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El reformismo universitario entre la dictadura y la democracia. Un análisis del movimiento estudiantil de la UBA entre 1976 y 1983
Guadalupe Seia*
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Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad, N° 21, 2018, pp. 165 a 200.
RECIBIDO: 12/10/2018. EVALUADO: 01/12/2018. ACEPTADO: 01/12/2018.
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Resumen
El presente trabajo se propone abordar el interrogante acerca del devenir del reformismo universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la última dictadura. El artículo es producto de una investigación más amplia sobre las reconfiguraciones del movimiento estudiantil de esta universidad entre 1976 y 1983. En particular, nos proponemos describir la construcción de identificaciones reformistas por parte de las agrupaciones estudiantiles durante los años delimitados. Procuramos analizar los procesos de recuperación, re-significación y apropiación de la mencionada tradición universitaria.
Palabras clave: Reformismo Universitario – Dictadura – Universidad de Buenos Aires – Movimiento estudiantil
Summary
The present work aims to address the question about the “Reformismo Universitario” at the Universidad de Buenos Aires (UBA) during the last dictatorship. The article is the product of a wider investigation on the reconfigurations of the student movement between 1976 and 1983. In particular, we will describe the construction of reformist identifications by the student groups during those years. We will analyze the processes of recovery, re-signification and appropriation of the “reformismo” tradition.
Keywords: Reformismo Universitario – Dictatorship – Universidad de Buenos Aires – Student Movement
Introducción
El presente trabajo se propone abordar el interrogante acerca del devenir del reformismo universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la última dictadura. A cien años de la Reforma Universitaria de 1918 es necesario empezar a preguntarse por la construcción de las identidades reformistas en el pasado reciente, en particular luego de una etapa que implicó transformaciones significativas en la mayoría de los órdenes políticos y culturales de la sociedad argentina.
El artículo es producto de una investigación más amplia sobre las reconfiguraciones del movimiento estudiantil de esta universidad entre 1976 y 1983. Al iniciar el texto damos cuenta sintéticamente del proyecto universitario de la dictadura y de las diversas etapas que atravesó un actor político que en la memoria social se habría extinguido y resucitado recién en 1982. De este modo, cuestionamos aquellos planteos que sostienen una inexistencia de actividad política entre la juventud y el estudiantado universitario durante los primeros años de la última dictadura.[1] En el presente artículo, reconstruimos las formas de organización y actividad militante desarrollada por las agrupaciones universitarias entre 1976 y 1983.
Más específicamente, entendemos que existió una temprana recuperación de las banderas del reformismo universitario por un amplio espectro de organizaciones universitarias.[2] En este sentido, nos proponemos historizar algunos sentidos más o menos instalados acerca de la identificación reformista del radicalismo universitario. Esto no implica negar dicha identidad, sino analizar los procesos de recuperación, re-significación y apropiación de la mencionada tradición universitaria por parte de este sector, en paralelo al des-dibujamiento de la misma en otros agrupamientos (socialistas, comunistas, etc.).
Un señalamiento que debemos realizar es que todo lo que describimos en las próximas páginas corresponde al caso de la UBA, y si bien puede iluminar lo sucedido en otros casos nacionales, de ningún modo pretende generalizarse sobre los mismos. Asimismo, como hemos señalado, la disponibilidad fragmentaria de fuentes documentales limita una reconstrucción completa de lo sucedido en los claustros durante estos años. Sin embargo, consideramos factible plantear ciertas líneas comunes de lo sucedido en las diversas facultades, así como también matices entre los posicionamientos de las tendencias políticas con militancia universitaria.
Universidad en dictadura: subordinación, achicamiento y represión
Las universidades nacionales fueron intervenidas el 29 de marzo de 1976, quedando a cargo de rectores miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA). La UBA quedó a cargo del Capitán E. Said, con diferentes capitanes de la Armada designados como decanos interventores de las facultes. Existe una prolífica producción acerca de la política universitaria de la dictadura,[3] en este artículo nos interesa destacar los principales ejes de su orientación para dar cuenta de las transformaciones de las condiciones elementales de la vida estudiantil en los claustros.
En el diagnóstico de la dictadura, el llamado “problema universitario” incluía dos facetas fundamentales. En primer lugar, la denominada “infiltración comunista” que posibilitó el “accionar subversivo” en las casas de altos estudio, cooptando jóvenes estudiantes para el “terrorismo” que atentaba contra el “orden nacional”. La “subversión” había alterado el “armónico funcionamiento de los claustros”, impidiendo el desarrollo de las tareas docentes y estudiantiles. Este proceso se había iniciado, según los funcionarios del Ministerio de Educación y las FFAA, a partir de la reforma universitaria de 1918, suceso que era considerado una consecuencia directa de la revolución rusa de 1917.[4] En segundo lugar, las FFAA y sus asesores civiles consideraban que el nivel universitario, y particularmente la UBA, habían crecido desproporcionadamente respecto del resto del sistema educativo. El llamado “sobre-dimensionamiento” de las casas de estudios era considerado también como un problema político en tanto la alta concentración de los estudiantes estimulaba el surgimiento de “focos subversivos”.
A partir de este diagnóstico, la dictadura definió ciertas medidas para revertir la situación. Así, se desplegó lo que denominamos como la respuesta represiva al interior de los claustros en clara y directa complementación con el plan sistemático desarrollado por las FFAA en todo el país. El Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTe) ha registrado 1.086 detenidos-desaparecidos que estudiaron en la UBA, habiendo finalizado o no su carrera. A esa cifra hay que sumar los detenidos-desaparecidos registrados como trabajadores no docentes, docentes y autoridades de dicha universidad (85 casos).
En las facultades se instalaron agentes uniformados y “de civil” de la Policía Federal que controlaban los accesos, los pasillos, las aulas para registrar y evitar cualquier tipo de actividad gremial o política, completamente prohibidas. En todas las sedes se desplegaron pequeñas comisarías o “cuarteles” donde eran demorados e interrogados aquellos estudiantes que tenían materiales “sospechosos” o se comportaban por fuera de los límites autorizados. Asimismo, las federaciones, los centros de estudiantes y la mayoría de las agrupaciones estudiantiles fueron ilegalizadas.[5]
La intervención y la normativa posterior dispusieron el funcionamiento de las universidades supeditado a las disposiciones del Ministerio de Educación y Cultura. Las casas de estudio carecían de autonomía para definir sus autoridades, normativa, planes de estudio, la apertura o cierre de carreras, etc. Todas estas cuestiones debían ser revisadas y aprobadas por el ministro. La subordinación de la universidad suponía la inexistencia de co-gobierno por parte de la comunidad universitaria y erradicaba de plano espacios para la participación estudiantil en la administración y toma de decisiones sobre los asuntos académicos. Al estudiantado le correspondía entonces un lugar pasivo como receptor de formación profesional y moral para ejercer como ciudadano en un futuro.
Asimismo, desde la cartera educativa se impulsó una política de achicamiento de la matrícula estudiantil, denominada como “re-dimensionamiento” contra su crecimiento desmedido.[6] El principal mecanismo fue la fijación de cupos por carrera que eran completados según los resultados de los exámenes de ingreso sobre diversas materias según la carrera. En la UBA, los cupos permitían anualmente el ingreso de menos de 10.000 estudiantes para alrededor de 40.000 aspirantes. Este proceso de “selección” generó el surgimiento de diversas academias privadas que preparaban a los jóvenes para “garantizar” buenos resultados y así quedar adentro del cupo establecido. Esta medida fue complementada por otros mecanismos limitativos: cláusulas de regularidad, menos cantidad de mesas de exámenes, límite de materias a cursar por cuatrimestre, reducción de horarios, arancelamiento de trámites, y también, el arancelamiento de los estudios de grado a partir de 1981. Los efectos de estas medidas son difíciles de valorar pero generaron la reacción de los estudiantes.[7]
Como observamos la universidad que buscó construir la dictadura era una pequeña, controlada, desmovilizada y despolitizada, con su funcionamiento absolutamente subordinado a las autoridades del Estado nacional. Estos objetivos se cumplieron en diferente medida, en ese proceso la respuesta estudiantil tuvo injerencia ya que tempranamente el movimiento estudiantil desarrolló iniciativas para contrarrestar los efectos del terror, la vigilancia, la prohibición de la política y el creciente “limitacionismo” desplegado sobre el estudiantado.
