La dirigencia política ante el cambio de régimen tras la sanción de la ley Sáenz Peña. El caso de Ramón J. Cárcano entre 1909 y 1913

Enrique de Goycochea

“Nada surge por generación espontánea”

Cárcano, 1965

Resumen: El presente artículo se enfoca en la acción política de Ramón J. Cárcano, intelectual y político cordobés, cuya trayectoria personal pone de manifiesto un complejo entramado de relaciones sociales al interior de los grupos dirigentes argentinos en general y cordobeses en particular. De este modo, se pretende contribuir al estudio de ciertas características que adquirió la lucha por el poder político, durante la etapa de transición del régimen oligárquico hacia un sistema político relativamente más abierto y competitivo en el contexto de la reforma electoral de 1912. 

Palabras Clave: centralización política - Ley Sáenz Peña - trama vincular

Summary: This article focuses on the political action of Ramón J. Cárcano, an intellectual politician from Córdoba, whose personal history reveals a complex network of social relations within the Argentinian ruling groups in general and the ruling groups from Córdoba in particular. Thus, we aim to contribute to the study of certain characteristics that the struggle for political power acquired during the transition from the oligarchic regime to a political system relatively more open and competitive in the context of the electoral reform of 1912.

Keywords: political centralization - Sáenz Peña Law - connection pattern.

Introducción

El siguiente trabajo pretende avanzar, por un lado, en el análisis de los límites y los obstáculos que la Ley Sáenz Peña impuso a la continuidad de los liderazgos que habían crecido bajo el ala de los grupos gobernantes en la Argentina desde 1880 y, por otro, en el análisis de las estrategias que desarrolló Ramón J. Cárcano como dirigente político para capitalizar determinados recursos que le permitieron mantener y ensanchar las alianzas que lo sostenían en el poder pese a la entrada en vigencia de la Ley.

En primer lugar cabe explicitar que nuestra propuesta analítica parte de una concepción específica de poder “que niega que el mismo sea un juego de suma cero” y, por el contrario, entiende que se trata de “una relación que aunque desigual se construye a partir del accionar de los distintos actores políticos”.[1]

En segundo lugar se tendrán particularmente presentes algunos interrogantes que Eduardo Míguez ha planteado en relación al orden político oligárquico, a saber: “¿Cuál es la especificidad de ese orden? ¿Vale la pena identificarlo como una etapa particular de la historia política argentina? ¿Posee rasgos comunes internos al período y diferenciales respecto de las etapas anterior y posterior?”.[2] En búsqueda de una respuesta satisfactoria, Míguez considera que muchos aspectos del orden prevalente después de 1880 se habían ido gestando desde 1852 luego de la caída de Juan Manuel de Rosas y en efecto, tal como argumenta Leandro Losada, “la importancia de las relaciones con y del apoyo de los grupos de poder local fue tempranamente reconocida…Urquiza tuvo una lúcida percepción de lo dificultoso que sería imponer por la fuerza la construcción del Estado central…su adversario y sucesor, el mitrismo, más decididamente orientado a volcar las situaciones provinciales a su favor, también apuntó a establecer contactos con las elites provinciales”.[3] Asimismo, continuando con Míguez, “lo que en mi opinión da unidad a esa larga etapa de 1852 a 1912 es la concentración del poder en un sector limitado de la sociedad y la capacidad no nula, pero sí bastante limitada, de otros sectores de influir en la definición sobre quién ejerce el gobierno”.[4] Aquí se entenderá que esta capacidad limitada de los sectores opositores, que refiere Míguez en relación a los oficialismos de turno, fue significativamente ampliada en el contexto de la implementación de la Ley Sáenz Peña.

En los años inmediatamente previos a la reforma electoral, diversas acciones puestas en marcha para debilitar la maquinaria política roquista incidieron directamente en la ampliación de las posibilidades, para algunos notables provinciales, de capitalizar determinados recursos que durante la hegemonía del PAN permanecían parcialmente ocluidos debido a la propia dinámica de la competencia política del orden oligárquico. En este sentido, tal como argumentan Servetto y Moyano, “un cambio de régimen político puede modificar la incidencia de diferentes recursos que las agrupaciones utilizan en la lucha por el poder, la manera de apropiarse de ellos, y el grado de concentración o dispersión de los mismos”.[5] A su vez, también según Servetto y Moyano, “si nos preguntamos por los recursos relevantes para alcanzar un desempeño exitoso en la lucha política, es preciso reconocer que esa relevancia varía según diversas condiciones contextuales, pues éstas repercuten tanto sobre la magnitud en que es posible movilizar diferentes recursos, como en la incidencia de los mismos…”.[6] Asimismo, “la capacidad de algunos actores de aportar al desempeño satisfactorio de un partido en sus disputas con otras fuerzas políticas puede fortalecer a tales actores en el interior de las agrupaciones que integran…”.[7] Es a partir de aquí que cobra relevancia la trayectoria de Ramón J. Cárcano y su habilidad para construir un formidable capital político a pesar de la crítica situación en la que se encontraba la legitimidad del orden político vigente y al que, paradójicamente, él mismo había contribuido en consolidar.

Por otra parte, no es menos cierto que determinadas condiciones propias de la lucha política del régimen oligárquico sobrevivieron tras la sanción de la Ley Sáenz Peña: diversos factores que generaban un marco propicio para el clientelismo, como por ejemplo, “la ausencia de normas impersonales sobre el uso de recursos públicos, la posibilidad de las autoridades de tolerar selectivamente el incumplimiento de la ley o la práctica generalizada de actividades clandestinas”.[8] Y tales factores, también fueron utilizados a la vez por quiénes serían favorecidos por la entrada en vigencia de la reforma electoral. No obstante, es innegable que ésta última limitó significativamente la magnitud y la incidencia del fraude, la coerción y el clientelismo ya que la expansión del electorado modificó sustancialmente el modo en que se dirimía la lucha política. A partir de ese momento la “conquista del voto de opinión se convertiría en prioridad de las fuerzas políticas”.[9]

Ahora bien, independientemente de las potencialidades o los obstáculos que una eventual apertura electoral pudiera ofrecer a los actores políticos del momento, en términos generales las dirigencias provinciales aceptaron la candidatura de Sáenz Peña. En este sentido, retomamos los interrogantes de Míguez, “¿Por qué consintieron éstas un cambio tan importante?... ¿Es que éstas habían perdido gravitación, subordinándose o integrándose a las dirigencias nacionales…? ¿O consideraron… al menos en el corto plazo, que este cambio no era crucial para ellas, regidas por sus normas locales?...”.[10] Atendiendo a estos planteamientos, en las páginas que siguen se intentará contribuir con el trazado de una visión que dé cuenta de la interacción entre un sector importante de la dirigencia cordobesa y el Poder Ejecutivo de la Nación en el contexto de la reforma electoral.

El contexto previo a la reforma

Al momento de la sanción de la Ley Sáenz Peña es posible identificar ciertas tensiones al interior de los sectores dirigentes cordobeses, agudizadas en el periodo inmediatamente posterior a la entrada en vigencia de la reforma electoral en la provincia. Sin embargo, éstas no se originaron con la llegada de Roque Sáenz Peña a la presidencia, ni mucho menos vieron la luz en el “golpe” que Figueroa Alcorta asestó a las filas roquistas al decretar la intervención a la provincia en 1909. Sino que por el contrario, es posible rastrear su origen hasta al menos 1903, año en que se produjo la ruptura entre Carlos Pellegrini y Julio A. Roca. Momento en el cual algunos notables, tales como Ramón Cárcano, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, que anteriormente habían formado parte de la dirigencia juarista en la década de 1880 y que habían sido marginados de los ámbitos de poder en el contexto de la Revolución del Parque en 1890, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de retornar al ruedo político. Este paulatino pero ininterrumpido resurgimiento llegó de la mano de un objetivo en común, que agrupaba a dirigentes tanto provinciales como porteños y que poseía en sus entrañas, porque no decirlo, mucho de venganza política: el desmantelamiento de la maquinaria electoral del roquismo.

Sin embargo, durante los primeros meses de 1909 dichas tensiones entre los grupos dirigentes cordobeses alcanzaron un punto de inflexión a partir del cual cobrarían fuerte impulso las camarillas antirroquistas. Efectivamente, el desplazamiento del gobernador José Antonio Ortiz y Herrera en ocasión de la intervención ordenada el 3 de marzo por Figueroa Alcorta supuso un quiebre irreversible para el oficialismo roquista. En otras palabras, la intervención federal a Córdoba significaría un golpe político y simbólico determinante para el General Roca ya que la provincia estaba considerada como el “epicentro de su maquinaria política desde los tiempos del establecimiento del pacto entre las élites provinciales que diera lugar al régimen que había gobernado al país desde 1880”;[11] y, de modo paralelo al desmantelamiento de sus engranajes, terminaba de consumarse la resurrección de los notables cordobeses que habían sido expulsados del mapa roquista, tal como manifestaba a Figueroa Alcorta el mismo interventor federal, Eliseo Cantón, al referirse a Ramón Cárcano: “¿No le parece que Ud. haría un acto de justicia sacándolo a Cárcano del ostracismo político, en que lo sumió Roca, y llevándolo a una banca de diputado nacional?”.[12] La sugerencia hallaría un eco favorable en la voluntad presidencial y el 2 de mayo de 1910 Cárcano resultaría electo diputado nacional, a la par que sería designado como Vicepresidente Segundo de la cámara baja.

