Incidencia de los gastos militares en Córdoba y Santa Fe (1820 – 1852)[1]

 

 

Tulio Halperín Donghi*

 

 

 

 

 

Luego de la disolución del Estado central (y la simultánea de la Liga de los Pueblos Libres) Córdoba comienza y Santa Fe prosigue su trayectoria como provincia separada, en un clima en que, si las tensiones no desaparecen sino episódicamente, las polarizaciones que han marcado la primera década revolucionaria, e hicieron a aquéllas tanto más peligrosas, tardarán por su parte en resurgir. Con ello la guerra pierde el carácter casi permanente que tuvo hasta 1820; como amenaza está sin embargo lejos de desaparecer, y es ésta una de las razones debido a las cuales los gastos militares conservan su posición predominante entre los de ambas provincias.

El volumen de esos gastos y la distribución que de ellos se dio entre rubros variados constituyen entonces un elemento capital en la vida fiscal y aun económica de esas provincias. El primero en cuanto la existencia de un exigente presupuesto militar —aunque, como se verá más adelante, menos incomprimible de lo que una primera impresión podría hacer suponer— significa una carga a menudo demasiado pesada para la economía privada. Lo segundo porque los recursos absorbidos por los gastos de defensa estaban lejos de quedar por esa sola razón separados de la economía provincial en su conjunto; seguían por el contrario influyendo en ella de manera muy compleja y variable, que no podría reducirse en ningún caso a una pura esterilización de esos recursos para la economía productiva. Los gastos militares se vinculan entonces de modo muy complejo con aspectos muy variados de la evolución económica local; el presente examen no podría ofrecer sino una aproximación a los problemas que esa vinculación plantea. Sobre todo porque la selección de solo algunos años dentro de las cuatro décadas que aquí nos interesan, impuesta por la mole documental disponible y la limitación del tiempo que a su examen podía consagrar, si no impide descubrir algunos rasgos dominantes de la situación y aun detectar algunas tendencias dentro de su evolución, está lejos de agotar las posibilidades de un tema tan complejo.

El presente trabajo se ha realizado sobre libros de Contaduría de la provincia de Santa Fe (tomo 24, legajos 6 y 7 para 1822; tomo 38, legajos 1 a 5 para 1832; tomo 61, legajos 1 a 3 para 1842 y tomo 90, legajo 17 para 1852) conservados en el Archivo Histórico de Santa Fe, y sobre volúmenes de la serie Libro Mayor de Caja (vol. 223 para 1822; vol. 272 para 1832; vol. 325 para 1842 y vol. 382 para 1852), con alguna información complementaria extraída de volúmenes de la serie Comprobantes de Caja; ambas series pertenecen al Archivo de Hacienda, dentro del Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

La presentación misma de los documentos nos introduce a algunas diferencias que tardarán en borrarse entre ambas provincias. Mientras en Córdoba el registro de ingresos y gastos públicos se realiza con métodos complejos, heredados de la administración regia, bajo la cual Córdoba, como cabeza de intendencia, fue sede de una Caja, en Santa Fe el procedimiento es mucho más sencillo —aunque está lejos de hacer la compulsa menos engorrosa— ya que se han agregado uno a otro los comprobantes de gastos, sin ninguna tentativa de distinguir entre diversos rubros, ni tampoco de trazar balances periódicos de lo gastado e ingresado durante cierta etapa. Por fortuna, las dimensiones del sistema fiscal santafesino hacen de este sistema (tan parecido a la falta de sistema) mucho más eficaz de lo que podría esperarse de antemano (y de hecho cuando en 1852 se introducen métodos contables más ambiciosos, la primera consecuencia es que se hace más difícil orientarse en cuanto a volumen y distribución de ingresos y gastos). En todo caso esta diferencia se continúa en el campo estrictamente militar; mientras Córdoba, separada del moribundo poder central como consecuencia del alzamiento de una parte considerable del antiguo ejército nacional, debe integrar a ésta en el aparato militar provincial —con lo cual la continuidad con la situación previa se manifiesta también en este aspecto— Santa Fe surge a la vida separada por la acción de las fuerzas que defienden la frontera india, que tenían dentro del aparato militar previo a la disolución del estado central posición enteramente marginal.