El movimiento estudiantil de la UBA durante la última dictadura
En marzo de 1976, el movimiento estudiantil porteño se encontraba en una difícil situación. Durante los años previos, fundamentalmente a partir de 1974, la militancia estudiantil había sido objeto de la represión intra y extra-claustros en el marco de la llamada “misión Ivanissevich” y del accionar para-militar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Asimismo, la ley universitaria sancionada por el parlamento en el verano de 1974 prohibía el desarrollo de cualquier actividad de adoctrinamiento político o gremial en las facultades, ilegalizando a las agrupaciones y a los centros de estudiantes.
En ese marco, Mariano Millán plantea que las sucesivas derrotas del movimiento estudiantil imposibilitaron que el mismo se concentrase en la búsqueda de la transformación social, debiendo procurar la protección de sus organizaciones. Más específicamente, durante 1975:
…los alumnos realizaron escasas acciones colectivas y la mayor parte fueron protagonizadas por grupos pequeños enfrentados con la policía, inclusive dentro de las facultades (…) la JUP, organización dominante de 1973/4, aparece desdibujada en1975. El MOR, FAUDI o Franja Morada, tanto de la JRR como de la JCN, presentaron mayor activismo[8]
Es importante destacar esta situación para reflexionar acerca de aquellas líneas de continuidad y ruptura entre el orden constitucional y el golpe de estado de 1976. De este modo, la represión hacia el movimiento estudiantil porteño no se inició con la llegada del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Dicho actor colectivo ya había sufrido embates, y con esto, reconfigurado su accionar y orientaciones políticas inmediatas, perdiendo radicalidad hacia la izquierda, mientras ganaban lugar las posturas moderadas. En ese sentido, es destacable que las agrupaciones con mayor nivel de actividad y respaldo estudiantil electoral (comunistas y radicales), insistían en condenar “el terrorismo de ambos signos”, tanto de “ultraizquierda” como de “ultraderecha”.[9]
Con el golpe de estado de marzo de 1976 y la posterior (y nueva) intervención de las universidades nacionales, el inicio de ciclo lectivo se atrasó en la UBA, a la vez que el interventor militar decidió otorgarles la posibilidad del ingreso a más de 10.000 aspirantes por encima del cupo establecido por el rector anterior. De este modo, ante el nuevo escenario algo incierto, se evitó un punto de conflicto con el estudiantado. Sin embargo, durante los años siguientes el número permitido de ingresos a la UBA solamente se reduciría, articulando uno de los principales reclamos estudiantiles hacia las autoridades universitarias.
Considerando las formas de organización y de acción colectiva desplegadas, las reivindicaciones planteadas y el contexto político general y universitario proponemos una periodización que segmenta en tres momentos el desarrollo del movimiento estudiantil entre el golpe de estado y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente electo a partir del sufragio en 1983.[10]
La primera etapa que proponemos va desde 1976 hasta 1979, inclusive. Se trató de los años en que la represión fue más cruenta, concentrando más del 90% de los detenidos-desaparecidos de la UBA. Asimismo, hasta fines de 1978, el rectorado de esta universidad estuvo a cargo de 5 interventores, configurando un período de considerable inestabilidad en lo que respecta a la dirección institucional. Con la llegada de Lucas Lennon al rectorado comenzó a desplegarse una política más compleja hacia el estudiantado que no incluyó sólo represión sino espacios de acercamiento y “diálogo” con aquellos estudiantes de rendimiento académico sobresaliente. Esto no significó que se postulara una estructura universitaria con participación estudiantil en la toma de decisiones, simplemente fue un proceso de apertura de canales de expresión.
A nivel estudiantil, en un marco de vigilancia constante y cotidiana que generó un clima de temor y desconfianza más o menos extendido, hemos identificado diversas prácticas por fuera de los límites de lo permitido por la intervención. Existió un fenómeno descripto como la “universidad de las catacumbas” que implicó que docentes separados de sus cargos en las facultades y estudiantes se encontraran para leer, debatir, estudiar por fuera de los marcos universitarios en cursos, seminarios, institutos, etc. En ese marco hemos destacado la generación de espacios de lectura y formación por parte de los diversos partidos políticos de izquierda, sectores del radicalismo, y en menor medida del peronismo. Asimismo, los núcleos militantes que sobrevivieron la represión y a la fragmentación producto del terror propusieron y estimularon otro tipo de espacio de encuentro: peñas, pic-nics, torneos deportivos, talleres artísticos y revistas estudiantiles.[11] Estas iniciativas no se postulaban como actividades políticas, tampoco era divulgadas públicamente y mucho menos convocadas por las agrupaciones y partidos que las organizaban. Se gestaron así redes de vinculación por fuera de los claustros, lejos de la mirada de los docentes, la policía y los agentes de civil desplegados por pasillos, aulas, bares, etc. que posibilitaron espacios de sociabilidad, discusión entre estudiantes, algunos de ellos militantes orgánicos y otros sin experiencia política.
No obstante, las agrupaciones continuaron teniendo reuniones políticas, discutiendo y elaborando materiales, que difundían entre amigos y familiares escondidos a través de imaginativos mecanismos (cajas de discos, paquetes de cigarrillos o caramelos, etc.). Asimismo, en aquellas facultades en donde se habían realizado elecciones estudiantiles durante 1975 y habían triunfado FM o el MOR, los centros de estudiantes mantuvieron algún nivel de actividad: reuniones periódicas de comisión directiva, venta de apuntes, organización de alguna competencia deportiva o de actividades recreativas. En estos años no se convocaron asambleas pero si se estimularon petitorios estudiantiles con diversos reclamos gremiales por turnos nocturnos de cursada, más turnos de exámenes, entre otros. Estos fueron especialmente fomentados y militados por los miembros de las agrupaciones trotskistas (UJS/PO, JS/PST) que también participaron activamente de la conformación de comisiones pro-centro o reorganizadoras en facultades en donde no había comisiones constituidas producto de la ausencia de comicios en 1975 o bien, como en Psicología, donde había triunfado el peronismo que no logró sostener su actividad. Tanto las comisiones directivas como las re-organizadoras se reunían por fuera de los claustros, en locales partidarios, bares o asociaciones profesionales o de graduados.
En este marco, la Federación Universitaria Argentina (FUA) luego de varios años de fraccionamiento se reunificó en 1977 bajo la conducción de una alianza entre el Movimiento Nacional Reformista (MNR, socialista), la Franja Morada (radical) y el Movimiento de Orientación Reformista (MOR, comunista), organizaciones que habían reunido la mayor cantidad de presidencias de los centros de estudiantes a nivel nacional, y por ende también, en la conducción de las federaciones regionales. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), de este modo, quedó en manos de una conducción provisoria comunista-radical, quienes reunían 5 de las 6 presidencias definidas en 1975.
En síntesis, tenemos una militancia estudiantil activa pero con prácticas de tipo clandestina, por fuera de los claustros, solapadas bajo convocatorias culturales, recreativas, gremiales o deportivas con la finalidad de sostener la existencia de las agrupaciones y los centros de estudiantes. No se registraron convocatorias a actos, asambleas o marchas ni en los espacios universitarios ni en las calles de la ciudad, aunque las agrupaciones, centros y federaciones publicaban declaraciones, solicitadas y volantes.
La segunda etapa es más breve, sólo abarca los años 1980 y 1981, y se articula alrededor de la sanción de la nueva ley universitaria (22.207) y las consecuencias que generó.[12] Incluye también un cambio a nivel de la máxima autoridad nacional, siendo el General Jorge Videla reemplazado por el General Roberto Viola quien postuló una relativa “apertura política” con un horizonte poco claro de transición política. En este marco, se generó una brecha para la expresión pública de críticas hacia el proyecto de ley por parte de diversos sectores del arco político nacional y también estudiantil.[13] A grandes rasgos se cuestionaba la modalidad de definición del modelo universitario que recayó exclusivamente sobre el Poder Ejecutivo Nacional mientras que la comunidad universitaria y profesional fue ignorada.[14]
La militancia estudiantil de la totalidad de las agrupaciones activas en ese momento se concentró sobre la condena a la sanción y la aplicación de la ley, y en ese marco, tomaron fuerza las consignas contra las restricciones al ingreso, que año a año dejaba a más de 30.000 aspirantes, y contra el arancelamiento de los estudios de grado. A las comisiones re-organizadoras de centro, se sumó la conformación de comisiones de ingresantes, contra el arancel y en defensa de las carreras de humanidades, recientemente golpeadas por el cierre de la inscripción de Antropología y la limitación de las incumbencias profesionales en Psicología. Estos espacios continuaron trabajando con la modalidad de presentación de petitorios ante las autoridades sobre las cuestiones mencionadas. No siempre encontraban respuestas en las autoridades, pero en varias ocasiones lograron ampliar el número de turnos de exámenes o impedir la aplicación de nuevas reglamentaciones restrictivas (correlatividades, regularidad, etc.). A nivel nacional, la FUA impulsó la recolección de firmas para la presentación de un petitorio ante el ministerio para evitar la implementación del cobro del arancel para estudiar las carreras de grado.
