“Una esquina muy particular”: disputas patrimoniales en un ex centro clandestino de detención de la ciudad de Rosario (2015-2019)

“A very particular corner”: heritage disputes in a former clandestine detention center of Rosario city (2015-2019)

Agustina Cinto^[1]

https://orcid.org/0000-0002-9323-8709

Centro de Investigaciones Sociales,

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Instituto de Desarrollo Económico y Social y Facultad de Humanidades y Artes,

Universidad Nacional de Rosario

cintoagustina@gmail.com

Fecha de envío: 21 de noviembre de 2020. Fecha de dictamen: 18 de febrero de 2021. Fecha de aceptación: 25 de marzo de 2021.

Resumen

El artículo se propone analizar una serie de disputas patrimoniales en torno al ex centro clandestino de detención (CCD) Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, ubicado en la ciudad de Rosario, que funcionó entre 1976 y 1980, durante la última dictadura. Considerando al patrimonio como objeto sagrado laicizado y atravesado por disputas, delimitamos para el análisis el período 2015-2019, cuando el ex CCD fue inaugurado como Espacio de Memoria. Sostenemos que, en el proceso que involucra tanto al Estado como al movimiento de derechos humanos y a expertos/as de la materialidad, pueden distinguirse dos aspectos que valorizan de manera diferente al ex CCD, así como dos criterios de intervención patrimonial que conviven y se tensionan entre sí. En ese marco, la (des)sacralización patrimonial del ex CCD, sus características y prácticas posibles adquieren sentido situacionalmente, de acuerdo a los/as actores que las llevan a cabo. El problema abordado forma parte de una investigación doctoral en curso, desarrollada mediante un trabajo de campo etnográfico que incluye observaciones participantes y entrevistas no dirigidas, acompañado de análisis documental, relevamiento periodístico y fotográfico.

Abstract

This paper aims to analyze a series of heritage disputes around the former clandestine detention center (CDC) Information Service of Santa Fe’s state police department, located in Rosario city, which functioned between 1976 and 1980, during the last dictatorship. Considering heritage as a sacred laicized object and crossed by disputes, we delimited a period between 2015 and 2019 for the analysis, when the former CDC was inaugurated as Space of Memory. In this process, which involves the State, the Human Rights movement, and experts in materiality, we distinguished two aspects, which valorize it in different ways, as well as two related but opposite heritage intervention criteria. In this framework, the former CDC (des)sacralization, its characteristics, and possible practices have meaning situationally, according to the actors who carry them out. The problem is part of an ongoing doctoral research, developed through an ethnographic fieldwork since 2015, which includes participant observations and non-directive interviews, but also documentary and press analysis and photographic record.

Palabras claves: Patrimonio; disputas; sacralización; excentro clandestino de detención; Rosario.

Keywords: Heritage; disputes; sacralization; former clandestine detention center; Rosario.

Introducción

En Rosario, durante los primeros días de febrero de 2019, un hecho fue denunciado públicamente: parte de la fachada del ex centro clandestino de detención (CCD) Servicio de Informaciones (SI) había sido revocada y pintada por el Estado provincial. La conflictividad radicaba en que la acción fue realizada sin el consentimiento de la comisión conformada en 2018 por organismos de derechos humanos (DD. HH.), sobrevivientes y representantes estatales para “velar por su preservación”. El ex SI, ubicado en una de las esquinas de un imponente edificio público en el casco histórico de la ciudad, funcionó como CCD durante la última dictadura. En este artículo nos centraremos en el período 2015-2019, a partir de su inauguración como Espacio de Memoria por parte del gobierno provincial. Tomaremos este conflicto, sus antecedentes y consecuencias, para analizar una serie de disputas patrimoniales en torno al ex CCD, que sacralizan o profanan el lugar según determinadas prácticas, considerando dos aspectos que lo valorizan de manera diferente y dos criterios de intervención que se tensionan entre sí. En esta línea, identificamos una serie de categorías relacionadas que adquieren sentido según el contexto y los/as actores legitimados/as que las sostienen: preservar, restaurar, demoler, embellecer, conservar y transmitir.

Consideramos que todo patrimonio es producto de un trabajo de memoria que selecciona determinados “elementos heredados del pasado” (Candau, 2006: 90) para legitimarlos públicamente, entendiendo la memoria como proceso social no exento de disputas por los sentidos del pasado (Pollak, 1989; Jelin, 2017). Al igual que “otros procesos de representación y legitimación simbólica de las ideologías”, el patrimonio se construye a partir de la legitimación de determinados referentes simbólicos, presentados como extraculturales o sagrados, ubicados “más allá de los límites de la cultura y de la capacidad de control social” (Prats, 2000: 118). La sacralización, como construcción social, implica retirar determinados objetos de la circulación y del “uso común” (Agamben, 2005), estableciendo sobre ellos tabúes o interdicciones para aislarlos y diferenciarlos del universo profano (Durkheim, 1968), o, en otras palabras, prácticas prescriptivas y proscriptivas. En este sentido, el ex CCD condensa dos referentes extraculturales que posibilitan su sacralización: la historia y la muerte, conjugándolos en su construcción patrimonial bajo dos aspectos. Por un lado, su ubicación como parte del centro histórico de Rosario; por el otro, su funcionamiento ligado a la muerte, tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

En este sentido, el patrimonio, como objeto sagrado laicizado, requiere su conservación y/o preservación. Esta asociación tiene su origen en lo que Smith (2011) denomina el “discurso patrimonial autorizado”, nacido en el siglo XIX en Europa occidental, que configuró al patrimonio en torno a objetos materiales, bienes no renovables que, por su fragilidad, necesitaban protección. Este discurso “recalca que el patrimonio debe ser transmitido al futuro sin ningún cambio, y que, por lo tanto, la «esencia» —o el supuesto significado inherente del patrimonio y del pasado, y la cultura que representa— no será cambiada ni desafiada” (Smith, 2011: 43). Como reliquia del pasado, debe conservarse para garantizar su transmisión (Heinich, 2014), en pos de sostener la continuidad de las identidades y memorias que representa. Bajo este discurso, los/as expertos/as vinculados al trabajo con materialidades (arqueólogos/as y arquitectos/as, entre otros/as) son posicionados/as como “custodios del pasado” (Smith, 2011), legitimados/as técnicamente para intervenirlo.

Sin embargo, el patrimonio no es la “cosa”, sino el proceso cultural que lo configura, relacionado con “la negociación de la memoria, la identidad y el sentido de lugar” (Smith, 2011: 42), en torno al cual se construyen los diferentes “nosotros del nosotros” (Prats, 2000). La conflictividad es inherente a este proceso (García Canclini, 1993; Smith, 2011; Sánchez Carretero y Jiménez Esquinas, 2016), ya que, mientras se legitiman públicamente algunas memorias e identidades, otras son excluidas (Kingman Garcés, 2004). Resulta decisiva la intervención estatal en esta legitimación, especialmente si recordamos que el patrimonio es una construcción política nacida al calor de la conformación de los Estados-nación, fenómeno indisolublemente ligado a la modernidad (Criado-Boado y Barreiro, 2013).

