Los trabajadores del subte: las experiencias de lucha y la burocratización del cuerpo de delegados entre 2006-2009

The subway workers: the struggle experiencies and the bureaucratization of union delegates corps between 2006-2009

Mauricio Torme

https://orcid.org/0000-0001-6287-7789

Facultad de Ciencias Sociales y CBC,

Universidad de Buenos Aires

mauricio.torme@gmail.com

Fecha de envío: 13 de junio de 2020. Fecha de dictamen: 3 de marzo de 2021. Fecha de aceptación: 30 de abril de 2021.

Resumen

El artículo aborda la pérdida de poder del cuerpo de delegados y los trabajadores del subte a partir de un cambio de estrategia de la dirección de la organización sindical de base al integrarse políticamente al gobierno nacional en 2006, lo que los llevó a una incipiente y paulatina burocratización; dicha adaptación se expresó en una progresiva desactivación en las luchas. A su vez, la alianza entre la dirección de UTA, la empresa y el Estado contribuyó a la pérdida de poder. Asimismo, se analizan las políticas de la conducción de la UTA respecto a los delegados y trabajadores en su búsqueda de desactivarlos. La metodología utilizada fue un análisis cualitativo y crítico entroncado con técnicas de registro documental y vivencial; análisis de documentos públicos (actas de Convenios Colectivos de Trabajo y expedientes estatales), periódicos nacionales y de partidos de izquierda, entrevistas semiestructuradas y observaciones participantes de asambleas y movilizaciones. El trabajo despliega los límites de una estrategia de adaptación del organismo sindical con el Estado, poniendo en peligro ciertas conquistas laborales y políticas conseguidas y retrocediendo en algunas otras. El tema propuesto es de interés porque entre 2006 y 2009 se manifestó el cambio de la mayoría de los delegados en su relación con el Estado, la empresa y la conducción de UTA, y comienza un proceso de burocratización.

Abstract

The article addresses the loss of power of the union delegates corps and subway workers since a change in strategy from the leading group when they, politically integrate into the national government in 2006 which led to an incipient and gradual bureaucratization: this adaptation was expressed in a progressive deactivation in the struggles. In turn, the alliance between the UTA management, the company and the State contributed to the loss of power. Likewise, the policies of the UTA leadership regarding union delegates and workers are analyzed in their effort to deactivate them. The methodology used was a qualitative and critical analysis linked to documentary and experiential recording techniques. Analysis of public documents (acts of collective bargaining agreements and state files), national newspapers and left-wing parties, semi structured interviews and participant observations of assemblies and mobilizations. The work unfolds the limits of a strategy for adapting the union body to the State endangering certain labor and political gains achieved and retreating in some others. The proposed topic is of interest because between 2006 and 2009 the change of the majority of the union delegates in their relationship with the State, the company and the UTA leadership was manifested more clearly and a process of bureaucratization began.

Palabras clave: Democracia sindical; Trabajadores; Sindicato; Burocracia sindical; Estado.

Keywords: Union democracy; Workers; Trade union; Union bureaucracy; State.

Introducción

Las y los trabajadores del subterráneo constituyeron un colectivo laboral que fue estudiado por sus formas de organización, métodos de lucha, conquistas y radicalidad político sindical. Desde fines de los 90 hasta 2012, protagonizaron notorias luchas reivindicativas y políticas, así como influyeron en la política gremial nacional y en la sociedad metropolitana Este sujeto/objeto de estudio ha sido foco de científicos sociales como Castro Rubel (2010), quien sostuvo que la resistencia a la avanzada empresaria emergió por la existencia de obreros de izquierda, dimensión subjetiva, pero luego enfatizó en el surgimiento de la resistencia condiciones opresivas y de explotación, dimensión objetiva. Por su parte, Ventrici (2011) advirtió que los trabajadores construyeron un organismo gremial representante de sus intereses, en un primer momento, por la iniciativa de militantes de izquierda, pero su desarrollo y consolidación estuvo signado por la intervención de jóvenes obreros, por su condición de “nuevos” y en tareas “precarizadas” como las boleterías. Sin embargo, la organización sindical fue impulsada y consolidada por la acción político sindical de militantes obreros clasistas y combativos que ingresaron a la empresa en 1994 con ese objetivo para defender y conquistar derechos.

El subterráneo tiene una historia significativa de lucha registrada desde los 70, momento en que diversas organizaciones sindicales del peronismo combativo y el Partido Socialista de los Trabajadores le disputaron el control a la conducción de la UTA y a la empresa estatal (Compañez y Ledesma, 2008).

En setiembre de 2000, con la conquista de la mayoría del Cuerpo de Delegados (CD en adelante), 12 sobre 21, por trabajadores pertenecientes a e influenciados por la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), orientada por el Partido Obrero, por el grupo formado por exmilitantes del Movimiento Al Socialismo e integrantes de la exagrupación El Túnel, ambas con estrategias sindicales clasistas, generaron un cambio cualitativo en la vida laboral de los trabajadores. La conquista del CD expresó un cambio en las relaciones de fuerza en el espacio laboral gestado durante cinco años (la mitad en forma clandestina), configurando un renovado contenido político sindical. Para sostener esta reversión fue central obtener posiciones en el CD, la victoria en el conflicto por la eliminación del guarda (polivalencia en los conductores) en febrero de 2001 y la consolidación de un frente único de lucha “que avanzaba porque era capaz de priorizar los acuerdos sobre las diferencias. Fue el resultado de la alianza de dos grandes bloques: las líneas A y E, por un lado, y la línea D y el taller Rancagua, por el otro” (Bouvet, 2008: 66).

Luego, el poder obrero se consolidó con la lucha por las seis horas por jornada laboral en tareas insalubres, iniciada a fines de 2001 y desarrollada entre 2002 y 2004. El veto a la Ley N° 871, en setiembre de 2002, por el Jefe de Gobierno porteño, apoyado en la represión, produjo un retroceso. Sin embargo, en ese cuadro, las y los trabajadores apoyaron mayoritariamente al grupo de militantes obreros vinculados al ex Túnel y ATM que, lejos de dividirse y desmoralizarse, ampliaron su representación sindical llegando a casi la totalidad de los delegados, 19 sobre 21, en las elecciones de ese año.  

