Indicios de una interculturalidad pasiva (San Carlos de Bariloche, Argentina, 2015-2021)

Signs of a passive interculturality (San Carlos de Bariloche, Argentina 2015-2021)

Fecha de envío: 15 de noviembre de 2020. Fecha de dictamen: 19 de agosto de 2021. Fecha de aceptación: 15 de setiembre de 2021.

Los pueblos originarios que habitaban —y habitan— el territorio actualmente ocupado por el Estado argentino han sido objeto de una serie de procesos simultáneos de desposesión, discriminación y pauperización. No obstante, con el paso de las décadas y en el marco de la lucha que los primeros llevaran a cabo, el gobierno ha adecuado parte de su legislación a los requerimientos internacionales en relación con el respeto debido hacia los derechos de todos los pueblos.

En ese marco, la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche —principal núcleo urbano del territorio provincial— fue declarada formalmente como Municipio intercultural en 2015. Sin embargo, a pesar del pronunciamiento oficial y del compromiso exigible a los dirigentes locales, algunas situaciones dan cuenta de una aplicación superflua y acotada de la normativa, así como, también, de la pervivencia de una historiografía conservadora que incide con efectos reaccionarios en el accionar de los funcionarios.

Puntualmente, en base al análisis de circunstancias específicas bajo el marco intercultural de la legislación local vigente, el presente artículo se propone precisar falencias en el accionar del Municipio para dar cuenta de una postura vaga respecto del acompañamiento y salvaguarda de las comunidades mapuche. De esta manera, sin pretender que lo intercultural se agota en la relación pueblos originarios/Estado, el objetivo es encender una luz de alerta que motive un accionar superador por parte de quienes ejercen —y ejerzan— la función pública en la ciudad, bajo la convicción de que es necesario reivindicar los derechos del pueblo mapuche a su propia historia, territorio e identidad, todos ellos derechos humanos garantizados por la legislación internacional para todos los habitantes del planeta.

Aborigine community who inhabited —and still do inhabit— the territory currently occupied by the Argentina national state have suffered from simultaneous processes of dispossession, discrimination and pauperization. However, over the decades and within the framework of the struggle that communities have carried out, the government has adapted a part of its legislation to international requirements in relation to the respect for the rights of all people.

Thus, San Carlos de Bariloche —the most populated city in the province of Río Negro— was formally declared as intercultural Municipality in 2015. However, despite the official pronouncement and the commitment required from local leaders, some situations actually reveal a superfluous application of the stated principles, as well as an everlasting existence of a traditionalist historiography that has backward-looking effects on the representatives’ actions.

Based on the analysis of specific circumstances and within the framework of up-to-date local intercultural legislation, this article aims to point out inadequacies in the actions of the Municipality and at the same time account for a vague position regarding the accompaniment and defense of the Mapuche communities. In this way, even though interculturality isn’t restricted only to the relationship between government and indigenous communities, the main objective is to turn on a warning light that motivates an overcoming action on the part of those who have exercised —and exercise— any political function in the city under the conviction that it is necessary to vindicate the rights of the Mapuche people to their own history, territory and identity, as rights enshrined by international law for all the inhabitants of the planet.

Palabras clave: pueblo mapuche; San Carlos de Bariloche; derechos humanos; interculturalidad.

Keywords: Mapuche people; San Carlos de Bariloche; human rights; interculturality.

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, al oeste de la Provincia de Río Negro, San Carlos de Bariloche es una de las ciudades argentinas cuya Carta Orgánica, en concordancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que esta adhiere, reconoció la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio que actualmente ocupa. Fue en 2015 cuando la ciudad, luego de la sanción de la Ordenanza 2.641, incorporó los principios de interculturalidad a su Carta Orgánica^[1]. De esta manera, tras el reconocimiento de errores del pasado y en base a la promoción de medidas superadoras que habrían de abarcar a toda la sociedad barilochense, fue formalizado lo que debía ser el comienzo de un nuevo tipo de relación entre los habitantes de la ciudad.

Cabe destacar que, en relación directa con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con los principios de la Convención sobre los Derechos Humanos, las autoridades legislativas de San Carlos de Bariloche comprometieron sus esfuerzos, y los de los dirigentes por venir, no solo con el fomento de la integración y la convivencia basadas en el mutuo respeto, sino que, además, se exhortó al Municipio a tomar las medidas necesarias para que todo ello se materializara. Asimismo, la norma tuvo un claro sentido de reparación, en términos de revisión historiográfica, de lo que fuera la fundación misma de la ciudad^[2]. En relación con esto, resulta pertinente una aclaración: Bariloche es una ciudad que, tras su fundación en 1902, se brindó a sí misma una imagen semejante a las aldeas europeas de principios del siglo XX. Una estrategia^[3] que se fundamentó, por un lado, como vía de desarrollo económico y, por el otro, como respuesta a lo que sus nuevos habitantes pensaban tanto de sí mismos como de aquellos que pretendieran ocupar el espacio en el futuro (Mases, 2010b). Sin embargo, hacia principios del siglo XXI, la composición de la ciudadanía habla claramente de un pasado no precisamente europeo. Al mismo tiempo, la presencia de organizaciones mapuche como ruka mapuche y mapurbe (Hadad, 2014) prueba que existe un colectivo social que, desde hace años, trabaja en función de un reconocimiento reparador. A las organizaciones mencionadas, cabe agregar la Cooperativa Zuem Mapuche, el Centro Mapuche de Bariloche, el Consejo Asesor Indígena, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política (EAMyCP). Respecto de este último, fundado en 2010 y partícipe de la ordenanza que declaró la interculturalidad, es llamativo que ya en 2016 —apenas un año después de la declaración— presentara seis proyectos interculturales para que fueran incluidos —o, al menos, contemplados— en el presupuesto de dicho año^[4] sin que, finalmente, alguno de ellos contara con apoyo oficial.

