_______________________________________

Las formas locales de confrontación y articulación social frente a la crisis azucarera. La Comisión Pro Defensa del ingenio Bella Vista (Tucumán, 1965-1970)

María Celia Bravo* y Leandro Lichtmajer**

____________________________________________

Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad, N° 23, 2019, pp. 63 a 90.

RECIBIDO: 30/10/2019. EVALUADO: 28/11/2019. ACEPTADO: 05/12/2019.

____________________________________________

Resumen

A mediados de la década de 1960, la confluencia entre la crisis de sobreproducción azucarera con una política nacional de descapitalización, intervención y cierre de ingenios provocaron una debacle de la agroindustria tucumana. En ese marco se formaron Comisiones Pro Defensa de ingenios en 14 localidades de la provincia. Dichas entidades, escasamente analizadas por la historiografía, vehiculizaron una singular forma de confrontación y articulación social. El artículo analiza la trayectoria de la CPD de Bella Vista, perspectiva local que procura reconstruir las dinámicas de protesta que antecedieron las masivas movilizaciones de estudiantes y trabajadores en la ciudad de San Miguel de Tucumán en 1969-1970.

Palabras clave: industria azucarera – protesta social – década de 1960

Summary

In the mid-1960s, the confluence between the crisis of overproduction of sugar with a national policy of decapitalization, intervention and closure of sugar cane mills caused a debacle in the agroindustry of Tucumán. Within this framework, “Comisiones Pro Defensa” of sugar cane mills were formed in 14 locations of the province. These entities, scarcely analyzed by historiography, embodied a singular form of confrontation and social articulation. The article analyzes the trajectory of the CPD of Bella Vista, a local perspective that seeks to reconstruct the dynamics of protest that preceded the massive mobilizations of students and workers in the city of San Miguel de Tucumán in 1969-1970.

Keywords: sugar industry – social protest – 1960s decade

A mediados de la década de 1960, la confluencia entre la crisis de sobreproducción azucarera con una política nacional de descapitalización, intervención y cierre de ingenios provocó una verdadera debacle de la agroindustria tucumana. Entre 1966-1968 se clausuraron once establecimientos, equivalentes a un tercio del aparato productivo azucarero, decisión cuyos efectos sociales se plasmaron en la desocupación, pauperización y migración masiva, generando diversas formas de confrontación y articulación social en las zonas aledañas a las fábricas. En ese marco se crearon las Comisiones Pro Defensa de ingenios en 14 localidades de Tucumán. En Bella Vista, sede del segundo establecimiento azucarero más importante de la provincia, las formas de confrontación aglutinaron a una amplia gama de sectores sociales. Este proceso reconoció un hito clave a finales de 1968, cuando la Comisión Pro Defensa (CPD) logró movilizar a la comunidad en función de un objetivo común: el mantenimiento de la fábrica. La actuación de dicha entidad se extendió hasta 1970 y sus acciones de protesta lograron salvar el ingenio, que se mantiene en funcionamiento hasta la actualidad.

Silvia Sigal señaló que las CPD, presididas en muchos casos por curas párrocos, lograron “comunizar la protesta social” de los pueblos azucareros al tiempo que diluyeron la centralidad del vector sindical.[1] Por su parte, Silvia Nassif afirmó que las mismas adquirieron un rol central como coordinadoras de las protestas azucareras en las localidades afectadas.[2] Sin embargo, las CPD no fueron objeto de estudios específicos que reconstruyan sus procesos de configuración, los actores locales que confluyeron en torno a ellas y las articulaciones gestadas con organizaciones sindicales, políticas, comerciales y religiosas en la escala provincial y nacional.

En virtud de dichas consideraciones, el artículo analiza la trayectoria de la CPD del ingenio Bella Vista para delimitar las condiciones locales que gravitaron en su formación, los liderazgos y repertorios de protesta desplegados y el derrotero de sus alianzas.[3] Dicha escala de análisis ofrece una perspectiva privilegiada para reconstruir las dinámicas de las protestas que antecedieron a las masivas movilizaciones de estudiantes universitarios y trabajadores acaecidas en noviembre de 1970, conocidas como Primer Tucumanazo.[4] El carácter capitalino y urbano de dicha protesta eclipsó las experiencias locales del espacio agroindustrial azucarero, cuya trayectoria es necesario recuperar para otorgar mayor complejidad a los movimientos sociales acaecidos en la provincia y repensar, a su vez, los “azos”, ciclo de protestas que expresó la beligerancia popular contra la dictadura de Onganía.[5]

La política azucarera nacional y sus efectos en Bella Vista

Entre 1955 y 1965 se produjo el derrumbe económico de la agroindustria azucarera tucumana. Los picos que jalonaron la crisis se corresponden con dos zafras superavitarias (1958/1959 y 1965/1966) que excedieron con creces la capacidad de absorción del mercado interno. La política azucarera diseñada por el ministro de economía, Álvaro Alsogaray, agravó sus efectos nocivos expresados en la caída del precio del azúcar. El gobierno esgrimió un discurso de elogio a la libre empresa, que denostaba las regulaciones asociadas con el peronismo, al tiempo que sostenía una defensa del consumidor cifrada en mantener bajo el importe del producto elaborado. En esa dirección, se fijó un valor estimativo del kilogramo de azúcar (menor al demandado por los industriales) que debía mantenerse, en caso contrario se recurría a la importación. Por lo tanto, la industria tucumana funcionó a pérdida, con valores por debajo de los costos de producción, sin recibir compensación alguna. Sin embargo, el Decreto 8.747 que diagramó las coordenadas globales en el marco de las cuales debía desarrollarse la actividad reactivó el Fondo de Regulación Azucarera (FRA) a sabiendas de que el mismo no funcionaba.[6] Se estipularon resarcimientos a los rendimientos fabriles inferiores a 7,80 % hasta el 6 %,[7] pero los mismos no se hicieron efectivos por el vaciamiento del FRA.[8] La rebelión fiscal del empresariado salto-jujeño fue tolerada por los distintos gobiernos nacionales y sus efectos se reflejaron en la descapitalización de la agroindustria tucumana (cuyos rendimientos fabriles eran menores que Salta y Jujuy) y en la dependencia de los préstamos del Banco Nación para financiar el desarrollo de la zafra.

Simultáneamente, se reformuló la relación obrero-patronal en el marco de un clima gubernamental favorable al sector empresario. No obstante, en 1959 se restituyó la discusión paritaria y se normalizó FOTIA, que impulsó una prolongada huelga para actualizar los salarios. Su resolución terminó con un triunfo obrero, pero los términos del acuerdo no se cumplieron.[9] Durante los meses siguientes se incumplieron los pagos de los salarios acordados y se realizaron despidos masivos de personal.

La desregulación de la relación fabril-cañera terminó de desquiciar el funcionamiento agroindustrial cuando se determinó que el precio de la materia prima debía definirse por libre acuerdo de las partes. La medida desató la confrontación entre industriales y cañeros por el precio de la caña, cuyo valor no se definió durante la zafra de 1959. La crisis se proyectó al estadio agrario porque los ingenios mantuvieron impagos los saldos por entrega de materia prima correspondientes a las cosechas de 1958, 1959 y 1960. El ahogo económico de los productores se trasladó a los trabajadores de surco, situación que enfrentó a UCIT con FOTIA debido a que la entidad cañera no reconoció los aumentos salariales paritarios si no se fijaba previamente el precio de la materia prima. En 1961, ante la ruina económica, los productores recurrieron a la huelga organizando comités de resistencia en el área cañera. La protesta culminó con una masiva movilización a San Miguel de Tucumán, denominada “Marcha del hambre”, que logró un gran efecto simbólico. Sin embargo, el acuerdo que determinó el fin de la huelga se incumplió porque el gobierno nacional limitó el financiamiento bancario.[10]

En ese contexto de derrumbe, en 1965 se produjo una nueva crisis de sobreproducción azucarera que llevó al complejo agroindustrial tucumano al borde del colapso por la caída abrupta de los precios del azúcar. El Banco Nación redujo los fondos prometidos, medida que determinó la paralización de la zafra por falta de efectivo y desencadenó una crisis fiscal en el estado provincial, que recurrió a bonos endosables para cubrir sus deudas con los empleados y proveedores. Las protestas sectoriales crecieron, FOTIA declaró paros parciales o totales y los sindicatos de base ocuparon los ingenios para forzar el pago de los sueldos. UCIT suspendió el envío de caña a los trapiches, realizó manifestaciones en la puerta de las fábricas, incumplió los pagos a los trabajadores de surco e impulsó demandas judiciales por las deudas de las compañías azucareras.