Pero lo “potencialmente patrimonializable” requiere su activación para constituirse como tal (Prats, 2000), y en este proceso no es posible soslayar a los/as actores extraestatales que intervienen en él, cuestión particularmente relevante para el caso que nos convoca. Los CCD que funcionaron en Argentina durante la última dictadura, espacios físicos cuyas materialidades se encuentran deterioradas o demolidas, fueron construidos como soportes para el trabajo memorial de diferentes actores sociales (Jelin y Langland, 2003), entre los/as que destacan organismos de DD. HH., sobrevivientes, expertos/as y agentes estatales. En este sentido, aunque la materialidad como mediación^[2] resulta un elemento de importancia a la hora de analizar lo patrimonial (Macdonald, 2009), estos espacios físicos no hablan por sí mismos (Schmucler, 2006), sino que son significados, representados e intervenidos por los/as actores involucrados/as (Fabri, 2018; D’Ottavio, 2020). Algunas autoras han sostenido que la menor distancia temporal respecto de los hechos represivos acontecidos en esos espacios les confiere mayor conflictividad a estos procesos patrimoniales (Sosa y Mazzucchi Ferreira, 2014; D’Ottavio, 2020). Entendemos que este no es el único elemento a considerar, sino, especialmente, la capacidad que los/as actores involucrados/as tienen para incidir política y públicamente en las representaciones del pasado que serán legitimadas^[3].

Considerando lo expuesto, una serie de preguntas guían nuestra indagación: ¿de qué manera es sacralizado patrimonialmente el ex CCD? ¿Qué aspectos y criterios patrimoniales se ponen en juego en la sacralización o profanación de este espacio? ¿Quiénes son los/as actores legitimados/as para intervenir en el ex CCD? ¿De qué modo se definen las prácticas posibles? ¿Qué relación guardan con las posiciones políticas que sostienen los/as actores que constituyen el proceso? Sostenemos que la sacralización patrimonial del ex CCD SI puede considerase bajo dos aspectos que lo valorizan de manera conjunta pero diferencial: por un lado, como vestigio del pasado, y por otro como espacio de duelo y demanda de justicia. Los límites que garantizan esta sacralidad son establecidos mediante la prescripción y proscripción de determinadas prácticas, según la legitimidad de los/as actores que las movilizan, en las que se tensionan dos criterios de intervención patrimonial: uno, técnico; y el otro, político. En esta línea, y considerando la conflictividad de todo proceso patrimonial, la delimitación de la sacralidad del ex CCD se encuentra más ligada a la construcción de acuerdos políticos para intervenir en él que a la intervención de su materialidad en sí misma.

Consideraciones metodológicas

Este artículo ha sido elaborado a partir de un trabajo de campo realizado entre 2015 y 2020, como parte de una investigación doctoral antropológica en curso, emprendida desde una perspectiva etnográfica, que comprende que lo descriptivo no puede separarse de lo teórico, pensando la etnografía como perspectiva y no sólo como técnica (Rockwell, 1985). Destacamos, al respecto, que la etnografía “puede ser entendida como una práctica de investigación que trata de aprehender una porción del mundo social a través de un análisis que se centra estratégicamente en las perspectivas nativas” (Balbi, 2012: 493). Con el propósito de desentrañar el mundo simbólico de los/as actores, las llamadas categorías nativas se presentan como construcciones heurísticas que, guiadas por el interés teórico del/la investigador/a, buscan explicar la problemática delimitada según, comprendemos, es vivenciada por ellos/as (Balbi, 2012).

Consideramos al trabajo de campo como una instancia de encuentro con el/la “otro/a”, un punto de partida para la investigación, previa delimitación de la problemática. Siguiendo a Guber (1994: 83-84), el campo como referente empírico de una investigación “[s]e compone, en principio, de todo aquello con lo que se relaciona el investigador, pues el campo es una cierta conjunción entre un ámbito físico, actores y actividades. Es un recorte de lo real”. El trabajo de campo asienta su originalidad, pues, en la relación particular que se establecerá entre el/la investigador/a y los/as actores. Tal interacción irá delineando los límites y las posibilidades del trabajo de campo en sí mismo, modificando los puntos de partida teóricos y de la investigación en general.

Partimos de una serie de entrevistas no dirigidas y observaciones participantes, llevadas a cabo tanto en el actual Espacio de Memoria como en las reuniones de su comisión. Aunque el trabajo de campo ha tendido a ser asociado exclusivamente con ambas estrategias —que habilitarían conocer aquellos “imponderables de la vida real” (Malinowski, 1973)—, el análisis en nuestras sociedades contemporáneas, donde la cultura material escrita posee tal importancia que incluso se constituye como “hecho de derecho” (Perret y Sabao, 2016), no puede excluir del trabajo de campo al “mundo de los archivos” (Da Silva Catela, 2011). Mundo que, para el caso que analizamos, incluye decretos y leyes provinciales y nacionales, noticias periodísticas y producciones escritas elaboradas por los/as actores involucrados/as, abordadas como “campo de indagación” antes que como fuentes (Muzzopappa y Villalta, 2011). No podemos obviar aquí la materialidad propia del ex CCD, que incluye las características del espacio físico, sus marcas, inscripciones y transformaciones, cuyos detalles han sido relevados fotográficamente en el transcurso del trabajo de campo. A partir de este corpus, hemos delimitado ejes de análisis y “situaciones sociales” (Gluckman, 1958) con la intención de construir teóricamente la problemática que aquí presentamos.

El exservicio de Informaciones: aspectos y lógicas en tensión

El SI funcionó como CCD durante la última dictadura en la ciudad de Rosario, entre 1976 y 1980. En este período, se estima que permanecieron detenidas clandestinamente entre 1.800 y 3.000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas (Águila, 2008; Bianchi, 2009). El ex CCD forma parte de una de las esquinas^[4] de un monumental edificio que ocupa una manzana en el casco histórico, inaugurado en 1916 para alojar la Jefatura Política, sede del gobierno provincial en la ciudad (Bianchi, 2009). Localizado frente a la plaza San Martín, el edificio completa su entorno con la Facultad de Derecho —exsede de los Tribunales Provinciales— y el Museo de la Memoria —ex Comando del II Cuerpo de Ejército, epicentro de las decisiones políticas en la región durante la última dictadura. Con los golpes de Estado sucedidos desde 1930, la función política del edificio fue desplazada para transformarse en la Jefatura de Policía provincial desde 1932 (Bianchi, 2009) hasta 2004, año en que la policía fue trasladada y se instaló nuevamente allí la sede del gobierno provincial.

La activación patrimonial (Prats, 2000) de gran parte de los ex CCD en nuestro país se asocia con los denominados procesos de “recuperación” que atravesaron (Messina, 2010; Feld, 2011), propiciados por el particular contexto que constituyó la crisis de diciembre de 2001, sumado a la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad^[5] (Messina, 2010; Da Silva Catela, 2014). Estos procesos se entroncaron con las políticas públicas de memoria desarrolladas por los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015), de las que uno de sus hitos fue la oficialización de la “reconversión de ex CCD en sitios de memoria” (Da Silva Catela, 2014), incorporándolos, luego de su señalización, a la Red Nacional de Sitios de Memoria. Estas políticas, a su vez, pueden inscribirse en “el giro hacia el pasado” que atraviesan nuestras sociedades desde la década de 1980, tendiendo a una “cultura de la memoria” que todo lo preserve, archive y musealice como asunto público (Huyssen, 2000).

Podemos afirmar que la activación patrimonial del ex SI, cuyas dependencias permanecieron cerradas durante los 80 y 90, comenzó en 2001. Por un lado, a través de la resolución N° 0060 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia, de marzo de 2001, que, desde una solitud presentada por organismos de DD. HH. y el Partido Justicialista local, establecía preservar y conservar el ex CCD “evitando modificaciones estructurales que impidan su utilización futura para reconstruir y preservar la memoria colectiva”^[6]. Esta resolución fue un primer paso para la “recuperación” del ex CCD por parte de los organismos de DD. HH. locales, en un contexto de intensa crisis social y económica, oficializada en mayo de 2002 a través del decreto provincial Nº 0717 y su convenio adjunto. Allí se estableció la cesión del lugar a los organismos mediante un comodato por diez años, con la creación del Centro Popular de la Memoria y su comisión directiva, que tenía entre sus funciones “preservar la estructura original, leyendas e inscripciones, sin remodelar ni reciclar para conservar dichas dependencias como testimonio de lo allí ocurrido”^[7].