En síntesis, es posible advertir que uno de los objetivos del gobierno de Figueroa Alcorta consistía precisamente en diluir la influencia del roquismo, tanto en el ámbito nacional como local, decretando por un lado la clausura del Congreso Nacional mediante el cierre del Parlamento (el cual ordenó en pleno enero de 1908), hecho que ponía fin de manera abrupta y no sin ciertos riesgos, a la agudización de las tensiones que se habían producido tras la muerte del presidente Manuel Quintana entre los sectores roquistas y antirroquistas, y por otro, incidiendo directamente en la vida de las provincias mediante el uso de una herramienta política: la intervención federal. Paralelamente al desarrollo de estos acontecimientos, en el interior del espacio local, comenzaba a tomar forma una alianza entre diversos sectores antirroquistas que daría lugar a la Unión Provincial, nucleando a notables católicos de pasado radical, modernistas, figueroistas y antiguos miembros del republicanismo mitrista, que hacia 1910 se sumaría a la coalición liderada por Sáenz Peña, la Unión Nacional.

Ahora bien, en relación al primero de los interrogantes de Míguez planteados al final de la Introducción, no son pocos los historiadores, que han argumentado acertadamente que las oligarquías provinciales, muy acostumbradas hasta ese momento a que los gobiernos electores marcaran el derrotero político a seguir, se desorientaran frente a la política de prescindencia de Sáenz Peña. En otras palabras, y de acuerdo a la lectura de Martín O. Castro, aquella decisión de Roque Sáenz Peña provocó una confusión generalizada, a la par que la intervención a la provincia de Córdoba desplazó a las camarillas roquistas, que por un lado, perdieron gravitación en la designación de potenciales candidatos,[13] mientras que por otro, quedaron con muy poco margen de acción para poder ejercer una resistencia decidida una vez sancionado el proyecto de reforma electoral en el ámbito nacional, debiendo por tal motivo apoyarlo, al menos desde el silencio, con el fin de conservar sus posiciones dentro de una coyuntura extremadamente delicada para ellas.

No obstante, en lo relativo al segundo interrogante de Míguez, es posible también sugerir, que los sectores más conservadores de la dirigencia cordobesa interpretaron que la sanción de la reforma no tendría una incidencia significativa en el ámbito de la provincia una vez estabilizada la gobernabilidad del régimen, por lo que el gobernador Félix T. Garzón, tal como ha demostrado Esteban Ortiz,[14] en un primer momento no opuso reparos al avance del proyecto en el Congreso Nacional, apoyándolo incluso desde el plano discursivo. Pero por el contrario, poco tiempo después, a medida que avanzaba de la mano de Cárcano el proyecto de reforma de la constitución provincial, para adaptar la ley 8871 al ámbito local, Garzón no tardó en manifestar una abierta renuencia, particularmente en lo relativo a los riesgos que, según él, comportaba la incorporación de la lista incompleta en la nueva ley electoral, llegando incluso a obstaculizar decididamente las gestiones de la Asamblea Constituyente. De hecho, en vísperas de la reforma a la Carta Magna de Córdoba, es posible establecer una clara escisión entre el sector que lideraba Cárcano, agrupado en torno al presidente Roque Sáenz Peña y el sector denominado por los carcanistas como los conservadores a ultranza, liderado por Garzón, que rechazaba la apertura de la competencia política.

Sin embargo, en relación a las facciones que poco más tarde serían identificadas como carcanistas y garzonistas, es posible advertir, que las fricciones que marcaron la relación política entre sus líderes, comenzaron a visibilizarse un tiempo antes que tuviese lugar la conformación de la Convención Constituyente. A este respecto, puede advertirse que ciertas tensiones existentes al interior de las filas conservadoras se debían a que la capacidad de presión y la influencia de algunos legisladores nacionales cordobeses se fundaban, en parte, en su papel de mediadores entre actores locales y gobierno federal. Por ejemplo, en marzo de 1912, la pretensión del gobernador de hacer designar a su tío Senador Nacional, dio lugar a una negativa tajante por parte del presidente, quien tuvo en Cárcano a su principal emisario, y al cual le cupo informar al gobernador que la autonomía de la provincia dependía de la libertad electoral de cara a la inminente apertura de la competencia política.[15] Por su parte, Garzón no tuvo otra alternativa que acatar la orden de Sáenz Peña, ya que no era difícil advertir que ésta contenía una abierta amenaza. A su vez, la posición del propio gobernador al interior de su partido era de una evidente debilidad, “debido a que tras el desplazamiento del PAN del gobierno provincial ya no existían referentes nacionales que encolumnaran a las principales ligas conservadoras de la provincia, por lo que su liderazgo era precario pues no controlaba el comportamiento de sus aliados”.[16]

Esta difícil coyuntura, que afectaba al Partido Constitucional en general, más allá de la situación personal de Garzón, tuvo su contraparte en el papel ascendente que comenzó a desempeñar Ramón Cárcano. Inclusive, según los medios de prensa, su sola presencia suscitaba esperanzas en los grupos escindidos internamente respecto a que éste pudiera recomponer las fuerzas políticas de la provincia,[17] ya que relacionado íntimamente con el presidente de la Nación, “y partícipe de su proyecto reformador, plantearía en primer lugar el reagrupamiento conservador por encima de las siglas que separadamente componían a este sector”.[18] Se puede afirmar así, que estando el oficialismo local envuelto en una crisis que desembocaría en su disolución, Ramón Cárcano vería abierta la posibilidad de llevar adelante la reorganización de las filas conservadoras mediante una estrategia política que contemplaba dicha unificación bajo su candidatura a la gobernación, con el objetivo último de hacer frente al Partido Radical de cara a los comicios provinciales de noviembre de 1912.

La reforma electoral en Córdoba

Tal como ha manifestado Javier Moyano, puede afirmarse que el conjunto de “los dirigentes cordobeses pertenecían a familias emparentadas entre sí; residían en la capital provincial; participaban en similares entidades sociales, invertían en los mismos frentes económicos; y se habían educado en el Colegio Montserrat y en la Universidad de Córdoba”.[19] Empero, también puede argumentarse que “tensiones y conflictos fueron, sin embargo, permanentes entre la dirigencia conservadora, con frecuencia dividida en agrupaciones rivales o en ligas enfrentadas dentro de una misma agrupación”.[20] En este sentido, de acuerdo a lo señalado por Lipset y Rokkan, los conflictos pueden “nacer de una gran variedad de relaciones”,[21] no obstante, “algunos de ellos tienden a polarizar la política”,[22] tal como efectivamente sucedió con el desembarco del proyecto de reforma electoral en la provincia.

Convocada la Asamblea Constituyente bajo la dirección de Ramón J. Cárcano, con miras a modificar la Carta Magna para adecuar las disposiciones de la Ley Sáenz Peña a las particularidades del escenario local, sus sesiones se extendieron desde el 5 de julio de 1912 hasta el 5 de setiembre del mismo año. En ella, tomaron parte los grupos dirigentes cordobeses, pero su participación estuvo marcada por fuertes clivajes que orientaban a las fuerzas en distintas direcciones. En este sentido, en lo relativo a lo afirmado en el párrafo anterior, es factible identificar claramente la existencia de dos facciones al interior de los sectores conservadores de la provincia. Por un lado, la facción que Esteban Ortiz supo denominar de los modernistas, la cual accionaba en favor de la modificación de la Carta Magna para darle curso a la apertura de la competencia política, liderada principalmente por Cárcano, quien a su vez, en ese momento, se encontraba desempeñando el cargo de diputado nacional, y por otro, la facción ultraconservadora, así denominada por los carcanistas, la cual se oponía decididamente al proyecto impulsado por Sáenz Peña, encabezada por el gobernador, el Dr. Félix T. Garzón y el diputado Julio A. Roca (h), quienes no dudarían en manifestar su profundo rechazo a la reforma electoral una vez que el proyecto hiciese pie en Córdoba.

Ahora bien, la posición adoptada por Cárcano durante el periodo en que ocupó una banca en el Congreso nacional como diputado por Córdoba, reflejó desde un comienzo la adherencia al programa de Sáenz Peña, y su actuación trascendió rápidamente la arena parlamentaria, convirtiéndose no sólo en uno de los emisarios presidenciales más influyentes del interior del país, sino que de acuerdo con la interpretación de Martín Castro, también se constituiría en uno de los publicistas de la reforma electoral más optimistas, respecto a las posibles consecuencias que la apertura política podía traer aparejadas para la relación que el régimen oligárquico se había encargado de construir entre Estado y sociedad.[23] Desde su lectura inicial, la reforma era

la obra asociada de gobierno y pueblo, que no sólo advierten cuáles son las exigencias de la hora, sino que extraen la lección de ese medio siglo a lo largo del cual la República posible terminó por degradar al comicio a una mera unción administrativa…cuando se clausuran todas las puertas, se aprietan todos los tornillos y se ajustan todas las válvulas, estalla la caldera[24]

Sin embargo, de acuerdo con la afirmación de Tulio Halperin Donghi, la confianza con la que Cárcano apoyaría el proyecto presidencial “nace de que descree del poder movilizador de la instauración de la verdad electoral, al tiempo, podemos agregar, de que juzga que por mucho tiempo la política será dejada en manos de quiénes la venían manejando desde hacía medio siglo”.[25] Desde esta perspectiva entonces, nuevamente evidenciada en la apertura de las sesiones preparatorias de la Convención Constituyente de Córdoba, Cárcano reclamaría decididamente la aplicación inmediata del padrón y de las leyes nacionales.