Al año siguiente, en julio de 2003, se enfrentaron por primera vez a la conducción de UTA, la empresa y el Ministerio de Trabajo por la firma de la modificación del CCT 384-99, que habilitaba la polivalencia en los boleteros, la instalación de máquinas expendedoras de boletos, y un aumento de $ 125 al básico de los $ 200 que otorgaba el gobierno nacional[1]. En setiembre, consiguieron las “seis horas” para gran parte de los trabajadores, y en abril de 2004, con una huelga por tiempo indeterminado, que duró cuatro días, incorporó a los boleteros. Esta conquista generó 300 puestos de trabajo, menos horas por igual salario, liberarse dos horas de la alienación capitalista y sobre todo proteger su salud; este logro, junto a la organización de las trabajadoras por sus reivindicaciones (2002), mostró una amplia y crítica conciencia política en el colectivo laboral, yendo más allá de las luchas iniciales en 1996/97 contra los despidos, el conflicto del guarda (2001), aumentos salariales y la reversión de la tercerización laboral, etc. En este marco, los delegados y trabajadores se enfrentaron a nuevos desafíos, hacia dónde y cómo continuar.

Sin embargo, a mediados de 2004, se empezaron a manifestar tensiones entre el CD y el activismo obrero con la conducción de UTA por el poder adquirido por los primeros en el espacio laboral, que desplazaba cada vez más al sector del secretario general de UTA, Juan Manuel Palacios; pero también surgieron conflictos al interior del CD en un contexto de consolidación de un nuevo gobierno peronista. Las tensiones llevaron a romper con el frente único de lucha que existía desde 2000 en el CD.

El objetivo del trabajo es analizar el proceso de pérdida de poder de las y los delegados y trabajadores en el subterráneo y el premetro entre 2006 y principios de 2009. La idea central fue que el sector que dirigía el CD desde fines de 2004, pero claramente desde 2006 hasta 2009, promovió una desaceleración y desactivación en las luchas contra la empresa, la conducción de UTA y el gobierno nacional, producto de un cambio de estrategia político sindical por su adaptación al poder político gubernamental, llevándolo a una incipiente y paulatina burocratización (ver próximo apartado). Asimismo, se sostiene que la conducción de UTA se dio una doble política respecto de los delegados, de diálogo y de eliminación con violencia directa.

El antecedente clave que reveló los vínculos políticos y sindicales con el gobierno nacional fue en el reclamo salarial de diciembre de 2004, cuando la mayoría de los delegados encabezados por el delegado sindical Roberto Pianelli actuaron por primera vez sin consultar a los trabajadores en asambleas y levantaron una huelga en el marco de un plan de lucha en perjuicio de las necesidades e intereses concretos votados en noviembre (La Nación, 2004a). Así, la mayoría del CD firmó un “principio de acuerdo” (La Nación, 2004b). En la prensa partidaria, el delegado Segovia se desligó del accionar del cual había formado parte, al mismo tiempo que acusaba indirectamente al grupo liderado por Pianelli y reconocía la radicalidad de las bases:

“Estábamos en condiciones de haber arrancado más si hubiéramos seguido con el plan de lucha. […] Con mucho debate en el cuerpo de delegados. Donde como es lógico hubo diferencias. Algunos compañeros pensaban que había que agarrar la primera propuesta porque el gobierno, que ya había arreglado con los telefónicos, estaba fuerte. Y otros que pensábamos lo contrario. Pero el problema que tuvimos fue que esos compañeros, a diferencia de lo que veníamos haciendo siempre, se negaban a consultar a la base. La verdad es que fue la base la que impuso que no se aceptara la primera propuesta. Y así fue como logramos algo mejor. Quiero insistir, las diferencias de cómo uno ve la situación son legítimas. El problema es que siempre hay que tomar las decisiones con los compañeros. Consultando, debatiendo y votando”. (Miranda, 2004: 5)

Ese accionar lo caracterizamos como burocrático (ver próximo apartado) dado que privilegió los intereses del gobierno nacional y no las necesidades obreras y su plan de lucha, proceso histórico no esencialista ni abstracto. El delegado Baigorria también reconoció dicho proceder y el vínculo con el gobierno nacional.

“Había un guiño, no es que rompimos el techo, un ala del kirchnerismo alentaba que hubiera altos salarios para altos consumos… fuimos a la huelga dentro de la política de [Carlos] Tomada [ministro de Trabajo]. No nos salían a matar, ¿me explico? Tiene que ver con las características del kirchnerismo. No tenemos una caracterización común, yo me peleo con Beto [Pianelli] porque le digo: de todas las alternativas burguesas es la menos mala, ¿me explico?, para otros es lo más grande que hay”. (Entrevista a Flavio Baigorria.)

Estas luchas sindicales fueron enmarcadas por científicos sociales como una revitalización sindical signada por el aumento de los conflictos laborales, el dinamismo de las negociaciones colectivas y el número en las afiliaciones sindicales como un producto de las políticas económicas basadas en el desarrollo del mercado interno impulsadas por el gobierno nacional desde 2003, lo que favoreció el protagonismo de los sindicatos (Senen González y del Bono, 2014; Etchemendy y Collier, 2007). Otras y otros los ubicaron como un proceso de activación sindical en los lugares de trabajo del sindicalismo de base, antiburocrático y/o clasista (Marticorena, 2017; Santella, 2016; Varela, 2014; Ventrici, 2011).

La estrategia metodológica

Nuestro proceder metodológico parte de entender como una unidad integral a la relación de teoría y método, así como a las disciplinas de las ciencias sociales porque rompen con un abordaje parcial y fragmentario del conocimiento científico propio del método positivista (Calello y Neuhaus, 1999). Esta metodología, cualitativa y crítica, sostiene que la representación del objeto en el concepto es expresión de un algo en sí movido que no es igual a sí mismo, que no es fijo, lo que significa que la estructura conceptual es dinámica en pos de perseguir ese objeto (Adorno, 2014). El lugar del sujeto individual y colectivo depende del movimiento histórico de la objetividad social que determina, aunque no de manera absoluta, el actuar y pensar más allá de la individualidad (Gramsci, 2000). Los significados del fenómeno en estudio se captan en la confrontación con su propio concepto, lo cual implica que las nociones no se cosifican, “a la investigación corresponde la materia en sus detalles, analizar en estos las diversas formas de desarrollo y de descubrir su vínculo íntimo” (Marx, 1997: 133). Esta forma de abordaje epistémico-metodológico nos permite captar el proceso sindical en su movimiento, con su complejidad, avances y retrocesos, los elementos que lo determinan objetiva y subjetivamente, observar sus virajes y cristalizaciones. Además, poder observar los hilos manifiestos y no manifiestos que la fracción obrera analizada expresa como síntesis de la acumulación de la clase en sus métodos de organización, de lucha, y de sus relaciones con las agrupaciones sindicales clasistas y combativas, etc.