Esa diferencia se refleja todavía en el conjunto de los gastos militares de cada una de las provincias. Antes de pasar a su comparación se hace sin embargo necesario indicar dentro de qué límites —impuestos sobre todo por una parcial heterogeneidad entre ambas series documentales— ella es válida. En Córdoba los gastos de la masa común de Hacienda aparecen divididos entre los del Estado Político, los de Hacienda, los militares y los extraordinarios; para nuestros propósitos es solo necesario tomar en cuenta a los penúltimos y una parte —siempre dominante— de los últimos. En Santa Fe esa división por la finalidad del gasto no existe, y no siempre es posible deducirla de la índole del gasto mismo (así ocurre en cuanto a la compra de ganados para alimentos cuyo principal, pero no exclusivo destinatario, era la tropa, o todavía —aunque aquí la distinción es a menudo más fácil— en cuanto a la compra de productos que no son específicamente de uso militar, mas de los cuales la organización armada hace consumo importante). Hay que tomar en cuenta también otras dificultades vinculadas con la extrema simplicidad de la organización administrativa santafesina, debido a la cual los cuerpos armados tienen a su cargo tareas (por ejemplo, auxilio en el transporte, control de puertos) que tienen muy poco de específicamente militar. No es entonces imposible que, pese a la extrema cautela empleada, el volumen de los gastos militares en relación a los totales se haya calculado para Santa Fe con criterios que tienden a dar resultados levemente más altos que los adoptados por los administradores de la Hacienda cordobesa e implícitamente recogidos aquí por el solo hecho de recoger sus cifras globales para los distintos rubros; al mismo tiempo, como el error por exceso se daría sobre todo en gastos diferentes de los sueldos y retribuciones de oficiales y tropa, tendría la consecuencia adicional de deprimir levemente la parte de estos en el conjunto de los gastos militares santafesinos. Hecha esta advertencia, he aquí las cifras para 1822 (véanse los cuadros 1 y 2 en el anexo).

Parecen aquí necesarias algunas precisiones sobre las categorías utilizadas. Los aquí denominados paraoficiales son los que cumplen en el ejército funciones no estrictamente militares, con retribución de nivel comparable a los oficiales, y en algunos casos asimilados a estos en grado. Se trata ante todo de capellanes y cirujanos militares; en ciertas oportunidades se incluye a algunos de los músicos (cuya retribución se ubica en general en el nivel de las de suboficiales, y se suman) en esos casos más numerosos a las "retribuciones a tropa". Las retribuciones a peones cubren tareas muy diversas, desde construcción de edificios, construcción y reparación de embarcaciones, lavado de ropa, cocina, etc. La compra de productos corrientes se refiere a todos aquellos de uso no específicamente militar (aunque puedan destinarse entre otros a ese fin) como velas, cuerdas, tabaco, aguardiente, telas, cueros, yerba. El rancho solo comprende alimentos (carne por peso, maíz, galleta): el rubro de ganados comprende tanto a los comprados en pie como a las reses ya sacrificadas, pero compradas por unidad. El rubro de "compra de materia prima para armas y compra y arreglo de armas" por su parte designa un conjunto muy heterogéneo de gastos (compra de hierro, de productos terminados, como balas de cañón y de armas menores —en proporción pequeña— cananas, lanzas y cabos de lanza, retribución al trabajo de herreros ocupados en confeccionar y —mucho más frecuentemente— de reparar armas). El de indios amigos es casi totalmente cubierto con el costo de los regalos destinados a estos, desde telas y ropas hasta alimentos y —mucho menos frecuentemente— ganados.

