“Resistir haciendo”. Estrategias socio-comunitarias de la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez, Santiago del Estero, Argentina

“Resisting by doing”. Socio-community Strategies of the Mesa de Tierras of Jiménez County, Santiago del Estero, Argentina

Fecha de envío: 13 de marzo de 2023. Fecha de dictamen: 23 de mayo de 2023. Fecha de aceptación: 22 de junio de 2023.

El avance de la frontera agrícola en la Provincia constituye para las comunidades locales del espacio rural una problemática que se ha incrementado desde la década de 1970. A lo largo de todo este tiempo, los conflictos emergentes por formas distintas de apropiación de los bienes de la naturaleza dieron origen a la generación de espacios de organización de las comunidades locales en toda la Provincia.

En este contexto, en 2009 surge la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez a partir de la confluencia de organizaciones campesinas, comunidades locales, la Iglesia Católica y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Este espacio de organización constituye un ámbito de discusión, asistencia y elaboración de propuestas ante la conflictualidad emergente por el territorio.

La Mesa de Tierras ha venido desarrollando diversas acciones de resistencia: reuniones mensuales para pensar el territorio, feria de productores/as, mapeo colectivo de las comunidades, talleres para fortalecer la producción local (curtidos, queso, huerta, conservas, derivados de la algarroba, etc.), relevamiento de conflictos de tierra y fumigaciones, entre otras.

Este trabajo busca sistematizar estas acciones con el objetivo de analizar las estrategias socio-comunitarias de la Mesa a partir de la construcción de una matriz. La metodología utilizada es cualitativa, aplicando las siguientes técnicas: registro y análisis de datos, observación participante y entrevistas semi-estructuradas. Su aporte se basa en visibilizar otras formas de vida y resistencia en el territorio, principalmente a través de las articulaciones con otros actores territoriales.

The advance of the agricultural frontier in the province of Santiago del Estero, Argentina, has been a growing problem for local rural communities since the 1970s. Since that time, the emerging conflicts over different forms of appropriation of natural resources gave rise to the creation of spaces for the organization of local communities throughout the province.

In this context, in 2009 the Mesa de Tierras of Jiménez County was created from the confluence of peasant organizations, local communities, the Catholic Church and governmental and non-governmental organizations. This organizational space constitutes a space for discussion, assistance and elaboration of proposals in the face of the emerging conflict over the territory.

The Mesa de Tierras of Jiménez has been developing several resistance actions: monthly meetings to think about the territory, producers' fairs, collective mapping of the communities, workshops to strengthen local production (tanning, cheeses, vegetable gardens, preserves, carob derivatives, etc.), survey of land conflicts and fumigations, among others.

In this context, this work seeks to systematize these actions in order to analize the Mesa's socio-community strategies through the construction of a matrix. The methodology used is qualitative, and uses the following techniques: data recording and analysis, participant observation and semi-structured interviews.

The contribution of this work is based on making visible other forms of life and resistance in the territory, mainly through the articulations with other territorial actors.

El avance de la frontera agrícola en la Provincia de Santiago del Estero constituye para las comunidades locales del espacio rural una problemática que ha avanzado desde la década de 1970 y con mayor velocidad a partir de los años 1990 de la mano del agronegocio^[1]. Esto produjo un vertiginoso cambio en la estructura agraria y del paisaje, a partir de la expansión de superficies explotadas de forma extensiva (desmontando el bosque), por un sector empresario capitalista mayormente extraprovincial, para realizar ganadería de engorde o cría y/o agricultura de secano (inicialmente algodón, soja, sorgo, y desde finales de los 90 soja) (Dargoltz, 2003; de Dios, 2006). Esto profundizó la concentración de la tierra y la gran presencia de agrotóxicos^[2] en el paisaje rural, lo que adquiere gran relevancia en una provincia con el 31% de población rural (Indec, 2010), siendo la más rural del país en términos relativos.

La conflictividad generada en este proceso de expansión del agronegocio determinó nuevas relaciones sociales entre los/as actores/as dominantes y subalternos/as del territorio, en torno a conflictos no solo de tierras sino también ambientales. Diversos estudios se han centrado en el análisis de los procesos de resistencia haciendo hincapié en la capacidad agencial de las organizaciones y las estrategias de creación política en torno a problemáticas ambientales y a procesos de desterritorialización (entre otros, Merlinsky, 2008a y 2008b; Svampa, 2008 y 2010; Jara, 2014).

Las mesas de tierras^[3] son espacios de organización socio política que actúan a nivel local y en las que participan diversas organizaciones (Ledesma, 2020). La Mesa Provincial de Tierras de Santiago del Estero surge en 2000 y se encuentra integrada por representantes de las mesas de tierras locales y otras instituciones (de Dios, 2012). Desde 2005, el nuevo gobierno provincial de Gerardo Zamora abrió por primera vez instancias de diálogo con esta Mesa para empezar a diseñar alguna política pública que apuntase al problema de tenencia de la tierra. A partir de ello, se impulsó la creación de la denominada Mesa Tripartita^[4], abriéndose un registro para las familias poseedoras y un comité para las situaciones conflictivas derivadas de la problemática de tierras (de Dios, 2012).

De estas instancias de organización, se constituyeron diferentes mesas de tierras departamentales. En 2009, surgió la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez, a partir de un conflicto por la tierra que afectaba a la propiedad comunitaria de un grupo de familias de la localidad de Abra de San Antonio. Las familias involucradas enfrentaron el conflicto mediante un asentamiento que serviría luego de punto de reunión para promover la organización y evitar el avance de las máquinas (Pescio, Monzón y Román, 2015). A partir de este hecho, se inició el trabajo de la Mesa de Tierras, desarrollando diversas acciones: reuniones mensuales para pensar el territorio, feria de productores/as locales, mapeo colectivo de las comunidades, talleres para fortalecer la producción local (curtidos, queso, huerta, conservas, derivados de la algarroba, etc.), relevamiento de conflictos de tierra y fumigaciones, entre otras.

En este sentido, este trabajo busca sistematizar estas acciones con el objetivo de analizar las estrategias socio-comunitarias de la Mesa a partir de la construcción de una matriz. Para esto, se plantea en primera instancia el desarrollo de un marco teórico, seguido del enfoque metodológico en el que se apoya; luego, los resultados de la investigación; y para finalizar, las conclusiones.

Marx (2018) sostiene que el proceso de acumulación capitalista se basa en la separación de los/as productores/as locales de sus medios de producción. A esto, Giraldo (2018: 103) adhiere que “la escisión de los pueblos de sus territorios de vida ocurre no con la exclusión, sino a través de la expropiación de las condiciones de habitabilidad autónoma y su inclusión funcional al sistema, operación que se lleva a cabo a través de múltiples dispositivos desterritorializantes aglutinados bajo el nombre del «desarrollo»”. Este autor sostiene que la separación planteada por Marx requiere de una intervención en el orden de los afectos y los patrones sintientes con respecto a sus espacios de vida, lo que se provoca instaurando un régimen sensible que excluye el apego al lugar y el sentido de comunidad incorporando el valor económico.