A su vez, esta manera de investigar se diferencia del razonar inductivo que, por adición de una cantidad suficientemente grande de casos singulares verificados, justifica el pasaje lógico a una conclusión universal (Klimosky, 2011) Así, este trabajo no sigue un método positivista que aborda el conocimiento a partir de la cosificación de los hechos como si estuviesen dados naturalmente. El fenómeno singular es indagado desde la totalidad social concreta en el cual se encuentra y se conecta descartando analizarlo en su fragmentación y aislamiento. Lo cualitativo, como modo de abordar los sentidos y significados sociales, es utilizado para rastrear lo producido por el sujeto de estudio en conexión con el movimiento de lo real, donde la dinámica genera una mutua determinación que transforma al sujeto cognoscente y al sujeto/objeto a conocer. Esta posición dista de la perspectiva fenomenológica sobre lo cualitativo, que busca las intenciones y sentidos de los actores sociales, es decir, cómo experimentan el mundo social y a los que intenta comprender desde tipos ideales, ahistóricos y puros.

La reconstrucción de la historicidad de las luchas del CD se apoyó en una combinación de técnicas de registro de información basadas en la exploración de fuentes de orden documental y de origen vivencial (Calello y Neuhaus, 1999). Entre las primeras se encontraron análisis de documentos de las agrupaciones sindicales, convenios colectivos de trabajo, actas y resoluciones homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, periódicos de tirada nacional y de partidos políticos de izquierda; entre las segundas, observación participante en asambleas, levantes de molinetes y huelgas, y entrevistas en profundidad semiestructuradas. Las técnicas seleccionadas estuvieron en función de la muestra elegida para contrastar las ideas.

Se realizaron entrevistas a destacadas delegadas y delegados: Carlos Pérez, Roberto Pianelli, Flavio Baigorria, Virginia Bouvet, Claudio Dellacarbonara, Carlos Taborda, Claudia Salud, etc. En relación al análisis de documentos, se registraron actas y resoluciones firmados por la conducción de UTA con la empresa desde 2004 a 2009. Se analizaron diarios de tirada nacional, La Nación y Página/12; diarios y revistas en internet, como Indymedia y Horizontes del Sur; periódicos de partidos de izquierda, como Prensa Avanzada Socialista, Alternativa Socialista (Movimiento Socialista de los Trabajadores) y La Verdad Obrera (Partido de Trabajadores Socialistas); y el blogspot de la agrupación ATM, que publicó en tiempo real sus documentos y folletines. Las fuentes secundarias fueron relevadas a partir de analizar la información primaria de entrevistas, asambleas, folletos y documentos internos de las agrupaciones sindicales, lo que dio un mapa de momentos, lugares y protagonistas, así como los motivos de las luchas y las posiciones sindicales de los protagonistas.

El problema de la democracia y burocracia sindical. Un abordaje conceptual

En este apartado, intentamos desarrollar una conceptualización de la burocracia sindical como aquel grupo de trabajadores que desde que obtiene el poder para dirigir la organización sindical despliega tareas y acciones centrales para el sostenimiento del capitalismo y su Estado, en perjuicio de los intereses inmediatos y mediatos de sus representados (Gramsci, 2000; Trotsky, 2010). Entre ellas encontramos:

1. La integración al Estado en la etapa imperialista, idea que se apoya en los desarrollos de Trotsky (2010), quien caracterizó que el capitalismo monopolista no se basó en la competencia ni en la iniciativa privada libre sino en el control centralizado. Los grandes capitalistas industriales y financieros necesitaban del poder estatal para avanzar en sus políticas. A su vez, los sindicatos no pudieron aprovechar la competencia entre las diferentes empresas; por ello se vieron obligados a enfrentarse a un adversario capitalista centralizado e íntimamente ligado con el poder estatal. De aquí surge la necesidad de las direcciones sindicales de adaptarse al Estado capitalista y a competir por su cooperación, desplegando estrategias reformistas.

2. La burocracia sindical en la conducción del gremio busca controlar por consenso y/o coacción a los trabajadores para imponer mayoritariamente sus propias necesidades políticas y económicas. Esta idea se apoya en el concepto de Hyman (1981) acerca del control sindical y obrero, que pueden tener sentidos contradictorios; así, el poder sobre los trabajadores que tienen las organizaciones sindicales puede tornarse en su contra.

3. La conducción burocrática también difunde entre los obreros una concepción ideológica que protege la relación de explotación, bloqueando que se desarrolle una praxis cuando esta existe o que se genere y potencie cuando no está aún en acto; así,

“el control del trabajo, dado que concierne en primer lugar al sindicato-en-cuanto-organización (y por ello al funcionario como principal guardián de los intereses organizativos), se orienta por consiguiente más a la estabilización detallada de las relaciones entre capital y trabajo que a dirigir una lucha contra la dominación del capital”. (Hyman, 1981: 107)

Esta dominación política sindical puede ser confrontada de manera radical a partir de la presencia en el espacio laboral de militantes o agrupaciones sindicales que luchen contra la hegemonía capitalista y las formas de tomar decisiones. La democracia sindical como método de construcción y decisión tiene que adoptar un modo regular y colectivo. La frecuencia y temas a tratar serán decididos por las y los trabajadores en cada lugar de trabajo.  

Controlar y subordinar a los trabajadores está en función de garantizar la paz social al capitalista en el espacio laboral y al Estado en las calles. Al mismo tiempo que cumple con estos objetivos, genera y reproduce sus propios intereses. Además, el proceder burocrático subordina las formas colectivas de decidir a las cúpulas, al mismo tiempo que dilata, desconoce o incluye parcialmente (según la relación de fuerza con los obreros y los condicionantes externos) las demandas inmediatas de los trabajadores. En esta línea, comprendemos por burocratización al grupo de dirigentes que reproduce solo alguno o algunos de los elementos conceptualizados como burocracia sindical de modo asistemático (no repetitivo). En estos procesos, dichos dirigentes suelen tener rápidas reacomodaciones con la base para no despertar su desconfianza y mantener la autoridad política conquistada en luchas compartidas, es decir, pueden ser procesos lentos y zigzagueantes mas no inexorables.