Los dos momentos más importantes de la incipiente movilización estudiantil de la UBA tuvieron lugar en diciembre de 1979 y enero de 1980, cuando se sumaron a las movilizaciones convocadas contra el cierre de la Universidad Nacional de Luján decidido por el Ministro de Educación Llerena Amadeo;[15] y en octubre de 1981 cuando se desarrolló la primera marcha estudiantil desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación y Cultura, entonces presidido por Burundarena, contra el arancelamiento de la universidad. Más allá de las expresiones a favor del diálogo y la participación estudiantil del funcionario de la cartera educativa, no recibió a los estudiantes que acercaron el petitorio con las firmas recolectadas y la movilización fue duramente reprimida, atacando incluso a los reporteros gráficos que cubrían el hecho, y con un saldo de militantes estudiantiles detenidos.
En líneas generales, observamos que al inicio de la década de 1980 el movimiento estudiantil de la UBA que continuó una línea de intervención respecto de aspectos específicos de la política universitaria, particularmente gremiales. Los más trascedentes ciertamente eran el llamado “limitacionismo” al ingreso y la implementación del arancel, modalidad autorizada por la ley 22.207 recientemente sancionada.[16] En el marco –de relativa apertura política, de debilidad por parte del régimen dictatorial, de conformación de la Multipartidaria– las federaciones universitarias impulsaron planes de lucha que incluyeron las primeras movilizaciones de la etapa dictatorial.
La tercera etapa abarca los últimos dos años de la dictadura (1982 y 1983).[17] Este es un momento en que se cristalizaron algunas tendencias que venían desarrollándose desde los años anteriores y también, se configuraron nuevas realidades. La guerra de Malvinas generó una oportunidad política inesperada para las agrupaciones estudiantiles que lograron hacer su aparición en el espacio público de las facultades para acceder a un contacto directo con el resto del estudiantado a partir del desarrollo de diversas iniciativas en apoyo a los combatientes en las islas (donaciones, recolección de dinero y firmas para comprar una bandera, dadores de sangre, etc.). Cuando el enfrentamiento terminó en derrota y la crisis dictatorial se aceleró, los diferentes agrupamientos estudiantiles se lanzaron a re-organizar los centros de estudiantes, mediante la convocatoria a las primeras asambleas de la etapa para definir la fecha de los comicios que permitirían renovar las autoridades. De este modo, se cristalizaba un proceso de mayor duración de re-organización que incluyó la actividad clandestina de los primeros años para garantizar la subsistencia de los organismos, las tareas de visibilización de las comisiones, la intervención sobre cuestiones gremiales específicas de cada facultad y generales de la universidad como el ingreso y el arancel. Es importante destacar la continuidad en los modos de organización gremial y política estudiantil típicos de la tradición reformista: los centros de estudiantes y las federaciones.
Así, mediante petitorios acompañados de concentraciones las asambleas estudiantiles por facultades exigieron autorización para realizar asambleas, el libre y legal funcionamiento de las revistas, agrupaciones, comisiones y centros de estudiantes, la libertad de expresión y a devolución de los bienes incautados a los centros por la intervención. Asimismo, los problemas gremiales continuaron organizando la agenda del movimiento estudiantil porteño, se convocaron movilizaciones y otras concentraciones contra por el ingreso irrestricto y por el fin del arancel bajo la consigna “la educación es un derecho no un privilegio”. Estas reivindicaciones se articularon con otros puntos que cristalizaban un cuestionamiento general a la política universitaria y a la dictadura. El movimiento estudiantil en su conjunto denunció las irregularidades de los concursos docentes desarrollados durante 1982 para llevar adelante un proceso “normalizador” de los claustros bajo la normativa universitaria sancionada en 1980 en plena crisis política de la dictadura y con una salida democrática en el horizonte. Los sectores de izquierda, radicales y peronistas denunciaban que se trató de una “maniobra continuista” para legar al gobierno constitucional una universidad que respondía a los sectores dictatoriales. Definitivamente, en estos dos últimos años se articuló un cuestionamiento global a la política dictatorial, la exigencia de la anulación de la ley y con ella los concursos, la estructura universitaria, el arancel y el ingreso restringido apuntaban a desmembrar “la universidad de la dictadura”.
Los comicios estudiantiles cristalizaron y profundizaron algunas tendencias ya presentes en los años previos al golpe de estado de 1976. La principal fue el crecimiento de la agrupación radical FM que conquistó 8 de los 13 centros estudiantiles en disputa en 1983, el 40.3% del total de los votos y la presidencia de la FUBA. Asimismo, se agudizó la caída del apoyo electoral al peronismo universitario, obteniendo solo el 6.6% de los votos, sin lograr ninguna presidencia de centro. Entre las novedades encontramos la pérdida de influencia el comunismo que no consiguió la conducción de ningún centro y logró reunir apenas 6.3% del total de votos de la UBA; y el enorme apoyo electoral obtenido por las recientemente conformadas agrupaciones autodenominadas como “independientes” con el 30.6% de los votos, fundamentalmente por aquellas con posicionamientos políticos de derecha que consiguieron las presidencias de tres centros de estudiantes (Odontología, Farmacia y Bioquímica, y Agronomía).
El reformismo y el movimiento estudiantil
A 60 años de la Reforma Universitaria de 1918
Suasnábar ha destacado la importancia de los homenajes y aniversarios como estrategias utilizadas en la Revista Perspectiva Universitaria para expresar posturas críticas contra la política de la dictadura.[18] Al cumplirse 60 años de la Reforma Universitaria, las agrupaciones políticas a nivel estudiantil dedicaron varias notas en sus publicaciones sobre el tema, destacando sus aportes positivos y la distancia entre la realidad de ese momento y las conquistas. De ese modo, incluso agrupamientos que no se declaraban como reformistas, utilizaban dichos logros para cuestionar a la política universitaria de la dictadura. Tengamos presente, además, el ahínco de la propia dictadura en eliminar el reformismo de los claustros al considerarlo el origen de la “penetración comunista”.
Desde la izquierda trotskista se afirmaba que
Los avances que la reforma incorporó a la universidad argentina se han ido perdiendo uno a uno en los últimos años. Y la política universitaria del gobierno, de la cual el plan de “reforma educativa” del ministro Catalán es un claro exponente, está llevando a la universidad de 1978 al punto de partida: a la universidad anterior a 1918. En algunos aspectos, todavía más atrás. Porque la universidad oligárquica de principios de siglo respetaba hasta cierto punto la libertad ideológica. Y en la de hoy, ser marxista es un delito que se paga con la expulsión (y, a veces, con la cárcel y la “desaparición”). Así, podemos decir que, sesenta años después, estamos viviendo la “contrarreforma”[19]
Sostenían que la “contrarreforma” cobraba forma en políticas como el “limitacionismo”, el ingreso restringido, la eliminación del manejo democrático de las casas de estudio, la prohibición de las organizaciones estudiantiles, la represión, el bajo nivel académico, la destrucción de carreras (como Psicología y Sociología), la proyectada imposición de aranceles. Para revertir esta situación, a pesar de las difíciles condiciones para la actividad del movimiento estudiantil, consideraban que era preciso empezar a discutir y organizarse.[20]
Desde el comunismo, por su parte, destacaron la importancia de recuperar el ideario y los logros del reformismo de 1918: “El 15 de junio de 1978 se cumple el 60° aniversario de la reforma universitaria. La importancia de la gesta reformista es tal que hoy es obligatorio recordar los hechos que la conformaron, como punto de partida básico para comprender su significación”.[21] Entre los puntos fundamentales rescataron: la organización democrática de las universidades sobre la base de la participación estudiantil; la reforma del profesorado por la docencia libre, asistencia libre y periodicidad de la cátedra; la reforma de los planes de estudio afirmando el sentido social y nacional de las carreras; y, la universidad en función de un ideal de conocimiento y de servicio americano. Sostenían que “la postura democrática y el hondo contenido social de la reforma” podían alumbrar el camino universitario que se encontraba dominado por “absurdas confusiones”. Con esas palabras, el comunismo describía la situación de las universidades en ese momento. Observamos a la vez, una reivindicación del reformismo, un tono poco claro acerca de los cuestionamientos a la realidad de ese momento en el marco del gobierno dictatorial.
