Las leyes sabias y justas: vínculos y alianzas de los legisladores federales y liberales en pos del desarrollo de las provincias del Litoral de los Ríos (1862-1868)[1]
Raquel Bressan*
Resumen:
El Congreso Nacional representa una institución clave dentro del proceso de construcción estatal en tanto espacio privilegiado para plantear las demandas de los gobiernos provinciales. La transformación de estas demandas en leyes sancionadas en el Parlamento se asentaba sobre una serie de acuerdos y solidaridades inter y extra provinciales tejidas tanto dentro como fuera de esta institución. El presente artículo indaga la composición, las trayectorias, los conflictos y las transformaciones del grupo legislativo de las provincias de Corrientes y Entre Ríos entre 1862 y 1868, como asimismo, reconstruye a través de qué ámbitos y entre quiénes se entretejieron posibles alianzas.
Palabras clave: Legisladores- Alianzas políticas – Estado-nación
Summary:
The National Congress has a central role in the state building process as a privileged space where provincial governments could raise his demands. The transformation of these demands in laws passed in Parliament was based on a series of agreements and inter and extra provincial solidarity, which was developed inside and outside of this institution. This article investigates the composition, paths, conflicts and changes in the legislative group of the provinces of Corrientes and Entre Rios between 1862 and 1868. Furthermore, it reconstructs where and among whom was possible forge alliances.
Keywords: Legislators -Political alliances- Nation-state
Introducción
La apertura de las sesiones del Congreso nacional en mayo de 1862, en un contexto que incorporaba por primera vez a las catorce provincias argentinas, generó gran expectativa acerca de las funciones y objetivos a alcanzar a través de esta institución. Principalmente porque ésta emergía como un símbolo de una etapa donde sería posible superar los conflictos a través del “imperio de la opinión”:
El nuevo Congreso nacional es hoy la esperanza de los pueblos. A él y a cada uno de sus miembros toca realizar con su tacto político, con su ilustración y patriotismo el sueño dorado de los argentinos… No pretendemos que los diputados vayan allí con espíritu de provincialismo, con ese espíritu que ha roto los lazos de una misma familia haciendo de sus miembros enemigos encarnizados y feroces; pero si queremos que vayan a representar los intereses propios de sus provincias sin desatender los intereses del país en general. Para esto es preciso que los individuos electos diputados emprendan un estudio serio y reflexivo sobre los derechos propios de las provincias, estudien sus necesidades, su posición, las circunstancias en que se encuentra para abonar con conciencia clara e ilustrada a favor de ella y procurar por medio de leyes sabias y justas satisfacer sus necesidades imperiosas.[2]
La cita, correspondiente a un artículo de un diario de la ciudad de Corrientes, destacaba la actividad de los legisladores como un vehículo primordial para la resolución de las necesidades acuciantes de las provincias. Debemos tener en cuenta que la incorporación de la provincia de Buenos Aires al concierto nacional generó enormes expectativas en torno a la concreción de proyectos con respecto al desarrollo de obras de infraestructura, al florecimiento de agencias especializadas de conocimiento técnico y a garantizar la viabilidad presupuestaria de los gobiernos. En el presente artículo nos proponemos analizar cuáles fueron las prácticas llevadas a cabo por los legisladores nacionales de Corrientes y Entre Ríos que posibilitaron la sanción de “leyes sabias y justas” destinadas a resolver “necesidades imperiosas” de estas dos provincias del litoral argentino.
Nuestro interés en los legisladores toma como base la atención puesta por la renovada historia política acerca de la necesidad de preocuparse por los actores concretos de los procesos políticos, actores concebidos en todas sus dimensiones tanto individuales como relacionales, y la importancia que tiene su capacidad para desarrollar lógicas propias que orientan sus prácticas e interacciones (ver Sábato, 2007: 45-62 y Lemperiere, 2007: 45-62 y 83-94).
Dentro de esta línea, los estudios dedicados al Congreso nacional durante la etapa de construcción del Estado-nación, han abordado el proceso de integración de las elites políticas provinciales en una dirigencia nacional y el rol central de los legisladores en torno al diseño que adquirieron las políticas públicas durante la segunda mitad de siglo XIX. Estos trabajos demuestran cómo se configuraron las funciones y el grado de incumbencia de los legisladores nacionales en esta etapa de creación y progresiva diferenciación de las agencias estatales.[3]
A partir de los aportes de estos estudios, nuestra investigación se centra en indagar cuáles fueron los vínculos y las lealtades que se pusieron en juego al momento de generar acuerdos que transformasen los proyectos en leyes concretas destinadas a impulsar el desarrollo de las provincias de Corrientes y Entre Ríos durante la presidencia de Bartolomé Mitre. Desde un discurso repetido constante y ampliamente en esta etapa se ponderaba que los intereses nacionales y locales se presentaban mancomunados bajo el parangón del progreso y que la labor legislativa permitiría el tan anhelado adelanto de las provincias y se lograría superar los permanentes enfrentamientos armados. Nosotros consideramos, sin embargo, que los requerimientos de las provincias y la sanción de proyectos que buscaban solucionar problemas concretos, se asentaban, además, sobre una serie de acuerdos y solidaridades inter y extra provinciales, tejidas tanto dentro como fuera de la institución parlamentaria.[4]
Asimismo, debemos tener en cuenta el contexto en particular en que se desplegaban estas prácticas llevadas adelante por los legisladores nacionales. A partir de 1862 se acentúa el proceso de disolución de las divisiones entre liberales y federales a partir de los objetivos en común compartidos para llevar a cabo un programa de modernización del país, cuyos lineamientos básicos habían sido establecidos por la Constitución de 1853. No obstante, este consenso no eliminó las tensiones entre los actores adherentes a uno u otro partido[5] y los legisladores nacionales fueron elegidos y actuaron en una coyuntura permeada por estas tensiones que se radicalizaban tanto en los procesos electorales como durante las movilizaciones armadas que desafiaban la autoridad nacional (ver Barba, 1989: 361-393, Halperín Donghi, 1995, Buchbinder, 2004, Míguez, 2011: 171-210 y Schmit, 2015).