De este modo, es posible identificar, que el esperanzado optimismo no se vinculaba verdaderamente con una voluntad de cambio profundo en el que al “institucionalizar la incertidumbre electoral”[26] se produjese la oportunidad de producir un desequilibrio estructural, respecto a la dinámica de las relaciones de poder entre aquellos dirigentes de las instituciones estatales y el conjunto de la población, por el contrario, lo que se pretendía era “estabilizar el régimen imperante, el que, urgido de legitimación, acudía a la búsqueda de la participación restringida de la oposición, para legalizarla y coadyuvar de este modo a la neutralización de su acción subversiva”.[27] Una buena síntesis de lo afirmado, la constituye de hecho la lectura que el mismo Cárcano realizara de la entrada en vigencia de la Ley Saénz Peña: “Consolidada la democracia por la verdad del comicio, no quedan pendientes problemas políticos que comprometan su estabilidad y desarrollo”.[28]

Así las cosas, existía no obstante un visible disenso entre algunos notables cordobeses. Efectivamente, las diferencias observables entre las posturas de los convencionales versaron en lo relativo a la inclusión o no de la cláusula de la “representación de las minorías” en el art. 44 que refiere a la composición de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Julio A. Roca (h), se expresaría afirmando que

…el régimen electoral establecido en la Constitución actual, consulta perfectamente las necesidades de la provincia y las aspiraciones y anhelos del bien público. Creo que ella también, en una forma indirecta, pero segura, garante a la vez la representación de las minorías, y por tanto, el control de los actos gubernativos de la mayoría[29]

Otro factor, directamente relacionado con el anterior, sería la aplicación de la ley nacional de elecciones que introducía el sistema de lista incompleta. Nuevamente aquí, el Dr. Roca sería portavoz de la renuencia del grupo liderado por Garzón, ya que según su lectura, la lista incompleta se encontraba muy lejos de constituir un adelanto, de hecho implicaba un retroceso en la legislación electoral.[30]

De esta manera, el sector opositor a la reforma, ejerció una importante influencia en la Asamblea Constituyente. La misma, no puede dejar de considerarse, ya que al tiempo que era mayoritario, sus representantes consiguieron un amplio consenso entre los constituyentes respecto a que la nueva ley electoral fuese integrada a la Carta Magna provincial con importantes limitaciones, al proponer que ésta entrara en vigencia para las elecciones de diputados provinciales y nacionales, pero que no se contemplasen sus prescripciones para las de senadores nacionales y electores de gobernador y vice. Sin embargo, probablemente, la razón más poderosa por la que la facción liderada por el gobernador Garzón ejercería una resistencia tan tenaz durante las semanas en las que tuvo lugar la Convención reformadora, obedezca a los aires de renovación democrática que por el contrario reinaban en el ánimo de Cárcano. Precisamente, aquel optimismo frente a la introducción de innovaciones electorales, se encontraba también directamente relacionado con los beneficios que eventualmente podría llegar a usufructuar en un escenario que quebraba la centralización del control electoral en la provincia de Córdoba. En efecto, allí donde para algunos la lucha abierta significaba la destrucción de la máquina política local, herramienta que aseguraba sus posiciones de poder, para Cárcano contribuía a ampliar significativamente su capital político a partir de la comprobación que la posesión de determinados recursos influiría en la capacidad de movilización electoral, tales como el prestigio social y la extensa y compleja red de alianzas que durante sus años de “incilio” había pacientemente elaborado en casi todos los ámbitos de la provincia y, desde luego, en el escenario nacional también.

De este modo entonces, y a pesar de los ingentes esfuerzos realizados, la facción garzonista fue progresivamente acorralada entre dos frentes. En relación al primero, la presión del presidente sobre el gobernador Garzón, ejercida mediante el múltiple accionar de Cárcano y sus seguidores, devino en poco tiempo insostenible tal como quedaba de manifiesto mediante las enérgicas exhortaciones que Sáenz Peña realizaba al gobernador desde que ocupara la silla presidencial:

He dicho que este gobierno no ha de tener injerencia en la política local de las provincias…pero deducir de allí que ha resuelto despojarse de la acción política, oprimiendo los párpados para no ver la deformación del régimen…eso equivaldría a decir que se despoja del gobierno mismo…Temer la legalidad del voto, es mostrarse amedrentado por la democracia, haciendo incurrir a la actual generación en una cobardía cívica, que no penetró en el alma de los constituyentes…[31]

Mientras que en lo relativo al segundo, el diario La Voz del Interior se constituyó en un actor de primer orden. Efectivamente este matutino de la capital cordobesa, argumentando que la sociedad en su conjunto debía participar activamente en la buena marcha de la Convención, informaba a sus lectores que “no sólo seguirá de cerca los debates…aun apuntará ideas en los distintos tópicos, precisándolos concretamente”,[32] llegando incluso a entregar a la Comisión Especial un proyecto de reforma electoral cuyo punto más sobresaliente era la supresión en el artículo 44 de la cláusula del sistema de simple pluralidad, proponiendo en su reemplazo la incorporación de la representación proporcional. Además, proponía que mientras la Legislatura no adoptase una decisión definitiva se declarara vigente la ley 8871.[33] A la vez, la actividad política desplegada por el diario, obtendría un importante aval institucional a partir del momento en que Cárcano dispuso la publicación del despacho de la Comisión Especial de reformas, aun cuando el presidente de la Convención era consciente que desde este periódico se apoyaba decididamente el ascenso del radicalismo a la escena política local.

Aún así, pese a todas estas influencias, el sector más renuente de la Convención Constituyente lograría dilatar la decisión final, frenando el avance de la facción carcanista, hecho del que también daría cuenta La Voz del Interior, al informar de los pormenores mediante los cuales la facción reaccionaria iba logrando predominar sobre la modernista, impidiendo de este modo que se incluyera la cláusula de la representación de las minorías.[34] Así las cosas, el empuje vital que en última instancia recibió el ala modernista no provino de la Asamblea, sino de la situación política reinante, siendo un hecho admitido la intención reformista de la opinión pública, permanentemente acicateada mediante los artículos de opinión que a diario circulaban en La Voz del Interior, periódico que tampoco dejaba de hacerse eco del apuro de los convencionales carcanistas en lo relativo a la proximidad de las comicios gubernativos.

Puede argumentarse así, que la entrada en vigencia de la reforma constitucional de la provincia constituyó un requisito de suma relevancia, en referencia a la participación de sectores opositores en la nueva etapa política que se iniciaba tanto a nivel nacional como local, y precisamente por este motivo, el ala liberal-modernista de las fuerzas conservadoras intentaría capitalizar la conquista de un sistema electoral “limpio y democrático”, dentro del cual a su vez buscaría exitosamente mantenerse en el gobierno. En este sentido, tal como indica Paula Alonso, Rodolfo Rivarola en una de sus últimas publicaciones en relación a la temática en cuestión, atribuía desde las páginas de la Revista Argentina de Ciencias Políticas “al partido conservador la paternidad de la ley electoral”, refiriéndose a ella luego de que fuese uno de sus principales críticos, “como una de las reformas trascendentales”, y llamaba “a los conservadores a no asustarse de su propia obra”.[35] Es posible afirmar entonces, de acuerdo con la interpretación que de estos hechos realizara Ortiz, “que la concreción de la reforma constitucional, formaba parte de un proyecto político que necesitaba contar con este plafond de renovación y credibilidad”.[36] Y, aunque en el ámbito local “se mantuvo la lista completa para los electores a gobernador y vice, que se elegirían por departamento en cantidad igual al doble de los legisladores provinciales”,[37] aun así los principios consagrados por la Ley Sáenz Peña – voto universal masculino, secreto y obligatorio – serían ampliamente publicitados en las elecciones gubernativas, dando al conservadorismo la posibilidad de constituirse en una alternativa sólida para su continuidad en el poder provincial, mediante las garantías que de este modo reivindicarían los actores políticos que logró reunir Cárcano en torno a su candidatura a la gobernación. De esta manera, retomando la interpretación de Ortiz, “no obstante la conducción del gobernador Garzón, en Córdoba se iba llevando a cabo la modernización política que implicaba la aplicación de las nuevas reglas de juego político que imperaban a nivel nacional…producto de ella fueron, durante su período gubernativo, la reforma constitucional de setiembre de 1912…, y las elecciones de noviembre de 1912, que como consecuencia de lo primero, concentraría la atención del gobierno central”.[38]

La Convención del Salón Marconi y la Concentración Popular

Si realizamos una detenida lectura sobre el proceso arriba referido, no es difícil inferir que la consolidación de la influencia y el liderazgo de Ramón Cárcano, tanto en la ciudad capital como en el interior de la provincia, se desarrolló a la par de un retroceso protagonizado por los sectores que hasta ese momento formaban parte del oficialismo cordobés. Aun más, el rápido ascenso de lo que podríamos llamar la facción carcanista, en detrimento del debilitado liderazgo del gobernador Félix T. Garzón, en primera instancia venía a dispersar aun más las filas conservadoras. Por consiguiente, el paso inmediatamente posterior a la reforma de la constitución sería organizar el conjunto de las fuerzas conservadoras en torno a la figura de Cárcano.

Efectivamente, más allá del enfrentamiento y las divisiones que afectaban a este frente, sus integrantes percibían como una peligrosa amenaza la posibilidad que el Partido Radical triunfara en las elecciones de noviembre. En este sentido, el 24 de agosto, pocos días antes de finalizar la Convención Constituyente, los representantes del Partido Constitucional, de los Partidos Departamentales, del PAN y un núcleo de notables independientes, firmaban un acta de compromiso en la que se unificaban las fuerzas dispersas bajo un mismo programa de acción política. El mismo, a su vez, sería sostenido por una fórmula de candidatos a elegirse en una Convención a celebrarse entre las fuerzas firmantes. Al mismo tiempo, otra agrupación que apoyó decididamente la orientación de la reorganización conservadora fue la Juventud Carcanista. Integrada por Eduardo Deheza, Pablo Rueda, Julio Rodríguez, entre otros, se constituyó en comité el 2 de agosto. Asimismo, sus miembros fueron los primeros en lanzar públicamente la candidatura de Cárcano, al tiempo que publicitaban su capacidad administrativa desde las páginas de Justica, periódico capitalino editado por este grupo, conformado mayoritariamente por estudiantes universitarios que, tiempo después, ocuparían importantes posiciones durante el mandato de su líder y mentor.