En 2010, los resultados del censo nacional de población, hogares y vivienda expusieron que San Carlos de Bariloche era el municipio más poblado de la Provincia de Río Negro, y que el número de habitantes del territorio provincial que se reconocía como perteneciente a un pueblo originario alcanzaba al 7,1 por ciento del total de los residentes. Si bien la cifra puede parecer baja (45.375 personas), representaba casi el triple de la media nacional (2,4 por ciento). El mismo estudio determinó que, de ese total, del cual la gran mayoría (39.869) pertenecía al pueblo mapuche, el 81,9 por ciento vivía en áreas urbanas (Indec). Con estos números presentes y teniendo en cuenta que Bariloche continúa siendo la ciudad más poblada de Río Negro (en 2010 superaba los 133 mil habitantes), cabe suponer que el accionar del Municipio en defensa de los pueblos originarios a los que dice reconocer habría de ser notorio, al menos forzado por las estadísticas que sugieren que es la ciudad más poblada de la Provincia y con mayor presencia de habitantes indígenas, y que estos residen, en gran número, en los radios urbanos.

Los pueblos originarios de la región norpatagónica han sido y son los grandes impulsores de una serie de cambios que, con el paso de los años, las autoridades ejecutivas y legislativas de la ciudad se han visto en dificultades a la hora de ignorar. No obstante, una vez más, algunas acciones o la inacción misma parecen dar cuenta de una actitud confusa —si no negacionista o genocida— que no hace otra cosa que perpetuar viejas miradas respecto de la ocupación originaria del territorio y de los derechos adquiridos, con lo que ello supone para cientos de hombres y mujeres. Derechos cuya desestimación implica poner en riesgo el efectivo ejercicio de la interculturalidad como política de gestión municipal.

Desde el análisis de la historia local y en estrecha relación con la reivindicación de los derechos humanos, este trabajo intentará dar cuenta del proceder pasivo por parte del Municipio en materia intercultural. En particular se considerarán situaciones que demuestran de qué manera las autoridades municipales se abstienen de intervenir en defensa de los principios volcados en la Carta Orgánica. En primer lugar, ahondaré sobre algunas discusiones posibles en torno a la interculturalidad. En especial, indicaré ciertas diferencias sustanciales en relación con la multiculturalidad al mismo tiempo que puntualizaré cuál es el tipo de interculturalidad desde la cual se abordan las situaciones descriptas. Más adelante, se expondrán las circunstancias en las cuales una joven mapuche debió transitar la presentación de su bandera en la escuela primaria a la cual asiste, haciendo énfasis tanto en el avasallamiento del derecho a la identidad como en la abstención de las autoridades locales a la hora de intervenir en defensa de valores consagrados. Luego, me detendré en dos situaciones que muestran, por un lado, cuáles son algunos de los imaginarios colectivos en pugna dentro de la ciudad y, por el otro, cómo procede el Municipio en términos simbólicos frente al respeto por la otredad.

Siendo tan fecunda la producción de trabajos valiosos respecto de la definición, propósitos y posibilidades de la interculturalidad, considero necesario destacar desde qué punto de vista he de ponderarla a la hora de vincular los episodios seleccionados con el (no) accionar del Municipio de San Carlos de Bariloche. Asimismo, es importante reiterar que, si bien el presente trabajo se concentra en la relación entre el Municipio y el pueblo mapuche, los alcances de la interculturalidad exceden al vínculo Estado/pueblos originarios. Aclaración para nada caprichosa toda vez que, tal y como lo demuestran trabajos recientes sobre el tema, el mismo Municipio intercultural de San Carlos de Bariloche parece tener una comprensión acotada respecto de los alcances de la interculturalidad. (Guiñazú, Pell Richards y Díaz, 2020) En este contexto, consideraré la interculturalidad desde la perspectiva de Catherine Walsh y Patricio Guerrero Arias. Walsh sostiene que el ejercicio de la interculturalidad implica la creación de relaciones horizontales interétnicas, construidas mediante la elaboración de nuevos ordenamientos sociales apelando, para ello, a la necesidad de producir —entre otras cosas— nuevas prácticas pedagógicas, críticas/decoloniales, que visibilicen aquello que el multiculturalismo no logra poner de manifiesto (Walsh, 2007). En contraste con esta afirmación —y en acuerdo con Walsh—, Claudia Zapata realiza una crítica ilustradora del multiculturalismo sobre el cual asegura que representa, apenas, un reconocimiento limitado del indígena. Una acción que, si bien no es parte de un plan maquiavélico, ha operado como herramienta de neocolonialismo movilizando solo imágenes de raigambre colonial. Así, el multiculturalismo, como reflexión sobre la diversidad cultural y la necesidad de reconocerla, es materializado mediante un discurso funcional al control político que perpetúa el modelo de Estado occidental y su esquema de civilización por encima de la consideración plena respecto de los pueblos originarios (Zapata Silva, 2019). Asimismo, se trata de una perspectiva sobre la cual se han apoyado, por ejemplo, modelos de relación que no han obrado más que como herramientas de cooptación de valores (Comaroff y Comaroff, 2011). En este contexto, frente a la urgencia respecto de la necesaria transformación de instituciones y relaciones sociales, resulta notorio que, por oposición al multiculturalismo, la interculturalidad ha de modificar tanto las estructuras sociales colonizadas como el carácter monocultural y hegemónico del Estado (Walsh, 2008). Al respecto, más allá de que no anula la fuerza conceptual de lo escrito por Walsh, es interesante una crítica introducida por Sofía Soria (2014) en relación con la creencia errónea —según su punto de vista— de que es posible una sociedad donde todos los intereses estén representados y todos los conflictos derivados de la desigualdad se vean obturados.