La crisis azucarera afectó notablemente al ingenio Bella Vista y a la comunidad circundante. El establecimiento fabril había sido fundado en 1882 por los inmigrantes españoles José y Manuel García Fernández en un paraje ubicado a 25 kilómetros al sudeste de la capital provincial. Seis años antes, la instalación de una estación ferroviaria de la línea Central Córdoba, que unió a la provincia con el litoral pampeano, otorgó al flamante establecimiento una conexión privilegiada con los principales centros de consumo del país. La estación ferroviaria alentó el comercio, la producción agrícola y el desarrollo administrativo, erigiendo a la villa en un eje articulador del espacio bellavisteño.[11]

El ingenio, por su parte, se posicionó a comienzos del siglo XX como el segundo establecimiento más importante de la provincia por su capacidad de fabricación de azúcar, sitial que mantuvo hasta la década de 1960. En 1920 el ingenio se constituyó como sociedad anónima, bajo la denominación de Compañía Azucarera Bella Vista, pero mantuvo sus prácticas de empresa familiar. Bajo la conducción de Manuel García Fernández (h) se modeló un poderoso complejo agroindustrial caracterizado por alcanzar la mayor integración vertical posible en la provincia, al concentrar fabricación y cultivo en una sola firma.[12] En la década de 1960 tenía 8.000 has de cañaverales (organizados productivamente bajo la figura de colonias) que representaban el 67% de su molienda y superaba en materia prima a los restantes establecimientos azucareros provinciales.[13] La fábrica contaba, asimismo, con una destilería, fábrica de papel, planta de vinagre y acetona, actividades que señalaban un avance en el proceso de diversificación productiva.[14] A mediados de la década de 1940, la empresa empleaba 2200 obreros permanentes (500 de fábrica y 1700 de surco) y 2000 trabajadores temporarios, convirtiendo a Bella Vista en el cuarto centro urbano más importante de Tucumán.[15]

Al influjo de la expansión del ingenio y de la villa floreció un denso entramado asociativo -expresado en una biblioteca popular, en clubes deportivos y sociales de empleados y trabajadores, en un centro cultural y un ateneo estudiantil, etc.- que reflejaron la vitalidad de la sociabilidad local.[16] Asimismo, el dinamismo de la vida política y sindical constituyó un rasgo distintivo de Bella Vista entre los pueblos de ingenios tucumanos y contribuyó a proyectar la influencia de sus liderazgos locales hacia las esferas políticas y sociales provinciales.[17] En suma, la densidad de la trama institucional, asociativa y política del colectivo bellavisteño, así como la gravitación de sus dirigencias, modelaron una particular dinámica comunitaria que cobró relieve ante la coyuntura crítica de mediados de los años sesenta.

Al desatarse la crisis de sobreproducción de 1965 el ingenio Bella Vista –al igual que otros establecimientos– estaba descapitalizado y carecía de recursos para iniciar la zafra. En ese marco, el Banco Nación precipitó su colapso al negarle un crédito por carecer de azúcar prendado como garantía, provocando la virtual quiebra del ingenio. Se adeudaban dos meses de salario, aguinaldo y vacaciones a obreros y empleados, además de mantener importantes deudas con los cañeros y proveedores. En enero de 1965, los obreros y empleados reunidos en asamblea decidieron tomar la fábrica para exigir el pago de los haberes.

Se formó una comisión intersindical integrada por los dirigentes sindicales de obreros y empleados. La articulación formal entre ambos actores constituía un hecho poco habitual en su trayectoria previa, signada por los desencuentros y las tensiones, razones que habían llevado a la conformación de entidades gremiales diferenciadas en los años cuarenta.[18] Funcionó desde enero de 1965 hasta noviembre de 1968 cuando se disolvió para ser reemplazada por la CPD del ingenio. Esta experiencia se caracterizó por su intransigencia en las negociaciones y la firmeza para sostener una dilatada toma del establecimiento, que se mantuvo a lo largo de dos meses. En ese marco organizaron ollas populares y se delimitaron los actores intervinientes en la ocupación de la fábrica. La comisión se opuso a que los cañeros se sumaran a la misma, aunque no objetó que los productores realizaran su protesta en los portones del ingenio.

La ocupación del establecimiento recibió la adhesión del comercio local, que ofreció crédito a los ocupantes. Mientras tanto, otros actores tomaron parte del conflicto: la Juventud Obrera Católica (JOC) sección Bella Vista respaldó lo actuado por la comisión intersindical y denunció la insensibilidad empresaria, mientras que la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y sectores del peronismo expresaron su solidaridad con los trabajadores y consideraron justo su reclamo. La intersindical rechazó la solidaridad de la CGT y de FEIA por considerarlas tardías, debido a que la declaración de dichas entidades se emitió a los 22 días del conflicto.[19] El apoyo de FOTIA fue más enfático, al proponer la incautación del ingenio y la formación de un directorio integrado por obreros, empleados y cañeros con la participación del Estado.

Los vecinos y vecinas de Bella Vista se plegaron a las medidas adoptadas por la comisión intersindical y participaron masivamente en la misa que se realizó frente al ingenio ocupado para rogar por la pronta solución del problema salarial. El servicio culminó con la realización de una procesión presidida por la imagen de San José obrero, patrón del pueblo.[20] Como pudo percibirse en dicha instancia, el problema del ingenio comenzaba a trascender la órbita laboral y se proyectaba a la comunidad en su conjunto, que participó activamente en las medidas impulsadas por la comisión intersindical. Los secretarios generales del sindicato de obreros, Atilio Santillán, y del sindicato de empleados, José Vito Mercado, anunciaron un plan de lucha que incluía movilizaciones y la amenaza de quema pública de las libretas de enrolamiento en señal de protesta. La toma se mantuvo hasta lograr el pago parcial de las deudas salariales atrasadas y el comienzo de la zafra, aunque el ingenio funcionó de manera precaria por falta de financiamiento.

En simultáneo a este conflicto se realizaron las elecciones para legisladores provinciales y nacionales, que contaron con una amplia participación ciudadana (80% del padrón). En los comicios se impuso Acción Provinciana, partido neoperonista[21] que incluyó en su lista de legisladores provinciales una importante representación de FOTIA, mientras que el ex gobernador Fernando Riera encabezó la nómina de diputados nacionales.[22] El protagonismo de la dirigencia política bellavisteña en las listas legislativas provinciales se manifestó también en los casos de Manuel Valeros (UCRI),[23] quien fue reelecto como diputado provincial, y de otras figuras locales.[24] Una semana después de las elecciones legislativas, Atilio Santillán, quien ejercía desde 1963 la titularidad del sindicato de trabajadores del ingenio Bella Vista, fue ungido secretario general de FOTIA.

