Reflexiones y testimonios en torno a la reforma electoral, 1910-1916[1]

Paula Alonso*

 

 

Resumen:

El artículo se ocupa de analizar la serie de reflexiones que recogió la Revista Argentina de Ciencias Políticas sobre la reforma electoral del año 1912, poniendo especial énfasis en la producción de su director, Rodolfo Rivarola, al respecto. Propone que si bien no se trató de una preocupación central para la revista, en ella pueden seguirse las percepciones que juristas, abogados o periodistas tenían de la cuestión electoral entre 1910 y 1916.

Palabras clave: Rodolfo Rivarola – Revista Argentina de Ciencias Políticas – Ley Saenz Peña

Summary:

This article analyzes the reflections that the Revista Argentina de Ciencias Políticas published on the 1912 electoral reform, emphasizing the production of his director, Rodolfo Rivarola, on this item. Although the item was not a main issue for the Revista, in him we can follow the understanding that jurists, lawyers or journalists have on the electoral issues between 1910 and 1916.

Keywords: Rodolfo Rivarola – Revista Argentina de Ciencias Políticas – Ley Saenz Peña

 

 

Pensar en las cosas de interés público es un deber elemental de todo ciudadano. Decir con sinceridad e independencia lo que se ha pensado, no es más que la consecuencia de aquel deber. Hacer lo que se ha pensado sería su complemento mejor. Pero la acción requiere situación, condiciones y aptitudes especiales que no todos reúnen

 

Rodolfo Rivarola, 1904

 

 

La Revista Argentina de Ciencias Políticas (RACP) resulta una fuente a la vez interesante y peculiar para analizar reflexiones vertidas sobre la reforma electoral de 1912 y sus consecuencias más inmediatas. Su fundador y director, Rodolfo Rivarola, se propuso reunir en ella materiales “de observación científica de los hechos que más directamente puedan interesar en la formación de la conciencia nacional”.[2] La ciencia a la que hace referencia es las “ciencias políticas”, y su pluralidad radica en que, según Rivarola, esta reúne materiales de derecho, administración, economía, sociología, historia y educación, es decir aquellas “que más inmediatamente interesan a la conservación, función y progreso del Estado, y a la utilidad que de él se derive a favor de los individuos”.[3] En el primer artículo publicado en la revista, subtitulado “Desde la cátedra”, Vicente Gallo explicaba además que era función de la universidad, a través de la enseñanza de las ciencias político-sociales, y en especial de derecho constitucional y administrativo, la tan necesaria formación de nuevos hombres de gobierno que hicieran realidad los preceptos constitucionales.[4]

La revista se dividía en cuatro secciones cuyas dos primeras, “Artículos originales” y “Crónica y Documentos,” eran las más importantes.[5] Los trabajos de reflexión y de corte catedrático se incluían en la primera. Eran escritos por algunos periodistas, pero en su gran mayoría por abogados, muchos de ellos profesores vinculados a la Facultad de Derecho y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, o a la Universidad de La Plata. Algunos eran además miembros o dirigentes de partidos políticos, o aspiraban a serlo. El tono de los trabajos era de reflexión teórica y, al menos en los temas vinculados con la reforma electoral, sostenían diversidad de opiniones que incluso provocaron algunos debates cruzados. La sección “Crónica y documentos” era de naturaleza muy distinta. En las palabras de Rivarola, “esta sección tiene en cuenta al futuro historiador de las épocas actuales, y aspira al agradecimiento de la posteridad, si adelanta algunos informes más sobre las ideas y sentimientos de nuestros días, en relación al acontecimiento que los motiva”.[6] Frente a la abstracción y reflexión de “Artículos originales”, esta sección se dedicaba a opinar sobre la coyuntura y, frente a la diversidad de opiniones que incorporaba la primer sección, “Crónica y documentos” estuvo escrita por la sola pluma de Rodolfo Rivarola desde el inicio de la revista hasta que este se retiró de su dirección en marzo de 1918.

Son estas características de la revista lo que la convierten en una fuente a la vez interesante y peculiar para analizar observaciones en torno a la reforma. La sección “Artículos originales” ofrece un foro de reflexión de amplitud de puntos de vista y de participación (implícitamente) restringida a hombres de ciencia o de opinión, y con el propósito, entre otros, de educar ciudadanos (más) aptos para el gobierno. Resulta, por lo tanto, interesante analizar qué reflexiones inspiró la reforma de 1912 en quienes pensaban que la ciencia los había preparado mejor para ejercer ellos mismos los asuntos de gobierno o para enseñar a hacerlo a otros. Mientras que la sección “Artículos originales” hacía de la revista un foro reflexión para catedráticos, juristas, periodistas y políticos, la sección “Crónica y documentos” la convertía también en testigo de la reforma. Aunque no pueda encontrarse en esta última la diversidad de opiniones que en la primera, el monopolio de Rivarola sobre la sección permite vislumbrar, como veremos, los derroteros intelectuales que provocó la reforma en alguien que hacía del pensamiento y difusión sobre cuestiones de estado un deber ciudadano.

Antes de analizar el contenido de las páginas de la revista relacionados con la reforma, es necesario tener en cuenta algunos aspectos. Cuando en diciembre de 1912 Rodolfo Rivarola escribía el balance político del año, “subido a la torre del vigía para observar desde allí los acontecimientos, tan libre su espíritu como sea posible, de las pasiones que los agitan o producen”,[7] la estimación de su saldo no era positiva. El año abría con una huelga de maquinistas y fogoneros de ferrocarril, cerraba con un Congreso Pedagógico en Córdoba, y en su transcurso habían tenido lugar elecciones nacionales bajo la nueva ley de lista incompleta, voto obligatorio y secreto, en las cuales había triunfado el Partido Radical en las áreas donde el presidente había ejercido directamente su autoridad: la Capital Federal y la Provincia de Santa Fe. Las conclusiones del analista sobre el desempeño de Roque Sáenz Peña eran lapidarias:

 

Escasísima o casi nula atención del gobierno nacional a los intereses morales, sociales y económicos, de un pueblo que trabaja y produce. Excesiva preocupación de asuntos meramente electorales, que nada aseguran en el sentido de aquellos intereses, como parece probarlo el Congreso de 1912[8]

 

La acusación de que la obra de gobierno se agotaba en la reforma electoral nos interesa en al menos dos sentidos. En primer lugar, porque refleja la actitud que toma la dirección de la RACP en relación con la reforma, desde el momento mismo de su anuncio hasta sus primeras implementaciones. Como hemos visto, la revista se dividía en cuatro secciones de las cuales “Artículos originales” era la más substancial. Los volúmenes del I al IV compilan los artículos publicados entre octubre de 1910 y agosto de 1912, coincidiendo con el anuncio de la reforma, su debate y aprobación, y su primer año de implementación. Del total de los 167 trabajos publicados en la sección “Artículos originales” en estos cuatro primeros volúmenes, solo 6 (el 3.6%) tenían alguna relación con el tema del sufragio y de la reforma de la ley electoral nacional. Si nos extendemos hasta 1916, el porcentaje disminuye a un 2.7%, ya que del total de los 508 artículos compilados en los volúmenes del I al XIII, solo 14 tuvieron alguna vinculación temática con la reforma electoral. Si una de las principales críticas de estos años del director de la RACP al presidente era que este había agotado su obra de gobierno en la reforma, Rivarola no estaba dispuesto a hacer lo equivalente con su revista y reducir su contenido a “asuntos meramente electorales”. El tema de la reforma electoral estuvo lejos de ser central a las preocupaciones de la RACP y esta mantuvo a lo largo de estos años una amplia temática institucional.

En segundo lugar, las conclusiones del balance de Rivarola de 1912 son interesantes porque, como veremos en las páginas siguientes, sus palabras reflejan la falta de apreciación de algunos sectores intelectuales durante los escasos meses transcurridos entre el anuncio del proyecto y la aprobación de la ley sobre la magnitud de los cambios aprobados y sus posibles implicancias, los cuales quedarán más claramente advertidos una vez implementada la reforma. Los ejercicios electorales que tuvieron lugar entre 1912 y 1916 abrieron una etapa de estímulo tanto a nuevas reflexiones con respecto a la reforma como al reacomodamiento de opiniones vertidas poco antes de su puesta en práctica. Es por ello que hemos divido este ensayo en dos partes. La primera recorre los años entre el anuncio del presidente de la reforma electoral y su aprobación en el Congreso y la segunda cubre el tiempo transcurrido entre su primera implementación y la elección presidencial de 1916.

 

 

Reflexiones y opiniones durante la gestación y nacimiento de la ley electoral (1910-1912)

 

En el primer volumen de la revista, que compila los números publicados desde sus inicios en octubre de 1910 a enero de 1911, no aparece referencia alguna a los planes presidenciales de reforma electoral a pesar de que los mismos habían sido anunciados cuando era candidato en 1909 y confirmados en su primer discurso como presidente electo en octubre de 1910. Las preocupaciones sobre temas electorales se detienen en la Provincia de Buenos Aires, a ello se dedican dos artículos, uno de ellos siendo la primer parte de un extenso y renombrado análisis de Enrique Rivarola, titulado “Ley y práctica electorales de la provincia de Buenos Aires”. Los dos primeros artículos que guardan alguna relación con el proyecto electoral del presidente aparecieron en el volumen II, el cual compila los números de la revista publicados entre marzo y agosto de 1911. El primero es un trabajo del constitucionalista español Adolfo Posada, prolífero jurisconsulto, profesor de derecho en las Universidades de Oviedo y de Madrid, Posada ya había mostrado interés por analizar las instituciones de América Latina, publicando en 1900 Instituciones políticas de los pueblos hispano-americanos, dedicado principalmente a los países de Centroamérica durante el siglo XIX.

Entre junio y septiembre de 1910 Posada visitó la Argentina invitado por la Universidad de La Plata para dictar un curso de Ciencias Políticas y dirigir un seminario sobre uno de los temas de su especialización: el sufragio. La crónica de su visita y de sus actividades en la Universidad fue por él publicada al año siguiente bajo el título: En América. Una campaña, y la experiencia le permitió entablar una estrecha relación con la Universidad de La Plata y su claustro de profesores, especialmente con Rodolfo Rivarola, y conocer mejor las instituciones del país.[9]

Esto último lo animará a publicar en 1912 La República Argentina. Impresiones y comentarios, con dedicatoria a la Universidad de La Plata, a la cual también le reserva todo el capítulo VIII de la obra. Ese mismo año Posada también publicó su propia traducción de James Bryce, La República Americana y, según él, su primera intención al escribir La República Argentina había sido convertirse en el Bryce para nuestro país. Sin embargo la carta de un amigo (la cual incluye en el libro y cuya autoría no revela pero en la que resulta fácil descubrir la prosa y las ideas de Rodolfo Rivarola) lo desalentó de dicho emprendimiento, ya que en ella se le explicaba que en la Argentina no existían partidos políticos divididos por programas disímiles o principios antagónicos y, por lo tanto, analizar su historia institucional significaba reducirse a la ingrata tarea de detallar luchas personales.[10] Desanimado, Posada se dedicó entonces a dar grandes pinceladas de sus impresiones sobre distintos aspectos del país y de su propio viaje, esquivando analizar los pormenores de un sistema institucional que, por la naturaleza de su política, no parecía merecer el esfuerzo.

