Esperanza, credibilidad política e historicidad: la construcción de la confianza y la desconfianza en las vacunas y la vacunación contra el Covid-19 en la Argentina
Hope, Political Credibility and Historicity: The Construction of Confidence and Mistrust in Vaccines and Vaccination Against Covid-19 in Argentina
Sergio E. Visacovsky
https://orcid.org/0000-0001-9534-1526
Centro de Investigaciones Sociales,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Instituto de Desarrollo Económico y Social,
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Fecha de envío: 26 de junio de 2023. Fecha de dictamen: 29 de agosto de 2023. Fecha de aceptación: 19 de setiembre de 2023.
Resumen
Desde diciembre de 2020, el Estado argentino emprendió un plan nacional de vacunación para enfrentar la pandemia de Covid-19. Pese a varias dificultades iniciales, hacia fines de diciembre de 2021 se había logrado vacunar a un alto porcentaje de la población, algo esperable por la historia de aceptación mayoritaria de las vacunas y la vacunación en el país. Sin embargo, también la campaña fue objeto de durísimos cuestionamientos de la oposición política y mediática. Mi pretensión es mostrar que estas disputas resultan inteligibles en el marco de una específica historicidad, esto es, modos locales de pensar y organizar el presente en relación con esquemas del pasado que, a su vez, hacen que ciertos futuros sean imaginables y admisibles. Mi exposición está basada en el discurso público de gobernantes, funcionarios, legisladores y políticos de distintos partidos sobre las vacunas y su aplicación durante los primeros seis meses de la vacunación, discurso relevado mediante una indagación de fuentes periodísticas, agencias gubernamentales y no gubernamentales y redes sociales y sitios web. Asimismo, incorporé información estadística para una mejor comprensión del desarrollo de la pandemia y la vacunación.
Abstract
Since December 2020, the Argentine State carried out a national vaccination plan to face the Covid-19 pandemic. Despite several initial difficulties, by the end of December 2021, a high percentage of the population had been vaccinated. Given that vaccines and vaccination are widely accepted in the country, this was not surprising at all. However, the campaign also received very harsh objections and attacks from the political and media opposition, giving rise to violent public controversies. My aim is to show that these disputes can be read as updates of a specific historicity, that is, local ways of thinking and organizing the present in relation to schemes of the past that, in turn, make certain futures imaginable and admissible. My analysis is focused on the public discourse of leaders, legislators and politicians from different parties about vaccines and the vaccination plan until mid-2021. This information was obtained through the collection and analysis of written sources from newspaper media, governmental and non-governmental agencies, and social networks and websites. Additionally, I used statistical information to provide a better understanding of the development of the pandemic and vaccination.
Palabras clave: pandemia Covid-19; vacuna; confianza; esperanza; historicidad.
Keywords: Covid-19 pandemic; vaccine; trust; hope; historicity.
Introducción
“Para muchos de nosotros, ver a Margaret Keenan, de 91 años, ser la primera persona en el mundo en recibir la vacuna Pfizer Covid-19 fue un rayo de esperanza. La primera vacuna simbolizó el principio del fin, una visión de la vida sin encierro, sin distanciamiento social y una vida vivida sin miedo”.
Así comenzaba “La vacuna de la esperanza: cómo es trabajar como vacunador Covid-19”, un breve texto de Liyana Esmail (2021), una odontóloga de Cardiff, a propósito del inicio de la vacunación contra el Covid-19 el 8 de diciembre de 2020 en Gran Bretaña. Ella contaba cómo se involucró como vacunadora en los centros de vacunación, a partir de su experiencia como dentista, el entrenamiento recibido y la satisfacción que le provocaba la tarea diaria. “Me gusta pensar que estamos inyectando esperanza a la gente”, señaló de modo similar Sharon Chapman, una enfermera especialista en cáncer de mama de 60 años que también se ofreció como vacunadora voluntaria en Gran Bretaña: "Después del terrible año que hemos tenido, ahora estamos mirando hacia el futuro con esta vacuna" (Kottasová y Tilotta, 2020, traducción nuestra). La expresión metafórica “inyectar esperanza” ahora era literal. Esa esperanza era proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muchos líderes de diferentes países (The Local, 2020; Troulliard, 2020), como el presidente argentino Alberto Fernández. Al llegar al país las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, señaló: “Hoy empezamos un nuevo camino, que es un camino de esperanza” (Infobae, 2020c). Insistiendo en su confianza en la ciencia, aseguró que la llegada de la vacuna abriría “un tiempo distinto”, en suma, “una ventana de esperanza” (Casa Rosada Presidencia, 2020b; Página 12, 2020b).
Desde fines de 2019, la humanidad enfrentó la pandemia del virus SARS-CoV-2 solo con recursos preventivos que buscaban evitar la transmisión (como diversas formas de aislamiento y distanciamiento, barbijos e higiene) más algunos procedimientos terapéuticos para los casos que requerían internación. Enfermarse y morir se volvieron una posibilidad cercana para muchos, un temor diario que se fue expandiendo mientras los casos se incrementaban y se tornaban cada vez más próximos (un personaje público, un vecino, un pariente, un miembro de la familia). Pero el desarrollo de vacunas específicas brindó la oportunidad de enfrentar la pandemia de otra manera, pues podían proporcionar alivio ante tanto padecimiento. Ahora bien, no todos acompañaron este optimismo. Las nuevas vacunas despertaron dudas que requerían mayor información, pero también rechazos taxativos. Estas reacciones obedecían a creencias arraigadas respecto de las vacunas, la ciencia y los científicos, la tecnología, la medicina, la industria farmacéutica, las agencias estatales de regulación, los partidos políticos y los gobiernos responsables de implementar políticas de vacunación (Larson, 2020). Claro que todo esto no es nuevo (Larson, Jarrett, Eckersberger, Smith y Paterson, 2014; Harrison y Wu, 2020); históricamente, las personas han reaccionado de distintas formas frente a las vacunas y la vacunación (Dubé, Vivion y MacDonald, 2015; Poland y Jacobson, 2001; Spier, 2001; Wolfe y Sharp, 2002). Entre las posiciones más refractarias, los grupos antivacunas han crecido en algunos países europeos y en los Estados Unidos. También en Sudamérica estos grupos han aumentado y tienen mayor visibilidad (Sato, 2018; Guzman-Holst, Deantonio, Prado-Cohrs y Juliao, 2020; Mendes, Clara, Oliveira y Gonçalves, 2020; Bernal-Vaquera, Morales-Jinez y Moreno-Pérez, 2021; Argote, Barham, Zukerman Daly, Gerez, Marshall y Pocasangre, 2021; Carvalho De Souza Amorim Matos, Gonçalves y Couto, 2021), pero lo cierto es que no afectaron seriamente la vacunación contra el Covid-19 (Galarraga Gortázar, Rivas Molina, Torrado, Fowks y Montes, 2022; Vyas, 2021).