El presente trabajo se propone, entonces, profundizar nuestro conocimiento acerca de la composición, las trayectorias y los conflictos del grupo legislativo de las provincias del Litoral de los Ríos durante la presidencia de Bartolomé Mitre, como asimismo, reconstruir a través de qué ámbitos y entre quiénes se entretejieron posibles alianzas que componían un factor clave para convertir los proyectos y demandas en leyes nacionales sancionadas en el Congreso. El análisis de estos aspectos en su conjunto nos permitirá no sólo comprender las diversas posturas ante determinados proyectos sino también vislumbrar con mayor claridad las complejas prácticas políticas y los múltiples canales de diálogo forjados en el proceso de inserción de las provincias al nuevo escenario nacional.
Los actores, sus trayectorias y sus vínculos
En abril de 1862 Bartolomé Mitre, mediante los poderes otorgados por las demás provincias, convocó a elecciones para la formación de un nuevo Congreso Nacional. Los cargos de senador y diputados nacionales, conllevaban en su elección un fuerte peso de las relaciones que se desenvolvían a nivel local, por lo tanto, la imposición de los gobiernos liberales en todas las provincias a excepción de Entre Ríos, influyó claramente en este proceso.[6]
En Entre Ríos la representación en el Congreso recayó en Martín Ruiz Moreno y Fermín del Río para la Cámara de Diputados y Benjamín Victorica y Salvador María del Carril en la de Senadores. Este último renunció en el mes de mayo de 1862 antes de que se iniciaran las sesiones al ser designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia y fue reemplazado por Ángel Elías. Completaban el cuadro de legisladores entrerrianos para esta etapa Diógenes Urquiza, que se incorporó en 1864, luego de la renuncia de Del Río, y Eusebio Ocampo, en 1866 con la renovación de la sala.
Todos ellos se hallaban estrechamente vinculados al círculo político de Urquiza, habían desempeñado diferentes cargos en el gobierno de la Confederación y la mayoría habían ocupado bancas en el Congreso de Paraná. Debemos tener en cuenta que ni Elías, Victorica u Ocampo habían nacido en Entre Ríos y fue el vínculo con Urquiza los que cimentaron la relación con esta provincia durante la década de 1860. Así, Elías, nacido en Chuquisaca en 1804, después de participar en los ejércitos unitarios comandados por Lavalle y de una prolongada estancia en Montevideo, solicitó permiso a Urquiza para trasladarse a Entre Ríos y desde 1850 desarrolló una estrecha amistad con éste. Victorica, porteño de nacimiento, se exilió en Montevideo luego de la separación de Buenos Aires de la Confederación. A través de Baldomero García entró en contacto con Justo José y luego de solicitarle trabajo fue designado Oficial Mayor del Ministerio del Interior en 1854, de ahí en más comenzó una carrera política ascendente y se convirtió en el principal vocero de Urquiza junto al cordobés Eusebio Ocampo. A través del vínculo con Victorica, que se inició con la redacción del Padre Castañeta en 1852, Ocampo se fue adentrando cada vez más al círculo urquicista y se convirtió en uno de los hombres de confianza del general. Asimismo, los lazos familiares reforzaban los vínculos con Urquiza, además de Diógenes que era hijo de Justo José, Benjamín Victorica estaba casado con Ana, otra de sus hijas y Martín Ruiz Moreno con su sobrina Isidora, hija de su hermano Cipriano (ver Quesada, 1967, Bosch, 1994 y Ruiz Moreno, 1947).