Su contribución a la RACP, titulada “El voto obligatorio”, es de carácter teórico y de tono catedrático, destinada a cuestiones generales y sin mención alguna al caso argentino. En ella Posada sostiene firme (y el tiempo mostrará que también equivocadamente) que “la doctrina sobre el sufragio evoluciona resueltamente hacia el voto obligatorio”[11] y que ello es “una indicación del predominio de la preocupación ética, en la concepción de la vida política”[12] por sobre la vieja temática reduccionista de la extensión del voto. Luego de analizar algunos debates y ensayos europeos, el artículo se concentra en la reforma de Maura de 1907, modelo de la reforma argentina. Y si bien mostraba una visión positiva de la reforma española en cuanto a que había disminuido la abstención (votando ahora entre el 70 y el 80% del padrón), escribiendo en mayo de 1911, Posada estimaba prematuro avanzar veredictos sobre sus efectos más generales. A su entender, su éxito dependía, no tanto de la ley en sí, sino “del apasionamiento con que el cuerpo electoral entre en las contiendas, y de la conducta que las autoridades políticas y judiciales observen en la represión de los atropellos electorales”.[13]

Mientras que el trabajo de Posada no hacía referencia alguna al caso argentino, el segundo artículo sobre el voto obligatorio publicado en el volumen II se dedicaba específicamente al proyecto de reforma electoral de Sáenz Peña. Su autor era Gregorio Uriarte, juez federal jubilado y profesor de enseñanza secundaria y normal en Bahía Blanca, hasta entonces autor de varios libros de texto de instrucción cívica para escuelas primarias y secundarias a los que pronto agregaría estudios sobre relaciones internacionales.[14] En su contribución a la RACP, titulada “El sufragio obligatorio y la sanción penal. Ley de ciudadanía. (A propósito del proyecto del poder Ejecutivo Nacional)”, Uriarte comparte con el Poder Ejecutivo el principio de que “una ley debe llenar el vacío que dejan los malos hábitos”[15] pero, según él, el proyecto también constaba de al menos dos falencias importantes. En primer lugar, según Uriarte, la reforma electoral debería haber sido precedida por una nueva ley de ciudadanía. Intacta desde 1869, la ley vigente ameritaba una revisión donde “se definiese lo que se entiende por ciudadanía en ejercicio, y se determinasen los actos que prueban su vigencia, ocupando el primer término la función del sufragio y enumerando al mismo tiempo todos aquellos puestos públicos y empleos que exijan el ejercicio de ese derecho para poder desempeñarlos”.[16] En segundo lugar, Uriarte objetaba que las penas por infringir la ley por no concurrir al acto electoral no deberían ser iguales para todos sino proporcionales a la riqueza de cada uno. Después de todo, razonaba en el escrito, eran “los burgueses enriquecidos y egoístas” los mayores responsables de “malear y pervertir” la política argentina, así como los principales abstencionistas en las elecciones. Según Uriarte los pobres y analfabetos debían quedar exentos ya que “sobrada sanción penal les aflige por el solo hecho de serlo”.[17]

El tercer trabajo de la sección “Artículos originales” dedicado al tema del sufragio aparece en el volumen IV de la revista y fue escrito por Juan A. González Calderón. Entrerriano, profesor de derecho constitucional en la Universidades de La Plata y de Buenos Aires, su tesis, El Poder Legislativo en los estatutos, reglamentos y constituciones de la Nación y de las provincias publicada en 1909, había sido premiada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre entonces y la aparición de su contribución en la RACP, González Calderón había publicado cuatro obras más de corte histórico, judicial, institucional y constitucional.[18] Su artículo, “Del sufragio”, es un alegato a favor del sufragio calificado en el que, luego de repasar cuatro concepciones teóricas que iban desde Rousseau a Stuart Mill, al uruguayo Aréchaga y “algunos autores que buscan la conciliación por el eclecticismo”,[19] son todas descartadas porque, según él, se equivocaban al definir al sufragio respectivamente como un derecho natural, como una función pública, como una función política, o como una combinación de estas tres. En sus propias palabras (y con su propio énfasis): “el sufragio es en su naturaleza una función del poder, acordada por la ley a los que en esta considera capaces para su ejercicio y reglada con este fin, con objeto de que reporte beneficios y utilidad general a la sociedad política”.[20] Prometiendo tratar el tema de la obligatoriedad del voto en otra ocasión (cosa que no cumplirá), y evitando analizar la reforma electoral en discusión en esos momentos en el Congreso (solo mencionándola para hacer notar que todos los cambios en la ley electoral habían sido protagonizados en la argentina por el Poder Ejecutivo y no por el Legislativo), las páginas de González Calderón tenían como objetivo fundamentar el principio del voto calificado, argumentando que el ejercicio del sufragio implicaba la capacidad suficiente del ciudadano ya que de otro modo resultaba irreconciliable con el interés general.

El cuarto y último artículo vinculado al tema de la reforma publicado por la revista antes de que esta se ponga en práctica pertenece a otro jurisconsulto, Alberto Palomeque. De origen uruguayo, y además de abogado, periodista y político, Palomeque cruzó ida y vuelta el Río de la Plata según los vaivenes de la política de su país de origen y de su protagonismo en la misma.[21]

Al momento de escribir sus contribuciones en la RACP, Palomeque residía en Bahía Blanca donde se desempeñaba como fiscal de cámara.[22] Fechaba su artículo, “El voto obligatorio. Estudio Histórico constitucional”, en abril de 1912 (una vez sancionada la ley), y por lo tanto, Palomeque estimaba que era ya muy tarde para trabajos teóricos del estilo del de Posada, y a la vez muy temprano para analizar los efectos de una ley que todavía no se había puesto en práctica. Su explícita intención era, por lo tanto, demostrar a través de una análisis histórico- constitucional su hipótesis de que la idea de voto obligatorio se había encontrado presente en la Argentina desde la revolución de independencia, y que la ley actual no hacía más que rescatar dicha idea y ponerla en práctica. Según él, los hombres de Mayo habían concebido al sufragio como un deber, cuyo incumplimiento debía ser castigado, y desde entonces esta idea había estado presente en todos los debates, siendo explícitamente incluida en el primitivo proyecto de la convención del ´73 para redactar la constitución de la Provincia de Buenos Aires, y cuyo artículo pertinente había sido elaborado, entre otros, por Luis Sáenz Peña. Con apasionamiento (y algo de imaginación) Palomeque sostenía que el espíritu de sufragio obligatorio, presente desde mayo, había sido mantenido vivo por la provincia de Buenos Aires y ahora se encarnaba como ley nacional. Por lo tanto, concluía su argumento, lejos de hacerse eco de doctrinas extranjeras la Argentina encontraba en sus propios orígenes las semillas del sufragio obligatorio.

Como hemos mencionado, la sección “Crónica y documentos” fue escrita por Rodolfo Rivarola hasta su retiro de la dirección de la revista en marzo de 1918. Para el momento en que lanzó la revista, Rivarola ya había recorrido una importante trayectoria. Educado en los prestigiosos colegios de Concepción del Uruguay (1871-1873) y en el Nacional de Buenos Aires (1874-1876), estudió por su propia cuenta la carrera de Derecho en un solo año mientras trabajaba en una escribanía, dando los exámenes libres en 1881. Luego de una breve estadía en Corrientes (1882-1886), donde se desempeñó como juez del crimen, redactó los Códigos de Procedimientos para la provincia (el puesto en vigencia en 1883) y fue profesor en el Colegio Nacional, Rivarola se mudó a Mercedes, Provincia de Buenos Aires, para ejercer como juez del crimen. Una vez en la Capital Federal, se dedicó a su profesión y al mundo académico, siendo profesor en la Facultad de Filosofía y Letras desde su fundación, profesor de derecho civil en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, de la que fue decano brevemente (1905-1906).

Al momento de comenzar con la empresa de la revista, Rivarola ya había publicado, además de trabajos sobre derecho penal, sus dos libros más significativos sobre historia institucional: Partidos políticos. Unitario y federal. (Ensayo de política) en 1905, y Del régimen federativo al unitario, en 1908.[23] La tesis sostenida en ambos es la misma, pudiendo distinguirse en el segundo una mayor definición en las afirmaciones, y una mayor extensión y complejidad en la argumentación.

El punto de partida de Partidos políticos es la apatía política de la masa popular encontrándose su causa, según el autor, en la ausencia de partidos políticos organizados bajo programas basados en principios. Para Rivarola, los partidos contemporáneos no lograban atraer a la opinión pública ni reunir tras de sí a los ciudadanos debido a que, pasado el clamor del período 1889-1893, los partidos en la argentina no se diferenciaban entre sí por sostener programas antagónicos. El remedio aconsejable para tal situación era la formación de partidos orgánicos permanentes, organizados bajo principios disidentes y, dadas las características de nuestra historia, dichos principios eran el unitario y el federal, presentes y en constante puja desde la revolución de independencia, y aún luego de sancionada la Constitución Nacional del ´53. Dicha Constitución, según Rivarola, había sido producto de una coyuntura histórica en la que había resultado necesario reconocer como estados soberanos a aldeas aisladas en los desiertos, delimitando y repartiendo provincias como feudos a sus mandones. Pero la Constitución del ´53, el argumento continuaba, no era enteramente federal sino que poseía una fuerte impronta unitaria que se abría paso y se fortalecía a medida que corrían los años, y más aceleradamente desde 1880 a la fecha. Lo que el país demandaba, según la tesis de Rivarola, era la formación de un Partido Unitario que compitiese con el actual Partido Federal, este último un partido que, aunque no se denominara literalmente de ese modo, agrupaba a quienes aspiraban a preservar las instituciones como hasta entonces, satisfechos de la presente Constitución. El Partido Unitario, por el contrario, se dedicaría a señalar los defectos de la misma, y a sostener un programa de lucha por la construcción de una sola ley, un solo gobierno, una sola justicia para toda la nación, encargándose de demostrar “que el origen histórico de nuestro país es la unidad” y que el concepto de las autonomías provinciales “no es más que el disfraz de la arbitrariedad de los gobernadores”.[24]

