gremios disidentes encabezados por Faciano intervinieron el plenario que debía sancionar la nueva carta magna y decidieron la destitución del secretariado, proclamando nuevas autoridades.^{^[37]} La amplia mayoría de sindicatos de fábricas sostuvo la dirección de Aparicio, pero el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio San Ramón se adhirió a la disidencia. De ese modo, Norberto Campos fue elegido como Tesorero de la Comisión Directiva del sector Faciano, y designado representante de la CGT en supuesto reemplazo de Benito Romano.

El sindicato del ingenio San Ramón tuvo sus comicios en diciembre de 1964 respondiendo a la convocatoria a elecciones realizada por el sector Faciano, con una inédita concurrencia de más de mil votantes.^{^[38]} El triunfo de la Lista Azul, encabezada por Norberto Campos, que reunió 976 votos, sobre la lista Blanca con 124 votos, fue singular. El incremento de sufragantes debió responder a la participación de numerosos obreros del surco de la zona que se encontraban mejor representados en la figura del dirigente proveniente de sus filas. Su creciente popularidad entre los trabajadores de la localidad lo alentó a presentarse como candidato a legislador provincial por el Partido Justicia Social al año siguiente, aunque su lanzamiento político suscitó nuevas confrontaciones con los sindicalistas y referentes políticos del sur de la provincia.^{^[39]}

En mayo de 1965 fue elegido por primera vez de forma directa el secretariado de FOTIA, elevando con 8080 votos a la única lista que se presentó, presidida por Atilio Santillán del Sindicato de Obreros del Ingenio Bella Vista. A pesar de la división existente entre Norberto Campos y la conducción de FOTIA, las medidas de reclamo decididas por el sindicato del ingenio San Ramón, como la toma del establecimiento, fueron apoyadas por la Federación.^{^[40]} Aun así Norberto Campos dimitió de la dirección del sindicato del ingenio, luego de ser cesanteado por la empresa por su conducta “contraria a las medidas de seguridad de la fábrica”, sin recibir en esa situación mayor respaldo por parte de FOTIA.^{^[41]} El hecho no significó su retiro del trabajo gremial, por el contrario el dirigente aprovechó su capital político construido entre los trabajadores rurales para fundar el Sindicato de Obreros del Surco Villa Quinteros, impulsando desde su dirección los reclamos sectoriales del personal contratado por cañeros.^{^[42]}

La conducción de FOTIA por parte de Santillán concitó mayor cohesión entre los sindicatos de fábrica incluso en los momentos críticos del cierre de ingenios, lo que permitió su reelección por amplia mayoría en julio de 1967. En cambio, su gestión no logró contener a los sindicatos del surco disidentes que ese mismo año consiguieron la personería para formar la Federación de Obreros del Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT) incentivados por las facilidades otorgadas por la Secretaria de Trabajo en la inscripción de nuevos sindicatos del surco. Esa federación estuvo presidida por José Olina del Sindicato de Monte Redondo y contó con Norberto Campos como secretario de actas.

Al momento del cierre del ingenio San Ramón su sindicato se encontraba fuertemente tensionado por las divisiones y rupturas internas. A días de su clausura una asamblea de afiliados dio por terminada las funciones de la comisión directiva constituyendo una comisión provisional.^{^[43]} Denunciando las irregularidades de esa forma electoral FOTIA nombró una comisión colaboradora del sindicato para su gestión, pero la Secretaría de Trabajo no reconoció ese acto por encontrarse suspendida la personería de la Federación.^{^[44]} A pesar de la indefinición de la conducción del sindicato del ingenio, Villa Quinteros contaba con el liderazgo de Norberto Campos consolidado entre los trabajadores del surco, con una experiencia que lo perfiló como referente de los trabajadores azucareros de la localidad, aun cuando mantenía su hostilidad con la dirección de FOTIA. Su protagonismo en la comunidad se manifestó con mayor intensidad frente a las demandas de apertura de fuentes de trabajo, formando parte de las iniciativas vecinales que conformaron la Comisión Pro Defensa (CPD) de Villa Quinteros.

Desde 1966, en los pueblos de los ingenios cerrados y en los que se encontraban bajo amenaza por la crisis, se crearon las Comisiones Pro-Defensa (CPD), órganos que representaron a las comunidades, articularon sus demandas y organizaron las acciones en defensa de las fuentes de trabajo. Conformadas por las fuerzas vivas de los pueblos, las comisiones fueron organizaciones disímiles, que surgieron en respuesta a las dificultades y necesidades de organización de cada comunidad, pero que tuvieron como denominador común la aspiración de trascender los reclamos sectoriales y convertirse en órganos representativos de los intereses de cada pueblo, como voz legítima frente al poder político provincial. De ese modo, las demandas se expresaron de forma territorializada. Su conformación fue un reflejo de las comunidades, al estar integradas por los representantes de los sectores productivos afectados como por las principales instituciones asociativas.