Por otra parte, en abril de 2001, el edificio en su totalidad fue incluido en el “Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Interés Patrimonial” de la Municipalidad de Rosario, clasificado en la categoría A de “obras singulares”, parte del APH 5 (área de protección histórica), y bajo un grado de protección 1b, que habilitaría: “intervenciones al interior del edificio sin alteraciones del orden tipológico y con revalorización de sus partes de valor artístico-arquitectónico”^[8]. Mientras la catalogación municipal considera el valor histórico del edificio en su totalidad como obra arquitectónica singular, la normativa provincial delimita al ex CCD como testimonio material de la última dictadura y la acción de preservar su materialidad queda asimilada a preservar la memoria del movimiento de DD. HH. y sobrevivientes sobre lo allí acontecido, como si estuviera encarnada en el espacio físico (Candau, 2006).

Con ello, entendemos que la sacralización del ex CCD puede ser comprendida desde dos aspectos yuxtapuestos que valorizan al espacio de manera diferente: por una parte, como vestigio del pasado, donde el valor está puesto en la materialidad en sí misma, en tanto “ejemplo del pasado edilicio” (Cardini, 2013); por otra, como lugar de duelo y demanda de justicia, en el que son las memorias que significan esa materialidad desde el presente las relevantes. En este sentido, retomando a Choay (1993), podemos decir que el ex CCD es patrimonialmente sacralizado, a la vez, como reliquia —por su valor en sí mismo— y como relicario —por lo valioso que contiene—, respectivamente. Las prácticas posibles en este espacio sagrado se encuentran en la tensión entre dos criterios de intervención patrimonial que, a los fines del análisis, llamaremos técnico, en el que el patrimonio aparece como dominio especializado de los/as expertos/as o “custodios del pasado” (Smith, 2011); y político, que reconoce al patrimonio como arena de disputa social en la que los/as expertos/as tienen injerencia, pero no la última palabra. Con ello, no queremos decir que lo técnico y lo político no se interrelacionen, sino que distinguimos estos criterios en tanto privilegian diferentes modos de intervención patrimonial.

Durante los años de funcionamiento del Centro Popular, se produjeron intensos conflictos acerca de la preservación o no de su materialidad —tal como estipulaba la normativa vigente—, de qué modo se haría y con qué motivo, sobre todo si tenemos en cuenta que “la preservación consiste en un trabajo transformador y selectivo del pasado, realizado en términos del presente” (Benedetti, 2004: 23). La “recuperación” abrió profusas discusiones acerca de los usos e intervenciones posibles en el espacio, particularmente, sobre las prácticas legitimadas, a través de las definiciones que fueron construyendo los/as diferentes actores involucrados/as en cada contexto particular, tal como ha ocurrido en otros ex CCD del país (Messina, 2010; Guglielmucci, 2011; Feld, 2017; Portos; 2017; D’Ottavio, 2020, entre otros/as). La especificidad de los conflictos suscitados durante el funcionamiento del Centro Popular excede el propósito de este artículo, pero mencionaremos, como antecedentes del período que nos ocupa, que el ex CCD fue gestionado por una comisión compuesta por organismos de DD. HH. y representantes estatales; que durante los primeros años intervino un equipo de investigación compuesto, mayormente, por antropólogos/as y arqueólogos/as; y que se produjeron numerosos conflictos sobre cómo intervenir y representar el espacio, pero sobre todo acerca de quiénes eran los/as actores legitimados/as y cómo debían hacerlo.

La construcción de un Espacio de Memoria: demoler para preservar

Finalizado el comodato en 2012, el Estado provincial comenzó a construir, por medio de la Secretaría de DD. HH., el Ministerio de Innovación y Cultura y el Ministerio de Gobierno, un nuevo proyecto memorial en el CCD: el Espacio de Memoria ex CCD Servicio de Informaciones. Para intervenir el espacio, se partió de un diagnóstico inicial, realizado por ingenieros civiles de la Provincia durante ese año, que establecía la existencia de “un debilitamiento de la estructura de sostén original (1910) en el subsuelo”, a partir de una “sobrecarga con los entrepisos de losa de hormigón”^[9]. La arquitecta que dirigió la obra para inaugurar al CCD como Espacio de Memoria fue convocada por la entonces Subsecretaria de DD. HH. provincial y luego Directora del Área de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, militante de H.I.J.O.S. Rosario y abogada querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad^[10]. Precisamente, en la denominada “causa Feced”^[11], la arquitecta había declarado como perito especialista, dando cuenta de la materialidad del ex CCD.

La sacralización del CCD, como expresamos más arriba, requiere el establecimiento de límites que garanticen su existencia diferenciada del universo profano. Aquí entran en juego la delimitación de prácticas, consideradas prescriptivas o proscriptivas por parte de los/as actores legitimados/as según quién las lleve adelante y de qué manera. La legitimidad de los/as expertos/as que intervienen en estos espacios particulares no está dada de antemano, sino que se trata de una construcción (D’Ottavio, 2020). En este sentido, la experticia de la arquitecta debía ser validada —no sólo por su conocimiento técnico, sino sobre todo por su compromiso político— por los/as actores que mayor legitimidad poseen en estos procesos debido a sus trayectorias militantes: los/as denominados/as “afectados/as directos/as” (Jelin, 2010), esto es, organismos de DD. HH. y sobrevivientes. El ingreso de la arquitecta a la intervención del ex CCD a través de una referente del movimiento de DD. HH. local y representante del Estado, y como producto de su participación previa en los juicios por delitos de lesa humanidad, demostraba su compromiso con la “causa de los derechos humanos” (Vecchioli, 2007).

Al mismo tiempo, la arquitecta debía legitimar políticamente su proyecto frente a los/as actores involucrados/as. Teniendo en consideración los conflictos suscitados en los años anteriores y previamente a la puesta en marcha de la obra, la arquitecta y la directora del área convinieron la presentación del proyecto, mediante una serie de asambleas y reuniones individuales, a aquellos/as actores que habían participado desde la “recuperación”: varios/as de sus sobrevivientes; integrantes de organismos de DD. HH.; e integrantes del equipo de investigación^[12]. De este modo, durante las numerosas reuniones, se fueron construyendo las relaciones de legitimidad y confianza que habilitarían las modificaciones en el ex CCD desde un criterio político de intervención patrimonial, logrando que el proyecto estatal pudiera desarrollarse sin mayores conflictos, aunque sí con diferencias. Obtenido cierto consenso, la obra comenzó invitando a estos/as actores a visitarla cada semana y realizar sugerencias durante el proceso.

Las modificaciones comenzaron a principios de 2015 mediante un pequeño acto en el interior del CCD, con la participación de sobrevivientes, funcionarios/as e integrantes de organismos de DD. HH., y la cobertura de medios de comunicación locales. En él, los/as presentes tomaron por turnos una masa y un cortafierros para romper una de las paredes del ex CCD, que conectaba la oficina de uno de los represores con la sala de torturas mediante una puerta tapiada posteriormente por la policía, con la intención de reconstruirla (Imagen 1). Este hecho fue presentado como el inicio de la obra arquitectónica, que incluyó un conjunto de modificaciones edilicias, tales como la demolición de la mitad de un entrepiso construido entre 1976 y 1982^[13]; la restauración de sus balcones; la pintura de puertas, ventanas y celosías; o la remodelación de un sector del entrepiso no demolido para instalar las oficinas del Archivo audiovisual de juicios por delitos de lesa humanidad, inaugurado simultáneamente junto al Espacio de Memoria. Asimismo, se configuró un nuevo ingreso, a través de una gran escalera de mármol lindera, que permite a los/as visitantes acceder al entrepiso preservado y al Archivo audiovisual, sin atravesar todo el ex CCD para ello.