Si bien en Partidos políticos Rivarola explícitamente elude defender la superioridad de este potencial Partido Unitario para remitirse a la necesidad de su organización y esbozarle un programa, en Del régimen federativo sus preferencias se develan en forma más abierta. El punto de partida de la obra es una clasificación sobre las causas que llevaron a la política Argentina a la crisis diagnosticada por el autor. Descontando las aptitudes personales de los políticos actuales, Rivarola distingue entre causas a) orgánicas y b) morales. Entre las primeras, el sufragio del “analfabetismo”, de lista y excluyente de la representación de las minorías se colocaba en tercer lugar (detrás del régimen federal y del sistema presidencial y por delante del gran número de extranjeros insuficientes de ilustración y conciencia cívica). Las dos causas morales consistían en la ausencia del examen crítico de las instituciones y la “ineducación (sic) común de la conciencia cívica”.[25] Como el título del libro lo anunciara, y a diferencia de Partidos políticos, el punto de partida de la obra es una crítica frontal al sistema federal y un llamado a su reforma por el unitario, una transformación que no haría más que hacer coincidir la constitución real con la escrita, y que permitiría pasar a un sistema donde las responsabilidades del gobierno central no fuesen eludidas utilizando como pretexto las soberanías provinciales. De este modo, el engranaje de los gobernadores “constantemente descuidados de la administración y absorbidos por el juego de la política [el cual] se traduce en una caza de posiciones y empleos para mayor desgracia de todo el país, será substituido por funcionarios meramente administradores”.[26]

En materia electoral, Rivarola sostuvo en ambas obras, y lo continuará haciendo a lo largo de su vida, su predilección por el voto calificado (incluyendo el voto de los extranjeros), y por el sistema uninominal por circunscripción; ambos, según él, deberían estar incluidos en el programa del Partido Unitario.[27] Para Rivarola, el voto debía representar la expresión más consciente de la opinión y, dadas las características de la población, no podía ser universal. En Partidos políticos Rivarola incluyó un apéndice titulado “El sufragio universal de la universal ignorancia” donde reproduce datos del Boletín demográfico argentino con las cifras del censo electoral de 1904, con el objetivo de mostrar “la desconsoladora proporción de electores analfabetos”.[28] En este momento Rivarola se remite a reproducir las cifras pero, como veremos, unos años más tarde se explayará sobre sus implicancias.

Cuando se pasa del contenido de estas obras a las páginas de la RACP algunos aspectos no dejan de llamar la atención. Uno de ellos es la abstención de Rivarola durante los años transcurridos entre el anuncio de la reforma y sus primeras puestas en práctica de volver a volcar en la sección de “Artículos originales” algunas de sus ideas relacionadas con el tema del sufragio. Prefirió en cambio, ofrecer destellos de su opinión en la sección más secundaria de la revista, “Crónica y documentos”. Un segundo aspecto sorprendente es la ya mencionada escasa atención que la revista le presta a la reforma electoral. Después de todo, la apatía política, tema central de la Ley Sáenz Peña, es también el punto de arranque de Partidos políticos y en Del Régimen federativo el sufragio universal se encuentra en tercer lugar (entre un total de cuatro factores “orgánicos”) que según su autor habían corroído a la política argentina. ¿Cómo se comprende entonces que preocupaciones centrales a la obra del director de la primer revista dedicada a la ciencia política no se plasmaran en un mayor esfuerzo por discutir, debatir y analizar en profundidad una reforma electoral cuyo anuncio y primeros pasos coincidían exactamente con los años de vida de la revista?

Algunas respuestas a este interrogante pueden tejerse en relación al clima intelectual que rodeó (o dejó de rodear) a la reforma. Como veremos más adelante, esta estuvo lejos de despertar en muchos el entusiasmo del presidente y su Ministro del Interior, abriendo en cambio un horizonte que, lejos de trazos seguros o riesgos calculados, se encontraba lleno de interrogantes. Otras respuestas pueden tejerse enfocándonos más directamente sobre Rivarola. Como hemos visto, sus obras ya habían dejado clara y explícitamente fundamentada su opinión, compartida por otros,[29] de que la transformación política que la argentina necesitaba transitar era más profunda que una mera reforma electoral; la construcción de partidos políticos orgánicos era para él un paso mucho más transcendental y necesario que una reforma del sistema de elecciones. Desde esa perspectiva, por lo tanto, resulta natural que la revista continuara con una temática institucional amplia en la sección de “Artículos originales”, que no ignoraba pero excedía el tema de la reforma. Por otro lado, Rivarola ya había explicitado sus preferencias en materia institucional y electoral en sus Partidos políticos y en Del Régimen federativo.

Antes de reiterar públicamente sus opiniones en materia electoral en las páginas de su revista, Rivarola optó por hacerlo, “sin adornos y sin mayores demostraciones por restricciones de espacio”, en un artículo publicado en La Nación el 16 de agosto de 1911. Con el fin de promover el debate sobre el proyecto de ley del presidente, el diario había organizado una encuesta sobre la reforma electoral publicando diariamente y en orden de aparición las opiniones recibidas. Las treinta y ocho respuestas enviadas al diario fueron publicados por La Nación entre el 16 de agosto y el 14 de septiembre, e incluían las explícitas opiniones de abogados catedráticos y políticos prominentes de todo el espectro político. La respuesta de Rivarola, titulada “El problema argentino del sufragio político. Voto calificado uninominal” fue la primera en ser publicada. En lenguaje llano, agudo y directo Rivarola insistió allí en que la “la forma republicana supone la educación política del elector, porque no concibe la soberanía de la ignorancia” y en que el voto calificado no era contradictorio con la Constitución argentina ya que el concepto de “pueblo” no se encontraba definido en ella y, por lo tanto, podría claramente agregarse a las restricciones de edad y aptitud física requeridas por el padrón militar, al menos la de saber leer y escribir los nombres de los candidatos. Para mostrar las implicancias del sufragio universal obligatorio en el país, Rivarola recurrió nuevamente al censo de electores de 1904 que había incluido como apéndice de Partidos políticos aunque, esta vez, luego de desplegar las cifras de ciudadanos alfabetos por provincia y Capital Federal, adelantó algunas conclusiones. Excluyendo a la Capital Federal donde el número de quienes sabían leer y escribir era diecisiete veces mayor al que lo ignoraba, solo en cuatro provincias (Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y San Juan) el número de electores alfabetos era ligeramente mayor al de analfabetos. Según los datos, en el peor extremo se encontraba la provincia de Santiago del Estero en donde el número de electores analfabetos sumaban más que el doble del de alfabetos, seguida muy de cerca por Catamarca, Tucumán, San Luis y Salta. Computándose la Capital Federal, en 1904  el país contaba con un total de 7.357.000 electores alfabetos y 7.653.000 analfabetos; variando las cifras respectivamente a 6.412.000 y 7.598.000 si se descontaba la Capital Federal.

Rivarola además agregaba en su artículo que obligar a las personas a ir a las urnas en un sistema donde la elección era una farsa constituía una gran inmoralidad. Para él, la obligatoriedad del voto solo podía ser contemplada en un sistema de voto calificado, el cual convirtiera al voto al mismo tiempo en función, en derecho y en deber. Rivarola también se mostraba inequívoco en cuanto al sistema electoral de su preferencia y el que permitía la constitución. La “simple pluralidad de sufragios” no admitía la representación de las minorías y, por lo tanto, no habría que insistir, según él, en ninguna de las variantes que intentaban desviarse de dicho principio. Para Rivarola, si de lo que se trataba era de lograr una representación que reflejase lo más aproximadamente posible la voluntad del ciudadano, el sistema electoral más apropiado a tal fin era el uninominal, equivocadamente revocado por Quintana. Y contra quienes sostenían que dicho sistema favorecía al caciquismo, Rivarola respondía difundiendo un intrincado sistema contenido en una obra de Assis Brazil de circulación en esos años, titulada Democracia representativa, que posibilitaba a través del voto uninominal por distrito (en lugar de por circunscripción) la elección de varios candidatos en un solo distrito, evitando al mismo tiempo el sistema de listas.

Quizás porque sus opiniones quedaron tan clara, sucinta y públicamente explicitadas en el artículo de La Nación, Rivarola no insistió en reiterarlas en la sección “Artículos originales” de la RACP, refiriéndose frecuentemente en su revista a la encuesta del diario como uno de los escasos y más exitosos esfuerzos por promover la discusión sobre la reforma electoral. Rivarola se remitió entonces en la sección “Crónica y documentos” a mencionar algunas de sus objeciones al proyecto de ley del presidente.  Las críticas de Rivarola a la reforma electoral eran de fondo y de forma, es decir, mientras que las primeras se dedicaban a diversos aspectos del contenido de la propuesta, en la segunda se objetaba la forma en que esta era impulsada por el Poder Ejecutivo.