Este cambio de valoración se observa en las nuevas representaciones sociales del espacio, donde ese espacio, que era infinitum, se vuelve finitum, transformándose en un bien tangible mercantilizado y transable en el mercado, perdiendo el valor de uso y adquiriendo un valor de cambio (Sacchi y Ledesma, 2020), lo que en términos de Harvey (2014: 33) “queda determinado por los costes reales de la producción más el beneficio, el coste del endeudamiento y la renta capitalizada (precio de la tierra)”.

Estos procesos generan escenarios con una fuerte conflictividad socio-ambiental. Las comunidades locales son acosadas y, despojadas de sus medios de vida, desarrollan diferentes estrategias de resistencia, las cuales se constituyen como parte de un proceso de reapropiación de la naturaleza.

Desde la etimología, la palabra resistencia proviene del latín resistentia, que hace referencia al verbo resistere, que significa mantenerse firme, persistir, oponerse reiteradamente sin perder el puesto. Está compuesta por el prefijo re-, que hace referencia a la intensificación de la acción, reiteración o vuelta atrás, y el verbo sistere (establecer, tomar posiciones, asegurar en un sitio). Según Hurtado y Porto Gonçalves (2022: 4 y 5), la resistencia sería

“[…] el poder que intenta crear situaciones, agrupaciones y acciones que se resisten a las imposiciones del poder dominante [...] cobra sentido, cuando hay un otro que oprime, humilla y expropia de forma permanente. El objetivo final [...] «no es directamente derribar o transformar el sistema de dominación, sino, sobre todo, sobrevivir —hoy, esta semana, esta estación— dentro de él [...]»”.

“[…] es un proceso “que se acumula y se refina en los espacios sociales propios de los dominados”; y no solo un momento en el cual se da una manifestación pública; es cotidiana, y puede ser tanto pública como oculta.

“[…] Así, además de las resistencias colectivas, organizadas, públicas con consecuencias revolucionarias y que desafían el sistema de dominación; también hay formas cotidianas de resistencia, que son incidentales, individuales, y tienen como propósito ganancias marginales […]”.

(Los encomillados remiten a citas que hacen los autores y cuyas referencias no tendría sentido incluir aquí.)

A su vez, Leff (2011) establece que estos grupos sociales forman parte de mundos en movimiento que, ante los cambios globales, se ven impulsados no solo hacia la resistencia sino también hacia la reinvención de sus identidades y la actualización de sus prácticas productivas. En este sentido, es importante investigar el continuum de la resistencia ya que esta se gesta en procesos de larga duración e incluye desde momentos de calma social aparente hasta los conflictos armados (Scott, citado en Henríquez y España, 2004).

En este trabajo, haremos hincapié en aquellas estrategias de resistencia socio-comunitarias que llevan a cabo los/as campesinos/as, las cuales definimos como un conjunto de mecanismos colectivos que promueven la participación y el empoderamiento de las comunidades “con el objetivo de alcanzar su reproducción social” (Cáceres, 1995: 3).

La metodología utilizada es cualitativa y recurre al estudio de casos, los cuales consisten en el abordaje de lo particular priorizando el caso único, donde la efectividad de la particularización reemplaza la validez de la generalización (Stake, citado por Neiman y Quaranta, 2006). Para esto, se utilizan las siguientes técnicas:

* Observación participante: participación activa en el proceso de funcionamiento de la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez y de las actividades que se desarrollan a partir de este espacio, así como en otras instancias organizativas de las comunidades. Esto se viene realizando desde las diferentes incorporaciones de los/as autores/as al espacio de organización.

* Entrevistas: se realizaron 12 entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores/as que forman parte de la Mesa de Tierras de Jiménez durante el mes de junio de 2022. Entre ellas, un/a integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena (en adelante SAFCI), cinco integrantes de diferentes comunidades, el párroco de la zona, el delegado comunal de Pozo Hondo, un/a integrante del INTA, un/a miembro/a del Comité de Emergencia y un/a fiscal federal.

Las entrevistas se estructuraron en dos partes: por un lado, se consultó sobre las características de la Mesa de Tierras del departamento y cómo es la participación del/de la entrevistado/a; y por el otro, se preguntó sobre las estrategias de resistencia socio-comunitarias o actividades que reconocía cada entrevistado/a como parte de este espacio organizativo. Particularmente nos interesa entender cuáles son las estrategias socio-comunitarias que lleva adelante la Mesa para la resistencia de las comunidades, cuáles son sus valoraciones sobre este espacio organizativo y el impacto que tienen en el territorio.

Estas estrategias serán categorizadas en términos de redes de relaciones formales y no formales, de formación, denuncias, comunicación, comercialización, protesta, participación y conocimiento del territorio, tomando como base algunos criterios de la teoría del acceso, de Ribot y Peluso (2003)^[5].

En palabras de las comunidades, la Mesa de Tierra de Jiménez es un espacio de articulación y de encuentro donde se canalizan las diversas problemáticas del territorio y las familias, con una fuerte connotación política y simbólica. En palabras de los/as entrevistados/as:

“La Mesa de Jiménez es un espacio, un espacio de participación, colectivo y abierto. O sea, cualquiera puede ingresar a la Mesa. Entonces no está cerrada para alguien. Inclusive creo que en una época se invitó a los dueños de las fincas y de todo lo demás, a que participaran en las reuniones [...] Un lugar de encuentro de las diferentes comunidades. Porque todos somos distintas comunidades y, bueno, es donde vamos con nuestra problemática y tratamos de darle una solución a eso”. (Entrevista 10, 22/06/2022.)

“La Mesa me parece que es [...] una mesa de encuentro, básicamente, donde más allá de la reunión estricta de la Mesa [...] me parece que es un ámbito de sentarnos con otros y con otras a poder compartir nuestras problemáticas y también nuestros sueños”. (Entrevista 4, 15/06/2022.)

“La mesa va tocando por localidad… y si alguno tiene un conflicto nos dirigimos para ahí, para ver en qué se le puede ayudar a los compañeros… te sirven las palabras de los compañeros que te cuentan el vivir de ellos, cómo se ha manejado la situación, cómo la llevan... y ahí toman perspectivas distintas”. (Entrevista 6, 15/06/2022.)