Dada a conocer la noticia de la inminente clausura del ingenio San Ramón, se conformó en Villa Quinteros una comisión por el mantenimiento de la fábrica. Integrada por empleados, obreros y comerciantes, su objetivo fue repudiar el convenio firmado por la empresa propietaria que establecía el cierre de la industria.^{^[45]} Tal organización representó un primer paso en la articulación de los sectores afectados, que derivó en la formación de la Comisión Pro Defensa de Villa Quinteros a principios de 1968. Estando presidida por el cura párroco Fernando Fernández, en la comisión se destacaron figuras como Jorge del Azar, comerciante de la villa que se desempeñó como vice-presidente; Clotilde María Chemes, maestra de la escuela local; los dirigentes obreros Rubén Leiva y Norberto Campos; y el productor cañero Lucio Brandán. Asumiendo atribuciones de órgano representativo de la comunidad, elevaron una nota al gobierno provincial para dejar por sentado que “los integrantes de la comisión son los únicos autorizados por la población para realizar trámites que se consideren necesarios en defensa de esta”.^{^[46]} Se pretendía dar cierta imagen de uniformidad de la comunidad frente a la aguda situación de crisis, que contuviera las tensiones sociales que la atravesaban. En esa proyección la figura del párroco cumplía un rol central que los vecinos estuvieron dispuestos a reconocer y el sacerdote a ejercer. Aun así, al interior de la comisión la convivencia de actores con intereses contrapuestos --como cañeros, obreros del surco y ex empleados del ingenio-- otorgó a su funcionamiento una dinámica conflictiva. Como veremos, tales tensiones se pusieron en evidencia en los momentos más álgidos de la protesta.

El cura párroco Fernando Fernández, asumió la presidencia de la Comisión al igual que sus pares de Bella Vista, Santa Lucía, Famaillá (Comisión Nueva Baviera) y Los Ralos, pueblos afectados por la crisis y el cierre de fábricas. En su rol de mediadores locales privilegiados, los curas intervinieron en las dinámicas políticas y sociales y representaron, en muchos casos, figuras depositarias de la confianza de los pobladores.^{^[47]} Las movilizaciones en los pueblos reconocieron en las parroquias un punto de referencia y los curas, interpelados en sus funciones por los sectores afectados por la crisis, aparecieron como figuras que aglutinaban y legitimaban las demandas. Esas trayectorias sacerdotales se resignificaron al calor de las transformaciones de la Iglesia católica, signadas por el giro que tomó la institución a partir del Concilio Vaticano II y, especialmente, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968). El derrotero del cura Fernando Fernández reflejó esa imbricación entre la tradición de intervención sacerdotal en las comunidades y la renovación del catolicismo pos-conciliar.

Fernando Fernández conocía de cerca la problemática de los obreros de surco y fábrica, como las dificultades que atravesaba la agroindustria desde hacía una década. Antes de asumir en la parroquia de Río Seco en 1965 (de la que dependía Villa Quinteros), se había desempeñado a lo largo de 13 años como sacerdote en el pueblo azucarero de Santa Ana, cuya población atravesaba también los problemas derivados de la crisis.^{^[48]} Fernández llegó a Río Seco como el tercer cura párroco desde la fundación de la parroquia en 1931.^{^[49]} Erigida con la contribución económica del empresariado azucarero, la iglesia y casa parroquial expresaban una de las aristas del patrocinio que los industriales brindaban a las actividades religiosas en los pueblos. En Villa Quinteros, la compañía Simón Padrós contribuyó con la construcción de la iglesia local en 1957 y donó el altar principal, el cual sería reivindicado por el empresario como símbolo de su vínculo tutelar con la comunidad en el marco de las protestas posteriores.^{^[50]}

La estructura institucional de la iglesia tucumana se vio modificada en 1963, con la creación del obispado de Concepción, el cual abarcó todo el sur de la provincia incluida la parroquia de Río Seco. Esta transformación tuvo distintas implicancias, entre ellas, la dependencia de los curas párrocos de una nueva autoridad eclesiástica, el obispo Juan Carlos Ferro. El nuevo prelado implementó las transformaciones iniciadas por el Concilio Vaticano II y adoptó un perfil activo en los reclamos de las poblaciones de la diócesis. Sin embargo, en su rol de autoridad eclesiástica, Ferro se diferenció del lugar protagónico que fueron asumiendo los curas en el marco de las protestas frente al cierre de ingenios. El obispo puso límites claros a la intervención política y social del clero diocesano como a la interpretación más radicalizada que algunos de sus miembros hicieron de las determinaciones del Concilio.[51]

Cuando el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo se fundó en Tucumán (enero de 1968), ya existía un grupo de curas nucleados por la oposición a la política azucarera nacional y su impacto dramático entre los pueblos desarrollados en torno a los ingenios. El Movimiento otorgó visibilidad y contención a la labor que distintos curas venían realizando previamente entre los sectores afectados por la crisis azucarera, en especial a los que pertenecían al Decanato de Famaillá, conocido como el “Decanato de la FOTIA” por el compromiso de los sacerdotes con las demandas obreras. Fernández adhirió al Movimiento, en palabras de uno de sus miembros el párroco de Río Seco fue uno de los “más comprometidos”.^{^[52]} El colectivo sacerdotal se movilizó para apoyar los diferentes reclamos. El primer conflicto que motivó la injerencia de los curas se desarrolló en enero de 1968, cuando el presbítero Raúl Sánchez de San Pablo protagonizó un enfrentamiento con el gobierno provincial debido a su participación en una manifestación obrera que derivó en hechos de violencia. El clero diocesano respondió colectivamente publicando un documento en defensa de Sánchez, donde señalaban que su presencia en la protesta obrera no era una “intromisión”, tal como acusaba el gobernador Aliaga García, sino un “derecho sagrado que se identifica con un deber”.^{^[53]}

El caso de San Pablo fue el primero en evidenciar el rol que los curas fueron asumiendo en el ciclo de protestas desplegado entre 1968 y 1969. La situación crítica de las poblaciones del sur de la provincia interpeló a los sacerdotes, quienes asumieron al frente de las Comisiones pro-defensa, mediaron en las negociaciones con el gobierno provincial y lideraron, en algunos casos --como en Villa Quinteros-- las acciones de resistencia. En ese sentido, el rol de Fernández fue clave en la articulación de la protesta. De modo similar a la representación de Norberto Campos entre los trabajadores, puede considerarse que su posición como referente de la localidad se gestó en los años previos al cierre del ingenio, dadas las especificidades que imprimió la prolongada crisis azucarera en las instituciones a las que pertenecían, así como por sus peculiares trayectorias personales.