De esta forma, la nueva etapa liderada por Buenos Aires no significó para estos legisladores una ruptura total con la etapa anterior. Para su ingreso en el nuevo Parlamento contaban con la experiencia de su labor legislativa previa y los vínculos con otros legisladores que, al igual que ellos, volvían a formar parte de esta institución como ya lo habían hecho en la década de 1850.[7]
En Corrientes, las elecciones se efectuaron bajo el gobierno de José Pampín, quien había alcanzado la primera magistratura provincial en 1861 luego de una revolución liberal que depuso al gobernador federal José María Rolón. La rebelión de 1861 y la formación del gobierno liberal en Corrientes ponían en relieve tanto las fuertes alianzas de la elite gobernante con el liberalismo porteño como sus deseos de limitar la influencia de Urquiza que se había acentuado notablemente en esta provincia desde fines de la década de 1840 (Buchbinder, 2004: 35). El antagonismo correntino frente al urquicismo impregnó el proceso electoral de los candidatos a las cámaras legislativas y desde la prensa se exacerbó la dicotomía partidaria y la necesidad de impedir la participación en el Congreso de cualquier candidato que estuviese vinculado con los gobiernos federales.[8]
Así, en varias cartas a José Pampín, quien había sido gobernador entre 1861 y 1862, Francisco Rivera señalaba la necesidad de no llevar al Congreso hombres vinculados con Urquiza y Eugenio Rivera comentaba que de las tres listas publicadas por La Tribuna de los candidatos a diputados y senadores por Corrientes que “no es preciso ser muy político para conocer la más propia, pues las dos primeras es chusma y nada más y lo peor es que no falta la chusma federal, chusma urquiciana, chusma en fin de fusiles”.[9]
Los candidatos para representar a la provincia correntina materializaron en buena medida estas alusiones como, asimismo, la alianza con los sectores liberales porteños.[10] Juan Eusebio Torrent, Pedro Igarzábal y José María Cabral habían formado parte del grupo liberal que comenzó a manifestarse contra los gobiernos de Juan Gregorio Pujol y José María Rolón. En 1860 fueron candidatos convencionales por el Club Libertad y, a fines de 1861, Igarzábal y Torrent fueron designados ministros de gobierno junto a Wenceslao Díaz Colodrero.[11] Mientras estos legisladores pertenecían al grupo que se desempeñó principalmente a nivel local en la década de 1850 para instalar el gobierno liberal en la provincia, el electo senador Juan Madariaga había arraigado su actividad política en Buenos Aires durante esta etapa. Madariaga ya había registrado una notoria participación en las luchas civiles de la primera mitad de siglo integrando los ejércitos de Lavalle y, luego de liderar la revolución de septiembre que separó a la provincia porteña de la Confederación, fue elegido diputado de la legislatura porteña.[12]
Dentro de un contexto donde primaba la virulencia de los ataques de la prensa contra el federalismo y la elección de figuras que promulgaban claramente su antiurquicismo para desempeñarse en el Congreso Nacional como en el caso de Corrientes, los legisladores de la provincia de Entre Ríos podrían ser visualizados como un grupo minoritario, aislado y con mínimas chances de llevar adelante con éxito las negociaciones para resolver los problemas de su provincia.
Debemos tener en cuenta, además, que durante los primeros meses de 1862 se produjeron las rebeliones federales en Cuyo que alentaron los ataques de la prensa liberal y aumentaron la tensión sobre los representantes entrerrianos nucleados a la figura de Justo José de Urquiza. José María Cabral escribió varios artículos acusando a Urquiza de organizar esos movimientos e incluso buscó impulsar un proyecto de juicio político al gobernador entrerriano por su vinculación con las rebeliones de Peñaloza.[13]
En las sesiones de apertura, los diputados entrerrianos fueron silbados por la barra e increpados por otros legisladores. Benjamín Victorica, que dudaba de aceptar su cargo como senador, fue aconsejado por José Gregorio Lezama de que no asistiera durante los primeros meses del funcionamiento del Congreso para “evitar que los espíritus mezquinos puedan avivar esos rencores y pasiones que son legados del pasado” y que pondría en peligro la instalación del mismo. La figura de Victorica provocaba rispideces en ciertos sectores no sólo debido al vínculo con Urquiza sino también porque su padre se desempeñó como policía durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas. Para evitar ahondar la virulencia de la situación, Victorica siguió los consejos de Lezama y tanto él como Ángel de Elía se incorporaron al Congreso recién en 1863.[14]
Más allá de los enfrentamientos y disputas que posicionaban a los actores políticos y eran fomentadas desde la prensa periódica, la dicotomía liberalismo/federalismo, presente a lo largo de la década de 1860, bajo la cual se alinearon, identificaron y participaron diferentes grupos en la vida política local y nacional no debe ser comprendida como la política excluyente que caracterizó la etapa rosista ni como partidos con propuestas programáticas e ideales opuestos. Ya desde 1852 se había generado un consenso – plasmado en la Constitución de 1853 y su reforma en 1860 – acerca de las transformaciones necesarias para conformar el Estado nacional, las cuales eran compartidas tanto por liberales como por federales. Como ha planteado Eduardo Míguez, este acuerdo acerca del programa modernizador y el sistema constitucional compartido a partir de 1862 permitió una erosión paulatina del maniqueísmo partidario (Míguez, 2011: 171-210).
Así, si bien gran parte de los legisladores correntinos parecían corporizar la antinomia del federalismo, figuras como Pedro Ferré, José Vidal y Wenceslao Díaz Colodrero – los dos últimos elegidos como suplentes – transitaron por cargos políticos que los ligaban a figuras militantes a uno y otro bando.[15] Por lo tanto, no resulta paradójico el trabajo en conjunto de los legisladores del Litoral de los Ríos y que el antagonismo faccional no fuese un obstáculo para llevar adelante proyectos relativos al desarrollo de infraestructura de vías de comunicación y transporte en la región oriental de Corrientes y Entre Ríos como la construcción de caminos carreteros que comunicaban el puerto de Concordia, la subvención de la navegación a vapor en el Alto Uruguay el Ferrocarril del Este.[16] Además, debemos agregar el reconocimiento de las deudas provinciales como nacionales por su origen en los enfrentamientos contra Rosas, el cual constituía un elemento fundamental para tratar de encauzar las castigadas finanzas locales.