Los hechos entonces se precipitaron inexorablemente hacia la concreción de los objetivos de Cárcano, “ya que en esta rápida y simultánea secuencia de acontecimientos, se iba a plasmar la organización del frente conservador con la Concentración Popular”[39] liderada por él. De esta manera, se llegaba a la Convención celebrada en el Salón Marconi el 10 de setiembre, en la cual estarían representados todos los sectores vinculados a la dirigencia cordobesa. A este respecto, sería Garzón Maceda quien plasmara las sensaciones de una jornada en la cual la urgencia del momento, en relación al verdadero adversario a enfrentar en los inminentes comicios gubernativos, se respiraba a flor de piel: “La obra que vais a realizar, podrá ser obra de influencia trascendental…principio y raíz de una Concentración Nacional que ha de informar un partido interprovincial grande, poderoso, invencible, tal como lo exige el avance del Partido Radical”.[40] Y, para darle continuidad institucional a las disposiciones que acababan de sancionarse en la Convención reformadora de la Carta Magna, uno de los primeros puntos en los que se acordó fue en la consolidación de la libertad electoral, dando lugar definitivamente a instancias de Cárcano a la decisión del presidente Sáenz Peña en lo relativo a la neutralidad del Poder Ejecutivo de la Nación en la elección de dirigentes provinciales.

Pero sin duda alguna, el punto más importante que abordó la Convención del Salón Marconi fue la necesidad de acordar la unión de las fuerzas integrantes de la coalición, punto en el que también quedaba de manifiesto la lectura que Cárcano realizaba del momento político imperante, que ya había quedado claramente expresada durante los debates que se generaran en el Congreso Nacional en torno a la Ley Sáenz Peña el año anterior. En efecto, al decir de Botana, Cárcano “defiende la idea de un régimen político que funcionaría eficazmente sin partidos y sin gobierno de partido; aboga por un sistema permanente de coalición en el congreso”.[41] Yendo más lejos inclusive, Cárcano sostendría firmemente esta postura durante los meses iniciales de su primer mandato al frente de la gobernación, tal como el mismo se encargó de dejar asentado mediante el contenido de sus discursos: “Los antiguos partidos, de formas fijas y rígidas, son imposibles y son innecesarios, para asegurar las libertades democráticas…ya no es posible el partido permanente como unidad, sólo es posible la unión…concentración o alianza”.[42]

Finalmente, la Convención proclamó a Ramón Cárcano como candidato a gobernador y a Félix Garzón Maceda como candidato a vice. A partir de allí, la Concentración Popular, aunque ya venía trabajando intensamente, invirtió de lleno todas sus energías en la campaña electoral de cara a los comicios de noviembre. Y a instancias de Julio Roca (h) se constituyó la Junta Central de la Concentración Popular.

Trama relacional de Cárcano, voto de opinión y solidez de su candidatura a la gobernación

Con el radicalismo en pleno ascenso y las fuerzas conservadoras en dispersión, Cárcano se aprestaba a liderar la Concentración Popular. En este sentido, y siguiendo de cerca la lectura de Marcela Ferrari respecto a la importancia de los lazos familiares y de las redes de sociabilidad en la construcción de itinerarios políticos,[43] si a nivel nacional se ha destacado la influencia de Julio A. Roca como pivote que hizo posible el accionar conservador,[44] “lo mismo puede aseverarse respecto al rol que jugará a nivel local el Dr. Cárcano”.[45] Cabe entonces preguntarse, porqué su figura despertaba tantas expectativas entre numerosos miembros de los sectores conservadores.[46] Ya que tal como manifiesta Ortiz, puede afirmarse que “era el más firme candidato a la gobernación de Córdoba desde fines de 1911, mantenía estrechos vínculos con el presidente de la Nación Roque Sáenz Peña, sería el presidente de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial en 1912, y tenía un gran ascendiente sobre los asuntos internos del conservadorismo local”.[47]

Es preciso entonces tener en cuenta que la influencia de Cárcano entre las filas del conservadorismo supone un accionar múltiple que resulta útil para entrever los lazos socio-políticos que existían entre los dirigentes locales. Y a este respecto, los diferentes hechos que hemos venido desarrollando pueden enmarcarse dentro de una trama vincular específica. En efecto, centrándonos en las redes en las que Ramón J. Cárcano se desenvolvió para llevar adelante sus objetivos políticos es posible identificar, en primer lugar, que el origen de éstas trasciende en mucho los marcos temporales inmediatos a la reforma electoral de 1912 y, en segundo lugar, una sólida vigencia de las mismas al menos desde el último tercio del siglo XIX. A saber, teniendo en cuenta una de las hipótesis de Marcela Ferrari respecto a la incidencia de las experiencias previas o paralelas de los individuos para forjar carreras políticas y su consecuente traducción en capital político,[48] por un lado es harto conocido el anticlericalismo que Ramón Cárcano manifestó desde sus primeros años de vida política, evidenciado abiertamente mediante la publicación de lo que fue la primera tesis doctoral[49] presentada en la Universidad Nacional de Córdoba. Esta obra, se orientaba a promover una fuerte polémica entre dirigentes católicos y liberales de la ciudad, en un momento en que desde el Estado nacional se avanzaba en un proceso de laicización social y jurídica. Sin embargo, producto de las tensiones que originó, sólo pudo ser presentada bajo el padrinazgo de Miguel Juárez Celman, quien en ese momento se desempeñaba como gobernador de la provincia.

A su vez, también es conocida la defensa ideológica que a través de una prolífica producción intelectual, realizó por un lado, de los vencedores de Caseros, y por otro, de la fuerte modernización que el Estado provincial y el Estado nacional habían llevado adelante en relación a los sistemas de transporte y comunicación, al desarrollo urbano de las ciudades más importantes del país y en lo tocante al registro civil y la legislación en materia educativa; obras que le valieron su nombramiento como miembro de número de la Junta de Historia y Numismática, institución que presidiría en dos oportunidades, la primera de ellas a menos de 10 años de su creación. En resumen, la imagen que Cárcano supo construir de los sectores liberales, producto de su producción historiográfica y literaria, le permitieron contar con el inestimable apoyo de lo que años más tarde sería la juventud carcanista, un grupo de estudiantes universitarios que al momento de su candidatura a la gobernación, pusieron en marcha la publicación de Justicia, periódico de circulación local que afianzó el prestigio académico de Cárcano.[50] Aún más, la fortaleza y continuidad de dichas lealtades desembocarían en el nacimiento de lo que luego se conoció como la Liga Carcanista.

Claves resultarían también las amistades que hizo a través de su pertenencia al club El Panal, espacio que nucleó a intelectuales y notables cordobeses muy cercanos a la gestión gubernamental de Juárez Celman y que a su vez formaron parte de su proyecto presidencial, tales como Justiniano Posse, José del Viso y José Figueroa Alcorta, éste último presidente de la Nación desde la muerte de Manuel Quintana en 1906 e inmediato antecesor de Roque Sáenz Peña. De hecho, político tan audaz como hábil, Figueroa Alcorta sería uno de los muy escasos juaristas, sino el único, que siguieron en funciones luego de la Revolución del Parque, haciéndose cargo de la gobernación de Córdoba en 1895.

No resulta una casualidad que Cárcano afianzara su retorno a la vida política durante la presidencia de Figueroa Alcorta, con quien había entablado una relación de amistad iniciada durante sus años de estudiantes en el colegio Monserrat y consolidada luego en la Universidad a través de la pertenencia de ambos a la sociedad literaria Déan Funes (agrupación juvenil que nucleaba además a futuros adversarios de Cárcano, tales como Joaquín V. González y Félix T. Garzón).[51] Andando el tiempo, un Cárcano todavía muy joven daría rienda suelta a sus dotes literarias desde la redacción de La época, periódico de la capital cordobesa, dirigido por el mismo Figueroa Alcorta y orientado a publicitar la labor gubernativa de Juárez Celman, quien por entonces proyectaba su candidatura a la presidencia. En síntesis, Cárcano resultaría un actor importante para la política antirroquista del gobierno de Figueroa Alcorta, como ha quedado de manifiesto a través de una extensa correspondencia entre ambos, en especial a partir de que el Ejecutivo nacional ordenara la disolución del Congreso en enero de 1908 con el objetivo de debilitar la estrategia “obstruccionista” de los diputados roquistas.

Otro aspecto de la trayectoria de Cárcano, que es fundamental considerar en relación a la construcción de sus sólidas redes regionales, es que si bien luego de la crisis de 1890 se mantuvo al margen de la lucha política, se abocó de lleno a la actividad agropecuaria. Particularmente en el sudeste de la provincia, desde su estancia Ana María ubicada a orillas del Río Tercero, se dedicaría a la introducción de novedosas técnicas agropecuarias mediante la importación de arados a vapor y el mejoramiento de la hacienda existente a través de la renovación genética con razas europeas. De este modo, durante más de diez años, construiría una densa red de aliados y amigos políticos entre los productores rurales de Río Tercero, Traslasierra y el norte cordobés, llegando a ser cofundador y el primer presidente de la Sociedad Rural de Córdoba a partir de mayo de 1900. Incluso, su activa participación como productor hacendado en el interior provincial, lo llevaría en 1907 a trascender nuevamente el ámbito local al ser designado como Presidente de la Comisión Asesora de Enseñanza Agrícola y más tarde, en 1909, sería electo vicedecano de la flamante Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, la ascendencia que tenía entre los hacendados cordobeses, lo llevaron a consolidar vínculos empresariales con los representantes de la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.

Lo cierto es que a poco de oficializar su candidatura a la gobernación surgirían los Partidos Departamentales, cuyo objetivo era consolidar el liderazgo de Cárcano en el interior provincial a través de una intensa campaña que contaría con una herramienta de relevancia: la constitución de numerosos comités,[52] resultando a la postre de suma importancia también durante el desarrollo de los comicios en lo relativo al traslado de votantes propios a las mesas electorales, y respecto a la obstrucción de electores opositores en las mismas mesas, sobre todo si tenemos en cuenta lo ajustado de la victoria de la Concentración Popular frente al Partido Radical.

