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Nuevos aires: familias principales santafesinas, su reconfiguración y expansión frente a la nueva realidad atlántica. Santa Fe. Siglo XVIII
Irene Rodríguez*
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Cuadernos de Historia.
Serie economía y sociedad, N° 20, 2018, pp. 221 a 2521.
RECIBIDO: 27/02/2018. EVALUADO: 23/04/2018. ACEPTADO: 06/06/2018.
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Resumen
El seguimiento de algunas de las familias principales de Santa Fe durante el siglo XVIII nos ha permitido reconstruir la densa trama de relaciones que constituyó uno de los pilares sobre los cuales estos grupos privilegiados construyeron su dominio material y simbólico. La constante reconfiguración de estas redes -que trascendieron las fronteras locales y alcanzaron un vasto espacio que incluyó a la Metrópolis imperial- tuvo su propia dinámica en esta región, sobre todo en la especial coyuntura de fines de siglo con las reformas que la dinastía borbónica intentaba imponer sobre el territorio. La reconstrucción de las alianzas matrimoniales y de parentesco nos ha permitido observar las formas particulares de construcción política que hicieron posible el reacomodamiento de estos grupos de poder a los profundos cambios de finales del siglo XVIII en la región.
Palabras clave:
Vínculos familiares y de parentesco – Dominación material y simbólica - Siglo XVIII santafesino
Summary
A close follow up on some notable families from Santa Fe over the 18th century has made it possible to reconstruct the dense network of relationships upon which these privileged groups built their material and symbolic domination. The continuous reconfiguration of these networks -which extended beyond the local frontiers and reached a vast area that included the imperial Metropolis-, had its own dynamics, especially by the end of the century with the Bourbon dynasty´s attempt to put forward its reforms on the territory. Marriage and kinship ties reconstruction shed light on a particular form of political construction and the ability of these groups to adapt themselves to the deep changes the end of the 18th century would bring about.
Keywords:
Family and kinship networks – Symbolic and material domination – Santa Fe 18th Century
Introducción
Acercar la mirada y focalizar la lente de observación en algunos personajes y sus historias particulares o incluso excepcionales, permite cambiar nuestra perspectiva al tiempo que despliega ante nuestros ojos, y en toda su dinámica, prácticas concretas de actores concretos que, desde una escala de observación más general, resultarían inaccesibles. El seguimiento, durante casi la totalidad del siglo XVIII, de algunos miembros de las familias principales de la elite santafesina hizo posible desentrañar la compleja y particular forma de construcción política en esta región todavía marginal del imperio español. Este acercamiento de la mirada y la focalización en lo particular de ningún modo presupone que los casos y personajes cuyas huellas nos permitimos seguir, se presenten como ejemplo de problemas más generales. Por el contrario, es en esa particularidad donde está inscripta la generalidad de la que es parte. Walter Benjamin presenta una propuesta metodológica para la investigación histórica muy cercana a estos planteos cuando hablaba de detectar “el acontecimiento total en el análisis del momento pequeño, individual”.[1] En otro texto, Benjamin logra con una simple imagen dar cuenta de esta idea mejor que cualquier explicación teórica: “Así, por una pequeña brecha en el muro, un rayo de luz se filtra en el gabinete del alquimista y hace destellar cristales, esferas y triángulos”.[2]
Como señala Zacarías Moutoukias, no se trata de individualizar comportamientos típicos que sean representativos de una generalidad sino de visualizar los mecanismos sociales que puedan dar cuenta de la diferencia, de lo atípico de los comportamientos, de lo que queda a la orilla en los vestigios documentales.[3] Se trataría, como muestra este autor, no de una simple individualización de los actores sociales, sino de poner de relieve mecanismos de comportamiento social invisibles a los modelos estructurales. Una forma de acceso a una realidad que nos es extraña no desde la acumulación cuantitativa de casos iguales sino desde la recuperación del hecho que revela los límites de lo posible en un contexto determinado.
La recuperación, de la mano de la sociología y la antropología, de la institución familiar como centro de la construcción de las estructuras clientelares de los grupos de poder convierte a la familia en agente básico para el control y reproducción de los recursos en las sociedades preindustriales. Como señala Moutoukias, la constitución de vínculos de parentesco, amistad y clientelismo posibilitaba a las elites su organización empresarial, asegurándoles el acceso a la información, el crédito y los mercados a la vez que el control de las principales instituciones políticas coloniales por parte de la red permitía ubicarlas en el espacio de constitución de los contratos y, al mismo tiempo, en la institución que aseguraba su cumplimiento.[4] De allí que exista una identificación entre las redes personales y familiares y las estructuras de la autoridad política de modo que se encuentran, en términos de Darío Barriera, “…signos de vida política en ámbitos donde previamente no se pensaba que existieran”.[5]
Por otro lado, la reconstrucción de las redes y su dinámica política desde esta perspectiva nos remite, como veremos en cada uno de los casos que aquí presentamos, a un vasto territorio que excede la región e incluye no sólo la capital virreinal sino también los territorios imperiales más allá del Atlántico. Es importante tener en cuenta que el alcance de estas redes que fuimos observando a lo largo del siglo adquiere un ritmo acelerado sobre finales del mismo, durante la profunda crisis de este periodo que -si bien tuvo sus especificidades y su propia lógica en la región rioplatense- abarcó al mundo atlántico en general y culminó con la transformación de la economía, la sociedad y el orden político mundial.
El siglo XVIII santafesino
La ciudad de Santa Fe durante el siglo XVIII no se define sólo por el ámbito urbano sino que se extiende más allá de su ejido, comprendiendo las áreas rurales y las reducciones proveedoras de mano de obra. El proceso de colonización y urbanización de este espacio se dio en una zona de frontera caracterizada por la incorporación de territorios, cuyo equipamiento institucional y social supuso el contacto entre sociedades distintas.
La primera historiografía sobre Santa Fe enfatizó la visión de una ciudad eternamente sometida a embates indígenas y a desastres naturales como las inundaciones que, en realidad son parte de una percepción producto de la proyección hacia los primeros tiempos de la ciudad, cuyas condiciones de supervivencia fueron particularmente complejas. Sin restarle trascendencia y dramaticidad a estas difíciles condiciones de supervivencia, existieron periodos altamente violentos como en las décadas de 1710 a 1730, cuando la población se vio forzada a abandonar la ciudad en búsqueda de espacios más seguros frente a los embates de abipones y mocovíes. Situación que, más tarde, fue cambiando merced a la acción militar de los Tenientes de gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y Francisco Antonio de Vera Mujica, quienes inauguraron tiempos de prosperidad para la ciudad.[6]
Como señala Griselda Tarragó, en el siglo XVII Santa Fe se constituyó, dentro del espacio peruano, en una región especializada en diferentes producciones y con redes mercantiles que movilizaron esa producción hacia el Alto Perú, transformándose en un punto clave para el comercio interregional.[7] Operaba con la triangulación mercantil que consistía en la compra de yerba en Paraguay pagada con efectos de Castilla; el traslado de la yerba a Potosí cobrando en metálico que se utilizaba para la posterior compra de efectos de Castilla en Buenos Aires. Esta operatoria se dio en el contexto de escasez de plata y en un espacio cuyo eje continuaba siendo el Alto Perú. De esta manera, Santa Fe se convirtió en un centro articulador del comercio terrestre y fluvial desarrollado en torno al polo de crecimiento potosino en el Alto Perú. Una actividad que compartió con otras opciones económicas como el usufructo del ganado, uno de sus principales recursos. Como señala esta autora, las transformaciones que se operaron en el siglo XVIII, con la internacionalización de los conflictos que adquirirán especial vigor en estas regiones, traerían una progresiva desmarginalización del Río de la Plata, un espacio casi olvidado por la Corona. El comercio con Buenos Aires pasó a ser más rentable que el de Potosí con el consiguiente deterioro del circuito comercial vía Santa Fe.
