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Ejecutar la expulsión de los jesuitas en los dominios del Rey: Joaquín Maciel en la experiencia santafesina (1767-1771)*
Emilce Valenzuela**
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Cuadernos de Historia.
Serie economía y sociedad, N° 20, 2018, pp. 155 a 1712
RECIBIDO: 20/02/2018. EVALUADO: 17/03/2018. ACEPTADO: 20/04/2018.
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Resumen
El presente trabajo aborda una experiencia localizada de la coyuntura abierta por la Real Pragmática de Carlos III de 1767 que ordenaba el extrañamiento y expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús. Llevar adelante la ejecución requirió de una densa trama de relaciones e implicó a numerosos oficiales de la administración monárquica a uno y a otro lado del Atlántico. En Santa Fe fue designado por el gobernador de Buenos Aires el teniente de gobernador Joaquín Maciel. Este último se valió de diferentes personas cercanas para llevarlo adelante, generando conflictos con otros miembros destacados que habían quedado fuera del reparto de asignaciones.
Palabras clave:
Redes sociales – Expulsión jesuita– Conflictividad.
Summary
This work deals with a localized experience of the conjuncture opened by the Royal Pragmatics of Carlos III of 1767 that ordered the estrangement and expulsion of the members of the Society of Jesus. Carrying out the execution required a dense web of relationships and involved numerous officials of the monarchical administration on both sides of the Atlantic sea. In Santa Fe was appointed by the Governor of Buenos Aires Lieutenant Governor Joaquín Maciel. He used different people nearby to him to carry it forward, generating conflicts with other outstanding members who had been left out of the distribution of assignments.
Keywords:
Social network- Jesuit expulsion – Conflicts
Introducción
El 27 de febrero de 1767 Carlos III firmó la Real Pragmática que determinaba la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús de sus dominios. La Monarquía Hispánica integró territorios lejanos y discontinuos, y esta decisión que los abarcó a todos, afectaba de modo particular a cada uno de ellos. Como se ha afirmado respecto del conjunto de las reformas borbónicas, las mismas tuvieron impactos disímiles en la metrópoli y en los dominios coloniales, e incluso también entre las unidades territoriales más pequeñas.[1] Desde este horizonte abordaremos la expulsión en la jurisdicción del Cabildo de Santa Fe de la Vera Cruz sin dejar de lado el horizonte regional y atlántico en la que estaba inserta la dinámica política santafesina.
La ejecución del decreto no implicaba solamente al Rey, Virrey o Gobernador como sostenían las lecturas institucionalistas y de aquellos historiadores que sólo rescataban las decisiones de las cúspides de las autoridades políticas.[2] Un procedimiento que podemos criticar con la lupa de Jacques Revel, quien afirmaba que en visiones como éstas “…los actores sociales están masivamente ausente o son pasivos y […] se han sometido históricamente a la voluntad del gran Leviatán que los englobaba a todos”; en suma una “puesta en escena de la fuerza y de la debilidad”[3] que el historiador francés, a finales de los noventa, ya no consideraba “admisible”. Efectivamente, en aquellos años se habían desarrollado distintas metodologías y enfoques que supieron dar cuenta de la acción social y de las relaciones políticas dejando atrás los binomios simplistas tales como autoridad/resistencia, centro/periferia, que Revel ponía en eje de su crítica.
Así como estas perspectivas contribuyeron a poner en evidencia que una de las características de la Monarquía Hispánica era la existencia de poderes plurales y policéntricos,[4] del mismo modo se impone pensar la ejecución de determinadas decisiones como la de la expulsión con conceptos y categorías de análisis acordes a esta pluralidad y conexiones entre las diferentes escalas del gobierno.
Uno de los problemas que nos enfrenta a esta reflexión conceptual es el de la comprensión de los vínculos y relaciones necesarias para cometer los mandatos del Rey.