¿Cómo fue posible la aprobación de estos proyectos? Chiaramonte planteó que “las decisiones nacían, se discutían y eran lanzadas a la vida pública” desde el seno de pequeños círculos personales nucleados en torno a una o pocas figuras políticas, “el caudillo y sus amigos personales” (Chiaramonte, 1971: 149-150). Si bien las ideas sobre qué obras de infraestructura eran más convenientes y cómo se debían resolver los problemas fiscales provinciales surgían de grupos minoritarios, “lanzarlas a la vida pública” y plasmarlas en acciones concretas demandaba la activación de contactos que trascendían estos restringidos círculos. Lo cual nos impulsa a indagar cuáles eran los vínculos y alianzas con que contaban y que pusieron en juego los legisladores del Litoral de los Ríos para obtener fallos positivos en las cámaras parlamentarias.
Aunque no hemos podido reconstruir la totalidad de estas relaciones, los datos disponibles nos permiten observar un denso tejido de contactos que enlazaba a congresistas, funcionarios del ejecutivo nacional y a diversos operadores o amigos políticos, con notoria influencia local, que oficiaban de conexión entre los poderes ejecutivos, a nivel provincial y nacional, y el poder legislativo.
Por ejemplo, la preparación de la revolución liberal en Corrientes gestó la formación de una alianza que perduraría muchos años entre Juan Eusebio Torrent, Bartolomé Mitre, Guillermo Rawson y Rufino Elizalde, que en esta etapa ocupaban respectivamente la presidencia de la nación, el Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores. Asimismo, el diputado nacional por Santa Fe, Nicasio Oroño era amigo personal de la familia Torrent. A su vez, las actividades de Juan Madariaga y de Juan José Camelino en Buenos Aires los vincularon a Mitre.
En el caso entrerriano, a través de su labor política y de su actividad económica, Justo José de Urquiza contaba con un heterogéneo grupo de contactos entre los que se hallaban varios hombres del Interior y del Litoral de destacada actuación en el gobierno de la Confederación y con singular influencia en sus provincias como Bautista Gil Navarro en Catamarca; Ramón Gil Navarro, Manuel Pizarro, Mariano Fragueiro y Manuel Lucero en Córdoba; Evaristo López y José Hernández en Corrientes y Mariano Cabal, José María Cullén, Simón de Iriondo, Melquíades Salvá y Nicasio Oroño en Santa Fe (ver Schmit, 2015: 161-192 y Ruiz Moreno, 2006: 38-63). En Buenos Aires actuaba como operador José Gregorio Lezama, importante comerciante que oficiaba de intermediario principalmente con Mitre, Elizalde y miembros del Congreso como José Uriburu. José Galarraga, comerciante correntino instalado en la provincia porteña, sobrino de Benjamín Virasoro y de Nicanor Cáceres, funcionaba también como informante y como enlace entre los actores políticos de su provincia y Urquiza.
Todos ellos resultaban nexos significativos en las negociaciones y acuerdos tendientes a solucionar los problemas de Entre Ríos pero no fueron los únicos con los que contó la provincia ya que a ellos se sumaban las relaciones tejidas por los propios congresistas. La actuación de Victorica en el gobierno de la Confederación había cimentado las relaciones con el personal que entró en contacto inicialmente por intermedio de Urquiza y que luego se transformaron en amigos personales como Lezama, Salvador María del Carril y Oroño. A este grupo debemos sumar en Buenos Aires a Marcelino Ugarte y Juan Agustín García, diputados nacionales por esa provincia – Ugarte también se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores en 1867; Luis Varela, secretario del Ministerio del Interior; Delfín Huergo, subsecretario de Relaciones Exteriores y Carlos María Saravia, secretario de la cámara de senadores y a José Evaristo Uriburu, diputado por Salta. Martín Ruiz Moreno forjó estrechos lazos con los diputados santafecinos Joaquín Granel y Nicasio Oroño; con el senador por La Rioja, Abel Bazán; con el Ministro de Hacienda Dalmacio Vélez Sarsfield y con Adolfo Alsina, diputado nacional por Buenos Aires y con los miembros del partido autonomista porteño.
Los actores y la materialización de las demandas al interior del Congreso nacional
Al ingresar al escenario nacional, las dirigencias provinciales de Corrientes y Entre Ríos habían concebido grandes expectativas de solucionar problemas acuciantes que eran imposibles de resolver por los gobiernos locales. En líneas generales, estos problemas pueden ser divididos en dos grandes grupos: el fomento de las vías de comunicación y el saneamiento de las deterioradas finanzas provinciales.