Si bien el privilegio de puerto preciso se canceló en 1779, la acción absorbente de Buenos Aires comenzará en realidad mucho tiempo antes, desviando hacia su puerto cantidades progresivamente mayores de la producción proveniente del Alto Paraná[8]
A esto se sumó el problema de las fronteras móviles que sacudían a la ciudad desde su fundación y que, en este momento, alcanzaron especial virulencia provocando el éxodo de hombres y recursos. Desde principios del siglo XVIII, como consecuencia de las invasiones indígenas, muchos pobladores de Santa Fe migraron hacia el Pago de los Arroyos. Hacia 1766 la situación comenzó a normalizarse y se repoblaron las orillas del Salado. La paz establecida con los Charrúas en 1784 favoreció el asentamiento poblacional de la otra banda del Paraná jurisdiccionalmente a cargo del Cabildo santafesino.
La nueva coyuntura atlántica abierta a mediados de este siglo: la cancelación del privilegio de Puerto Preciso en 1779 -con la consiguiente pérdida de los recursos que afectó principalmente a las empresas de fletería, las tiendas de abastecimiento y los alquileres de vivienda y depósitos-, la creación del Virreinato del Río de la Plata y finalmente la apertura del Puerto de Buenos Aires que reorganizó los flujos mercantiles regionales, redefinió la organización económica de la región acelerando el proceso de hegemonía atlántica de la actividad comercial. La yerba, uno de los productos privilegiados de la etapa anterior, comenzó a perder importancia como mercadería de importación-exportación frente al crecimiento de la actividad ganadera, iniciándose una época de transición hacia el predominio de esta actividad. A partir de la relevancia de Buenos Aires, Santa Fe se reinsertó en la nueva coyuntura ganadera consolidando los vínculos mercantiles con este nuevo polo de crecimiento que fue desplazando al antiguo polo altoperuano.
En el marco del presente trabajo nos interesa analizar la relación entre estos cambios y las dinámicas de funcionamiento dentro de las relaciones de poder, entendidas no de una manera sustancialista, sino como constructoras de espacios sociales. Es decir, en palabras de Griselda Tarragó:
...cómo las redes de vínculos que articulan el cambio, conectan estos lejanos espacios marginales y fronterizos del imperio americano, con la corte borbónica a través de intereses que se mueven por canales múltiples pero conectivos a todo el tejido social[9]
Primera mitad del siglo XVIII santafesino
En un trabajo anterior realizamos un relevamiento de las Actas capitulares del 1º de enero -día en que se realizaba anualmente la elección de las autoridades del Cabildo- a lo largo de todo el siglo XVIII con el fin de identificar a los personajes electos para ocupar los cargos de alcalde de 1º y 2º voto en el cabildo santafesino.[10]
Uno de los rasgos comunes de los nombres que surgieron de ese primer acercamiento cuantitativo fue el hecho de que la mayoría de quienes fueron electos en las alcaldías, portaban apellidos de origen vasco. El cuadro elaborado a partir de los datos antes mencionados permitió visualizar rápidamente la rotación de quienes ocuparon los cargos de Alcalde de primero y segundo voto durante este período, destacándose el nombre de Pedro Florentino de Urizar[11] como el personaje que ocupó con mayor frecuencia estos cargos, incluso en períodos consecutivos, en clara violación de la prescriptiva.
De acuerdo a la esencial función que desempeñaba el Teniente de Gobernador en la votación, también relevamos los datos de quienes ocuparon el cargo en este período lo que arrojó los nombres de personajes emparentados directamente con Pedro Florentino Urizar, con apellidos notables como Vera Mujica, Echagüe y Andía, y Lacoizqueta.
Para abordar el caso específico de la figura de Pedro Florentino de Urizar, fue necesario reconstruir la lógica de la estructura reticular en donde operaba para de ese modo acceder a la construcción de los andamiajes simbólicos y materiales con los que se insertaban en las grietas de la ambigüedad normativa con el fin de construir y sostener sus privilegios. Por otro lado, la reducción de la escala de observación, tomado como procedimiento analítico aplicable a cualquier situación independientemente de la dimensión del objeto de estudio, posibilitó la descripción de formas sociales complejas sin perder de vista el espacio social de cada individuo o persona. Esta práctica analítica nos exige un estudio intensivo del material documental, se podría decir que microscópico, para comprender desde la singularidades de una vida, estrategias y lógicas de las que forman parte.
Pedro Florentino de Urizar
Pedro Florentino de Urizar era hijo de Pedro de Urizar, natural de Vizcaya, y de Ana Martínez del Monje, perteneciente a una de las familias de notables de la ciudad de Santa Fe, como consta en la Carta dotal de su madre donde se expresa que:
...esté tratado y concertado de dar estado de matrimonio según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia Catolica Romana a Doña Ana María Martinez del Monje mi hija legitima y de dicho mi marido difunto con el Capp Don Pedro de Urizar, natural de Anteiglesia de Galdacano, en el Señorio de Vizcaya, hijo legitimo del Capp M Pedro de Urizar y de Doña Maria Maria Martina de Gonda[12]
Sus abuelos maternos fueron Isabel de Pessoa y Figueroa casada con Francisco Martínez del Monje según consta en la carta dotal de su hija del 23 de agosto de 1709:
...la Doña Isabel de Pesoa y Figueroa vecina de esta ciudad de Santa Fe de la Veacruz viuda mujer que fue del Capp M Fco Martinez del Monje tutora y curadora de mis hijos menores y de marido difunto digo que por cuanto voluntad de Dios...[13]
Por parte de su madre Pedro Florentino era sobrino del maestre de campo Juan de Lacoizqueta casado con la hermana de su madre, María Martínez del Monje[14] y primo hermano de Juan José de Lacoizqueta, casado con Juana Ventura Márquez Montiel,[15] cuyo hijo, José Gabriel de Lacoizqueta, contrajo matrimonio con Josefa Luisa de Gaete y Vera Mujica.[16]
Pedro Florentino se emparentaba políticamente con los Gaete y los Vera Mujica a través de sus dos matrimonios con las hermanas Antonia de Vera Mujica y María Josefa de Vera Mujica,[17] viuda de Gaete, hermanas de Francisco Antonio de Vera Mujica, según datos extraídos del testamento de Francisco de Vera Mujica del 9 de diciembre de 1742:
También comunico y dijo en su nombre declaro que dio estado de matrimonio a mis dos (hijas) hermanas Da Antonia de Vera Múxica con el Capp M Pedro Florentino de Urizar y a Da Maria Josefa de Vera Múxica con el Don Melchor Fco de Gaete...[18]
Una de las hijas de Francisco Antonio de Vera Mujica, María Josefa, se casó con Lucas de Echagüe y Andía, hijo de Francisco Javier quien fuera Teniente de Gobernador desde 1733 hasta 1742 y que estaba casado con Josefa de Gaete, hermana del primer marido de la mujer de Pedro Florentino de Urizar.[19]
Por línea materna era primo hermano de Juan José de Lacoizqueta, hijo de la hermana de su madre, María Martínez del Monje casada con Juan de Lacoizqueta. Este personaje fue clave en el período más álgido de la lucha contra el indígena en la que actuó como Capitán y Sargento Mayor.[20] Fue además comisionado por el Cabildo en carácter de Apoderado
...para que pasasse a estos Reynos à la solicitud de diferentes providencias pertenecientes à la existencia, y resguardo de dicha Ciudad contra las invasiones de los Indios Barbaros, lo que executó, presentando en el Consejo de las Indias diferentes Informes, y Autos, sobre que se expidió Cedula por su Majestad[21]
En 1738, Laicozqueta viajó a España, también en carácter de Apoderado de la ciudad, para la concreción del Puerto Preciso para Santa Fe por lo que fue nombrado Padre honradísimo de esta Patria. En esa oportunidad, Pedro Florentino de Urizar y Pedro Martínez del Monje le firmaron un poder a nombre de Juan José de Lacoizqueta para que les cobrara la herencia de 500 pesos plata que recibieron del cura vicario Joseph Martínez del Monje.[22]