Siguiendo la propuesta de Imízcoz Beunz,[5] los vínculos sociales y las relaciones establecidas eran relaciones de poder, entendiendo el poder como capacidad de acción y no como una imposición de los de arriba a los de abajo.[6]
Desde esta perspectiva pretendemos abordar la problemática de la expulsión de los jesuitas en Santa Fe, bajo el presupuesto de que llevar adelante semejante tarea suponía el tejido de una densa trama de relaciones a ambos lados del Atlántico afectando las dinámicas de las comunidades políticas locales. Aquí se intentará explicar el modo en que el gobernador Francisco de Paula Bucareli y Ursúa le encargó la tarea a Joaquín Maciel, el Teniente de Gobernador de Santa Fe, y cómo este último designó a personas de su entorno cercano para llevarlo adelante, generando el descontento de otros miembros destacados en la comunidad local que quedaron fuera del reparto de asignaciones.
¿Un terreno preparado para la expulsión?
…estimulado de gravisimas causas, relativas á la obligación en que me hallo constituído, de mantener en subordinación, tranquilidad, y justicia mis Pueblos, y otras urgentes justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo: usando de la suprema autoridad económica, […]: He venido a mandar estrañar de todos mis dominios de España, é Indias, é Islas Filipinas, y demás adyacentes á los Regulares de la Compañía…[7]
Al repensar el enunciado de tan determinante decisión surge la pregunta acerca de las condiciones y recursos existentes en los territorios de la Monarquía para llevarla a cabo. Algunas precauciones que se sentaron expresamente en la Pragmática y en las Instrucciones sugieren la dimensión de las tareas por realizar y las implicancias más temidas por las autoridades.
En la Península la decisión regia, largamente madurada y tomada en febrero, se mantuvo en secreto hasta el mes de marzo. Los designados para la ejecución recibirían la Real Pragmática, la Instrucción y un pliego cerrado de parte del presidente del Consejo Extraordinario y el de Castilla –a la sazón el X Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca de Bolea. Así como las órdenes enviadas a cada uno de los ejecutores, las tareas relativas a la ejecución de la orden regia y el envío de informes debían pasar por sus manos.[8] Carlos III envió una Real Cédula al Consejo de Indias –el presidente era Juan Pizarro de Aragón II Marqués de San Juan de Piedras Albas–, informándole de la decisión tomada.[9] En América, una Adición a la instrucción, con fecha del 1º de mayo, contenía el listado de los edificios jesuitas.[10] Las autoridades desde Madrid permitían que los Virreyes, Presidentes y Gobernadores escogieran la fecha de ejecución pero recomendaban firmemente hacerla de forma rápida para que los jesuitas fueran tomados por sorpresa y no pudieran avisarse entre sí.[11]
El gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli y Ursúa que había asumido el cargo en agosto de 1766, debía realizar la ejecución de la Real Pragmática y realizar el control administrativo de los bienes incautados a la Compañía en un amplio y dilatado territorio[12] que comprendió a las gobernaciones de Tucumán, Paraguay y Buenos Aires, a las que posteriormente se agregó Cuyo.