Se advierten algunos de los aspectos problemáticos de la clasificación utilizada; ésta emplea simultáneamente criterios diferentes de modo que un mismo ítem podría en rigor ubicarse en dos rubros a la vez (así los gastos causados por los indios amigos podrían haberse asignado u los rubros de "compra de productos corrientes", "rancho" y "compra de ganados"). Ocurre que, dada la naturaleza de la documentación, ésta se presta mal a una clasificación basada en un criterio único (para seguir con el mismo ejemplo, en algunos casos los gastos para indios amigos no aparecen mejor discriminados, de modo que la clasificación por su índole y no por su fin se haría imposible). En vista de esa situación, se ha buscado una clasificación cuyo eclecticismo —de todos modos ineludible— tenga por lo menos como contrapartida una mayor riqueza informativa.

Con estas reservas, la comparación entre las cifras cordobesas y las santafesinas es todavía posible. Unas y otras presentan considerables rasgos comunes. En ambas, en primer término, la proporción del gasto público absorbido por el de guerra es muy elevada; es del 79% en Santa Fe; del 84% en Córdoba si solo atendemos a los gastos de la masa común de hacienda, del 68% si atendemos al total de la data de la caja provincial (un cálculo basado en criterios comparables a los usados para Santa Fe daría un porcentaje situado entre los dos antes señalados, ya que una parte de los gastos no originados en la masa común de hacienda tienen finalidad militar o la de saldar deudas causadas por gastos de carácter militar en el pasado). En ambos casos también las repercusiones que este predominio del gasto militar entre los fiscales puede alcanzar para la economía provincial en su conjunto, son afectadas por la índole misma de ese gasto, en ambas provincias muy semejante. Para decirlo rápidamente, son afectadas por el hecho de que ese gasto es por su índole muy poco militar. Alrededor de la mitad de él es absorbido por sueldos de oficiales y retribuciones a la tropa (incluidos suboficiales); estos cubren el 54% del total en Santa Fe y el 47% en Córdoba; siguen a ellos los gastos en alimentos y ganado para consumo y montura de las tropas, que absorben el 30% en Santa Fe y el 35% en Córdoba; el 3% en Santa Fe y algo menos del 1% en Córdoba están destinados a pagar a peones y artesanos. En suma un 87% de los gastos de guerra en Santa Fe y un 88% de estos en Córdoba están destinados a mantener y alimentar a un cierto sector de la población activa local.

¿De qué manera se distribuye dentro de ésta? En este aspecto Santa Fe y Córdoba aún divergen: mientras en Santa Fe un 38% del total de las retribuciones a militares es absorbido por los oficiales, en Córdoba un cálculo algo más complicado permite finalmente descubrir una proporción mucho más alta. En efecto, del total de las remuneraciones militares una parte considerable aparece registrada indiscriminadamente como destinada a oficiales y tropa. Para descubrir de qué modo esos fondos se distribuían entre unos y otra es preciso dirigirse a los Comprobantes de Hacienda, donde se registran en forma discriminada los gastos inscriptos globalmente en los Libros Mayores de Caja. En aquéllos (volumen 227) se han hallado dos distribuciones que cubren el 50% del total de la suma gastada en ese rubro y en ese año; sumando ambas resulta que los oficiales reciben el 51% del total (una proporción algo más baja que la usual en el Ejército del Norte antes de la disolución del Estado central); dividida en esa proporción la suma asignada discriminadamente a oficiales y tropa y agregada cada una de sus secciones a la correspondiente entre las registradas discriminadamente en el Libro Mayor de Caja resulta que corresponden a oficiales, a más de los $ 13.473 y 2 ½ reales que los libros les asignan, $ 7539 —o sea el 51% del total de la suma asignada indiscriminadamente a oficiales y tropa— con un total de $ 21.012 y 2 ½ reales; a ellos corresponde sumar todavía los $ 2072 y 5 ¼ reales asignados a paraoficiales, con lo que se alcanza a los $ 23.084 y 7 ¾ reales, sobre un total de retribuciones a militares de $ 33.962 y 0 1/8 real. Es decir que, mientras en Santa Fe los oficiales reciben el 38% del total de las retribuciones militares, en Córdoba toca a estos el 69%.