Entrada la primera década del siglo XXI, se desarrollaron debates sobre la pertinencia de la burocracia sindical como categoría analítica en las revistas Nuevo Topo (2010, Nº 7) y Archivos (2016, Nº 8). Aquí sostenemos su pertinencia científica y la de su opuesto, la democracia sindical. Los significados de la burocracia sindical provienen de conectarlo con otras categorías que forman una constelación de sentidos que se apoyan en un entramado concreto económico, social y político. Por ende, cuando se relaciona las direcciones burocráticas con las y los trabajadores de su espacio laboral, con otras organizaciones gremiales, con los patrones y el Estado pueden observarse sus tareas y funciones sindicales y políticas. En efecto, se torna necesario indagar sobre lo que el fenómeno en estudio dice ser el representante de los intereses y derechos de los trabajadores y contrastarlo con las acciones reales que realiza para cumplirlos, analizar sus intereses concretos y la conciencia de su necesidad por su ubicación estructural en las relaciones de explotación capitalistas; por tanto, de buscar la emancipación política, social y económica de y junto a sus representados.

Por un lado, el historiador Iñigo Carrera (Scodeller y Ghigliani, 2010: 117-118) sostuvo que la burocracia surgió porque al complejizarse la sociedad lo hace también el movimiento obrero dado que se institucionaliza otorgando canales para la inserción obrera, exigiendo como respuestas “leyes que reglan el funcionamiento de las relaciones entre los asalariados y sus patrones. En la medida en que todo eso se complejiza, empieza a surgir dentro de las organizaciones de los trabajadores una especialización, un funcionariado […]”. La reproducción de la burocracia como grupo tiene como condición de existencia la representatividad de los obreros.

Por otro lado, Belkin y Ghigliani (2010) postularon la insuficiencia y esquematismo del concepto para analizar de modo complejo la dinámica interna en los sindicatos; por ende, denunciaron la separación entre bases y direcciones expresando la relativa representatividad que tienen los dirigentes y cuestionaron el esencialismo del que parten los análisis ortodoxos sobre el carácter ontológicamente revolucionario de los trabajadores. El proceso de formación de los intereses inmediatos de los trabajadores objetivamente es producto de construcciones sociales donde se confrontan los intereses individuales y colectivos, dada la atomización, domesticación y explotación de la clase. La clave en este proceso está en la forma de organización, la influencia de los líderes, la toma de decisiones y las direcciones sindicales.

Desde una perspectiva weberiana, de la Garza Toledo (1998) caracterizó el caso de México como un patrimonialismo burocrático, donde el Estado benefactor centralizó decisiones económicas, políticas y promovió la constitución de confederaciones sindicales con tendencias a la burocratización signantes de pactos corporativos con el Estado y las empresas. Así, los sindicatos se volvieron parte del Estado y la lucha de clase fue sustituida por la negociación dentro de la esfera estatal. La representación de los intereses obreros fue cedida a los dirigentes, y su representatividad se expresó en la obtención de aumentos salariales, garantías en el empleo o extensión en la Seguridad Social; a su vez, los intereses generales de los trabajadores fueron definidos desde el Estado. La legitimidad de la representación sindical no fue por elecciones ni por la participación de los trabajadores en las decisiones, sino por la capacidad de los dirigentes en su gestión y negociación de protección y beneficios para sus representados.

En relación con la democracia/democratización, se ha debatido desde la ciencia política y la sociología política enfocados en las transiciones y consolidaciones democráticas en las sociedades pos-dictaduras de América Latina. No obstante, aquí lo utilizamos en otro sentido: para conceptualizar las acciones de los sujetos individuales y colectivos en el plano sindical y laboral, es decir, sobre su posibilidad de ejercicio en el sindicato y los espacios laborales bajo la legalidad del capital. Belkin y Ghigliani (2010) sostuvieron que la democracia sindical no tiene capacidad explicativa porque su problema trasciende la crítica antiburocrática y las formas liberales-representativas, sino que se relaciona con el conjunto de constreñimientos (internos y externos) que intervienen sobre la política sindical; es un problema de procedimientos, pero sobre todo de organización y liderazgo que los conceptos de burocracia y democracia sindical buscan captar pero se desdibujan frente a la categoría de relaciones de fuerza.

Por otro lado, desde un enfoque de la acción colectiva, la historiadora Gordillo (2016) la caracterizó con una dimensión interna y otra externa. La primera apunta a aumentar la participación y representación en el espacio laboral y en el sindicato, promoviendo acciones tendientes a disminuir las desigualdades de raza, género, etc.; y la segunda se refiere a que la mayor participación y la disminución de la desigualdad categorial se ponen de manifiesto en la ampliación del colectivo representado, pero también a partir de la inclusión de otras categorías de trabajadores. Compartiendo esta idea, sostenemos que la experiencia sindical analizada desarrolló la asamblea por sector y general como uno de los métodos centrales de su construcción, promovida por los trabajadores militantes clasistas y combativos en sus agrupaciones y en el organismo sindical. No obstante, para la socióloga Ventrici (2011) la democracia sindical era un método basista a ultranza que le sacaba entidad y autonomía de decisión al CD. Por contraste, la entendimos como la manera de debatir colectivamente, donde dirigentes, activistas y trabajadores pueden, desde la intervención, educar, agitar y donde los delegados se transforman en voceros de lo decidido. Solo hay margen por fuera de la asamblea para situaciones excepcionales, que luego serán evaluadas. La autonomía político-sindical de los obreros debe ser respecto de los representantes sindicales que defienden los intereses de la empresa y el Estado entre los trabajadores.

La democracia es un proceso vivo donde los trabajadores intercambian experiencias, ideas, información, y las confrontan. Esa instancia es indispensable para generar conciencia política crítica, pero Ventrici (2011) piensa que le abre la posibilidad a las minorías de izquierda a que se fortalezcan a través de la manipulación de obreros sin información/formación política, generando debilidad y fragmentación en la dirección. La concepción contraria a que los obreros decidan porque no tienen información/formación muestra límites sobre el análisis del proceso sindical. Aludir al saber para tomar decisiones naturaliza la obtención del recurso informativo/formativo de aquellos que lo detentan, al tiempo que le niega la posibilidad de su adquisición otorgándole el poder a los delegados o al líder. La posición que sostenemos se enlaza con que, en las asambleas, en el espacio laboral,

“por la constante obra de propaganda y de persuasión desarrollada por los elementos más conscientes, se obtendría una transformación radical de la psicología obrera, se prepararía y capacitaría mejor a la masa para el ejercicio del poder, se difundiría una conciencia de los deberes y derechos del compañero y del trabajador, concreta y eficaz porque habría nacido espontáneamente de la experiencia viva e histórica”. (Gramsci, 2000: 92)