En Buenos Aires el proceso de expulsión se inició por los colegios y residencias urbanas, para lo último se dejó a los 30 pueblos de indios guaraníes, ya que Bucareli consideraba que se necesitaba una especial atención a esta zona.[13] Sin embargo, el Gobernador no asistió personalmente a la ejecución en todos los territorios bajo su jurisdicción y para la ingente tarea se sirvió de diversos agentes.[14]
Como ya establecimos, la conexión santafesina con Bucareli y Ursúa fue Joaquín Maciel. El teniente de gobernador había sido nombrado siete meses antes de la expulsión.[15] Era miembro de una destacada familia local con múltiples vínculos y su hermano mayor era el canónigo Juan Baltasar. Este último, adepto del obispo de Buenos Aires, Manuel Antonio de la Torre, pudo haber facilitado la designación del teniente santafesino, así como las tareas desempeñadas en el proceso de expulsión.[16] Además del gran prestigio que comportaba su cargo, al asumir el gobierno político y militar del territorio de Santa Fe, se constituía como articulador entre la escala provincial rioplatense y la local. Pero para poder ejercer esa función de articulación, necesitaba del apoyo de las autoridades locales; de ahí la importancia de las relaciones entabladas con los miembros de las élites.[17]
En territorio bajo la jurisdicción del cabildo de Santa Fe, Maciel debía ejecutar la expulsión en el Colegio, el convento, chacras, estancias y las tres reducciones en la frontera norte de la ciudad. Pero semejante tarea no la iba emprender solo. Mientras que en la ciudad el propio Teniente de Gobernador encabezó la misión que llevó adelante la entrada en el Colegio, para el caso de la estancia de San Miguel,[18] Bucareli le sugirió que nombrase a otra persona.[19] El escogido para este destino por el Teniente de Gobernador fue su primo Bartolomé Lacoizqueta. Joaquín Maciel reguló en favor de aquel, las elecciones que le permitieron desempeñarse como Alcalde de primer voto en dos años consecutivos.[20] En estas funciones actuó el alcalde Lacoizqueta, quien procedió al allanamiento cuyo informe remitió a Buenos Aires junto al envío de los tres jesuitas que halló en la Estancia.[21]
Para el Colegio y convento, donde Maciel comandaba la misión, se sirvió de dos testigos al momento de elaborar los inventarios: Juan Francisco Roldán y Joseph Romeo además del escribano del Cabildo Antonio Gregorio de Segade.[22] Por su parte, en la Estanzuela de Santo Tomé actuó Francisco Solano Frutos quien quedó como administrador de la misma.[23] Esta fue tasada y rematada por la Junta Municipal de Temporalidades el 2 de octubre de 1772 y los compradores fueron, precisamente: Francisco Solano Frutos y su hermano Antonio Frutos.
En la frontera norte de la ciudad, las reducciones de San Gerónimo, San Pedro y San Javier, acorde al trabajo de Guillermo Furlong, quien se encargó fue Bernardo Garmendia, Capitán de la Compañía de frontera de la ciudad.[24]
Sin embargo, no se debía solamente sacar a los jesuitas de cada lugar también se debía llevar a cabo las tareas de secuestro, inventariado y subastas. Joaquín Maciel una vez más volvió a convocar a sus allegados para efectuar diferentes tareas lo que generó una mayor crispación por parte de quienes se quedaron afuera del enorme reparto de asignaciones. Cada uno de los pasos seguidos por el Teniente de Gobernador había sido previamente consultado con el Gobernador, pero en ninguna de sus autorizaciones se especificaba quiénes debían llevarla a cabo, lo que dio un amplio margen de maniobras a Maciel.
El 16 de agosto de 1767 Bucareli autorizó al Teniente a “…reducir a dinero el trigo, sal, sebo y las demás menudencias que me informa en su carta, reservando dello lo que Vm considere necesario para la subsistencia de los Esclavos”.[25] Y así procedió, pero a esa lista de “menudencias” debemos agregar 26 camas de algarrobo para carretas, 28 umbrales de la misma madera, 32 tirantes de sauce, 87 tijeras y la lista continua.[26] Los tasadores designados por el Teniente de Gobernador, fueron Juan Francisco Roldán y Vicente Hereñú.[27] Entre los compradores podemos destacar a tres, dos eran familiares de Joaquín Maciel: su hermano Domingo[28] y su madre Rosa de Lacoizqueta.[29] El tercero, Bernardo Garmendia, sobresale por la gran cantidad de bienes que adquirió,[30] a su vez fue testigo junto al cuñado del Teniente de Gobernador, para llevar adelante la subasta autorizada.[31]