El hijo de Juan José de Lacoizqueta, José Gabriel Lacoizqueta, se unió más tarde a las familias Gaete, Vera Mujica, Lacoizqueta y Martínez del Monje por medio de su matrimonio con Josefa Luisa Gaete y Vera Mujica.[23]
Por la misma línea estaba emparentado con Miguel Martínez del Monje, hermano de su madre, un personaje clave entre los capitulares durante este período, por su recurrente ocupación de los cargos de Alcalde de primero y segundo voto, ya sea electo por el cuerpo o como depositario de esta vara en forma interina, situación que analizaremos más adelante en forma detallada. La estrecha relación que lo unía a Pedro Florentino de Urizar quedó documentada en el Testamento de Joseph Martínez del Monje quien nombró como beneficiarios a Pedro Florentino de Urizar y al Capitán Pedro Martínez del Monje.[24] Del mismo modo, en el Acta capitular del 5 de abril de 1744, Pedro Florentino de Urizar se ausentó de la ciudad y Miguel Martínez del Monje lo reemplazó como Alcalde de primer voto hasta julio de ese año.[25]
Posteriormente, en 1746, el Regidor y Fiel Ejecutor Miguel Martínez del Monje, le da poder a Pedro Florentino
...para todas las causas y negocios del otorg.te asibiles, como criminales, y otras quales quieren dependen.s que se le ofrescan, en quales quier Jusgados de ambos fueros, ... consintiendo lo favorable al otorg.te y delas en contrario apele, y suplique y sigaportodas Instancias hasiendo todos los Autos Judiciales y Extrajudiciales queen qualquier negocio del otorg.te se requieran ... Poder sea ..... y amplio con todas sus Insiden.s y Dependen.s y general administra.n sin limitacion alguna, y confacultad dequelo pueda subtituir todas las veses que sea necesario[26]
En el mismo año aparece otro documento firmado por Pedro Florentino de Urizar donde consta que solicita el arrendamiento del oficio de Alférez Real para Miguel Martínez del Monje
...de dicha Ciudad de Santafee para dicho mi parte por tres años y los demás, que à su voluntad, y avirtud quiziere proseguir, ofreciéndo pagar sincuenta pesos al principio de cada uno, con la expresa y precisa condición de que haya degozar de todos los privilegios, ejercicios, regalías, preeminencias e inmunidades anexas pertenecientes a ese oficio[27]
Este primer trabajo develó prácticas concretas de este personaje no sólo para perpetuarse en los cargos más importantes del Cabildo valiéndose de su pariente, Pedro Florentino, sino también para mostrar cómo se sorteaban algunas de las restricciones impuestas por las reformas borbónicas con el fin de limitar el poder de los Cabildos en este espacio. Como resultado de un trabajo posterior –cuya síntesis presentamos más adelante- y que cruzó estos documentos (el poder y la solicitud de arrendamiento) con las actas capitulares completas del periodo, pudimos desentrañar las maniobras realizadas por estos dos personajes para asegurarse el acceso a las varas de justicia -cargos inalienables- a través de un cargo venal como el de alférez real.
Dentro y fuera del Cabildo
La consulta posterior de las Actas completas de los períodos en que Pedro Florentino se mantuvo en estos cargos, junto a la información obtenida de la consulta a los libros de Notas y Comunicaciones del Cabildo, Notas de Contaduría y Escrituras Públicas obrantes en el Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe además de los microfilms pertenecientes al Arzobispado de Santa Fe microfilmados por la Sociedad Genealógica de Utah y los aportes de los estudios sobre genealogías nos permitieron ubicar a Pedro Florentino dentro de la red con una función específica que podríamos calificar de exclusivamente política y que pudimos reconstruir a partir de las actividades que este personaje desarrollaba dentro y fuera del ámbito capitular.
La búsqueda de documentos que nos revelaran las actividades comerciales a las que se dedicaba Pedro Florentino, su participación en campañas militares en un momento de importantes conflictos en la frontera o su participación en otra actividad por fuera del Cabildo resultó infructuosa, lo que no se condecía con la abundante información, como vimos anteriormente, sobre poderes firmados por familiares cercanos para que él actuara en su nombre. El primer interrogante que se nos planteó, entonces, fue sobre esta falta de correspondencia entre la centralidad de este personaje dentro del cuerpo capitular y su tímido desempeño fuera del mismo, donde el protagonismo evidentemente lo tenían otros miembros de su familia más cercana.
El aporte de los estudios genealógicos fue indispensable a la hora de reconstruir los vínculos primarios de Pedro Florentino que, como había advertido Eduardo Saguier, formaba parte de la construcción política de la Casa de los Martínez del Monje en Santa Fe.[28] Una observación más detenida de este mapa genealógico hizo literalmente visible el rol específico que le tocó cumplir dentro de la red como mediador, según la caracterización de Boissevain, es decir como punto de intersección dentro de una red de vínculos.[29] Según este autor, los mediadores son actores altamente especializados en la construcción de redes que sitúan a una persona en contacto con otros miembros, ya sea en forma directa o indirecta, con el fin de obtener algo a cambio. En nuestro caso, se pudo advertir la cuidadosa política matrimonial que tuvo como protagonista principal a Pedro Florentino Urizar quien ofició de “bisagra” entre dos familias troncales: los Vera Mujica y los Martínez del Monje a través de sus dos matrimonios, en primera y segundas nupcias, con dos hijas de Francisco de Vera Mujica.
Su función dentro del grupo no estaba en las grandes empresas militares o comerciales al frente de las cuales se ubicaban sus primos más notables sino simple pero fundamentalmente en su obvia habilidad para tejer una red de relaciones que les permitió a estas dos familias principales mantener su hegemonía durante gran parte del siglo XVIII. Así puede entenderse por qué Francisco de Vera Mujica le dio a Pedro Florentino en matrimonio, dos de sus hijas: estos matrimonios sellaron una alianza familiar que les garantizó una presencia constante, directa o indirecta, en el Cabildo de la ciudad.
Pedro Florentino se movía dentro del cuerpo capitular ocupando los lugares que otros miembros de la red dejaban vacíos, por viaje o para atender otros negocios, con el fin de proteger sus intereses, como fue el caso de las reiteradas ausencias que, por razones ya expuestas, alejaron a su primo Juan José de Lacoizqueta del cuerpo y que coincidieron con su presencia ocupando cargos claves en el cabildo.
La red de vínculos no se limitaba al ámbito de la familia sino que la excedía e incluía relaciones de paisanaje, amistad y clientelismo que aseguraban el sostenimiento de la misma. Estos vínculos secundarios eran incorporados a la red por su solvencia económica, sus relaciones, su lealtad basada en favores y reciprocidades que permitían entre otras cosas sortear las limitaciones impuestas por la prescriptiva con respecto, por ejemplo, a los lazos de consanguinidad en la votación para la elección de alcaldes. Una de las estrategias para crear este tipo de lealtades era la de constituirse en fiador de los recién incorporados cuando éstos carecían de las condiciones de notabilidad requeridas para acceder a algún cargo.[30] Estas relaciones, según Josep Rodríguez, se ubicarían en un plano de menor centralidad que aquellas entre miembros de la familia directa.[31] Sin embargo estos vínculos más débiles son funcionalmente fuertes y Pedro Florentino cumplía, en este sentido, un rol de mediador tanto de vínculos fuertes como de los más débiles. Esto también estaría dando cuenta de que las relaciones tejidas en torno a los vínculos de consanguinidad o a partir de estrategias matrimoniales no necesariamente coincidían con la trama de una red de relaciones más amplia y compleja.