El elemento “democrático” aparece como el eje articulador de la Reforma Universitaria para los comunistas: “Tanto en el manejo del gobierno universitario como en la libertad de cátedras, la cogestión democrática se revela como pieza maestra de la reforma”.[22] En ese sentido, los instrumentos claves de la filosofía reformista eran el gobierno tripartito y la autonomía universitaria, los concursos públicos y la docencia libre, las cátedras paralelas y la extensión universitaria. Además, sostenían que a pesar de que el cuerpo de ideas reformista fuera renovado según la realidad de ese momento, el elemento democratizante persistiría como núcleo de la concepción universitaria moderna.
La FUA, conducida por el MNR, FM y MOR/FJC, consideraba que la Reforma Universitaria, de ninguna manera era “un recuerdo nostálgico de un pasado glorioso”, sino que era la reafirmación de un compromiso de seguir trabajando por los mismos objetivos que en su momento permitió “impulsar el desarrollo universitario con docentes investigadores y profesionales de un nivel internacionalmente reconocido”.[23] Asimismo, postulaba que no había modelo educativo en Argentina al margen de las concepciones reformistas. De modo propositivo, este organismo convocaba en el marco del aniversario a conformar una “Comisión Nacional de Homenaje a la Reforma Universitaria”.[24] En paralelo, desde el comunismo, también procuraron brindar legitimidad a la FUA, en tanto organismo estudiantil producto directo de dicho movimiento de cambio.[25]
La Reforma Universitaria, esta no fue abandonada como tema ni reivindicación. Por el contrario, continuó siendo recuperada a modo de orientar los posicionamientos sobre la política universitaria del momento. El PST destacaba la importancia de la autonomía universitaria como elemento constitutivo de la Reforma Universitaria:
Al pasar hemos oído por ahí que hubo tiempos en que las cosas eran distintas, que las luchas heroicas del movimiento estudiantil habían forjado otra universidad. La universidad autónoma. La autonomía fue la forma de funcionamiento de las universidades hasta su aplastamiento por el golpe del general Onganía, en junio de 1966. La idea central de la autonomía era que los problemas de la universidad debían ser resueltos democráticamente y en forma independiente del gobierno o de los poderes estatales por la propia comunidad universitaria, y que el rol del estado era asignarle los recursos presupuestarios necesarios para su desenvolvimiento y nada más[26]
La universidad autónoma era presentada como producto de largos años de luchas estudiantiles contra el elitismo y el autoritarismo. En ese momento, sostenían, la autonomía aparecía como distante y lejana a la vez que legítima y necesaria en tanto su reconquista estaba íntimamente ligada a la posibilidad de que el pueblo todo pudiera decidir democráticamente su futuro.[27]
Por un lado, la autonomía aparece en esta nota como algo que requería y merecía ser explicado. Es decir, algo desconocido para los universitarios del momento que desde esta tendencia política era fundamental rescatar y destacar. Por otro, y en relación a ello, la autonomía aparece como una necesidad y una meta para orientar la política del movimiento estudiantil de cara a un proceso de democratización de la sociedad en contra de la dictadura. En efecto, el reformismo es recuperado a partir de su componente democratizador y opuesto a gobiernos y actitudes autoritarias.
Contra la legislación universitaria de la dictadura
En 1979, ante la aparición de un proyecto de ley universitaria,[28] los principios reformistas fueron invocados nuevamente. Como hemos desarrollado, numerosos sectores académicos, profesionales y políticos cuestionaron la iniciativa ministerial, fundamentalmente por el modo inconsulto en el que fue elaborada.[29]
Los estudiantes comunistas realizaron una crítica detallada sobre algunos de los artículos más polémicos. Al respecto, afirmaban que si bien el número 5 sostenía la “autonomía académica, autarquía administrativa y financiera” de las universidades, también se postulaba que el PEN designaría a los rectores, quienes elegirían a los decanos y todos juntos conformarían el consejo superior. De este modo, cuestionaban que el rol destinado a los consejos académicos y a la asamblea universitaria era meramente decorativo ya que no habría ningún cargo electivo, las autoridades en ningún caso serían designadas por sus pares y el proyecto no preveía la mínima fiscalización por parte de los claustros. Tampoco las casas de estudio podían definir la modalidad de ingreso a sus carreras y los graduados y estudiantes tenían prohibida la participación en el gobierno universitario.[30]
Así, la FJC/MOR responsabilizaba directamente al ministro de educación por el contenido de la ley, denominándolo como “Llerena de Hoz” haciendo referencia a la similitud entre las orientaciones económicas de Martínez de Hoz y las educativas de Llerena Amadeo: “La misma política dependiente y extranjerizante, la misma orientación liquidacionista. Dos caras de la misma moneda”.[31] Así, la ley institucionalizaba el “delito de opinión”, ratificaba el “carácter elitista y limitacionista de la enseñanza de ese momento, que apostaba a la formación de “un pequeño grupo de dirigentes de los sectores dominantes” y liquidaba una universidad que aporte al desarrollo independiente del país, acorde a las necesidades del pueblo. Además, concordaba con el resto de las agrupaciones de izquierda en que la ley eliminaba la participación estudiantil en el gobierno universitario, limitando al estudiantado a una “Integración responsable” que se reducía a “jugar unos regios picaditos y organizar algunos bailes juveniles”.[32] Para ello, planteaba el comunismo, las autoridades ministeriales intentaban capitalizar “los errores de las experiencias de participación estudiantil anteriores a 1973”, negando la capacidad de un aporte constructivo por parte de los estudiantes. De este modo, se creaba “un perfil de estudiante sin inquietudes, aislado del medio social, convencido de que el éxito del estudio es función del esfuerzo individual únicamente”.[33]
Para la FUA, los contenidos del proyecto “burlaban” una vez más “los conceptos de autonomía, co-gobierno, reemplazándolos por un régimen autoritario”.[34] Por el contrario, se sentían autorizados a afirmar que “en la Argentina ninguna ley universitaria que ignoró los postulados de la reforma sirvió para engrandecer a la universidad”.[35] Asimismo, sostenían que aquella ley que ignorara a la comunidad académica y a las organizaciones representativas de la vida política y social de la nación carecería de vigencia.
Al respecto, también se expresó el sector de Franja Morada identificado con la Corriente Nacional y Popular sostenía que “un espíritu antidemocrático, antiparticipativo, elitista y reaccionario (…) recorría el enunciado de este proyecto ministerial” ya que tanto los rectores como los decanos serían “nombrados a dedo”, negando el co-gobierno y la libertad de cátedra.[36] Los estudiantes integrantes de esta corriente afirmaban negarse a aceptar en silencio que se desconociera el papel protagónico del estudiantado, “verdadero motivo y, ‘Producto final’ de las casas de altos estudios”. Denunciaban que se les negara la participación en el gobierno de las facultades y de la universidad, así como también la posibilidad de organizarse en centros de estudiantes.[37]
La FUA sostenía que el tipo de universidad que el país necesitaba era una institución que tendiera a
la formación de profesionales que permitan un desarrollo científico-técnico y de la cultura nacional, abriendo sus puertas a los sectores populares, integrándola al estudio y a la solución de los grandes problemas nacionales en el marco de lograr un futuro de bienestar para todos los argentinos[38]
Asimismo, identificaba como grave que el proyecto cuestionara el principio de gratuidad de los estudios, pilar básico de un sistema democrático:
Cuando el objetivo es un país al servicio del gran capital multinacional, negándole a su pueblo el acceso a la educación, se cierran escuelas, se instrumentan exámenes de ingreso a la universidad, se proyecta arancelar la enseñanza superior, se cierran hospitales y se paralizan los planes de viviendas populares. Queda evidenciado en los planes educacionales y económico imperantes, la implementación de un modelo de país contrapuesto con los intereses de la nación y el pueblo todo[39]
Otro sector de la política estudiantil referenciado con el Desarrollismo de Rogelio Frigerio, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), también cuestionó que la comunidad académica no hubiera sido convocada a conversar sobre la normativa. Sostenían que querían participar de manera responsable.[40] Así, consideraban que “el proyecto supone que la sociedad argentina no está en condiciones de dejar definitivamente atrás el lastre de la subversión apátrida y que el país no está en aptitud de crecer en cantidad y calidad como para permitirse una universidad grande, abierta, libre y creadora”.[41] Sobre las restricciones a la libertad de enseñar y aprender y al ejercicio de la política partidaria por parte de los docentes y autoridades de la universidad, la UNE consideraba que no era posible impedir la reflexión y la toma de posición de los universitarios respecto de los problemas nacionales fundamentales. Estas prohibiciones, afirmaban, impedirían desarrollar la enseñanza y la investigación para un país “grande, soberano y justo en la distribución de los bienes”.[42] Así, sostenían rechazar una universidad-isla, enfrascada en asuntos ajenos a su entorno social y que la deseaban conectada a la sociedad argentina, sin subordinarse a intereses del poder económico que impedían la superación del atraso y la dependencia nacional.[43] En ese sentido, cuestionaba la intención de arancelar la universidad estatal.