Imagen 1: Puerta (re)abierta tras la demolición colectiva, 28/9/2018

Puede observarse sobre ella el reborde del entrepiso demolido.

El 17 de septiembre de 2015, durante el acto inaugural del Espacio de Memoria, el entonces gobernador Antonio Bonfatti (2011-2015), expresó:

“Los trabajos arquitectónicos cuyo producto hoy les presentamos no solo tuvieron por finalidad rescatar al edificio del abandono y derrumbe al que iba. Se trata de una auténtica resignificación ya que cada intervención que se hizo tuvo en cuenta, por un lado, la voz de los sobrevivientes y sus valientes testimonios, y por el otro, las cuestiones edilicias que eran fundamentales para salvar este lugar, para posibilitar que fuera testimonio de lo que aquí sucedió”.^[14]

Las numerosas intervenciones edilicias se presentaron como una “auténtica resignificación”, que permitían “salvar” y “rescatar” al CCD del “abandono y derrumbe” a los que se encaminaba. El gobierno provincial se posicionaba como garante patrimonial, justificando su intervención mediante la preservación que la materialidad habría requerido para sostener su función testimonial ante las nuevas generaciones. La autenticidad es un concepto ligado al de preservación patrimonial, como esa esencia —mencionada por Smith (2011)— que debe ser cuidada y conservada. Pero la autenticidad asignada a estos bienes “dignos de conservación” (Prats, 2000) es también una construcción que, para otorgarles ese valor distintivo, los ubica como merecedores de protección, conservación o salvaguardia (Santamarina y Moncusí, 2015). En esta línea, las intervenciones buscaron reconstruir la autenticidad del CCD recomponiendo una originalidad que no existe como tal.

La Ley Nacional N° 26.691 dispone la preservación patrimonial de los CCD, considerados sitios de memoria, para “facilitar las investigaciones judiciales” y preservar “la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”^[15]. En este espacio, que forma parte de causas por delitos de lesa humanidad en curso, el discurso judicial configuró y organizó la intervención arquitectónica. Los testimonios brindados en instancia judicial por sobrevivientes fueron tomados tanto para no intervenir en algunos sectores del lugar, como para intervenir en otros, intentando “volver atrás” las modificaciones realizadas por la policía, para reconstruir el ex CCD tal como era recordado por quienes estuvieron detenidos allí. De este modo, las intervenciones pueden pensarse bajo la intención de demoler para preservar, puesto que el eje no está puesto en la materialidad en sí misma sino en la preservación de las memorias construidas en torno a ella. Se demuele, entonces, para restaurar el ex CCD tal como es recordado por los/as sobrevivientes a través de sus testimonios, destacando su aspecto de lugar de duelo y demanda de justicia.

Como bien señala D’Ottavio (2020), el marco normativo nacional “para la intervención sobre la materialidad de los sitios” no especifica claramente qué, cómo y en qué medida deben ser conservados. Esta “zona gris normativa” permite, entonces, que afloren una diversidad de criterios e interpretaciones acerca de qué prácticas resultan posibles en los CCD, y que las resoluciones respecto de cómo intervenir en ellos se diriman en función de negociaciones políticas ante los conflictos. Las reuniones previas con los/as actores extraestatales involucrados/as y la justificación de que cada intervención se realizó siguiendo el testimonio judicial de los/as sobrevivientes generaron las condiciones para disminuir la conflictividad y que las modificaciones no profanaran el espacio.

Una nueva gestión: restaurar para embellecer

En abril de 2016, durante el gobierno de Miguel Lifschitz (2015-2019), fue promulgada la Ley Provincial N° 13.528 que estableció, entre otras cuestiones, la creación de una nueva comisión para el ahora Espacio de Memoria, de acuerdo al modelo de la del Centro Popular^[16]. Conocida como “ley de memoria”, en ella se reconoce la injerencia de los organismos de DD. HH. en la preservación de los sitios de memoria y atribuye a la comisión del ex CCD “velar por la preservación” del espacio^[17]. La comisión fue conformada de hecho^[18] a mediados de 2018 por decisión de la Secretaría de DD. HH., ante un panorama de insistentes reclamos del movimiento de DD. HH. local al gobierno provincial respecto del “vaciamiento” de políticas públicas de memoria en esta nueva gestión^[19]. El malestar se profundizaba en un escenario nacional, durante la presidencia de Mauricio Macri, en el que determinadas “memorias denegadas” (Da Silva Catela, 2010) adquirieron legitimidad oficial, representando a la última dictadura como “guerra sucia” o cuestionando la consigna de 30.000 detenidos/as-desaparecidos/as del movimiento de DD. HH. La comisión quedó integrada por representantes de Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas, Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo, H.I.J.O.S. Rosario, Asamblea Permanente por los DD. HH. (APDH), expresos políticos, el sindicato docente AMSAFÉ provincial, la Universidad Nacional de Rosario, la Cámara Provincial de Diputados, el Ministerio de Innovación y Cultura y el Ministerio de Justicia y DD. HH.

La primera actividad pública realizada por la comisión fue un recorrido por el ex CCD el 28 de agosto de 2018. Este recorrido había sido solicitado por los organismos integrantes a la Secretaría de DD. HH. a partir de los andamios y cercos de obra que rodeaban el exterior del ex CCD desde marzo, sin que ninguna obra para el lugar hubiera sido informada (Imagen 2).

Imagen 2: Cerco de obra y andamios en la fachada del ex CCD SI, 1/8/2018.

El recorrido contó con la participación no solo de los organismos, sino también del Subsecretario de DD. HH. provincial, de las trabajadoras del Espacio de Memoria y de la arquitecta que estuvo a cargo de la obra en 2015. Durante el recorrido, los organismos reclamaron al Subsecretario la falta de notificación de estas nuevas modificaciones, que, incluso, ya se habían realizado en 2015, como la pintura de las celosías o la restauración que pretendía hacerse de los balcones. El Subsecretario se excusó, sosteniendo que eran decisiones que lo excedían, y pidió que el reclamo se realizara formalmente para elevarlo a las autoridades correspondientes. Una vez finalizado el recorrido, fue confeccionada un acta en la que la comisión solicitaba al gobierno provincial la detención de la obra proyectada, así como la reparación de la humedad y el revoque en la nueva entrada al Espacio de memoria. En uno de sus párrafos, el acta sostenía:

“Consideramos que no puede realizarse una intervención con fines estéticos sin más en un sitio de memoria como el ex Servicio de Informaciones, que constituye uno de los mayores CCD de la región. Asimismo, añadimos que cualquier intervención en pos del embellecimiento externo hace peligrar la información preservada oportunamente afectando no sólo la significación del ex CCD, sino corriendo el grave riesgo concreto de «tapar» huellas de nuestra historia reciente. Homogeneizar las fachadas de la Sede de gobierno atenta contra la visibilización del sitio de memoria y su caracterización como tal”.^[20]

Los organismos integrantes de la comisión, acompañados por la arquitecta de la obra del Espacio de Memoria, consideraban que las intervenciones, proyectadas y realizadas, tenían una finalidad estética, entendida como un criterio superficial que banalizaba la materialidad del ex CCD, testimonio en sí misma de la última dictadura. El “debate estético” es parte de estos lugares, donde se pone en juego la (ir)representabilidad de la muerte y el horror, primando un criterio realista y literal (Jelin y Langland, 2003). En el acta, lo estético, asimilado a embellecimiento, estaba en contraposición a “preservación de la memoria”. Las intervenciones fueron leídas, de este modo, como intentos de ocultar el horror que simbolizaba ese espacio, de profanar su sacralidad al invisibilizar su particularidad con el borramiento de los límites, reales y simbólicos, que lo distinguen del resto del edificio. En contraposición, las intervenciones estatales se enmarcaban en un programa de preservación patrimonial de la sede de gobierno, que buscaba “mejorarla”^[21], restaurando su fachada y su valor arquitectónico como parte del centro histórico de Rosario. Estas políticas patrimoniales de “mejoramiento” pueden vincularse con el ordenamiento simbólico de la ciudad, así como con la rentabilización de la zona bajo intereses turísticos e inmobiliarios (Kingman Garcés, 2004). El acta de la comisión fue presentada ante las autoridades de la Secretaría de DD. HH. y la obra fue, entonces, detenida, al menos por unos meses.