El rol de exclusivamente político de Pedro Florentino de Urizar también pone en cuestión la caracterización de la naturaleza de la institución capitular como meramente administrativa y con funciones de simples ejecutores de políticas elaboradas en la metrópoli. Por el contrario, pudimos reforzar la idea del carácter esencialmente político de la institución tardocolonial, con sus lógicas y prácticas particulares que, lejos de estar encorsetadas en estructuras inmutables, se encuentran en constante transformación y configuración.
La vinculación con los Martínez del Monje
Como venimos señalando, la otra figura clave dentro de la misma red que nos llamó también la atención por la cantidad de veces en las que se hizo cargo, siempre en forma interina, de las varas de Alcalde de primero y segundo voto fue Miguel Martínez del Monje. El seguimiento de este personaje constituyó la puerta de entrada a un nuevo trabajo de investigación[32] en donde intentamos ampliar el estudio que veníamos realizando sobre la relevancia de la administración de justicia en el espacio capitular, la constitución de grupos de interés y la ocupación de sillas capitulares, con el objeto de contribuir al problema más general de la naturaleza y dinámica del poder político en una sociedad de Antiguo Régimen.[33]
Para esta investigación se realizó el relevamiento completo de las actas capitulares correspondientes al siglo XVIII, con el fin de identificar a los personajes que ocuparon el oficio de alférez real y los conflictos suscitados en las coyunturas de muerte de los propietarios de dicho oficio. El seguimiento de lo que sucedió con este cargo a lo largo de todo el siglo, los conflictos que se produjeron inmediatamente después de la muerte del propietario del mismo en 1730 y el conflicto que se suscitó cuando Miguel Martínez del Monje le entregó un poder a su sobrino Pedro Florentino para que le arrendara el cargo de alférez en 1746, nos dieron una clave para pensar en la posibilidad de acceso indirecto a oficios inalienables como los de justicia.
Remontándonos a principios de siglo, más precisamente en el año 1713, Ignacio Martínez del Monje, hermano de Miguel, había comprado el cargo y presentó como fiador a su cuñado, el padre de Pedro Florentino, el Capitán Pedro de Urizar. En los años 1715, 1722 y 1725 Ignacio Martínez del Monje se hizo cargo, por corresponderle en tanto depositario del oficio de alférez real, de la alcaldía de primer voto. Su muerte, el 27 de julio de 1730, que dejó vacante el cargo, suscitó uno de los conflictos que más claramente nos permitió observar las pujas por la obtención del oficio.
Es importante señalar, en este punto, que el oficio no podía renunciarse después de los veinte días anteriores a la muerte del titular. Según señalaba la normativa:
...y con condición, que los que renunciaren los unos y los otros oficios, de cualquier calidad que sean, hayan de vivir y vivan veinte días después de la fecha de las renunciaciones que hicieren de ellos y que dentro de setenta días, contados desde el mismo día, se hayan de presentar las dichas renunciaciones ante el Virrey o Audiencia mas cercana...las personas en quien se renunciaren todos los dichos oficios o cualquiera de ellos, hayan de llevar y lleven y presenten título y confirmación mía de ellos dentro de los cuatro años, que corran, y se cuenten desde el día de las renunciaciones de los dichos oficios en adelante, so pena de que el que así no lo hiciere, pierda el dicho oficio para no usarle mas, y se disponga del por mi cuenta, como de oficio vaco...[34]
Luego de la muerte del titular, rápidamente se movilizó la red de vínculos en torno a las distintas facciones en puja. Ese mismo día, el alcalde de primer voto, Pedro Zabala,[35] se hizo cargo del estandarte real en forma interina hasta que se definiera la designación del titular del oficio. El regidor decano Juan Zevallos, una voz discordante durante dentro del cuerpo,[36] cuestionó la decisión porque consideraba que no debía demorarse la ceremonia[37] y se volvió a convocar el acuerdo al día siguiente. Sin embargo, Juan de Zevallos no asistió -un recurso bastante utilizado por este regidor- por lo que se suspendió la elección de la persona que se haría cargo, en depósito, del cargo. Ese mismo día, por la tarde, se reanudó el acuerdo, al que ahora sí asistió Zevallos, y se nombró alférez al alcalde primero...por el segundo, según consta en las actas.[38] En la ciudad de Santa Fe era costumbre que, de no haber alférez real propietario, el oficio recayera en el alcalde de segundo voto. Zevallos manifestaba que, por haberse hecho cargo del pendón el alcalde de primer voto “...no le queda a este Cabildo otro acto que aceptar el hecho”.[39] En consecuencia Pedro de Zabala, quien había obtenido el cargo por minoría (la elección que había favorecido a Miguel Martínez del Monje había sido anulada), prestó juramento como alférez real. De este modo, si el cargo de alférez coincidía con el alcalde de primer voto, en el caso de ausencia de la persona que tenía ambos cargos, quedaba como única opción para su reemplazo el regidor decano.
Lo cierto es que el seguimiento de estos conflictos -que se repitieron durante todo este largo periodo- nos permitió observar cómo, siempre que los Martínez del Monje pujaban por el control de la vara de Alférez, la oposición de Zevallos se hacía evidente en sus reiterados reclamos, en sus constantes apelaciones a la normativa y a la costumbre, o en su prerrogativa de negarse a presentarse al acuerdo. Cuando finalmente los Martínez del Monje y su red controlaban la justicia, este regidor terminaba gran parte de las veces excluido del acuerdo, preso o con su oficio embargado de manera de alejarlo de cualquier posibilidad de reclamar alguna de las alcaldías, según le correspondía por ser el regidor más antiguo.
Si bien el oficio quedó vacante en 1730, como ya señaláramos, recién en 1746 se hizo una oferta para su arrendamiento. Es decir que, durante 16 años el depositario de este oficio había sido elegido por el cabildo. No hemos podido detectar hasta el momento ningún auto o cédula que mandase a sacar a pregón el oficio, pero sabemos que siempre existió la voluntad de la Corona[40] de sacar a remate los oficios para beneficio de la real hacienda. Pensamos que esa decisión o desinterés en sacarlo a remate se relacionaba con las maniobras que desarrollaron los notables locales, miembros de la red en cuestión, para quedarse con los cargos y poder disponer de ellos sin tener que verse obligados a pagar cuantiosas sumas por los mismos,[41] sobre todo cuando no se sentían amenazados en el acceso a las varas de justicia.
Desde la muerte de Ignacio Martínez en 1730 hasta 1746 en que se hizo postura para su arrendamiento, el oficio recayó, durante la mayor parte de este período, en Miguel Martínez del Monje en carácter interino. Esto sucedió siempre que este personaje no obtuviera alguna de las dos alcaldías por elección directa. En las ocasiones en las que no ocupaba ninguno de estos dos cargos (alcalde o alférez), asumió las varas de justicia en forma interina en reemplazo del regidor decano Juan de Zevallos cuando éste, por las razones expuestas anteriormente (exclusión, suspensión o prisión), no se hallaba en condiciones de hacerlo. Es decir que la mayoría de las veces encontraban la manera de asegurarse alguna de las varas, ya fuera con la obtención del cargo de alférez o neutralizando al regidor decano Juan de Zevallos. Estas y otras estrategias que analizamos en nuestro anterior trabajo, muestran que la maniobra de los Martínez del Monje no podía completarse sin la exclusión de regidor decano, Juan de Zevallos, de manera de quedar alguno de los miembros –generalmente el mismo Miguel Martínez- como única posibilidad de reemplazo.