Desde el trotskismo, también se cuestionó este proyecto. La UJS consideraba que la ley le daba fuerza legal al slogan de las FFAA de continuar la “guerra antisubversiva en el campo ideológico”. Condenaba su carácter proscriptivo, y en oposición planteaban la necesidad de reivindicar el derecho de los estudiantes, los docentes y los no docentes a decidir sobre los destinos de la universidad, es decir luchar por la autonomía y el cogobierno. Estas, describía, era las banderas del Reforma de 1918 que describían como “un movimiento de masas democrático y antiimperialista” cuyas consignas principales continuaban vigentes. La autonomía era entendida como “un instrumento de defensa de la educación contra las tendencias destructivas del capitalismo”.[44] Esta agrupación trotskista sostenía necesario convocar a un plan de acción nacional contra la misma, a partir de un plenario nacional. En ese sentido, cuestionaban fuertemente a las agrupaciones que dirigían la FUA (FM, FJC) por su pasividad y por una actitud paciente ante la perspectiva de una transición democrática.[45]
En la publicación juvenil legal del PST también se cuestionaba el rol desempeñado por la FUA ante la sanción de la ley. Sobre la misma consideraba que la legislación que institucionalizaba los peores aspectos de la situación universitaria e incluso la empeoraba, liquidando de manera definitiva la autonomía universitaria. La ley era caracterizada como antidemocrática, con la finalidad de regresar al modelo universitario pre-reformista, elitista y oligárquico. Asimismo, consideraban que el punto fundamental de la ley era “maniatar y silenciar al estudiantado”, para impedir así la vinculación de la movilización estudiantil con la obrera tal cual había sucedido en 1918 y en el “Cordobazo”.[46]
Estos cuestionamientos al proyecto de ley no se volcaron en ese momento en acciones de movilización estudiantil. Si bien es factible pensar que ante tantos cuestionamientos intra y extra claustros al proyecto de ley generó un clima de creciente disconformidad. En ese sentido, desde la izquierda se sostenía que la crítica global o particular a la gestión del ministro Llerena Amadeo por parte de corrientes políticas, medios gráficos o instituciones se había convertido en “deporte político nacional”.[47] Hasta 1979 este clima de crítica y disconformidad no logró articularse bajo la forma de movilización estudiantil.
Desbaratar el “continuismo”
A nivel estudiantil, las agrupaciones (FM CNP y JCN, MNR, MR 15 de junio, JUSA, FJC/MOR, LUCHA, UNE, MAS, JUP, Bloque Peronista, MIU, UJS, JS, FAUDI) tomaron como una de sus reivindicaciones principales la denuncia y condena de los concursos docentes realizados durante 1982, exigiendo tanto su interrupción como también que los nombramientos producto de los ya consumados no fueran reconocidos. Desde su perspectiva, consideraban a este proceso destinado a constituir los claustros y el gobierno universitario como una “maniobra continuista” que buscaba perpetuar a los funcionarios del régimen y así, entorpecer y desestabilizar al gobierno democrático que llegaba.[48]
Estos concursos buscan dejar una cría del Proceso. A través de esta universidad se intentará condicionar al próximo gobierno constitucional. Como el gobierno futuro se verá en la obligación de anular estos concursos se busca así que se tenga que enfrentar al cuerpo docente. Los profesores que se presentan a concurso no son todos aliados del proceso, pero también se especula con eso[49]
La ley 22.207 fue sancionada sin congreso y desde ya la desconocemos. Esta ley es la que legaliza el arancelamiento, el sistema de ingreso y los concursos, frena la investigación y pone a la universidad al servicio de una elite. Los concursos se hacen para garantizar que los sectores que han desarrollado una buena relación con el Proceso continúan, después con un gobierno constitucional[50]
Las asambleas de estudiantes desarrolladas durante el segundo semestre de 1982 se pronunciaron en contra de los concursos docentes.[51] También los Centros de Estudiantes se manifestaron contrarios a este proceso en festivales o eventos, o bien se presentaron petitorios ante el rectorado.[52] También las revistas estudiantiles “desde abajo” como Espejos, Interacción, Doble Hélice, Enlaces, Encuentro se manifestaron en oposición a estos mecanismos de selección docente según la normativa dispuesta desde el rectorado y el ministerio. En noviembre de 1982, 15 agrupamientos universitarios se movilizaron “unidos para impedir el continuismo” y evitar que el rector Rodríguez Varela conformara un gobierno “a contrapelo” de los reclamos de la comunidad universitaria.[53] Asimismo, el 14 de diciembre agrupaciones universitarias que respondían a partidos políticos nucleados en la Multipartidaria (FM, FJC/MOR, CEP, FREPU) realizaron un acto en contra de los concursos docentes. Sostenían que los mismos estaban viciados de nulidad y que su objetivo era prolongar dentro de la universidad “la mediocridad y la insensibilización del estudiantado”, así como consolidar una “política de destrucción” que sólo garantizaba, sostenían, una universidad como “reducto oligárquico”.[54] Estas organizaciones conformaron también el “Frente Unitario de Acción Conjunta contra la ley y los concursos universitarios”.[55] Como se observa, el rechazo a los concursos docentes era uno de los puntos de acuerdo general entre las agrupaciones de las distintas tendencias.
Es importante destacar que incluso las agrupaciones más cercanas ideológicamente al modelo universitario dictatorial cuestionaban los mecanismos a través de los cuales se desarrollaban los concursos. UPAU consideraba que las selecciones habían estado condicionadas por un tiempo político determinado en un sistema que negaba la autonomía de la universidad. Sin embargo, a diferencia de las demás agrupaciones, rechazaba la remoción de los docentes nombrados y la anulación de los concursos ya desarrollados. Sostenía esta organización que los casos irregulares deberían revisarse a nivel judicial.[56]
Los cuestionamientos generalizados no impidieron la realización de los concursos ni la meta de “normalizar” los claustros según la normativa universitaria vigente. Esto supuso las críticas de los agrupamientos trotskistas a las conducciones de la FUBA y la FUA por haber entorpecido la movilización a la espera de la designación de un rector “amable” respecto a la Multipartidaria. En concreto, la designación de Segovia Fernández como “rector normalizador” era considerada como una continuidad debido a que el mismo se había desempeñado como decano interventor de la Facultad de Ciencias Exactas desarrollando al pie de la letra la política digitada por la dictadura incluso redoblando la apuesta al continuar impidiendo la reunión pública de los estudiantes.[57] Más allá de no haber logrado detener los concursos ni la designación de nuevas autoridades junto a la conformación de los Consejos Docentes, el cuestionamiento a estos intentos “continuistas” supuso la crítica abierta al modelo universitario de la dictadura y también la propuesta de un modelo alternativo. En relación directa con el problema del “continuismo” se planteaba la necesidad de una universidad autónoma que se auto-gobernara con la participación del conjunto de su comunidad.