Por entonces la situación de la fábrica se descalabraba. En noviembre de 1965 García Fernández (h) vendió el 75% de su paquete accionario a José Gettas y Elías Fiad.[25] El ingenio debía tres meses a empleados, obreros mensualizados, trabajadores jornalizados, y adeudaba cuantiosas sumas a los cañeros, por incumplir cuatro meses de anticipos por entrega de materia prima.[26] La nueva sociedad (Gettas-Fiad) no logró la legitimidad necesaria para conducir la empresa en tanto incumplió las promesas realizadas a los trabajadores. En diciembre de 1965 la comisión intersindical resolvió tomar de rehén al nuevo administrador, el coronel Eduardo Escudé, “hasta tanto la empresa no solucione los problemas de pago”.[27] En el marco de reiterados atrasos en los sueldos, se produjo el asesinato del dirigente sindical local Camilo González, mientras trataba de calmar a un grupo de zafreros de origen santiagueño que reclamaban los haberes adeudados para regresar a sus hogares. El féretro de González fue trasladado a la casa de gobierno de San Miguel de Tucumán, centro del poder político provincial, y exhibido en la explanada del palacio como señal de la indignación obrera. Para mitigar el clima social exacerbado, la legislatura votó la ley de expropiación, incautación y ocupación de ingenios.[28] La normativa expresaba una crítica a los industriales en general, pero sobrevolaba el impacto social generado por el crimen en Bella Vista, que revelaba la ineptitud e irresponsabilidad de los nuevos propietarios.[29]

En lo sucesivo, la comisión intersindical exigió la intervención de la fábrica, medida que negaba legalidad a la nueva firma. Tal punto de vista fue ratificado en una asamblea de trabajadores, en el marco de la toma del establecimiento, que resolvió no entregar el control del mismo hasta tanto los propietarios exhibieran documentación que acreditara la compra.[30] Con este acto los trabajadores tomaban “posesión” de la empresa desconociendo la legitimidad de los nuevos dueños. A 45 años de los sucesos, Julio Lezcano, integrante de la comisión intersindical, evoca tal percepción:

La política azucarera del gobierno nacional evidenciada en la falta de apoyo a los propietarios del ingenio significó el final de sus legítimos propietarios, los señores García Fernández, quienes siempre estuvieron dispuestos a ayudar a los obreros (…) Aparecieron unos aventureros Elías Fiad y José Gettas con la premisa que el ingenio o se cerraba o se permitía el saneamiento del mismo despidiendo una gran cantidad de trabajadores[31]

Los propietarios recurrieron a los tribunales para desalojar a los trabajadores y lograron la detención de algunos integrantes de la intersindical, acusándolos por pérdida de chatarra y otros elementos.[32] Para FOTIA tal procedimiento revelaba el “revanchismo patronal”, en tanto calificaba la venta del ingenio como una “operación fantasma”.[33] Por su parte, el gobierno nacional dilató la medida de intervención que finalmente se produjo en marzo de 1966. En abril el gobierno se rectificó y restituyó el establecimiento a la firma Fiad-Gettas, ante la amenaza de la compañía de iniciar un juicio por incautación patrimonial. Sin embargo, no accedieron al control de la fábrica por la oposición de los trabajadores, que mantuvieron la ocupación de la planta.

El forcejeo por el control del ingenio se interrumpió abruptamente cuando en agosto de 1966 la dictadura militar presidida por Onganía decretó la intervención de 7 ingenios azucareros de Tucumán, entre ellos el Bella Vista, con el objetivo de cerrarlos o desmantelarlos por considerarlos ineficientes (Decreto Ley 16.926).[34] No obstante, el Bella Vista fue el único ingenio que siguió funcionando en tanto se lo autorizó a moler la totalidad de su propia materia prima. En ese contexto, se conformó la Comisión Pro ingenio Bella Vista, formación que se repitió en los pueblos cuyos ingenios estaban sentenciados por el cierre de la fábrica.

La defensa colectiva de la fábrica en los inicios del onganiato

El cierre de los ingenios por decreto determinó la formación de comisiones en las fábricas amenazadas.[35] Estos espacios de resistencia se enmarcaron dentro de un particular proceso asociativo desarrollado durante la crisis azucarera tucumana, al que podríamos denominar “comisionismo defensivo”. Su creación involucró a los sectores afectados directamente por el cierre de los ingenios (trabajadores, cañeros, proveedores), así como a los actores locales que asociaron el cierre de los ingenios con la declinación de los pueblos formados en su entorno.[36] La integración de las mismas fue diversa, al igual que sus denominaciones, fisonomía y duración. La Comisión Pro Ingenio Bella Vista (también llamada Comisión Vecinal Pro Sostenimiento del Ingenio) tuvo una duración efímera. Se trató, sin embargo, de un antecedente para la conformación, al influjo del agravamiento de la crisis social, de la Comisión Pro Defensa de Bella Vista que funcionó entre noviembre de 1968 y diciembre de 1970.

La primera comisión fue una iniciativa de las “fuerzas vivas” (asociaciones comerciales, deportivas y gremiales) que convocaron a una asamblea de vecinos para “defender el mantenimiento de la única fuente de trabajo del lugar”.[37] En ese marco se creó la Comisión Pro Ingenio, presidida por el ex diputado provincial Valeros y formada por el titular de FEIA (José V. Mercado), un representante de los productores cañeros (Adib Rasuk), un obrero calificado del ingenio (Dante Oviedo) y el cura párroco (Francisco Albornoz). Si bien la participación del cura párroco otorgó legitimidad a la comisión, su integración la distanciaba del sindicato de obreros, que había protagonizado una áspera lucha con la patronal por el pago de salarios. Como contrapartida, en esa formación se destacaba el protagonismo de dos figuras de la UCRI a nivel local, Valeros y Oviedo.[38]

En la asamblea constitutiva se destacó la “amplia colaboración de los sectores afectados: cañeros, obreros, comercio, todos dispuestos a sacrificar sus propios intereses a fin de que el problema tenga solución satisfactoria”.[39] Su acta fundacional calificó el cierre del ingenio como “un crimen económico” en tanto se trataba de una “fábrica eficiente, ubicada en zona de óptimos rendimientos”. Para esta comisión la clausura se fundamentaba en los casos de ingenios “obsoletos cuyos costos técnicos de fabricación resultan antieconómicos o que por su posición geográfica trabajaban con materias primas de bajos rendimientos”. Este argumento recuperaba la visión oficial, centrada en la eficiencia como justificativo del cierre de los ingenios. La comisión asumió este punto de vista para avalar el mantenimiento del establecimiento y erigirlo en el fundamento de una diversificación industrial mediante la explotación de productos subsidiarios del azúcar (bagazo, alcoholes, ron, cera, plásticos, etc.).[40]

La comisión manifestó disposición para intervenir en los debates y gestiones en torno al destino de la fábrica. Formó parte de la comitiva oficial que, encabezada por el gobernador de facto Fernando Aliaga García, visitó la fábrica en septiembre de 1966, acto en el que se decidió el retiro de la Policía Federal, que vigilaba el establecimiento intervenido, y se avanzó hacia la restitución del ingenio a la firma Gettas-Fiad.[41] La posibilidad de asegurar la zafra de 1966 representaba un avance en el marco de ese contexto crítico. Sin embargo, la voluntad de la comisión de erigirse en interlocutora de las autoridades naufragó y, tras participar de las gestiones para asegurar la continuidad de la fábrica, la entidad se desarticuló.

En 1967 se concretaron los duros resultados de la política de Onganía. El ingenio Mercedes anunció su cierre, la continuidad de la zafra del ingenio Los Ralos era incierta y Santa Lucía iniciaba su proceso de clausura al enviar 444 telegramas de despido a los trabajadores. En los ingenios Amalia, San José y Bella Vista había problemas laborales por falta de pago.[42] Tras revalidar a Santillán en la conducción, FOTIA decidió un plan de lucha para repudiar la política azucarera y forzar su rectificación.[43] El cierre de los ingenios reveló el incremento de la desocupación, que creció en paralelo al fortalecimiento de la ofensiva patronal interesada en profundizar los despidos para forzar la precarización de los trabajadores.