La soledad en la que actuaba Zevallos, por fuera de las redes de relaciones de las principales familias santafesinas, evidentemente explica su imposibilidad de ejercer sus derechos como regidor decano. Sería recién muy avanzado el siglo, cuando casó a una de sus hijas con Francisco Candioti, que logró su inserción en los grupos locales de poder y de ese modo un reconocimiento y un lugar acorde a sus privilegios en el ámbito capitular.
Es importante señalar que, los otros años en los que Miguel Martínez no aparece como alférez o alcalde son aquellos en los que las alcaldías o alferazgos recayeron en su sobrino Pedro Florentino de Urízar. En 1746, tras el fallecimiento del alcalde de primer voto –Luís Rivero Raposo, Miguel Martínez del Monje se hizo cargo del real estandarte y de la alcaldía en forma interina, nuevamente por ausencia del regidor más antiguo, Juan de Zevallos. Cuando este último regresó a la ciudad reclamó para sí la alcaldía.[42] Recién entontes, Miguel Martínez le otorgó un poder a su sobrino Pedro Florentino de Urízar para que le arrendara el oficio de alférez en Buenos Aires con la “…expresa condición de que haya de gozar de todos los privilegios, regalías, preeminencias e inmunidades que le pertenecían al oficio de alférez y que pueda ocupar la vara de alcalde en caso de que mueran o se ausenten”.[43] La otra salvedad que hizo Pedro Florentino como apoderado de Martínez de Monje para el arrendamiento del oficio se refería a que el regidor más antiguo, Juan de Zevallos, debía deponer la posesión de la alcaldía que tenía al momento en depósito. Este ejemplo refuerza nuestra idea de que, ante la imposibilidad de neutralizar al regidor decano, no le quedó otro recurso a Martínez del Monje que el de arrendar el oficio de alférez.
Como indica Manuel Cervera, a partir de 1755 el oficio fue adquirido por José de Vera Mujica cuando contaba con sólo 10 años de edad razón por la cual se nombró sustituto a Pedro Florentino de Urizar quien mantuvo el oficio desde 1756 a 1770 cuando José Vera Mujica tuvo edad suficiente para ejercer como alférez, cargo que detentó hasta fines del siglo XVIII.[44] Este niño fue también quien, cuando tuvo edad suficiente y con su padre ya fallecido, entregó en matrimonio –como veremos más adelante– a sus hermanas Juana Petrona y Rafaela Francisca.
Segunda mitad del siglo XVIII: los Maciel Lacoizqueta
Además de los lazos de consanguinidad, primaban en estas redes los de paisanaje, amistad y clientelismo. De allí que en este siglo empezaran a predominar nombres y apellidos provenientes de la zona norte de España, sobre todo vascos y navarros, incorporados a la red a través no sólo del matrimonio sino también de estos lazos más débiles, aunque funcionalmente fuertes. Así, a los Urizar se sumaban otros apellidos procedentes de la misma región como Barrenechea, Lacoizqueta, Gaete, Echagüe, Navarro cuyos vínculos, lejos de limitarse al área de la ciudad santafesina, se extendían por el vasto territorio excediendo largamente los límites del virreinato y estableciendo conexiones directas con la Península.
En un tercer trabajo, analizamos la decisión de una mujer de la elite santafesina, Isidora Fernández Valdivieso, de entablar juicio por adulterio contra su marido, Joaquín Maciel Lacoizqueta (nieto de María Martínez del Monje y Juan Lacoizqueta), personaje clave dentro de la estructura reticular del poder local a mediados del XVIII.[45]
Maciel tuvo un rol destacado en la política local como Alcalde, Protector de naturales y, finalmente, desde 1766 como Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Capitán de Guerra nombrado por el entonces gobernador Francisco de Paula Bucarelli y Urzúa quien además expresó en una carta dirigida al conde de Aranda su confianza en Maciel para proceder a la expulsión de los jesuitas en Santa Fe y encargarse luego de la administración de sus bienes al frente de la Administración Provisoria de las Temporalidades.[46] Bucarelli, gobernador de Buenos Aires desde 1766 a 1770, protagonizó enfrentamientos con el cabildo de Buenos Aires y con su antecesor, el gobernador Pedro de Cevallos, partidario de la causa de la Compañía quien realizó gestiones e intercedió a su favor en distintas instancias, incuso ante la Corona. En esta contienda, en cambio, se mantuvieron en torno a Bucarelli algunos importantes comerciantes beneficiados por la expulsión, algunos de los cuales se encuentran entre los vínculos porteños de estas familias santafesinas como es el caso de Domingo Basavilbaso, quien actuó como apoderado de Juan Francisco de Echagüe y Andía en su casamiento Rosa Maciel, un matrimonio que tuvo como uno de sus objetivos el desvío de la herencia de su padre, Joaquín Maciel, en perjuicio de su esposa (su denunciante en el juicio por adulterio) y demás hijos, que se mantuvieron al lado de la madre, Isidora Fernández Valdivieso, en el conflicto.
Otro Echagüe y Andía, Melchor, Teniente de Gobernador de Santa Fe entre 1776 y 1786 estaba casado con Josefa de Vera Mujica y su actuación en el juicio de Isidora Fernández contra Joaquín Maciel fue calificado por Isidora como “…despótico”, acusándolo de usar su influencia ya que como Comandante militar le cabía la atribución de nombrar a quienes participarían o no de las expediciones al Chaco, situación que utilizaba para presionar a los testigos de la causa según el testimonio de Isidora Fernández Valdivieso.[47] Por otro lado, y para comprender las circunstancias en las que esta mujer lleva adelante su demanda, Lucas Echagüe casado con Ma. Isabel Maciel, hermana de Joaquín fue alcalde de 1º voto y por lo tanto 1º vara de justicia durante el mismo juicio.
Los reacomodamientos de los vínculos en el seno de estas familias principales de Santa Fe durante el juicio por adulterio fueron analizados en detalle en un trabajo anterior, pero en esta instancia quisiera resaltar cómo la denuncia de Isidora Fernández Valdivieso ante los estrados locales primero y ante los tribunales superiores del Virrey Vértiz en 1779, funcionó como disparador de conductas y reacciones que, de haber actuado como era esperable en una mujer de su condición, no hubieran tenido lugar ni adquirido visibilidad. Es decir que esta situación excepcional se convirtió en un mirador desde donde fue posible observar prácticas políticas y judiciales concretas que reconfiguraron las alianzas y las solidaridades con los nuevos agentes de la corona e incluso provocaron movimientos y tensiones en el interior mismo de las familias de notables locales.
Efectivamente, la decisión de esta mujer de elevar su demanda al máximo tribunal del virreinato, aparentemente fuera del alcance de las redes locales, produce el inmediato reacomodamiento de sus miembros para asegurar el control de la administración de justicia en el ámbito de la ciudad, dentro de la cual el marido adúltero jugaba un rol clave como autoridad política y justicia mayor. Las tensiones dentro de la elite local se hicieron manifiestas al movilizar los recursos materiales y simbólicos que controlaba para restituir un orden que sintió amenazado. Del mismo modo, en la especial coyuntura reformista de fines del siglo XVIII es importante resaltar el papel que jugó la oficialidad borbónica, no sólo en este juicio sino en los que siguieron después de la muerte de Joaquín Maciel contra Isidora Fernández donde el virrey y luego la Real Audiencia, cuyo presidente en el momento era Francisco de Paula Sanz, caballero de la Orden de Carlos III, fallaron siempre a favor de Isidora. La fisura, entonces, que este caso significaba en el denso entramado de las elites locales fue hábilmente reconocida por la autoridad virreinal en Buenos Aires que vio en ella una oportunidad para introducir una cuña que sellaría el final de Joaquín Maciel Lacoizqueta.