Como puede observarse, al momento de construir liderazgos dentro del régimen oligárquico, tal como afirma Javier Moyano, la “calidad personal” del dirigente era fundamental.[53] En este sentido, y particularmente a partir de 1912, el cambio de régimen político, “interactuó con la permanencia de realidades más antiguas, como la fortaleza de las relaciones informales, o la importancia que se seguía asignando a la ‘dignidad’ de las personas como requisito para pertenecer a los grupos gobernantes”.[54] Pero las fuentes para alcanzar tal “dignidad” eran diversas e incorporaban nuevos recursos, que Cárcano por su parte también supo aprovechar muy bien. En efecto, debido a la naturaleza y diversidad de sus vínculos la gran visibilidad de su imagen trascenderá ampliamente los estrechos círculos dirigentes, alcanzando gradualmente a los sectores medios de la sociedad cordobesa, fundamentalmente a comerciantes y profesionales, quienes reflejarán en las urnas la opinión favorable que este notable había sabido consolidar pacientemente.

Ahora bien, en relación a este último punto, es pertinente considerar la relevancia que ciertos vínculos familiares tuvieron en la construcción de la imagen pública de Cárcano. A este respecto, según el mismo Ramón Cárcano, por un lado el entramado principal de los lazos sociales de su familia se tejía en torno a comerciantes italianos que habían arribado a Córdoba durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX. Mientras que por otro, su padre, si bien no participaba directamente en la vida política, aun así gozaba de la amistad y la estima de “los hombres políticos” del momento.[55] Inclusive, Inocente Cárcano y Nicolás Avellaneda se habrían conocido mientras cursaban sus estudios en el Colegio Monserrat, y con el correr del tiempo el primero sería “fervoroso partidario de su candidatura a la presidencia de la nación, con la mesura que impone su condición de extranjero”.[56] La relación se vería afianzada todavía más durante las visitas en Buenos Aires al futuro presidente. Visitas que tenían por objeto informar a Avellaneda sobre la situación de la provincia y a su vez “solicitar recursos para el Colegio de Montserrat, cuyas finanzas angustiosas estimulan descontentos”.[57] Más aún, Inocente Cárcano llegaría a ocupar importantes cargos durante las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda, ya que mientras se desempeñaba como corresponsal del diario La Nación sería designado como delegado del consejo de administración de José Telfener, empresario que tenía a su cargo la construcción del ferrocarril Córdoba-Tucumán.

Empero, más allá de los intereses particulares que a Cárcano lo llevaban a dar cuenta de sus lazos familiares más íntimos y de las vicisitudes del medio donde les cupo desenvolverse, de lo expuesto en el párrafo anterior pueden extraerse sugerentes claves interpretativas. A saber, los vínculos de su familia con los representantes de lo que tiempo después sería el poder político central pueden remontarse hasta muchos años antes de la constitución del PAN; dando cuenta así, al menos para el territorio de la provincia de Córdoba, de lo acertado de ciertas lecturas analíticas renovadas y reseñadas por Eduardo Míguez, respecto a que el Estado Nacional que comenzaría a tomar forma desde 1852/62 fue el fruto de la convergencia de un dinámico conjunto de actores provinciales que supieron ver en él un espacio de crecimiento más que el fruto de una hegemonía centralizada en expansión.[58] En efecto, “las dirigencias provinciales vislumbraban desde mucho antes, que la existencia de la nación, si bien limitaba su autonomía, otorgaba a cambio ventajas económicas que compensaban ampliamente esa pérdida”.[59] De esta manera, casi inmediatamente después de Caseros se iría conformando una “sociabilidad política que lentamente dejaba atrás el relativo aislamiento provinciano para converger…en un sistema que articulaba lo local con una dimensión superior”[60] al que se integraban actores sociales diferentes de los sectores criollos como, por ejemplo, los comerciantes y los colonos inmigrantes.

Por otra parte, en cuanto al contexto social cordobés del régimen oligárquico, es posible afirmar que si bien existían amplios sectores sociales que no desarrollaban una vida política dinámica o participativa por su mera condición de extranjeros, el hecho de que se desempeñaran en ámbitos ligados al comercio y a las finanzas les permitía estar muy cerca de notables políticos con importantes cuotas de poder, como por ejemplo en el caso que nos ocupa. Efectivamente, importantes miembros de familias de origen italiano y español – como Minetti, Tettamanti, Céspedes, Caeiro, los hermanos Rogelio y Heriberto Martínez, Reschia, Brusco, etc – no sólo conocían la trayectoria política e intelectual de Cárcano sino que también, algunos de ellos, poseían lazos familiares con su esposa.[61] Y tal como afirmara Guillermo Beato, aunque entre ellos solía haber resistencias a participar en la lucha política, un campo mucho tiempo vedado a los inmigrantes, aun así los canales con el poder político solían ser más sutiles pero no por eso menos efectivos dentro de ciertos límites.[62] En otras palabras, no parece desacertado sugerir que estos actores contribuyeron en mucho a la difusión pública de la imagen de Ramón Cárcano, fundamentalmente respecto a la incidencia que tendría el voto de opinión a partir de la entrada en vigencia de la Ley Sáenz Peña.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo explicitado más arriba es posible interpretar que una de las consecuencias directas de la reforma electoral, tanto a nivel nacional como local y de acuerdo al análisis que de ella realizara Leopoldo Maupas, sería precisamente que la “verdad del sufragio al poner el resultado de las elecciones en manos de la mayoría numérica asegura el poder a la clase media…”,[63] pero de esta circunstancia no debía suponerse un desequilibrio estructural en las relaciones de dominación ya que la “tensión entre la burguesía opulenta y la clase media no se encontraba en posturas opuestas sobre el orden económico ni sobre el orden jurídico”[64] sino que se trataba de una división moral que revestía todas las características de una distinción de clase. Asimismo, continuando con la lectura de Maupas, el Partido Radical aun no estaba en condiciones de representar los intereses de clase de los sectores medios ya que aun no había adquirido conciencia de que aquel sería su papel histórico y de todas maneras, como acertadamente sugiere Tulio Halperín Donghi, en aquellos momentos muy pocos dirigentes radicales hubiesen estado dispuestos a asumirla[65] pues por su origen y condición social no tenían expectativas similares a la clase media. En conclusión, gran parte del caudal de votos de este sector que de antemano muchos asignaban al Partido Radical, al momento de los comicios de noviembre de 1912 se concentrarían en la candidatura de Ramón J. Cárcano.

Así es entonces, que por todo lo expuesto anteriormente, Ramón Cárcano resultó electo gobernador de Córdoba en unas elecciones que tuvieron por protagonista directo a un Hipólito Yrigoyen que aun dos meses antes de los comicios se vio en la necesidad de trasladarse hacia Córdoba, para dirigir personalmente la campaña electoral del Partido Radical. Efectivamente, la diversidad y el alcance de los recursos del candidato conservador, tales como su sólido prestigio académico entre los sectores liberales, sus vínculos empresariales y de amistad con importantes productores rurales, sus contactos entre las élites financieras de la capital provincial, sus antiguos lazos de pertenencia a familias tradicionales, la persistencia a pesar del tiempo transcurrido de sus relaciones con importantes dirigentes en el plano local y nacional, sumado a la posibilidad de agrupar en torno suyo a dirigentes católicos antirroquistas que también habían sido marginados de la lucha por el poder y la opinión que de su figura tenían importantes sectores medios de la sociedad cordobesa, fueron factores que hicieron de Cárcano uno de los pocos notables conservadores capaces de frenar, al menos circunstancialmente, el empuje de un Partido Radical en pleno ascenso hacia la conquista del poder político central.

No obstante, a la par de las herramientas que ofrecía la nueva ley electoral, respecto a la posibilidad de capitalizar de una manera más efectiva la opinión pública y el prestigio social en torno a un candidato, también es posible constatar que durante la celebración de los comicios, ya con la Ley Sáenz Peña en plena vigencia, y tal como ha quedado de manifiesto en las reiteradas denuncias que los medios de prensa registraron sobre todo en el interior provincial, nuevamente se pusieron en marcha mecanismos electorales propios del régimen oligárquico, tales como el traslado compulsivo de peones rurales a las mesas de votación y la obstrucción de votantes opositores. Y este último aspecto, cobra particular relevancia si se tiene en cuenta que los candidatos de la Concentración Popular obtuvieron la victoria frente al radicalismo de Yrigoyen por menos de 200 votos.[66]

Ahora bien, existe a su vez otro factor a considerar, de central relevancia en relación al liderazgo de Cárcano, y en lo referente a la solidez con que su candidatura pudo campear exitosamente la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre de 1912, ya que si bien su imagen comenzará a cobrar una visibilidad renovada, que irá consolidándose conforme transcurran los años de Figueroa Alcorta en la presidencia de la nación, su liderazgo al interior de las fuerzas conservadoras alcanzará su punto culminante durante la gestión de Sáenz Peña al frente de la Casa Rosada. En efecto, más allá del capital socio-político con el que contaba Cárcano al interior de Córdoba, sus vínculos con los detentores del poder político central serán determinantes. Inclusive, la primera etapa de su gestión al frente de la provincia, estará fuertemente orientada por los objetivos más importantes del proyecto saenzpeñista, tanto en lo referente a la intención de consolidar un frente político conservador de proyección nacional, como en lo tocante al destino de lo que hasta ese momento se consideraban los restos del roquismo cordobés.