Resistencia y represión en Villa Quinteros

Con el cierre del ingenio, Villa Quinteros quedó a expensas de las promesas del gobierno y recibió como compensación empleos precarios del Operativo Tucumán, básicamente trabajos de pico y pala en lugares distantes que no reconocían ningún derecho laboral y garantizaban sólo diez días de trabajo al mes. Tales empleos fueron el único paliativo dispuesto por el gobierno frente la clausura de la fábrica y el despido de más de 600 obreros (entre permanentes y temporarios), a los que se les adeudaban jornales, preaviso y las indemnizaciones correspondientes. Para el cura párroco local, el Operativo Tucumán era un “parche” que solo había provocado “una mayor humillación de la dignidad de los trabajadores”.^{^[54]} En palabras del asesor de la FOTIA, el Operativo había resultado un rotundo “fracaso”, dado los pocos jornales que ofrecía al mes, los salarios por debajo de lo legal y las demoras en el pago.^{^[55]} El desempleo impactaba en toda la comunidad, como lo expresaba una solicitada de ex trabajadores del ingenio, tal problema había colocado “en situación desesperada a unos 4000 habitantes de Villa Quinteros entre familiares y comercio dependientes”.^{^[56]}

Distintos aspectos daban cuenta del drama social que emergió con el cierre del ingenio. La Villa se había quedado con un dispensario que carecía de medicamentos y de ambulancia. El único médico con el que contaban había trasladado su consultorio a una ciudad cercana, aunque intentaba seguir atendiendo “una hora por día” a los vecinos de Villa Quinteros que estaban en condiciones de pagarle. A la precaria asistencia médica, se sumaba la “pérdida de provisión de leche” a los hijos de los obreros despedidos.^{^[57]} El cierre del ingenio afectó también los servicios de luz y de agua: sostenidos de forma insuficiente, estos se suspendían diariamente a las 20 hs. Principal contribuyente de la comuna, el ex ingenio San Ramón sostenía una deuda de siete millones de pesos con las arcas de Villa Quinteros. La maestra Clotilde Chemes, al describir la situación de la escuela, destacó la desnutrición de las alumnas que se “mantienen a mate cocido”. Su testimonio daba cuenta del contraste con los años previos al cierre: “Acá había un conservatorio de piano con 40 alumnas, hijas de obreros y empleados, escuelas de danzas, la de manualidades, la de folclore, no daban abasto. Teníamos aspiraciones”.^{^[58]} Del Azar, comerciante de la Villa y vice-presidente de la Comisión pro-defensa, también dio cuenta de ese contraste: “Los viajantes de comercio nos consideraban entre los más progresistas del sur, no en vano estamos en la mejor zona cañera”. El cierre de la fábrica había desactivado la dinámica vida comercial del pueblo, generando la desaparición de los principales negocios mientras que los pocos que quedaban subsistían con reservas.^{^[59]}

La posible “desaparición” del pueblo, enunciada en las notas periodísticas que abordaron el problema de Villa Quinteros, fue una amenaza latente entre los pobladores. La migración fue un dato elocuente reflejado en los registros censales. El Censo Nacional de 1960 empadronó en la villa 3723 habitantes, mientras que el Censo Provincial de 1968 registró 2710; la tendencia negativa en la tasa de crecimiento poblacional se sostuvo hasta el final de la década en que alcanzó los 2334 individuos.^{^[60]} Quienes decidieron quedarse, se mantuvieron expectantes frente a los anuncios del gobierno provincial y nacional, que desde el cierre del ingenio San Ramón prometieron la instalación de fuentes de trabajo genuinas.^{^[61]}

Junto a las gestiones frente al gobierno y las expectativas frustradas, la tensión social fue in crescendo a lo largo de todo el año 1968 y principios de 1969. Las acciones de protesta se articularon en distintos momentos, en los que fueron ganando protagonismo la Comisión Pro-Defensa, presidida por el cura párroco, y el Sindicato de Villa Quinteros dirigido por Norberto Campos. En ese proceso, ambos liderazgos se consolidaron como representantes de la comunidad afectada, mientras que el “pueblo” cristalizó en los discursos cada vez más como un sujeto de demanda.

A principios de marzo de 1968, la noticia que informaba la autorización de la justicia a trasladar el trapiche del ex ingenio San Ramón al ingenio Aguilares, propiedad de la firma Simón Padrós, originó el reclamo de los obreros del sindicato local, que impulsaron un acto en los portones del ingenio para oponerse a la medida. El rumor del desmantelamiento de la fábrica se extendió entre los vecinos y la CPD decidió buscar la mediación de las autoridades de la Iglesia católica. El día anunciado para el traslado, se registraron fuertes incidentes entre un sector de la población que se había reunido en la iglesia y la policía. Esa mañana, “numerosas mujeres, trabajadores del ingenio, cañeros, obreros del surco y sectores de la población” se congregaron en la capilla espontáneamente y en forma de protesta colocaron la imagen de San Ramón, patrono de la Villa, en el atrio junto a un cartel que decía “Tenemos hambre”. Fue entonces cuando un grupo de policías --presente en el pueblo para custodiar las maquinarias de la ex fábrica-- irrumpió en el templo y reprimió a los presentes, hiriendo a dos hombres, mujeres y niños.^{^[62]} Esa misma tarde, el traslado del trapiche se concretó sin incidentes cuando la población se encontraba reunida en la capilla con el obispo Juan Carlos Ferro, quien había visitado Villa Quinteros para interiorizarse de los problemas originados por el cierre de la fábrica. Con su presencia, el prelado legitimó las demandas de los vecinos, quienes le solicitaron oficiar una misa para impetrar soluciones y acompañarlos en una procesión con la imagen de San Ramón por las calles de la localidad.^{^[63]}