Guerrero Arias (2008) destaca que la mera enumeración de lo diferente —e, incluso, el reconocimiento constitucional— no aporta en nada a un proceso de cambio superador en la medida que no se debe caer en la trampa de creer que allí donde se constate coexistencia y diversidad se haya instalada una sociedad intercultural. De hecho, tanto Walsh como Guerrero coinciden al destacar que la interculturalidad aún no existe, no obstante lo cual, al contrario de la multiculturalidad, cuyo tema de estudio es un hecho objetivo visible (es decir, la multiplicidad de culturas presentes al interior de una sociedad), nos encontramos frente a algo en “permanente camino, insurgencia y construcción" (Walsh, 2008: 141) que, de todas formas, configura una “utopía posible” (Guerrero Arias, 2008: 247).

En relación con la potencial materialización de lo intercultural, el filósofo, Fidel Tubino (2005) argumenta que, dado que lo que está en juego es la posibilidad de crear y recrear a la modernidad desde múltiples tradiciones, no debe soslayarse la existencia de distintos tipos de prácticas interculturales. Destaca, por un lado, la presencia de una interculturalidad funcional, mera reconocedora de la diversidad al interior de una estructura, y, por el otro, la existencia de una interculturalidad crítica, que busca promover el diálogo y la tolerancia modificando las causas de la asimetría social y cultural vigente mediante métodos políticos no violentos. Tubino subraya que el pacto social requiere de un diálogo de ancha base y de doble vía, en el marco del cual la cantidad de actores participantes sea la más amplia posible y el diálogo represente una herramienta de acercamiento, comprensión y reestructuración para todos los involucrados en igual medida.

Así, a la luz de las consideraciones de Walsh y Guerrero respecto de la interculturalidad, y amparado en la caracterización de crítica que le atribuye Tubino a una de sus variantes, será ponderado el accionar pasivo de las autoridades y funcionarios del Municipio de Bariloche. Una pasividad que no puede ser disculpada merced a la presión social de un sector votante^[5], en tanto la interculturalidad ha de ser una propuesta social, política y civilizatoria que emerja desde la insurgencia (Guerrero Arias, 2008).

Por otra parte, dado que el presente trabajo se propone llamar la atención sobre la falta de correspondencia entre lo declarado y la actuación —intervención— efectiva de los dirigentes locales, será indispensable tener en cuenta el marco legal vigente al cual la ciudad adhiere, pues de la pasividad expuesta se desprende una postura oficial respecto de la defensa de los derechos humanos. En relación con ello y con la aplicación de la palabra genocidio para este trabajo, el historiador y politólogo francés Jacques Sémelin (2010: 46), propuso una redefinición del término que “contribuye a la emancipación de las ciencias sociales en el ámbito de los estudios sobre el genocidio”. Partiendo de un análisis respecto de la inconveniencia de aplicar un concepto jurídico en el marco de las ciencias sociales, Sémelin plantea que es posible pensar en términos de un proceso organizado de destrucción de civiles. De esta manera, en acuerdo con Diana Lenton (2014), quien afirma que no es válido sostener la finalización súbita de un proceso genocida, Sémelin introduce una definición que implica pensar en un proceso cuyo análisis no puede acotarse al acto concreto de un crimen, sino que supone la ponderación de distintas formas de violencia ejercidas como resultado de un proceso complejo —no improvisado— de violencia canalizada para destruir, no exclusivamente en su forma física, a civiles (Sémelin, 2010).

San Carlos de Bariloche fue fundada oficialmente el 3 de mayo de 1902 sobre parte del espacio territorial que, desde tiempo ancestral, habitaba el pueblo mapuche. Producto de la llamada Conquista del Desierto (1879-1885), algunos de los integrantes de las comunidades que no fueron asesinados o trasladados a otros puntos del país se vieron forzados a buscar refugio al oeste de la Cordillera de los Andes, espacio ocupado por la República de Chile, donde también vivían numerosas comunidades mapuche igualmente perseguidas en el marco de la denominada Pacificación de la Araucanía (1861-1883). Luego de la Conquista, y en la medida que el Estado argentino se desentendió del espacio norpatagónico tras la repartición de sus tierras, algunos de los mapuche sobrevivientes emprendieron un retorno al este de Wall Mapu^[6] en un contexto de profunda desigualdad, ocultado o disfrazado por la historia oficial (Delrío, 2010; Kropff, Pérez, Cañuqueo y Wallace, 2019), y a merced de medidas tales como el reparto de las tierras fértiles entre los más acaudalados colonos pioneros y las menos productivas a manos de un puñado de desposeídos bajo la figura de permisos de pastaje provisorio^[7]. De tal manera —especialmente tras la fundación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en 1934—, la futura ciudad potenció la creación de su propia imagen a la medida de un espacio inhóspito reconvertido gracias al arduo trabajo de los pioneros (Méndez, 2010).

En este contexto desfavorable, la suerte de las poblaciones originarias quedó ligada inevitablemente a la marcha del nuevo rumbo económico, viéndose relegadas al rol de mano de obra explotada (Valverde, 2006; Mases, 2010a). La pauperización de la que fueron objeto los mapuche (Nahuelpan Moreno, 2012) condicionó su integración al pueblo de San Carlos de Bariloche (y, de igual manera, a muchos otros puntos a un lado y al otro de la Cordillera), deparándole a sus integrantes un espacio claramente subalterno^[8]. Por entonces, ninguna de las medidas adoptadas mostró al menos un tenue respeto por parte de las autoridades hacia los mapuche que, apenas años atrás, comerciaban de un lado y otro del cordón montañoso sin llamar, por ello, la atención de ninguna autoridad ni despertar grandes alarmas en el seno de la susceptibilidad nacionalista colectiva ponderable por la apelación a discursos defensivos respecto de quien pudiera ser un potencial enemigo de la integridad argentina en la región.