El Congreso Nacional era el ámbito clave donde se discutían y aprobaban los proyectos tendientes a solucionar estas demandas y por lo tanto, resulta relevante observar a partir de algunos ejemplos cómo funcionaban los contactos descriptos anteriormente en los debates parlamentarios. En julio de 1864 se trató en la Cámara de Diputados el proyecto de subvención concertado con la Sociedad Concordia para que esta empresa llevase adelante la navegación a vapor por el río Uruguay. Si bien finalmente el proyecto fue aprobado, se presentaron objeciones a distintos puntos acerca de los puertos, la cantidad de pasajeros, el monto de la subvención y las obligaciones de la empresa con el gobierno nacional. La acción de los legisladores Camelino, Torrent, Oroño, Bedoya y Ugarte, aceleró la discusión despejando las dudas de los diputados y Ugarte aseguró que la empresa no pondría reparos en las modificaciones del contrato sobre aquellos aspectos que la mayoría de la cámara acordaba. De esta forma, se impidió que la discusión se dilatase y que se retrasara la sanción de la ley que aprobaba el contrato del gobierno nacional con la Sociedad Concordia.[17]
El caso del Ferrocarril del Este resulta significativo porque la formulación de su proyecto representa parte de los acuerdos tejidos entre los gobiernos provinciales y el ejecutivo nacional que buscaban sentar las bases de las alianzas políticas en la nueva etapa del Estado en construcción.[18] La iniciativa para que el gobierno nacional avalase su construcción con la garantía del 7% fue presentada en el Congreso por la presidencia. Si bien su tratamiento no conllevó grandes dificultades, la mayor resistencia para su aprobación se concentró en determinar la necesidad del monto que debía desembolsar el tesoro en concepto de garantías de inversión. Algunos legisladores no consideraban este un gasto prioritario en tanto Corrientes y Entre Ríos gozaban de las vías fluviales de comunicación que las otras provincias carecían. En el recinto legislativo, José María Cullén, senador por Santa Fe, y el diputado por Salta, Joaquín Bedoya, lideraron la defensa del proyecto en cada cámara y aportaron los argumentos para justificar la construcción del ferrocarril de acuerdo al contrato establecido por los inversores privados.[19]
Por último, nos referiremos brevemente al reconocimiento de las deudas provinciales. El gobierno correntino había recurrido desde 1841 a la emisión del papel moneda para solventar inicialmente los gastos originados en la lucha contra Rosas y paulatinamente se incrementó su uso para cumplir con los compromisos del gobierno provincial. Sin embargo, su valor se depreció cada vez más a lo largo de la década de 1850 y a fines de ésta resultaba imposible para Corrientes cubrir sus deudas (Schaller, 2004: 151-161). Por este motivo, resultaba imperativo que la Nación contribuyese a regularizar la situación fiscal. El gobernador Manuel Lagraña solicitó al gobierno nacional que fuese reconocida como deuda nacional ya que tanto la emisión monetaria y su depreciación tenían como origen la lucha de la Provincia para vencer la tiranía de Rosas.[20] Las reuniones del redactor del proyecto, Juan Eusebio Torrent, con el Ministro de Hacienda, Dalmacio Vélez Sarsfield, resultaron fundamentales para su aprobación sin modificaciones en los debates de la cámara, que contó además con la defensa en conjunto de los diputados correntinos y de Joaquín Bedoya y Manuel Quintana.[21] Finalmente, el recate del papel moneda correntino fue realizado por el gobierno nacional que se comprometió a retirar de circulación estos billetes amortizándolos a la razón de 13,5 pesos por cada peso plata.
Entre Ríos tuvo más dificultades en la concreción de este objetivo. Durante 1863 Benjamín Victorica se ocupó de gestionar con Mitre la cuestión de la deuda y José Lezama le ofreció al presidente contribuir con los fondos necesarios. Sin embargo, su tratamiento fue rechazado en la Cámara de senadores, donde sólo obtuvo el respaldo de Mariano Fragueiro; José Barcena; Mauricio Daract; Juan Palma; José María Cullén y Lucas González. Cuando en noviembre de ese año se sancionó la ley que reconocía como deuda nacional las deudas contraídas en Caseros, se llevó a cabo un nuevo intento pero este fracasó porque el expediente no presentaba en forma adecuada los datos requeridos y fue rechazado por el Procurador del Tesoro Nacional. Recién a fines de 1867, el vicepresidente firmó un decreto reconociendo la deuda de Entre Ríos pero su pago debía ser corroborado por el Congreso, instancia que se concretó durante la presidencia de Sarmiento.[22]
Hacia 1865, el inicio de la Guerra del Paraguay tuvo un impacto profundo con diversas aristas para las provincias del litoral. Con respecto al tema analizado en este artículo, la guerra significó un freno para las negociaciones en torno a desarrollar obras de infraestructura en tanto los recursos financieros se orientaron primordialmente a sostener el esfuerzo bélico y las negociaciones de este tipo se reanudaron en 1868 cuando finalizaba la presidencia de Bartolomé Mitre y el fin de la guerra se consideraba próximo.
Conclusiones
La presidencia de Bartolomé Mitre estuvo marcada por las tensiones entre liberales y federales en un contexto donde la mayor parte de los gobiernos federales habían sido desplazados en los primeros años de ésta y la conformación de las montoneras amenazaba con romper la frágil unidad nacional constituida a partir de la incorporación de la provincia de Buenos Aires.