Lo mismo sucedió dos años después, cuando Joaquín Maciel le volvió a escribir a Bucareli sobre los gastos generados, entre otros renglones, por el mantenimiento de las estancias, del traslado de los jesuitas y su vestuario. En esta ocasión, para poder seguir adelante, le pedía si podría habilitarle una subasta de aquellos esclavos que no se necesitasen para servicio de las dichas estancias.[32] El Gobernador avaló la medida y le permitió vender los elementos que no se necesitasen del Colegio. Por último, le solicitó el envío de la cuenta de la subasta y también el detalle de los vasos sagrados.[33] A menos de un mes después de haber recibido la autorización se llevó a cabo el remate.[34] En esta oportunidad, eligió como tasadores a Gabriel de Lassaga y –nuevamente- a Juan Francisco Roldán. Los testigos de la mayoría de las compras fueron Bernardo Garmendia y Vicente Hereñú. Destaca la compra efectuada por Joseph Fernández Valdivieso, cuñado de Maciel, quien compró una esclava de quince años llamada Petrona y “un armaje de ataona, quatro tirantes de madera, diez y siete tallas de sedro, y […] tablas cortas de timbu”.[35] En la subasta que siguió, la interesada era su propia madre: Rosa Lacoizqueta, quien sólo adquirió “retazos de raso”, “algunos ramos de flores”, pero su hijo le permitió acceder al listado de los elementos que se podían adquirir para que separase aquellos que consideraba para su mejor necesidad.[36] Y así hizo, pues además de lo señalado, se llevó también elementos de plata y piedras “falsas” y un cajón que, entre otros géneros, contenía las varas de raso.[37] Después Bernardo Garmendia efectuó la compra de una esclava.[38] Su hermano Domingo Maziel adquirió en dos ocasiones distintas a tres esclavos.[39] A su vez, Lorenzo Mancilla se hizo con un esclavo y “24 libros de oro”.[40] Se produjeron compras de esclavos por parte de otras personas destacadas de la ciudad. Llaman la atención cuestiones tales como el volumen de compra efectuado por su parentela más cercana, que Maciel se quedase con el dinero de cada subasta, que los esclavos y esclavas estuviesen en la ranchería, es decir, que no se encontraran en la ciudad. En alguna medida, esto explicaría una segunda parte de la subasta que fue convocada con pregón y realizada en el mes de noviembre.[41] En la misma, se respetaron las instrucciones dadas por el tesorero y contador de la Junta Municipal de Temporalidades, a quien le fueron enviadas por carta.[42] Maciel ejecutó tres subastas a las que sólo se presentó Atanasio de Alveniz y Toro, quien efectivizó la compra de una pareja de esclavos.[43]
Pero el círculo cercano al Teniente de Gobernador que pudimos reconstruir no se vio prioritariamente tenido en cuenta con las compras emitidas por las subastas, también fueron favorecidos con las tareas asignadas. Un ejemplo paradigmático lo constituye Juan Francisco Roldán. Por medio de una carta Maciel le solicitaba a Bucareli el nombramiento de un Administrador de Pueblos de Indios:
Se hace mui presiso para la conserbasion de los intereses de los Pueblos de Mocovis y Abipones el que en esta Ciud se les nombre un administrador que corra con la venta de los efectos que remiten a esta Ciud pa que con su producto se les probea a lo que nesesitan, porque dejar este advitrio a la elecsion de los Curas, se abra de redusir a Negosiasion propia, lo que es intereses de los Pueblos, segun se estabiendo tan a los principios Vera ordenara en este asunto lo que juzgare mas combeniente, mirando por la Conserbasion de dhos Pueblos…[44]
El 6 de octubre se notificó la aceptación de la propuesta bajo la condición de un informe sobre lo producido por aquellos pueblos para poder costear el pago del Administrador.[45] Sabemos del beneplácito de Bucareli por el nombramiento que hizo Maciel en Roldán como administrador. Las concesiones no se limitaron a esto, también le permitió instalar una pulpería en la frontera para el abastecimiento de la Compañía.[46] Con todo, su tarea al frente de las temporalidades de los pueblos de indios no acabó bien. Fue desplazado del cargo en tanto y en cuanto no entregara las cuentas solicitadas por Bucareli como presidente de la recién formada Junta Provincial de Temporalidades.[47]
Tensiones
Si bien en este trabajo nos concentraremos en la figura de Joaquín Maciel, esto no debe dar lugar a interpretar que sólo él debió enfrentar los problemas suscitados por el manejo de los bienes incautados a los jesuitas. También los otros miembros del grupo se vieron imbuidos en diferentes afrentas. Aun así, debemos aclarar que la peor parte se la llevó el Teniente de Gobernador, puesto que fue desplazado de su cargo y nunca más volvió a ejercer otro, mientras que los demás luego de unos años de repliegue volvieron a ejercer cargos vinculados al Cabildo.