Si bien hacia 2020 los hechos muestran una tendencia al cambio superador, es importante tener en cuenta que no ha sido sino luego de décadas de hostigamiento (Moyano 2010) y menosprecio, cuyos efectos se mantienen en el seno de la sociedad. Al respecto, en el marco de las nociones orientadoras que cita Dolores Juliano (1997), es importante destacar que, al igual que lo afirman Guiñazú, Pell Richards y Díaz (2020: 208), ciertos sentidos comunes operan en Bariloche como “motivación para la inacción estatal respecto de la adecuación a la normativa de interculturalidad”, más allá de que, desde mi punto de vista, tales nociones reaccionarias no pueden justificar el no proceder de los funcionarios respecto de una medida sancionada por ellos mismos.

Los efectos de la escolarización forzada de los jóvenes mapuche durante principios del siglo XX (Maldonado, 2010), junto con la restricción —o estigmatización— de las prácticas ancestrales, colaboraron con la instalación de prejuicios en el imaginario social que socavaron la identidad del pueblo mapuche, en tanto habitante originario —no poseedor, tal y como lo explica la cosmovisión ancestral^[9]— del territorio. Entre algunas de las ideas que circulan en la actualidad, cabe señalar aquellas que sostienen que los mapuche son originarios de la República de Chile y/o que sus integrantes pretenden instalar un Estado propio dentro del Estado argentino. Tales posturas, avaladas por el relato de la fundación de Bariloche organizada por un puñado de pioneros, no hicieron otra cosa que sembrar una predisposición social hacia el desprecio —racial y/o nacionalista— por la cultura de un pueblo originario sospechado de atrasado, invasor y separatista^[10]. Al respecto, los resultados de un trabajo llevado a cabo, en 2020, por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de Chile, en el contexto de la reflexión y deliberación pública respecto de la reforma constitucional en dicho país, determinó, entre otras cosas, que “la idea de que los pueblos originarios puedan conformar un Estado independiente de Chile no concita mayores niveles de apoyo ni entre quienes se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena ni entre quienes no lo hacen”^[11]. En Argentina, la Constitución de 1994 reconoció, en su artículo 75, la preexistencia de los pueblos indígenas. De tal manera, el texto de la nueva Constitución no solo se mostró de acuerdo con la ocupación primaria del territorio por parte de los pueblos originarios sino que, además, sostuvo que se habría de garantizar tanto el respeto por su identidad como el derecho a una educación bilingüe e intercultural y la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocuparon y ocupan.

En este marco, conformado por el desarrollo histórico de las relaciones entre Argentina y los pueblos originarios y la ineludible obligación de reconocerlos, San Carlos de Bariloche reformó en 2007 su Carta Orgánica Municipal ratificando en el artículo 210 la preexistencia del pueblo mapuche. Asimismo, el texto fuerza al arbitrio de los medios para garantizar el respeto por la identidad de dicho pueblo y reivindicar el valor de su cultura. Más adelante, en 2015, la Ordenanza 2.641 terminó por materializar la interculturalidad del municipio: su texto comprende, entre otras cosas, a la interculturalidad “como herramienta de descolonización y transformación de un Estado monocultural y homogeneizante hacia un Estado pluricultural, apuntando al ejercicio de los Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Ñuke Mapu, involucrando a la sociedad entera”. Asimismo, dicha Ordenanza comprometió al Municipio a promover políticas públicas de educación y comunicación, tanto entre los residentes como entre los visitantes, respecto de los alcances de la medida adoptada^[12]. La suma de estos hechos parece dar cuenta de la transformación de un espacio originariamente excluyente y reservado a la línea fundadora de la ciudad en un ámbito mucho más propenso a la heterogeneidad, en general, y a la diversidad cultural, en particular. Es importante tener en cuenta que, si bien una ordenanza o declaración oficial vincula forzosamente al cuerpo político de un espacio organizado con su cumplimiento efectivo, no necesariamente modifica el pensamiento, las tendencias o ideologías de los habitantes de una ciudad o pueblo. No obstante, cabe suponer que más allá de la posible reticencia de los ciudadanos, las autoridades y organismos de gobierno habrán de establecer una línea de conducta clara hacia aquello con lo que se han comprometido. No significa, de todas formas, que la intención de un puñado de legisladores deba imponerse sin contemplaciones sobre la voluntad de terceros, sino que ciertas intenciones puestas por escrito han de tener necesariamente un correlato con las acciones que se sucedan a título oficial. Es decir que en los casos que se expondrán a continuación no se trata de juzgar el nivel de aceptación de lo intercultural por parte de la sociedad en general, sino de llamar la atención respecto del grado de compromiso por parte del cuerpo legislativo y político.

Utilizando el campo del saber como dispositivo de dominación, la colonialidad penetra y organiza campos epistemológicos, académicos y disciplinares (Walsh, 2008) de modo que, como destaca Juliano (1997: 30), el discurso académico legitimado —que se escucha y acepta socialmente— “contribuye a formar el imaginario colectivo” forjando, en consecuencia, prejuicios populares. Al respecto, y en relación con la construcción de tales discursos, Lenton (2014: 33) describe de qué manera el “negacionismo, entendido como el abuso de la libertad de opinión, en tanto manipula y oculta de mala fe los hechos del pasado para invertir falazmente el rol de las víctimas y los victimarios”, opera como una herramienta que incide maliciosamente en la construcción de relatos históricos. En este contexto, el abordaje dado en algunos espacios académicos al desarrollo de la historia de los pueblos originarios, en general, y del pueblo mapuche, en particular, suele exponer que los principios de la interculturalidad no son valorados al menos en los términos en los que fueran redactados en la Carta Orgánica y las ordenanzas municipales. Antes de ahondar en detalles, es preciso detenerse brevemente sobre algunas cuestiones que atraviesan el estudio y la comprensión de los pueblos originarios y son de acertada aplicación a la hora de pensar en las comunidades mapuche de la región.