En 2021, la Argentina emprendió un plan nacional de vacunación que, si bien tuvo dificultades iniciales, paulatinamente se fue acelerando para llegar a vacunar hacia fines de diciembre a un alto porcentaje de la población, pese a su carácter no obligatorio. Estos resultados han sido congruentes con la historia de la inoculación en el país (Di Liscia, 2021). La vacunación es una política de Estado, con una Ley de Vacunas que establece un calendario nacional conformado por 20 vacunas para todas las etapas de la vida, obligatorias y gratuitas. Sin embargo, desde su inicio a fines de 2020 y durante varios meses de 2021 la campaña adquirió un carácter turbulento, no tanto por los ya mencionados escasos sectores antivacunas (Brown, 2015; Viotti, 2022; Scharager y Gallino, 2022), sino por los durísimos cuestionamientos de la oposición política y mediática acerca de la calidad, la cantidad y la seguridad de las vacunas adquiridas por el gobierno, así como la eficiencia y la transparencia de la campaña de vacunación, lo cual generó incertidumbre en algunos sectores de la población. Si la mayor parte de la población argentina considera a la vacunación algo normal, correcto y beneficioso, ¿cómo se entienden estas controversias y vacilaciones en el contexto crítico de la pandemia?
Algunos estudios aseveran que ciertas ideas políticas y las fuertes polarizaciones ideológicas pueden convertirse en un obstáculo para el éxito de la vacunación (Flores, Cole, Dickert, Eom, Jiga-Boy, Kogut, Loria, Mayorga, Pedersen, Pereira, Rubaltelli, Sherman, Slovic, Västfjäl y van Boven, 2022; Galli y Modesto, 2021; Kerr, Panagopoulos y van der Linden, 2021; Larson, 2020; May, 2020), razón por la cual sugieren que los funcionarios de gobierno deben actuar con objetividad y siguiendo principios científicos (Albrecht, 2022; May, 2020), de modo tal que las políticas sanitarias estén basadas en evidencias; lo deseable sería que fuesen encaradas por expertos no partidistas (Flores et al., 2022). Por esta vía, el gobierno argentino cimentó sus decisiones en un comité de expertos (virólogos, infectólogos, inmunólogos y epidemiólogos) que, además, intervinieron en el debate público para brindar tranquilidad y certidumbre. Sin embargo, como señalan Rodríguez Varela y Carbonetti (2021), a menudo esta suerte de pedagogía para esclarecer a la población olvidó que cualquier intervención pública se realiza en escenarios ya constituidos políticamente.
Ahora bien, pese a que la campaña nacional de inoculación fue objeto de una fuerte disputa pública, la confianza en las vacunas y la vacunación no estuvo en peligro. Si existió desconfianza hacia ciertas vacunas, esta provino de cuestionamientos ideológicos a las identidades nacionales y políticas de las vacunas disponibles, atribuyéndoles más confiabilidad a unas que a otras. Como frente a un espejo, la oposición objetó la campaña de vacunación del gobierno en virtud de las cualidades negativas atribuidas a este, mientras que el gobierno nacional hizo lo propio con el comportamiento de la oposición. Como veremos, estas imputaciones estaban basadas en las imágenes que cada fuerza política tenía de sí misma y de su antagonista, las cuales expresaban naturalezas inalterables a lo largo del tiempo. Más allá del posible aprovechamiento estratégico que uno u otro sector pudo llevar a cabo de las condiciones socioeconómicas locales y geopolíticas que dificultaron el acceso a las vacunas, la singularidad del proceso de vacunación en la Argentina resulta inteligible en el marco de una específica historicidad; en otros términos, a los modos socialmente establecidos de asumir la relación entre el pasado, el presente y el futuro, dependientes de concepciones particulares del tiempo, no necesariamente lineales e irreversibles (Hartog, 2015; Sahlins, 1988; Stewart, 2016).
Como ya indiqué, la superación de la crisis sanitaria suponía imaginar un futuro libre de la enfermedad y de la muerte, lo cual debía estar garantizado por las vacunas y la vacunación, dada su gran aceptación histórica por parte de la población. Pero ese futuro no dependía exclusivamente de la confianza en las vacunas y la vacunación, sino de la credibilidad pública de los funcionarios responsables de adquirir las vacunas e implementar su aplicación. Y si bien esta credibilidad podía fortalecerse o debilitarse por los aciertos o yerros en el presente, lo cierto es que estos fueron indefectiblemente interpretados como manifestaciones esperables, en la medida que suponían una línea de continuidad con el pasado: todo aquello que era caracterizado como acierto o error en el presente no era sino un eslabón de una cadena de aciertos o errores en el pasado, fuese en materia de vacunas o no. Esta lectura no se restringía a los críticos o detractores del gobierno, puesto que este y quienes lo apoyaban respondían a los cuestionamientos viéndolos también como una expresión persistente desde el pasado. De este modo, la posibilidad de imaginar futuros esperanzados se tornaba sumamente dificultosa, sino imposible. Si cada perspectiva veía el presente de su adversario como una prolongación ininterrumpida de su pasado, la única manera de producir un futuro optimista consistía en un desplazamiento que, a la vez, era una restauración de un pasado considerado irreprochable. Quiero mostrar cómo el proceso de vacunación dio lugar a la activación, actualización y disputa de futuros esperanzados, vistos como productos de condiciones sociales y culturales específicas en situaciones de incertidumbre. En otros términos, son los modos locales de pensar y organizar el presente en relación con los esquemas del pasado los que hacen que ciertos futuros sean imaginables y admisibles (Jansen, 2016; Kleist y Jansen, 2016; Narotzky y Besnier, 2014; Visacovsky, 2019).
El foco principal del trabajo es el discurso público centrado en las vacunas y su aplicación durante los primeros seis meses de la vacunación, el cual se ha relevado mediante una indagación documental de fuentes periodísticas, agencias gubernamentales y no gubernamentales y redes sociales y sitios web. Los materiales textuales recogidos incluyen, sobre todo, las voces de funcionarios en ejercicio de la función pública (especialmente en el Estado nacional), así como políticos que, si bien no tenían cargos en el Estado, representaban algunas de las posiciones controversiales planteadas respecto del manejo de la coyuntura crítica. Este material fue obtenido en el curso de un proceso de investigación más amplio iniciado en marzo de 2020, cuando imperaban las restricciones que impedían la presencia del investigador en el terreno. En ese tiempo, y hasta bien entrado 2021, se realizaron muchas otras actividades, tales como la obtención de testimonios a través de mensajes de texto o voz o la transformación de situaciones de la vida cotidiana en datos etnográficos que apenas utilizo aquí, solo como un modo más de mostrar algunas reacciones de la sociedad ante las diversas medidas gubernamentales (de modo especial, la vacunación). Soy consciente de que las medidas sanitarias tuvieron tanto adaptaciones como recepciones locales específicas (a escala provincial y municipal), pero mi atención estuvo orientada a las políticas más generales producidas desde el Estado nacional. También incorporé información estadística, la cual acompaña la exposición como cuadros ilustrativos.