Uno/a de los/as referentes/as institucionales que se encuentra trabajando en la Mesa desde los inicios de la organización de las comunidades, que dieron lugar a este espacio de articulación, hace referencia a la gran innovación que fue esta estructura, que se formó en el marco de una fuerte conflictividad territorial:

“La Mesa de Tierras fue la estrategia que se alcanzó a diseñar en medio de un grave conflicto. Y fue una innovación en la Provincia, fue una de las provincias que avanzó en esta estructura. Es una estructura innovadora en el marco de la conflictividad territorial. Hay algunos que se han ido yendo más hacia estructuras internas de movimientos, y otros que nos veíamos como organizaciones independientes con un arco de una multiplicidad de actores sobre un ejercicio colectivo de diversidad de posiciones, diversidad de miradas [...] Recalco, Santiago del Estero tiene un legado innovador”. (Entrevista 8, 21/06/2022.)

Por último, el Intendente de Pozo Hondo afirma que “es para nosotros la expresión de preocupación y acompañamiento a las diferentes problemáticas que hay en el interior del Departamento Jiménez y de otros departamentos” (Entrevista 7, 15/06/2022).

Entre los objetivos que se destacan, se encuentran: (a) colaborar con el desarrollo de la zona; (b) propiciar y acompañar procesos donde las familias campesinas e indígenas tienen problemas de tierra, de agua y problemas productivos; (c) hacer foco en los problemas de agrotóxicos y envenenamiento de la tierra, el agua, las personas mismas y los alimentos; (d) asesorar en las problemáticas particulares y colectivas; (e) aportar a la defensa de la posesión de las comunidades y su derecho a la tierra.

Los/as actores/as involucrados/as son: la Iglesia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Comité de Emergencia, la Agencia de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena (SAFCI), el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES, UNSE y CONICET), familias campesinas e indígenas, organizaciones campesinas e indígenas (MOCASE), productores/as de la Asociación Zonal Campesina (AZCAM), la Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH) del Departamento Banda, la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (BePe), la radio comunitaria FM La Merced, referentes de la Comisión Municipal de Abra Grande (Departamento Banda) y la Municipalidad de Pozo Hondo. Si bien, en una etapa inicial, se intentó invitar a finqueros y productores de la zona en pos de buscar el bien común, no forman parte de esta organización dada las conflictividades ideológicas de base. Más allá de eso, se generan lazos individuales entre integrantes e instituciones (escuela, UPAS, policía) de la comunidad y finqueros permitiendo generar ganancias marginales (sueldos, aportes económicos a la escuela, mejoras en la zona, entre otras), a pesar de que ello obstaculiza las estrategias colectivas de resistencia que detallamos a continuación.

Redes de relaciones sociales. Entre los primeros mecanismos para garantizar el acceso a los bienes de la naturaleza, se encuentra la participación de las comunidades locales en diferentes espacios de organización, que finalizó con la construcción de esta estructura, la Mesa de Tierras de Jiménez. Este ámbito se encuentra íntimamente ligado a la Iglesia y se fue articulando con instituciones y otras organizaciones campesinas de la Provincia.

A partir de esta estructura, destacamos las redes de relaciones como mecanismo de resistencia, las cuales permitieron plantear estrategias de defensa ante conflictos, contar con el acompañamiento de representantes de otras organizaciones campesinas de la Provincia y fortalecer proyectos de vida alternativos al modelo hegemónico para permanecer en sus territorios.

Por otro lado, se destaca que como mecanismo de control se fueron estableciendo también una serie de acuerdos formales y no formales que detallaremos a continuación. Ambas formas de vinculación entre los/as integrantes de la Mesa permiten respaldar el modo de vida campesino, fortaleciendo a las comunidades locales.

Acuerdos formales. Los acuerdos formales son definidos por este trabajo como aquellos procesos que lleva a cabo la Mesa y son respaldados por programas, proyectos o convenios institucionales (de transferencia, de investigación y de extensión), los cuales surgen desde los diferentes organismos provinciales y nacionales, así como de organizaciones no gubernamentales (en adelante ONG´s).

Uno de los principales programas que vinculan a estas comunidades con el INTA desde 2004 hasta la actualidad es el ProHuerta^[6], una política pública gestionada entre el INTA y la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene como finalidad promover la seguridad y la soberanía alimentaria a través del apoyo a la producción agroecológica y el acceso a productos saludables para una alimentación adecuada, tratando de evitar la separación de los/as productores/as de sus medios de producción que propicia el proceso de acumulación capitalista (Marx, 2018). Este programa está dirigido a familias y organizaciones de productores/as en situación de vulnerabilidad social. La fortaleza que tiene este programa es que permite consolidar un grupo de referentes/as territoriales a través de promotores/as voluntarios/as que llevan a cabo esta política pública, acompañados/as por los/as técnicos/as. Esto construye un capital social que luego es responsable de traccionar y llevar a la Mesa las inquietudes de sus comunidades.

Por otro lado, si bien el Departamento se caracteriza por la disponibilidad de agua subterránea, este recurso actualmente se encuentra en escasez por lo que el municipio debe proveer de agua para consumo familiar y productivo. En ese contexto y dado que, en algunos casos, las familias no tenían receptáculos para recibir este volumen de agua, desde el INTA se realizaron dos proyectos: (a) construcción de cisternas de placas premoldeadas de hormigón con sistema de captación y conducción de agua de lluvia; (b) colocación de tanques plásticos con sistema de captación y conducción de agua de lluvia. A su vez, en articulación con la Fundación Aguas, se realizaron relevamientos socio-ambientales de más de 100 familias del Departamento en cinco localidades y análisis de agua físico-químico, bacteriológico y de presencia de agroquímicos (Bonilla, 2018). También con la Fundación se ejecutó el Proyecto de Agua Sana para las mujeres de Pacará, quienes recibieron tanques de 300 litros para reservorio de agua, con el objetivo de que desechasen los bidones de agroquímicos que cumplían esa función.

También se llevan a cabo diversos proyectos de investigación que se encuentran avalados por la Mesa y financiados por CONICET en el marco de becas doctorales y posdoctorales. Entre las temáticas abordadas se encuentran: gobernanza sobre el uso y la gestión de los bienes naturales, políticas habitacionales en contextos rurales y hábitat rural y condiciones de vida. Además, desde el INDES se implementa un proyecto de voluntariado UNSE en escuelas del Departamento Jiménez para trabajar la problemática de los agrotóxicos y la soberanía alimentaria a través de talleres.

Actualmente, hay un Proyecto de Bosque Nativo que articula ocho familias de la zona de Cashico y del Churqui con la UNSE y con la Asociación Civil Laudato Si. Esta última, a través de un proyecto pastoral para las parroquias de Jiménez, Pellegrini y Frías, adquirió un campo en El Añil financiado por párrocos alemanes^[7]:

“Son pequeñas familias productoras que tienen unas poquitas hectáreas. La idea es hacer un proyecto comunitario de todas esas hectáreas juntas para un manejo sustentable del monte. Y está además el campo que se ha comprado gracias a la ayuda de los alemanes en El Añil para la Asociación Civil Laudato Si. La idea es hacer de ese campo una especie de campo demostrativo y experimental con la idea de hacer algún centro educativo para los chicos y chicas del campo en el futuro”. (Entrevista 4, 15/06/2022.)