Burocracia y burocratización sindical

En este apartado se observa el declive en las luchas del CD y las y los obreros; además, cómo la dirección del CD no profundizó acciones colectivas en algunos reclamos votados por las bases, así como suspendieron unilateralmente acciones de luchas ya decididas; por su parte, la conducción de la UTA se fortaleció y avanzó en el dominio del espacio laboral buscando integrarlos. En este período los conflictos laborales fueron impulsados por conducciones sindicales burocráticas y comisiones internas que buscaron igualar o superar la pauta salarial (17-19 por ciento) que el gobierno nacional había fijado con la cúpula de la CGT y las cámaras empresarias de mayor peso en la economía, buscando morigerar las luchas salariales y de condiciones de laborales que se venían dando desde mediados de 2004. No obstante, 2006 mostró un descenso de la conflictividad laboral a nivel nacional —descenso que también se observa en el registro de Cotarelo (2016)— a 501 hechos en relación con los años previos, donde se había constatado un espiral ascendente —en 2004, 249 hechos, y durante 2005, 824 hechos— según el Centro de Estudios Nueva Mayoría (Infobae, 2007).

En el subte, la discusión paritaria comenzó en diciembre de 2005 con los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, la conducción de UTA y gerentes de Metrovías. El CD y los trabajadores decidieron una huelga el lunes 5 de diciembre, a las 15.30 horas, para exigir ser incluidos en las negociaciones (La Nación, 2005). El paro logró el objetivo. El resultado de esas negociaciones dio un monto extraordinario, según cada categoría laboral, de $ 1.200 y $ 1.500 en tres cuotas (aumento de 30 por ciento promedio), de diciembre a febrero, para luego negociar la paritaria del año en curso. En febrero de 2006, cuando retornaron las negociaciones reclamaron lo presentado en diciembre: incorporar al salario básico $ 450 que percibían en forma no remunerativa de negociaciones previas, aumento salarial del 35 por ciento, elevación de la antigüedad al 2 por ciento, cláusula gatillo de ajuste por inflación, absorción por la empresa del impuesto a las ganancias y el pase de tercerizados al convenio UTA. Sin embargo, en el mes de marzo la conducción del sindicato firmó un acuerdo con Metrovías donde no se planteaban esas reivindicaciones. El aumento conseguido fue del 16 por ciento con una cláusula de paz social.

En este cuadro, la dirección del CD no promovió acciones de lucha, sino que aceptó lo firmado por la dirección de UTA. Así, el delegado Segovia defendió el acuerdo salarial en las asambleas, pero en la prensa de su partido (MST[2]) mostró la paridad en las votaciones: “Con asambleas en todos los sectores y luego de mucha discusión se resolvió, por apretada mayoría, aceptar la oferta” (Alternativa Socialista, 2006). Esta victoria fortaleció a la conducción burocrática, que profundizó su intento de desactivar al CD y los trabajadores combativos al querer integrarlos a la conducción sindical ofreciéndoles una subsecretaría.

“La UTA nos propuso un acuerdo de entrar al consejo directivo. Yo estuve a favor, pero no resistía la base. A la izquierda no le gusta, no disputa, me quedé solo… Nosotros les planteábamos, hagamos un acuerdo, con los hijos no te metas, con la familia tampoco. Un acuerdo es un acuerdo. La estrategia es primero cooptarte y después tenerte en un marco donde las diferencias se cocinan adentro, siempre es mejor que se cocinen en público, entonces le dijimos que no. Yo creo que tendríamos que haber aceptado y hubiéramos avanzado muchísimo… Nos daban el control de subterráneos, te iban a disputar abajo, pero abajo te disputan siempre, nada más que vos ibas a ser la oficialidad, vos ibas a tener la relación con la empresa, después te la cortaron. Como les dijimos que no, ahora tenemos que enfrentar a la empresa, a ellos, contra todos. Es más difícil en un momento donde la coyuntura política viene para atrás, ahora enfrentamiento todos los días, porque ahora ellos se están fortaleciendo, nosotros nos debilitamos producto de la coyuntura…”. (Entrevista a Roberto Pianelli.)

Integrarse a la dirección de UTA fue llamado por el grupo dirigente del CD cavar trincheras con la burocracia. La caracterización de este grupo radicó en que la conducción de UTA se había fortalecido por el apoyo gubernamental y la unificación de la CGT detrás de Hugo Moyano, y que el gobierno nacional había tomado algunas reivindicaciones obreras y avanzaba en recuperar derechos “que no fueron producto de la lucha obrera sino fruto de una política impulsada desde el propio Estado” (Pianelli, 2016: 85), ganándose la simpatía popular; de este análisis concluían la disminución del poder de los delegados y trabajadores, propiciando un cambio de estrategia.

Al año siguiente, a mediados de mayo, la conducción sindical y la empresa firmaron un acuerdo salarial por debajo de lo demandado por los trabajadores. La respuesta del CD fue rechazarlo y realizar una protesta afuera de una sede del Ministerio de Trabajo en la avenida Callao, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa acción, algunos obreros y delegados fueron agredidos física y verbalmente por un grupo violento vinculado a la conducción sindical (Página/12, 2007). Ante los hechos, y en reafirmación del pliego de reivindicaciones, los trabajadores decidieron un paro (17 de mayo). Por su parte, la viceministra de trabajo sostuvo que “hoy, si quiere hacerlo, la empresa puede tomar medidas disciplinarias” contra los trabajadores en huelga (La Nación, 2007a) porque el salario percibido por los trabajadores era razonable.

La lucha continuó con la liberación de molinetes los días 22 y 23 de mayo en las estaciones centrales de cada línea, pero sin resultados positivos. La paritaria fue cerrada con un porcentaje salarial del 18 por ciento promedio y una suba de 0,3 por antigüedad, en sintonía con la pauta fijada por el gobierno nacional. Además, la conducción del sindicato se comprometió a “mantener la paz social”[3].

En estos dos años (2006/07), la dirección del CD aceptó los acuerdos firmados por la dirección de UTA al no desarrollar o profundizar planes de lucha para intentar obtener las necesidades planteadas en asambleas, es decir, intereses concretos, no esenciales, reclamados y votados por las y los obreros. Por su parte, la dirección de UTA estrechó vínculos con el nuevo gobierno, logró imponer su agenda y, junto con la desmovilización del CD y los obreros, empezó a recomponer el poder perdido.

Ofensiva de la conducción de UTA, flexibilización laboral y pasividad sindical

En este apartado observamos la virulencia de la conducción burocrática del sindicato en relación al CD y las y los trabajadores, su complicidad con la flexibilización y la escasa respuesta de los delegados y trabajadores. En los primeros meses de 2007 hubo una profundización de la agresividad política de la conducción sindical hacia el CD al querer eliminarlos del espacio laboral.