En el caso de los legisladores del Litoral esa tensión se evidenció en la elección de los candidatos, en tanto en Corrientes no se permitió la elección de reconocidos federales como forma de limitar la gravitación de Urquiza en esa provincia. El rechazo expresado por la dirigencia correntina hacia los actores que participaban de las filas del federalismo y la marcada influencia de Urquiza, que era reconocido como el líder del partido federal, en la elección de los representantes de Entre Ríos en el Congreso, no significó que los vínculos y alianzas de los legisladores de estas dos provincias estuviesen divididos y correspondiesen en forma homogénea a los actores que militaban en las filas de uno y otro partido. Al contrario, no sólo respaldaron proyectos para cada una o ambas provincias en los debates parlamentarios sino que además, algunos contactos de los federales militaban en el liberalismo como el diputado Marcelino Ugarte y otros contactos eran compartidos por los legisladores de ambas provincias como el gobernador y diputado de Santa Fe, Nicasio Oroño. Incluso, los principales funcionarios del gobierno liberal como Bartolomé Mitre o Dalmacio Vélez Sarsfield, buscaron tejer alianzas a partir de la promoción de proyectos como medio de aliviar las tensiones políticas.
De esta forma, los objetivos programáticos en común tendieron un puente que permitía allanar las distancias las divisiones partidarias en pos de generar resultados que permitiesen transitar el camino del tan anhelado progreso. Más aún, las tensiones entre federales y liberales más que constituir un obstáculo para el desarrollo de las provincias bajo el dominio de los federales se convirtió en un aliciente para que se avanzara en los proyectos de infraestructura para estas provincias.[23]Por lo tanto, el progreso de estos proyectos de infraestructura de vías de comunicación y transporte y su transformación en leyes sancionadas por el Congreso nacional fue el resultado de varios factores: en primer lugar el consenso alcanzado por las dirigencias provinciales en torno a qué tipo de obras se debía priorizar; en segundo lugar la formación de vínculos con actores políticos claves y por último, las alianzas forjadas con aquellos actores que consideraban que el apoyo brindado a estos proyectos se tornaba vital para evitar los movimientos disruptivos y contestatarios de la autoridad nacional en pleno proceso de conformación.
Dentro de un contexto donde la unidad nacional era reciente y no todos los sectores estaban de acuerdo con el nuevo liderazgo de Buenos Aires –o del lugar que ocupaban en él- el Congreso se ubicaba como el ámbito propicio para mostrar los beneficios de pertenecer a ese orden y la labor legislativa permitiría el tan anhelado adelanto de las provincias superando los permanentes enfrentamientos armados a partir de la sanción de las leyes consideradas “sabias y justas” destinadas a resolver “necesidades imperiosas” de las provincias argentinas.
Los casos brevemente relatados acerca de los contactos que operaron en forma activa en el desarrollo de los proyectos y su discusión en el Congreso, ilustran parte de la dinámica desplegada en ese recinto y de las prácticas políticas que tuvieron lugar en esta etapa. Cómo se planteó previamente, los actores que señalamos aquí y que formaron parte de los diferentes apoyos, acuerdos y alianzas representan una parte mínima de los que posiblemente se pusieron en juego, en tanto que el carácter fragmentario, incompleto y disperso de las fuentes ha dificultado la reconstrucción de estos contactos y vínculos en forma acabada. Sin embargo, los datos analizados ponen en relieve que la diversidad de alianzas no respondían sólo a los alineamientos faccionales del liberalismo y federalismo y, si bien se evidencia una afinidad con Mitre o con Urquiza – los reconocidos líderes de cada partido – ésta tampoco determinaba su ubicación en bandos irreductibles.
Los acuerdos del presidente Mitre y sus aliados correntinos para reforzar la presencia liberal en el Litoral y, a su vez, su necesidad de forjar alianzas con Urquiza son representativos de una dinámica política compleja, que no respondía a una acción centralizada ni unilateral sino a la necesidad de incorporar influencias en la nueva coyuntura nacional (ver Bragoni & Míguez, 2010: 9-18). Una parte significativa de esta dinámica, que se puede observar a partir de los vínculos de los legisladores y cómo estos fueron puestos en práctica, expone que los actores, si bien se concebían como miembros de uno u otro partido, no estaban restringidos por un límite fijo impuesto por esta concepción de pertenencia al liberalismo o al federalismo. Por el contrario, los límites a las alianzas y vínculos que establecían eran más flexibles y mucho más difíciles de visualizar más allá de lo que las adscripciones a los grupos políticos parecían determinar. Así, figuras como Nicasio Oroño constituyese un contacto compartido tanto por Urquiza y Victorica como por antiurquicistas acérrimos como Torrent; que la amistad de Marcelino Ugarte con Victorica y su respaldo a Entre Ríos en singulares ocasiones no menoscabara su participación en la facción mitrista del partido liberal porteño y que figuras como Ruiz Moreno, cuyo vínculo con Urquiza le generó ciertas desavenencias en su ingreso al Congreso, desarrollara sin inconvenientes afinidades con los autonomistas porteños.
Por lo tanto, no podemos pensar al Congreso que desplegó sus funciones durante la presidencia de Bartolomé Mitre como una institución compuesta por bloques que actuaban siempre uniformemente, sino que sus integrantes se realineaban constantemente de acuerdo a la coyuntura general del país y a la causa específica a la cual debían brindar o retirar su voto.