Por otro lado, desde la SAFCI se aprobó un proyecto de mercados de cercanía para AZCAM y otros posibles socios con la idea de fortalecer el espacio de la feria de productores/as de Pozo Hondo, que organiza la Mesa. Este proyecto es nacional y consiste en un financiamiento económico para la compra de infraestructura: gazebos, tablones, manteles y equipo de sonido. Paralelamente, en articulación con el INTA, se aprobaron dos proyectos nacionales en el marco de la ley ovina 25.422^[8], que dependen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: uno de ellos en la localidad de Tunales y el otro, en Cashico. Cada uno de ellos provee a las comunidades de un silo comunitario con 16 toneladas de maíz, máquina quebradora, cosedora, balanza y un botiquín comunitario para sanidad animal. La fortaleza de este proyecto consiste en que genera fondos rotatorios para seguir invirtiendo en la comunidad.

Acuerdos no formales. Los acuerdos no formales son aquellos procesos que surgen de la red de relaciones que se mantienen en la Mesa, pero que no están respaldados por programas, proyectos o convenios institucionales.

A partir de la intensificación de las prácticas agrícolas y el uso masivo de agrotóxicos, la lucha contra la contaminación ambiental tomó mayor importancia. Dado que la mayoría de los grandes productores de la zona identificados son tucumanos, el contacto con la Fiscalía Federal, a partir de finales de 2019, se convirtió en una estrategia para poder canalizar ciertas denuncias. Esto permitió realizar dos talleres denominados “Fumigaciones, nuestra salud y nuestros derechos” (ver en Formación) y generar una triangulación entre la Fiscalía Federal, la Fiscalía Provincial y las comunidades para agilizar la toma de denuncias y el proceso judicial necesario. En palabras de una fiscal federal:

“Cuando llega una denuncia y no se puede justificar la competencia federal, yo le doy aviso al coordinador del Ministerio Público Fiscal de las Termas y él toma intervención con algunos de sus fiscales auxiliares [...] Pero es así la cuestión, se trata de dar una respuesta a la gente. No de decir «no es de mi competencia» y darse vuelta”. (Entrevista 12, 27/06/2022.)

Esto es sumamente valorado en la comunidad, dado que ha permitido que las familias aprendan a generar pruebas para poder sostener las denuncias que realizan, así como también formar al personal policial para tomarlas o derivarlas. Como consecuencia de esto, se encuentran en curso varias denuncias y se han confiscado mosquitos^[9] que no cumplían con las normas para fumigaciones. Sin embargo, también se destaca que se mantuvo un mayor control en la primera etapa de consolidación de esta triangulación, a finales de 2019.

“Un poco antes de la pandemia, por ahí venían aquí y daban una vuelta o se los llamaba y ellos venían [se refiere a las fiscalías y la policía]. Cuando se movieron, han hecho secuestro de maquinaria. Ahora, que no hay control, veo que vuelven a hacer lo mismo [se refiere a los finqueros]”. (Entrevista 10, 22/06/2022.)

Formación. Podríamos decir que la adquisición de saberes constituye una de las herramientas históricas de resistencia contra la opresión de los pueblos. El conocimiento, comprendido en este caso como instrumento de poder, les permite a las comunidades frenar o ralentizar de alguna manera su forzada y constante exclusión de un sistema que no solo no las hace partícipes de su estructura, sino que las identifica como nocivas para su apto funcionamiento. En otras palabras, las producciones locales de pequeñas comunidades rurales no son rentables para el sistema capitalista, por lo que su ideal sería que cesaran de existir. Es por ello que identificamos esta categoría como una de las estrategias de resistencia socio-comunitarias impulsada desde la Mesa de Tierra, dado que permite visibilizar los modos de producción campesina generando mejoras y fortaleciendo el apego a sus modos de vida y de habitar.

Dentro de ella se pueden nombrar una variedad de talleres, cursos, charlas y capacitaciones que la Mesa articula con distintos organismos e instituciones, pensados y desarrollados para las necesidades de los/as habitantes del Departamento.

Una de las instituciones más presentes en el territorio es el INTA, que ofrece múltiples capacitaciones entre las que se encuentran: (a) huerta familiar a familias y escuelas; (b) lombricultura; (c) cuidado de plantas frutales; (d) crianza casera de gallinas; (e) pollos parrilleros; (f) elaboración de alimentos balanceados con producción local; (g) sanidad animal; (h) elaboración de panificados; (i) producción de harinas del monte; (j) chacinados con carne de cabra; (k) aprovechamiento de leche de cabra, dulce, yogur y quesos pasteurizados; (l) conservación y curtido de cueros (junto al INTI, 2010); (m) aplicación de la ley de agroquímicos provincial (junto a la Dirección General Agricultura y Ganadería de la Provincia, 2017 y 2020).

Esta última en particular fue muy importante, ya que permitió confrontar ambos tipos de modelos de desarrollo: el uso de agrotóxicos con buenas prácticas en contraposición a la agroecología. Además, algunos/as integrantes de la Mesa consideran que esto promovió un acercamiento con la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Provincia, que es el organismo de control en el uso de los agrotóxicos.

En este marco, de 2015 a 2021, junto con la Fundación Aguas se llevaron a cabo dos tipos de talleres: (a) de concientización sobre la contaminación de agua en las escuelas; (b) sobre cuidados y aprovechamiento del agua para consumo humano.

Paralelamente, la SAFCI ha trabajado articuladamente con INTA y AZCAM para la generación de espacios de formación, como ser la capacitación en manipulación de alimentos.

La Mesa también se destaca por generar charlas y capacitaciones relacionadas a temáticas ambientales, políticas y/o religiosas a partir de la red de relaciones establecidas con algunos/as actores/as del gobierno: (a) capacitación de jóvenes sobre peronismo y Doctrina Social de la Iglesia (impulsada por la Mesa y la Parroquia, y con apoyo de la vicegobernación de la Provincia); (b) jornada de capacitación sobre derecho ambiental (organizada por la Mesa y dictada por referentes de la Fiscalía Federal).

Durante 2019, se llevaron a cabo dos talleres organizados por el INDES (uno en Bobadal y otro en Pacará) sobre la temática de los agrotóxicos y los derechos de la comunidad. Estos talleres tenían como finalidad trabajar la denuncia como herramienta para las comunidades, a través del conocimiento de las leyes y los medios necesarios para realizarlas.

Por último, desde la UNSE se hicieron capacitaciones para la cosecha y producción de harina de algarroba a partir de una demanda de la comunidad para aprovechar este producto no maderero del monte. En ese contexto, la comunidad de Cashico concretó la adquisición de molinos para la elaboración de esta harina, con la cual se fabrican productos panificados. Esto constituye una reinvención de sus prácticas productivas (Leff, 2011), buscando diversificar las actividades y generando una alternativa de vida que les dé ganancias económicas para sostener la vida en sus territorios.