En diferentes ámbitos Maciel padeció desaires y ofensas que lesionaban su honra y, con ella, su legitimidad. Una de las primeras que pudimos rescatar proviene de un acta de cabildo de 1770, cuando durante las elecciones le toca desempatar entre dos candidatos a alcalde de primer y segundo voto. El regidor Juan de Zevallos impugnó su decisión revelando los grados de consanguineidad entre elector y elegido, además de señalar a varios como “paniaguados” de Maciel.[48] Si bien, no perjudicó la elección del grupo de Maciel para los principales cargos, la animosidad no cesaba. Las afrentas excedieron el ámbito capitular y se trasladaron a otros espacios, como fue lo acontecido con el comportamiento “escandaloso” de los regidores José Crespo, Juan Francisco Aldao y Juan de Zevallos en la víspera y el día del santo de la ciudad de Santa Fe. En este tipo de festividades asistía toda la ciudad y los miembros del Cabildo tenían su propio sector para presenciar las festividades, por costumbre y bandos publicados por Joaquín Maciel se establecía el procedimiento para los festejos. Los regidores le hicieron un desplante público y notorio cuando asistieron a la función de toros como particulares en diferentes espacios no apropiados respecto a sus estatus:
…el Regidor Aldao se fue y puso de particular a verlos en una esquina de esta plaza donde vive con su tienda el mulato Juan Antonio Candioti, divisando los toros y sus torneos por entre los palos de la varrera qe corria pr aquella parte, lugar destinado a la gente pleve, indios y mulatos, y el Regidor dn Juan de Cevallos de particular y con gorro se puso en las mismas Casas de Cavildo entre varias mugeres a ver la funcion, y nunca quizo verla en cuerpo de Cavdo ni en el lugar donde este se puso; lo que tampoco quizo hacer el Regor Crespo, pues este vio la funcion pr entre otra varrera qr corre pr frente de su casa[49]
Maciel por carta al recién nombrado gobernador Vértiz[50] exponía este acontecimiento puntual como denuncia y pedido de retirarles los cargos de regidores a tres sujetos que no se hacían nada más que desairarlo en cada oportunidad. Esto era un ejemplo de cómo mancillaban sus empleos con actitudes completamente reprochables como colocarse en lugares a los cuales asistían los sectores bajos.
El caso expuesto deja bien en claro las gravísimas faltas cometidas por los regidores contra el Teniente de Gobernador además de los métodos empleados para mostrar a todo el vecindario presente en una fiesta tan importante para la Ciudad, el desprecio a Maciel.