Es evidente también que esta tensión se hizo visible en esta particular coyuntura. Si durante los dieciocho años en que esta mujer intentó ser escuchada en Santa Fe prevaleció el silencio y el ocultamiento, la nueva situación de finales de siglo inauguró un espacio donde la palabra de Isidora Fernández Valdivieso fue escuchada. Un espacio que difícilmente pueda pensarse como posible sólo a partir de un apego por parte de los ilustrados reformistas, como lo era el Virrey Vértiz, a los principios en los que basaba esta mujer su reclamo o de una solidaridad incondicional con la defensa de los derechos que estaban siendo avasallados por el marido adúltero. Por el contrario, sería más atinado pensar, como ya señaláramos, que se tratara de introducir, en esas tensiones, un elemento de disrupción para quebrar y debilitar a esta figura central dentro de las redes locales. La intervención y actuación del Virrey Vértiz en favor de la demandante encontraría su lógica en su ubicación por fuera de las facciones de los grupos de poder locales, lo que lo eximía de cualquier tipo de compromiso de lealtad o interés por preservar algún espacio en ese ámbito.[48]
Sin embargo, y para complejizar la idea de que una red de vínculos genere solidaridades mecánicas y estables, recordemos que el hermano de Joaquín, el Dr. Juan Baltasar Maciel, quien colaboró según relata Isidora Fernández en la estrategia defensiva en el juicio por adulterio contra su hermano, fue un prestigioso y reconocido pensador de la época. Baltasar Maciel era el dueño de una de las pocas bibliotecas del virreinato, fue el creador del Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires; en 1755, fue asesor del obispo Juan Manuel de la Torre en la ejecución de la expulsión de los jesuitas y había sido nombrado por el mismo Virrey Vértiz, cancelario de altos estudios del virreinato.
Del mismo modo, algunos comportamientos también podrían explicarse por las relaciones de la familia Fernández Valdivieso, oriundos de Chile, quienes supieron tejer importantes vínculos con las más altas esferas en la capital virreinal. Los hijos de Isidora y Joaquín se dividieron en este conflicto y entre quienes se mantuvieron del lado de la madre, se encontraba su hija Juana casada con Nicolás Del Campo, sobrino o presunto hijo del virrey Nicolás Cristobal Del Campo, Marqués de Loreto, en cuya casa Isidora se alojaba, según señala Azarola Gil, cuando viajaba a Buenos Aires para hacerse cargo de los pleitos que mantuvo contra su marido primero, su yerno Juan F. Echagüe y Andía más tarde y, finalmente, por las disputas en torno a su herencia.[49]
Lo cierto es que sólo en este nuevo contexto el reclamo de esta mujer fue atendido y en algún punto pudo imponerse sobre la negación y la destrucción de toda documentación en Santa Fe por parte de la familia y de la poderosa red de vínculos de su marido quienes tenían en sus manos el control político, económico y social de la ciudad. Al día de hoy, no existen en la ciudad de Santa Fe registros del juicio por adulterio que, en cambio, obra en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires.[50]
Entre dos siglos: los Vera Mujica y Pintado - los Lezica Vera Elorriaga[p1]
Como fuimos observando, el predominio de la tradicional Casa de los Vera Mujica en Santa Fe, que se inició en el siglo XVII, se extendió hasta fines del siglo XVIII. Su descendencia supo ampliar estos vínculos más allá del siglo XVIII, lo que les permitió reacomodarse a los profundos cambios de este periodo y, en algunos casos, ser protagonistas de los posteriores movimientos revolucionarios de principios del siglo XIX. Ejemplo de ello son los casos de Mariano Vera, miembro en varias oportunidades del cabildo santafesino y primer gobernador de la provincia en 1816 o el yerno de Rafaela Vera Mujica y futuro presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1826-1827), Bernardino Rivadavia.
Como señaláramos anteriormente, José de Vera Mujica –aquel personaje que obtuvo el oficio de alférez real a la edad de 10 años y del que se hizo cargo hasta su mayoría de edad, su tío Pedro Florentino de Urizrar logró matrimonios muy acomodados para dos de sus hermanas. Rafaela Francisca se casó con el gobernador de Montevideo y más tarde virrey del Río de la Plata, Joaquín Del Pino, mientras su hermana Juana Petrona, lo hizo con Juan José de Lezica y Alquiza, uno de los grandes comerciantes del periodo. Que un personaje de la trayectoria y linaje de Joaquín del Pino y Rozas eligiera, de entre todas sus posibilidades, a una santafesina de la Casa de los Vera Mujica no es fruto de la casualidad. Sabemos, según venimos señalando, que a pesar de las restricciones que existían en este sentido, la oficialidad borbónica buscaba insertarse a través de matrimonios con las hijas de las elites locales, con el fin de abrir el camino de la negociación y la adecuación de éstas a las transformaciones que exigía la aplicación de la nueva organización político-administrativa propuesta por las reformas.
Del mismo modo y como ya indicáramos, las elites santafesinas buscaban estrechar vínculos con la nueva capital virreinal y más allá de los mares, a partir de su inserción en los nuevos circuitos comerciales reorientados hacia el puerto de Buenos Aires en un momento en que se consolidaba un proceso que se venía produciendo en los hechos y a pesar de las restricciones impuestas por la Metrópolis y por las presiones del Consulado limeño desde el siglo XVII.[51] La vinculación, por otro lado, de las familias locales con los peninsulares borbónicos no sólo atendía a cuestiones concernientes al prestigio social y todo lo que ello significaba, sino además a su utilización frente a coyunturas concretas, tal fue el caso de Isidora Fernández Valdivieso antes analizado.
El acercamiento de la mirada en torno a las figuras de Rafaela Vera, Joaquín del Pino y su entorno confío me permitirán echar luz sobre el comportamiento de estas familias principales durante el periodo que se abre a principios del siglo XIX. El matrimonio de esta mujer con un ilustrado reformista, profundamente monárquico; el vínculo –a través de su hermana Juana Petrona con uno de los comerciantes más importantes del periodo y la relación a través del casamiento de una de sus hijas con un personaje central del proceso revolucionario como es Bernardino Rivadavia convierten a estos personajes en un punto de observación donde colocar la lupa para seguir desentrañando las prácticas y las dinámicas de construcción de poder que intento analizar.
Joaquín del Pino y Rozas
Joaquín del Pino Sánchez de Rozas Romero y Negrete (Baena de Córdoba, 1729) fue ingeniero militar y político español con una importante carrera al servicio de la Corona, en la Península, sobre todo como ingeniero en la construcción de fortificaciones y caminos así como en trabajos de cartografía. El entonces gobernador de Montevideo, Juan José de Vértiz y Salcedo, solicitó en 1771 que se lo enviara para la reparación de las defensas de la Ciudadela. Permaneció en América hasta su muerte y ocupó los cargos de Gobernador de Montevideo (1773-1790); gobernador y presidente de la Audiencia de Charcas (1790-1798) y, luego, gobernador y capitán general de Chile hasta 1801 cuando fue nombrado Virrey del Río de la Plata, oficio que ocuparía hasta su muerte en 1804. El nombramiento de un ingeniero militar como Joaquín del Pino, directamente vinculado a la construcción de la línea de fortificaciones en la Banda Oriental, está vinculado con uno de los aspectos medulares de las reformas como fue la dotación de un importante dispositivo militar que resguardara el territorio del avance de las potencias extranjeras por el control de estos territorios. Como señala Griselda Tarragó, “La nueva Casa reinante intentó avanzar sobre un renovado ideal de Monarquía que buscaba no sólo generar un modelo más eficiente de ejercicio del poder, sino también un control más eficaz de sus territorios”.[52] A pesar de que la mayor parte de los oficios fuera venal, el requerimiento de idoneidad no sólo en el ámbito político-administrativo sino también en el militar, parece haberse cumplido en gran parte de los nombramientos.