Los hechos de violencia involucraron directamente a las autoridades eclesiásticas que se vieron envueltas en el estado de movilización de la población. En los días siguientes, la CPD organizó un acto que contempló el oficio de una misa a cargo del cura Fernández y una procesión al sindicato, en el que hablaron dirigentes obreros, la maestra de la escuela y el destacado cañero Hugo Almirón, miembros de la Comisión. Los momentos de tensión se volvieron evidentes cuando las fuerzas policiales que custodiaban el ingenio intentaron impedir la marcha al sindicato encabezada por el cura, quien “reaccionó en una discusión acalorada”.^{^[64]} A los pocos días de la manifestación, Ricardo Simón Padrós reaccionó contra los “estandartes” colocados en el altar de la iglesia local, donado por la empresa. Uno de esos carteles lo tildaba de “JUDAS que vendió a Villa Quinteros”. El industrial buscó interpelar a las “autoridades eclesiásticas”, “comunales” y a los “trabajadores en general”: “son por demás conocidos mi dedicación y empeño en contribuir a dar a la población, a través de varios años, trabajo honrado, satisfacción a sus espíritus y posibilidades de sano esparcimiento”.^{^[65]} Los cuestionamientos de los vecinos denotaban la ruptura de la deferencia social construida en relación al rol benefactor de la patronal. En particular porque el cierre obedeció a una decisión empresarial que no contempló la situación del pueblo que aducía tutelar. Simón Padrós insistía en recordar esa función que por el contrario alimentaba los sentimientos de “traición” entre los pobladores.

Las expectativas de que el gobierno dotara de nuevas fuentes laborales a los pobladores de Villa Quinteros se extendieron a lo largo de todo 1968. La asunción de Roberto Avellaneda como gobernador de la provincia en marzo de ese año fue la oportunidad para demandar a las autoridades, dadas sus promesas de revertir los problemas de desocupación. Conocido entre los sectores católicos por su pertenencia a los cursillos de cristiandad y sus vínculos personales con la jerarquía eclesiástica de la provincia, Avellaneda abrió la posibilidad de un diálogo con los curas que presidían las comisiones pro defensa y se mostró receptivo de sus reclamos. El cura Fernández y un grupo de delegados obreros se reunieron con el ministro de gobierno Ramón Gamboa --ex seminarista con el que el sacerdote había compartido el cursado en el Seminario-- para exponerle la situación de los desocupados.^{^[66]} Obtuvieron de ese modo el compromiso de enviar al coordinador del Comité Operativo Tucumán a visitar la Villa para estudiar la radicación de una nueva industria en la zona. Sin embargo, las dilaciones por parte del gobierno continuaron. En agosto, ex empleados y obreros del ingenio San Ramón publicaron una solicitada en oportunidad de la visita de Onganía a la provincia, reiterando sus pedidos de solución al problema social en Villa Quinteros.^{^[67]}En cada oportunidad, la población aprovechó para vehiculizar sus demandas por los canales institucionales abiertos por el gobierno.

A principios de 1969, el anuncio de la suspensión de los trabajos del Operativo Tucumán profundizó el malestar entre la población de Villa Quinteros que, de ese modo, perdía el único paliativo ofrecido por el gobierno.^{^[68]} A ello se sumó la prórroga otorgada por la justicia a la asamblea de acreedores del ingenio San Ramón, lo cual volvió a activar las protestas en la localidad.^{^[69]} Tal dilación suspendía nuevamente el cobro de lo adeudado por la empresa a los proveedores cañeros y a ex obreros de la fábrica. En repudio al juez de la causa y a las autoridades de gobierno, la CPD hizo una convocatoria amplia a un acto de protesta en la que invitaron a sacerdotes, estudiantes, asociaciones profesionales y a obreros de otros ingenios.^{^[70]} No era una fecha casual: el 18 de marzo se cumplía un año de las promesas formuladas por el gobierno de Avellaneda.

La concentración fue liderada por el cura párroco, que contó con el apoyo de sacerdotes tercermundistas, obreros y comerciantes locales. Fernández compartió la tribuna de oradores con Norberto Campos; sus discursos captaron el sentimiento generalizado de los presentes en términos de hartazgo y del “límite” de la tolerancia de un “pueblo” que se había mantenido “manso”. Campos sentenció: “Hoy se inicia en Villa Quinteros una lucha sin cuartel: nos haremos escuchar sea como sea”.^{^[71]} La Comisión confirmó su poder de convocatoria frente a la multitud, calculada en más de 1000 asistentes. Las crónicas periodísticas destacaron el rol del cura Fernández, que una vez finalizados los discursos, encabezó la manifestación al grito de “solución, solución”, dirigiéndose a las puertas del ingenio, custodiadas por las fuerzas policiales. El clima de tensión alcanzó su punto más álgido cuando un grupo de manifestantes intentó franquear el portón del ingenio y la policía respondió con una fuerte represión. La manifestación se desconcentró entre corridas, tiros y gases lacrimógenos. Los heridos, entre los que se encontraba un niño de 13 años, fueron asistidos por los sacerdotes y llevados al hospital más cercano. Tales acontecimientos evidenciaron la disposición de la población a manifestar sus reclamos en términos de confrontación con el gobierno, respondiendo a las arengas del cura párroco y del dirigente gremial Norberto Campos.