El trabajo está organizado en cinco secciones, todas subtituladas como un tiempo distintivo: crisis, turbulencia, esperanza, desconfianza y ansiedad e indignación. En principio, esto responde a una suerte de periodización en la que expongo los principales acontecimientos entre el inicio de la pandemia, con las primeras medidas sanitarias del gobierno, hasta los dos primeros meses de la vacunación; pero también quiero enfatizar la centralidad que asumieron las experiencias temporales durante la pandemia en tanto alteración radical de la temporalidad, propia de toda crisis. Las secciones se concatenan en una secuencia que puede ser vista como: (a) un inicio con llamados a la concordancia entre las principales fuerzas políticas y el apoyo mayoritario de la sociedad a las medidas sanitarias; (b) un creciente descontento y hostilidad, debido a la continua prolongación de las restricciones a la circulación y a la profundización de las dificultades económicas; (c) una serie de manifestaciones públicas de desconfianza (acompañadas en ocasiones por parte de la población) hacia la seguridad y eficacia de las vacunas y respecto de la transparencia y buena gestión de la vacunación. Mi pretensión es doble. Por un lado, mostrar cómo las políticas sanitarias en general y las vacunas y la vacunación en particular resultaban inteligibles al verlas en estrecha relación con el escenario político en el que fueron generadas, comunicadas, aplicadas, admitidas o rechazadas; por otro, cómo a partir del análisis del papel político que desempeñaron las vacunas y la vacunación es posible aproximarnos a las condiciones específicas de producción de futuros admisibles o esperanzados, en un país que asume vivir en crisis recurrentes.
Tiempos de crisis
Cuando en marzo de 2020 se detectaron los primeros casos de infección y muerte por Covid-19, en la Argentina se vivía una aguda crisis socioeconómica. A inicios de 2018, una corrida cambiaria llevó a una depreciación del peso, por lo que en mayo de dicho año el gobierno de Mauricio Macri decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual otorgó en junio un préstamo de 50.000 millones de dólares (equivalente a un 11% del PBI de la Argentina de entonces), el más grande de la historia del organismo; tres meses después, con un nuevo acuerdo el FMI amplió el préstamo a 57.100 millones de dólares. Con más de un tercio de la población viviendo en la pobreza, el creciente malestar social se tradujo en la derrota del oficialismo en las elecciones generales del 27 de octubre de 2019, donde Alberto Fernández, por la coalición Frente de Todos, logró el triunfó en primera vuelta con el 48,24%. Al asumir el 10 de diciembre, Fernández definió la situación heredada como una “crisis” equivalente a una “destrucción”, derivada de la aplicación de un modelo socioeconómico equivocado, el cual debía ser cambiado. Con la pandemia en tierras argentinas, Fernández prolongó esa definición. En el contexto de una crisis sanitaria emergente, el presidente puso el foco de su cuestionamiento en cómo el gobierno de Macri había reducido el financiamiento estatal en salud, ciencia y tecnología, áreas que en ese momento resultaban claves para enfrentar el brote pandémico.
El gobierno nacional siguió un criterio generalizado al apelar a la noción de crisis para designar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. “Crisis” aludía tanto a la efectiva o potencial saturación de las camas de una unidad de terapia intensiva como al impacto de las cuarentenas sobre el sistema productivo y el empleo, lo que provocaba el crecimiento de la desocupación, la pobreza y la recesión, arruinando las economías de los países. Pero a este significado se superponía otro que está enraizado en la historicidad local. Una de las imágenes recurrentes de la Argentina es la de un país que siempre debe sobrellevar una crisis o está en riesgo de enfrentar una próxima. La imagen que circula globalmente de un país que atraviesa crisis periódicas es, a su vez, asumida como incuestionable por gran parte de la población, que vive esperando la crisis que se avecina o la que hay que superar. La historia nacional (particularmente, el pasado reciente) es vista a menudo como una sucesión de crisis, lo que da lugar a un futuro siempre amenazado por una nueva crisis. Este carácter omnipresente de la crisis también hace que buena parte de la elaboración de un programa político consista, primero, en superar la crisis presente y/o no volver a caer en ella; segundo, alejarse de la amenaza de un posible retorno a una crisis (en especial, a la de 2001); tercero (y tal vez, lo más crucial), superar para siempre aquello que es la causa de las caídas o fracasos recurrentes (Visacovsky, 2018). La caracterización del escenario pandémico como “crisis” no hizo otra cosa que constituir el evento en su singularidad histórica, así como habilitó formas específicas de intervención política en la sociedad.
Decretado el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) por parte del Poder Ejecutivo Nacional el 20 de marzo de 2020, con el fin de retrasar el crecimiento de los casos de infección y preparar mejor el sistema sanitario, el gobierno nacional implementó una serie de instrumentos para dar apoyo económico a los sectores más humildes, así como a empresas y comercios, para amortiguar el impacto de la disminución de la actividad. En su discurso a la ciudadanía del 30 de marzo, Fernández señaló que “si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad, aquí nadie se salva solo”, un pensamiento que, aseguraba, compartía con el Papa Francisco: “[…] es una regla moral que tenemos como sociedad, no podemos en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo […]” (Casa Rosada Presidencia, 2020a). La gravísima situación no solo exigía la toma de decisiones cruciales para enfrentarla, sino que era a la vez una ocasión para criticar el pasado y superarlo. Las respuestas a la coyuntura presente debían ser, a la vez, una ocasión para “dar vuelta” las políticas del gobierno saliente (a quien se responsabilizaba del presente), así como un intento de atacar las raíces profundas de la crisis presente. Fernández aseguraba que ese cambio debía ser moral: la sustitución de un modelo basado en principios egoístas (el que habría primado durante el gobierno de Macri) por otro fundado en la solidaridad, en un Estado que debía cuidar a su ciudadanía, especialmente a los más desprotegidos (Página 12, 2020a). No era casual que recordase continuamente su papel como Jefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007); desde su perspectiva, entonces se propusieron “cambiar la historia”, sacando al país de la crisis de inicios del siglo XXI. Y como pudieron entonces, podrían ahora (Clarín, 2020a).
En suma, Fernández asimilaba la situación presente con la pasada, no solo por su gravedad, sino como el inicio de un nuevo tiempo, superador de la crisis, que debía romper con el neoliberalismo y dejarlo atrás. Al identificar a su gobierno con el de Kirchner en el pasado, actualizándolo, procuraba forjar esperanza, un futuro admisible. Sin embargo, pronto este discurso se vería rebasado por los graves problemas a resolver, como las condiciones en que vivían vastos sectores de la población.
Tiempos turbulentos
El 19 de marzo de 2020, por iniciativa de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, todos los diarios del país y los portales de noticias aparecieron con la misma portada: “Al virus lo frenamos entre todos”. A pesar de sus profundas e irreconciliables diferencias ideológico-políticas, por una vez pudieron postergarlas, en aras de enfrentar un enemigo común. Este clima se prolongó en las alocuciones del presidente Fernández por cadena nacional desde la Casa Rosada. De manera especial en las primeras, cada vez que debía anunciar nuevas medidas sanitarias el presidente era acompañado solo por dos funcionarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (en adelante, JxC). En ocasiones, estaban presentes algunos miembros del comité asesor de expertos compuesto por médicos y científicos. Sin barbijos, con escasa distancia entre sí, Fernández pretendía dar una señal unificada más allá de los colores políticos, en un clima de presunta empatía en el que podía llamar “mi amigo” a Larreta. Luego de la intervención del presidente, Kicillof y Larreta se explayaban sobre la implementación de las medidas en sus distritos.