Denuncias. En aquellos conflictos en los que impera la violencia, no solo física sino también simbólica, las comunidades responden con denuncias formales ante entidades como la policía, la fiscalía y órganos de aplicación de las leyes correspondientes a la problemática. Cabe destacar que generalmente, previo a radicar la denuncia formal, los damnificados toman contacto primero con integrantes de la Mesa para recibir las recomendaciones sobre los pasos a seguir. Es decir, la Mesa acompaña en la orientación de las gestiones que debieran hacerse para que las denuncias puedan ser consideradas, dado que ya son conocidas las facultades que se toman los órganos encargados para burocratizar, ralentizar y tomar una postura arbitraria en perjuicio de quienes demandan garantías de derecho. Así, de los discursos se destaca el rol de la Iglesia en tomar el primer contacto con esta necesidad de denunciar escenarios de violencia:

“Y generalmente la Iglesia es la que toma las denuncias porque hay un vacío en ese tema [...] supuestamente la Agencia de Desarrollo como organismo representante del territorio del Ministerio de Producción debería tomar las denuncias [se refiere a denuncias por mal uso de agrotóxicos], pero bueno, la gente de la Agencia dice que no, dicen que no le compete. Ese es un problema, que no existe un organismo local que pueda tomar las denuncias de los productores, entonces la parroquia, que es digamos como el motor de la Mesa, es la que toma las denuncias”. (Entrevista 1, 02/06/2022.)

Estas denuncias, generalmente se concentran en torno a conflictos generados por el acceso a la tierra, el mal uso de agrotóxicos y el cerramiento de caminos comunitarios. Según el tema del conflicto, en la mayoría de los casos son radicadas como primera instancia en la sede policial más cercana; no obstante, también se efectúan directamente en organismos públicos como el Comité de Emergencias (conflictos de tierra), la Fiscalía Federal^[10], el Ministerio Público Fiscal de Termas de Río Hondo y la Dirección de Agricultura (conflictos ambientales), así como el Consejo Provincial de Vialidad (conflictos de caminos).

Cabe destacar que la ampliación de entidades para la radicación de denuncias por cuestiones ambientales estuvo signada por un encuentro clave de los/as integrantes de la Mesa con las fiscalías antes mencionadas:

“Una reunión que hemos tenido en El Bagual en el 2019, antes de la pandemia, donde había venido la Indiana [Fiscal Federal], Guzmán [Coordinador de Fiscales del Ministerio Público Fiscal] y la policía del Charco [...] Ahí fue un momento bisagra, las familias se animaron un poco más con el tema legal. Antes iban a la policía, no les daban pelota. Hasta que el fiscal Guzmán nos habilitó que podamos mandarle fotos, videos y él enseguida llamaba a la comisaría. A los dos minutos ya estaba la policía en el campo”. (Entrevista 4, 15/06/2022.)

“son delitos continuos porque la conducta típica se repite en el tiempo, y también son estacionales en época de fumigación, así que estamos esperando a que se realicen [...] A las familias les han perjudicado su patrimonio al tiempo que están contaminando suelo, agua y aire”. (Entrevista 12, 27/06/2022.)

Por otro lado, en estos conflictos, los finqueros despliegan amenazas y cometen daños contra las familias, quienes, como primera respuesta, denuncian formalmente las situaciones de violencia que viven. Así, tienen lugar las denuncias por robos y matanzas de cabras. “[...] Un momento del conflicto es la matanza de animales. Hay lugares donde se matan las majadas enteras porque entran al campo [se refiere al campo de los finqueros]” (entrevista 6, 15/06/2022).

Por último, la violencia simbólica expresada en las amenazas que los/as integrantes de la Mesa suelen sufrir, por pertenecer al espacio de organización, se ha visto materializada en actos que hasta el momento sufrieron los/as referentes (y allegados) más visibles en el territorio por su espíritu de lucha. Estas personas resultaron amenazadas en expresa manifestación del interés de disolver el espacio de la Mesa y en otros casos de neutralizar algunas de sus estrategias. “Él también quiere que se desarme la Mesa [se refiere a un postulante para comisionado municipal…] porque él está apoyando una parte de los empresarios” (entrevista 6, 15/06/2022).

Ante la opresión y las múltiples manifestaciones de violencia, las comunidades responden con esta estrategia, de manera colectiva o individual, que tiene una manifestación pública.

Comunicación. La Mesa reconoce que uno de sus logros más considerables, entre las diversas estrategias implementadas desde su formación, es el nivel de difusión que consiguieron darle a las problemáticas relacionadas con las fumigaciones y los conflictos de tierra, así como a distintas actividades, por ejemplo, la feria de productores y los diversos talleres y charlas. A partir de esto, la Mesa logra posicionar al Departamento Jiménez dentro del mundo globalizado e interconectado de internet, decisión que termina de definir a las comunidades en la disputa por su territorio, que deja de resistir en silencio para pasar a visibilizar constantemente su lucha.

Dentro de las diversas estrategias de comunicación encontramos: (a) creación de la radio comunitaria La Merced, en 2009: (b) creación de una cuenta de Facebook, “Paren de Fumigarnos”^[11]; (c) creación y difusión de videos de canciones de niñas pertenecientes a la comunidad de Los Soraires referidas a las consecuencias de las prácticas del agronegocio; (d) noticias publicadas en diversos medios nacionales y provinciales; (e) comunicación vía Whatsapp de conflictos, denuncias y estrategias de acción; (f) diseño y circulación de flyers informativos sobre charlas, capacitaciones y actividades de la feria de productores/as; (g) diseño de trípticos sobre “Fumigaciones, nuestra salud y nuestros derechos”.

Comercialización. Otra de las estrategias de resistencia socio-comunitaria de la Mesa es el trabajo de fortalecimiento de agregado de valor a las producciones locales para su comercialización y venta. En esta tarea se destaca la capacitación en manipulación de alimentos impartida por el INTA y la SAFCI, donde se enseña lo establecido por el Código Alimentario para el ejercicio de buenas prácticas de manufactura de alimentos, abordando cuestiones como la contaminación alimenticia, los principios de inocuidad y lo que respecta a enfermedades transmitidas por alimentos. El curso brinda las herramientas necesarias para poder rendir luego el examen en Bromatología de la Provincia con el fin de obtener el carnet que habilita a cada quien a vender lo que produce.

Otra de las actividades impulsadas por la Mesa para fomentar la comercialización local es la creación de la Feria de Productores/as que se realiza una vez al mes, aproximadamente, en la plaza de Pozo Hondo. En ella, los/as productores/as tienen la posibilidad de exponer y visibilizar las concreciones de diferentes oficios. Entre las diversas producciones se encuentran dulces de conserva, escabeches varios, quesos, panificados, frutas y verduras, chacinados, etc. También artesanías en cerámica, tejidos y productos de cuero, entre otros.