El plan de lucha de FOTIA abarcaba la realización de asambleas de fábrica, un paro de 24 horas y la movilización a la ciudad de San Miguel de Tucumán, iniciativas que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Aliaga García. El primer ataque de la policía se perpetró en el ingenio Santa Lucía, ubicado en la localidad homónima, donde hombres y mujeres del sindicato realizaban una olla popular. La ferocidad de la represión los llevó a refugiarse en la iglesia parroquial. La segunda embestida acaeció unos días más tarde en Bella Vista, donde se concentraron trabajadores de Mercedes, San José y Santa Lucía, acompañados por sus mujeres, antes de marchar a San Miguel de Tucumán. La detención de un dirigente de Santa Lucía precipitó la confrontación. Un nutrido grupo de trabajadores se trasladó a la comisaría y reclamó a viva voz su libertad. Fueron reprimidos con gases y perseguidos hasta el local del sindicato donde las mujeres, entre ellas Hilda Guerrero de Molina (activista sindical y esposa de un obrero despedido de Santa Lucía), estaban preparando mate cocido para los contingentes.[44] La policía atacó el sindicato y forzó a las mujeres a correr a la plaza, donde arreció la represión (esta vez con armas de fuego), que cobró la vida de Hilda Guerrero de Molina y dejó varios heridos de bala. Conocida la noticia de la muerte, los trabajadores cargaron contra la policía, que retrocedió dejando el pueblo bajo control de los manifestantes durante unas horas. En simultáneo, una columna obrera proveniente de los ingenios situados en Banda del Río Salí fue violentamente reprimida para impedir su acceso a la capital. La utilización desmedida de la fuerza y la muerte de Guerrero concitaron numerosas adhesiones al día de duelo declarado por FOTIA para el 14 de enero.[45] Los sucesos de Bella Vista tuvieron una honda repercusión en la provincia. Hilda Guerrero fue velada en el local del sindicato y acompañada al cementerio de Acheral por un imponente cortejo fúnebre.[46]

La protesta que sucedió al asesinato de Guerrero se enmarcó en una acción estrictamente sindical con un clásico repertorio de confrontación (asambleas, paro, movilización) que tuvo como objetivo modificar la política azucarera de la dictadura. Nassif definió este episodio como la primera pueblada contra la dictadura de Onganía, al destacar la ofensiva de los trabajadores que tomaron transitoriamente el control del pueblo y forzaron al repliegue de la policía.[47] Sin embargo, al ser liderada por FOTIA y circunscribirse al ámbito sindical, la protesta no tuvo un carácter multisectorial, rasgo que los estudios sobre las puebladas atribuyeron a dichas formas de beligerancia.[48]

Desarticulada la Comisión Pro Ingenio, en lo sucesivo FOTIA y la comisión intersindical lideraron la ofensiva contra la patronal que consiguió la devolución del ingenio Bella Vista en condiciones controvertidas. Mediante un acuerdo con el Estado la firma Gettas-Fiad cedió de manera definitiva los cupos de producción de la zafra 1967 y siguientes hasta la cancelación de la deuda con el Banco Provincia, estimada en $100.000.000. Se comprometía a saldar el pago de haberes atrasados al personal, incluyendo indemnizaciones y despidos y el pago de materia prima a los cañeros por la zafra de 1966. Por su parte, el Banco Provincia entregaba a la empresa 74.222 bolsas de azúcar colocadas en prenda.[49] Al renunciar al cupo de producción la empresa ponía en peligro el funcionamiento del ingenio.

La comisión intersindical no concurrió al acto de restitución de la fábrica en repudio a la política azucarera y se opuso al plan de racionalización de la patronal, que incluyó un amplio programa de despidos. A cambio de la indemnización, la compañía ofreció facilidades para la adquisición de sus viviendas a los obreros. En línea con la diversificación agrícola impulsada por el gobierno nacional, se anunció la cesión de parcelas para los obreros de surco[50] y se prometió la formación de cooperativas para obreros especializados mediante la adquisición de sus medios de trabajo.[51] A lo largo de 1967 y 1968 la empresa despidió indiscriminadamente personal, persiguió a dirigentes de base al no reconocer sus credenciales sindicales y apercibió a los trabajadores por adherirse a los paros. El sindicato de Bella Vista denunció que la fábrica se había convertido en “un campo de concentración o trabajo forzado”.[52]

En septiembre de 1967, la denuncia de Humberto Medina, segundo jefe de la delegación Tucumán de la Dirección General Impositiva, socavó la menguada credibilidad de la firma Gettas-Fiad y afectó la reputación del gobernador, acusado de dispensarle un trato bancario preferente a los propietarios del ingenio, que fueron imputados por fabricar azúcar en negro.[53] El allanamiento al ingenio comprobó la existencia de bolsas de azúcar sin numeración y la utilización de certificados millonarios sin firma. La denuncia penal contra el gobernador no avanzó, pero en su remoción de marzo de 1968 pudo haber incidido la complicidad con el fraude fiscal generado por los propietarios del ingenio Bella Vista.

El retroceso en las condiciones laborales y los despidos en los ingenios azucareros debilitaron a FOTIA, cuya personería gremial fue suspendida en marzo de 1967, medida que implicaba la congelación de los fondos gremiales.[54] Otro golpe infligido a la federación fue la formación, en octubre de ese año, de la Federación de Obreros de Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT), entidad que aspiraba a representar a los sindicatos de surco y estaba liderada por Norberto Campos, un opositor a la conducción de Santillán.

A fines de 1968 la situación de desocupación azucarera era dramática. La fuerza laboral en los ingenios descendió entre 1967/1968 un 37%. La tasa de desempleo del departamento Famaillá (21%), donde se localizaba el ingenio Bella Vista, era la más alta de toda la provincia.[55] De acuerdo a datos de 1968, el ingenio Bella Vista tenía un total de 550 obreros permanentes y 1400 trabajadores temporarios, cifras que representaba menos de la mitad del personal empleado en 1945.[56] Se trataba de una fuerza de trabajo disminuida luego de la severa racionalización de 1967, donde fueron despedidos la mayoría de los trabajadores de las colonias, situación que determinó una reducción del 50% de la fuerza laboral del establecimiento. La desocupación alentó la migración a San Miguel de Tucumán, primero, luego hacia Buenos Aires y otras provincias. En ese marco, entre 1960/70 el departamento Famaillá redujo notablemente su densidad poblacional de 51.0 a 43.8, proceso que impactó en la localidad de Bella Vista.[57] Como es de suponerse, la pérdida de población tuvo fuertes implicancias en la actividad económica local: según cálculos de 1968, en un año cerraron 40 negocios.[58]

En este panorama sombrío nuevos actores contribuyeron a fortalecer la resistencia obrera. En 1968 se dividió la CGT, al formarse la Confederación General de Trabajadores de los Argentinos (CGTA), con Raimundo Ongaro como secretario general, que adoptó una postura claramente opositora a la dictadura. FOTIA tuvo un rol protagónico en su formación. Ese mismo año se formalizó en la provincia el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), integrado por 18 curas que se pronunciaron contra los nocivos efectos sociales de la política azucarera. El padre Francisco Albornoz, párroco de Bella Vista, fue un adherente de ese grupo y participó en algunas de sus reuniones.[59] La CGTA y el MSTM establecieron fluidos contactos con grupos de estudiantes universitarios que acompañaron con decisión las protestas obreras.

La participación de los sacerdotes del MSTM modificó las formas de la confrontación contra la dictadura. El 1 de mayo de 1968, CGTA y FOTIA organizaron una misa en la parroquia de Bella Vista, durante la cual hicieron uso de la palabra el sacerdote Amado Dip, miembro fundador del MSTM, el asesor legal del sindicato de Bella Vista, Julio Rodríguez Anido y el dirigente Lorenzo Pepe de la CGTA. El oficio debía finalizar con la tradicional procesión de San José Obrero pero la policía dispersó la columna propinando bastonazos, gases y tiros de revólver. Los heridos fueron numerosos, entre ellos estaba el cura Dip.[60] En ese contexto, el campo de la confrontación amplió sus redes al articular nuevos actores que introdujeron formas renovadas de protesta.

Al finalizar el año se conoció abultada deuda de Gettas-Fiad con sus trabajadores. La empresa debía 93 millones al personal, correspondientes al salario de tres meses (agosto-octubre de 1968), aguinaldo y vacaciones de 1967, además de la materia prima entregada por cañeros. Se conjeturaba la posibilidad del cierre definitivo del ingenio debido a la descapitalización de la compañía. En esas circunstancias se fundó la Comisión Pro Defensa de Bella Vista.

El poder de la comunidad. La Comisión Pro Defensa

El descrédito público de los propietarios del ingenio y los sombríos pronósticos de cierre de la fábrica precipitaron la formación de la CPD. La integración de la misma, la reformulación de su discurso con un tinte opositor y la capacidad de movilización e interlocución con las autoridades expresaron las características de esta entidad, que imprimió un giro copernicano al movimiento de resistencia en Bella Vista. En su creación tuvo un rol clave Atilio Santillán, quien impulsó la iniciativa guiado por la premisa de que la salvación de la fábrica interesaba no sólo a los trabajadores sino al pueblo como colectivo.[61] Con ese axioma se formó la CPD, presidida por el cura párroco, acompañado por representantes del sindicato de obreros y de empleados, comerciantes, profesionales, pequeños industriales y cañeros.[62] La CPD adoptó una organización más eficiente al formar distintas subcomisiones (de organización, prensa y propaganda, de finanzas y de productores cañeros). Tal constitución revelaba un armado complejo que reflejaba la densidad de las redes sociales configuradas en torno al pueblo. Como señaló Lezcano, se incluyó “a la gente más notable”, que tenía influencia en Bella Vista.[63] La dirigencia sindical azucarera se integró a este núcleo de vecinos y le transmitió sus experiencias de confrontación contra la compañía propietaria y el gobierno nacional, al que responsabilizaba por la crisis azucarera.