Cárcano y Sáenz Peña: una relación persistente

Tal como afirma Leandro Losada, los rasgos que adquirieron la arquitectura institucional y el sistema electoral en la Argentina, “fueron otro elemento de peso para que la construcción de una élite política nacional encontrara importantes anclajes en las relaciones con las élites locales. También permiten entender porqué el Estado fue un plafón fundamental para que una élite política provincial o nacional según el caso, alcanzara y retuviera su lugar como tal”.[67] En este sentido, la trama vincular de Cárcano, también revela sugerentes afinidades políticas e ideológicas entre notables provinciales y nacionales que a la postre contribuirían a la continuidad del proceso de centralización del poder político argentino, iniciado, según la lectura de Eduardo Míguez, inmediatamente después del derrocamiento de Juan Manuel de Rosas.

Aun cuando no puede negársele una notable habilidad para relacionarse con los detentores de turno del poder, no constituye precisamente una eventualidad que Cárcano se convirtiese paulatinamente en uno de los emisarios de la reforma electoral más importantes del interior del país, ya que es posible rastrear el origen de su vínculo con Roque Sáenz Peña hasta los años inmediatamente anteriores a la Revolución del Parque. Efectivamente, además de que Sáenz Peña apoyara en su momento la candidatura a la presidencia de Miguel Juárez Celman, también supo desempeñarse como funcionario del gobierno juarista, más precisamente como ministro de su gabinete poco antes de su caída en 1890, y ya no volvería a ocupar cargos públicos entre aquel año y 1905, luego de su fracasado intento presidencial en 1891, intento que, a su vez, contaría con un importante apoyo entre partidos provinciales, dirigentes modernistas y cuadros juaristas.

Ahora bien, las interpretaciones tradicionales sobre los partidos en el orden oligárquico por lo general los han visto como una fluctuante agrupación de notables, carentes de bases conceptuales y programáticas, sin embargo, es posible matizar tales lecturas. En efecto, el contenido del discurso de Cárcano, como así también el de sus aliados políticos, revela la existencia de una base ideológica compartida, que si bien en no pocas ocasiones fue utilizada como herramienta de legitimación para sus intereses personales, la misma da cuenta a la vez de un proceso de maduración de ciertas ideas que irán tomando forma conforme transcurra la década inicial del siglo XX. En otras palabras, es posible identificar entre Pellegrini, Cárcano y Sáenz Peña ciertas similitudes en lo relativo a la concepción del derrotero histórico argentino del siglo XIX por un lado, y por otro una lectura similar respecto a que la sociedad argentina de principios del siglo XX había finalmente alcanzado el umbral ubicado en aquel lejano horizonte, tiempo atrás pronosticado por Juan Bautista Alberdi, en el que la República posible debía dar el paso definitivo hacia la República verdadera, mediante la apertura de la competencia política a todos aquellos que la constitución nacional consideraba ciudadanos.

Por otra parte, no es desconocido por los historiadores contemporáneos que tal como afirma Ezequiel Gallo, “Pellegrini fue durante toda su carrera política un nacionalista decimonónico, de talante liberal, partidario decidido de la supremacía de la nación sobre sus partes constituyentes…Obsesionado con la unidad nacional, la defensa del federalismo y las autonomías provinciales…no fueron un tema central en su cuerpo de ideas”.[68] No obstante, la relevancia que le otorgaba a la unidad nacional no sólo era compartida por sus amigos políticos de la Atenas del Plata sino que, muy por el contrario, en esa dirección también se orientaban algunos notables provinciales de reconocida trayectoria, tal como revela el caso de Cárcano, quien a través de su producción literaria e historiográfica (cuyo análisis abordo en otro trabajo) publicitó y legitimó insistentemente la acción política de quienes a partir de Caseros habían trabajado en pos de la consolidación de un Estado-Nación liberal y plenamente integrado al mercado internacional.[69]

A su vez, respecto a la lectura de la vida cívica del país, tanto Roque Sáenz Peña como Ramón J. Cárcano coincidían con la interpretación que Pellegrini hiciera pública en vísperas de su alejamiento del PAN ya “que la intensa campaña a favor de la pureza del sufragio que inició en 1901 descansaba en la firme creencia de que el saneamiento de la vida política se había vuelto condición necesaria para el mantenimiento de la estabilidad institucional”.[70] Inclusive, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, uno de sus amigos más cercanos, Estanislao Zeballos, sugeriría que el mejor homenaje que podían hacerle a Pellegrini sus allegados era “consolidar y ensanchar la fundación de un partido conservador moderno que dé al gobierno y al país la solidez que necesita”.[71] De este modo, poco sorprende pues que los notables vinculados a Pellegrini después que éste rompiera con las filas roquistas levantaran las banderas reformistas tras su muerte, dando lugar algunos años más tarde a la creación de la Unión Nacional liderada por Sáenz Peña y, encolumnada tras ella, la Unión Provincial surgida en Córdoba.

En síntesis, el concepto acerca de la “pureza” del sufragio, la recurrente insistencia sobre la incongruencia de un régimen que había modernizado la vida social pero que al mismo tiempo se empeñaba en mantener un régimen político a todas luces restringido, donde el gobierno representativo y democrático consagrado en la constitución del ´53 sólo era una formalidad nominal, habían ido calando cada vez más hondo entre amplios sectores políticos al menos desde la reforma electoral de 1902. En este sentido, considero acertado el argumento que postulara Fernando Devoto en cuanto a que un antecedente crucial de la reforma electoral de 1912 lo constituyeron los avatares políticos que ocasionaron la fractura del PAN tras la ruptura entre Pellegrini y Roca.[72]

Así es que junto con Cárcano un importante número de dirigentes reformistas, tanto a nivel nacional como provincial, apoyaron decididamente lo que consideraban una urgente necesidad de reformar el sistema político del país a fin de superar una muy peligrosa crisis de representación. Incluso, como bien han demostrado Natalio Botana y Martín Castro, muchos partidarios y también algunos adversarios de la reforma compartían un pronóstico muy específico respecto a su impacto electoral y político: el espacio conquistado por los nuevos partidos no iba a sobrepasar el tercio que la ley concedía a las minorías, era impensable que las fuerzas que controlaban las situaciones provinciales no supieran traducir sus vastos recursos en sólidas victorias electorales.

Parece evidente entonces que tanto Sáenz Peña como sus aliados políticos entendían que a través de la reforma del sistema electoral el resultado inmediato, y buscado, sería el final del roquismo sin mayores consecuencias para la estabilidad política e ideológica del orden, ya que tal como hemos venido argumentando no existían mayores preocupaciones “dado que el mismo Sáenz Peña razonaba que el resultado electoral no afectaría el balance de poder en el país, pero sí se produciría una nueva redistribución del mismo dentro de la élites políticas”.[73] A su vez, también es posible afirmar que durante la presidencia de Sáenz Peña, algunos dirigentes figueroístas y antirroquistas entre los que también se contaba Cárcano seguían apelando al uso de recursos y de herramientas políticas propias de los años de hegemonía del PAN. De esta manera, no pocos factores contribuían directamente a la solidez de una interpretación específica, de donde se desprendía la seguridad en llevar adelante una reforma que no sólo no alterara las bases de sus posiciones de poder sino que además las legitimara definitivamente.

Ahora bien, una vez puesto en marcha el proceso de reforma, Sáenz Peña comunicó insistentemente que no intervendría en los comicios y que desde el gobierno central tampoco se tolerarían prácticas fraudulentas que pusiesen en riesgo la legitimidad de la Ley recientemente votada al tiempo que solicitaba a los gobernadores que respetaran la libre emisión del sufragio. Empero, en este sentido, es muy significativo el permanente contacto que mantuvieron con Cárcano tanto el presidente como su ministro del interior Indalecio Gómez, en el contexto de las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba, porque precisamente evidencia que aun cuando no tomara estado de público conocimiento Sáenz Peña no sólo siguió muy de cerca el comicio cordobés sino que también toleró que parte de las herramientas tradicionales fuesen utilizadas para asegurar la victoria de Cárcano, tal como sugiere éste último en la lectura retrospectiva que realizara en sus memorias al referirse a la entrevista que mantuvo con el presidente después de ganar la gobernación: “Regreso de la primera campaña electoral de Córdoba, apasionada y angustiosa para los partidos en lucha …El presidente me recibe en su residencia de San Isidro”.[74]

Al rememorar aquella entrevista, Cárcano insiste recurrentemente en los esfuerzos que Sáenz Peña tuvo que llevar adelante para mantener ante la prensa la idea original de abstenerse de intervenir en los comicios de 1912, tal como le habría manifestado el presidente mismo en varias ocasiones: 

he tenido…que defenderme de la sospecha de que prestara apoyo oficial a su candidatura, porque todo el mundo comprendía que me convenía su triunfo, para asegurar el leal cumplimiento de la nueva ley en una provincia tan importante como Córdoba, la primera que elige su gobernador al amparo del voto secreto[75]

Inclusive, durante el transcurso de aquella reunión, ante las inquietudes de Indalecio Gómez en relación a lo ajustado del triunfo frente al radicalismo, Cárcano reconoce que

Desde luego, hemos fundado un comicio muy costoso. Los gastos que impone la traslación de los votantes son enormes…se podrían disminuir multiplicando el número de mesas receptoras…Hemos suprimido la imposición oficial, pero hemos creado la venalidad universal[76]

Precisamente, desde la dirigencia local del Partido Radical fueron numerosas las denuncias realizadas en relación a la manipulación y la obstrucción de los actos electorales y en lo referente al traslado compulsivo de peones.[77]