Inicialmente, las medidas sanitarias tuvieron amplia aceptación. Incluso, personas que habían votado contra el presidente Fernández confesaban sentirse aliviadas de que no fuese Macri quien estuviese al frente del país. Durante las noches, imitando una conducta que se llevaba a cabo en otras partes del mundo, en los barrios de distintas ciudades se escuchaban estruendosos aplausos para el personal de salud. Pero con el paso de los días y las semanas, el gobierno encontró severas dificultades para sostener el confinamiento debido a la alteración profunda de la vida, lo cual produjo un enorme impacto en áreas como la educación formal y el mundo laboral, así como el agravamiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres. Amplios sectores de la sociedad vivían urgencias económicas, sumergidos en la pobreza o directamente en la indigencia. Incluso, la situación se tornó insoportable para muchos comerciantes.
El creciente malestar se exteriorizó a través de cacerolazos y protestas públicas en las que se mezclaban grupos anticuarentena con comerciantes desesperados que (desde ya) violaban el ASPO (La Nación, 2020b). Pronto, este malestar fue canalizado por la oposición política bajo el liderazgo de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, mediante protestas en Buenos Aires y en otras ciudades del país autodefinidas como “banderazos”, ya que los manifestantes, a pie o en sus automóviles, portaban banderas argentinas para identificarse. Convocadas a través de las redes sociales y potenciadas por algunos comunicadores en canales de televisión, los participantes objetaban tanto la eficacia de las políticas sanitarias como su presunta inconstitucionalidad, ya que respondían a decretos presidenciales y no a resoluciones del Poder Legislativo; por ende, entendían que constituían un avasallamiento de las libertades individuales (La Nación, 2020c). Además, acusaban al presidente de haberse “enamorado” de “la cuarentena más larga del mundo”, que estaba provocando un desastre económico (Clarín, 2020c), mal asesorado por el comité de expertos, a los que calificaban de “militantes” (La Nación, 2020a; La Nación, 2020f), que habrían impuesto un régimen dictatorial que denominaron “infectadura” (Montero, 2022).
En su mensaje del 14 de agosto, el presidente aseguró, ofuscado: “Yo no me obsesioné con la cuarentena, estoy obsesionado con la salud de los argentinos, yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe, porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena y si alguno duda salgan a las calles y vean. Vean los negocios abiertos y vean a la gente circular, y sepan que en esa circulación el riesgo existe” (Casa Rosada Presidencia, 2020b). El presidente aludía tanto a la autorización para que diferentes actividades comerciales pudieran llevarse a cabo como al aumento ostensible del tránsito en las principales ciudades (Argentina.gob.ar, 2021). En efecto, solo en el caso de Buenos Aires, a comienzos de mayo y con la consigna de “recuperar libertades” (Spillman, 2020), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había habilitado algunas actividades comerciales ciertos días de la semana (Infobae, 2020a); a principios de agosto, había autorizado la reapertura de los locales de cercanía en avenidas de alta circulación (Infobae, 2020b); y a fines de ese mes, la reapertura de bares y restaurantes (Clarín, 2020b). Poco a poco, esta fue la tendencia de todos los distritos del país. Una idea ganaba cada vez más adeptos: “convivir con el virus”.
Así, el gobierno reorientó la gestión de la pandemia priorizando la vacunación e incentivando la reactivación económica. Muchos comercios y pequeñas y medianas empresas debieron cesar sus actividades, con la pérdida de puestos de trabajo (Infobae, 2020d). El ciclo recesivo se profundizó con una caída anual del PBI del 9,9% (Quiroga, 2021), la pobreza trepó al 42% y la indigencia al 10,5% (Jueguen, 2021). Pero con esta apertura se incrementaría significativamente el número de casos de infecciones y muertes (Gráfico 1).
Gráfico 1. Casos confirmados y casos fallecidos por Covid-19 notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en 2020.
Fuente: Rearte, Moisés, Rueda, Laurora, Marucco, Pennini, Giovacchini, Guevel y Vizzoti (2021)
Mientras el escenario pandémico se agravaba, el país se preparaba para recibir lo que podría ser el fin de ese tiempo fatídico: las vacunas.
Tiempos de esperanza
En los inicios de 2020, la posibilidad de contar con una vacuna para hacer frente a la pandemia parecía muy lejana (Grenfell y Drew, 2020); incluso en setiembre ninguna de las vacunas en desarrollo había completado la fase III (Le, Cramer, Chen y Mayhew, 2020). No obstante, el 2 de diciembre la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer, en asociación con la empresa de biotecnología alemana BioNTech, anunció que su vacuna había sido aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) para el Reino Unido. Poco después, se sumarían la vacuna de la empresa farmacéutica china Sinopharm, que obtuvo el registro oficial en los Emiratos Árabes Unidos el 9 de diciembre; la vacuna de la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) y la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), autorizada para uso de emergencia por parte de Food and Drug Administration (FDA) el 18 de diciembre; y la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, empresa farmacéutica global con sede en Cambridge, Inglaterra, y aprobada por el Reino Unido el 30 de diciembre. Anteriormente, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de la Federación Rusa había registrado el 11 de agosto la Gam-COVID-Vac, conocida comercialmente como Sputnik V.
El gobierno firmó inicialmente tres acuerdos para acceder a las vacunas. El primero fue con AstraZeneca, cuyo principio activo se fabricaría en el laboratorio argentino MabXience; el segundo, con el fondo COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access), un dispositivo global para la compra de vacunas de la OMS (cuyo arribo se demoró en demasía); y el tercero, con la Federación Rusa. Más tarde, en los primeros días de febrero, cerraría un acuerdo con Sinopharm. Pese a que la vacuna del laboratorio Pfizer/ BioNTech fue la primera autorizada en el país por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el 23 de diciembre de 2020, la firma del acuerdo correspondiente se demoró varios meses, lo que traería aparejado una serie de controversias públicas entre gobierno y oposición, como veremos luego.
En los primeros días de noviembre, en base a los acuerdos y a las conversaciones mantenidas con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin (quien se había comprometido a enviar 20 millones de dosis), Fernández estimaba que en diciembre podrían vacunarse 10 millones de personas, es decir más de un 22% de la población. El presidente argentino destacaba especialmente que el acuerdo había sido establecido entre ambos estados. Por otra parte, esperaba contar con la vacuna Pfizer para vacunar a unas 750.000 personas y, a partir del mes de marzo, con la de Oxford-AstraZeneca (Dapelo, 2020). El 23 de diciembre arribaron desde Rusia las primeras 300.000 dosis de Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que viajaba la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. En el aeropuerto fue recibida por el ministro de Salud, Ginés González García, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. El arribo, así como el traslado de la partida en camiones especialmente equipados para la conservación en frío hacia el lugar desde donde serían distribuidas al resto del país, fue transmitido por todos los canales de noticias y reproducido en los portales de los principales medios. Algunas narraciones mediáticas asumieron un marcado carácter épico, como la del canal C5N, más próximo al gobierno nacional, el cual tituló la partida del avión como “el vuelo de la vida” o “la esperanza argentina en vuelo”. Otro video oficial narraba el camino que había llevado desde la producción de la vacuna rusa (con una versión instrumental de “Kalinka”, la canción rusa compuesta por Iván Petróvich Lariónov en 1860) hasta su llegada a la Argentina en la aerolínea de bandera. Mientras sonaba la canción “Zona de promesas”, de Gustavo Ceratti, en la voz de Mercedes Sosa, se enfatizaba especialmente un pasaje que decía: “Tarda en llegar, y al final, y al final, hay recompensa”. En la Nochebuena, el presidente dirigió el ya mencionado mensaje al país asegurando que la vacuna constituía la esperanza para terminar con la pandemia.