La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”, favoreciendo así la comprensión y la tolerancia entre las naciones. Por otro lado, garantiza que los padres de cada menor “tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Asimismo, tras la sanción de la Ley 23.313, el Estado argentino acordó no solo en reconocer el derecho de toda persona a la educación sino, también, que esta debe “orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Adicionalmente, en Río Negro, la Ley 2.287 (Ley Provincial Integral del Indígena), promulgada en diciembre de 1988, garantiza que, en materia educativa, se prohíbe la utilización y difusión de materiales didácticos e informativos que atenten contra la dignidad cultural e histórica de los pueblos indígenas. En este contexto, cabría suponer la existencia de algún tipo de acompañamiento por parte del Municipio hacia los y las menores mapuche escolarizados de la ciudad que asegurase el efectivo cumplimiento de los principios mencionados. Sin embargo, los problemas alrededor de la educación basada en el uso de material académico no homogeneizante, que contradice las nociones orientadoras vigentes, no han cesado. Incluso, contrario a lo que debería esperarse desde 2015, la disposición de partidas presupuestarias suficientes como para contrarrestar esta realidad mediante, por ejemplo, un plan de fomento de la interculturalidad, han sido escasas^[13].

No son pocos los casos de familias mapuche que debieron realizar —sin acompañamiento oficial— reclamos relacionados con el tratamiento dado por algunas escuelas a la historia de los pueblos originarios. En 2018, por ejemplo, con motivo del acto de promesa de lealtad a la bandera argentina que realizan los alumnos de cuarto grado, la familia de una integrante del lof Kintupuray debió atravesar numerosos inconvenientes en relación con la propuesta que hiciera a la escuela respecto de la presentación, durante el mismo acto, de la wenu foye (bandera mapuche)^[14]. A pesar de que no existe un protocolo oficial de acción respecto de la presentación de la wenu foye en las escuelas, la familia Quintupuray^[15] mantuvo una serie de reuniones con las autoridades escolares que, lejos de terminar en un entendimiento, derivó en denuncias por discriminación tras la exposición de la perspectiva familiar frente a otros padres del mismo curso^[16]. Respecto de estos hechos que, pese a la oposición inicial, concluyeron con la presentación de la wenu foye en la escuela y la emisión de un dictamen favorable por parte del INADI en 2021^[17], no hubo pronunciamiento alguno por parte del Municipio Intercultural de San Carlos de Bariloche. Así, por ejemplo, no se profundizó la posibilidad de formalizar un protocolo de acción que, en casos similares, brindara a las familias mapuche interesadas en presentar su bandera una herramienta oficial para evitar mayores problemas. Pues, si bien no es responsabilidad del municipio determinar el contenido curricular de las escuelas sí lo es —tal y como lo reza la Carta Orgánica— asegurar el respeto hacia los pueblos originarios en cualesquiera de los ámbitos de la ciudad. Situaciones como la experimentada por los Quintupuray deben ser tomadas en cuenta puesto que tuvieron lugar en el marco de la vigencia de un sistema intercultural de gobierno y convivencia que, de no accionar conforme a tales principios, podría estar avalando prácticas afines al genocidio cultural^[18].

En relación con esta última interpretación, cabe recordar que la Constitución Nacional adhirió, mediante el Decreto Ley 6.286/1956, a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que define a este último como toda acción —matanza, lesiones a la integridad física, sometimiento o traslados forzados— perpetrada con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal^[19]. Asimismo, me parece atinado incorporar a esta definición la descripción de las tres etapas que, según la historiadora Pilar Pérez (2016), distinguen y diferencian al genocidio del que fueron víctimas los pueblos originarios del espacio territorial que actualmente ocupa el Estado argentino. Estas son la manufacturación de un otro interno peligroso (mediante la creación de una imagen estereotipada del indio), la violencia abierta (razias, apresamiento y separación de grupos familiares) y el silenciamiento (producción de narrativas oficiales que omiten e impiden la comprensión de los hechos) (Pérez, 2016).

En relación con las narrativas capciosas, durante abril de 2020 el Ministerio de Educación de la Nación debió expresar una disculpa pública en respuesta a la preocupación que manifestaron numerosas organizaciones indígenas y no indígenas sobre el tratamiento dado al pueblo mapuche en un material de estudio producido en el marco de la emergencia sanitaria, que forzó la continuidad de las clases en modalidad no presencial^[20]. Dicho material proponía a los y las estudiantes preguntarse por la composición y hábitos de sus propias familias en contraste con otros modelos familiares^[21]. A modo de introducción, el ejercicio incluía un interrogante respecto de si todas las familias son iguales, siendo el primer modelo a comparar el de las familias mapuche de tiempos pasados. Estas eran presentadas mediante una imagen en blanco y negro que exhibía a los protagonistas realizando diferentes tareas relacionadas, en general, con el mantenimiento de la vivienda y la preparación de alimentos. La nota al pie de la imagen informaba que las familias mapuche vivían en rukas al interior de las cuales convivía un mismo hombre con sus varias esposas; que los hombres se dedicaban a la caza y las mujeres a la recolección; y que los niños y las niñas ayudaban a los mayores de forma tal que pudieran aprender aquello que iban a llevar a cabo en el futuro^[22]. La gravedad de esta actividad no radicaba solo en el hecho de que se hablara del pueblo mapuche en tiempo pasado anclando su existencia, de manera excluyente, a un período pretérito, sino que, además, tal estadio inalterable sugiere la incapacidad de evolución y/o adaptación a nuevas circunstancias, sean estas pasajeras o permanentes.