Las principales objeciones al contenido de la reforma se relacionaban con la idea que substanciaba el proyecto de que el voto obligatorio crearía al sufragante. En “Crear y mover al sufraganate”, cuya publicación en agosto de 1911 coincide con el momento en que el Poder Ejecutivo envía el proyecto de reforma electoral a la Cámara de Diputados, Rivarola rechaza una de las premisas del proyecto: la idea de que el votante podía ser creado a través de una ley.[30] “[Si el sufragio] es una manifestación de una opinión, de un deseo y de una voluntad de opción, de ordinario entre términos opuestos”, Rivarola razonaba, “[n]ada de lo proyectado o inventado hasta ahora sirve para producir una idea en quien es incapaz de tenerla, ni una voluntad en quien tiene la idea”.[31] ¿Qué ventajas traería una reforma semejante, se preguntaba Rivarola, dada la ausencia de opinión pública sobre asuntos políticos, económicos o sociales?[32] Al año siguiente insistió en marcar sus objeciones hacia un gobierno que sostenía que “millares de votos inconscientes eran preferibles a centenares de votos conscientes,”[33] reiterando además que la constitución no permitía la representación de las minorías.[34] Su escepticismo sobre los posibles efectos de la reforma en el sistema político también lo puso de manifiesto cuando anunció ante las iniciativas de Buenos Aires, Mendoza, Santiago y Santa Fe por llevar a cabo reformas provinciales en sintonía con la ley nacional, que dichos cambios no impedirían que las legislaturas continuasen dependiendo de los gobernadores.[35]

En cuanto a las objeciones sobre la forma en que el proyecto era llevado a cabo, Rivarola apuntaba principalmente a largos y estériles debates parlamentarios en cámaras nacionales donde el ministro del interior se había procurado la mayoría de antemano gracias a la “intervención persuasiva e individual que el poder ejecutivo ensayaría en casa uno de los diputados”, mientras que “[en] conversaciones intimas se oían las más decididas frases contra el proyecto del ejecutivo”.[36] Lo que esto confirmaba, según él, era la tenacidad con que un presidente bien intencionado se empeñaba en hacer aprobar apresuradamente una reforma sin realizar esfuerzos por conocer las opiniones generales de un pueblo que se mostraba reticente a ofrecerlas, pero incluso ignorando las opiniones vertidas públicamente en, por ejemplo, la encuesta llevada a cabo por La Nación, en la cual había predominado la idea de que el voto calificado era esencial para el mejoramiento de las costumbres electorales.[37]

Rivarola se refirió varias veces al proyecto como “ese generoso pero equivocado esfuerzo del poder ejecutivo”,[38] porque, en su opinión, la construcción del sufragante debía realizarse de otra forma. Como viniera anunciando desde años atrás, para él la formación de ciudadanos con opiniones que pudieran ser expresadas a través del voto requería de la existencia de (al menos) dos partidos políticos orgánicos, permanentes, organizados alrededor de programas institucionales antagónicos. “Crear y mover al sufragante”, por lo tanto, era un objetivo que Rivarola compartía con el presidente, pero que para él no podía ser resultado de lo que él interpretaba como empecinadas medidas autoritarias, sino de la generación de debates públicos que pudieran, se esperanzaba, “determinar la organización de opiniones políticas”.[39] Rivarola se propuso avanzar por este segundo camino con el objetivo de motivar y a la vez mostrar la diversidad de preferencias existentes en la opinión pública sobre temas institucionales lo que a su vez sería un primer paso para impulsar la verdadera transformación política que la Argentina necesitaba. Con este objetivo lanzó lo que ha sido considerada la primer encuesta de opinión “moderna” en el país,[40] en la que se pretendía aplicar, “en la investigación del fenómeno político el método positivo de las ciencias naturales”.[41] La función de la encuesta, por lo tanto, era teórico-práctica ya que por un lado se trataba de conocer y mostrar la variedad de las preferencias institucionales del público y al mismo tiempo intentar que estas opiniones se transformaran en partidos políticos, ya sea nuevos o transformando los existentes. Con este último fin la revista anunciaba que luego de publicar los resultados de la encuesta “(l)as nóminas de personas con ideas afines se pondrán a disposición de los partidos”.

En el número 12, publicado en 1911, la RACP incorporó una “cédula para la clasificación de las ideas políticas”, la cual fue reproducida por La Nación el 4 de septiembre y, según Rivarola, por otros diarios nacionales y provinciales, y enviada a centros sociales, bibliotecas populares, institutos de enseñanza, y también a clubs aristocráticos (aunque en este último caso parece que el ejercicio no despertó interés alguno). Se obtuvieron pocas respuestas. De las 12.000 cédulas repartidas, fueron inicialmente devueltas a la revista 1800 siendo procesadas 1512.[42]

La intención, como hemos dicho, era conocer el pensamiento del público sobre grandes temáticas institucionales las cuales fueron divididas en siete rubros, cada uno de ellos a su vez subdividido en distintos tipos:

 

I Régimen Constitucional:

1. Federal: significa aquí la tendencia a resolver las cuestiones políticas y jurídicas en el sentido de la mayor autonomía de las provincias, o sea hacia el régimen federal puro;

2. Nacional: la tendencia a mantener la supremacía de la soberanía nacional y de la autoridad del gobierno central, sin aspirar a reformar la Constitución en sentido unitario;

3. Unitario: el reconocimiento de una evolución política hacia la supresión de los gobiernos provinciales para constituir la nación bajo una sola soberanía, una sola ley, una sola justicia para todos sus habitantes. No implica el propósito de un cambio inmediato de la Constitución: si el de favorecer aquella evolución hasta la reforma constitucional.

II Forma de gobierno:

1. Presidencial: la más alta dirección política corresponde al presidente.

2. Parlamentario: la más alta dirección política corresponde al congreso.

III Sistema electoral:

1. Sufragio universal: para mayores de 18 años sin otra calificación aunque sean analfabetos.

2. Voto calificado: por saber leer y escribir.

3. Voto concedido a los extranjeros: con calificación de tiempo de residencia, contribución, leer y escribir.

4. Por lista a simple pluralidad: el sistema ordinariamente practicado hasta la fecha.

5. Por lista en representación proporcional: comprende cualquier sistema, como el de lista incompleta o voto acumulativo, que se suponga útil para representar minorías organizadas en partidos.

6. Uninominal: cada elector vota por un candidato los votos de la localidad; en el distrito valen para el candidato  los votos dados en la provincia o en la capital.

IV Organización social:

1. Conservadora: la tendencia a mantener el régimen actual de la propiedad del capital y del trabajo.

2. Evolucionista: admite la modificación gradual de las condiciones de la propiedad, del capital y del trabajo, sin aceptar la teoría socialista.

3. Socialista: se entenderá el afiliado o que desearía afiliarse a ese partido.

V Régimen económico:

1. Protección de industrias nacionales: se entiende cualquier forma de protección, por impuestos aduaneros o primas, a favor de una industria nacional.

2. Libre concurrencia universal: se entiende el que admite la tendencia hacia la libre competencia universal de las industrias sin ninguna forma de protección.

VI Relaciones de estado con la Iglesia:

1. Liberal: no admite ninguna pretensión ni insinuación de autoridad, a favor ni en contra de las ideas religiosas, y mantiene la más absoluta neutralidad de la enseñanza, aunque se tenga ideas religiosas.

2. Católico: que presta apoyo a la fuerza material o moral del estado a favor de la educación católica.

3. Anticatólico: que usaría la fuerza del estado para combatir las ideas religiosas.

VII Nacionalismo:

1. Histórico: que intenta formar la unidad de la conciencia nacional con la admiración del pasado, y adopta la enseñanza de la historia como instrumento educativo de moral cívica.

2. Progresivo: que aspira a formar la unidad de la conciencia nacional mediante el reconocimiento de la nueva composición étnica de la población, y la fidelidad de la promesa declarara en el preámbulo de la constitución: “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.[43]

 

La encuesta adolece de las debilidades propias de este tipo de ejercicio en cuanto a recolección de datos y confección de cómputos (muchas de las sumas, por ejemplo, son erróneas), agudizada por la complejidad temática de la encuesta, y la escasa información que se ofrecía en cada uno de sus enunciados.[44]

La cédula encuestadora permitía también clasificar al encuestado de acuerdo a su profesión, nacionalidad, residencia y edad, y antes de analizar las respuestas recibidas es necesario conocer algunas generalidades de quienes las escribieron. El diseño de las cédulas y la forma en que fueron desplegados los resultados, sin embargo, solo permiten reconstruir respuestas parciales sobre las características de quienes contestaron. A su vez, la gran incidencia de respuestas de miembros del Partido Socialista (cuya aparición nunca fue explicada en la revista), y su impacto sobre el total de las respuestas hace necesario, en todos los casos, desplegar los resultados indicando si las respuestas de los socialistas son incluidas y excluidas del conjunto.

Como lo demuestra el cuadro N°1 (véase el anexo),[45] el 94% de quienes respondieron, excluyendo las respuestas socialistas, dijeron pertenecer a las profesiones liberal docente y comercio, renta y administración, mientras que el 53% de los socialistas dijo pertenecer al rubro manual (cifra que se extiende al 56% si incluimos el rural).[46]

¿Qué relación puede establecerse entre las profesiones de quienes contestaron la encuesta y sus preferencias institucionales? Excluyendo a los socialistas, entre las 276 respuestas que se inclinaron por el régimen federal, 7 decían tener una ocupación manual, 7 rural, 152 liberal y 110 en el comercio, etc. Entre los 177 que lo hicieron por el nacional, se encontraba 1 entre los de profesión manual, ninguno en la rural, 117 entre las profesiones liberales y 59 en el comercio, etc. Y entre los 549 que optaron por el sistema unitario las respuestas se repartían entre 21 manuales, 30 rurales, 235 liberales y 263 en el comercio. No es posible analizar a que profesiones pertenecían los 169 socialistas que se inclinaron por el régimen federal, los 10 que lo hicieron por el nacional y los 331 que lo hicieron por el unitario.[47] Los resultados confirman que gran parte de quienes contestaron la encuesta pertenecían a los sectores sociales mejor calificados y simpatizaban, mayormente, con las ideas del director de la revista.

Conocer la nacionalidad de quienes completaron las cédulas se dificulta enormemente por el hecho de que muchos de ellos no contestaron este rubro, en parte porque la cédula publicada en La Nación no lo contemplaba. Lo que podemos apreciar en el cuadro N° 2 (véase en el anexo) es que más de la mitad de los no socialistas eran argentinos, mientras que es probable que la relación fuese inversa al considerar las respuestas (faltantes) de los socialistas.

En cuanto a la residencia de los que contestaron la encuesta, el cuadro N° 3 (véase en el anexo) muestra proporciones equilibradas entre provincianos y porteños, tanto si incluimos como si excluimos las respuestas socialistas.

Las edades también se distribuyen en forma pareja entre los menores y los mayores de 30 años, con una mayor incidencia de mayores de 60 años entre las respuestas no socialistas (cuadro N° 4, véase en el anexo).

¿Qué podemos concluir de estos datos sobre quienes llenaron las cédulas de opinión? El conjunto de quienes contestaron la encuesta distaba de representar proporcionalmente el universo de la población.[48] Más de la mitad de las respuestas pertenecen a argentinos y, excluyendo a los socialistas, más del 94% dice pertenecer a profesiones liberales y del comercio. Dado además que las respuestas no socialistas se inclinaron fuertemente por el régimen unitario, cabe pensar que este universo de respuestas estaba estrechamente ligado no solo con el mundo profesional sino con quienes estaban vinculados de alguna forma a la RACP, con su director o con su milieu.