Para mayo de 1913, cuando Sáenz Peña pronunciaba su mensaje a la Asamblea Legislativa, las primeras consecuencias de la reforma ya se habían hecho sentir y habían llegado mucho más allá de cuanto temían aquellos que advertían sobre los amenazados pilares del régimen. En la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos ya habían vencido el radicalismo y el socialismo, sin embargo, según la lectura de los historiadores que hemos venido citando, el presidente seguía sin compartir las alarmas que encendían muchos de sus correligionarios, ya que según su propia interpretación de los hechos se trataba de partidos que operaban dentro de los contornos constitucionales y por el hecho mismo de votar no podía considerárseles como una amenaza al orden. A su vez, “esta seguridad sugería hasta qué punto los sectores dirigentes permanecían ciegos a todo lo que el proceso reformador había venido ya a cambiar en la vida política argentina”.[78] No obstante, es posible matizar estas afirmaciones de Halperín Donghi, ya que si consideramos la impresión que el recién electo gobernador de la provincia de Córdoba se llevó de aquella entrevista con Sáenz Peña e Indalecio Gómez en San Isidro se puede argumentar, o al menos sugerir, que la tranquilidad estaba más perturbada de lo que se estaba dispuesto a admitir públicamente:

Al presidente le causan estos resultados sorpresa y preocupación. La fuerza electoral nueva a la cual atribuía más artificio que realidad equilibra, y por poco pasa, la fuerza tradicional…en aquellos días el presidente me dice: estoy meditando un manifiesto invitando al pueblo a organizar un gran partido gubernamental para evitar el desequilibrio político que amenaza a la Nación[79]

Pero desde luego, aquel desequilibrio político al que se refería Sáenz Peña no podrá ser balanceado mediante la creación de una fuerza partidaria nacional que nucleara a las élites tradicionales. De hecho, esta imposibilidad dará por resultado unos pocos años más tarde la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la nación. No obstante, llegados hasta aquí, no es posible pasar por alto una notable excepción, respecto a las frustradas intenciones presidenciales de agrupar a las fuerzas conservadores en torno a  una propuesta programática bien definida.

Precisamente, en la provincia de Córdoba ya en plena gobernación de Cárcano surgirá un particular proyecto político. En este sentido, Cárcano no dejaba de reconocer la poderosa influencia que el General Roca había ejercido durante los años centrales del régimen, por lo que aun cuando algunas estructuras provinciales pudieran sobrevivir a la reforma del sistema político, según su propia lectura, ninguna de ellas estaba en posición de darle forma a un partido “orgánico y relacionado, de gravitación e influencia nacionales”,[80] con las excepciones, por un lado, del comité central del Partido Nacional de la provincia de Córdoba, “ya que parecía ser la única estructura partidaria que había sobrevivido relativamente indemne al colapso de la estructura nacional del PAN. Y por otro lado, el Partido Radical, que a fines de 1910 había establecido una estructura a nivel nacional junto con una red de comités locales en cada provincia”.[81] De este modo, es posible advertir en Cárcano una iniciativa tendiente a concentrar las élites políticas a nivel nacional estableciendo como punto de partida una sólida base en Córdoba. Y aunque en principio las autoridades nacionales negaron a Cárcano la posibilidad de dirigir el proceso de construcción de la nueva fuerza conservadora, reprochándole discretamente el querer reflotar antiguas ambiciones juaristas, no obstante, los sectores vinculados a la Concentración Popular, con el aval de Sáenz Peña, aceptaron dejar de lado el objetivo de privilegiar la alianza, de todos modos siempre inestable, de las facciones políticas existentes hasta ese momento. Sencillamente, éstas dejaban de existir para construir una propuesta de mayor amplitud. De este modo, la primera circular que convocaba a una reunión para constituir un partido “orgánico, permanente que responde a los propósitos de orden, administración y progreso”[82] “fue firmada por Martín Ferreyra, José N. Olmedo, Gerónimo del Barco, Aurelio Crespo, Julio A. Roca (h), Juan F. Caferatta, Rafael Núñez, Guillermo Rothe, José del Viso, entre otros. Todos, miembros representantes del Partido Constitucional, del PAN y de los Partidos Departamentales”.[83] Y poco tiempo después, en diciembre de 1913, se reunía una comisión provisoria para dar a conocer el nombre del nuevo frente: el Partido Demócrata.

Según la lectura de Cárcano, debido a las circunstancias imperantes en el escenario político nacional ahora hacía falta un “partido como fuerza consciente de gobierno”,[84] contradiciendo o más bien abandonando el criterio que sostuviera anteriormente en lo relativo a la importancia de las alianzas coyunturales. Pero lo que en este punto interesa destacar, es que el Partido Demócrata al menos en su declaración de principios y en su propuesta programática intentaba responder a la necesidad de construir un frente conservador sólido de cara al futuro político del país y que, al menos en la provincia de Córdoba, constituiría una experiencia que mantendría vigente la idea original de Sáenz Peña hasta los primeros años de la década de 1930.

Ahora bien, en lo tocante a la dirigencia política nacional, hacia 1914 comenzaron a visibilizarse importantes diferencias entre el presidente y su vice, Victorino de la Plaza, respecto al programa renovador de Sáenz Peña y el modo en que éste afrontaba el ascenso de los partidos políticos “extremistas”. Esta última circunstancia sería particularmente gravosa para la autonomía de la que gozaba Cárcano en relación a los dirigentes conservadores locales. Efectivamente, la muerte del presidente en agosto de 1914 privará inevitablemente al gobernador de un punto de apoyo central, tanto para su programa de gobierno como para sus ambiciones personales de mantener y ensanchar su posición de poder frente a los embates que agitaban las aguas de la vida política local y nacional. Y pese a los denodados esfuerzos que el gobernador llevará adelante para mantener cohesionados a los dirigentes conservadores en torno a su liderazgo (tanto en vísperas del deceso de Sáenz Peña, como inmediatamente después de éste), no podrá evitar el retorno, con renovadas energías, de dirigentes roquistas y garzonistas poco antes marginados del poder en el contexto del agitado proceso de introducción de la Ley Sáenz Peña. Precisamente, a partir de los últimos meses de 1914 se producirá el reingreso en el escenario político local de facciones conservadoras que a la postre cumplirán un rol destacado en el Poder Ejecutivo provincial, desdibujando de este modo la imagen de autonomía que hasta ese momento poseía Ramón Cárcano.

Podemos afirmar entonces, que más allá de los recursos con los que contaba Cárcano para ensanchar las bases de apoyo a sus ambiciones políticas, la muerte del presidente puso de manifiesto la dependencia de éste respecto a los detentores del poder político central para asegurar la estabilidad de su liderazgo, ya que a partir del momento en que Victorino de la Plaza se hizo cargo de la presidencia, las fuerzas más renuentes a la apertura de la competencia electoral cobraron una renovada vitalidad que les permitiría no ya dar marcha atrás en el proceso de apertura electoral pero sí lograr un importante control de la arena política local pese a la plena vigencia de la Ley Sáenz Peña.

Y andando el tiempo, tampoco será difícil advertir la decepción y hasta la “angustia política” que provocó el proceso de desmantelamiento de la hegemonía roquista al fracasar en su objetivo más alto, respecto a llevar adelante una transición desde arriba que permitiera a los sectores dirigentes mantener el control del Estado. En este sentido, resulta muy sugerente la relectura que Cárcano realizara años después, también en clave alberdiana, de los efectos destructivos que el proceso de transición hacia la República verdadera había tenido en la distancia que la República posible había construido entre el Estado y la sociedad argentina, evidenciando hasta qué punto Cárcano se había identificado con el proceso de consolidación de una Nación, en la que tanto los notables nacionales como los provinciales se consideraban a sí mismos los legítimos mandatarios de su “propia” construcción histórica. Tal como manifestaba años después el propio Cárcano:

El pueblo argentino…nunca ha votado libremente…es un régimen de amos y siervos, de doctores y analfabetos…En estas condiciones es imposible alcanzar el voto libre inopinadamente, junto con la ley que lo crea. Es necesario mayor desarrollo de riqueza e instrucción, una evolución de la cultura[85]

Efectivamente, Cárcano compartiría finalmente la interpretación de la que se hacían eco muchos de sus contemporáneos: en última instancia, “el gobierno democrático es obra de un grupo reducido de personas y sólo ellas integran el pueblo donde reside el poder electoral”.[86] De este modo, Cárcano argumentaba el fracaso que desde su perspectiva había comportado la Ley Sáenz Peña apuntado a la falta de conciencia cívica y cultura política por parte de los sectores sociales emergentes.

Consideraciones finales

Es posible constatar, por todo lo expuesto en las páginas precedentes, que el decidido aval de Ramón Cárcano al proyecto de reforma electoral de 1912 tuvo lugar cuando tomó conciencia de que un eventual desequilibrio coyuntural dentro de las élites dirigentes locales le permitiría capitalizar determinados recursos personales en beneficio de su propia posición. De hecho, esto es precisamente lo que hizo, utilizar las posibilidades abiertas por la apertura política para consolidar su imagen y su liderazgo entre las élites cordobesas. En este sentido, es factible identificar que más allá del contenido de su discurso público los objetivos políticos de Cárcano estuvieron siempre a tono con la importancia que éste le concedía a la acumulación de capital político, además de su permanente preocupación por la construcción de poder, aspectos todos que de un modo u otro fueron reflejados a lo largo de su trayectoria institucional.

Otro aspecto que no puede pasar inadvertido es que desde 1909, año en que se lanzó la campaña presidencial de Roque Sáenz Peña con la promesa de llevar adelante el postergado proyecto de apertura del régimen político, hasta 1912, año de su implementación, se insistió recurrentemente en la idea de que se debía dejar atrás a los gobiernos electores. Y es precisamente por este motivo que Sáenz Peña, una vez electo presidente, aseguró públicamente que llevaría adelante una política de prescindencia, es decir, que el poder Ejecutivo nacional no intervendría en la designación de candidatos ni en los comicios provinciales, así como que tampoco se tolerarían prácticas fraudulentas por parte de los candidatos. Aun así, podemos constatar a través de la correspondencia y las memorias de Ramón J. Cárcano que Sáenz Peña, al igual que Indalecio Gómez, no sólo siguieron muy de cerca los procesos comiciales en el interior del país sino que también se pusieron en marcha, con el conocimiento del presidente y su ministro del interior, muchas de las viejas prácticas electorales propias de la maquinaria política del PAN. De hecho, hay elementos para pensar que Cárcano puso en práctica, si bien no en todos los distritos de la provincia de Córdoba, herramientas de dudosa legitimidad tal como él mismo sugiere. Y pese a los límites que la apertura de la competencia política imponía a la capacidad de muchos actores locales para transformar sus clientelas en poderosos ejércitos electorales, es posible afirmar que para ciertos dirigentes, tal como se evidencia en el caso de Cárcano, la reforma electoral paradójicamente les permitió consolidar sus liderazgos a partir del uso exitoso de determinados recursos para movilizar un número significativo de votantes, relativizando de este modo el diagnóstico que estos mismos notables hacían en relación al fracaso de la Ley Sáenz Peña al momento de materializar algunos de sus objetivos esenciales: lograr una circulación más fluida de las élites políticas argentinas y legitimar la dirigencia política tradicional.