En el marco del mencionado genocidio cultural (Salguero, 2019), el artículo 7 del Convenio Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación estipula que los Estados “se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial […]”. En línea con ello, el Ministerio de Educación de la Nación acompañó su pedido de disculpas con la promesa de enmendar el error en una futura publicación. Al respecto, resulta evidente el contraste entre el pedido de disculpas por parte del Ministerio de Educación —junto con el aporte de material actualizado (Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 2016a y 2016b)— y el (no) accionar del Municipio de San Carlos de Bariloche. Por parte de este último, no hubo ningún tipo de pronunciamiento ni acompañamiento —formal y/o informal— hacia las comunidades y organizaciones que habían llevado a cabo las acciones de protesta. Ningún comunicado presentó a la sociedad en general la situación vivida por una estudiante de la ciudad en una escuela pública. Ninguna señal que alentara a otros en similar situación —simultánea o futura— a tomar los recaudos necesarios al abrigo y compañía de alguna autoridad municipal interviniente.

La falta de claridad respecto de la aplicación de medidas efectivamente interculturales no hace más que ratificar un imaginario social fuertemente instalado y poco discutido que sustenta, desde hace más de un siglo, la impronta heredada desde la fundación de esta ciudad (Moyano, 2013^[23]). Dos espacios emblemáticos de Bariloche, como la Catedral y la plaza del Centro Cívico, dan cuenta de ello.

Nuestra Señora del Nahuel Huapi es el nombre de la catedral ubicada en el centro histórico de la ciudad, con certeza, uno de los lugares más visitados por los turistas que arriban cada año. Inaugurada en 1944, su construcción contó con la dirección del arquitecto Alejandro Bustillo, hermano de Exequiel Bustillo, quien fuera presidente de Parques Nacionales entre 1934 y 1944. En 1947, tres años después de la inauguración de la catedral, se colocaron todos los vitrales que, aún hoy, se mantienen. Entre las 14 piezas —que narran la historia desde la explicación del viacrucis—, se encuentra la figura de Julio Argentino Roca —general del Ejército durante la Conquista del Desierto y dos veces Presidente de la Nación— parado sobre un terreno, en apariencia árido, sosteniendo en sus manos una locomotora, símbolo de la llegada y avance inevitable del progreso.

Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche. Imagen de J. A. Roca

Otro de los vitrales reproduce la imagen de Nicolás Avellaneda, presidente contemporáneo a las matanzas de los pueblos originarios, quien señala con su mano derecha un mapa del territorio patagónico. Un tercer vitral, más alegórico aún, muestra al sacerdote jesuita Nicolás Mascardi, misionero en la región durante el siglo XVII, siendo brutalmente asesinado por indígenas.

Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche. Imagen de N. Avellaneda

Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche. Imagen de N. Mascardi.

Las tres imágenes descriptas representan parte de la idiosincrasia que envuelve a una ciudad fundada sobre la afirmación de la necesaria —e inevitable— imposición de un tipo de sociedad por sobre otro basándose, para ello, en la creencia de un estado primitivo de salvajismo que indefectiblemente ha de ser erradicado y reemplazado por el progreso científico y moral.

Otro espacio abierto al público, de gran significancia, es la plaza ubicada en el Centro Cívico de la ciudad. En su centro, se alza el monumento al general Roca, montando a caballo. Se lo puede observar algo cansado, aunque no agotado. Su saco de oficial le abriga la espalda mientras sostiene los estribos de su caballo, al cual se advierte levemente inclinado hacia adelante. Para algunos, es la imagen de la incansable tarea que debieron asumir quienes conquistaron el “desierto”. Para otros, es la representación del avasallamiento y del desprecio por toda forma de vida no acorde a la señalada como ideal. En la actualidad, alrededor de un centenar de pañuelos blancos pintados sobre la plaza homenajean la labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al mismo tiempo que recuerdan al visitante que no toda la gloria se obtiene en el campo de batalla —existen otros tipos de luchas y de modelos.

Hubo muchas presiones para que el Municipio adoptara medidas tanto respecto de la eliminación de la estatua de Roca como la remoción de los pañuelos y kultrunes^[24] pintados en la plaza^[25]. Mientras que algunos vecinos llegaron a recolectar alrededor de 3.500 firmas en favor de la búsqueda de un espacio alternativo para manifestaciones y pintadas^[26], el Kolectivo Kultrunazo realizó intervenciones —desde 2017— en el Centro Cívico montando un gran kultrun sobre la estatua del general Roca. Ambas partes esgrimieron sus argumentos aguardando que las autoridades municipales tomaran una decisión alejada de la neutralidad políticamente correcta que suele ser habitual en estos casos.

Al respecto, las autoridades se mostraron respetuosas de toda manifestación en tanto no ofendieran la postura de terceros. Sin embargo, algunas acciones disimulan/delatan posicionamientos subyacentes. En el contexto de estas discusiones, el Municipio colocó, en octubre de 2019, un nuevo cartel que le recuerda a todo aquel que se detenga a observar, local o visitante, que esa plaza, símbolo de San Carlos de Bariloche y escenario de ratificaciones y rectificaciones, se llamaba y seguirá llamando Plaza Expedicionarios al Desierto.