La primera declaración de la CPD centró su objetivo en la defensa de la fábrica como fuente de trabajo y aclaró que tal propósito no implicaba el respaldo a ningún grupo empresario. Se identificaba el funcionamiento del ingenio con el pueblo de Bella Vista, presentado como una comunidad progresista de casi 25.000 habitantes, con instituciones estables y variados emprendimientos económicos (180 comercios, 21 talleres, 10 pequeñas fábricas).[64] Al explicitar tal propósito la CPD se arrogaba la representación del pueblo para guiarlo en acciones de resistencia colectiva que implicaban el desafío a la política azucarera nacional, responsable del cierre de los ingenios. El discurso de carácter comunitario y marcadamente opositor al onganiato señalaba un contraste con la trayectoria seguida por la Comisión Pro Ingenio (1966).

La CPD se proponía representar un nuevo sujeto colectivo, el pueblo de Bella Vista, expresado en la cooperación de las distintas redes locales en función de un objetivo común. En su integración se advertía la influencia del vector sindical, portador de experiencias de lucha y confrontación, que confluyó en una dinámica popular en la que participaron diversos sectores. La presencia del párroco como presidente de la CPD modeló el sesgo de las prácticas de protesta adoptadas. En ese marco, la primera actividad consistió en la celebración de una misa en el estadio de fútbol, oficiada por el cura Albornoz, en la que participaron alrededor de 10.000 personas. La homilía estuvo a cargo de Raúl Sánchez (en representación del decanato de sacerdotes de Famaillá), quien denunció la miseria del pueblo. Sánchez pertenecía al núcleo fundador del MSTM y su actuación revelaba el compromiso de este movimiento con los trabajadores azucareros desocupados.[65] El servicio finalizó con una procesión encabezada por la imagen de San José Obrero.

La novedad de esta forma de confrontación consistió en la combinación de un servicio religioso con un acto político. En representación de la CPD hablaron Santillán y Valeros. El primero criticó la propuesta empresaria de convertir el ingenio en una refinería, proyecto que contemplaba trabajo para 60 operarios y el despido de 550 obreros y empleados, además de 1400 trabajadores temporarios. El segundo se refirió a las desastrosas perspectivas que se cernían sobre el pueblo debido al posible cierre del ingenio. FOTIA y la CGTA adhirieron al acto.[66]

Como “representante” del pueblo, la CPD desplegó una constante interacción con las autoridades. Solicitó el respaldo del gobierno provincial a su propuesta de formar una sociedad mixta en el ingenio, integrada por trabajadores y cañeros, con presencia estatal.[67] La CPD también demandó la creación de cooperativas de trabajo en las colonias, figuras que procuraban reproducir la experiencia exitosa de Campo Herrera. Las iniciativas apuntaban a desvincular a los propietarios del control del ingenio y colocar a la comisión en el centro de las negociaciones sobre el futuro de la fábrica. La legitimidad de la comisión se consolidó, al ser aceptada como interlocutora por las autoridades provinciales y nacionales, lo cual contribuyó al relativo éxito de sus gestiones. En efecto, consiguió que el gobierno provincial obrara como subrogante de la empresa para saldar los salarios atrasados, propuesta que se hizo efectiva en la Navidad de 1968 e implicó la destitución de la firma Gettas-Fiad de sus derechos como propietaria.[68] Para celebrar ese triunfo el pueblo participó de una misa de gallo en los portones del ingenio.

De manera simultánea, la CPD impulsó acciones que interpelaban al pueblo como colectivo. Organizó una peregrinación hacia el santuario de la virgen de La Reducción (ubicado a 10 km de la fábrica) para rogar por una pronta solución para el ingenio. Además, requirió el quite de colaboración ciudadano al censo provincial de población, que se efectuaba en esos días, para visibilizar el rechazo de Bella Vista a la política azucarera. La CPD también se opuso a la propuesta de un grupo de industriales azucareros de contratar 200 obreros del ingenio Bella Vista como una vía para paliar la desocupación. Alertó que la “generosa” oferta industrial implicaba la pérdida de los trabajadores más eficientes y la despoblación de Bella Vista. En consecuencia, repudió la propuesta empresaria por considerarla regresiva y anti-social.

El 15 de enero de 1969 la CPD impulsó una demostración política en amplia escala al convocar a un acto de protesta, de carácter provincial, con el objetivo de reclamar por la continuidad del ingenio. La numerosa asistencia, calculada en más de 10.000 personas, demostró una vez más el poder de convocatoria de la CPD. Los oradores y las adhesiones al acto expresaban la ampliación de las redes, entre las que se destacaba el MSTM, que sumó a sus entidades afines (JOC, Acción Católica, grupo ALFA, Juventud Universitaria Católica, Decanato Arquidiocesano de Famaillá).[69] La presencia de un representante de la JOC y del sacerdote René Nieva (por el Decanato) entre los oradores revelaba el papel destacado del MSTM en el conflicto de Bella Vista.

El espectro sindical se expandió con la presencia de la CGTA y de representantes del ingenio Arno de Santa Fe, que también sufría los efectos de la crisis. La asistencia de estos actores revelaba que la oposición a la política azucarera dejaba de ser un problema local o provincial para cobrar dimensiones nacionales. Asimismo, la invitación a Raimundo Ongaro, secretario general de la CGTA, refrendaba el perfil opositor de la protesta.[70] En esa ocasión, la lucha del pueblo de Bella Vista adquirió una mayor envergadura, sustentada en la adhesión de 42 asociaciones gremiales, católicas, profesionales, empresarias, universitarias, cooperativas, vecinales, cañeras, y culturales.[71] El impacto político del acto obligó al gobernador a declarar su preocupación por el funcionamiento del ingenio.

En nombre de la CPD, Valeros aplaudió la unidad del pueblo de Bella Vista y se explayó en el éxodo de los trabajadores generado por la política azucarera. Reinaldo Costilla (JOC) afirmó que la Iglesia no podía “admitir la destrucción de todo un pueblo porque implicaba un verdadero crimen”. Por su parte, el representante de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Sixto Paz) manifestó: “clamamos por la continuidad de una fuente de trabajo. Pedimos nada más y nada menos que pan y trabajo”. A su turno, Benito Romano, delegado regional de la CGTA, bregó por la formación de un frente común “para decirle basta al gobierno nacional y a los aventureros que por monedas adquirieron una empresa que hoy lanzan a la destrucción”.[72] Los discursos definieron los términos del conflicto de Bella Vista. Por un lado, el gobierno que ejecutaba una política de cierre de ingenios y de extinción de las localidades circundantes; por el otro, el pueblo de Bella Vista unido en la defensa de su fuente de trabajo, cuyo cierre calificaban de inmoral. En una declaración posterior, del 25 de septiembre de 1969, la CPD defendió la naturaleza pacífica de sus actos pero advirtió: “Bella Vista no está dispuesta a morir como comunidad, ni a seguir la suerte lamentable de los pueblos tucumanos que han sucumbido con el cierre de los ingenios”.[73] En lo sucesivo, la CPD interpeló al pueblo de Bella Vista como una comunidad y programó acciones que involucraron al conjunto de la población. En esa dirección, se enviaron 2500 cartas a Onganía en la que solicitaban una solución definitiva al problema del ingenio y se concretó una huelga de hambre de 72 horas, en la que participaron 36 ayunantes (25 varones y 11 mujeres) de distintos barrios de la localidad. Estas prácticas novedosas requerían del compromiso de los vecinos y apuntaban a conseguir la atención de las autoridades.