¿Qué podemos decir ahora sobre las preferencias institucionales de quienes contestaron la encuesta? La revista las resumió de la siguiente forma:

 

I Régimen Constitucional

1. Federal: 276 + 169 socialistas= 445

2. Nacional: 177 + 10 socialistas= 187

3. Unitario: 549 + 331 socialistas = 880

II Forma de Gobierno

4. Presidencial: 407

5. Parlamentario: 1.105

III Sistema Electoral

6. Sufragio universal (espontáneo): 598

                                    (obligatorio): 326

7. Voto calificado      (espontáneo): 369

                                     (obligatorio): 346

8. Voto concedido a extranjeros: 874

9. Voto por lista a simple pluralidad: 87

10. Voto por lista en representación proporcional: 912

11. Voto uninominal (por circunscripción): 312

                                   (por distrito): 269

IV Organización Social

12. Conservadora: 199

13 Evolucionista: 797

14. Socialista: 510

V Régimen económico

15. Protección de industrias: 422

16 Libre concurrencia: 1.111

VI Relaciones del Estado con la Iglesia

17. Liberal: 1.121

18. Católico: 54

19. Anticatólico: 332

VII Nacionalismo

20. Histórico: 350

21. Progresivo: 1.227

 

En los rubros Régimen Constitucional y, más aún, en el de Forma de gobierno, las respuestas están a tono con la dirección de la revista, es decir, ofrecen una marcada preponderancia de respuestas coincidentes con las preferencias de Rivarola: el régimen unitario y el régimen parlamentario. Ello no es de extrañarse una vez analizadas las características de quienes respondieron a la encuesta confirmando, una vez más, que se trataba de personas ligadas de alguna forma a la revista. Y quizás en parte por esta razón Rivarola no esbozó conclusión alguna sobre los resultados de la encuesta, ni se felicitó a sí mismo por el gran número de respuestas que comulgaban con sus propias ideas.

Otros se han encargado de analizar las respuestas obtenidas por la encuesta en todos los rubros que estas presentaban.[49] Lo que nos interesa aquí es concentrarnos en las respuestas sobre el sufragio. La primera impresión que nos ofrecen los resultados, es que la mayor parte de quienes respondieron a la encuesta preferían el sufragio universal (814) por sobre el calificado (715).[50] Sin embargo, estas son solo primeras impresiones. La RACP ofrece información sobre las preferencias por el tipo de sufragio, desagregadas por cada uno de los tres regímenes que identificaba la encuesta. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes (véase cuadro N° 5 en el anexo).

Si nos remitimos a las columnas de los totales, las preferencias en materia electoral de cada uno de los regímenes ofrecen algunas confirmaciones y algunas sorpresas. Entre las primeras se encuentran la preferencia mayoritaria de los socialistas por el sufragio universal y el de los “unitaristas” por el calificado. Entre las segundas encontramos un mayor número de respuestas a favor del sufragio calificado en quienes preferían los regímenes federal y nacional, aunque con las opiniones más equilibradamente divididas que en los casos anteriores. Si nos enfocamos en cada una de las subdivisiones, se nos presenta un mosaico de preferencias de piezas en su mayoría equilibradas entre quienes optan en cada caso por el sufragio obligatorio o espontáneo en cada uno de los regímenes.

Las respuestas también muestran un aspecto relevante. Excluyendo las respuestas socialistas, de un total de 1549 respuestas[51] sobre el tema del sufragio, solo 399 se inclinaron a favor del sufragio universal (cifra que llega a 834 si se incluyen las respuestas socialistas).[52]

Considerando solamente a quienes se inclinaban por el voto universal obligatorio (independientemente del tipo de régimen) encontramos que, excluyendo a los socialistas, solo el 9.6% de quienes contestaron la encuesta concordaba con el proyecto de reforma electoral sostenido por el presidente.[53] En contraste, el 21% de las respuestas se inclinaba por el sufragio calificado espontáneo, porcentaje que llegaba al 23% al incluir las preferencias de los socialistas.

La RACP se limitó a publicar los resultados de la encuesta llevada a cabo y en ningún momento se ofrecieron, ni por los directivos de la revista ni por sus colaboradores, comentarios o análisis alguno sobre los mismos. Es más, cada vez que Rivarola hizo mención sobre alguna encuesta de opinión, se remitió a la de La Nación para mostrar, por ejemplo, el divorcio existente entre las “ideas desinteresadas” y los “intereses de la política positiva,”[54] lo cual también hubiese sido posible argumentar haciendo referencia a la encuesta de su revista. El silencio de Rivarola sobre los resultados de su propia encuesta también es sorprendente debido a que él podría fácilmente haber argumentado a favor de su éxito. Después de todo, ella había atestiguado la existencia de una gran variedad de preferencias institucionales y de todo tipo entre quienes la contestaron, que a su vez podía potenciar la construcción de partidos políticos de opinión. Rivarola también se podría haber regocijado de que en las respuestas recibidas primaban sus mismas preferencias por el voto calificado, el régimen unitario, el parlamentarismo, el voto concedido a los extranjeros. El escaso número de respuestas recibidas o el impacto de la cantidad de respuestas socialistas puede haber cohibido a Rivarola a aclamar que la encuesta era representativa de la opinión pública, pero estos eran requisitos que la encuesta de La Nación, que tanto elogiaba, tampoco cumplía. Quizás, el impacto de ideas a favor del unitarismo indicaban que la encuesta había sido contestada por personas allegadas a la revista, y por lo tanto, poco representativas del conjunto no solo poblacional sino, más importante en este caso, del intelectual y político. La encuesta recibirá más atención de posteriores historiadores que de sus progenitores y contemporáneos, pero las causas de ello se suman a otro de los tantos temas sobre los que la revista optó por guardar silencio.

 

 

Opiniones y reflexiones sobre las primeras implementaciones de la ley (1912-1916).

 

Al analizar la pluma de Rivarola en la sección “Crónica y documentos” de los años 1912 y 1913 se confirma la impresión de que las apreciaciones sobre la reforma electoral aprobada se relacionaban más estrechamente con sus resultados que con la rigurosidad argumentativa de posiciones abstractas a su favor o en su contra. Asimismo, como veremos a continuación, los resultados electorales bajo el nuevo sistema produjeron algunos vaivenes de opinión en las apreciaciones de testigos y protagonistas, así como también nuevos enfoques en las temáticas relacionadas con la ley en comparación a las del bienio anterior.

En el caso de Rivarola, su veredicto giró marcadamente entre 1912 y 1913. Sus crónicas de 1912 habían sido implacables. Luego de las elecciones de Santa Fe y la Capital Federal de marzo y abril, su conclusión fue que el país se encontraba “en el comienzo de una grave crisis política”.[55] La crisis tenía varias raíces. Una robusta consistía en que no solo la reforma había sido la obra individual del presidente, sino que su implementación también dependía directamente de él. El ejercicio electoral había mostrado que el sufragio libre solo podía ejercerse donde el presidente lo garantizara, lo que lo convertía en dependiente de la voluntad de un hombre. Quienes se apresuraban a analizar el impacto de la nueva ley, Rivarola advertía, no debieran confundirlo con el de la imparcialidad presidencial. Por otra parte, la garantía presidencial era limitada ya que se remitía al momento electoral, lo que, según Rivarola, resultaba insuficiente para liberar al votante de la presión e influencia del oficialismo. La profunda crisis política que Rivarola anunciaba en 1912 era para él también resultado del triunfo del Partido Radical. Como muchos otros por entonces, Rivarola arremetía contra la UCR, para él un partido cuyos programas y fines eran desconocidos por la simple razón de que no los tenían, y una organización partidaria de escasos hombres preparados para el gobierno. Por todo esto, Rivarola concluía anunciando un diagnóstico que en sus palabras también podía ser interpretado como una esperanza: “El comienzo de  una crisis política que reclamará la concentración de otras opiniones y la formación de otros partidos”.[56]

En sus crónicas de 1912, Rivarola se estrechó a aceptar los beneficios del voto secreto y aún del obligatorio en áreas como las de Santa Fe y Capital, con mayoría de ciudadanos alfabetos, pero no tuvo contemplación alguna en concluir: “la ley ha fracasado en su sistema”.[57]

La lista completa, según él no era más que un simple voto plural limitado, y la experiencia en la Capital mostraba que la representación proporcional concedía los dos tercios a una minoría de electores que no alcanzaba el tercio de la totalidad. Y en su opinión, el escrutinio también había sido un fracaso porque no se había prevenido el tiempo que ahora demandaba y solo había sido posible llevarlo a cabo gracias a la acción de la junta electoral.

Las remanentes crónicas de Rivarola de 1912 continuaban con su ya clásico llamado a la formación de partidos de opinión o partidos de reforma, con la degradación constante de la UCR como un partido sin principios, con elogios al Partido Socialista por ser el único partido reformador existente, con las diatribas usuales hacia el presidente Sáenz Peña quién había agotado su programa de gobierno en la reforma electoral, descuidando los restantes temas necesitados de administración y de gobierno, tales como la agricultura, la industria, el comercio, la instrucción pública, etc.[58] Al concluir 1912 el balance de Rivarola era el siguiente:

 

Trabajo útil del gobierno…………..…...0.01

Balance: esfuerzo útil  e improductivo….0.99

Ocupación total……………………….100.00[59]

 

Las crónicas de Rivarola que siguieron a la victoria electoral del Partido Socialista en las elecciones de la Capital Federal de marzo de 1913 muestran cambios significativos. Su juicio sobre ellas fue firme: mientras que las elecciones del 7 de abril de 1912 habían sido legales, las de 1913 habían sido al mismo tiempo legales y puras; es decir, mientras que en las primeras habían  persistido los viejos ardiles electorales, ni un falso voto y ni un voto vendido había tenido lugar en las segundas, las cuales representaban el ideal de la democracia.[60] El festejo de Rivarola no solo se debía a las formas en que se había desarrollado el  acto electoral sino también a sus resultados. Sus cifras, en combinación con las de las elecciones de 1912, indicaban que la adhesión permanente con que contaban los partidos se distribuía de la siguiente forma: 30.000 para los Radicales, 20.000 para la Unión Cívica y 15.000 para el Partido Socialista. Y, siendo el número de electores aproximadamente 110.000, los votantes independientes sumaban unos 45.000. En las elecciones de marzo de 1913, los candidatos socialistas habían obtenido 48.000 votos, ganándose los dos tercios de la opinión independiente. Para Rivarola, los resultados  no podían ser más satisfactorios ya que demostraban que los ciudadanos se habían inclinado por un partido bien organizado, con un programa definido, y cuyos representantes en el Congreso habían impresionado favorablemente a la opinión pública. La opinión independiente se había convertido en la fuerza que podía decidir la suerte de las elecciones.