Al mismo tiempo se introducía una nueva institución a Santa Fe: el gobernador Vértiz dispuso en octubre de 1770 la creación de una Junta Municipal de Temporalidades en la ciudad con el objetivo de revisar las cuentas de los administradores.[51] Esta nueva institución era creada en cada una de las ciudades en la que se establecieron los jesuitas, debía componerse “…por el juez comisionado de cada colegio, un regidor nombrado por el ayuntamiento, los diputados y personero del común y un eclesiástico señalado por el obispo o arzobispo de la diócesis”.[52] En el caso que nos ocupa, había una Junta Provincial en Buenos Aires y su presidente era el gobernador de Buenos Aires, una de sus funciones era nombrar a los de la municipal.[53] Estas juntas nacieron por la imposibilidad de controlar todas las ventas y subastas desde Madrid.[54] En el caso de Santa Fe, Maciel llevó a cabo subastas antes del surgimiento de esta Junta. Como consecuencia de esto, cuando se debió responder al gobernador quien era el administrador de las temporalidades de los expulsos, señalaron al Teniente de Gobernador y enviaron al escribano del Cabildo a consultarlo.[55] Ante la consulta, Joaquín Maciel respondió que no había un administrador formalmente nombrado y él mismo se hizo cargo de los bienes y del dinero obtenido de sucesivas subastas, todas con la correspondiente aprobación del gobernador.[56]
La Junta Municipal de Temporalidades se constituyó en febrero del año siguiente, estaba conformada con Juan Francisco de la Riva Herrera[57] como presidente,[58] Juan de Zeballos (miembro elegido por el Cabildo) y el doctor Antonio Oroño por parte del Obispado de Buenos Aires. Desde su constitución comenzaron a tomar decisiones con rapidez: el 2 de agosto fue designado Pedro Mihura como fiscal de la Municipal Junta y cinco días de esto, Fermín de Echagüe y Andía como Procurador presenta los resultados de la investigación, el 16 de agosto se lo suspende a Maciel en sus funciones para que fuera a rendir cuenta de su desempeño con las Temporalidades.[59]
Pero antes de esto, el presidente de la Junta había elaborado un informe sobre el desempeño de Joaquín Maciel y fue enviado a Buenos Aires.[60] El propósito era buscar el medio para solucionar los conflictos en la ciudad entre los sectores enfrentados, pero básicamente terminó siendo un reporte sobre el mal desempeño realizado por el Teniente de Gobernador: informes mal elaborados y con información dudosa, tasaciones y subastas mal realizadas con el objetivo de beneficiarse él y su familia, el mal estado de los edificios pertenecientes a los religiosos expulsos por el abandono, la falta de pago de la Compañía de Dotación, entre otras improcedencias.[61] Pero lo que resalta en la lectura del informe es lo siguiente: “Lo primero porqe le probaran hasta con los niños de la calle la vida escandalosa, qe año haze, trahe con una mujer casada de esta Ciudad, dando mui mala vida a la suia, que es de familia distinguida”.[62] No era la primera vez que se hablaba de aquel asunto, también lo detectamos en un acta del Cabildo de 1772 con ocasión de una nueva elección capitular Juan Francisco Aldao (yerno de Juan de Zeballos) trajo a colación aquel tema como respuesta al intento de Cayetano Jiménez (Alguacil Mayor) de desestimar la candidatura de Pedro Mihura como alcalde de primer voto con el argumento de haber sido denunciado en el Paraguay por su mala conducta.[63] El regidor Aldao devolvió el golpe: argumentó que esta documentación era traída por el encono de Maciel contra Mihura, no por haberlo investigado en su accionar con las temporalidades si no por cuando en tiempo pasado como alcalde el segundo perseguía al primero por vivir amancebado con una pariente cercana a Juan Francisco Roldán.[64] El vínculo provenía del matrimonio de este último con una hermana de Petrona Piedrabuena, una mujer de la élite reconocida como la amante Joaquín Maciel.[65]
Las actas de Cabildo al igual que el informe producido por De la Riva Herrera utilizaban el adulterio de Maciel para desprestigiarlo en su desempeño como Teniente de Gobernador y ejecutor de la expulsión de los jesuitas. En estas sociedades existía una vinculación directa entre el desempeño como padre de familia y la función de gobernar:
Así, la relación que podía establecerse entre el gobierno de la propia familia y el gobierno de la república era modélica: los padres de familia que debían cumplir la función de gobernar a la comunidad constituida por la unión de esos mismos padres, debían hacerlo con la misma responsabilidad y prudencia con la que regían sus propias casas[66]
Joaquín Maciel al ser la cabeza de la familia estaba obligado a mantener el orden divino de su matrimonio, de su familia.[67] Un amancebamiento resultaba un escándalo, debido a que alteraba el orden social.[68] Esas uniones se les llamaban amancebamientos (como en el acta capitular señalada) pues refería a una relación de larga data.[69] Esta relación podía entrar en la categoría del adulterio siempre y cuando uno o ambos estuvieran casados.[70] De esta manera una de las partes afectadas exponía ante una autoridad la grave humillación que le hacía pasar su pareja.[71]
A pesar de haber sido desplazado, enfrentar un juicio y no detentar oficio político alguno, Joaquín Maciel no perdió parte de su red vincular puesta aquí de manifiesto. Lo sabemos gracias a la investigación realizada por Irene Rodríguez sobre el litigio por adulterio iniciado por su esposa Isidora Fernández de Valdivieso. Allí vemos aparecer en la elección de testigos a quienes habían formado parte del círculo digitado por Maciel para ejecutar la expulsión y extrañamiento.[72]
Por otra parte, en el caso del informe de Juan Francisco de la Riva Herrera, que recordemos era un peninsular de carrera, también estaba desarrollando su propia carrera personal y para lograrlo debía mostrar las faltas cometidas por parte de quien investigaba. Su labor se vio recompensada en el momento que Vértiz desplazó a Maciel como Teniente de Gobernador, aunque no lo nombró suplente sino Gobernador de Armas.[73] Esto constituye un dato muy significativo ya que a partir de la década de 1770 se llevó a cabo una serie de reformas en las milicias tanto de Buenos Aires como de Santa Fe. Uno de los cambios más destacados fue el nombramiento de veteranos –de origen peninsular en su mayoría– con el objetivo de reafirmar la presencia de las autoridades en un contexto de relaciones fluctuantes entre el cabildo santafesino y los gobernadores.[74] Debido a las urgencias de la frontera bonaerense, el gobernador de Buenos Aires requería la presencia de las fuerzas santafecinas, pero no siempre estaba dispuesto a devolver el favor.[75] Además del cuerpo capitular, las propias fuerzas se oponían a estar bajo el mando de los veteranos.[76] De allí que el nombramiento de Juan Francisco de la Riva Herrera podría haber facilitado la ayuda militar. Sin embargo, Vértiz al nombrarlo Gobernador de Armas y no Teniente de Gobernador agregaba otro problema con respecto al cargo de Justicia Mayor que quedaba en manos del Alcalde del primer voto.[77] Esto no constituye un dato de color sin más, puesto que fue generador de profundos conflictos entre los miembros del Cabildo y de la Riva Herrera, debido a la toma de atribuciones de este último que no le correspondían. Pero esto será materia de otros trabajos previstos en mi investigación.
Conclusión
En el presente análisis pretendimos comunicar los primeros pasos en una investigación sobre la expulsión de los jesuitas de la ciudad de Santa Fe bajo otra perspectiva que la desarrollada en los trabajos de referencia sobre el tema. Generalmente, el interés estuvo centrado en el destino de las temporalidades de los expulsos antes que en los vínculos que fueron tejiendo quienes intervinieron en las distintas etapas de la expulsión. Como sostuvimos al principio la salida de los jesuitas se presentaba como una gran oportunidad –no sólo en términos económicos– para quienes estuvieran al frente. Sin embargo, en algunos casos como el de Joaquín Maciel resultó ser el principio del fin.[78] Después de haber sido desplazado, seguirá un largo juicio que concluyó en 1781 cuando el acusado ya había fallecido.[79] En el estado de nuestra investigación, aún no estamos en condiciones de afirmar cuánto duraron cada uno de los vínculos o de qué forman se activaron. Por el contrario, pudimos identificar algunos y reconstruir las situaciones propicias en las que se establecían las cadenas de compromisos y lealtades. De modo que en este primer avance se va revelando con contenidos precisos, la importancia de las redes tejidas por el protagonista analizado para dilucidar la forma en que se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas.