Dentro de las producciones locales, se destaca la reciente incursión de un grupo de campesinos/as pertenecientes al paraje de Cashico, en la producción de harina de algarroba y productos derivados. Esta actividad fue posible principalmente gracias al empuje del grupo de campesinos, y también gracias a la articulación de la Mesa con profesionales de la UNSE, quienes acompañaron el proceso a través de capacitaciones.

Protesta. Según los relatos de algunos/as participantes, a mediados de 2000, se sucedieron dos conflictos fuertes en diferentes zonas del Departamento Jiménez, siendo estas estrategias de resistencia colectiva con manifestación pública:

“Fuimos con varios compañeros desde la ONG SEPYD [Servicio de Educación Popular y Desarrollo] al conflicto de San Félix y Vitiaca. Estábamos volviendo a Santiago y nos llama Claudia Ríos [del Comité de Emergencia], para contarnos que se había desatado un conflicto en Abra Grande, Abra de San Antonio, Cerrillos y Palo Quemado. Y nos pide que nos quedemos ahí después de haber estado casi una semana metidos [en el otro conflicto].

[...] Así es como llegamos a la zona de Abra Grande y participamos de la creación de la primera Carpa Negra. Así se terminó llamando, y después se convirtió en una asociación, en una organización de productores/as, huerteros/as y campesinos/as. Eso fue un 8 de julio y teníamos que aguantar hasta el 9 de julio, con amenazas, nos rodeaban gente armada con perros y todos teníamos que aguantar [...] porque venían otras organizaciones de apoyo. Y esa madrugada llega una camioneta blanca, que no sabíamos quiénes eran ni a qué venían, y ahí se los reconoce que eran los curas [...] Para nosotros eso fue un inicio de la propuesta de lo que es hoy la Mesa de Tierras de Pozo Hondo”. (Entrevista 8, 21/06/2022.)

En este relato, se destacan tres instituciones y/u organizaciones que acompañaron este proceso de conformación de la Mesa desde los inicios: la ONG SEPYD, el Comité de Emergencia y la Iglesia. Con el foco puesto en la problemática de la tierra, la segunda (perteneciente a Jefatura de Gabinete de la Provincia) tuvo un papel fundamental en la lucha contra el desalojo y la resistencia de ciertas comunidades del Departamento. Los/as actores/as que forman parte de esta institución estatal conformaron la Mesa desde sus inicios, dado que participaban en las diferentes acciones de resistencia de las familias. La tercera, de la mano de párrocos que se dedican al trabajo comunitario, es una de las instituciones que mayor acompañamiento hace a la Mesa y a las comunidades, por su mayor cercanía en el día a día:

“El acompañamiento que hacen los representantes más fuertes de la Mesa, como ser los curas de opción por los pobres, que son los que más en contacto están con las poblaciones, me parece que hace que la gente no baje los brazos y que sepa que tarde o temprano va a tener una respuesta y que van a empezar a respetar sus derechos de poder vivir sin que les fumiguen encima, como dicen ellos. Ellos han optado por quedarse en sus lugares, porque son sus hogares, y también tienen el derecho a un ambiente sano, como tenemos que tener todos y que los chicos también puedan ir a la escuela rural, a la UPA (Unidad de Pronta Atención), jugar en el campo, en sus casas o en el monte sin que tengan que estar absorbiendo veneno todo el día”. (Entrevista 12, 27/06/2022.)

Otra forma de resistencia es la no participación en las capacitaciones que realizan las instituciones que apoyan este modelo productivo hegemónico y las fumigaciones con agrotóxicos. Entre ellas, algunos/as integrantes de la comunidad destacaron una capacitación sobre buenas prácticas agrícolas confeccionada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (en adelante, CASAFE) en el Bobadal (Departamento Jiménez). Según un relato:

“El CASAFE creo que hizo una capacitación en el Bobadal, Jiménez. [...] Querían que vayan miembros de la Mesa y que viéramos el tema de la deriva^[12] y todo lo demás, [...] o sea ellos te van a mostrar lo que son las aplicaciones en condiciones óptimas y también te muestran un solo tipo de deriva que es la deriva que uno ve”. (Entrevista 10, 22/06/2022.)

Este tipo de debates y decisiones sienta las bases de la posición que tienen las comunidades, organizaciones e instituciones sobre las prácticas y los modos de vida y habitar campesinos, así como también fortalece los lazos internos de los/as compañeros/as, lo que impacta en el orden de los afectos (Giraldo, 2018).

Participación. La participación puede considerarse como uno de los primeros mecanismos accionados como estrategia socio-comunitaria de la Mesa para garantizar el acceso a la tierra y a un ambiente sano. Cuando la conflictividad pone en peligro su permanencia en sus territorios y sus proyectos de vida, la participación de familias y organizaciones campesinas en la Mesa constituye el primer eslabón del proceso de lucha, ya que:

“[...] congrega un espacio donde se acompaña procesos cuando las familias campesinas e indígenas tienen problemas de tierra, de agua, problemas productivos. En este caso también haciendo foco en los problemas de agrotóxicos y envenenamiento de la tierra, el agua y las personas mismas. y donde participan como actores principales las familias campesinas indígenas y organizaciones e instituciones [...]”. (Entrevista 11, 26/06/2022.)

Sin embargo, a pesar del interés por la participación en el espacio de organización, existen condiciones que le ponen un límite a la convocatoria de las reuniones que la Mesa suele efectuar. Entre estas limitaciones se identifican algunas de tipo coyunturales, como por ejemplo la inaccesibilidad a los encuentros debido a largas distancias (extensa área de influencia de la Mesa) y otras de tipo estructurales, como los vínculos laborales y vínculos de “solidaridad” con los finqueros contra los que se mantiene la lucha por sus modos de apropiación y malas prácticas.

Los vínculos laborales suelen mantenerse entre los propietarios de las fincas y los padres de familia (a veces también con sus hijos/as), donde los últimos, por temor a la pérdida laboral, no reclaman derechos y en algunos casos ni advierten la peligrosidad de las actividades que mantienen con el empleador: “[...] Ha tenido chicos [hace referencia a niños trabajando en la finca], ponele, de 10 a 14 años. Fácil debe ser que había como 15 chicos trabajando. Cortando yuyos con los padres” (entrevista 6, 15/07/2022).

Los vínculos de solidaridad se establecen entre: (a) los dueños de las fincas y la escuela, a través de donaciones de alimentos, bebidas y dinero que realiza el finquero para la escuela —“A la escuela le regala un cajón de pollo, pack de gaseosa, y quedan callados [...] plata para el bingo” (entrevista 6, 15/06/2022)—; (b) finqueros y familias, donde los primeros les ofrecen el permiso para acceder al rastrojo para forraje. En estas situaciones se puede observar cómo opera ese nuevo régimen sensible que excluye el apego al lugar y el sentido de comunidad, poniendo en primer término el valor económico, dado que desde las prácticas individuales y colectivas (instituciones) se privilegia la obtención de ganancias marginales.