El 29 de diciembre, dio comienzo oficialmente la campaña de vacunación con la aplicación de la Sputnik V al personal de salud (Argentina.gob.ar, 2020), quien más había estado expuesto al riesgo. Los medios cubrieron esa primera jornada de modo especial, presentando historias de vida como la de Juliana Torquati, una enfermera del Hospital San Martín de La Plata que fue la primera en recibir la vacuna. A la vez se vacunaron varios funcionarios, como el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el propio gobernador Kicillof, con el propósito de generar confianza en la población. El presidente recibiría su primera dosis el 21 de enero de 2021, tras la autorización de la ANMAT para mayores de 60 años (El Economista, 2021a). Como en otras partes del mundo, se generalizó la publicación de fotos en las redes sociales del instante en que se aplicaba la vacuna: lo hicieron funcionarios, personal de salud y los hijos y nietos de adultos mayores, con textos donde expresaban su júbilo, emoción y alivio tras largos meses de encierro y soledad. Muchos de quienes publicaban agradecían al gobierno nacional; al igual que los funcionarios, veían en la vacunación la confirmación de las promesas del gobierno y las expectativas respecto del peronismo en cuanto a cuidar a la población y salvar vidas. Por supuesto, también había agradecimientos a gobiernos de distritos opositores, lo que generaba batallas verbales en torno a quién había conseguido las vacunas.
En definitiva, la vacunación debía ser la expresión superlativa de las promesas iniciales de Fernández. Desde su perspectiva, la obtención de vacunas y su inoculación masiva suponían una doble discontinuidad: por un lado, con la enfermedad, el confinamiento y la posibilidad de morir; por otro, con las políticas que había impulsado su predecesor. Pero con el correr de los días quedaría claro que el nuevo y venturoso tiempo que parecía estar tan próximo, que podía tocarse con la punta de los dedos, estaba fuertemente supeditado al éxito de la campaña de vacunación. Y, a su vez, esta dependía tanto de la confianza general en la eficacia de las vacunas como en el proceso de vacunación mismo, para lo cual era crucial contar con las vacunas suficientes. Como veremos, el gobierno afrontó serias dificultades para sostener el ritmo de la vacunación debido tanto al flujo irregular del arribo de las dosis como a los fuertes cuestionamientos planteados por la oposición en torno a la seguridad de las vacunas y a la eficiencia y transparencia de la vacunación.
Tiempos de desconfianza
El día de inicio de la vacunación, una diputada de JxC exclamó intempestivamente en medio de un debate legislativo sobre la ley de movilidad jubilatoria: “Van a vacunar a todos sin saber qué mierda nos van a inocular” (Clarín, 2020e). Fue el comienzo de varias semanas de cuestionamientos por parte de la oposición política y mediática, que se concentraron especialmente en la vacuna Sputnik V. Aseveraban que faltaba información pública y confiable sobre las fases cumplimentadas por parte del Centro Gamaleya (La Nación, 2020e), que la aprobación requería un prolongado período de pruebas y avales de organismos internacionales, que países vecinos como Brasil no la habían aprobado. Por ende, criticaban duramente la decisión de la ANMAT, pues dicha vacuna implicaba un alto riesgo para la población. Incluso, endilgaron a quienes defendían a la Sputnik V basarse solo en la fe, aunque fuesen científicos (Hartmann, 2021). Quienes defendieron la vacuna, reconocían cuán importante era conocer los resultados de la fase 3, pero que aun así sin esta la vacuna resultaba confiable, tanto por tratarse de una tecnología conocida (se emplearon vectores adenovirales humanos de los que fueron desactivados sus genes reproductivos) como por la seriedad y prestigio del Centro Gamaleya. Y, sobre todo, justificaban su uso debido al contexto de emergencia.
Hay que destacar que, días antes de la aprobación, parte del comité asesor de expertos del Poder Ejecutivo también se había mostrado cauteloso acerca de la vacuna y el rol de la ANMAT y del Ministerio de Salud (Blanco, 2020). Sus argumentos eran similares a los de la oposición, aunque en un tono diferente: solo había publicaciones científicas de la fase 2 (evaluación de la seguridad y capacidad para generar respuesta inmunitaria basada en los resultados de la administración a un importante número de voluntarios) y algo de fase 3. Por eso sostenían que era indispensable contar con informes de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos y la European Medicines Agency de la Unión Europea.
En esta controversia pública, tanto la defensa como los cuestionamientos a la Sputnik V apelaron fuertemente a la autoridad científica. Al sostener que la vacuna estaba “floja de papeles”, los críticos estaban diferenciando un debate político de uno propiamente “científico”. Así, desde los medios de comunicación y las redes sociales, médicos, farmacéuticos, bioquímicos y otros expertos fueron convocados a emitir un juicio sobre la vacuna; pero también se pronunciaron por propia iniciativa, invocando un criterio similar: no mezclar lo sanitario con lo político. Por consiguiente, tanto quienes defendían la vacuna como quienes la cuestionaban se acusaban exactamente de lo mismo: mezclar ciencia y política. Pero al mismo tiempo que unos acusaban a otros de incurrir en tal confusión, también los instalaban en un juego geopolítico. En efecto, los detractores fueron vistos como derechistas y lobistas de los laboratorios norteamericanos; los defensores, como identificados con el gobierno nacional (“kirchneristas”) y el “régimen ruso de Putin” (en más de una oportunidad tildado de “soviético”). Un caso muy sonado fue el protagonizado por Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y dirigente de JxC, conocido mediáticamente como “denuncia por envenenamiento” por invocar el artículo 200 del Código Penal. Refiriéndose a la vacuna Sputnik V, Carrió sostuvo que ponía “en riesgo a millones de argentinos vulnerables”, la calificó de “una gran estafa nacional”, de un “fraude”, y al gobierno, de “mentiroso”. Advirtió que ella no se vacunaría, pues como mayor de 60 años y con enfermedades preexistentes, temía que la vacuna la matase. Aseguraba que la vacuna era a tal punto peligrosa que el mismo Putin no se la había aplicado. Responsabilizaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del acuerdo, a sus “negocios personales” con Rusia (“una dictadura donde se mata a los opositores”) y Cuba. Desde su punto de vista, la llegada de la Sputnik V era parte de la estrategia rusa para penetrar en América Latina. La dirigente denunció penalmente al presidente de la Nación y al ministro de Salud por atentar “contra la salud pública”, haber defraudado al Estado e incumplido sus deberes de funcionarios públicos (La Nación, 2020d). Carrió auguraba muertes entre el personal de salud que, entendía, podrían haberse evitado si se hubiese optado por las vacunas que habían completado sus fases de prueba (en verdad, ninguna lo había hecho por entonces) y que ya se aplicaban en Europa y Estados Unidos (Clarín, 2020d). Meses después, confirmada la seguridad y eficacia de la vacuna, Carrió se retractaría públicamente, afirmando que ella solo pretendía protestar contra la dictadura de Putin y las violaciones de derechos humanos en Rusia (Néspolo, 2021) y que por eso prefería darse otra vacuna (Minuto Uno, 2021).