Frente a las palabras de repudio a la nueva ley electoral que públicamente se arrojaron luego de la victoria socialista, Rivarola firmemente sostenía que esta no debía ser tocada. Solo cuando el Congreso fuese limpiado totalmente de su “lepra política originaria”,[61] podría pensarse en modificarse y mejorarse el sistema electoral. Sin embargo, estos regocijos de 1913 por los efectos de la nueva ley electoral y la defensa de que ella debía perdurar (al menos temporariamente), no lograron modificar el juicio de Rivarola sobre el gobierno de Sáenz Peña.

Con las palabras “No solo de sufragio vive el pueblo”, Rivarola finalizaba su balance de dos años y medio de gobierno con su para entonces habitual queja de que este se había consumido en la reforma electoral.[62]

La crónica de Rivarola sobre la victoria socialista en las elecciones de 1913 también tocó sobre un tema recurrente por entonces y que pronto también aparecerá en la sección “Artículos originales” de la RACP, donde será más extensamente tratado por otros autores. Los resultados de la elección habían llevado a la UCR a emitir una circular en la que acusaba al Ministro del Interior de haber favorecido al Partido Socialista y colaborado con su victoria, la cual, según Rivarola no había recibido mayor atención del público.[63] Pero lo que sí había sido recibido con mayor atención fueron las acusaciones que atribuían la victoria de los socialistas a la masa de inmigrantes sin vinculación con la sociedad argentina.[64] Según  Rivarola, dichas manifestaciones habían enmudecido cuando se supo de la voz del presidente que la totalidad de extranjeros naturalizados en el número de electores apenas alcanzaba a 14.000. Sin embargo, como veremos más adelante, el tema continuó vigente.

El artículo de Leopoldo Maupas, “Trascendencias políticas de la nueva ley electoral”, es el primer trabajo que publica la revista sobre el tema de la reforma luego de su primer puesta en práctica. Además de ejercer como abogado, para el momento de su contribución a la RACP, Maupas se desempeñaba como profesor de Sociología en la Facultad de Derecho y como profesor de Lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (de la que se había graduado en 1902). Maupas había realizado estudios en las universidades de París y Berlín, era asiduo colaborador en revistas y periódicos, en 1912 publicó Caracteres y crítica de la sociología y su curso de lógica será publicado como Ensayos de lógica en 1919. Es quizás el interés de Maupas por la sociología lo que hace que su análisis sobre la ley de la reforma electoral contemple una visión más amplia y sus argumentos tengan una mayor originalidad en comparación con las reflexiones de monótono tono jurídico publicadas en la revista por otros abogados.

“Trascendencias políticas” fue escrito en junio de 1912, tres meses después de que la ley fuese puesta en práctica por primera vez. Su punto de partida es la falacia que según su autor subyace en el entusiasmo generado por la ley electoral y las expectativas puestas en ella como el inicio de una regeneración política y administrativa. Para Maupas la falacia era producto de que “(s)iempre se ha creído en nuestro país, que buenas elecciones lo arreglarían todo”,[65] creencia que a su vez derivaba del supuesto ampliamente compartido de que el problema político en la Argentina era electoral y sus males políticos eran fácilmente explicables por el origen vicioso de las autoridades. Era creencia compartida, según Maupas, que el fraude y la violencia electoral eliminaban la influencia legítima del pueblo sobre el gobierno, privándolo así de poder ser dirigido de acuerdo a sus intereses y aspiraciones.

Para Maupas este argumento unía automáticamente dos premisas que no estaban necesariamente relacionadas: la de la naturaleza de la elección y la del carácter del gobierno, asumiendo que la existencia de un buen gobierno dependía de una buena elección. Por el contrario, según Maupas, “(l)a elección no da aptitud, ni elige al apto; y (...) en los estados bien gobernados, la misma aptitud del electo es de orden secundario”.[66]  Si no hay por lo tanto relación entre electores y elegidos, ¿cuáles eran según Maupas los factores que hacían a un buen gobierno? Él los encuentra en los “consejeros naturales”, es decir, “instituciones constitucionales y extraconstitucionales, legales y morales, asesores de los gobernantes, creadas por la ley y por las costumbres”.[67] Entre ellos, Maupa destaca: i) los cuerpos consultivos, políticos y administrativos de funcionarios, para él los verdaderos gobernantes, especialistas acostumbrados a los asuntos de estado cuyos nombramientos son por reglas objetivas, sin ninguna relación con las elecciones populares; ii) las universidades, que por un lado imponen con sus investigaciones dirección a la acción gubernamental y por el otro, a través de la enseñanza, forman administradores idóneos para el gobierno; y iii) las asociaciones libres que, adelantándose a la acción oficial proponen y exigen de las autoridades leyes y medidas que respondan a sus intereses. En este marco, por lo tanto, puede verse, según Maupas, la escasa importancia que revisten los resultados de las elecciones populares sobre la dirección general de la política; su función no puede ser otra que la de establecer líneas generales de gobierno. Para Maupas, la acción de los cuerpos consultivos y el control continuo de asociaciones libres eran más importantes que el control electoral.

En el escrito de Maupas, la Argentina se encuentra en una situación desventajosa en relación a los países europeos. No posee cuerpos consultivos ilustrados, como los Consejos de Estado de Francia, y las oficinas administrativas son deficientes en un país demasiado joven sin experiencia y donde el origen de estos puestos está ligado a la vida electoral. A su vez, las universidades argentinas no realizan su función científica, sus profesores no pueden dedicarse a sus tareas en forma exclusiva y “son simples institutos de repetición” donde alumnos acostumbrados a oír y repetir son incapaces de generar ideas originales. Y a diferencia de, por ejemplo, Alemania donde las asociaciones no vacilan en fundar comisiones de estudio rentadas y aportan al gobierno elementos de ilustración, en la Argentina las asociaciones son ignorantes y tímidas sin poder convertirse en mentores de los gobernantes en la dirección de los asuntos públicos. Para Maupas, nada de esto será perturbado por la nueva ley electoral y por lo tanto no habría que esperar en ella cambios en la calidad del gobierno.

¿Cuáles, entonces, serían para Maupas las posibles consecuencias de la reforma? Su respuesta las identifica con el triunfo de las aspiraciones de un partido, es decir aquellas que se refieren a la representación numérica del pueblo. Lo esperable, por lo tanto, era el triunfo de un partido que concentre en sí mismo algunas tendencias. Con excepción del partido socialista que tiene un programa concreto, Maupas registra tres tendencias: la conservadora, la progresiva y la radical que a su vez dividen a los partidos nacionales burgueses. Él clasifica a la Unión Nacional y a la Unión Cívica como los partidos de la burguesía adinerada que comparten un interés conservador. Los que los diferencia entre sí, según Maupas, es que la Unión Cívica representa al rico con “escrúpulos de conciencia”, que reconoce la legitimidad de las aspiraciones de la mayoría pero teme su inmediata realización. El Partido Radical, en cambio, es definido por Maupas como el partido de la burguesía media, representante del interés de la mayoría numérica. Los tres partidos tienen elementos virtuosos y viciosos, y la similitud de sus programas los hace fácilmente intercambiables entre sí.

“¿Si no es cuestión ni de hombres, ni de programas” se preguntaba Maupas, “cuál es la fuerza que determina esa concentración del elemento burgués en tres partidos y en proporciones sensiblemente análogas?”[68] La respuesta, según él, debía encontrarse desviándose el foco de los dirigentes y poniéndolo sobre las masas. Maupas descubre en el último acto electoral las pruebas (que serán también recogidas años más tarde por analistas) de que la Unión Cívica y la Unión Nacional encuentran sus caudales de votos en los distritos de la población rural ganadera, enfeudada a la burguesía adinerada, mientras que el Partido Radical lo hace en las ciudades y distritos agrícolas, en donde el aporte de extranjeros había permitido la formación de una clase media de pequeños comerciantes y chacareros.[69]

Para Maupas la tensión entre la burguesía opulenta y la clase media no se encontraba en posturas opuestas sobre el orden económico (sobre el cual ambos coincidían) ni en el orden jurídico (ya que la ley proclama la igualdad absoluta de los ciudadanos). Para él se trataba de una división moral que revestía todos los caracteres de una división de clases en la que los honores, el poder y la riqueza pertenecen a la clase superior. Independientemente de lo que estableciera la constitución, según Maupas, el gobierno estaba en manos de unas pocas familias que formaban una clase gobernante a la que se accedía a través de la riqueza. Esta clase alta vivía en forma independiente de la clase media a la que a su vez despreciaba. En conclusión, la consecuencia de la reforma electoral radicaba en que “(l)a verdad del sufragio al poner el resultado de las elecciones en manos de la mayoría numérica asegura el poder a la clase media, que adquiere así títulos de respeto por parte de la clase rica, que en cierta manera se le subordina”.[70]

Según Maupas, de esta conclusión no debía inferirse que con la nueva ley la clase media podría definir la dirección general del gobierno. Dichas expectativas resultaban alteradas por dos factores. El primero, por la falta de solidaridad de la clase media debido a que su mayor parte se encontraba enfeudada a la burguesía rica por lazos de familia, o por favores recibidos o esperados que los hacía solidarizarse con el interés de la clase superior. Solo en las grandes ciudades o en los centros agrícolas, según Maupas, “se puede encontrar la afirmación democrática del interés de la clase media”.[71] El segundo factor mencionado por Maupas es la falta de dirigentes con clara conciencia de su interés. La vaguedad del credo democrático afirmado por el Partido Radical permitía que coexistieran en él intereses irreductibles, al tiempo que muchos de sus dirigentes, por su origen, condición social o temperamento, tenían intereses contrarios al de la clase media. Por lo tanto, el triunfo del Partido Radical, al menos en el corto plazo, no significaría la representación legítima de la clase media y, Maupas predecía, a medida que el partido adquiriese conciencia de clase, o bien eliminaría a aquellos dirigentes que no respondieran a su interés, o bien se produciría una fractura del partido.

Maupas concluía que, por lo tanto, no debían esperarse de la reforma electoral grandes cambios en el corto plazo, aún con la victoria del Partido Radical. Con suerte solo se podría estar agradecidos de una potencial mejora en la perfomancia de parlamentarios que les interesara ser premiados con una reelección, y por la prueba empírica del enunciado de que no bastan buenas elecciones para tener buenos gobernantes ya que el problema político no es solamente electoral, sino principalmente social, es decir, el problema de dar representación y dirección a los intereses de la sociedad.