Basándome en las definiciones y alcances posibles de la interculturalidad, he intentado mostrar cuán deficiente ha sido la labor del Municipio de San Carlos de Bariloche a la hora de aplicar estas políticas en el ámbito de su relación con los pueblos originarios, en general, y con el pueblo mapuche, en particular. Sin ignorar que la interculturalidad ha de ser aplicada en todos los espacios y abarcar a todos los actores sociales, me he detenido sobre este particular en la medida en que resulta llamativo que, habiendo sido un colectivo mapuche —el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política— el gestor de la ordenanza^[27], sea tan escasa la participación de funcionarios locales en acciones de defensa respecto de una medida emanada del Concejo Municipal.

No menos cierto es que el imaginario social de la ciudad es reticente a la incorporación de principios interculturales, tanto en el marco de la historiografía como en cuanto a su materialización en el espacio público. Sin embargo, dicha presión social, de carácter reaccionario y/o nacionalista, no puede morigerar la falta grave en la que incurre el Municipio toda vez que la interculturalidad sancionada justamente ha de enfrentarse —en tanto proyecto político superador— a este tipo de impedimentos. Es decir, si la interculturalidad es una respuesta política que emerge del potencial de pueblos que han sufrido la colonialidad del poder y saber en sus propios cuerpos y subjetividades (Guerrero Arias, 2008), la reacción del sector más tradicional no puede ser otra cosa que esperable configurando, a su vez, un otro con el cual lidiar en la construcción de lo nuevo.

Respecto de la situación referida en el ámbito escolar, donde el derecho al respeto por la identidad fue atacado directamente, el dictamen del INADI puso en evidencia no solo la inconsistencia de los argumentos de los docentes denunciados (y, por carácter transitivo, los de un sector de la ciudadanía que apela a similares razonamientos), sino también la necesidad de que el Municipio se notifique de tales hechos. Asimismo, que este reivindique, mediante la colocación del cartel con el nombre de la plaza del Centro Cívico, versiones de la Historia que indican la inexistencia de población en la región a la llegada del Ejército argentino es algo que no debe ser pasado por alto. Tal acción no solo indica una clara postura respecto del debate actual, sino que, además, aporta a la continuidad del proceso genocida que sufrieron y sufren los pueblos originarios.

Quizás un trabajo que indague en las manifestaciones previas y posteriores a la sanción de la interculturalidad de los funcionarios locales arroje luz sobre las motivaciones detrás de la aprobación de la ordenanza. Tal investigación seguramente proporcionaría elementos de comprensión respecto de la pasividad del Municipio en relación con una medida tan trascendental como reciente. Es decir, cabe preguntarse si la declaración de interculturalidad no estuvo más vinculada con acciones proselitistas de coyuntura que con un compromiso profundo con el cambio estructural de las relaciones sociales.

La puesta en valor de políticas interculturales demanda, en primera instancia, a los encargados de ejercer la función pública, un alto nivel de conocimiento respecto de lo que implica la interculturalidad, así como también un compromiso acorde con el trabajo en aras de una efectiva integración social, respetuosa de todos los saberes y promotora de un cambio profundo. Sin embargo, como se ha demostrado, desde el año posterior a la sanción de la ordenanza, las propuestas presentadas bajo su espíritu no fueron consideradas. Asimismo, no existe una oficina o área encargada de canalizar proyectos, sugerir modificaciones o acompañar a individuos, familias o comunidades mapuche que así lo requieran.

En San Carlos de Bariloche, la interculturalidad no ha sido crítica sino funcional. Respecto de la relación con los pueblos originarios, nada se ha hecho que apunte a la ruptura de estructuras de relación pretéritas, sino que, por el contrario, se ha considerado que la sola mención de la diversidad configura políticas interculturales efectivas. Enfrentado a los imaginarios sociales más conservadores, la respuesta no ha sido conciliadora sino respetuosa de tales ideales. Se trata, entonces, de un reconocimiento hacia el pueblo mapuche que persiste en destacar el papel subalterno deseable —por parte de un sector— para sus integrantes. En síntesis, el ejercicio pasivo de la interculturalidad que tiene lugar en Bariloche es una muestra de la persistencia de la colonialidad del saber sobre la sociedad. De lo que se trata, justamente, es de romper con esas viejas estructuras, cuyos efectos genocidas son violatorios de los derechos humanos.

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[1]Notas

Al respecto, la Ordenanza 2.641-CM-15 determinó específicamente que: (1) La Municipalidad de San Carlos de Bariloche se reconoce como Municipio Intercultural; (2) La Municipalidad arbitrará los medios y recursos económicos necesarios a fin de que sus espacios administrativos y de intervención se adecuen a esta ordenanza, para implementar y fomentar políticas públicas interculturales, en base al respeto, a la cosmovisión, filosofía y conocimiento ancestral mapuche y el mapuzungun; (3) Capacitará y formará a su personal y sus funcionarios para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones en este marco; (4) Promoverá políticas públicas de educación y comunicación a residentes y visitantes sobre los alcances de este reconocimiento.

[2] La misma Ordenanza 2.641 sostiene, entre sus fundamentos: “La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra asentada sobre el territorio que habita desde siempre el Pueblo Mapuche y demás pueblos originarios de la región, preexistiendo a cualquier tipo de organización estatal”.

[3] Enrique Mases elaboró un artículo ilustrador que detalla cómo, hacia fines del siglo XIX, la autonomía de las comunidades indígenas al interior del territorio que se pretendía organizar definitivamente como Estado argentino representaba una manifestación que contradecía las aspiraciones del modelo de organización concebido como único en materia de civilización y homogenización cultural.