Revocar la fachada: entre lo técnico y lo político

En la tarde del 4 de febrero de 2019, las dos trabajadoras del Espacio de Memoria advirtieron que había albañiles revocando un sector de la fachada del ex CCD. Tomaron fotografías de lo sucedido y las reenviaron a sus diferentes grupos de WhatsApp. Las imágenes comenzaron a replicarse rápidamente, llegando a gran parte de los/as militantes del movimiento de DD. HH. local, entre ellos/as, los/as integrantes de la comisión del ex CCD. Nuevamente, el Estado provincial realizaba modificaciones en el ex CCD sin comunicarlo a los organismos que integraban junto a él la comisión.  

Imagen 3: Fachada del ex CCD antes del revoque, 23/1/2019.

Imagen 4: Fachada del ex CCD luego del revoque, 8/2/2019.

Ese mismo 5 de febrero, se realizó una reunión del Espacio Juicio y Castigo^[22], multisectorial de la que participan varios/as integrantes de la comisión, por lo que allí trataron la situación de la fachada y se convino efectuar una denuncia pública contra el gobierno provincial. La denuncia fue difundida el miércoles 6 en el diario digital Redacción Rosario, titulada “Exigimos la inmediata detención de las obras”:

“«Queremos denunciar el atentado a la memoria que está cometiendo el gobierno de Santa Fe en el ex Servicio de Informaciones (SI)». En su comunicado, los organismos de derechos humanos señalaron que «ya el año pasado» habían «advertido a las autoridades de la Secretaría de DD HH de la provincia sobre las reformas que estaban realizando en el ex SI —declarado por ley como sitio de memoria—, en las que no se estaban respetando los criterios de preservación acordados con los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes» […] Los organismos destacaron que «el ex SI es un testimonio invaluable de lo que fue el terrorismo de Estado en nuestra ciudad, y es una prueba fundamental que ha sido varias veces inspeccionado en cada uno de los juicios realizados en Rosario contra los genocidas, como el que se está retomando justo en el día de hoy»”.^[23]

En la denuncia, los criterios de preservación no respetados eran los acordados durante la obra para inaugurar el Espacio de Memoria, pero también aquellos convenidos luego del recorrido de agosto de 2018, mediante el acta presentada. Más que especificaciones técnicas de preservación, estos criterios tenían relación con la imposibilidad de intervenir el lugar sin la participación y el acuerdo político con los organismos y sobrevivientes. El reinicio de las audiencias de la causa “Feced III” el mismo día reforzaba para los/as denunciantes el valor del ex CCD como espacio de duelo y demanda de justicia y le daba mayor peso al reclamo, en un contexto en el que se reclamaba por las dilaciones de los juicios y el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los condenados^[24]. Así, la denuncia emparentaba las acciones del gobierno provincial con las del gobierno nacional, cuyo precedente eran los reclamos de vaciamiento de las políticas de memoria que condujeron a la conformación de la comisión en 2018. Sin embargo, la exposición mediática del conflicto puede comprenderse como una estrategia de los organismos y sobrevivientes para retomar las negociaciones con el gobierno provincial, ante la imposibilidad de hacerlo a través del canal institucional para ello, es decir, la comisión.

La denuncia fue rápidamente replicada por otros medios locales e incluso nacionales. Ante las repercusiones, el Subsecretario de DD. HH. de la Provincia convocó a los/as integrantes de la comisión a una reunión extraordinaria para el día siguiente en la Secretaría de DD. HH. A la reunión se sumaron el Secretario de DD. HH. y la Secretaria de Obras Públicas, arquitecta responsable por las actuales modificaciones. En ella, los/as representantes de los organismos y sobrevivientes, más la representante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expresaron su malestar respecto de las obras realizadas “sin su consentimiento”, señalando que habían detectado modificaciones también en el interior del ex CCD (imágenes 5 y 6), y ratificando lo expresado en la denuncia publicada en los medios^[25].

Imagen 5: Revoque en el hall de ingreso del ex CCD, 23/1/2019.

Imagen 6: Pintura del hall de ingreso al ex CCD, 4/2/2019.

Entre los reclamos, la representante por la UNR sostuvo que, según la legislación, deberían abstenerse de realizar modificaciones sin consideración de la comisión, y destacó que restaurar “implica respeto por el lugar, por lo que allí ha sucedido y su historia”. En el mismo sentido, sobrevivientes del ex SI —en representación de APDH, expresos políticos y AMSAFÉ provincial—, señalaron la “falta de respeto” y de “comprensión política” de lo que significa el ex CCD, marcando que “un lugar donde hubo tanto horror merece estar en su estado más puro y original”. En este sentido, consideraron que las modificaciones realizadas por Obras Públicas, enmarcadas en el plan para “mejorar” la sede de gobierno, buscaron “embellecer” y “hermosear” el edificio, lo cual iría en contra de “dar cuenta del terror que se vivió ahí dentro”, de las marcas que de esas experiencias permanecen en “un lugar muy sentido para todos” que “no debe ser tocado”. Aquí las críticas de los/as sobrevivientes no fueron solo a la actual gestión, sino que se extendieron a las obras arquitectónicas que inauguraron el Espacio de Memoria en 2015. Es por ello que la representante de H.I.J.O.S. en la comisión, quien estuvo a cargo de tal proyecto, afirmó que “el criterio entonces no fue restaurar, ni embellecer, lo que se modificó fue porque no había otra alternativa o bien se hizo en relación a los testimonios de los sobrevivientes”.

Por su parte, la arquitecta de Obras Públicas manifestó que había participado en aquella “preservación del interior del sitio de memoria, que fue un trabajo muy difícil donde aprendí el respeto por lo que estaba […] Pero mi trabajo ahora es restaurar un edificio de valor patrimonial”. En este sentido, la experta diferenciaba dos modos de intervención: una, en el ex CCD; otra, sobre el edificio o su fachada. A diferencia de la arquitecta a cargo de la obra del Espacio de Memoria, para la profesional de Obras Públicas los criterios de “respeto” y “comprensión política” que solicitaban los organismos y sobrevivientes no tenían lugar en una instancia donde su intervención se presentaba como meramente técnica y políticamente neutra (Kingman Garcés, 2004). En esta línea, remarcó que “la licitación fue completa, de todo el perímetro” y, pidiendo disculpas, señaló que “quizás no pudimos dimensionar que era un lugar tan importante”.