Mientras tanto, el problema del ingenio cobraba dimensión nacional y forzaba la intervención del PEN. El 29 de enero de 1969 el problema del ingenio fue considerado por Onganía, quien aprobó la realización de un convenio entre la firma Gettas-Fiad y el CIFEN. La empresa le cedía en caución su paquete accionario y otorgaba a la Dirección Nacional de Industrias de Estado (DINIE) un amplio poder de administración del ingenio. La medida hacía realidad una demanda de la CPD al apartar a los empresarios del control de la fábrica, aunque todavía no estaban asegurados los recursos materiales para garantizar su funcionamiento.[74] En una reunión con Guillermo Arechaga, titular de la Dirección de Azúcar, la comisión exigió participación en el futuro de la empresa.

La presión de la comunidad se mantuvo con la realización de actos relámpagos en San Miguel de Tucumán, que culminaron con la detención del cura Albornoz y de algunos integrantes de la comisión. El ciclo lectivo de 1969 no se inició en Bella Vista porque los niños no fueron enviados a la escuela como señal de protesta. La situación social era grave: los trabajadores continuaban con salarios adeudados y no estaba asegurada la zafra. En ese contexto, se proyectó una movilización a San Miguel de Tucumán para forzar una rápida solución. Vecinos y trabajadores, arengados por dirigentes de la CPD, realizaron una marcha a la Capital que fue detenida por la policía, armada con ametralladoras y pistolas lanza gases, en las afueras de la ciudad.[75]

Para desactivar los preparativos de la movilización, el gobierno nacional anunció que la zafra se realizaría a través del arriendo a una organización jurídica que representara a la localidad.[76] La decisión significó una victoria de la CPD, que convocó una asamblea popular donde se resolvió por unanimidad la formación de la cooperativa de producción “Bella Vista Ltda.” Su consejo de administración estaba presidido por el cura Albornoz y los miembros de la CPD.[77] La DINIE arrendó la fábrica a la Caja Popular de Tucumán, organismo oficial de crédito, que a su vez celebró un contrato de locación con la cooperativa de producción Bella Vista Ltda. De esta manera, la CPD fue reconocida como representante legal del pueblo de Bella Vista, y con ese carácter asumió oficialmente el control del ingenio. Posteriormente, un decreto del gobierno nacional autorizó un cupo especial para el establecimiento, que garantizó la adquisición de materia prima. En julio de 1969 con una misa de campaña la comunidad de Bella Vista celebraba el comienzo de la zafra, identificada con la salvación del ingenio.

Entre el 27 y 29 de mayo de 1969 la beligerancia popular afloró en San Miguel de Tucumán por la rebelión de estudiantes universitarios que apedrearon la Casa de Gobierno y levantaron barricadas en distintas zonas de la ciudad, mientras eran aplaudidos por los vecinos. Este movimiento confluyó con el paro nacional de la CGT, que fue acatado por todos los ingenios azucareros. La virulencia de las movilizaciones estudiantiles y obreras precipitó la renuncia del gobernador Roberto Avellaneda.[78] Estas protestas, sucedidas de manera simultánea al Cordobazo y el Rosariazo, marcaron un punto de inflexión signado por la ampliación de las oportunidades políticas expresadas en el repliegue de la dictadura y la flexibilización de la política azucarera. A fines de 1970, al influjo del Primer Tucumanazo, el gobierno amplió el cupo azucarero de la provincia y se formó la Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA), empresa estatal que explotó los ingenios La Florida, La Trinidad y Santa Rosa.[79] En lo sucesivo la CPD batalló, secundada por su comunidad, para incorporar el ingenio Bella Vista a CONASA, objetivo que se concretó en diciembre de 1970.

Conclusiones

La reconstrucción de la trayectoria de la CPD de Bella Vista, inserta en el ciclo de protestas desplegadas durante la dictadura de Onganía, contribuye a identificar las diferentes modulaciones que adquirió la protesta social y sus alcances territoriales. Dicha experiencia, que transcurrió en una importante localidad del cordón agroindustrial azucarero, alejada de la capital provincial, revela determinadas formas de articulación social y prácticas de protesta que pueden explicarse a partir del estudio localizado de las redes de sociabilidad, el desarrollo de sus organizaciones sindicales y políticas y la construcción de liderazgos. Este registro otorga diversidad a las luchas sociales durante el onganiato, cuyas grandes explosiones, sintetizadas en los “azos”, ha concitado una atención predominante en los estudios sobre este tema.

Al calor de una crisis azucarera de alcances inéditos en la historia provincial, las redes locales de numerosos pueblos de ingenios se activaron para lograr la supervivencia de las fábricas amenazadas. Este proceso adquirió en Bella Vista rasgos singulares y atravesó por diferentes etapas, en las cuales cobraron protagonismo distintos actores locales.

A comienzos de 1965 se formó una comisión intersindical que tomó el establecimiento en un momento de incertidumbre y quiebra económica. Al año siguiente Onganía decretó la intervención de la fábrica con el objetivo de clausurarla, coyuntura en la que se creó una efímera Comisión Pro Ingenio. Estas formaciones consiguieron sustraer al establecimiento de los alcances del decreto, haciéndose cargo una firma comercial fuertemente cuestionada por los actores locales. Sin embargo, este arreglo no representó una solución duradera en tanto los nuevos dueños aplicaron un proceso de racionalización que incluía despidos en el personal de fábrica y surco. En abierta resistencia a dicho proceso, la comisión intersindical inició una confrontación asimétrica que cobró sus víctimas entre los trabajadores, a raíz de la creciente conflictividad laboral y la violenta represión gubernamental. Las muertes de Ceferino González, dirigente de FOTIA, e Hilda Guerrero de Molina, activista sindical y esposa de un obrero de Santa Lucía, simbolizaron para los trabajadores el carácter injusto y dictatorial del onganiato. Durante esta etapa el movimiento social fue predominantemente obrero y se supeditó a los lineamientos de FOTIA y de la comisión intersindical. Las prácticas implementadas se correspondieron con la experiencia de los trabajadores que apelaron a la huelga, a la organización de ollas populares, manifestaciones y toma de la fábrica.

A fines de 1968, ante la debacle económica del ingenio, vaciado por la patronal, se formó la segunda Comisión Pro Defensa. Esta figura, a diferencia de su antecesora, contó con la presencia sindical que aportó un discurso opositor y un sistema de alianzas en el que se destacaron la CGTA y el MSTM, que se unió al movimiento de resistencia bellavisteño con sus distintas organizaciones afines. En ese marco, la CPD reformuló sus prácticas y discursos al asumir la representación del pueblo de Bella Vista. Las acciones programadas estuvieron imbuidas por la experiencia de una comunidad fuertemente atravesada por la influencia católica. Se realizaron misas, procesiones y una huelga de hambre, cuyos efectos simbólicos contribuyeron a visibilizar el conflicto local. La confrontación apeló, además, a prácticas novedosas que exigieron la participación del conjunto de la comunidad: miles de cartas de petición a Onganía pidiendo por el funcionamiento del ingenio, el quite de colaboración de la población al censo provincial, la negativa de enviar los niños a clase, entre otras.

La masiva presencia de la población en el emblemático acto público del 15 de enero de 1969 reveló el poder de convocatoria de la CPD, la amplitud de sus alianzas y su capacidad de proyección al plano provincial y nacional. El movimiento bellavisteño coincidió con un encadenamiento de protestas urbanas de envergadura (entre las que se destacaron el Cordobazo y el Rosariazo), que marcaron el repliegue de la dictadura militar. En ese nuevo contexto, las gestiones de la CPD dieron sus frutos. Se habilitó a la entidad para que formara la cooperativa de producción Bella Vista Ltda., que enmarcó los intereses de la comunidad al integrar a la totalidad de obreros y empleados del ingenio. Bajo esta figura se realizó la zafra de 1969, el principal logro de la CPD, que consiguió además la cesión de los derechos de los empresarios al Estado.

En suma, la CPD de Bella Vista se destacó por su prolongado funcionamiento y por su capacidad para definir un interés común (la defensa de la fuente de trabajo) y ampliar sus redes hacia otros sectores. Bajo esa dirección, se forjó una singular experiencia de confrontación que contrastó con la actuación de otras comisiones formadas en los ingenios cerrados. Las prácticas de protesta de la CPD de Bella Vista involucraron al pueblo como colectivo y dieron forma a un discurso opositor. Se trató de una expresión exitosa del ciclo de “comisionismo defensivo” desarrollado en Tucumán a finales de la década de 1960, sustentado en una trayectoria comunitaria que logró revertir las políticas dictatoriales y marcar el curso del conflicto social.