Esta diferencia no carece de consecuencias en cuanto a la incidencia del gasto militar en la distribución de ingresos entre la población. Tanto en Santa Fe como en Córdoba, en efecto, las remuneraciones del sector político y de hacienda se concentran en sectores sociales relativamente altos; solo en tareas auxiliares puede utilizarse aquí a los iletrados. Por otra parte el número relativamente escaso de funcionarios hace que una proporción que podría parecer aberrante de las remuneraciones se concentre en los niveles más altos de la estructura administrativa; así en Santa Fe de los $ 2.196 y 3 reales consagrados a sueldos civiles (excluidos los de la administración de hacienda) más de la mitad es absorbida por los del gobernador ($ 1.137 al cabo del año)… Solo la organización militar da un lugar relativamente ancho entre los remunerados por el Estado a los miembros de las clases populares; aun aquí, sin embargo, la tendencia a atender primero el pago de los sueldos de oficiales disminuye progresivamente la parte de esas clases populares en la percepción de ingresos originados en el gasto público. (Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esa disminución es menos marcada de lo que la contraposición de porcentajes de remuneraciones en dinero podría hacer suponer; la distribución de rancho y vestido entre oficiales y tropa, aunque de ninguna manera realizada con criterios igualitarios, no podía en ningún caso alejarse tanto de estos como la de sueldos y auxilios monetarios).

En todo caso, las razones de la diferencia registrada entre Córdoba y Santa Fe son fáciles de entender; se vinculan con la pasada trayectoria militar de ambas provincias. Se ha señalado ya que Santa Fe no ha heredado el pesado aparato militar que Córdoba ha recibido del extinguido gobierno central, y del cual el gobernador Bustos (él mismo llegado al poder gracias al apoyo de esos cuerpos militares de los que proviene) solo puede ir desembarazándose mediante un proceso lento, marcado por una constante y necesaria cautela.

A partir de ahora se va a dar una progresiva convergencia entre la estructura del gasto militar en ambas provincias. Sea permitido examinar separadamente, a través de las cifras de 1832, 1842 y 1852, la evolución que este sufre en cada una de las dos (véase el cuadro 3 en el anexo).

De nuevo, estas cifras requieren alguna explicación preliminar. 1842 es un año excepcionalmente afectado por el clima político (es el del apartamiento de Juan Pablo López, desenlace de una lucha violenta, que deja sus huellas en las cuentas del Estado no solo en esos $ 7.274 extraídos de la caja "de orden superior" el 18 de abril de ese año, sino todavía en la penuria fiscal, consecuencia de las dificultades que la guerra provocaba al comercio). 1852 no es solo afectado por esos cambios (desde fines del año anterior Santa Fe ha unido su suerte a la de Urquiza, de modo que el año de Caseros lo abre en guerra con Buenos Aires, todavía rosista, y lo cierra de nuevo en guerra en los hechos con una Buenos Aires que levanta contra el interior federal la bandera del antirrosismo más intransigente) sino también, en un ámbito más limitado, por la ya mencionada introducción de un nuevo sistema contable, más ambicioso pero menos informativo que el anteriormente practicado... Aun así no es imposible deducir de las cifras santafesinas algunas conclusiones: en primer lugar la atención concedida a la retribución de la tropa tiende a disminuir en beneficio de la de los oficiales (en 1832 perciben estos el 58% del total de las remuneraciones militares; en 1842 pasan al 63%, pero este ascenso se vincula a las excepcionales penurias de ese año convulso, que hacen que, mientras el gobierno se dé por satisfecho si logra seguir alimentando a los soldados, solo descuida en medida más limitada el pago a los oficiales; en 1852 es del 59% si solo tomamos en cuenta las remuneraciones, y sin duda mayor si se incluyen las gratificaciones, que recaían en su mayor parte en los oficiales). Otro hecho evidente es el ascenso global de los gastos (aun en el desastroso 1842 superior en un 80% a los de veinte años antes) y la expansión comparable de los militares (que pasan del 79% en 1822 al 84% en 1832 y el 80% en 1842), vinculado con el modesto retorno de la prosperidad que Santa Fe experimenta luego de 1830.