Sobre el exterior recién revocado del ex CCD y desde dos criterios de intervención diferentes, la arquitecta de Obras Públicas sostuvo que el problema era que “no había ningún plan para el exterior”, refiriéndose a la falta de especificaciones técnicas; mientras que la representante de H.I.J.O.S. respondió que “la decisión era no tocar el frente y por eso no había plan”, en alusión a los acuerdos políticos construidos mediante aquellas múltiples reuniones que habilitaron la obra del Espacio de Memoria. Otros/as integrantes de la comisión le adjudicaron al gobierno provincial no comprender que los grafittis y stenciles que se encontraban en la fachada del ex CCD daban cuenta de que era “reconocido socialmente como un espacio de lucha”, sosteniendo que ningún otro sector de la sede de gobierno había sido “marcado” de ese modo. Para estos/as actores, las marcas, como “maneras de apropiarse del espacio público” (Fabri, 2018: 10), investían de sacralidad al lugar, delimitándolo exteriormente del resto del edificio: aquello que lo profanaba era cubrir ese reconocimiento social, “tapar las huellas” de su valor como lugar de duelo y demanda de justicia.

Para los/as representantes del Estado en la reunión, la cuestión era entendida de modo inverso: lo que profanaba al edificio como patrimonio de la ciudad eran esas marcas, que lo manchaban como reliquia del pasado histórico. No obstante, cabe mencionar que, luego de la pintura y revoque de la fachada, fueron repintados por los mismos trabajadores de Obras Públicas los pañuelos de las Madres stencileados en la esquina (Imágenes 3 y 4). En este sentido, la gestión provincial reconocía la sacralidad de estos símbolos (Guglielmucci, 2011; Vecchioli, 2014), evitando, de alguna manera, profundizar aún más el conflicto. Los/as funcionarios/as presentes en la reunión insistieron en que no había habido “mala fe” y que la intención era “que pueda avanzarse teniendo como eje que el gobierno provincial ha asumido siempre la lucha por la memoria, pese a sus errores”, buscando diferenciarse del gobierno nacional.

Retomando el criterio de hacer visible el ex CCD desde el exterior junto con la participación que reclamaban los organismos y sobrevivientes, el Subsecretario de DD. HH. propuso “hacer un fotomontaje” o “darle un color más oscuro a la fachada”. Por su parte, la arquitecta de Obras Públicas agregó que esperaba “poder lograr un acuerdo, una construcción conjunta para pensar cómo lograr la visibilización hacia el exterior de ese lugar” y que “incluso podría hacerse un pizarrón urbano”. Uno de los/as sobrevivientes remarcó que “ante cualquier decisión puedan participar los organismos y los gremios que conforman la comisión”, a lo que los/as funcionarios/as respondieron afirmativamente. Las propuestas, tal como fueron presentadas por los/as representantes estatales, mientras incluyeran a los organismos y sobrevivientes, fueron aceptadas por los/as presentes. Finalmente, se convino realizar un recorrido en el Espacio de Memoria junto a los/as funcionarios/as para que dieran cuenta in situ de lo realizado, el siguiente martes 12 de febrero.

En relación con esta reunión y siguiendo los dos criterios de intervención patrimonial propuestos, podemos entender que existe una “tensión entre la acción estatal que tiende a reducirse a lo técnico y los movimientos sociales que politizan la problemática” (Benedetti, 2004: 24). Desde la perspectiva de los/as funcionarios/as del Estado, incluida la arquitecta de Obras Públicas, se estaba procediendo técnicamente de acuerdo con lo que estipula la legislación. Recordemos que, en el inventario patrimonial del municipio, se habilita la restauración de toda la fachada del edificio y la intervención en su interior, sin que el ex CCD requiera un tratamiento diferencial. Precisamente, aquello que los organismos y, particularmente, los/as sobrevivientes del ex CCD reclamaban era ese tratamiento, apelando al valor del ex CCD no solo como reliquia del pasado de la ciudad sino también como relicario de las experiencias de muerte y horror, de duelo y de lucha por justicia que contiene.

Desinteligencias en un lugar sagrado: conservar para transmitir

Al día siguiente de la reunión, el viernes 8 de febrero, fue publicada en el diario local La Capital la respuesta del Subsecretario de DD. HH. a la denuncia del Espacio Juicio y Castigo. En ella, el funcionario se refirió a las modificaciones como “desinteligencias” entre la Secretaría de DD. HH. y el Ministerio de Obras Públicas, aclarando que “[n]o atentamos contra la memoria”. Reforzando los criterios técnicos sostenidos en la reunión, agregó que las modificaciones en el edificio se realizaron por “un problema de fondo, de humedad y deterioro” e insistió en que “en ninguno de estos casos se alteró el espacio a los fines probatorios”^[26]. La nota periodística, en un medio de importante llegada, no resultó del agrado del resto de los/as integrantes de la comisión, quienes consideraron que al gobierno provincial le preocupaba más la imagen pública ante lo sucedido que la construcción efectiva de políticas conjuntas para el lugar.

Ese mismo viernes, la arquitecta a cargo del Espacio de Memoria en 2015 se comunicó con algunos/as integrantes de la comisión, dada la repercusión pública, poniendo a disposición su asesoramiento técnico si fuera necesario. La comisión acordó que la arquitecta se sumara al recorrido pautado para el martes 12 con los/as funcionarios/as públicos. Por haber dirigido la obra de 2015, ella había sido previamente contactada por algunos medios de comunicación para opinar sobre el hecho. El domingo 10, se publicó en La Capital su consideración, en la que afirmó la “gravedad y negligencia” de las modificaciones en el ex CCD, al sostener que: “Todo lo que se hace en forma irreversible es documento que se pierde y pone en riesgo la memoria histórica”. Y agregó: “Este es un patrimonio diferente a como lo entiende la Provincia”^[27]. Pese a la gran cantidad de modificaciones arquitectónicas que se realizaron en el ex CCD bajo su coordinación, la arquitecta denunciaba, de cierto modo, un avance contra la autenticidad del lugar que ella habría preservado como argumento para acompañar el reclamo de los organismos y sobrevivientes, poniendo a la técnica experta en función de la demanda política.

El martes 12 de febrero, finalmente, se realizó el recorrido por el ex CCD del que participaron los/as integrantes de la comisión, el Subsecretario de DD. HH., la arquitecta y Secretaria de Obras Públicas, otro arquitecto de la misma dependencia y la mencionada arquitecta a cargo del proyecto del Espacio de Memoria^[28]. El recorrido consistió en observar las modificaciones realizadas y constatarlas con aquella primera acta, elaborada por la comisión en agosto del año anterior. Al llegar al hall de ingreso original del ex CCD, donde fue realizado el picado, revoque y pintura de la pared (Imágenes 5 y 6), la arquitecta de Obras Públicas leyó el acta ante los/as presentes para corroborar lo denunciado. Junto a integrantes de la comisión, comprobaron que estas modificaciones, defendidas en los medios por la Secretaría de DD. HH. alegando motivos técnicos, se habían realizado por una mala interpretación del acta al confundir ese espacio con el nuevo hall de ingreso al Espacio de Memoria. La arquitecta de Obras Públicas se disculpó e insistió en “que de acá en adelante no nos vuelva a suceder, porque sería cumplible con los canales que hemos establecido para comunicación y con un espacio de trabajo conjunto”.

En contraposición a la actual gestión y en diálogo con su colega, la arquitecta a cargo del proyecto del Espacio de Memoria defendió su modo de proceder en 2015, acompañando con argumentos técnicos el reclamo de tratamiento diferencial que hacían los/as representantes de los organismos y sobrevivientes.

“El concepto acá es que nada es irremediable como esa pintura. Entonces pienso que en todos los casos, cada decisión que haya que hacer hay que conversarla, porque insisto acá hay un documento […] Entonces hay que ser cuidadosos porque esto ya nos excede hasta a nosotros, generaciones pueden seguir haciendo hablar a este edificio […] Acá el concepto de preservación implica dejar prácticamente intacto […] el Estado hoy está recuperando el patrimonio, los edificios, hay edificios que están quedando hermosos… este es un edificio patrimonial pero tiene una esquina que es muy particular”.