La presencia y centralidad de estos cuerpos (militares) en la política y administración, siguen señalando una militarización de la Monarquía, proceso en el que se arraigó con fuerza el profesional de la milicia que ejercía otras tareas además de su propia labor castrense[53]
Viudo ya de su primera esposa, la vizcaína María Ignacia Rameri con quien tuvo seis hijos, Joaquín del Pino se casó con Rafaela Vera Mujica en el año en 1783, cuando ella ya tenía 30 años y él la duplicaba en edad. La relación de Joaquín Del Pino con la familia Vera Mujica se inició a partir de su vínculo con la familia De la Torre. Francisco Javier de la Torre, teniente coronel de milicias de Córdoba, estaba casado con una hermana de Rafaela, Teodora Vera Mujica, y fue quien representó a Joaquín del Pino en el acto de matrimonio celebrado en Santa Fe debido a la ausencia de este último.
El gobierno de Montevideo
En 1771, Del Pino fue convocado por el Teniente General de Ingenieros a partir del pedido del entonces gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo de personal capacitado para llevar adelante las obras de fortificación de Montevideo. El ingeniero andaluz estuvo a cargo de importantes obras para la Corona en la Península además de escribir un Tratado sobre Fortificaciones. Llegó a Montevideo en enero de 1772 con su esposa María Ignacia Ramieri, de origen vasco, más precisamente de San Sebastián, y tres de sus cinco hijos. Fue nombrado Comandante Ingeniero y Gobernador Interino por el mismo Carlos III. Se hizo cargo de las fortificaciones de Río Grande, Santa Teresa y la isla Maldonado considerados puntos estratégicos para la defensa de esta plaza ante la amenaza constante y creciente de las potencias extranjeras. En 1776 llegó su nombramiento como Gobernador de Montevideo mientras en Buenos Aires era nombrado Pedro de Ceballos primer virrey del Río de la Plata a quien acompañaba en la expedición a la Banda Oriental para la recuperación de posiciones en manos de la Corona portuguesa que incluyó Colonia del Sacramento.
Durante su gestión al frente del gobierno de Montevideo tejió algunos vínculos personales con destacadas figuras de la época y mantuvo una fluida correspondencia con Juan José de Vértiz, Nicolás del Campo, marqués de Loreto, y José de Gálvez, secretario de Indias. Fue durante la estadía y gestión montevideana de Del Pino que el virrey Nicolás del Campo comisionó, en 1784, al sargento mayor José de Reseguín, para llevar adelante una investigación encubierta en la Banda Oriental. Este militar había tenido una destacada actuación durante la represión de las rebeliones indígenas en el Alto Perú cuya victoria fue atribuida a las revelaciones de su amante india, Juana Wallpa.[54] La misión encomendada por Loreto tenía la finalidad de investigar el ingreso ilegal de extranjeros, el desorden en la producción rural y el incesante tráfico del comercio ilícito, a pesar de que la misma constituía una violación directa tanto a las leyes de Indias como a la Real Ordenanza de Intendentes de 1782 ya que iba por sobre la autoridad de la figura de superintendente, conferida por la Ordenanza y a la sazón ejercida por Francisco de Paula Sanz, caballero de la Orden de Carlos III, quien había sido nombrado para el cargo en 1783. Loreto había enviado una carta reservada y ambigua al entonces gobernador de Montevideo, Joaquín del Pino, en términos muy generales y sin mayores especificaciones sobre la misión que había encomendado a Reseguín. Del Pino, como gobernador y subdelegado de la Real Hacienda reconocía como autoridades directas tanto al virrey como al superintendente Francisco de Paula Sanz por lo que, en un principio prestó su apoyo a Reseguín, quien además había sido compañero de armas.
Las irregularidades de las actuaciones de Reseguín llegaron al punto de que el militar utilizaba su propio lugar de residencia como cárcel para extranjeros sospechados de practicar el comercio ilícito y otras actividades ilegales que involucraban a altos oficiales de la Corona y que incluyeron la detención, sin posibilidad de descargo por parte del prisionero, de un comerciante portugués llamado Antonio Joao da Cunha. En en 1785, el mismo Reseguín envió a este comerciante a la Península, frente a lo cual se le exigió una rendición de cuentas que se limitó a la explicación de que “…solo lo que se le ha impedido es usar de la pluma sin mi consentimiento…”.[55]
La incursión de estas investigaciones secretas en jurisdicciones correspondientes a la superintendencia de Francisco de Sanz produjeron fuertes enfrentamientos y requerimiento de explicaciones que motivaron la carta del virrey Loreto al gobernador del Pino aludiendo a una supuesta Real Orden que justificaría estas actividades extraordinarias: “…las diligencias que tengo encomendadas al coronel don José de Reseguín dimanan de una Real orden…”.[56] Éstas como tantas otras actuaciones y detenciones por asuntos que competían a Hacienda y Guerra agudizaron los roces con la superintendencia e incluso con el gobernador de Montevideo cuyo cargo incluía funciones como subdelegado del intendente de Buenos Aires según lo estipulado en la Real Ordenanza de 1782. También provocaron duras sanciones de la Corona y la orden de remitir todas las actuaciones a la superintendencia. Recordemos que Francisco de Paula Sanz, ante quien se había radicado el juicio de Isidora Fernández contra su yerno Juan Francisco de Echagüe y Andía como señaláramos falló en favor de la demandante.
La creación de un superintendente de real Hacienda respondió a la iniciativa de José de Gálvez y otros oficiales afines de llevar adelante políticas tendientes a limitar la autoridad de los virreyes. Su muerte en 1787 significó la anexión de la superintendencia de real hacienda a los virreyes, lo que permitió a los mismos recuperar sus prerrogativas.