Por otro lado, la articulación de la Mesa en espacios institucionalizados constituye una de las estrategias que consideramos le ha ido otorgando una legitimidad por parte del Estado. La mayoría de los/as actores/as que participan en la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez y otras comunidades de la Provincia, junto a instituciones nacionales y provinciales, integran la denominada Mesa de Agrotóxicos. Su origen fue a fines de 2019 para trabajar la problemática de la contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos por parte de la industria agrícola y agropecuaria.

A partir de estos vínculos, se estableció un pedido de participación en el proceso de modificación de la Ley de Agroquímicos^[13], cuyo precedente estuvo también marcado por una mediática difusión de los conflictos ambientales en el territorio de la Mesa. Así, la participación como estrategia de acción busca activar la voz de las comunidades en el proceso de formulación de políticas. Desde la voz de los/as referentes/as:

“[...] la ley que tenemos ahora es una ley muy vieja, y medio que no aplica a las condiciones actuales. Yo creo que también debería estar esa parte, ese componente que son los agricultores familiares o los campesinos, dando su opinión y su punto de vista”. (Entrevista 10, 22/06/2022.)

“[...] esta ley está muy obsoleta y muy desactualizada en relación a las sanciones que prevé para los empresarios que fumigan cuando no cumplen con la normativa vigente para evitar que ocurran las cosas que están ocurriendo”. (Entrevista 12, 27/06/2022.)

Conocimiento del territorio. Con motivo de diseñar estrategias en torno a los conflictos territoriales y ambientales, la Mesa planteó la necesidad de conocer todos los/as actores/as del territorio y sus acciones. Pensando en ello, se dio origen a un proceso de mapeo colectivo en el que se busca identificar en el espacio geográfico a las comunidades, las instituciones, los finqueros y los caminos vecinales^[14]. En palabras de uno/a de los/as actores/as, este proceso “sirve para un montón de cosas: para darle dimensión real al territorio. Cosas concretas pero que, a veces, el tenerlas todas juntas y el poder visibilizarlas ayuda mucho [...]” (entrevista 4, 15/06/2022).

Los resultados obtenidos con esta herramienta permiten gestionar políticas públicas en el territorio y diseñar propuestas para el tratamiento de conflictos: “Te da muchos argumentos y herramientas, que si vos le hablas así [se refiere a sin tener el mapa], uno no dimensiona. Me parece que con el mapa, con la computadora o el mapita de papel, uno tiene muchos argumentos para pedirle algo” (entrevista 4, 15/06/2022).

En sus inicios el proceso se llevó a cabo por el grupo de Educación, Ambiente, Hábitat y Territorios (INDES, UNSE y CONICET) y el INTA, a partir del diseño de un taller para el mapeo colectivo de la comunidad de Los Soraires y de las comunidades aledañas que participaron (Ledesma, Garay, Maguna y Coronel, 2021). Posteriormente, en 2021, las nuevas restricciones por la pandemia de Covid-19 hizo que el trabajo fuera delegado a las propias comunidades con asesoramiento técnico virtual y la confección de cartillas y videos explicativos sobre cómo llevarlo a cabo. En ese contexto, los/as referentes/as se apropiaron de las herramientas y técnicas diseñadas para el caso, al tiempo que los datos obtenidos se procesaron en las mencionadas instituciones. Luego, al retorno de las reuniones presenciales, la Asociación Civil Laudato Si profundizó este mapeo con la consigna de construir el territorio deseado, permitiendo proyectarse en su propio hábitat, y se retomaron los talleres de mapeo de forma presencial en otros territorios, como Casilla del Medio y Toro Pozo. De este modo, hasta el momento se encuentran mapeadas las siguientes comunidades: El Churqui, Puesto de Libertad, Toro Pozo, Pacará, Pozo del Guayacán, El Alto, Casilla del Medio, El Charco, Santa Felisa, Los Soraires, Mujer Muerta, Las Abras, Bagual, Pozuelos, Pozo Cavado, Tres Cruces, Suri Pozo, Pozo Hondo, Cashico, El Añil, Las Lomas y La Pajosa.

Esta investigación se planteó sistematizar las acciones de la Mesa de Tierras del Departamento Jiménez con el fin de analizar las estrategias de resistencia socio-comunitarias, a partir de una metodología cualitativa que recurrió al estudio de casos con técnicas de observación participante y entrevistas. Para la sistematización de la información, se construyó una matriz que facilita el proceso de traducción de las experiencias y la comparación con futuros estudios de caso, principalmente con otras mesas de tierras de la Provincia.

Cada una de las estrategias de resistencia socio-comunitarias detectadas (redes de relaciones formales y no formales, formación, denuncias, comunicación, comercialización, protesta, participación y conocimiento del territorio) permite dar cuenta de la necesidad de las comunidades de sostener sus modos de vida, su afectividad hacia su comunidad y su territorio, en el marco de fuertes conflictividades contra un modelo de desarrollo que pone en primer lugar el valor de cambio y no comprende a estos espacios como territorios de vida. A su vez, las estrategias mencionadas dan cuenta de las diferentes formas de organización colectiva manifestando un discurso público de resistencia en respuesta a las violencias generadas por el modelo de desarrollo hegemónico y las ausencias del Estado.

De acuerdo con el análisis de las relaciones sociales que habilitan acuerdos formales e informales, es importante hacer énfasis en el complejo y contradictorio escenario en el que se desarrolla el accionar de la Mesa de Tierras de Jiménez, dado por la presencia de diversos/as actores/as en un mismo territorio, así como los conflictos y los acuerdos informales que entre ellos/as se establecen. Por un lado, esta estructura permite viabilizar demandas históricas de las comunidades y fortalecer el proceso de resistencia. Pero, por el otro, la ausencia de algunos organismos del Estado, la mirada simplificadora o hegemónica de algunas instituciones presentes y el desfinanciamiento de políticas públicas que buscan fortalecer el sector campesino, profundiza las desigualdades a las que se enfrentan las comunidades y las instituciones (UPAS, escuelas, entre otras), las cuales se ven empujadas a recurrir a otros/as actores/as, como los finqueros, para solucionar problemas y/o afrontar carencias, adquiriendo ganancias mínimas o marginales. Con ello, se crean vínculos que limitan no solo la participación en la Mesa, sino también la ejecución de denuncias y la conformación de prácticas organizativas, sumado a la incorporación de un nuevo régimen de afectividad que transforma sus modos de vida adaptándolos a un modelo hegemónico perjudicial para su salud y su comunidad. Este escenario se constituye en un modo de control en forma indirecta por parte del capital, siendo éste que se presenta como más eficiente y menos riesgoso, aunque representa un dispositivo desterritorializante de la población.