El cuestionamiento a la “normalización” como fin y a los concursos como medio incorporó el “tema de la participación estudiantil” ya que la ley establecía que el gobierno de la UBA recaería exclusivamente sobre una minoría de profesores titulares y las autoridades designadas por el PEN. A los estudiantes les correspondía un lugar pasivo y secundario, adquiriendo enseñanzas de sus profesores y aceptando los espacios cedidos para su expresión (boletines, entrevistas, encuestas, etc.). Las agrupaciones estudiantiles exigían ser escuchadas y obtener el lugar que ellos consideraban que al claustro estudiantil le correspondía en la casas de altos estudios.
A partir de estas críticas, desde los diversos sectores políticos, se comenzaba a articular a grandes rasgos un modelo alternativo de universidad. En este marco, el rescate de la tradición reformista por una gran parte de la militancia estudiantil fue central. La autonomía y el co-gobierno con participación estudiantil eran dos de los pilares para construir una universidad democrática en la que todos los miembros de la comunidad tendrían espacio para la expresión. Sólo así, afirmaban, se podría poner fin a la universidad jerárquica, autoritaria y anti-democrática de la dictadura. Observamos como ya para fines de 1982, el movimiento estudiantil había generado un planteo global de oposición a la dictadura en materia universitaria, y este, además se articulaba con el movimiento social y político nacional que desde diferentes sectores bregaba por el fin de la dictadura y la transición a un sistema democrático. La universidad debía ser democrática como el nuevo gobierno, atendiendo al desarrollo nacional.
Universidad democrática: ¿bajo qué marco legal?
Como hemos descripto, existía un acuerdo general entre las agrupaciones estudiantiles sobre la anulación de la ley 22.207. En cambio, se planteó un intenso debate respecto de la normativa que debía aplicarse en su lugar. Los militantes comunistas e intransigentes, junto con peronistas y radicales, sostenían que debía entrar en vigencia la última normativa universitaria sancionada bajo un gobierno democrático: la ley 20.654 de 1974. Estos sectores reconocían que dicha legislación era perfectible y requería de una revisión y reformulación adaptada al momento presente ya que consideraban que sus principales fallas tenían que ver con el momento histórico en que la norma había sido elaborada. Los grupos peronistas afirmaban que consideraban a la ley 20.654 como
el instrumento más idóneo para salir de un orden dictatorial definido por una persistente violencia ideológica, política, física y cultural, e iniciar el lento y difícil camino de la RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO Y DE NUESTRO DESARROLLO COMO NACION[58]
Entre las virtudes que identificaban en la legislación se encontraban el establecimiento de la gratuidad de la enseñanza (contra los aranceles); la libertad de cátedra; la incompatibilidad entre el desarrollo de tareas de docencia en las UUNN y el desempeño de funciones en empresas multinacionales extranjeras; y, la capacidad de cada universidad de definir su propio sistema académico y administrativo. De este modo, destacaban que la ley reconocía la autonomía, pero no en tanto “aislamiento institucional” respecto del pueblo, impidiendo que la universidad se mantuviera como un “instrumento de las minorías”. Asimismo, contra los esfuerzos continuistas, la norma de 1974 establecía la selección docente a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y un sistema de auto gobierno con participación docente, no docente y estudiantil, al que proponían sumar consejos asesores integrados por graduados. Respecto del desarrollo de la política estudiantil, sostenían que la ley no regulaba la actividad y organización de dicho claustro por lo que no impugnaba el funcionamiento de los centros de estudiantes.[59]
En cambio, los sectores trotskistas (UJS/PO, MAS) se oponían argumentando que la ley 20.654 posibilitaba la intervención en las UUNN por el PEN a la vez que este se reservaba el derecho a reincorporar o no a los docentes cesanteados; prohibía la actividad política en las facultades; restringía la participación estudiantil en el co-gobierno; disponía la designación de las autoridades por el PEN, e implantaba exámenes de ingreso. Esta normativa, describían, había posibilitado el nombramiento de Ivanissevich y Ottalagano en 1974, la represión en la universidad, las cesantías de los docentes, el desmantelamiento de la investigación, la persecución al movimiento estudiantil, etc. Así, los centros de estudiantes no serían factibles bajo dicha legislación y es por eso que el movimiento estudiantil la había resistido al momento de su sanción. Aceptar esa normativa implicaba firmarle un “cheque en blanco” al próximo gobierno.[60]
Como indicaba el título de su volante, estas agrupaciones contraponían la ley 20.654 a la autonomía y a la democracia. La democracia en la universidad significaba
Que la comunidad universitaria, los que hacen la universidad con su trabajo y estudio diario, sean los que elijan sus propias autoridades sin ningún tipo de ingerencia (sic). Que la comunidad universitaria, y el estudiantado, como parte mayoritaria de ella, resuelva democráticamente todos los graves problemas que nos aquejan luego de 7 años de dictadura de oscurantismo y de destrucción de la universidad[61]
En efecto, la ley 20.654 era interpretada por estos sectores, como otra manifestación de continuismo debido a su carácter reaccionario y anti-democrático por no posibilitar efectivamente la autonomía y el co-gobierno universitario, y prohibir además toda actividad política y/o gremial. Con esta normativa, consideraban, “se instrumentó la derrota del movimiento estudiantil en 1975, le sucedieron las leyes 21.276 y 22.207 de la dictadura que complementaron el trabajo realizado por Isabel Perón y López Rega”.[62]
Por su parte, las agrupaciones independientes de izquierda, como el MTU, planteaban la elaboración de una nueva ley universitaria en reemplazo de la 22.207 que debía ser derogada. La misma debía ser orientada por los principios de la Reforma Universitaria de 1918, pero los mismos debían ser reactualizados a la luz de la “situación política, social y económica” de esos días. La maoísta FAUDI, en esa línea, proponía la conformación de un Consejo estudiantil-docente-no docente para discutir la nueva ley. Esta tendencia también cuestionaba la llamada “Ley Taiana” por anular la autonomía y el co-gobierno, siendo las autoridades designadas por el PEN. Además, sostenían críticamente que dicha legislación había posibilitado que la JUP-Montoneros tuviera primacía en la universidad, degradando la enseñanza, y también, “sirviendo en bandeja” a los claustros a Ivanissevich en 1974.[63]
El cuestionamiento a los concursos docentes y el “continuismo” dictatorial en la universidad sumado a la condena de la educación restrictiva y elitista se articuló en una crítica global a la política universitaria de la dictadura. Dicho planteo global se cristalizó la crítica a la ley universitaria como la expresión normativa del modelo universitario impulsado por el MCE. En ese sentido, la movilización contra los concursos docentes ponía de manifiesto la articulación entre la normativa universitaria y la búsqueda de las autoridades de heredar una universidad “en orden, jerárquica y de acuerdo a los valores cristianos occidentales”. El movimiento estudiantil exigía el cese de la ley 22.204 para dar por tierra con la “universidad del proceso”.
Como observamos, la “democracia” como modelo opuesto a la “dictadura” era colocada en un lugar central del debate político nacional y en la universidad también. El ideario reformista focalizado en la modalidad de gobierno universitario funcionaba muy bien en dicha construcción discursiva, la universidad reformista/democrática era la que la dictadura había querido eliminar para construir una universidad autoritaria (represiva) y anti-popular. Entonces, el reformismo fue revalorizado por su contenido democrático a la par que las ideas de transformación radical/revolucionaria de la sociedad -y la universidad- perdía espacio entre los discursos mayoritarios de las agrupaciones estudiantiles. La transformación que se definía como urgente y necesaria era la democracia.
Las agrupaciones y la “universidad de la democracia”[64]
A continuación, abordamos los planteos de las agrupaciones de respecto del modelo de participación estudiantil y de centro de estudiantes, el lugar de la política en la universidad, la idea de universidad que tenían como horizonte propuestos durante el proceso electoral. En principio, es importante destacar que la totalidad de las agrupaciones (partidarias, independientes de derecha o izquierda) participaron de los comicios y postulaban la importancia de conformar los centros de estudiantes a partir de nuevas autoridades para la comisión directiva. Estos eran considerados como los órganos “naturales”, “genuinos”, tradicionales de reunión y representación de los intereses estudiantiles. En términos generales, había acuerdo respecto de que los centros no debían responder a intereses “partidarios” y representar a la totalidad de los estudiantes. Así, proponían centros de estudiantes “democráticos y representativos”. Existía acuerdo también en que el mismo debía estructurar su funcionamiento a partir de una Comisión Directiva compuesta proporcionalmente en función de los resultados electorales, con una asamblea general como máximo órgano decisorio y un cuerpo de delegados por curso. Sobre este último organismo, UPAU se manifestó abiertamente en contra por considerarlo como un “soviet”.[65]
Las plataformas de todas las agrupaciones (radicales, izquierda, peronistas, independientes) dedicaban varias páginas a propuestas gremiales concretas para mejorar la cursada de los estudiantes, así como también aspectos académicos de las diversas carreras. Así, más allá de exigir la anulación de la ley 22.207 y de plantear alternativas respecto de los aranceles, el sistema de ingreso y los concursos docentes, las agrupaciones realizaban un exhaustivo listado de mejoras en la vida de los claustros. También realizaban planteos de carácter académicos como la creación de carreras más cortas con títulos intermedios y de espacios de investigación junto a docentes donde pudieran participar los estudiantes, junto a la revisión y actualización de los planes de estudio de cada carrera, el establecimiento de la libertad de cátedra y la posibilidad de proponer cátedras paralelas.