Asimismo, en lo relativo al escenario socio-político donde se desplegó la acción de Ramón Cárcano, cabe afirmar que los vínculos entre su familia y un importante sector de la dirigencia porteña pueden remontarse hasta varios años antes de la constitución del PAN, dando cuenta de la implicancia de ciertos sectores locales en el proceso que daría lugar a la consolidación de un Estado nacional fuertemente centralizado. Inclusive, entre Cárcano, Pellegrini y Sáenz Peña puede advertirse una lectura similar de la historia política argentina del siglo XIX. Sin embargo, también es posible afirmar que desde la década de 1880 hasta 1910 la estabilidad política del orden conservador descansó en una notoria supremacía del poder Ejecutivo nacional y en una correlativa disminución del poder de los mandatarios provinciales y de los caudillos locales, por lo que la instauración de la reforma electoral vino en última instancia a confirmar los rasgos centralizadores más que a instaurar novedades en lo relativo a la naturaleza del sistema político argentino. Y en esta tarea, algunos notables tales como Ramón J. Cárcano entre otros, cumplirán un rol fundamental al convertirse en los emisarios referenciales del proyecto de reforma electoral en el interior del país, movilizados a su vez por la ambición de reconstruir sus liderazgos políticos mediante un proceso que les permitirá, al mismo tiempo, consumar una venganza histórica contra Julio A. Roca y la antigua dirigencia del PAN.

Además, tampoco es posible dejar de lado que más allá de un proyecto político específico, como lo fue el de la ley 8871, el alineamiento de ciertos notables con dirigentes nacionales como Carlos Pellegrini, José Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, obedecía fundamentalmente a que sus vínculos estaban enmarcados dentro de una trama relacional en la que se destacaban con un peso superlativo ciertas afinidades informales, tales como la continuidad y la persistencia de antiguas lealtades, cuya “marca de origen” puede ser remontada a los años en los que todos ellos se habían identificado con el patronazgo político de Miguel Juárez Celman, y con el que también colaboraron activamente. Inclusive, luego de la caída de éste y el final abrupto del unicato, un similar destino de “incilio” político nucleó a algunos de estos notables en una red de solidaridades que logró sobrevivir hasta los años finales del régimen oligárquico.

Asimismo, en lo relativo a la importancia de los vínculos de Cárcano, tampoco puede dejar de consignarse que más allá del formidable capital relacional que éste supo construir y mantener dentro de los límites de la provincia de Córdoba, su relación con los detentores de turno del poder político central no tardará en revelarse como fundamental a la hora de liderar en el ámbito provincial el proceso de transición hacia la República verdadera.

A su vez, otro aspecto que revela como pocos la centralidad de su vínculo con el presidente, es que al momento de la muerte de Sáenz Peña, el aliado político más importante de Cárcano, no tardaron en retornar al ruedo político aquellos actores desplazados por la facción carcanista durante el proceso de reforma de la constitución provincial, hecho que por sí sólo puso en evidencia la fortaleza de los bastiones más conservadores en el ámbito cordobés, aun en vísperas del ascenso del Partido Radical al poder Ejecutivo de la Nación. Efectivamente, mientras Sáenz Peña se mantuvo al frente de la presidencia, Cárcano gozó de un importante margen de autonomía durante los meses iniciales de su primer mandato como gobernador. Pero conforme transcurría el ejercicio de su magistratura, a medida que se visibilizaban las diferencias ideológicas entre el presidente y Victorino de la Plaza, no tardarían en aparecer los primeros obstáculos para la facción carcanista. Y luego del deceso de Sáenz Peña, ya con de la Plaza al frente de la presidencia, sería sólo cuestión de meses el retorno de los referentes locales de las facciones más conservadoras de la dirigencia política del antiguo régimen, lo que también evidencia hasta que punto eran necesarios los vínculos de los grupos locales con la dirigencia nacional, al margen de la facción a la que se perteneciera.

Fuentes

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Publicaciones periódicas

La Voz del Interior

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[10] Míguez, 2012: 66

[11] Moyano, 2006. 

[12] Eliseo Cantón a Figueroa Alcorta, 05/10/1909, citado en Castro, 2012: 254.

[13] Castro, 2012.

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[17] La Voz del Interior, 17/8/1912.

[18] Ortiz, 1992: 28.

[19] Moyano, 2006: 77.

[20] Moyano, 2006: 77.

[21] Lipset y Rokkan, 1991: 21.

[22] Lipset y Rokkan, 1991: 21.

[23] Castro, 2012.

[24] “Debate sobre la Ley Sáenz Peña, intervención de Ramón J. Cárcano, 08/11/1911”, citado en Halperín Donghi, 2007.

[25] Halperín Donghi, 2007: 50.

[26] Przeworski, 1986: 58.

[27] Botana, 1985: 235-237.

[28] Cárcano, 1916: 26.

[29] Diario de Sesiones de la Convención Reformadora, citado en Ortiz, 1992.

[30] Ortiz, 1992: 98.

[31] Roque Sáenz Peña al Dr. Félix T. Garzón, 30/01/1911, en Halperín Donghi, 2007.

[32] La Voz del Interior, 20/6/1912.

[33] La Voz del Interior, 7/7/1912.

[34] La Voz del Interior, 18/8/1912.

[35] Alonso, 2015: 140.

[36] Ortiz, 1992: 55.

[37] Véase Vidal y Ferrari.

[38] Ortiz, 1992: 90-91.

[39] Ortiz, 1992: 76.

[40] La Voz del Interior, 11/9/1912.

[41] Botana, 1985: 288.

[42] Cárcano, 1916: 22-25.

[43] Ferrari, 2008.

[44] Gallo, 1975: 28.

[45] Ortiz, 1992: 68.

[46] Acerca del ascendiente de Cárcano sobre los sectores conservadores de la provincia léase La Voz del Interior: 7/6/1912, 16/6/1912, 21/6/191, 03/7/1912, 7/7/1912, 9/7/1912, 10/8/1912 y 17/8/1912. Son reiteradas las afirmaciones en relación a las esperanzas que la presencia de Cárcano suscitaba entre los “grupos políticos escindidos”.

[47] Ortiz, 1992: 69.

[48] Ferrari, 2008.

[49] Cárcano, 1884.

[50] Ortiz, 1992: 78.

[51] Cárcano, 1965: 41.

[52] Véanse las ediciones de La Voz del Interior de los días: 30/08/12, 6/10/12, 15/10/12, 16/10/12, 18/10/12, 08/11/12 y 10/11/12.

[53] Moyano, 2006: 74.

[54] Moyano, 2006: 75.

[55] Cárcano, 1965: 25.

[56] Cárcano, 1965: 25.

[57] Cárcano, 1965: 25.

[58] Míguez, 2012: 47.

[59] Míguez, 2012: 46

[60] Míguez, 2012: 42.

[61] Cárcano, 1965.

[62] Véase Beato, 1993.

[63] Maupas, Leopoldo, ¨Trascendencias políticas de la nueva ley electoral¨ (1912), citado en Alonso, 2015.

[64] Maupas, Leopoldo, ¨Trascendencias políticas de la nueva ley electoral¨ (1912), citado en Alonso, 2015.

[65] Halperín Donghi, 2007.

[66] Tanto Gardenia Vidal y Marcela Ferrari, como así también Esteban R. Ortiz, han realizado un análisis y un conteo detallado de los resultados electorales de los comicios de noviembre de 1912, en la capital y en el interior provincial. En ambas investigaciones, ya citadas en este trabajo, es posible advertir una diferencia total de 176 votos a favor de los candidatos conservadores. 

[67] Losada; 2009: 108-109.

[68] Gallo, 2013: 127.

[69] Al respecto pueden citarse obras como: El General Quiroga y la expedición al desierto (Bs. As., 1882), De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos (Córdoba, 1884), Historia de los medios de comunicación y transporte de la República Argentina (Bs. As., 1893), De Caseros al 11 de Setiembre (Bs. As., 1918), Del sitio de Buenos Aires al campo de Cepeda (Bs. As., 1921) o En el camino (Córdoba, 1926).

[70] Gallo, 2013: 128.

[71] Para Carlos Pellegrini, citado en Gallo, 1997.

[72] Devoto, 1996.

[73]C astro, 2012: 303-304.

[74] Cárcano, 1965: 259-260.

[75] Cárcano, 1965: 260.

[76] Cárcano, 1965: 262.

[77] Véase Cantón, Darío, 1968, tomos I y II.

[78] Donghi, 2007: 60.

[79] Cárcano, 1965: 264.

[80] Cárcano a Ángel Ávalos, 24/02/1911, citado en Castro, 2012.

[81] Alonso, 2000 y Castro, 2012.

[82] La Voz del Interior, 24/10/1913.

[83] Ortiz, 1992: 102.

[84] “Mensaje del 01/05/1914” en Cárcano, 1916: 78.

[85] Gallo, 2013: 286.

[86] Botana, 1993: 51.