En el clima de tensión derivado de la represión policial, Fernández ofició una misa de protesta en la capilla de Villa Quinteros, a la que asistieron numerosos sacerdotes tercermundistas y el obispo de Concepción, Juan Carlos Ferro. Los asistentes escucharon los enfervorizados discursos del párroco y del sacerdote Amado Dip, quienes criticaron la falta de una fuente segura y digna de trabajo. Al finalizar la misa, los sacerdotes mantuvieron una reunión con la CPD para coordinar los pasos a seguir.

Dos días después, el 9 de abril de 1969, se sucedieron los acontecimientos conocidos en la historiografía --y en la memoria local-- como la “pueblada” de Villa Quinteros. Más que un “estallido” social producto de la beligerancia popular, lo que trascendió ese día fue la resistencia a una brutal represión policial. Un grupo de ex obreros y vecinos de la Villa cortó la ruta con el objetivo de detener el paso del gobernador Avellaneda, los que fueron reprimidos por la policía Federal. Sin embargo, los efectivos se enfrentaron “con una resistencia imprevista: hondas, palos, fuego, todo servía a los civiles para repeler los gases”.^{^[72]} La decisión de confrontar logró hacer retroceder la ofensiva policial, pero a las pocas horas, la represión se reforzó con la policía provincial que arremetió contra las casas de los pobladores, comercios y oficinas. Incluso avanzaron contra los que se refugiaron en la iglesia local en busca de un resguardo.^{^[73]} El saldo de la violencia de la jornada arrojó 32 heridos, entre policías y vecinos.

Los acontecimientos trascendieron en la prensa provincial y nacional que destacó la “brutalidad” sin precedentes de la represión. Crónicas y testimonios de los manifestantes atribuyeron un tono “heroico” a la resistencia del “pueblo” que decidió hacer frente al avance policial. Así lo enunció el cura Fernández en esos días: “se obligó a los ‘bravos Federales’ a replegarse y todo esto con las armas de la indignación popular que transformó los palos, las piedras, los brazos en una decisión y en una experiencia que no olvidarán quienes la vivieron y que quedará como un jalón más de la lucha”.^{^[74]} Ciertamente, la represión consolidó las solidaridades construidas previamente y activó la organización de los vecinos para condenar la agresión. Encabezados por el cura párroco, realizaron una denuncia judicial y publicaron solicitadas en los principales diarios. Los comercios cerraron sus puertas y los niños no asistieron a clases en señal de protesta. Fernández envió telegramas al presidente de la Nación, al Ministro del Interior y al comandante en jefe del ejército para denunciar “el vandálico atropello sin precedentes en la historia de Tucumán”.^{^[75]}

La represión sufrida por la población de Villa Quinteros generó la reacción de distintos sectores e instituciones de la provincia que se solidarizaron. Un grupo de 35 sacerdotes publicó una declaración con alto impacto en la opinión pública, para condenar “el atropello cometido contra el pueblo” y avanzaron en sus críticas al sistema capitalista.^{^[76]}Se organizaron misas en desagravio de la iglesia y una huelga de hambre en la parroquia del cura Amado Dip con el fin de visibilizar el problema social en Villa Quinteros. En el mismo sentido se pronunciaron agrupaciones de estudiantes universitarios, organizaciones vinculadas al humanismo cristiano, entidades gremiales, dirigentes de FOTIA, Comisiones Pro Defensa, entre otros.^{^[77]} Las solidaridades se proyectaron a nivel nacional: la CGTA manifestó su apoyo a través de una carta que Raimundo Ongaro envió al cura Fernández.^{^[78]} El conflicto asumió otras escalas y fue resignificado en el marco de las críticas al gobierno dictatorial.^{^[79]}

La CPD convocó a todos estos sectores a un acto público en Villa Quinteros para “protestar ante el país” por los atropellos sufridos. A la multitudinaria concentración asistieron delegaciones de Bella Vista y Santa Lucía, agrupaciones estudiantiles, sacerdotes de la diócesis, el sindicato de docentes, dirigentes de FEIA, CGTA, Unión Ferroviaria y de la Federación Universitaria Nacional (FUN). Los discursos de los oradores atribuyeron un sentido a la protesta en Villa Quinteros que trascendió las demandas locales para convertirse en un acto de oposición a la dictadura de Onganía. Incluso el plenario de secretarios generales de la FOTIA se llevó a cabo ese día en Villa Quinteros.^{^[80]}

El acto desató la queja de Norberto Campos que junto a una delegación de trabajadores del sindicato de Villa Quinteros se reunieron con el gobernador Avellaneda por su cuenta y publicaron una declaración en la que impugnaron la presencia en el pueblo de “políticos” y estudiantes: “desconocemos y rechazamos ideologías e intereses extraños hablando de cambio de estructuras y movimientos revolucionarios”. También criticaron la actitud de sacerdotes que por “afán de lucimiento personal” se olvidaban de sus “deberes cristianos”.^{^[81]} La CPD reaccionó a dicha declaración, cerró filas y en una asamblea pública en la que participaron comerciantes, agricultores, profesionales y fieles, se decidió por unanimidad expulsar a Norberto Campos y a otros tres obreros que habían participado de la reunión y firmado el documento. Se los responsabilizó por una “conducta desleal” y por dar “una imagen falsa del pueblo”.^{^[82]}