Así, la multiplicidad de vínculos y la apelación a la solidaridad política da cuenta de cierta continuidad en la integración de figuras de diferente alineación partidaria en la administración nacional que había inaugurado Urquiza en la Confederación. Esto no significa la ausencia de disputas ni que los contactos fuesen permanentes –contrariamente, era necesario volver a renegociar las alianzas en cada propuesta debatida- sino que entre 1862 y 1868 es posible visualizar tanto los enfrentamientos acérrimos y excluyentes –principalmente en los procesos electorales- como el acuerdo y el accionar en conjunto entre diversos actores que se identificaban con uno u otro grupo para promulgar leyes que avalaran medidas tendientes a solucionar problemáticas específicas de las provincias.
Fuentes
Éditas
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del año 1863, 1865, Imprenta El Siglo, Buenos Aires.
Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del año 1864, 1865, Imprenta La Tribuna, Buenos Aires.
Memoria presentada por el Ministerio General a la Honorable Cámara Legislativa, 1865, Imprenta del Uruguay, Entre Ríos.
Registro Oficial de la Provincia de Corrientes del año 1863, 1875, La Fusión, Corrientes.
Periódicas
El Uruguay (1863)
La Esperanza (1863)
La Libertad (1862-1863)
Inéditas
Archivo de la Cámara de Diputados de la Nación, Correspondencia Oficial y Expedientes Administrativos.
Archivo General de la Nación, Fondo Benjamín Victorica, Correspondencia Personal.
Archivo General de la Provincia de Corrientes, Fondo Mantilla, Archivo José Pampín, Correspondencia Personal.
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[1] La investigación realizada para este artículo ha sido financiada por una beca de investigación doctoral del CONICET.
* Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de General Sarmiento. CONICET.
[2] La Libertad, “Diputados”, Corrientes, 1 de mayo de 1862. El subrayado es nuestro.
[3] Ver Palermo, 2006: 215-244, Lanteri, 2011a: 129-170; Lanteri, 2011b: 115-126. Trabajos dedicados a los legisladores nacionales argentinos en el siglo XX también han centrado su análisis en el proceso de profesionalización de estos actores. En una etapa donde los partidos políticos se constituyen en el espacio privilegiado desde el cual se impulsaban las trayectorias de los actores, estos trabajos han indagado las transformaciones en el perfil social de los grupos parlamentarios que acaecieron con la apertura democrática impulsada con la ley Sáenz Peña o con el primer peronismo. Ver Ferrari, 2008 y Prol, 2011: 115-126.
[4] Si bien contamos con nutridos estudios acerca de algunos congresistas, estos privilegian un análisis biográfico de figuras claves, centrado en su accionar individual en el devenir político de la segunda mitad del siglo XIX, y no del grupo que representó a las provincias en el recinto legislativo entre 1862 y 1868. Ver por ejemplo los trabajos de Bosch, 1984, Bosch, 1994 y Palma, 1941.
[5] La definición de partidos políticos, entendidos como una organización estable y permanente, con reglas claras para su funcionamiento, que busca alcanzar objetivos establecidos para un programa de gobierno mediante el ejercicio del poder político no es aplicable a la etapa analizada, sino que corresponde el de facción. Este concepto alude a un pequeño número de personas que compiten entre ellas en agrupaciones débiles y transitorias, sin durabilidad ni estructura y son típicamente proyecciones de ambiciones individuales. En el desarrollo de este artículo utilizaremos indistintamente los términos facción y partidos, ya que los actores analizados se consideraban miembros de un partido pero comprendiendo que esos partidos corresponden a formas de organización faccional. Ver Duverger, 1965: 22 y Huntington, 1968: 68.
[6] Los senadores eran elegidos por las Legislaturas provinciales a pluralidad de votos y los diputados por elección directa. La ley de elecciones sancionada por el Congreso Nacional en 1863 ratificaba este procedimiento. La cantidad de diputados por provincia entre 1862 y 1872 se estableció de la siguiente manera: 12 por Buenos Aires; 6 por Córdoba; 4 por Corrientes y Santiago del Estero; 3 por Catamarca, Mendoza, Salta y Tucumán y 2 por Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Fe. Ver Molinelli, Palanza & Sin, 1999: 72 y Ley de Elecciones Nacionales, publicada en El Uruguay, 26 de noviembre de 1863.
[7] Entre 1862 y 1880 el 32% de los legisladores de la Confederación integraron el nuevo Congreso Nacional. Ver Lanteri, 2010: 266.
[8] Por ejemplo La Libertad preconizaba que “…por honor del país ninguno de esos malvados debe tener un asiento en este Congreso. Su época ha pasado. La hora de sus infamias también.” Y La Esperanza señalaba la necesidad que estos cargos estuviesen desempeñados por “jóvenes cuyos corazones estén llenos de bellas esperanzas y cuyas ideas no están cubiertas con esas reliquias sombrías del pasado. Ver La Libertad, “Candidatos”, Corrientes, 13 de abril de 1863 y La Esperanza, “Las elecciones”, Corrientes, 31 de mayo de 1863.