[4] “Espacio de Articulación Mapuche presentó seis proyectos interculturales”. Disponible en: https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2015/09/22/51418-espacio-de-articulacion-mapuche-presento-seis-proyectos-interculturales [consulta: 15 de noviembre de 2020]. Consultados al respecto, referentes del Espacio de Articulación Mapuche destacaron que, desde entonces, la participación de integrantes del gabinete municipal en otras actividades ha sido nula, resultando evidente —según su parecer— que no existe intención alguna de reunirse con las comunidades y pensar interculturalmente.

[8] Nahuelpan Moreno no sólo se refiere a la incorporación del pueblo mapuche como mano de obra tras la pérdida de sus territorios sino a la instalación, en su propio ser, de la falsa noción de inferioridad respecto de la población no mapuche. Se detiene, asimismo, en el papel fundamental que, para ello, tuvo la escuela como institución homogeneizante.

[9] Generalmente, la posesión de la tierra en manos de comunidades mapuche ha sido malinterpretada. El pueblo mapuche no entiende la ocupación de su territorio de otra forma que no sea en sana convivencia y reciprocidad con la tierra que le da abrigo, sustento y contacto con las fuerzas naturales. El mapuche no posee la tierra, sino que la habita y —bajo su protección— la resguarda.

[10] Si bien es vasto el trabajo académico respecto del falaz argumento de la extranjería mapuche, se propone la visualización de la conferencia reproducida por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en 2017. Es un ejemplo claro del nivel de prejuicio respecto del pueblo mapuche, así como también representa una muestra de lo que implica la organización de un discurso en función de un objetivo claramente estigmatizante. (Sesión abierta sobre “Los mapuches en nuestro territorio, historia y actualidad”. Disponible en: https://youtu.be/smqq2t94H3k [consulta: 1 de setiembre de 2020]).

[11] Durante 2020, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, en Chile, llevó a cabo una serie de encuestas entre la población —autorreconocida o no como perteneciente a un pueblo originario. La intención era relevar un número significativo de información y reflexionar sobre qué reclamos debería erigir el pueblo mapuche con motivo de una próxima reforma constitucional. En ese contexto, uno de los resultados que arrojó la encuesta fue que quienes se reconocían como integrantes del pueblo mapuche no veían necesariamente con buenos ojos la conformación de un Estado aparte del chileno. Si bien pueden tenerse en cuenta ciertos atenuantes, como el hecho de no suscitar encono en el encuestador, no deja de ser interesante el resultado, así como los análisis posteriores que. Dando por sentado que se comprende al pueblo mapuche como habitante de un espacio territorial hoy ocupado por dos repúblicas (es decir, una imposición política por sobre un pueblo preexistente), creo que es factible tener este punto de vista presente en la medida que puede reflejar una postura compartida por las comunidades de todo Wall mapu. (Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución. Disponible en: http://www.ciir.cl/ciir.cl/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-de-opinion-publica_Pueblos-originarios-y-nueva-constitucion_Librillo-Digital_Trazado-1.pdf [consulta: 7 de setiembre de 2020]).

[12] Unos años después, en 2018, mediante la sanción de la Ordenanza 2.993, se creó un programa de revalorización de la cultura y el idioma mapuche (mapuzungun), sosteniendo que el habla es distintiva de una cultura y que sin la primera no existiría la segunda. De tal forma, se dispuso promover la enseñanza de la lengua y la cultura mapuche reafirmando la heterogeneidad cultural e idiomática de la ciudad.

[16] Entre algunas de las acusaciones que tuvo que enfrentar la menor junto con su familia, se encuentra el haber sido confrontados como herederos de un pueblo que, según sugirieron los interlocutores, había asesinado a los Tehuelches de la región. Asimismo, como respuesta a la intención de la familia de presentar su bandera y obsequiarla al colegio para que fuera utilizada en cada acto oficial, un integrante del cuerpo docente (posteriormente denunciado ante el INADI) les indicó que si de reivindicaciones se trataba quizás debería enarbolarse la bandera argentina durante todo el período que durase el Mundial de Futbol que se llevaba a cabo ese mismo año. Una lectura detallada del dictamen del INADI respecto de esta situación pone de manifiesto la vigencia que tienen los discursos reaccionarios y nacionalistas en el seno de una parte de la sociedad barilochense.

[17] Al mismo tiempo que el INADI consideró probada la existencia de una conducta discriminatoria, recomendó notificar —respecto del dictamen— tanto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro como a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche “para su conocimiento e intervención”.

[18] En su trabajo sobre el fracaso del genocidio cultural y el resurgir del mundo mapuche, Pablo Salguero (2019) destaca que el primero, además de ser una pieza fundamental de todo el proceso genocida, es una de las más difíciles de detectar. Por lo tanto, dicho culturicidio debe ser tenido en cuenta como siempre presente y subyacente a toda acción que pretenda negar la validez de la cosmovisión e historia de un pueblo originario.

[20] “El Ministerio de Educación manifiesta su compromiso con los pueblos indígenas”. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-educacion-manifiesta-su-compromiso-con-los-pueblos-indigenas [consulta: 3 de setiembre de 2020].

[21] Actividad de la asignatura Ciencias Sociales del Cuadernillo 1 para primer grado del programa “Seguimos educando”. Disponible en https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151339/seguimo-educando-1-grado-cuaderno-1/fullscreen [consulta: 14 de noviembre de 2020].

[22] Actividad de la asignatura Ciencias Sociales del Cuadernillo 1 para primer grado del programa “Seguimos educando”. Disponible en https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/151339/seguimo-educando-1-grado-cuaderno-1/fullscreen [consulta: 14 de noviembre de 2020].

[23] Adrián Moyano (2013) destaca, entre otras cosas, cómo algunas narraciones olvidan la preexistencia del pueblo mapuche en la región. Destaca entre los narradores a guías de turismo, bibliotecarios, docentes, funcionarios políticos o periodistas, a quienes denomina constructores de sentido común.