Si bien hasta la victoria electoral de los socialistas en 1913 los artículos sobre la reforma publicados en la revista tenían una temática exclusivamente política, comienzan a incluir desde entonces la temática social. La supuesta “amenaza” de los inmigrantes al cuerpo social y político del país no era tema nuevo, pero este indudablemente recrudeció frente a la victoria electoral del Partido Socialista y la revista no fue inmune a este clima de opinión. Así, en el primer trabajo de la sección “Artículos originales” publicado luego de las elecciones de 1913, destinado según su autor a los lectores extranjeros de la revista, titulado “Los tres problemas del momento político actual”, Julio Monzó colocaba en tercer lugar “el problema de la población extranjera”, detrás de la ausencia de sufragio y de la construcción de un régimen político, estos últimos siendo temas ya resueltos.[72] En sus propias palabras:

 

Aquí habrá también que reaccionar quizás contra esos entusiasmos, optimistas a toda prueba, que tan característicos fueron en los constituyentes y que tantas huellas dejaron en su obra de lirismo trascendental, llena de afirmaciones grandílocuas (sic), tales como la que abre las puertas de la República “a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”[73]

 

Para Monzó, había llegado la hora de pensar en medidas de “selección del alienígena, el saneamiento del elemento extraño que desembarca en nuestra playa”.[74] Las palabras de Monzó, de abierta animosidad hacia el extranjero, se balanceaban en la RACP por otro artículo publicado en el mismo volúmen, titulado “El pueblo quiere principios” de Alejandro Peralta. En él, el lector podía encontrar grandes elogios a “la incorporación a nuestra sociabilidad de grandes masas de extranjeros con espíritu más reposado, más ponderado, diría, con hábitos de trabajo que faltaban a nuestros criollos y con aspiraciones de progreso y bienestar”,[75] la cual había logrado, según el autor, neutralizar y vencer la naturaleza violenta del criollo, inculcándole el amor por el orden y el trabajo. Peralta se preocupaba también por desmentir que el “elemento extranjero” estuviese detrás del triunfo del Partido Socialista e intentaba desestimar la idea que circulaba por entonces, de que el triunfo reciente del socialismo debía ser interpretado como el instrumento que la reforma electoral le permitía ejercer a la plebe para demostrar su odio contra el hombre ilustrado. Para Perlata, la lectura que debía hacerse de ese triunfo era la inversa: el ciudadano había dado su voto a hombres profesionales cuyos títulos universitarios los calificaba mejor para ejercer la función pública; aprendiendo de lo ocurrido el año anterior donde la nueva representación de un partido había hecho caer al Congreso en un gran desprestigio. Naturalmente que el 50% de los electores porteños no era socialista, razonaba Peralta, pero librado en la últimas elecciones de “influencias artificiales”, los votantes se habían inclinado mayoritariamente por un partido con principios concretos de gobierno y administración, frente a un Partido Radical de ideas abstractas y metafísicas, y a otro, la Unión Cívica, sin principio alguno.

Algo similares eran las conclusiones que pueden encontrarse en un artículo de R. Wilmart, “Las elecciones de marzo-abril en la capital”, también en el volumen IV de la revista. Para él, la victoria de los socialistas también hablaba de un electorado que había penalizado la actuación de los representantes en el Congreso del año anterior, y de elecciones que representaban un paso más en las libertades electorales en la que ciudadanos bien informados habían ejercido su voto independiente. Wilmart también contestaba a quienes expresaban temor hacia los inmigrantes, para él todos hombres de trabajo “cuyos hijos cantan nuestro himno con convicción y aprenden nuestra Constitución de buena fe”.[76] Sin embargo, el principal objetivo de Wilmart al analizar los resultados electorales de 1912 y 1913 no era el inmigrante o su posible impacto en la política sino retomar uno de sus temas preferidos, y sobre los que ya había insistido anteriormente en la RACP: el sistema parlamentario. Para él, los 80.000 votos que conjuntamente habían obtenido la UCR y el Partido Socialista, representaban una condena contra un sistema institucional (el presidencial) que debía ser sustituido. Su análisis también incluía una defensa del voto universal por sobre el calificado el cual, según él, no solo era indeseable porque divide a la sociedad en clases sociales sino que además imposible de introducir en una sociedad que desde siempre había gozado del sufragio universal.[77]

Los artículos publicados en la sección “Artículos originales” durante 1914 que hacen referencia a la reforma electoral contienen en su conjunto un marcado tono de animosidad hacia ella. El primero en aparecer ese año, titulado “La ley electoral de la Nación”, de Albertano Quiroga, consistía en un alegato contra la constitucionalidad de la ley ofreciendo algunas variaciones sobre argumentos ya conocidos y publicitados cuando se discutió la reforma en el Congreso. Según Quiroga, la ley era inconstitucional porque: i) la lista incompleta atentaba contra la soberanía política ya que la constitución del ‘53 otorgaba los electores el derecho a designar representantes como mandatarios directos y establecía distritos por provincia y por capital; ii) porque mientras que la constitución hablaba de derechos individuales, la ley atribuía derechos colectivos y autoridad representativa a los partidos políticos concediéndoles la prerrogativa de gozar de representación según su importancia numérica; y iii) porque la obligatoriedad del sufragio “resulta(ba) sencillamente agresiva a la dignidad ciudadana, enervante del sentimiento de civismo y pervertidora de todo estímulo moral”.[78] Además de estos argumentos constitucionales, según Quiroga, la ley había probado no servir en la práctica ya que luego de su escasa experiencia se alzaban voces para derogarla: “En el elemento pensante y de estímulos intelectuales del país”, escribía Quiroga, “se ha difundido la más perfecta convicción de que esta ley no puede subsistir”.[79] Para él, el mal no se encontraba en la ley sino en aquellos que olvidaban que no era lícito tener otro programa que el de la constitución “pero no se resignan a renunciar a la gloria de las innovaciones en el curso evolutivo de las ideas aplicables a las prácticas de gobierno”.[80]

En “Democracia y sufragio”, publicado en el mismo volumen, el periodista y agudo escritor Osvaldo Saavedra, argumentaba que si bien la ley había colaborado en depurar los actos electorales, “en la práctica se evidencia la necesidad de corregirla”.[81] Saavedra retomaba la línea de Rivarola sobre la “capacidad” del pueblo para votar, un pueblo al cual en sus ojos “la política le ha sido indiferente y ahora le es desconocida”, un pueblo que “ajeno a la cosa pública se ha lanzado a los comicios constreñido por la ley, sin orientaciones políticas”.[82] Saavedra creía vislumbrar que la corta experiencia de la ley había develado que en realidad no era el “grupo militante del proletariado” sino la clase media la que se hallaba en peores condiciones de ejercer su ciudadanía a través del voto, ya que aquél había mostrado ideas más definidas y una relación más práctica entre sus intereses y la legislación.[83] La consecuencia de esta novedad, según Saavedra, era que ahora el pequeño obrero resultaba ser más respetado que el empleado público y que el pequeño industrial ya que se encontraba mejor preparado que el “burócrata subalterno”.[84] El resto de su artículo contenía los conocidos llamados a organizar la opinión pública alrededor de partidos con programas, y la superioridad del régimen parlamentario por sobre el presidencialista.

Al centrarnos nuevamente en la pluma del director de la RACP que se desliza a partir de 1914, pueden observarse giros inusitados en relación a sus trabajos anteriores. Algunos de estos giros se evidencian en sus crónicas de marzo y abril. En la primera, luego de repasar uno de sus temas favoritos, la errada nomenclatura de los partidos políticos en la Argentina, Rivarola le atribuye al partido conservador la paternidad de la ley electoral, se refiere a esta como “una de las reformas más trascendentales”, y llama a los conservadores a no asustarse de su propia obra.[85] La novedad de estas palabras es triple. En primer lugar, porque hasta entonces una de sus principales críticas a la reforma consistía en que había sido producto de la voluntad individual del presidente, no de un partido. En segundo lugar, porque hasta hace poco se había referido a ella como un “equivocado esfuerzo” destinado a desaparecer. Y en tercer lugar, porque lejos ahora de unirse a quienes pedían su derogación y vindicar sus propias profecías, se colocaba entre sus defensores.

Al poco tiempo, Rivarola publicaba en la sección “Artículos originales” su trabajo: “El Presidente Sáenz Peña y la moralidad política argentina”. En él vuelve a insistir sobre algunos de sus temas tradicionales como ser, las ventajas del sufragio calificado en un pueblo poco educado; las camarillas de partidos que reemplazan a los “buenos ciudadanos” por los “malos ciudadanos” indignos de la función democrática; la intervención de gobernadores y presidentes en las elecciones. La novedad en el artículo de Rivarola se encontraba, sin embargo, en las palabras que le dedica a Roque Sáenz Peña, palabras de elogio tras elogio hacia un presidente que emergido del oficialismo se había abocado a destruirlo; que había llevado a cabo su deseada reforma electoral; en quién se destacaba “la moralidad política, la lealtad de su conducta, la fe de su palabra”;[86] y que frente a toda prueba había sostenido lo prometido. Y aunque explícitamente Rivarola aclaraba que no abriría juicio sobre toda la administración de Sáenz Peña (probablemente para no empañarlo), dedicó su trabajo a enaltecer algunos aspectos de su gobierno que hasta poco tiempo atrás habían sido objeto de sus propias críticas. Uno de ellos (y sobre el que Rivarola no podía por entonces adivinar de que se trataba de algo transitorio) era el hecho de que Sáenz Peña había hecho desaparecer el concepto de presidente como jefe de partido, demostrando incluso que era posible y, más aún, deseable que el presidente gobernase sin organización partidaria. Allí Rivarola encontraba “el punto culminante de la moralidad política, - ideas y carácter-, del presidente Sáenz. Hubo algo del valor de Cortés, al quemar sus barcos, cuando decidió ejecutar a la Unión Cívica, y quedarse solo en el gobierno”.[87] Y mientras que hasta poco tiempo atrás la idea de gobierno sin partido y el llevar a cabo en solitario la reforma electoral habían inspirado agudas críticas de Rivarola, ahora resultaban pruebas de coraje. Otras pruebas de valor señaladas por Rivarola habían consistido en la defensa que Sáenz Peña llevó a cabo de la victoria electoral del Partido Socialista en 1913, y su política de independencia frente al movimiento de concentración conservadora que había tenido lugar en algunas provincias y que agrupaba a quienes se oponían a los Radicales.[88] Una de las mejores pruebas de este último punto había sido su actitud frente a la figura de Ugarte en la Provincia de Buenos Aires.