¿Qué efectos tuvo esta embestida contra la Sputnik V en la población? Durante los días previos al inicio de la vacunación para los adultos mayores, tuve oportunidad de conversar a través de medios virtuales con algunas personas de diferentes zonas del país (en especial de la Ciudad de Buenos Aires), que manifestaron sus dudas respecto de vacunarse con la “vacuna rusa”, pese a no tener inconveniente alguno en recibir anualmente la vacuna antigripal, a la que esperaban con ansiedad. Algunas de estas personas me comentaban que en los noticieros televisivos y en algunos diarios se decía que la vacuna era “insegura”, que podía tener “efectos adversos”, que “faltaba más información”. Buena parte de estas personas no tenía simpatías por el gobierno nacional, del cual desconfiaban en más de un aspecto; y, como planteamos al comienzo, la antipatía que puede generar un gobierno incide en la aceptación o no de una política sanitaria como la vacunación (Larson, 2020). Para mis interlocutores, las dudas sobre la Suptnik V eran plausibles porque desconfiaban del gobierno. No obstante, la decisión final de su vacunación no dependía de ellas, sino de sus hijos, quienes podían tener dudas, pero decidieron vacunar a sus abuelos y padres, tras lo cual se sintieron aliviados y en muchos casos felices. Todas las personas que me manifestaron sus reservas en enero terminaron vacunándose a fines de febrero, pero no con Sputnik V sino con la vacuna de vector viral no replicante Covishield, la vacuna de AstraZeneca fabricada en la India, autorizada por la ANMAT el 8 de febrero, a pocos días de que la cifra de muertes ascendiese a más de 50.000. Con el arribo de las primeras 580.000 dosis, nueve días después se inició la vacunación (Infobae, 2021b). De igual forma, conocí médicos que en su quehacer cotidiano aconsejaban a sus pacientes esperar a que hubiese más y mejor información o, directamente, no vacunarse. No siempre se trataba de prudencia, también pesaban sus antipatías explicitas con el gobierno.
Apenas iniciado febrero, la publicación de los resultados de la fase 3 de la Sputnik V en The Lancet contribuyó a atemperar las hostilidades. Muchos comunicadores, que hasta entonces habían cuestionado duramente la vacuna, cambiaron súbitamente su discurso aduciendo que sus críticas se dirigían más a la falta de información, no a la calidad de la vacuna (Cunzolo, 2021). Sin embargo, la animosidad hacia la vacuna llevó a que algunas personas infectadas pagasen un alto costo, perdiendo la vida. Ese fue el caso de una médica de 56 años de un importante hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, quien había desistido de vacunarse en la primera tanda y recién aceptó hacerlo para el 23 de febrero, pero enfermó antes de vacunarse y murió el 5 de marzo (Perfil, 2021c). En los meses posteriores (incluso ya en 2022, con abundancia de dosis y de vacunas de diferentes laboratorios y países), no faltaron aquellos que al llegar al vacunatorio preguntaban qué vacuna estaban aplicando y si la respuesta era “Sputnik”, se retiraban, a la espera de otra alternativa que consideraban más confiable. Una pregunta usual era: “¿no saben dónde están aplicando Pfizer?”.
Parecía que el proceso de vacunación contaba ya con los avales que le allanarían un camino iniciado con dudas y discordias. Pero el profundo anhelo de dejar la pandemia atrás encontraría, una vez más, nuevos tropiezos que dilatarían esa salida tan deseada.
Tiempos de ansiedad e indignación
A fines de 2020, con cerca de 43.000 fallecidos y el inicio de la vacunación, el gobierno decidió flexibilizar las restricciones a la circulación en todo el país. Por eso, tras las fiestas de fin de año, promovió las vacaciones de verano, aunque aconsejando mantener los cuidados básicos. Desde el comienzo de la temporada, habían viajado por el país más de 12 millones de personas. Este nuevo escenario suscitaría inevitablemente situaciones conflictivas, con aglomeraciones que quebrantaban los cuidados y aumentaban los contagios, como se comprobaba por las largas filas para testearse. Los informes mediáticos sobre centros turísticos como Mar del Plata mostraban playas atestadas para disfrutar del sol, pero también a jóvenes que se reunían desde el atardecer para bailar y compartir bebidas alcohólicas. Estos eventos rotulados como “fiestas clandestinas” eran blanco de la indignación de periodistas e incluso médicos, calificando a los jóvenes como “irresponsables”, “irracionales” y “no solidarios” (Perfil, 2021a).
Mientras, la campaña de vacunación daba sus primeros pasos. A través de conversaciones y el seguimiento de las redes sociales, pude comprobar que mucha gente estaba pendiente del arribo de los aviones que traían las vacunas, esperanzada que uno trajese la suya. Al poco tiempo, resultó ostensible que las dosis que arribaban eran insuficientes para acelerar la vacunación, lo que dio paso a un reclamo que excedía la crítica opositora: “no hay vacunas" (Sigal, 2021). El gobierno aceptó que las vacunas no estaban arribando en la cantidad y celeridad previstas (Páginas 12, 2021c), pero adjudicó la responsabilidad a los laboratorios por el incumplimiento de los acuerdos y a los países ricos por acaparar vacunas, perjudicando así a los países más pobres, como lo expresara el secretario general de la ONU, António Guterres (Noticias ONU, 2021). Como respuesta, la oposición planteó que el ritmo de la vacunación era mayor en otros países (Infobae, 2021c). Se la comparaba con otros países de la región (Gráfico 2), especialmente con Chile, ya que en marzo Argentina había vacunado apenas al 4% de la población en tanto Chile al 26%, sobre todo con la vacuna china de Sinovac y en menor medida Pfizer (Fitz Patrick y Crucianelli, 2021). Estas comparaciones no tenían en cuenta los tamaños diferentes de la población-objetivo, las dimensiones del territorio a cubrir y el tipo de vacunas aplicadas. Aun así, estas críticas consideraban mentiroso al gobierno (La Nación, 2021c), comentando irónicamente cada llegada de una carga aérea con Sputnik V: “O nos faltan vacunas o nos sobran aviones” (La Nación, 2021b). Ante la situación, la oposición cuestionó el acuerdo fallido con Pfizer, difícil de comprender puesto que el laboratorio había llevado a cabo 6.000 ensayos clínicos en la Argentina. Algunos sectores del gobierno adoptaron una retórica anticolonialista, al asegurar que Pfizer había exigido “condiciones inaceptables”, como una nueva ley con bienes inembargables, que incluía glaciares y permisos de pesca (La Nación, 2020g). A fines de mayo, reapareció Bullrich acusando al por entonces ministro González García de pedir sobornos para la compra de la vacuna (La Nación, 2021d). Si bien esto fue desmentido por Pfizer (Alconada Mon, 2021), Bullrich insistió que el gobierno había exigido que hubiese una intermediación local que garantizase la participación comercial (La Nación, 2021f). González García y el propio presidente denunciaron judicialmente a la presidenta del PRO (La Nación, 2021e; Página 12, 2021e), ofreciendo nuevas explicaciones sobre el fracaso del contrato (Clarín, 2021b y 2021c).
Gráfico 2. Dosis administradas cada 100 personas en países de América del Sur hasta junio de 2021.
Fuente: Our World in Data.