En el taller Constitución (línea C), surgieron graves problemas en el mantenimiento de los trenes, lo que llevó al delegado Segovia a denunciarlos públicamente. La empresa desarmó y trasladó algunas funciones del taller Constitución al taller de la línea H, donde la bolsa de trabajo era manejada por la conducción gremial. Su objetivo fue tercerizar tareas y funciones, al mismo tiempo que debilitar políticamente al sector. En respuesta, los trabajadores decidieron ocupar los talleres para rechazar el ingreso de la empresa tercerizada (CAF) y no permitir cursos de formación y mantenimiento que no fuesen de los trenes Nogoyá que circulaban en la línea. La acción de lucha en el taller fue trabajar a reglamento desde los últimos días de julio hasta fines de setiembre.

Sin embargo, la flexibilización no se detuvo y los trabajadores votaron un paro el 26 de setiembre, pero unas horas antes de concretarse la dirección del CD lo suspendió sin consultar a las bases porque se abrió una “mesa de diálogo” con el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, el delegado Segovia, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, la CNRT, Metrovías, la policía de transporte y la dirección del CD.

“El paro era muy esperado. En el taller se quedó mucha gente para garantizar el paro. Sabíamos que al día siguiente nadie iba a manejar los coches. Yo creo que iba a ser un paro muy difícil. No estamos peleando contra la empresa sola. Metrovías tiene un paraguas que es el gobierno y la burocracia que la protegen […] Suspendimos el paro porque Mondino habló con Tomada y él le planteo una mesa de diálogo. Fue difícil tomar esa decisión porque eran solo palabras”. (Duprez y Nuñez, 2007: 7)

Para los delegados de la minoría, cancelar la lucha fue abrir una tregua con la que el gobierno nacional pretendía llegar a las elecciones presidenciales del domingo 28 de octubre sin conflictos significativos, pero esto no contribuía a resolver los graves problemas que enfrentaban los delegados, los trabajadores y los usuarios. La cotidianeidad laboral se tornó angustiante y peligrosa por la circulación sistemática e impune de una patota vinculada a la conducción sindical, cuyo objetivo era amedrentar y agredir a los trabajadores y delegados para que no continuaran con las denuncias. La excusa para echar a todo el CD fue responsabilizarlos de ser “inorgánicos” a la conducción del sindicato. A mediados de diciembre, ante el fracaso “del diálogo”, los trabajadores y delegados decidieron realizar una acción de lucha para reclamar el pago de un doble aguinaldo, los ascensos de categorías, la bolsa de trabajo, el rechazo del despido del delegado Segovia y las sanciones a delegados y trabajadores. Para informar a los usuarios, realizaron una conferencia en el Hotel Bauen, pero un grupo violento, vinculado a la conducción del sindicato, irrumpió en el lugar y atacó a los presentes. Por su parte, el secretario general de UTA declaró: “El sindicato no avala la medida de fuerza, declarada por un minúsculo grupo, al que nada le importan los 3.000 trabajadores que cumplen tareas en las cinco líneas de subterráneos y el Premetro” (La Nación, 2007b). El secretario de Transporte de la Nación también cuestionó la protesta: "Una vez más de forma irracional, de forma extorsiva un sector minoritario de trabajadores comandado por un sector de delegados convoca una medida de fuerza que perjudica a miles de usuarios, y el pretexto de ahora es de un aguinaldo doble” (La Nación, 2007c).

Realizar un trabajo a reglamento implicaba volver a disputar el control del espacio laboral a la empresa y a la conducción burocrática, que habían restablecido su dominio con la seguridad privada, cámaras, el accionar violento de una patota y por momentos la colaboración de la infantería nacional, pero también por la disminución de la lucha del CD y las y los trabajadores. Sin embargo, la medida fue ineficaz porque habilitó a la empresa a mover los trenes ejecutando programas de emergencias con el personal jerárquico:

“Cinco de las seis líneas de subtes funcionaron con demoras, en tanto que el premetro permaneció sin servicio a raíz del paro por 24 horas de los trabajadores agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según informó la empresa Metrovías, la línea A funcionó con una formación cada 13 minutos; línea B, cada 6; línea C, cada 8; línea D, cada 13 y la línea E, cada 12”. (La Nación, 2007c)

Al año siguiente, a mediados de marzo, la conducción de la UTA firmó un nuevo acuerdo[4] por un 16 por ciento con pagos no remunerativos, y solo la mitad del aumento ingresaba al salario básico en el mes de julio, impactando en los aportes jubilatorios, el aguinaldo y las vacaciones (Melta, 2008). Los guardas que se formasen para ser conductores, en lugar de ser promovidos, serían obligados a conducir trenes a cambio de un adicional que no alcanzaba a la mitad de la diferencia de dinero de guarda a conductor, y se creaba la figura de guarda especializado, volviéndolo polivalente. Por último, se afirmaba que el ejercicio del derecho de huelga u otra forma de lucha que afectase el funcionamiento del servicio haría caer de modo automático el adicional de modo definitivo.

Esta avanzada empresaria tuvo una respuesta en los túneles. Los trabajadores se autoconvocaron en asambleas para debatir el ataque a sus derechos laborales y al salario resolviendo acciones de lucha: movilizarse en defensa de la organización y contra el desafuero del delegado Segovia, y ante el avance flexibilizador se resolvió un trabajo a reglamento. Sin embargo, una vez más la dirección del CD suspendió de forma inconsulta las acciones votadas por los obreros y los delegados por la minoría denunciaron lo sucedido:

“Se ha suspendido la medida frente a la promesa de un gobierno inquieto por el malestar social. Se ha priorizado el pedido de los responsables de la inflación, de los topes salariales […] Desconocemos el comunicado de prensa publicado en la página Metrodelegados y firmado en nombre del Cuerpo de Delegados con el título «No al lock-out encabezado por la Sociedad Rural»”. (N. P., 2008)

La posición de la mayoría de los delegados fue suspender la medida de lucha a cambio de una mesa de diálogo para no sumarle otro conflicto al gobierno nacional. Pero, además, el compromiso del grupo liderado por Pianelli y Baigorria fue un comunicado y la participación con banderas del CD en movilizaciones:

“A la opinión pública: El Cuerpo de Delegados de subterráneos repudia el lock-out patronal encabezado por la Sociedad Rural, que solo perjudica a la clase trabajadora.