Mientras Santa Fe —en volumen total de gastos y en participación de los oficiales en el volumen total de gastos— acorta distancias con Córdoba; en esta provincia solo se hacen sentir muy limitadamente los efectos de la eliminación paulatina de ese nutrido contingente desgajado del ejército nacional que comenzó por ser, en 1820, el árbitro de la política cordobesa. Las cifras reflejan en efecto la lentitud de ese proceso (véase el cuadro 4 en el anexo).

De nuevo, para estimar la distribución de retribuciones entre oficiales y tropa, es esencial separar la parte de unos y otra en el rubro que incluye a ambos indiscriminadamente: usando el mismo procedimiento ya empleado para las cifras de 1822 se concluye que en 1832 el 48% y en 1842 el 45% de esa suma correspondió a oficiales; agregando esos porcentajes del rubro global a las sumas que el Libro Mayor asigna discriminadamente a los oficiales se alcanza para estos en 1832 un 68% del total de las remuneraciones militares, y en 1842 al 77%. Para 1852 no disponemos, dentro de los comprobantes de hacienda, de listas de pagos militares que discriminen entre oficiales y tropa; solo cabe entonces un cálculo más aproximativo. Asignando un 50% del total de las remuneraciones no discriminadas a los oficiales absorberían estos un 59% del total general de esas remuneraciones. En este aspecto, entonces, los oficiales absorben aún en 1832 una proporción de las remuneraciones militares sustancialmente idéntica a la de diez años antes. Esta sube fuertemente en 1842, en medio de una reducción drástica de todos los gastos militares; la suba sin embargo no es sostenida, y diez años después se alcanza el nivel más bajo de toda la etapa.

Otro proceso que merece un análisis más detallado es la suba de los gastos de frontera y en departamentos. Tal como lo revelan las cifras de 1852 para los primeros, esos gastos se distribuyen sustancialmente entre pagos a tropas y compras de ganado; no hay motivo para creer que lo mismo no ocurriera en los casos en que esos gastos no aparecen discriminados. ¿En qué proporción se vuelcan en uno y otro rubro? Los datos de 1852 muestran que del total de gastos de frontera el pago de remuneraciones absorbe el 49% y la compra de ganados el 51%, mientras que en los pagos de la caja central, si se suman uno y otro rubro, un 55% de la suma global así obtenida se orienta hacia pagos de remuneraciones y un 45% a compra de ganados. Sería esa una base un poco escasa para intentar dividir entre uno y otro rubro según un determinado porcentaje las sumas aplicadas globalmente a gastos de frontera y de departamentos; no parece en todo caso demasiado aventurado suponer que la proporción en que se dividía entre ambos no se alejaba demasiado de la vigente para la Caja central.

Acaso más interesante es observar cómo los gastos militares, si así puede decirse, se descentralizan; ello corresponde a una reorientación de la actividad militar hacia funciones más útiles para la economía general cordobesa, como lo eran la custodia de la tranquilidad rural y sobre todo la defensa de las dos fronteras indígenas —la del sur pampeano y la del noreste— que habían quedado a cargo de las autoridades provinciales. De ese proceso el crecimiento de los gastos de frontera y en departamentos no da sino una imagen muy parcial; son en efecto numerosos los pagos realizados directamente en la caja central y no asignados al rubro de frontera o departamentos, que sin embargo están destinados a una u otros; esto es particularmente frecuente en la lista de pagos a cuerpos militares; en 1842 y 1852 es ya evidente que la mayor parte de esos cuerpos que no cumplen puras funciones de aparato se hallan apostados fuera de la capital de la provincia; Río Cuarto y Concepción del Tío, que hacen papel de centro de la organización defensiva de ambas fronteras, aparecen con frecuencia creciente en esas listas de pagos.