* Instituto Superior de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Tucumán. CONICET. E mail: mceliabravo@hotmail.com

** Instituto Superior de Estudios Sociales, Universidad Nacional del Tucumán. CONICET. E mail: leandrolichtmajer@gmail.com

[1] Sigal, 1973: 45-47.

[2] Nassif, 2016: 413.

[3] La trayectoria de la CPD de Bella Vista fue narrada por sus protagonistas en La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista, 2018, nº 5.

[4] Sobre las posibilidades y límites de los análisis en escalas locales remitimos a Serna & Pons, 2007 y Torre, 2018.

[5] Coincidimos con Ramírez, 2009 sobre la necesidad de reconstruir la constelación de protestas locales que confluyeron en los “azos” como vía para otorgar mayor densidad a los movimientos sociales configurados contra la dictadura. La bibliografía sobre este fenómeno es amplia, véase entre otros Gordillo & Brennan, 2008, Pérez & Viano, 1994 y Crenzel, 1991.

[6] La Industria Azucarera, 1959, 789: 259-278.

[7] El rendimiento fabril se obtiene de la relación de las toneladas de caña molida por el ingenio y los kilogramos de azúcar obtenidos. Los valores dependen del rendimiento cultural (toneladas de caña por ha.) y de la eficiencia fabril de los ingenios.

[8] El peronismo posicionó al Estado nacional como rector indiscutido de la política azucarera. La Dirección de Azúcar definía el precio del azúcar y de la materia prima, estipulaba los volúmenes de producción, las cuotas de entrega al mercado interno y la cantidad de azúcar a importar. El FRA, creado en 1950 para atenuar las asimetrías regionales, se financiaba con un impuesto solventado por industriales y comercializadores. La institución dejó de funcionar de hecho en 1956, cuando los ingenios de Salta y Jujuy presentaron un recurso administrativo y dejaron de aportar al FRA argumentando que se incentivaba a los sectores azucareros ineficientes. Bravo & Bustelo, 2018.

[9] Romano, 2008: 211-219.

[10] La huelga se levantó porque el gobierno garantizó fondos del Banco Nación para el financiamiento de la zafra y se definió el precio de la materia prima para la zafra de 1959 y 1961, además del compromiso de los ingenios de saldar sus deudas, Bravo, 2017.

[11] Salazar & Valeros, 2012: 263, Vidal Sanz, 2017 y Gutiérrez & Santos Lepera, 2019.

[12] En 1955 el ingenio molía el 67% de caña propia, proporción que superaba al resto de los establecimientos azucareros tucumanos. La Industria Azucarera, 735, enero de 1955, pág. 237.

[13] Las colonias eran un tipo de explotación descentralizada de los fundos de los ingenios, dirigidas por un colono que obraba según de la decisión de la empresa (tipo de caña cultivada, cronograma de cultivo y cosecha).

[14] La diversificación productiva de Bella Vista erosionaba la extendida visión del empresariado azucarero tucumano como un agente carente de iniciativa, con fábricas ineficientes, que se extendió en la década de 1960.

[15] Presidencia de la Nación, 1947: 440.

[16] Salaza & Valeros, 2012.

[17] En el terreno partidario, la figura de Fernando Riera, gobernador de Tucumán entre 1950-1952 y actor central del peronismo hasta la década de 1990, resaltó dentro de un colectivo amplio de dirigentes oriundos de Bella Vista, que abarcó a gobernadores, ministros, legisladores y cuadros intermedios de la política provincial. Por su parte, en el campo sindical se destacó el liderazgo de Atilio Santillán, quien fue secretario general del sindicato bellavisteño y líder de la FOTIA en las décadas de 1960-1970, Gutiérrez, Santos Lepera & Lichtmajer, 2016 y Lichtmajer & Gutiérrez, 2017.

[18] Gutiérrez, 2013.

[19] El vandorismo, que controlaba la Delegación Regional de la CGT, incidió en el ambiguo respaldo a la medida. Un efecto colateral de ese episodio fue la desafiliación de la filial Bella Vista de FEIA en junio de 1965, La Gaceta, 21 de junio de 1965.

[20] La Gaceta, 31de enero de 1965.

[21] Sobre los partidos neoperonistas en la Argentina véase Arias & García Heras, 2004.

[22] El presidente de Acción Provinciana fue el bellavisteño Amado Juri, figura clave del peronismo provincial en esa etapa. Los legisladores provinciales de origen sindical electos por dicho partido en 1965 fueron Leandro Fote (San José), Simón Campos (Santa Rosa), Ramón Carrizo (Trinidad), Juan Ballesteros (Bella Vista). Benito Romano (Mercedes) fue electo diputado nacional.

[23] Manuel Valeros construyó una larga trayectoria en la vida política y asociativa bellavisteña desde la década de 1950 hasta la fecha. Tuvo actuación en la arena educativa, fue intendente municipal y diputado provincial por el departamento Famaillá. Actualmente preside la Fundación Bella Vista, entidad abocada a la recuperación de la historia y la promoción cultural en la localidad.

[24] Las listas legislativas departamentales de los partidos Defensa Provincial Bandera Blanca (Eduardo Yubrin), Justicia Social (Francisco Perdiguero) y Acción Popular Argentina (Francisco Trimarco) fueron encabezadas por dirigentes oriundos de Bella Vista. La Gaceta, 14 de marzo de 1965.

[25] La familia Fiad, residente de Bella Vista, hizo fortuna en el comercio de ramos generales, posteriormente incursionó en la producción de caña con la compra de una importante finca en Pala Pala (departamento Famaillá), Vidal Sanz, 2017: 117. José Gettas estaba emparentado con la familia Fara, fundadora del ingenio San Ramón, la cual era propietaria de extensos cañaverales en la zona de Villa Quinteros.

[26] La Industria Azucarera, 1965, 864: 388.

[27] La Gaceta, 17 de diciembre de 1965.

[28] La misma ley había sido sancionada en 1961, luego de la “Marcha del Hambre”, pero no llegó a aplicarse por falta de reglamentación. En 1962 fue derogada durante la intervención de Carlos Imbaud.

[29] La Gaceta, 8 de diciembre de 1965.

[30] La Gaceta, 1 de febrero de 1966. Luego del asesinato de González la conducción empresaria abandonó el ingenio. El desprestigio de los nuevos propietarios era muy grande y corrían rumores de venta ficticia.

[31] Salazar & Valeros, 2012: 300. Como lo refleja este testimonio, la hostilidad hacia los nuevos dueños contrastaba con la pervivencia de la imagen de “buen patrón” históricamente asociada a la figura de García Fernández; Gutiérrez, Santos Lepera & Lichtmajer, 2016.

[32] La Gaceta, 15 de febrero de 1966.

[33] Ibídem.

[34] Se designó un interventor militar para administrar el cierre los ingenios y se militarizó el espacio de la fábrica para debilitar la resistencia obrera. Se anunció que la Dirección de Azúcar y el CIFEN (Comercial Inmobiliaria y Financiera Empresa Nacionalizada) se harían cargo de los salarios adeudados y de los posteriores, hasta el 31 de julio de 1967, Bravo, 2017: 221.

[35] Entre 1966 y 1968 se formaron CPD en 14 fábricas azucareras: Bella Vista, Santa Lucía, Santa Ana, Nueva Baviera, Amalia, Lastenia, San José, San Ramón, Los Ralos, San Antonio, La Esperanza, La Florida, La Trinidad y Mercedes.

[36] Las CPD reconocían como antecedente, a nivel provincial, la Comisión Pro Defensa de la economía de Tucumán impulsada por el gobernador Lázaro Barbieri en enero de 1965. También el efímero pacto obrero-campesino entre FOTIA y UCIT de ese mismo año, que además de reivindicaciones sectoriales propuso la defensa de la economía del norte argentino, y el Congreso de Defensa de la Economía de Tucumán organizado por FOTIA, iniciativas que cristalizaron en el contexto de colapso de la agroindustria, Ramírez: 2008.