Son relevantes, en este punto, las denuncias de Joaquín del Pino en un informe reservado[57] contra el Secretario del virrey Arredondo, Manuel Gallego y contra el asesor del virreinato y auditor de guerra, Juan María Almagro por sus vinculaciones con Tomás Antonio Romero un poderoso comerciante y sospechado contrabandista. La fortuna amasada por Romero le permitió arreglar en 1785 el muy conveniente casamiento de su hijo José María con Francisca Medrano y Cabrera, hija de Pedro Medrano, Comisario de Guerra y Ministro Tesorero Principal del Ejército y Real Hacienda del virreinato y de Victoriana Cabrera y Saavedra, nieta de Francisco de Cabrera. El padrino de la boda fue Francisco de Paula Sanz, Intendente General de virreinato.[58]
Fue durante su gestión como virrey del Río de la Plata (1801), que Romero, Gallego y Almagro fueron objeto de sus denuncias y en el juicio de Residencia al virrey, tomada en 1804, ante el pedido de informe al Cabildo de Buenos Aires, el cuerpo ratificó y declaró que como cuerpo también realizaron constantes denuncias a la conducta de los dos funcionarios “…de suerte que fue preciso recusarlo y pedir su absoluta separación en los asuntos del cuerpo…”[59] y firman: Francisco Lezica, Anselmo Sanz Valiente, Francisco Herrera, Francisco Belgrano, entre otros cabildantes. Como señala José M. Mariluz Urquijo, el virrey confirmó las sospechas sobre las actividades de Gallego y otros funcionarios virreinales relacionados por vínculos de parentesco e interés comercial.[60] Del Pino desplazó de su cargo a Gallego y, a pesar de las evidencias surgidas del contrabando en el caso de la fragata Mariana, que involucraba a Tomás Antonio Romero, para entonces uno de los comerciantes más ricos del virreinato. Mariluz Urquijo agrega que estas informaciones bien fundadas no encontrarían eco en la Península debido a las influyentes relaciones de Romero y el soborno de empleados muy bien acomodados del otro lado del océano. La desestimación de la denuncia de Del Pino volvió a colocar a Gallego y Romero en sus respectivos empleos, contando con todos los privilegios y favores oficiales, sobre todo luego de la muerte del virrey ocurrida en 1804. De todos modos las denuncias siguieron sucediéndose como lo atestiguan las instrucciones del Cabildo de Buenos Aires a Juan Martín de Pueyrredón después de la primera invasión inglesa donde se recomendaba su remoción. La testamentaria de Gallego y las cartas a Romero confirmaban los negocios que mantenían en común.[61] Esta situación explica el pedido de Tomás Antonio Romero, luego de la muerte de Joaquín del Pino, de que la “…Excma Sra Doña Rafaela de Vera Mujica, viuda de Dn Joaquín del Pino no disponga de los bienes, dinero y alajas de la testamentaria de su cargo y 3530 onzas de oro que poco días antes de la muerte de S.E. se cambiaron en estas Reales Cajas…”.[62]
Presidencia de la Real Audiencia de Charcas
Siendo gobernador de Montevideo, Del Pino había solicitado, en 1789, la promoción a un destino de mayor dotación.[63] Ese mismo año fue nombrado Presidente de la Real Audiencia, Gobernación y Capitanía General de Charcas. El traslado de Joaquín del Pino con su familia hacia el Alto Perú, de por sí difícil por la condición de los caminos que incluía un último tramo a lomo de mula con su mujer, Rafaela de Vera embarazada y sus hijos más pequeños, se complicó por el rechazo del marqués de Loreto, virrey del Río de la Plata en ese momento, a partir mientras la estación del año lo permitía para lo cual necesitaba el nombramiento de un gobernador interino hasta la llegada de su sucesor Antonio Olaguer Feliú.[64] Finalmente logró iniciar el viaje en los primeros meses de 1790 y culminó cuatro meses y medio más tarde cuando arribaron a Charcas donde fueron recibidos con todos los honores. Fue Rafaela Vera quien le solicitó de del Pino que describiera los detalles de los festejos, documento que se conservó entre la correspondencia familiar que Joaquín y Rafaela mantuvieron con María Josefa del Pino y Ramery, hija del primer matrimonio de Pino casada con José Pérez Brito. Estas cartas se encuentran en el Archivo Histórico Nacional junto con los papeles personales de un importante comerciante de porteño, el cabildante Juan B. Elorriaga, sobrino nieto de Rafaela Vera a través de los Lezica.
Entre la correspondencia y papeles de Elorriaga, también se encuentran varios documentos comerciales de Juan J. Paso, Bernardino Rivadavia y Manuel de Sarratea y Altolaguirre otros personajes que me encuentro en proceso de revisión, y que me permitirán avanzar en el periodo estudiado. Del mismo modo, confío en terminar de conectar las familias mencionadas con personajes cuyos apellidos resonaron en el periodo ya sea por su actuación política como por sus exitosas actividades comerciales como Segurola, Tellechea, Olavarría, Quiñones y Anchorena, entre otros.
Juan José de Lezica y Alquiza y su descendencia abren la red no sólo a otros territorios del virreinato y allende los mares, sino también a los nuevos aires que se avecinan. Lezica que, a fines del siglo XVIII, fue oficial de la Corona como regidor, defensor de pobres del cabildo de Buenos Aires, Fiel Ejecutor, vocal de la Junta de Temporalidades (1775), Aguacil Mayor de la Santa Inquisición (1784), Prior del Real Consulado (1805), Procurador General del cabildo de Luján, tendrá una actuación destacada en la resistencia a las invasiones inglesas y, como Alcalde de 1º voto del cabildo de Buenos Aires, en la semana de mayo de 1810, donde votó la remoción de Sobremonte y apoyó el nombramiento de Liniers. Días más tarde, le tocó presidir el cabildo abierto del 22 de mayo y su adhesión a la causa monárquica lo llevó a jurar, junto con otros cabildantes, al Consejo de Regencia lo que le valió el destierro a Luján y su muerte en 1811. Las divisiones y las tensiones, no exentas de muertes, destierros y tragedias, estallaron incluso en el seno mismo de las familias principales que, como en el caso de los Del Pino, Vera Mujica y Lezica, enfrentaron a sus miembros según apoyaran los ideales monárquicos o los revolucionarios.
A modo de conclusión
Los casos aquí presentados pusieron de manifiesto, desde su singularidad e incluso su excepcionalidad, lógicas y prácticas propias de una forma de construcción política. El seguimiento de estas familias a lo largo de todo el siglo XVIII nos permitió observar cómo la configuración de redes vinculares, por cuya trama transitaban, se comunicaban y circulaban bienes y personas, trascendían las fronteras locales y regionales, y llegaban, como hemos observado, a las esferas más altas de la oficialidad borbónica. La resolución parcial y coyuntural de las tensiones y disputas que se generaban por la redistribución de beneficios y privilegios difícilmente pueda explicarse por fuera de estas lógicas de construcción de vínculos y lealtades.
Por otro lado, esta mirada desde “el ras del suelo” y en un tiempo largo también ayuda a desarmar la idea de una sociedad “colonial” estática, desvinculada de la región y de la metrópolis, que desconoce el modo concreto en que estos hombres y mujeres transitaban las sinuosas ramificaciones de estas formas del poder. Así pudimos observarlo en las maniobras de Miguel Martínez del Monje y su sobrino, Pedro Florentino de Urizar, quienes lograron mantener bajo su control el cuerpo capitular, las varas de la justicia local y el manejo del comercio santafesino que extendía su alcance a regiones distantes del virreinato, llegando hasta la Península. También se hizo claro en la reacción de las familias principales santafesinas para hacer frente a la denuncia judicial de una mujer de la elite contra su marido, el Teniente de Gobernador -principal autoridad política, judicial y militar de la ciudad- y el rol que la oficialidad borbónica jugó en el conflicto; y finalmente, en los casamientos, hacia fines de siglo, de dos mujeres de la Casa de los Vera Mujica con la máxima autoridad borbónica en el Río de la Plata, el Virrey Joaquín del Pino, la primera y, la segunda, con Juan Lezica, uno de los comerciantes porteños más importantes de la época. Todas estas decisiones articularon y reconfiguraron las relaciones de estas familias con otras de distintas regiones del virreinato, de este y del otro lado del Atlántico.
Las decisiones no fueron el resultado azaroso de alguna coyuntura particular, por el contrario, respondían a las pujas de las partes por imponer, sostener, consolidar o ampliar sus respectivas posiciones de privilegio en un espacio social y político complejo. Transacciones y negociaciones que incluyeron prácticas como las que pudimos observar, en un momento de fuerte voluntad política de la Corona por reordenar y reequipar institucionalmente este espacio con el fin de recuperar el control de sus posesiones en América. Una empresa cuyo éxito estuvo condicionado por factores y circunstancias específicas así como por las más o menos acertadas estrategias elegidas para sortear las tensiones y resistencias a los cambios que se pretendían introducir.