Uno de los/as sobrevivientes, representante en la comisión de expresos políticos, se manifestó en el mismo sentido, al cuestionar el tratamiento que el gobierno provincial le estaba dando al CCD como si fuera “cualquier obra pública”:

“Yo creo que acá faltó la visión política de esta obra, que es una obra pública que para el ministerio de Obras Públicas es como cualquier obra pública seguramente, como construir una carretera, arreglar una calle, lo que fuere, porque lo hace un técnico que no tiene ni tiene por qué tener, a lo mejor, comprensión ni histórica ni política del lugar sobre el cual está interviniendo […] cuando uno hace una carretera en un lugar donde hubiera pueblos originarios y bueno, aparece un grupo de originarios que dice no, por acá la carretera no pasa porque es un santuario nuestro, bueno, entonces hay que poner a alguien que indique dónde están los santuarios para que esto no sea destruido”.

En esta línea, que no pueda ser intervenido como cualquier objeto de “uso común”, como cualquier otra esquina u obra pública, delimita su valor sagrado. Para estos/as actores, su intervención requeriría no solo la experticia técnica sino también el compromiso político de conocer su historia: su funcionamiento como CCD, pero también las diversas memorias construidas por los/as sobrevivientes y los organismos. En este sentido, otros/as integrantes de organismos propusieron que se realizaran capacitaciones destinadas a quienes pudieran intervenir a futuro en el ex CCD “para que lo puedan conservar y que sepan por qué se está preservando […] porque uno no puede respetar lo que no conoce”. Poder valorizar patrimonialmente el ex CCD como lugar de duelo y de demanda de justicia y respetar su sacralidad implica, entonces, tener, transmitir y construir conocimiento acerca de las memorias que lo significan. Terminado el recorrido, los/as funcionarios/as de Obras Públicas reiteraron la decisión de detener la obra en la fachada del ex CCD para poder trabajar junto a los/as integrantes de la comisión políticas específicas para el lugar. Al día de la fecha, ningún proyecto conjunto se ha concretado para el Espacio de Memoria.

Reflexiones finales

Entendemos que lo patrimonial, como categoría construida y disputada, requiere ser comprendido en contexto, situándolo en las prácticas y discursos en los que cobra sentido. El recorrido que hemos realizado acerca del ex CCD SI nos permitió dar cuenta de algunos trazos de su construcción patrimonial entre 2015 y 2019 por medio de las disputas suscitadas sobre el revoque de la fachada y la intervención en su interior. Asimismo, pudimos delimitar algunas categorías que, vinculadas a las intervenciones prescriptivas y proscriptivas sobre su materialidad, han disputado preeminencia en el período delimitado: demoler, preservar, restaurar, embellecer, conservar y transmitir. Distinguimos, de esta manera, dos aspectos que sacralizan patrimonialmente al ex CCD: por un lado, como reliquia del pasado histórico, destacando su valor arquitectónico en tanto parte de un edificio del centro de la ciudad; y por otro, como espacio de duelo y demanda de justicia, dadas las muertes, torturas y desapariciones allí cometidas durante la última dictadura.

Asimismo, identificamos dos criterios de intervención patrimonial que destacan uno u otro de estos aspectos: uno, técnico; otro, político. Desde este último, que reconoce al patrimonio como arena presente de disputas en torno al pasado, se realizaron las modificaciones que inauguraron al CCD como Espacio de Memoria en 2015, con la activa participación de sobrevivientes y organismos de DD. HH., incluso desde el Estado. Caracterizamos a estas intervenciones como demoler para preservar, relación que no resulta contradictoria si entendemos que aquello preservado fueron las memorias de los/as sobrevivientes y organismos de DD. HH., y no la materialidad en sí misma, destacando el valor como espacio de duelo y demanda de justicia del ex CCD.

En contraposición, las intervenciones de 2018 y 2019 se realizaron desde un criterio técnico, considerando, ante todo, la restauración del valor histórico-arquitectónico del edificio en su totalidad, mediante criterios expertos que aparecen como políticamente neutrales. Solo ante la denuncia pública, por parte de actores extraestatales integrantes de la comisión del ex CCD, de que se estaba realizando una restauración para embellecer la fachada se consideró su participación en la intervención patrimonial, con la apertura de una escena de negociaciones para dirimir el conflicto. Tras ella, primó el criterio de conservar para transmitir, sin perder de vista que, como proceso conflictivo, todo patrimonio alberga memorias en pugna. Al momento, podemos sostener que la comisión se presenta más como una instancia estatal para contener y vehiculizar institucionalmente las demandas del movimiento de DD. HH. que como un órgano de co-gestión o construcción conjunta de políticas patrimoniales para el lugar, tal como demandan los organismos y sobrevivientes.

Estas disputas contribuyen a visibilizar que el Estado no es un actor unívoco y homogéneo, sino atravesado por fragmentaciones, falta de articulación y criterios diversos que quedan expuestos en las situaciones conflictivas. Tampoco es el protagonista exclusivo en estos procesos, sino que intervienen diferentes actores sociales que reivindican o cuestionan estos patrimonios, demandando ser parte en la construcción de políticas públicas. En este sentido, la generación de instancias de negociación entre el Estado y los organismos de DD. HH. se tornó fundamental para la resolución temporal de las disputas, con la posibilidad de construir conjuntamente políticas patrimoniales para el ex CCD. Como expresaba aquella primera acta de la comisión, “no puede realizarse una intervención estética sin más en un sitio de memoria”, pero sí mientras sea convenida en el marco de una política construida junto con los/as actores legitimados/as. En estas negociaciones, las arquitectas tuvieron diferentes y protagónicas participaciones, reforzando los aspectos especializados y legislados de lo patrimonial desde criterios técnicos, por un lado; o acompañando, bajo argumentos expertos legitimados, los reclamos que disputan la hegemonía del Estado desde criterios políticos, por otro. 

Antes que definidas solamente por criterios técnicos expertos, la proscripción o prescripción de determinadas prácticas en este lugar sagrado, su significado e implicancias, son establecidas situacionalmente en negociaciones políticas entre los/as actores involucrados/as, poniendo en tensión los aspectos que habilitan su sacralización patrimonial. La activación o no de un horizonte de acuerdos es lo que permite comprender por qué las modificaciones de 2018 y principios de 2019, que no contaron con el consentimiento del movimiento de DD. HH., fueron denunciadas como un “atentado contra la memoria”, pero no así aquellas llevadas a cabo para inaugurar el Espacio de Memoria en 2015, que implicaron distintas instancias de participación de estos/as actores. Para ellos/as, solicitar el tratamiento político y no sólo técnico de la particular esquina era fundamental para sostener los límites que garantizan la sacralidad del ex CCD como espacio donde estuvieron, por última vez, personas aún desaparecidas o asesinadas, cuyos familiares y/o compañeros/as hoy integran la comisión. Intervenir el ex CCD sin considerar este aspecto ni construir un acuerdo previo entre las partes sería profanar el espacio y atentar contra sus memorias. De esta manera, el límite sagrado que no puede atravesarse sin conflicto no es la intervención de la materialidad del ex CCD en sí misma, sino hacerlo sin la participación de los/as actores más legitimados/as para ello, reafirmando la naturaleza conflictiva, disputada y negociada de todo proceso patrimonial.

Referencias bibliográficas

AGAMBEN, Giorgio. (2005). Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

ÁGUILA, Gabriela. (2008). Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976/1983. Buenos Aires: Prometeo.

BALBI, Fernando. (2012). “La integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica”. Intersecciones en Antropología, 13, 485-499.

BENEDETTI, Cecilia. (2004). Antropología social y patrimonio. Perspectivas teóricas latinoamericanas. En Mónica Rotman (ed.), Antropología de la cultura y el patrimonio, pp.15-26. Córdoba: Ferreira Editor.