Los sentidos que había tomado la protesta en Villa Quinteros, la proyección que habían alcanzado las demandas locales y, en consecuencia, la injerencia de otros sectores, habían extremado las tensiones al interior de la CPD. La ruptura denotó diferencias arraigadas entre los actores locales, que salieron a la luz en esa coyuntura conflictiva. El Sindicato de obreros del surco de Villa Quinteros negó representatividad a la CPD denunciándola “por estar integrada exclusivamente por cañeros y comerciantes, elementos contrarios a los intereses del pueblo”.^{^[83]} A pesar de que la imagen de comunidad pretendía sobrepasar las tensiones locales, no fue posible conciliar intereses contrapuestos que se albergaban en su interior. La eclosión de esa organización multisectorial frustró las posibilidades de dar continuidad a los reclamos conjuntos de la comunidad. Las demandas siguieron expresándose de forma sectorializada sin lograr respuestas que revirtiesen la apremiante situación.

Consideraciones finales

La conformación de la localidad de Villa Quinteros reflejó la interacción de distintos actores reunidos en torno a la producción azucarera. Los productores agrarios tuvieron un lugar destacado en el origen del pueblo al fundar la villa como centro cívico-comercial. Además, incidieron en la configuración de las relaciones laborales al figurar entre los principales empleadores de mano de obra. La fundación del ingenio en las inmediaciones de la villa transformó la dinámica local introduciendo un nuevo factor de poder económico y político. Los industriales desplegaron una política tutelar sobre el pueblo que ligó su devenir al funcionamiento de la fábrica. La organización sindical de los obreros del ingenio permitió a los trabajadores erigirse como otro actor de poder de local. El gremio nucleó también a los contratados por los cañeros, relación cargada de tensiones que sobrepasaron el marco del establecimiento fabril y se proyectaron al conjunto de la población.

El cierre de la fábrica convocó a esos actores que afirmaron su identidad comunitaria en defensa de su subsistencia. En la práctica, esa resistencia fue motorizada por liderazgos constituidos previamente, representados por el dirigente del sindicato obrero local y el cura párroco. Los lineamientos de la protesta estuvieron influenciados por las características particulares en las que surgieron y se consolidaron esos liderazgos. Por un lado, Campos reafirmó su posición como representante de los trabajadores del surco que accedió a la dirección del sindicato de fábrica y se enfrentó a la dirigencia de FOTIA. Su trayectoria reveló la construcción local de su poder entre los obreros del surco no dependientes del ingenio, que le permitió incorporarlos a una nueva entidad sindical. Por su parte, el cura párroco se erigió en representante de la comunidad por sobre los intereses sectoriales, colocado por la población local en esa posición al designarlo presidente de la CPD. El cura ejerció ese rol en el marco de la creación del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, que reafirmó su accionar y le permitió contar con el apoyo del clero.

La protesta fue la expresión de una articulación entre estos actores que se manifestaron como reclamos territorializados. El pueblo se convirtió en el sujeto de demanda y su órgano representativo se mostró decidido a confrontar las políticas lesivas que amenazaban su supervivencia. Sin embargo, la represión estatal expresó una magnitud sin precedentes, que logró concitar el repudio de otros actores provinciales y nacionales, proyectando las demandas y reclamos por fuera de las fronteras locales. Fue este aspecto el que hizo trascender los acontecimientos de Villa Quinteros en el marco nacional. Pero al mismo tiempo, fracturó las solidaridades locales y tensionó los intereses contrapuestos de la comunidad. Aunque los efectos de la protesta se resignificaron como un hito de la resistencia a la dictadura de Onganía, y se proyectaron en las revueltas urbanas posteriores conocidas como los Tucumanazos, no consiguieron obtener fuentes laborales en reemplazo de la desaparición del ingenio.

* Instituto Superior de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Tucumán. CONICET. E mail: luciasantoslepera@gmail.com

** Instituto Superior de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Tucumán. CONICET. E mail: ignacio-nacho@hotmail.com

[1] Nassif 2012, 2016: 426-437, Kotler, 2012 y Crenzel, 1997.

[2] Pucci, 2007, Nassif, 2016: 411-413.

[3] Pucci, 2007: 191-192.

[4] Schkolnik, 2012.

[5] Taylor, 2003 y Torre, 2018.

^{^[6]} En 1914 Villa Quinteros era reconocida como localidad productora de caña, contaba con siete almacenes, tres tiendas y ferretería, tres carnicerías, una carpintería, dos fábricas de carruajes y carros, dos herrerías, una fábrica de ladrillos y una talabartería. Guía Argentina, comercial, industrial, profesional y social del norte de la República, Salta, Santiago y Jujuy, para el año 1914, Tucumán, pág. 494. En 1916, 54 de los 61 productores agrícolas registrados tenían la caña entre sus cultivos. Guía oficial de agricultores, Provincia de Tucumán, Tucumán, 1916, pág.100-101

^{^[7]} La Sociedad Cooperativa de Cañeros Ingenio Monteros Limitada creada en 1923 inauguró en 1929 el ingenio Ñuñorco y la Cooperativa Azucarera Villa Alberdi Limitada fundó en 1927 el ingenio Marapa, Bustelo, 2016.