En complemento, había acuerdo entre las agrupaciones que el propio centro debía desarrollar tareas gremiales como: la administración de un bar/comedor, la publicación de los apuntes y bibliografía de estudio, la publicación de boletines y revistas de los centros, la organización de actividades sociales, deportivas y culturales a partir de la constitución de comisiones o secretarías de trabajo. Como señalaban en la prensa de ese momento, este tipo de texto (propuestas por facultad y carrera) tenían preeminencia sobre posicionamientos generales sobre la política nacional. En particular, se destacaba que eran las agrupaciones de izquierda las que incluían la responsabilidad de la dictadura en la situación universitaria vigente y la necesidad de la salida del poder de las FFAA para iniciar el proceso de democratización de la universidad. En contraste, las independientes de derecha (Iustum, Quantum, Nobis, etc.) y UPAU sostenían que las funciones de los centros debían ser exclusivamente gremiales y bajo ningún punto de vista políticas, “sirviendo a los intereses generales e individuales del estudiante”.
Respecto del lugar de la política en la universidad, los grupos independientes de derecha y agrupaciones liberales como UPAU presentaban matices entre sí, mientras las independientes postulaban un “apoliticismo” al interior de los claustros, UPAU planteaba la necesidad imperiosa de desplegar la política en la universidad pero en términos “moderados, opuestos a los totalitarismos y la violencia”, tal como se habían desarrollado entre 1973 y 1976, según su diagnóstico. A la vez, consideraba que la prohibición de la política en la universidad era una actitud totalitaria y una medida impracticable. En palabras de Carlos Maslatón, su principal dirigente, esta agrupación se postulaba como la alternativa a la continuidad del proyecto de Llerena Amadeo “la universidad del silencio” y a la izquierda comunista y socialista que según su mirada había generado “la universidad de la violencia”.[66] Así, las expresiones políticas, necesarias, debían encontrar su límite en la no interferencia de la marcha académica normal de la universidad y en el daño físico sobre personas y bienes. En cambio, Iustum proponía una “universidad armónica” al servicio de la sociedad en función de la formación integral de los futuros profesionales y de la producción de conocimiento.[67] Dicha institución no debía convertirse en un “comité” donde primara la “agitación político partidaria”, los partidos podrían accionar sobre la universidad únicamente a través del congreso y de la elaboración de legislación. De este modo, había que evitar dos “excesos”: la partidización entendida como “saturación ideológica o política de toda actividad académica y científica en pos de intereses extrauniversitarios” y la apatía que insensibilizaba al alumno frente a los problemas del país, transformándolo en un “ser indiferente”. Estos extremos, sostenían desde la agrupación, “desnaturalizaban” a la actividad académica y a la universidad como institución, al “perturbar la paz creativa y cauterizar la inteligencia crítica, presupuestos básicos para toda actividad científica”.[68]
En cambio, las agrupaciones peronistas, radicales, trotskistas, maoístas, comunistas, intransigentes, independientes de izquierda sostenían la importancia del desarrollo de un posicionamiento político claro además del despliegue de tareas gremiales. En ese sentido, había acuerdo general en una postura anti-imperialista, de defensa de los DDHH, de condena a lo actuado por la última dictadura y del deber del movimiento estudiantil de ser protagonista de la construcción de “la universidad de la democracia” que sirviera a los intereses “del pueblo y la nación”. A diferencia de los años previos, durante esta etapa, las agrupaciones construyeron caracterizaciones sobre un modelo de universidad para la etapa que seguía. A nivel general, el horizonte, el marco y el objetivo era la democracia. Así, la universidad debía ser objeto de un proceso de democratización interno a través de un conjunto de transformación que nacían con la eliminación de la legislación vigente, y a la vez, debía ser actor junto al movimiento estudiantil de un proceso amplio de transformación social y política a nivel general de modo de no convertirse en un “obstáculo” o un “elemento desestabilizador” de la construcción democrática a nivel país.
Respecto de la posición de las agrupaciones sobre la autonomía universitaria, si bien la misma era levantada como bandera fundamental existían matices respecto de su significado y alcance. En general, los sectores intransigentes, independientes de izquierda y peronistas cuestionaban la aplicación que había tenido la autonomía entre 1955 y 1966 al fomentar el aislacionismo entre los claustros, los movimientos nacionales y los problemas del pueblo en general. En ese sentido, planteaban que a pesar de que la comunidad universitaria pudiera elegir sus propias autoridades, sus formas de organizarse y de administrarse, el proyecto de la universidad debía subsumirse al de la nación y por ende sectores ajenos a la institución podían tener injerencia en la definición de objetivos, proyectos y planes de estudio.[69]
Una universidad al servicio del pueblo que busque recuperar su identidad cultural y superar la dependencia; encarnada en la realidad, que se replantee la óptica política desde el cual enfocar el estudio de las distintas disciplinas, que defina qué tipo de profesiones quiere para el proyecto nacional y popular, que prioridades tiene para la investigación, que diga ‘no’ al cientificismo pseudo-democrático[70]
Los sectores que reivindicaban sin matices a la autonomía afirmaban con contundencia la implicación de la universidad con la realidad nacional general. En ese sentido, sostenían que los postulados originarios de la reforma universitaria de 1918 referían a su apertura al pueblo, a una posición anti-imperialista y de alianza con los sectores trabajadores. Así, respondían a los cuestionamientos acerca del aislacionismo que la autonomía conllevaría. A la vez, planteaban que la universidad debía colaborar en los procesos de transformación política y social, inserta en un proyecto general (socialista, de liberación nacional, de desarrollo, nacional y popular). Consideraban que la propuesta “apolicitista” era la que fomentaba el aislacionismo de los sectores universitarios respecto de la realidad nacional.
Entre estos sectores, la caracterización del modelo de universitario buscado para el futuro coincidía en ciertos rasgos, era una universidad democrática, abierta al pueblo (o popular), científica, autónoma y co-gobernada.
nos declaramos fervientes partidarios de la autonomía y el cogobierno, sistema por el cual los integrantes de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, son los que toman en sus manos a través de las organizaciones gremiales, los sindicatos y los centros estudiantiles, los destino de la universidad sin injerencia estatal o represiva de ningún tipo y vinculándonos a través de esas organizaciones, con el conjunto de los trabajadores[71]
Queremos estudiar mejor, en una universidad que ponga la ciencia y la cultura al servicio de la liberación, en un país democrático, con plena vigencia de los derechos humanos. Para lograrlo los estudiantes debemos unir nuestra lucha a la de todo el pueblo y conquistar ya la democracia en la universidad. Aspiramos a una universidad plenamente insertada en la realidad del país, en la que se formen profesionales e investigadores capaces, dotados de una conciencia nacional y progresista y que contribuyan al desarrollo y a la independencia económica y cultural de nuestra patria[72]
Creemos que hoy la lucha del estudiantado debe apuntara formar y formarse una clara conciencia universitaria nacional y popular de contenido latinoamericanista y anti-oligárquico. Cabe destacar que esta conciencia debe ser compartida por los tres estamentos del cogobierno: docentes, graduados y estudiantes. El gobierno así formado transformará la universidad autónoma aislacionista en una autonomía nacional y popular. En este concepto de autonomía universitaria donde entronca la existencia de un movimiento independiente en la universidad, que al no tener compromisos con ningún sector partidario y subordinándose únicamente a los intereses generales el país, permitirá la lucha por la aplicación y defensa de estos principios[73]
Es importante destacar que los sectores conservadores (derechas independientes o no) también destacaban la necesidad de la autonomía y el co-gobierno. Nobis defendía abiertamente la importancia de una universidad autónoma, tanto de los poderes estatales como de los demás actores políticos que podrían intervenir en los claustros. De este modo, la autonomía era re-significada en clave, también, de “apoliticismo”. Al respecto, UPAU sostenía que co-gobierno no era sinónimo de “caos, violencia o subversión”, tampoco podía entenderse como “un engendro corporativista” o un “régimen anárquico donde un grupo de alumnos con comportamiento de matones menos precian a docentes y decanos, no respetando sus investiduras”. Por el contrario, entendían al co-gobierno como “democracia aplicada a un ente estatal de educación… teórica y prácticamente la mejor forma para que la comunidad de docentes y alumnos realice sus fines esenciales de aprendizaje e investigación científica”.[74] En ese esquema, la participación estudiantil era proporcionalmente menor que la de los docentes e igual a la de los graduados. La misma además, aclaraban, no podía ser a través de los centros de estudiantes (exclusivamente gremiales) sino por medio de consejeros específicamente electos.