Rivarola concluía su análisis sosteniendo que los efectos de la moralidad política demostrada una y otra vez por el presidente trascendían su muerte, al tiempo que también advertía que cualquier intento por revertir su obra irreversible traería consecuencias graves, incluso violentas. Sus advertencias iban implícitamente dirigidas a De la Plaza y lo que Rivarola estimaba como su actitud dubitativa frente al triunfo del Partido Socialista. Con sutileza, Rivarola contrastaba las visiones del presidente difunto con las de su sucesor que, según él, habían quedado expuestas en el mensaje de apertura al Congreso de De la Plaza, el 17 de mayo de 1914. En él, el nuevo presidente había expresado su preocupación de que la reforma electoral no había cumplido con uno de sus objetivos, el de robustecer la opinión pública y mejorar las buenas costumbres. Para Rivarola, esta preocupación se desviaba de “el criterio ético político del presidente Sáenz Peña” para quien el gobierno debía preocuparse solo de la moralidad del medio o instrumento de la democracia: el sufragio libre de presión de gobernadores o cualesquiera otros funcionarios nacionales o provinciales.[89] Según Rivarola, el gobierno debía asegurarse de que el medio (el sufragio), se ejerciera libremente y no por el impacto que este pudiera tener en la opinión pública, o por cual partido político resultaría favorecido.  Rivarola concluía que “(e)sa inflexibilidad en ajustar la acción al ideal ha dado a la personalidad de Sáenz Peña, las líneas de un hombre superior”.[90]

El escrito de Rivarola de 1914 anticipaba la polémica que tendría con De la Plaza dos años después. En 1916, Rivarola resintió el contenido de las palabras del presidente durante su mensaje de apertura del Congreso en marzo, en donde se sinceraba de su “ansiedad como jefe supremo de la nación” frente a las expectativas inconclusas de que la reforma electoral contribuiría a reconstruir partidos políticos antiguos o tradicionales, o a formar nuevas agrupaciones. Frente a la evidencia de que esto no había tenido lugar, el presidente lamentaba ver en las inmediaciones de la elección por su sucesor una gran masa de ciudadanos todavía indefinidos.[91] Rivarola, sintiéndose aludido como uno de estos últimos, decidió no perder tiempo alguno en contestarle al presidente. En su carta, Rivarola dice participar de la misma ansiedad, preocupación e incluso dolor  por el problema político insinuado por De la Plaza, para pasar a explicar que, su no incorporación a ningún partido político se debía a no sentirse identificado por ninguno de los existentes y a creer que ninguno de ellos estaba en condiciones de asumir por si solo el gobierno. Frente a esta realidad, Rivarola había seguido algunos pasos infructuosos: intentar lanzar la fórmula presidencial Victorino de la Plaza-Norberto Piñero, fundar un partido demócrata, o construir una fórmula presidencial por fuera de los partidos.[92] De todas, formas, la elección presidencial en sí misma, no era un tema tan angustiante para Rivarola como parecía serlo para el presidente saliente.  Como dirá en vísperas de la elección, dada la naturaleza de los partidos en pugna, la victoria de cualquiera de ellos no alterará el orden jurídico. Para Rivarola, la existencia de una fuerza de opinión, que aunque no organizada en forma partidaria, imprimía dirección al gobierno y, por lo tanto, hacía de la siguiente elección presidencial solamente un cambio personal de la magistratura.[93]

 

 

Conclusiones

 

Las páginas de la RACP dedicadas a la reforma electoral de 1912 publicadas entre 1910 y 1916 testimonian un clima general entre sus colaboradores de sentimientos encontrados. Lejos de las interpretaciones sobre entusiasmos por encontrarse en el umbral de la república verdadera; sobre medidas de recaudo o contrapartida a un tenso clima social; sobre los riesgos calculados con que una clase dirigente en agonía enfrentaba un cambio inevitable, o cedía a las presiones de la oposición, la revista ofrece un panorama que tiende a confirmar interpretaciones más recientes sobre las ambivalencias experimentadas frente a la reforma por algunos grupos de intelectuales.[94]

Los seis años transcurridos entre el anuncio de la reforma por el presidente electo en octubre de 1910 y las elecciones presidenciales llevadas a cabo bajo el nuevo sistema en abril de 1916, pueden subdividirse en dos momentos distintos a los efectos de analizar el contenido de la revista. En ambos períodos, sin embargo, no debemos olvidar que si bien la reforma electoral de 1912 ha ocupado un lugar central en la historia política del país, no logró obtener dicha centralidad en la RACP, la cual le dedicó escasas páginas tanto a la reforma como a sus primeros impactos.

En los cuatro trabajos pertinentes publicados entre 1910 y 1912 vemos una clara preocupación por el tema del sufragio y ninguna respecto al nuevo sistema electoral de lista incompleta, al tema del padrón militar, o al potencial impacto sobre los partidos políticos. La preocupación central en las colaboraciones de la revista, a diferencia de las discusiones que tiene lugar en el Congreso, es el voto obligatorio y secreto. El tema es abordado como inevitable por Adolfo Posada y con resultados en el mundo todavía de difícil predicción. Uriarte y Palomeque por su lado festejan su sanción en la argentina. El primero, sin embargo, lo hace con reticencias ya que objeta que las penas por su incumplimiento sean iguales para todos y lamenta que no fuese precedido por una nueva ley de ciudadanía que tendería, a diferencia de la vigente, a condicionar el acceso a ciertos empleos públicos. Palomeque, por su lado celebra sin condicionamientos la llegada del voto obligatorio y cree encontrar su más hondas raíces en la historia nacional y, particularmente en la bonaerense. Esta visión contrasta marcadamente con la de González Calderón quién expresa inequívocamente su opción por el voto calificado construyendo una defensa teórica del fundamento de sus preferencias. El voto calificado parece ser el favorecido mayormente por sectores intelectuales y políticos como testimonian los propios trabajos de Rivarola, y las encuestas llevadas a cabo por La Nación y por la RACP. Recodemos, sin embargo, que en ninguno de estos dos casos podría afirmarse que sus respuestas son representativas de la población en general ya que la primera estuvo restringida a una treintena de juristas y dirigentes políticos de primera línea, y la más amplia llevada a cabo por la revista estuvo mayormente respondida por miembros del Partido Socialista y por personas de alta calificación profesional, y con ideas que en su mayoría comulgaban con las de la dirección de la revista.

Las páginas de la RACP publicadas entre 1912 y 1916 en relación con los primeros resultados de la implementación de la ley denotan nuevamente una diversidad de opiniones que van desde la indiferencia, al entusiasmo y al repudio. Así, para Maupas, por ejemplo, el proyecto de reforma se había apoyado enteramente en una falacia que pensaba, entre otras cosas, que la existencia de un buen gobierno depende de una buena elección. Maupas divorciaba de este modo el tema del sufragio con el del ejercicio de gobierno, deslizando al mismo tiempo el tema de los principales ejes sobre los cuales entusiastas y opositores habían discutido el proyecto durante el bienio anterior, principalmente, el ejercicio de la ciudadanía y la representación de las minorías. Con la ventaja de haber presenciado las dos primeras implementaciones de la ley, Maupas pronosticaba el triunfo eventual del Partido Radical por la sola fuerza del número. Pero aun así, esto no traería, según él, cambio alguno en el corto o mediano plazo, hasta que los partidos representen en una relación más directa y transparente a las distintas clases sociales.

Uno de los contrastes que pueden observarse en las reflexiones que se inspiraron en los primeros resultados empíricos de la reforma es que mientras que las anteriores reflexiones en la revista habían girado sobre temas exclusivamente políticos, luego de la victoria de electoral socialista de 1913, aparece la preocupación por el extranjero y su impacto (real o potencial) en el sistema político.[95] El tema del inmigrante se vuelve dominante en el trabajo de Julio Monzó para quién ha llegado la hora de que el gobierno tome al toro por sus astas, revierta los errores de nuestros constitucionalistas y establezca una política de “restricción y saneamiento”. Sin embargo, estas palabras de abierta aversión son minoritarias en la revista, siendo balanceadas por las de Peralta y Wilmart que hacen a los extranjeros responsables de nuestros adelantos económicos, sociales e incluso políticos.

Sin embargo, lo que claramente se observa al analizar el conjunto de los seis “Artículos originales” publicados en la RACP entre 1912 y 1916, es que cada uno de los autores utiliza los resultados sobre la aplicación de la ley para defender sus propias preferencias institucionales, incluso a expensas de estrechar enormemente los argumentos. Así, para Monzó los resultados demandaban atender el último gran problema institucional vigente: el del inmigrante, para Peralta eran una muestra de que el pueblo prefería partidos de principios (el socialista), y que castigaba a quienes no los tenían (la UCR y el la Unión Cívica). Para Wilmart, por su parte, los resultados electorales eran una confirmación empírica de que el sistema presidencial debía ser reemplazado por el parlamentario. Quiroga y Saavedra comparten el veredicto de que el sufragio obligatorio es un error; para el primero, principalmente por ir contra la dignidad humana, para el segundo porque el pueblo, y principalmente su clase media, no está preparado para tal aventura por no tener opiniones formadas ni experiencia sobre la política.

Sorpresivamente, es Rodolfo Rivarola quién más positivamente hablará a favor de la reforma transitada. La sorpresa sin embargo no radica en encontrarnos con una figura cuyo trazo de reflexión a lo largo de su vida cambiará y tendrá vaivenes, sino por el rápido giro de su pensamiento, el cual puede ubicarse cronológicamente entre 1912 y 1913. Algunas de sus preferencias siguen firmes, como ser la del voto calificado. Pero sus escritos posteriores a 1913 iluminan algunas cualidades. Una de ellas es la paciencia y tolerancia, ausente en muchos de sus contemporáneos, de un hombre que a pesar de no haber apoyado la reforma ni concordar con ella, acude en su apoyo frente a los primeros llamados de su revisión. Otro de los rasgos que denotan los escritos de Rivarola es su flexibilidad. La política argentina no le ha dado el gusto de llevar a cabo sus preferencias y se le ha mostrado esquiva toda vez que intentó modificarla. Pero frente a los cambios transitados, Rivarola puede encontrar algunas lecciones útiles que a su vez modifican sus propios pensamientos. Una de ellas es la prescindencia del presidente de la política partidaria. En “El presidente Sáenz Peña,” lo loable de este presidente no es la reforma llevada a cabo sino que en su voluntad de hacerla ha destruido las bases de la vieja política y sentado los cimientos de una nueva. Y si bien esta nueva política no ha dado el fruto esperado de formar agrupaciones partidarias orgánicas, ha dado otro que Rivarola interpreta como el principio del presidente sin partido oficial, el ejercicio del ejecutivo por encima de la política partidaria. Y si los partidos esperados no han sido formados, Rivarola comienza a insinuar otras líneas de pensamiento donde vislumbra la representación más directa de intereses en el Congreso.[96]

 

 

Fuentes

 

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