^{^[8]} Juan Simón Ferrer (1857-1898) había sostenido un importante aserradero en Villa Alberdi y una casa de negocio en Aguilares. Exposición de Chicago. Estadística gráfica, Sección de Tucumán, Santa Fe, Rosario Buenos Aires, 1892. La firma Simón Padrós y Cía, constituida por su hermano Ramón Simón y sus herederos consiguió ampliar sus inversiones en Aguilares con un establecimiento ganadero, una curtiembre, una barraca de cueros y un saladero. Guía Argentina, comercial, industrial, profesional y social del norte de la República, Salta, Santiago y Jujuy, para el año 1914, Tucumán, págs. 419-420.

^{^[9]} Revista La Industria Azucarera, nº72, agosto de 1955, pág. 386.

^{^[10]} Centro Azucarero Argentino, Asistencia social en la industria azucarera, Establecimiento Gráfico Ferrari Hermanos, Buenos Aires, 1943, págs. 139-140.

^{^[11]} Guía Sitac, Tucumán, Termas del Río Hondo y Santiago del Estero, s/n, Tucumán, 1943.

^{^[12]} La Unión, 3 de febrero de 1943.

^{^[13]} CGT, 16 de Septiembre de 1944, págs. 10-11.

[14] Gutiérrez, 2014.

[15] Rosales, 2017.

^{^[16]} Archivo General de la Nación-Intermedio, Fondo Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, exp. 10872, 22 de diciembre de 1951.

[17] Sánchez, 2019.

^{^[18]} Ley Nº 2053 presupuesto para obras en el departamento de Monteros 1947. Ley Nº 2182, Reajuste de importes para obras.

Consultado en https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/leyesydecretos/leyes.php

^{^[19]} Ley Nº 2395. Régimen Orgánico para las Comunas Rurales.

^{^[20]} Guía Provincial, 1953-54. pág.170.

^{^[21]} Centro Azucarero Argentino, Cincuentenario del Centro Azucarero Argentino: desarrollo de la industria en medio siglo, Buenos Aires, 1944.

^{^[22]} Revista Industria Azucarera, abril de 1958, pág. 202.

[23] Bravo & Bustelo, 2018.

^{^[24]} La Gaceta, 1 de febrero de 1961.

[25] Bravo, 2017.

^{^[26]} Diario La Gaceta, 18 de mayo de 1965.

[27] Bravo, 2017: 219-234.

^{^[28]} Revista Industria Azucarera, julio de 1967, pág. 221.

[29] Romano, 2008: 193, 211-219.

^{^[30]} La Gaceta, 20 de abril de 1963.

^{^[31]} La Gaceta, 11 de mayo de 1963.

^{^[32]} La Gaceta, 15 de mayo de 1963.

^{^[33]} Manuel Faciano había impugnado junto a otros dirigentes sindicales la elección de Juan Segundo Pasayo como Secretario General en 1961, despuntando en esos años como representante de los sindicatos disidentes con la dirección de la FOTIA.

^{^[34]} En mayo de 1963 los trabajadores del ingenio denunciaron las requisas en sus casas por parte de la policía en busca de supuestos elementos sustraídos del establecimiento, ante el hecho los dirigentes del sindicato y el Secretario Adjunto de la FOTIA Manuel Faciano se entrevistaron con el jefe de la comisaría para denunciar el abuso de autoridad policial. La Gaceta, 28 de mayo de 1963.

^{^[35]} En UCIT se encontraban mejor representados los pequeños productores cañeros, separados de los grandes propietarios que conformaron en 1962 el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU).

^{^[36]} La Gaceta, 7, 8, 9 y 11 de julio de 1964.

^{^[37]} La Gaceta, 19, 20 y 21 de agosto de 1964.

^{^[38]} La Gaceta, 5 de diciembre de 1964.

^{^[39]} La Gaceta, 24 de enero y 14 de marzo de 1965.

^{^[40]} La Gaceta, 18 y 19 de mayo de 1965.

^{^[41]} La Gaceta, 3 y 20 de septiembre 1965. El sindicato quedó a cargo de Juan D. Barrionuevo e Isidro Montoya.

^{^[42]} En 1966 los dirigentes del Sindicato de Obreros del Surco Villa Quinteros, comunicaron que por falta de pagos de la zafra de 1965 y cultivos de 1966 los trabajadores de las fincas cañeras de José Hael, ubicadas en La Florida y Villa Quinteros se declararon en huelga. Denunciaban además los precios abusivos que cobraba en su negocio el mismo propietario y su intransigencia al no presentarse por cuarta vez a la citación de las autoridades del trabajo. La Gaceta, 2 de agosto de 1966.

^{^[43]} La comisión estuvo conformada por Rubén Leiva, Quinto Almaraz, Hugo B. Chegue, Héctor Villarreal, René Rodríguez, Luis Aguirre, Adán Garay, Cesar Pedraza, Pedro Arias, José D. Campos y Francisco R. Ledesma. La Gaceta, 10 de septiembre 1967.

^{^[44]} La Gaceta, 21 y 23 de septiembre de 1967.

^{^[45]} La Gaceta, 2 de agosto, 1967. Firmaban Antonio y Abdón Montoya por los obreros e Ismael Abdala por los comerciantes, Macio, R. Cruz y R. Leiva.

^{^[46]} Noticias, 26 de marzo de 1968.

^{^[47]} Sobre el rol de los curas como mediadores en las comunidades locales: Barral, 2016.