De este modo la convergencia entre dos provincias que —no solo en el aspecto militar— habían comenzado la etapa marcada por la inexistencia del gobierno central bajo auspicios tan diferentes, se refleja a su manera en los libros de gastos del Estado.

Desde el comienzo hasta el fin de la etapa en examen, en todo caso, el rubro más considerable de los gastos militares es el de remuneraciones a personal militar (en Santa Fe estas cubren el 44% del total en 1832, el 37% en 1842 y el 52% en 1852; en Córdoba el 41%, el 24% y el 31% en esas tres fechas). Si se agregan a las remuneraciones en dinero los gastos en ganado y rancho —es decir en alimentos que eran complemento del salario— se alcanza en Santa Fe a porcentajes del 85% en 1832, del 65% en 1842 y de nuevo del 85% en 1852, y en Córdoba a los de 43%, 62% y 63% en los mismos años.

Pero aun esos altos porcentajes dejaban un margen en algunos casos considerable para otros gastos. Sin duda, ese margen es a menudo menor de lo que parece (en ciertos años de crisis políticas particularmente agudas, la urgencia es demasiado grande para contabilizaciones cuidadosas, y proliferan los pagos "por orden superior", una parte no desdeñable de los cuales debió volcarse sin duda a gratificaciones y a compras de ganado y alimento); aun así no podrían ignorarse los efectos de los rubros restantes sobre las economías provinciales. Estos suponen en parte importante —aunque difícil de calcular con precisión— remuneraciones al trabajo local: así por ejemplo en la cuenta de compra de materiales para armas y compra y arreglo de armas los gastos originados en esos arreglos tienen un predominio fácil de comprender dada la dificultad de obtener nuevas armas de fuego; en cuanto a las armas blancas, su costo incluye un fuerte elemento de remuneración al trabajo, ya se la contabilice explícitamente, ya vaya englobada en el precio final de compra. Lo mismo ocurre en el rubro de vestuarios (que falta casi por entero de las cuentas santafesinas, porque aquí se contabiliza por separado el costo de telas y materias primas —agrupado en el rubro de compra de productos corrientes— y el de la confección (reunido en el de remuneraciones de artesanos). Aún más dominado por las remuneraciones a personal del ejército y a dadores locales de trabajo se halla el rubro de traslado y trasporte, que incluye desde viáticos a soldados y oficiales hasta atención a ganado (comprado para uso militar) en sus traslados desde el lugar de compra al de consumo, hasta subvenciones a las postas utilizadas por la rama militar. En suma, los rubros en que la remuneración al trabajo tiene muy poco peso directo son los de Compra de productos corrientes y de Indios amigos (ya que este último, como se ha visto, comprende sobre todo compra de productos indumentarios, alimentos y bebidas para obsequiar a esos indios). También aquí, sin duda, puede descubrirse algún elemento indirecto de remuneración al trabajo local, ya que algunos de los productos incluidos son de producción también local, pero su determinación resulta demasiado engorrosa para intentarla aquí.