Iustum, por su parte, entendía que era de suma importancia la “representación estudiantil con voz” en los cuerpos directivos, fundada en los derechos de opinión y de peticionar a las autoridades garantizados por la Constitución Nacional. Observamos como aún las agrupaciones más conservadoras sostienen el derecho y la imperiosa necesidad de participación y expresión por parte de los estudiantes, aunque la misma debía ser en su calidad de estudiantes, es decir, abocada a cuestiones gremiales.
Al recorrer las plataformas electorales de todo el arco político estudiantil observamos ejes comunes de preocupación. El más importante de ellos era lograr el interés y la participación del estudiantado. Para ello, los grupos desarrollaron materiales de alto contenido explicativo acerca de qué era un centro de estudiantes, cómo se constituía, cuáles eran sus tareas. En esa caracterización sobresalían las funciones gremiales que correspondían a los representantes “naturales” de los intereses estudiantiles. De este modo, si bien las agrupaciones que no se auto-definían como “apoliticistas”, insistían en el papel político de estos órganos estudiantiles, la misma quedaba desdibujada ante la escasez de referencias políticas nacionales o incluso de la política educativa.[75] La crítica a la situación actual, en la mayoría de las plataformas, se convertía en un listado de propuestas para mejorar la vida en los claustros. Ahora bien, si las referencias a la política nacional eran relativamente escasas al igual que los cuestionamientos y las denuncias a la dictadura, el concepto de que los estudiantes se organicen para transforma a la universidad si bien no era una novedad porque venía sucediendo hacía años, se extendía y propagaba en la invitación que las agrupaciones realizaban a los estudiantes para que participaran votando, asistiendo a las asambleas, eligiendo delegados por curso. De este modo, se generó un llamado al resto del cuerpo estudiantil para que abandonara una postura pasiva y se sumara a pensar y concretar una nueva universidad para una nueva etapa nacional. En ese sentido, es posible identificar una ruptura con el modelo de estudiante propuesto por la dictadura. Es válido también considerar los límites de ese distanciamiento al considerar las características del modelo de participación estudiantil en el que se destacaba la importancia de la formación de los estudiantes, los límites gremiales que debía tener (o que alcanzaba en la realidad) y la necesaria distancia con la participación política partidaria de los jóvenes que debía volcarse en la arena pública y no en los claustros.
En concreto “la universidad de la democracia”, florecería con un estudiantado activo que participara de sus órganos gremiales acercando propuestas para mejorar aspectos cotidianos y académicos de la vida en los claustros. Esta participación no sería en los espacios pautados y regulados por las autoridades sino en espacios generados y coordinados por los propios estudiantes, insistiendo en la importancia de cuestiones como el “diálogo”, la “madurez”, y la “moderación” de los participantes. Asimismo, y en ese sentido, las agrupaciones destacan la importancia crucial de la participación estudiantil en el co-gobierno de modo de no vetar la expresión de sus posturas y la exigencia de sus derechos, y de no permitir que agentes externos a la institución influyan sobre los destinos de la misma. Como hemos señalado ya, la autonomía y el co-gobierno en tanto forma más democrática de administración y gobierno de las casas de estudio, se constituyeron en puntos fundamentales para oponer al funcionamiento de los claustros durante la dictadura.
A modo de cierre
En el presente artículo hemos recorrido sintéticamente las diferentes etapas que atravesó el movimiento estudiantil porteño con la finalidad de analizar el devenir de la tradición reformista durante la última dictadura. Hemos planteado en la introducción que al iniciarse la posdictadura, la agrupación universitaria del radicalismo se auto-presentó como la heredera de la Reforma de 1918. Sin embargo, a lo largo del texto hemos dado cuenta de que tempranamente las banderas del reformismo así como sus formas históricas de organización (centros y federaciones estudiantiles) fueron revalorizadas y re-significadas por la totalidad de las agrupaciones estudiantiles ante diversas coyunturas y reivindicaciones. Esta situación merece nuestro especial interés en la medida de que la propia dictadura identificó a la Reforma como el inicio de la “infiltración comunista” en los claustros y construyó su modelo de funcionamiento de los claustros en oposición a la tradición iniciada en Córdoba en 1918: instituciones subordinadas al poder ejecutivo, jerárquicas sin posibilidad de participación, organización y politización por parte del estudiantado.
En particular, hemos analizado aquellas operaciones de recuperación de la autonomía y el co-gobierno como pilares fundamentales para presentar, más o menos abiertamente, cuestionamientos a la realidad vigente en el sistema universitario y la UBA en particular durante la etapa estudiada. En ese sentido, la reforma fue especialmente destacada por el comunismo y el radicalismo en función de su componente democrático. Durante los meses finales del régimen del auto denominado “Proceso de Reorganización Nacional” la estructura y los principios de funcionamientos de la “universidad reformista” funcionaron como el mecanismo para trasladar el proceso democratizador de la sociedad a los claustros.
El reformismo fue crecientemente relacionado e identificado con formas de la democracia de las instituciones contra cualquier tipo de autoritarismo, y abandonó, por acción de las propias organizaciones políticas, su identificación con la movilización estudiantil radicalizada a la izquierda de las décadas de 1960 y 1970, etapa denotada con una fuerte carga negativa. En ese marco, la agrupación comunista históricamente denominada como “Movimiento de Orientación Reformista” abandonó dicho título de modo de diferenciarse y dejar atrás “el pasado”.
Al respecto, es importante recuperar el análisis de Millán acerca del proceso por el cual el reformismo, a partir de los posicionamientos de las agrupaciones comunistas y radicales, adoptó posturas moderadas sosteniendo como principal objetivo la normalización universitaria durante el año 1975 y abandonando proyectos de transformación revolucionaria de la sociedad.[76] Esta situación, es importante considerar, se dio en el marco de la agudización de las políticas represivas hacia los sectores militantes de la izquierda y la universidad en general. Siguiendo dicha lectura, es posible identificar líneas de continuidad en un proceso de creciente moderación del reformismo universitario de Buenos Aires que se extendió y cristalizó definitivamente durante la última dictadura.
La auto-asignación del radicalismo como “hijos de la Reforma de 1918” se dio en el marco de dicho proceso de “des-radicalización” política del reformismo que incluso cuando era revalorizado por otros sectores políticos como el camino para superar la universidad de la dictadura, lo era en tanto mecanismos institucionales para democratizar el funcionamiento de los claustros, y dejar atrás, asimismo, la “universidad de la violencia/de 1979/del caos”. Las propuestas respaldadas mayoritariamente por el estudiantado apostaron a un discurso de participación estudiantil gremial y política, solo en grados moderados con madurez y sin violencia.
Estas reconfiguraciones políticas e ideológica de las principales agrupaciones universitarias no pueden ser explicadas únicamente por procesos intra-universitarios (17 años de intervención universitaria, vigilancia y disciplinamiento constante en las facultades, “depuración” de la planta docente) ni por factores exclusivamente exógenos a los claustros (represión y terrorismo de estado contra militantes, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, derrota de proyectos políticos de transformación revolucionaria, transformaciones regresivas en la estructura social argentina, crisis y caída del bloque soviético, entre otras). En estas páginas hemos procurado reconstruir los procesos de cambios y recuperación de la tradición reformista, dejando abiertos numerosos interrogantes para construir explicaciones complejas para estos fenómenos que necesariamente deben ser articulados con procesos sociales y políticos de amplia escala.