Indudablemente se deberán buscar los mecanismos para romper el frente oligárquico atendiendo a los reclamos de pequeños productores y muy especialmente de la clase trabajadora rural”.

(Comunicado firmado por el Cuerpo de Delegados de Subterráneos, 26 de marzo de 2008. Difundido, entre otros blogs informativos, por Palanca Digital [2008].)

Un año más tarde, el delegado Pianelli, ante la negativa del gobierno nacional de otorgarle reconocimiento gremial a la Asociación Gremial de Subterráneo y el Premetro (AGTSYP), y por no dar mayor atención ante los ataques de la empresa y la conducción de UTA, sostuvo:

“Hemos tenido muy buena relación con Trabajo y con el gobierno. Cumplimos todos nuestros compromisos, hemos sabido esperar los tiempos. Cuando fue el conflicto con el campo levantamos todo un plan de lucha para no jugar a debilitar al gobierno. Ver ahora esta actitud ante un colectivo de trabajadores que ha sido siempre respetuoso y cuidadoso, es muy triste”. (La Vaca, 2009)

El acuerdo firmado reubicaba en otros sectores y tareas a las trabajadoras embarazadas. Se sostenía que

“en caso de que la trabajadora discrepe con la adecuación recomendada por el Servicio de Medicina Laboral de la Empresa, la cuestión se tratará en una Junta Médica que integrarán un (1) médico a designar por la Empresa y un (1) médico a designar por el sindicato de la Obra Social de la actividad”. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acuerdo N° 661-2008-E-2.)

A las trabajadoras de tráfico les generaba un retroceso en sus derechos dado que, en caso de embarazo avanzado (generalmente a partir del quinto mes), no subían al tren teniendo la posibilidad de estar cubriendo su turno en el cuarto de descanso o quedándose en su casa a la espera del nacimiento. La reubicación de las guardas y conductoras en el sector de boleterías las exponía a situaciones aún más estresantes.

Para las boleteras, la empresa tenía como objetivo que no hiciesen más relevos y quedasen fijas en una estación. Las trabajadoras auxiliares (en molinetes) trabajarían en estaciones que no fueran cabeceras o con bajo flujo de pasajeros. Buscando “compensar” a las trabajadoras, se les otorgaba días de licencia para aquellas que debieran quedar al cuidado de sus hijos por enfermedad estableciendo una baja cantidad de días por año y con un tope de hasta 12 años inclusive. En el mes de abril, se realizaron dos luchas aisladas y sin continuidad: una movilización hacia los tribunales de la calle Talcahuano, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para acompañar al delegado Segovia por el pedido de desafuero y despido, en la que participaron más de 400 obreros, delegados, organizaciones sociales y sindicales; y una marcha del Obelisco hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar por la creación del “guarda especializado” y por la sanción a todo el CD por parte de la conducción sindical (Segovia, 2008).

En este período, se observó un endurecimiento político de la conducción sindical en relación con delegados y obreros y un fuerte avance en la flexibilización laboral. La pasividad de la dirección sindical se expresó en dos planes de lucha suspendidos y una huelga levantada sin consultar a las bases. Estas suspensiones de las acciones colectivas, junto con la emisión de un comunicado y participación en apoyo al gobierno nacional en el conflicto del campo, reforzaron su adaptación al Estado. Por su parte, la conducción sindical introdujo en la cotidianeidad laboral una patota que amedrentó a los delegados y obreros, agrediéndolos en una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, y cerró un nuevo acuerdo flexibilizador con la empresa (la incorporación del guarda especializado, la reubicación de trabajadoras embarazadas, etc.).

La defensa de la organización sindical y la creación de un nuevo sindicato

En este apartado mostramos la agresividad que adquirió la política de la conducción sindical intentando eliminar al CD del lugar de trabajo, la vuelta a la acción directa efectiva como respuesta defensiva de las y los trabajadores y el CD ante una situación extrema, y la intervención estatal para evitar que el choque entre ambos sectores lo afectasen políticamente. El denominado “conflicto con el campo” por la Resolución 125 atravesó al CD y los trabajadores como al conjunto de la sociedad. La radicalización del conflicto permitió clarificar posiciones políticas en el espacio laboral. El grupo de delegados que dirigía el CD apoyó al gobierno nacional, mientras uno de sus aliados, el delegado Segovia y su grupo, apoyó al bloque de la Sociedad Rural y la Federación Agraria, tal como lo hizo su partido (MST). Por último, los delegados de ATM y el delegado de Democracia desde las Bases —agrupación sindical orientada por el Partido de Trabajadores Socialistas— mantuvieron una posición autónoma de ambos bloques argumentando una pelea inter-burguesa donde no estaban representados los intereses obreros. El delegado Segovia denunció que:

“Se abrió un debate donde hubo muchas críticas y diferencias. Algunos compañeros resolvieron concurrir. Yo no fui a la Plaza, tengo una diferencia con eso. Una cosa es oponerse a la Sociedad Rural, otra es apoyar un acto del gobierno. El cuerpo de delegados debe seguir siendo independiente del gobierno. Tenemos que desarrollar este debate para evitar una división, desarrollando las críticas de manera constructiva. Porque hay que mantener la unidad para dar esta pelea en una posición de fuerza”. (G. P., 2008: 14)

La ofensiva de la conducción sindical continuó con el llamado a elecciones de auxiliares de estación y el sector de limpieza con dos días de anticipación, algo que incumplía con el estatuto sindical y generaba que los delegados y obreros dejasen atrás sus diferencias internas y resolvieran parar el lunes 12 de mayo. El delegado Charly Pérez afirmó:

“[…] aun con las vacilaciones del Cuerpo de Delegados, del continuo «muchachos, pónganse de acuerdo», que es el reclamo permanente de los compañeros, cuando estuvieron en juego nuestras conquistas los trabajadores y el Cuerpo de Delegados respondieron con la fuerza que este organismo no había mostrado en el último periodo” (Guerrero, 2008: 9).

En la primera semana de junio, la dirección sindical emitió dos solicitadas en los diarios Popular y Crónica donde hizo pública su decisión de expulsar al CD. Los delegados y obreros anunciaron una nueva huelga el 30 por los mencionados ataques y porque la empresa buscó imponer un sistema de ascenso en las líneas C y D favoreciendo allegados. Ante la acción directa, los funcionarios estatales convocaron a una conciliación obligatoria; luego de debatir en asambleas, el paro fue levantado. El CD exigió el cumplimiento del acta firmada a fines de 2006, donde la empresa se había comprometido a solucionar las demandas. El nuevo sistema de ascensos impuestos por la burocracia sindical y la empresa no priorizó la antigüedad, y enfatizó la evaluación psicofísica como herramienta para elegir al personal.