[9] Ver AGPC, Fondo Mantilla, Archivo José Pampín, Carpeta 7, Cartas de Francisco Rivera a José Pampín, Buenos Aires, 16 y 17 de marzo de 1862 y Carta de Eugenio M. Rivera a José Pampín, Buenos Aires, 15 de abril de 1862.
[10] Durante el mes de abril fueron elegidos como diputados Juan Eusebio Torrent, José María Cabral, Felipe Rolón y Juan Méndez y como senadores Pedro Ferré y Juan Madariaga. Felipe Rolón y Juan Méndez renunciaron en los primeros días de mayo, por lo cual Corrientes contó con la mitad de sus representantes en la Cámara de diputados hasta que se integraron Pedro Igarzábal en 1863 y Juan José Camelino en 1864. A diferencia de Entre Ríos, los legisladores correntinos presentan una trayectoria más heterogénea: Pedro Ferré y Juan Madariaga contaban con una notoria participación en las luchas políticas de la primera mitad de siglo XIX y José María Cabral y Pedro Igarzábal habían iniciado su actividad política en la década de 1850 desempeñando paralelamente cargos en el gobierno nacional y provincial. En cambio, Juan Eusebio Torrent y Felipe Rolón no habían ocupado cargos políticos hasta principios de la década de 1860 al igual que el médico porteño Juan José Camelino que se trasladó a Corrientes en 1863.
[11] Ramírez Braschi, 2004: 65. Asimismo, Juan Eusebio Torrent fue el fundador y principal redactor del periódico La Libertad creado en 1860 para difundir la adhesión al partido liberal porteño en Corrientes y respaldar al club del mismo nombre fundado en la capital de la provincia. Ver Palma, 1941: 38-39 y Castello, 2004: 107-108.
[12]Además Madariaga, junto con el General Hornos, comandó en noviembre de 1852 la fracasada invasión a Entre Ríos ideada por Mitre para evitar la reunión del Congreso Constituyente. Ver Victorica, 1906: 74-75.
[13]Congreso Nacional Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (en adelante CNCDDS), sesión del 26 de junio de 1863.
[14] Ver Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Fondo Benjamín Victorica, leg. 10, Carta de José Gregorio Lezama a Benjamín Victorica, Buenos Aires, 8 y 15 de abril de 1862 y Carta de Martín Ruiz Moreno a Benjamín Victorica, Buenos Aires, 28 de mayo de 1862.
[15] Pedro Ferré regresó de su exilio en Brasil en 1848 bajo el amparo de Urquiza y se instaló en La Paz, Entre Ríos. Durante el gobierno de la Confederación, a instancias de él representó a Catamarca en el Congreso pero a fines de la década de 1850 se instaló en Buenos Aires y comenzó a militar en las filas liberales mitristas. Wenceslao Díaz Colodrero y José Vidal eran reconocidos como agentes urquicistas pero esto no impidió que el primero fuera Ministro de Gobierno del liberal José Pampín y del federal Evaristo López y que Vidal fuese vicegobernador de este último y que pocos años antes, el diario La Libertad de Juan Eusebio Torrent lo hubiera propuesto como candidato a senador. Ver La Libertad, “Diputados y Senadores”, Corrientes, 21 de abril de 1862.
[16] Sobre el desarrollo de estos proyectos ver Bressan, 2014: 127 – 142.
[17] CNCDDS, sesión del 4 de julio de 1864.
[18]Buchbinder, 2004: 131-132. Resulta relevante además que, sin contar a la provincia de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos se ubican temporalmente en segundo lugar con respecto a las provincias que recibieron el aval del Estado para la construcción de ferrocarriles: en 1863 se aprobó la ley para el Ferrocarril Central Argentino (que unía las ciudades de Rosario con Córdoba); en 1864 la ley del Ferrocarril del Este y recién en 1868 se sancionan las leyes para la construcción de los ferrocarriles en la región de Cuyo y el Norte. Ver González, 1887.
[19] Ver CNCSDS, sesión del 10 de septiembre de 1864 y CNCDDS, sesión del 1 de octubre de 1864.
[20] Registro Oficial de la Provincia de Corrientes del año 1863, La Fusión, Corrientes, 1875, pp. 122-123.
[21]Ver Archivo de la Cámara de Diputados de la Nación, caja 2, expediente 12 y CNCDDS, sesión del 17 de agosto de 1863.
[22]Ver AGN, Fondo Benjamín Victorica, leg. 11, Carta de Benjamín Victorica a Justo José de Urquiza, Buenos Aires, 15 de julio y 10 de septiembre de 1863; Carta de Justo José de Urquiza a Benjamín Victorica, Santa Cándida, 17 de octubre de 1863; Carta de Benjamín Victorica a José Sagastume, Buenos Aires, 8 de noviembre de 1868; Memoria presentada por el Ministerio General a la Honorable Cámara Legislativa, Imprenta del Uruguay, Entre Ríos, 1865, pp. 7-8 y 20.
[23] No nos referimos en este punto a los enfrentamientos armados sino a la idea de que los recursos nacionales se distribuían de acuerdo a un criterio de premios y castigos en correspondencia a los apoyos brindados por los gobiernos provinciales al ejecutivo nacional. Ver Oszlak, 1997: 120-132.