Disponible en: https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?time=earliest..2021-06-11&country=BRA~CHL~ARG~BOL~COL~SUR~PRY~PER~URY~VEN~OWID_WRL~GUY [consulta : 23 de junio de 2023]
Nota: Chile y Uruguay tuvieron procesos de vacunación muy avanzados, tanto regionalmente como a nivel mundial.
En el medio, quienes disponían de recursos económicos viajaron a Estados Unidos para vacunarse, especialmente a Miami (Firpo, 2021). Presentados como “egoístas”, estos personajes de la farándula e incluso algunos políticos defendían su derecho individual a vacunarse cuándo y cómo quisiesen (Himitian, 2021). Entre ellos estaba el expresidente Macri, que se vacunó pese a su promesa de hacerlo solo después de que lo hiciesen todas las personas de riesgo y los trabajadores esenciales (Página 12, 2021d). Este “turismo de vacunación” fue duramente criticado en los Estados Unidos, pues quitaba vacunas a la población local (Infobae, 2021a).
En el país, bajo el lema “democratización de las vacunas”, la oposición reclamó que las provincias, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales pudiesen adquirir vacunas independientemente del Estado nacional (Perfil, 2021d): lo hizo mediáticamente, en las redes sociales, por WhatsApp y por la web de Change.org. El gobierno tuvo que aclarar la inexistencia de prohibiciones para que las provincias comprasen vacunas (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2021; El Cronista, 2021), solo que, en la coyuntura crítica, solo los estados nacionales tenían los recursos y capacidad para hacerlo, como lo reconoció el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires (Infobae, 2021d). Varias veces el gobierno señaló que ningún gobernador de la oposición había conseguido vacunas o ayudado a hacerlo (Crónica, 2021). En tanto, muchas personas menores de 60 años pudieron vacunarse en Buenos Aires por decisión de su gobierno, que amplió la vacunación del personal sanitario no solo de instituciones públicas y privadas, sino también a quienes se desempeñaban en sus consultorios particulares, como profesionales de la salud mental que atendían de manera virtual. Como ya era costumbre, estas personas publicaron fotos de agradecimiento en las redes sociales, pero muchas recibieron fuertes recriminaciones y cuestionamientos de personas que veían allí una provocación hacia quienes esperaban su turno. Algunos nos confesaron que, viendo lo que sucedía en las redes sociales, preferían mantener en secreto su vacunación para no ser denigrados.
Las expresiones de odio y resentimiento respondían a un clima creciente de fuertes sospechas sobre accesos espurios a las vacunas. La intensa circulación de rumores en los medios de comunicación, redes sociales y mensajes de texto involucraban, por ejemplo, a militantes políticos jóvenes, tanto oficialistas como opositores. Pronto llegaron denuncias que alcanzaron a funcionarios prominentes, como la que realizó la escritora Beatriz Sarlo contra el gobernador Kicillof por una presunta oferta de vacunación sin turno, que luego se aclaró que respondía a la pretensión de generar confianza (El Economista, 2021b). Pero el punto álgido fue la develación periodística de la vacunación irregular de periodistas, políticos y empresarios en el Ministerio de Salud de la Nación, hecho que la prensa bautizó como “vacunatorio VIP” (Clarín, 2021a; La Nación, 2021a; Mayol y Ortelli, 2021; Bruschtein, 2021). El escándalo tuvo una enorme repercusión y llevó a la renuncia inmediata del ministro González García el 19 de febrero, a solicitud del presidente. La nueva ministra, Carla Vizzotti, cuestionó los casos confirmados, pero los consideró algo circunstancial, no sistemático, por lo que ordenó publicar la lista de los 70 vacunados, mayormente personal estratégico y funcionarios como el mismo presidente, que se había vacunado públicamente y no en secreto (Página 12, 2021a y 2021b). Políticos y medios opositores vieron en el hecho una confirmación de sus sospechas de corrupción del gobierno y una línea de continuidad con la naturaleza que le adjudicaban al peronismo en general y al kirchnerismo en especial. Desde ese momento, la oposición instaló la consigna “se robaron las vacunas”, delineando una frontera entre la decencia que asumían representar y la inmoralidad que atribuían al oficialismo, al que definían como “kirchnerista” (Rosario Nuestro, 2021).
Pero la magnitud del escándalo del “vacunatorio VIP” motivó no solo condenas ajenas, sino también dentro del espacio gobernante, incluso de los expertos miembros del comité asesor que temían que estos hechos dañasen seriamente la confianza en el gobierno, responsable de la campaña. A su vez, desde el oficialismo también había sospechas de corrupción por parte de aquellos distritos gobernados por la oposición, como la cesión de vacunas a hospitales privados, compañías de medicina prepaga y obras sociales por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que vacunasen exclusivamente a sus asociados.
El escándalo dio lugar a protestas públicas, algunas de excepcional agresividad. La más impactante se produjo el sábado 27 de febrero frente a la Casa Rosada, de la que participaron varios representantes de la oposición. Un grupo identificado como “Jóvenes Republicanos” (un sector ultraliberal del PRO) colgó en las rejas que la rodean bolsas en apariencia mortuorias, con carteles en letra pequeña: “Estaba esperando la vacuna, pero se la aplicó…”. En letra más grande, la inscripción se completaba con leyendas tales como: “Los amigos de Alberto” (por el presidente de la Nación), “El hijo de Moyano” (por el dirigente sindical, Hugo Moyano), “los pibes de la Cámpora” (por la organización política fundada en 2006, de orientación kirchnerista), “el sobrino de Ginés” (por el ministro de salud involucrado) e, incluso, “Estela de Carlotto”, nada menos que la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo. Los autores se justificaron afirmando que quisieron representar a quienes murieron por culpa de quienes habían sido vacunados indebidamente (Perfil, 2021b).
El escándalo actualizó una forma de interpretación de la realidad argentina en términos morales. La imputación de corrupción como la raíz principal de los males nacionales se ha convertido en una lente a partir de la cual no solo leer el presente, sino toda la historia nacional. Luego de dominar el discurso de centroizquierda o progresista en la década de 1990 (Mauro, 2012; Pereira, 2014), como crítica al gobierno de derecha de Carlos Menem, se transformó en el núcleo principal de la oposición de derecha al kirchnerismo desde los últimos años de la primera década del corriente siglo. Ahora bien, este episodio dañó menos la campaña de vacunación y más la imagen de un gobierno que debía encarar la recuperación económica en lo que restaba de su mandato. La mayor parte de la población quería vacunarse, las quejas principales eran por la espera de un turno que no llegaba. La vacunación prosiguió con una muy buena respuesta de la población. Para el 21 de diciembre, el 83,4% contaba con al menos una dosis (Gráfico 3) y el 70,3%, vacunación completa (Gráfico 4). Durante 2022, una mayor afluencia de vacunas, en la que mucho tuvo que ver un nuevo acuerdo con Pfizer, cuya vacuna (y en menor medida Moderna) pasó a ser la preponderante, hizo que la vacunación adoptase un ritmo más regular y dejase de ser parte de la agenda pública diaria y motivo constante de contiendas.
Gráfico 3. Porcentaje de personas de la población-objeto que recibió al menos una dosis de vacuna Covid-19 (29 diciembre 2020 - 1 enero 2022).
Fuente: Our World in Data.