BIANCHI, Silvia (dir.). (2009). “El Pozo” (ex Servicio de Informaciones). Un centro clandestino de detención, desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del pasado reciente. Rosario: Prohistoria.

CANDAU, Joel. (2006). Antropología de la memoria. Buenos Aires: Nueva Visión.

CARDINI, Laura. (2013). “Políticas culturales y patrimonio en la ciudad de Rosario, Argentina”. Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, 28-46, 124-142.

CHOAY, Françoise. (1993). “Alegoría del patrimonio: monumento y monumento histórico”. Arquitectura Viva, 33, 15-21.

CRIADO-BOADO, Felipe y BARREIRO, David. (2013). “El patrimonio era otra cosa”. Estudios Atacameños, 45, 5-18.

DA SILVA CATELA, Ludmila. (2010). Pasados en conflicto. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas. En Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich (comps.), Problemas de historia reciente del Cono Sur II, pp.99-123. Buenos Aires: Prometeo-UNGS.

DA SILVA CATELA, Ludmila. (2011). El mundo de los archivos. En Félix Reátegui (ed.), Justicia transicional. Manual para América Latina, pp. 381-403. Brasilia y Nueva York: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia, y Centro Internacional para la Justicia Transicional.

DA SILVA CATELA, Ludmila. (2014). “«Lo que merece ser recordado…». Conflictos y tensiones en torno a los proyectos públicos sobre los usos del pasado en los sitios de memoria”. Clepsidra, 2, 28-47.

D´OTTAVIO, Adriana. (2020). “Prácticas de estatalidad en los procesos de patrimonialización de sitios de memoria en la Ciudad de Buenos Aires”. Clepsidra, 7-13, 54-73.

DURKHEIM, Emile. (1968). Las formas elementales de la vida religiosa. Buenos Aires: Schapire.

FABRI, Silvina. (2018). “Acerca de memorias patrimonializadas y patrimonios memoriales. El caso del Predio Quinta Seré”. Aletheia, 8-16, 1-24.

FELD, Claudia. (2011). La memoria en su territorio. En Beatrice Fleury y Jacques Walter (comps.), Memorias de la piedra. Ensayos en torno a lugares de detención y masacre, pp. 9-17. Buenos Aires: Ejercitar la memoria.

FELD, Claudia. (2017). “Preservar, recuperar, ocupar. Controversias memoriales en torno a la ex ESMA (1998-2013)”. Revista Colombiana de Sociología, 40-1, 101-131.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. (1993). Los usos sociales del patrimonio cultural. En Enrique Florescano (comp.), El patrimonio cultural de México, pp. 41-61. México: Fondo de Cultura Económica.

GLUCKMAN, Max. (1958). “Análisis de una situación social en Zululandia moderna”. Rhodes-Livingstone Paper, 28, 1-27. Recuperado de: https://www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html [consulta: 13 de abril de 2020].

GUGLIELMUCCI, Ana. (2011). El proceso social de consagración de la memoria sobre el terrorismo de Estado como política pública estatal de derechos humanos en Argentina. Tesis de Doctorado en Antropología. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

GUBER, Rosana. (1994). El salvaje metropolitano. Buenos Aires: Legasa.

HEINICH, Nathalie. (2014). “La fábrica del patrimonio. Apertura y extensión del corpus patrimonial: del gran monumento al objeto cotidiano”. Apuntes, 27-2, 8-25.

HUYSSEN, Andreas. (2000). “En busca del tiempo futuro”. Puentes, 2, 12-29. Recuperado de: https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/puentes/02puentes.pdf [consulta: 24 de agosto de 2019].

JELIN, Elizabeth. (2010). Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra. En Emilio Crenzel (ed.), Los desaparecidos en la Argentina, pp. 227-249. Buenos Aires: Biblos.

JELIN, Elizabeth. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI.

JELIN, Elizabeth y LANGLAND, Victoria. (2003). Las marcas territoriales como nexo entre pasado y presente. En Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, pp.1-16. Buenos Aires: Siglo XXI.

KINGMAN GARCÉS, Eduardo. (2004). “Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura”. Íconos, 20, 26-34.

MACDONALD, Sharon. (2009). “Reassembling Nuremberg, reassembling heritage”. Journal of Cultural Economy, 2-1/2, 117-134.

MALINOWSKI, Bronislaw. (1973). Los argonautas del Pacífico Occidental. Barcelona: Península.

MESSINA, Luciana. (2010). Políticas de memoria y construcción de memoria social: acontecimientos, actores y marcas de lugar. El caso del ex centro clandestino de detención “Olimpo”. Tesis de Doctorado en Antropología. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

MUZZOPAPPA, Eva y VILLALTA, Carla. (2011). “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología, 47-1, 13-42.

PERRET, Gimena y SABAO, Virginia. (2016). “Descotidianizar la formación en Antropología: problemas planteados a su enseñanza en el ámbito de la Educación Superior”. Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior, 12, 1-20. Recuperado de: http://ojs.cbc.uba.ar/index.php/redes/article/view/62 [consulta: 6 de marzo de 2018].

POLLAK, Michael. (1989). “Memoria, olvido, silencio”. Estudos Históricos, 2-3, 3-15. Recuperado de: https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf [consulta: 12 de mayo de 2018].

PORTOS, Joan. (2017). “Usos y disputas de lo sagrado en ex centros clandestinos de detención”. Sudamérica, 7, 53-77.

PRATS, Llorenç. (2000). “El concepto de Patrimonio Cultural”. Cuadernos de Antropología Social, 11, 115-136.

ROCKWELL, Elsie. (1985). “Etnografía y teoría de la investigación educativa”. Dialogando, 8, sin paginación. Recuperado de: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401432/Etnografia_y_teoria_de_la_investigacion_educativa_Elsie_Rockwell_unidad_II_.pdf [consulta: 3 de junio de 2020].

SÁNCHEZ CARRETERO, Cristina y JIMÉNEZ ESQUINAS, Guadalupe. (2016). “Relaciones entre actores patrimoniales: gobernanza patrimonial, modelos neoliberales y procesos participativos”. PH, 90, 190-197.

SANTAMARINA, Beatriz y MONCUSÍ, Albert. (2015). “El mercado de la autenticidad. Las nuevas ficciones patrimoniales”. Revista de Occidente, 410-411, 93-112.

SCHMUCLER, Héctor. (2006). “La inquietante relación entre lugares y memoria”. Ponencia presentada en el Taller “Uso público de los sitios históricos para la transmisión de la memoria”. Buenos Aires, 8-10 de junio. Recuperado de: http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/hector_schmucler.pdf [consulta: 28 de octubre de 2020].

SMITH, Laurajane. (2011). “El “espejo patrimonial”. ¿Ilusión narcisista o reflexiones múltiples?”. Antípoda, 12, 39-63.

SOSA, Ana M. y MAZZUCHI FERREIRA, M. Leticia. (2014). “Memoria musealizada: un estudio sobre los procesos de patrimonialización de memorias traumáticas en Uruguay y Brasil”. Museologia e Patrimônio, 7-1, 109-130.

VECCHIOLI, Virginia. (2007). “La invención de la causa por los derechos humanos en la Argentina”. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de studio sobre Compromiso Militante y Participación Política. Olavarría, Buenos Aires, 1-2 de junio. Recuperado de: https://www.soc.unicen.edu.ar/newsletter/nro8/capacitaciones/jcm_vecchioli.pdf [consulta: 13 de abril de 2020].

VECCHIOLI, Virginia. (2014). “La recreación de una comunidad moral y la institución de un relato legítimo sobre los Derechos Humanos en la Argentina”. Publicar, 12-17, 67-94.