^{^[48]} El ingenio Santa Ana administrado por el Estado Provincial desde 1958, tuvo un primer cierre en 1963, pero la movilización local logró su reapertura al año siguiente. La fábrica fue gestionada por una cooperativa conformada por obreros, cañeros y representantes del gobierno provincial. Su cierre definitivo se produjo en agosto de 1966 junto a la intervención nacional de otros 6 ingenios.

^{^[49]} Archivo del Arzobispado de Tucumán (AAT), Legajo de Fernando Fernández Urbano.

^{^[50]} Archivo de la Diócesis de Concepción (ADC), Carpeta Parroquia de Río Seco, carta de la Compañía Simón Padrós a Juan Carlos Aramburu, 24 de agosto de 1957.

[51] Schkolnik, 2014: 135-149.

^{^[52]} Entrevista a Amado Dip en Martín, 2013: 318.

^{^[53]} El documento fue firmado por 19 sacerdotes y el Vicario Capitular de la Arquidiócesis de Tucumán. Noticias, 16 de enero de 1968.

^{^[54]} Entrevista al cura Fernando Fernández en Cristianismo y Revolución, 14, abril de 1969.

^{^[55]} Primera Plana, 333, 13 al 19 de mayo de 1969

^{^[56]} La Gaceta, 1 de agosto de 1968

^{^[57]} La Gaceta, 1 de agosto de 1968.

^{^[58]} Después de la protesta y represión, el semanario Primera Plana publicó un informe sobre la situación de Villa Quinteros en la que recopiló testimonios de vecinos de la localidad. Primera Plana, 333, 13 al 19 de mayo de 1969.

^{^[59]} Primera Plana, 333, 13 al 19 de mayo de 1969.

^{^[60]} Censo Nacional de población 1960, Tomo VII, Zona Noroeste, 2ª parte; Censo Provincial, 1968, Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, pág.26; Censo Nacional de 1970, Dirección de Estadística de la Provincia, 1970, pág. 4.

^{^[61]} A fines de 1968 la prensa anunciaba la próxima instalación de una planta de celulosa en las propiedades del ex ingenio San Ramón, proyecto que no se concretó. La Gaceta, 9 de diciembre de 1968.

^{^[62]} La Gaceta, 13 de marzo de 1968.

^{^[63]} La intervención del obispo Ferro fue interpretada en testimonios posteriores como una distracción a los vecinos mientras el trapiche era trasladado al ingenio Aguilares para evitar incidentes.

^{^[64]} La Gaceta, 23 de marzo de 1968.

^{^[65]} La Gaceta, 26 de marzo de 1968.

^{^[66]} Diario La Gaceta, 22 de marzo de 1968. “La Iglesia sobre el azúcar” en Nueva Línea, abril de 1968.

^{^[67]} La Gaceta, 1 de agosto de 1968. Los ex trabajadores del ingenio San Ramón elevaron un petitorio al presidente Onganía en el que pidieron la instalación de nuevas fuentes de trabajo. El pedido se repitió el 29 de noviembre cuando elevaron una nota al presidente de la Nación solicitando “la urgente radicación de nuevas industrias”.

^{^[68]} La Gaceta, 6 de febrero de 1969.

^{^[69]} La Gaceta, 12 de marzo de 1969. CIFEN y el Banco Provincia eran los acreedores más importantes del ingenio cerrado, pero eran numerosos los cañeros afectados por la deuda. Como lo refleja el caso de Miguel Hael que entregaba aproximadamente 20.000 tn de caña por cosecha y al que la fábrica adeudaba 20 millones de pesos. Primera Plana, 333, mayo de 1969, pág.42.

^{^[70]} La Gaceta, 17 de marzo de 1969.

^{^[71]} La Gaceta, 18 de marzo de 1969.

^{^[72]} Primera Plana, 333, mayo de 1969, pág. 32-42

^{^[73]} Primera Plana, 333, mayo de 1969, pág. 32-42. La Gaceta, 10 de abril de 1969.

^{^[74]} Entrevista al cura Fernando Fernández en Cristianismo y Revolución, 14, abril de 1969.

^{^[75]} La Gaceta, 10 de abril de 1969.

^{^[76]} Según la declaración “el capitalismo como tal ha sido condenado como nefasto para el hombre y la sociedad por el Papa Paulo VI (...) un sistema así es violento y provoca respuestas violentas”. La Gaceta, 14 de abril de 1969. Primera Plana, 13 de mayo de 1969, pág. 41.

^{^[77]} La Gaceta, 14 de abril de 1969.

^{^[78]} La Gaceta, 18 de abril de 1969.

^{^[79]} A principios de ese año, en una visita a la provincia Ongaro estuvo en Villa Quinteros y tomó conocimiento de la situación social. Desde su origen, la CGTA convocó a conformar una oposición amplia al onganiato en el que estuvieran incluidos estudiantes y sacerdotes. Los sucesos de Villa Quinteros se presentaron como una oportunidad para avanzar en esa confluencia.

^{^[80]} La Gaceta, 23 de abril de 1969.

^{^[81]} Diario La Gaceta, 15 de mayo de 1969.

^{^[82]} La Gaceta, 20 de mayo de 1969.

^{^[83]} La Gaceta, 26 de Mayo de 1969. Unos meses después, las denuncias por falta de pago y maltrato por parte del sindicato de obreros del surco contra fincas cañeras de la zona, vinculadas a la familia Brandan --cañeros que habían integrado la CPD de Villa Quinteros--, daba cuenta de los intereses contrapuestos que derivaron en la ruptura de dicha comisión. La Gaceta, 7 de agosto de 1969.