Entendiendo que el proceso de resistencia es un continuum, se puede observar cómo han ido variando sus características a lo largo de los años, principalmente porque la mayor o menor intensidad de las luchas depende fuertemente de ciertos actores, como los referentes religiosos de turno. Esto se convierte en una debilidad del espacio, ya que cuando los curas son trasladados, se produce una desarticulación de todo el proceso de organización política construida y la consiguiente discontinuidad de las acciones organizadas.

A partir de 2020, con la irrupción de la pandemia de Covid-19 y las restricciones preventivas implementadas en nuestro país, se vieron afectadas las reuniones presenciales. Cuando se retornó a las actividades presenciales, se observó una dificultad para restablecer las reuniones periódicas. Sin embargo, las acciones territoriales continúan realizándose, fortaleciéndose y multiplicándose a partir del trabajo articulado entre los/as integrantes de la Mesa.

Por todo ello, este trabajo visibiliza las diversas estrategias de resistencia socio-comunitarias cuyos logros permiten generar proyectos de vida que buscan garantizar la permanencia de las comunidades en el territorio, mantener las prácticas agrícolas tradicionales y los modos de habitar campesinos reinventándose. Si bien no se ha logrado transformar el modelo agrícola de los finqueros, ni que cesen las fumigaciones y las usurpaciones, se intenta lograr una alternativa de vida que resista en el territorio, luchando contra la escisión de estos pueblos de sus territorios de vida e impactando en el orden de los afectos.

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[1]Notas

El agronegocio es una lógica de producción o un modelo productivo que tiene una serie de pilares o elementos sobre los que se apoya: las biotecnologías; la importancia que cobra el capital financiero en la producción agropecuaria, que obviamente no es nuevo; el uso de insumos industriales, que tampoco es nuevo en el agro, pero se potencian y se articulan de una manera particular en el agronegocio; nuevas modalidades de organización de la producción que son extremadamente flexibles; la gran escala y la centralidad que tienen en esa lógica productiva un número reducido de cultivos, que son aquellos en los que las empresas transnacionales desarrollaron las biotecnologías y que algunos autores llaman cultivos flexibles (Gras y Hernández, 2013).

[2] La representación del mundo social “se deposita en las palabras comunes, términos performativos que constituyen el sentido del mundo social tanto como lo registran, consignas que atribuyen a producir el orden social” (Bourdieu, 2011: 187). “En este contexto, la palabra agrotóxicos se utiliza como un modo de dar lucha a una problemática a la que se enfrentan aquellas poblaciones de hábitats con fuerte territorialización de cultivos transgénicos sujetos a la fumigación sistemática, las cuales son expuestas a una toxicidad crónica debido a la exposición repetida y a largo plazo, lo cual produce daños a la salud e incluso muertes que son naturalizadas” (Garay, 2018: 222).

[3] En Santiago del Estero, se identifican: Mesa Parroquial de Tierras de Nueva Esperanza, Mesa Regional de Tierras del Salado Norte, Mesa de Tierras del Departamento Jiménez, Mesa de Tierra del Departamento Moreno, Mesa de Tierras de Río Hondo, Mesa Territorial de Garza, Mesa de Articulación de Tierra del Departamento Robles, Mesa Parroquial de Loreto, Mesa Regional de Tierra Choya-Guasayán, Mesa Zonal Guasayán, Mesa Parroquial de Tierra de Villa La Punta, Mesa de Tierra del Departamento Figueroa, Mesa Zonal del Ámbito de Tierra (MEZAT), Mesa de Tierra de Ojo de Agua (Ledesma, 2020).

[4] Mesa Tripartita: integrada por representantes del gobierno nacional, por la Jefatura de Gabinete de la Provincia y por la propia Mesa Provincial de Tierras (de Dios, 2012).

[5] Jesse Ribot y Nancy Peluso (2003) se basan en la premisa de que el acceso a los recursos no es simplemente una cuestión de ubicación geográfica o de propiedad legal, sino que es un proceso social y político complejo, por lo que desarrollan la teoría del acceso, un método de análisis en el que se identifican y mapean los mecanismos mediante los cuales se obtiene, controla y mantiene el acceso a los recursos naturales. Para ello identifican dos categorías que permiten mapear los mecanismos: el acceso basado en derechos y el acceso estructural y relacional. La primera se refiere a los mecanismos legales (ley, costumbre o convención) e ilegales (violencia, robo y coerción) para beneficiarse de los recursos; la segunda, a cómo se obtienen, controlan y mantienen los beneficios (tecnología, capital, mercados, trabajo, conocimiento, autoridad, identidades y relaciones sociales).

[6] Entre las estrategias implementadas por esta política pública se encuentran: (a) el impulso de huertas y granjas agroecológicas (familiares, escolares y comunitarias/institucionales); (b) asistencia técnica y capacitación; (c) educación alimentaria y ambiental; (d) fortalecimiento de proyectos productivos y de acceso al agua; (e) apoyo a la comercialización a través de mercados de proximidad y ferias populares.

[7] El proyecto pastoral de comunidades eclesiales ecológicas tiene como objetivo cuidar el monte a través de diversas estrategias socio-comunitarias.

[10] La Fiscalía Federal tiene habilitada su intervención dado que los conflictos ambientales implican zonas de fronteras provinciales, en las que aviones fumigadores de origen tucumano —demandados— aplican los productos agrotóxicos sobre suelo santiagueño.

[12] Deriva: desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco determinado, transportado por masas de aire o difusión (Massaro y García, 2018).

[13] Ley Provincial de Agroquímicos 6.132, sancionada en 1994 y en cuyo artículo 1 se plantea como objetivo “[...] la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria, en tratamientos con plaguicidas en zonas rurales a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información planificada”.

[14] Comunidades: cantidad de familias, conflictos, actividades productivas y recreativas. Instituciones: educativas, sanitarias, policiales, municipales. Finqueros: particulares y empresas, extensiones aproximadas, cultivos, manejo agrícola. Caminos: de acceso a las comunidades, los clausurados por los finqueros, el estado de los caminos.

Estrategias socio-comunitarias: medios, procesos y relaciones mediante los cuales se resiste en el territorio.	Redes de relaciones sociales formales y no formales: articulaciones internas y externas con organizaciones o grupos y acuerdos.
	Formación: talleres y capacitaciones.
	Denuncias: comprende las respuestas (denuncias formales a policía o fiscalía) ante las acciones de fuerza o amenazas que imparten violencia.
	Comunicación: en espacios de difusión local y provincial.
	Comercialización: implica infundir un interés económico a los bienes.
	Protesta: acompañamiento que implique protesta en el lugar del conflicto para la defensa del territorio ante amenazas de actores interesados, ajenos a la posesión.
	Participación: en espacios de organización, redes de organización, espacios institucionalizados (cristalizados por el Estado).
	Conocimiento del territorio: actividades que permiten reconocer el territorio.