[37] Las denominadas “fuerzas vivas” eran el Centro de Comerciantes, la Asociación pro vivienda de Bella Vista, el Centro de Reparación de los Edificios Escolares, la Parroquia San José Obrero, la Juventud Obrera Católica y otras entidades, La Gaceta, 29 de agosto de 1966.

[38] Dante Oviedo tenía una dilatada militancia en las filas radicales locales. Su padre (Salvador), también trabajador calificado de militancia radical, fue el primer interventor del sindicato del ingenio tras el golpe de 1955. En las elecciones de marzo de 1965 Dante Oviedo fue candidato a diputado provincial por la UCRI, en la lista encabezada por Valeros.

[39] La Gaceta, 29 de agosto de 1966.

[40] La Gaceta, 5 de septiembre de 1966.

[41] La Gaceta, 10 de septiembre de 1966.

[42] La Gaceta, 5 de enero de 1967.

[43] La Gaceta, 1 de diciembre de 1966.

[44] Guerrero de Molina tenía 35 años. Era madre de cuatro hijos e integrante de la comisión de movilización de damas del sindicato de Santa Lucía. Había participado de las protestas previas en Santa Lucía, oportunidad en la que enfrentó la carga de la policía, La Gaceta, 13 de enero de 1967.

[45] Se adhirieron los sindicatos azucareros, la CGT regional y nacional y la Federación Universitaria del Norte (FUN).

[46] En el sindicato había varias coronas de flores de sindicatos azucareros, una de las cuales tenía el nombre de Juan Perón. En el cementerio hablaron dirigentes de diversas organizaciones: CGT, FOTIA, Frente Único Nacional de Trabajadores Azucareros (FUNTA), sindicato de Santa Lucía, FUA, FUN y UMA, que repudiaron la política azucarera de hambre y sometimiento, La Gaceta, 15 de enero de 1967.

[47] La caracterización de Nassif se basa en la entrevista oral a un ex trabajador del ingenio Bella Vista y en las reconstrucciones de Luis Cerrutti Costa (asesor legal de FOTIA), Gregorio Levenson-Arturo Jauretche y María Seoane, Nassif, 2017.

[48] Ramírez, 2006, Aufgang, 1990 y Auyero, 2001.

[49] La Gaceta 26 de enero de 1967.

[50] El Decreto Ley 17.134 determinó la expropiación compulsiva de cupos a los pequeños cañeros de hasta 3 has., medida que expulsó alrededor de 10.000 productores de la actividad con el objetivo de orientarlos a otros cultivos. Sin embargo, no se les ofreció una alternativa productiva viable, La Industria Azucarera, 1967, 879: 11-18.

[51] El único emprendimiento duradero fue impulsado por el gobierno. La formación de la cooperativa Campo de Herrera absorbió 2000 has. cedidas por la empresa al gobierno provincial como parte del pago de su deuda con el Banco Provincia. Se integró con 119 obreros de surco despedidos que adquirieron la tierra a través de un crédito especial otorgado por el Banco Provincia y que recibieron la asistencia del INTA.

[52] La Gaceta, 17 de abril de 1967.

[53] La Gaceta, 4 de octubre de 1967.

[54] La Federación recuperó la personería en octubre de 1969, La Gaceta, 15 de octubre de 1969.

[55] Canitrot & Sommer, 1972.

[56] Salazar & Valeros, 2012: 163.

[57] Carecemos de números concluyentes sobre la pérdida poblacional en Bella Vista a raíz de la crisis azucarera. De la comparación entre los censos de 1960 (nacional) y 1968 (provincial) se pueden extraer algunas conclusiones preliminares: mientras que en el casco urbano de Bella Vista las cifras de población se incrementaron levemente (de 6816 a 7013), en las colonias del ingenio el descenso fue pronunciado, oscilando entre un 21 y un 70%. Las cifras fueron las siguientes: El Mollar (1022 a 781), San Ramón (943 a 517), El Sunchal (599 a 256), El Pondal (393 a 118), El Tropezón (133 a 106), Salazar & Valeros, 2012: 327, Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1960: 605 y Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1974: 4.

[58] La Gaceta, 28 de abril de 1968.

[59] Santos Lepera & Folquer, 2017: 118. Albornoz fue cura párroco de Bella Vista entre 1958 y 1996. Desde su asunción intervino activamente en el espacio asociativo local: impulsó la creación de la filial de la Juventud Obrera Católica (1958), el Instituto San José, primer colegio secundario de la localidad (1961) y un comedor comunitario de Caritas (1970), La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista, 2015, 2.

[60] La Gaceta, 19 de abril de 1968.

[61] La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista, 2018, 5.

[62] La CPD fue presidida por el cura párroco Francisco Albornoz. El vicepresidente fue Marcelino Ledesma (industrial panadero), los secretarios fueron Manuel Valeros (abogado y ex legislador) y Raúl Oscar Chabán (docente y contador público nacional), el tesorero fue Eduardo Yubrin (comerciante). Los demás integrantes fueron: Atilio Santillán (secretario general del sindicato de obreros), Víctor Ocaranza (empleado administrativo del ingenio, representante de FEIA), Julio Lezcano (obrero, dirigente de la comisión intersindical), Luis Zapata (trabajador del ingenio), Carlos Corbalán (empleado del ingenio), Damián Suárez (trabajador del ingenio), Ramón Vera (médico del ingenio) y Angel Saifán (representante de los cañeros), La Gaceta, 23 de noviembre de 1968.

[63] Salazar & Valeros, 2012: 119.

[64] Salazar & Valeros, 2012: 161-164.

[65] Raúl Sánchez participó en la organización de la cooperativa de trabajo en la colonia Campo Herrera, Santos Lepera & Folquer, 2017: 115.

[66] La Fundación. Órgano informativo de la Fundación Bella Vista, 2018, 5.

[67] La Gaceta, 28 de noviembre de 1968.

[68] La Gaceta, 13 de diciembre de 1968.

[69] Santos Lepera & Folquer, 2017: 125.

[70] Ongaro no pudo llegar al acto porque fue expulsado de la provincia cuando se dirigía a Bella Vista, La Gaceta, 19 de enero de 1969.

[71] Se adhirieron las siguientes instituciones: Colegio Médico, Colegio de Abogados, Federación Económica de Tucumán; Federación de Cooperativas Cañeras; Federación de Centros Vecinales; ATEP y AGET (asociaciones gremiales de docentes tucumanos); Asociación del Personal Universitario; Juventud Obrera Católica; Juventud Universitaria Católica, Decanato Arquidiocesano de Famaillá; grupo ALFA (de raigambre católica); Consejo Arquidiocesano de la Acción Católica; CGT regional, CGTA; FOTIA y sus sindicatos de fábrica; ex Juventud Peronista de la Capital; Comisión Pro Rehabilitación del ingenio San Antonio, Asociación de Trabajadores de la industria lechera; Liga de Estudiantes Humanistas de Tucumán, ex Juventud de la Democracia Cristiana de la Capital y de la Banda del Río Salí; Junta Nacional de la Democracia Cristiana; Juventud de la Acción Católica; Centro de Comerciantes de Famaillá; Confederación General de Trabajadores Azucareros; Asociación de Viajantes de Tucumán; Sindicato del Vidrio; Asociación Cultural de Futbol, entre otras, La Gaceta, 20 de enero de 1969.

[72] La Gaceta, 15 de enero de 1969.

[73] Salazar & Valeros, 2012: 134.

[74] La Gaceta, 29 de enero de 1969.

[75] En ese contexto, los trabajadores lograron detener un tren carguero para trasladarse a la Capital a fin de exigir el pago de los salarios, La Gaceta, 16 de marzo de 1969.

[76] La Gaceta, 14 de marzo de 1969.

[77] Se designó como gerente a Hugo Jiménez y como auditor al CPN Segundo Pascual Pérez. Manuel Valeros fue elegido asesor letrado y Lisandro Caballero (abogado de FOTIA) se desempeñó como asesor económico, La Gaceta, 4 de abril de 1969.

[78] Fue reemplazado por Jorge Nanclares (ex director de la DA) el 28 de junio de 1969.

[79] Los establecimientos pertenecían a la Compañía Azucarera Tucumana (CAT).