Cabría aún considerar desde una perspectiva algo diferente al fisco provincial como comprador de productos de uso militar. ¿Hasta qué punto, al preferir sistemáticamente a ciertos proveedores, su gravitación puede haber favorecido una cierta concentración del poderío económico? La pregunta, perfectamente válida cuando fiscos financieramente más poderosos influyen sobre estructuras económicas infinitamente más complejas, puede parecer irrelevante en el modesto marco cordobés o santafesino. Sin duda lo es casi por entero en cuanto a la compra de productos corrientes; si no ha de excluirse que afinidades políticas o de otro tipo pueden haber orientado la selección de los proveedores, ésta debía necesariamente hacerse en el núcleo reducido de comerciantes con tienda abierta y surtido razonable de productos locales e importados, para los cuales el fisco era un comprador sin duda importante, pero no exento de desventajas (desde la irregularidad de sus compras hasta la de sus pagos). Algo distinta parece en cambio la situación en cuanto a la compra de ganados: aquí desde el comienzo, tanto en Córdoba como en Santa Fe, se oponen dos tipos de compra. Si no faltan las de una sola res o de un número muy reducido de estas, destinadas sin duda a atender necesidades inmediatas de un grupo armado, predominan las de lotes de docenas y centenares de reses. Estando así las cosas, no es indiferente por ejemplo que en 1832 el fisco santafesino haya destinado $3.889 4 rs., equivalentes a alrededor del 8% del total general de sus gastos de ese año, a comprar vacas y caballos de José Freyre, o que en 1852 el cordobés gaste $17.056 6 1/2 rs., equivalentes en este caso a más del 9% del total general de data, en comprarlos de don Tomás Peñaloza. Produjeran directamente el ganado o lo compraran de otros productores, los grandes proveedores del ejército vieron sin duda profundamente trasformada su ubicación en la economía provincial por esa relación privilegiada...

 

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Este examen somero de la incidencia de los gastos militares en Córdoba y Santa Fe, en el período de fragmentación política que sigue a 1820, está lejos de dar respuesta a todas las preguntas que el tema suscita; autoriza, sin embargo, algunas conclusiones razonablemente seguras:

1. Entre los gastos militares predominan los destinados a la remuneración y mantenimiento del sector de la población consagrado a tareas militares.

2. Individuos provenientes de sectores populares son beneficiarios de estos últimos gastos en medida mayor que en el caso de las remuneraciones civiles, pero menor de lo que sería acaso esperable, ya que el cuerpo de oficiales se reserva en todos los casos una parte de las remuneraciones mayor de la que la escala teórica de remuneraciones militares le concede.

3. Entre los gastos no destinados al fin anterior, la parte consagrada a la remuneración de otras formas de trabajo local es considerable.

4. Una vez deducidas remuneraciones militares y al trabajo local, una fracción todavía importante del gasto militar se vuelca en compra de productos corrientes, y tiende a ampliar el volumen total de la venta de estos, antes que a variar su composición (los objetos de uso específicamente militar ocupan en efecto un lugar demasiado modesto en esas compras para que puedan influir de modo apreciable en este último sentido).

5. Los efectos de los gastos militares en cuanto a la economía provincial en su conjunto consisten entonces en asegurar ocupación remunerada —parcialmente en dinero— a un sector de la población, y como consecuencia de ello y de las compras directas, en ampliar la demanda de productos tanto locales como de producción ajena a la provincia. Como los recursos con que se costean los gastos militares provienen de impuestos sobre el comercio, que afectan sobre todo al internacional e interprovincial, el resultado final debió ser más estimulante para la demanda de productos provinciales que para la de importados.

6. Asignar consecuencias favorables o desfavorables para la economía provincial a la presencia de un aparato militar así caracterizada es tarea menos sencilla de lo que parecían suponer muchos observadores contemporáneos, que no escatimaron condenas violentas.

En efecto, es preciso tomar en cuenta:

a) Que algunas de las tareas desempeñadas por los cuerpos armados no podrían ser omitidas sin grave amenaza para la economía de la provincia. Dejando de lado el aseguramiento del orden interno (no faltan observadores para los cuales esos cuerpos armados son una amenaza antes que una garantía para ese orden) no podría olvidarse la defensa de la frontera indígena.

b) Que antes de resolver que la absorción por los cuerpos militares de mano de obra, por hipótesis utilizable en actividades productivas, frenó la expansión de estas, sería preciso cerciorarse de que —si hubiese estado disponible esa mano de obra— la expansión habría sido posible. Y esto está lejos de ser indiscutible, por lo menos para ciertas etapas del período en consideración.