Disponible en: https://ourworldindata.org/grapher/share-people-vaccinated-covid?time=earliest..2022-01-03&country=~ARG [consulta: 23 de junio de 2023].
Gráfico 4. Porcentaje de personas de la población-objeto que completaron el protocolo inicial de vacunación contra la Covid-19.
Fuente: Our World in Data.
Disponible en: https://ourworldindata.org/grapher/share-people-fully-vaccinated-covid?time=earliest..2022-01-03&country=~ARG [consulta: 23 de junio de 2023].
Conclusiones
En este trabajo, analicé la transformación de la pandemia de Covid-19 en general y la campaña de vacunación en particular en una arena de disputa pública acerca de la eficacia y seguridad de algunas de las vacunas utilizadas y la capacidad y probidad del gobierno para emprender la vacunación. Sostuve que la alta conflictividad entre el gobierno nacional y la oposición desde el inicio de la vacunación, a fines de 2020 y hasta mediados de 2021, no se tradujo en un rechazo o negación de las vacunas. La esperanza de superación de la pandemia siguió depositada en las vacunas y la vacunación, en tanto valores bien establecidos en un país en el que el Estado posee un rol activo en cuanto a la compra o fabricación de vacunas y su aplicación (Vallejo, Miranda, Álvarez, Carbonetti y Di Liscia, 2022). Algunas vacunas destinadas a la población adulta demandaron más tiempo en convertirse en obligatorias y bastante más recientemente, como la vacuna antigripal en 2011, tras la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010; otras se habían extendido a partir del espacio escolar, como la antivariólica, convertida en obligatoria en 1903 (Di Liscia y Lionetti, 2021; Di Liscia, 2022). El señalado papel del Estado formó parte de un largo proceso de imposición de la vacunación como prolongación de las políticas sanitarias (Carbonetti, 2021); de ampliación de la “cultura de la inmunización”, que formó parte de una “cultura sanitaria” —como las denomina Adriana Álvarez (2022)— que recibió un impulso fundamental con la reforma constitucional de 1949, la cual incorporó numerosos derechos de los trabajadores, la familia y la ancianidad, así como la protección universal de la salud. En consecuencia, si bien en el inicio de la vacunación durante la pandemia de Covid-19 hubo desconfianza hacia vacunas como la Sputnik V, esta provino menos de las pocas visiones antivacunas existentes y más de dudas derivadas de la información incompleta sobre su desarrollo en un momento dado, potenciadas por los cuestionamientos ideológicos a su identidad nacional y política. Aunque esto pudo generar incertidumbre en algunas personas que postergaron su vacunación (en ciertos casos, con graves consecuencias), la gran mayoría quiso vacunarse y confió en que era el camino para concluir con la pandemia. Solo así se entiende el aumento sostenido de las personas vacunadas a lo largo de 2021, las alternativas (posibles o inverosímiles) sugeridas desde distintos actores para paliar la escasez inicial de dosis y hasta la búsqueda de contactos para vacunarse sin asignación del turno.
Mi enfoque está lejos de una relativización de los puntos de vista en pugna. Soy consciente de que algunas posturas más radicalizadas de la oposición son compatibles con las ideas y acciones de las derechas políticas en otras partes del mundo (Rodríguez Varela y Carbonetti, 2021); pero en lugar de una perspectiva evaluativa (Caponi, 2021) que reproduzca un discurso público que opone medidas correctas a incorrectas, defensores de la vida a defensores de la muerte, administraciones eficientes a ineficientes, virtuosos a corruptos, intenté mostrar que las políticas sanitarias no son generadas ni implementadas en un vacío sociocultural. Es su historicidad la que permite comprender mejor la forma peculiar que asumió la conflictividad pública entre oficialismo y oposición durante la pandemia, lo cual no implica desconocer oportunismos irresponsables, ineficiencias, negligencias y corrupción. Ciertamente, la fuerte polarización política de la Argentina resulta suficiente para comprender el permanente nivel de conflictividad pública, aun en un contexto económico y sanitario crítico (Rodríguez Varela y Carbonetti, 2021); pero esta polarización asumió una singularidad que solo puede entenderse como expresión de una contienda que excedía el tiempo pandémico.
En efecto, las controversias públicas sobre la vacunación constituyeron una nueva ocasión en la que se revelaron modos irreconciliables de imaginar la Argentina. El gobierno nacional y la oposición fueron constituidos como actores de un drama que no habían creado, pero volvían a poner en escena, según el cual los males que aquejaban a la Nación en el presente expresaban males irresueltos en el pasado. Esos males eran concebidos en tanto productos de una fuerza antagónica, encarnada en perspectivas ideológicas y políticas específicas a lo largo de la historia. Como causante de los males, esta fuerza “esencialmente inmoral” debe ser desplazada al pasado y vigilada para impedir su retorno por parte de quienes se asumen como “esencialmente virtuosos” (Visacovsky, 2018). Estos deben observar a rajatabla exigencias de pureza que indefectiblemente serán transgredidas; por eso, las sospechas de faltas morales en el caso de funcionarios públicos son permanentes, lo cual puede exigir diferentes estrategias de purificación si se pretende confianza en las decisiones de gobierno (Bratsis, 2003). Las sospechas de corrupción preceden a los actos concretos, que solo son confirmaciones de lo esperado. Y la campaña de vacunación estuvo plagada de estas sospechas, que afectaban principalmente (pero no exclusivamente) al gobierno nacional. ¿Por qué razón? Porque las cualidades morales son vistas como íntimamente asociadas a ideologías. Por eso, más allá de buenas o malas razones de un lado u otro, nada es sorpresivo o imprevisto.
El tiempo pandémico expuso de manera potente los condicionamientos para la producción de modos esperanzados de futuro en la Argentina. El gobierno había asumido la gestión de la pandemia como parte de su misión para inaugurar un nuevo tiempo solidario que dejase el egoísmo atrás. El presidente había invocado el pasado como garantía (“los días más felices del pueblo argentino siempre fueron peronistas”), la vocación por la salud pública y el cuidado de las personas. Para ello, fue necesario fortalecer un sistema sanitario que había sido debilitado en la gestión de Macri; así, se acondicionaron los hospitales, se aumentó el número de camas y se incorporaron respiradores. En ese momento inicial, “solidaridad” fue un término clave para designar tanto el sentido de las medidas sanitarias como la inauguración de un nuevo tiempo, una narrativa de discontinuidad con el gobierno precedente. En línea con lo que sostienen Carla del Cueto y Nicolás Viotti (2020), estos enunciados remiten a narrativas más duraderas acerca de la idea de nación. Pero las condiciones de vulnerabilidad de vastos sectores de la sociedad, el crecimiento del número de internados y muertos y las urgencias económicas fueron minando la confianza; simultáneamente, la contienda pública con la oposición obligó al gobierno a una continua recreación de la credibilidad. La llegada de las vacunas dio lugar a un nuevo tiempo esperanzado que, en razón de la historia de la vacunación en la Argentina, contaba con una amplia adhesión colectiva, pero ya por entonces se había constituido un escenario donde se representó, a través de diversas acciones, una contienda moral, la cual embistió contra el incipiente futuro pospandémico. En los atolladeros de un presente que parecía perpetuo, el confinamiento y las vacunas fueron un modo a través del cual se puso sobre la mesa dilemáticamente el destino de la Nación.
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