A fines de agosto, la conducción sindical quiso dar el golpe final al CD enviando a todos los delegados telegramas donde se les notificaba que el 2 de setiembre se realizaría un congreso extraordinario que trataría la pérdida de su condición de afiliado por expulsión y la revocación del mandato de delegado. La respuesta del CD fue llamar a un paro de 24 horas para el día del congreso extraordinario; sin embargo, en medio de una crisis política derivada del conflicto del “campo”, los funcionarios estatales cambiaron su política, de apoyar directa e indirectamente a la conducción de UTA, y suspendieron el congreso expulsivo.

Días después, los delegados reclamaron que las elecciones del CD se hiciesen de acuerdo al estatuto sindical; a su vez, se puso a debatir a los obreros la necesidad de conformar un nuevo sindicato por fuera de UTA, pero ese nuevo armado no borraba a la burocracia sindical de los túneles. Sí se podía pensar como un reaseguro de continuidad de la organización y de sus conquistas históricas. Este nuevo sindicato generó críticas de la minoría de izquierda del CD acerca del dudoso reconocimiento legal porque el Estado tenía una alianza con la conducción de UTA y la experiencia transitada por la CTA no era alentadora. El 5 de setiembre los delegados iniciaron el trámite para inscribir el nuevo sindicato en el Estado y presentaron un petitorio con 2.500 firmas solicitando la convocatoria a elecciones y ratificando a los delegados elegidos en setiembre de 2006 hasta nuevas elecciones.

Después de tres meses, la comisión directiva de UTA realizó la convocatoria a elecciones de delegados para el día 12 de diciembre, cambiando los procedimientos para quitarles poder a los delegados: los trabajadores serían agrupados por oficios y no por líneas y talleres, incumpliendo la Ley 23.551[5]. Este formato tenía el efecto de elegir menos delegados que el actual CD: de este modo, el delegado pasaba a representar solo a su categoría, disminuyendo su representatividad; los trabajadores de otras nacionalidades no podían presentarse como candidatos, revelando su actitud discriminatoria; en los talleres se dividía la elección; el sector limpieza pasaba a elegir candidatos propios. Por ejemplo, en sectores donde había 80 obreros se elegía solo un delegado y donde había diez obreros, tres. Se podía observar una intencionalidad de manipular la voluntad colectiva. El día de las elecciones los trabajadores hicieron una huelga porque sus denuncias no tuvieron respuestas del gobierno nacional. La contundencia del paro y el 90 por ciento de inasistencia en las elecciones fue un punto de apoyo para la construcción de un nuevo sindicato.

El 5 de febrero de 2009 se realizó el plebiscito que consultó a los trabajadores del subterráneo y el premetro si querían construir un sindicato propio. Alrededor de 1.800 trabajadores votaron afirmativamente sobre un total de 2.550 presentes (600 de vacaciones). Sin embargo, la patota de la conducción sindical intentó impedirlo con violencia (en las líneas A, D y B) sobre delegados y activistas, lo que provocó la suspensión de la votación y se declaró la huelga, continuando la votación el día siguiente (N. P., 2009).

Como observamos en el gráfico 1, en el período de 2006 a 2009 descienden las acciones directas y otras formas de luchas (movilizaciones, levantamiento de molinetes, asambleas, trabajo a reglamento, etc.), desplegadas por la flexibilización laboral, la pérdida del sistema de ascensos, mujeres embarazadas en puestos de estrés o por la supervivencia de la organización. Estos motivos contrastaron cuantitativa y cualitativamente con las luchas y huelgas del período 2001-2005, donde se logró la conquista de las “seis horas”, un aumento salarial significativo y la reversión de la tercerización (condiciones de trabajo, recuperación salarial y calidad de vida), es decir, una mayoría de acciones a la ofensiva con recuperación de derechos laborales, salariales y humanos (Torme, 2019).

Gráfico 1. Desaceleración de la lucha político-sindical

Fuente propia

En conclusión

En el artículo, buscamos mostrar la pérdida de poder por parte de las y los delegados y trabajadores y su control del espacio laboral por su adaptación al gobierno nacional, llevando a una desaceleración en las luchas y a una incipiente burocratización entre 2006 y principios de 2009. Los lazos políticos de la dirección del CD con el gobierno peronista se observaron en la lucha salarial de diciembre de 2004, donde se levantó una huelga y un plan de lucha por la firma de un acuerdo sin consultar a las bases y contra las demandas votadas. Esto se reveló en lo expresado por los delegados Segovia, Baigorria y Echeto.

En los años 2006/07, la dirección del CD aceptó los acuerdos entre la conducción de UTA y la empresa al no desarrollar (primer año) o no profundizar planes de lucha (segundo año) para intentar lograr las reivindicaciones decididas en asambleas, es decir, intereses concretos, no abstractos o esencializados. Como vimos, en el acuerdo de 2006 los trabajadores reclamaron un aumento del 35 por ciento, incorporación de $ 450 (aumento anterior) al salario básico, la elevación de la antigüedad al 2 por ciento, cláusula gatillo por inflación, absorción por la empresa del impuesto a las “ganancias” de los trabajadores y el pase de tercerizados al convenio UTA, etc. Sin embargo, lo firmado fue por un 16 por ciento de aumento con una cláusula de paz social.

En este marco, la dirección de UTA estrechó vínculos con el gobierno peronista, logró imponer su agenda y, junto con la desmovilización del CD y los obreros, pudo recomponer el poder perdido, es decir, se visualizó un movimiento inverso de un período a otro (2001-2005 a 2006-2009), cambiando los dominantes y los dominados. La relación de fuerzas favorable a la conducción burocrática y la empresa golpeó a los delegados y trabajadores porque entre 2001 y 2005 lograron imponer los contenidos y las formas decididos por las bases.  

En 2006, buscaron integrar a los delegados a la conducción sindical pero su imposibilidad implico un giro represivo (2007) de eliminación directa. Como respuesta, los trabajadores desarrollaron medidas de lucha que el sector de Pianelli, Baigorria y Segovia suspendió sin asambleas para no conflictuar al gobierno nacional en vísperas de las elecciones presidenciales. La virulencia de la patota de UTA fue enfrentada con trabajos a reglamento sin eficacia. También en 2008 el acuerdo fue firmado por la conducción sindical creando el guarda especializado, castigando a las trabajadoras embarazadas en sectores de más estrés, etc. Los trabajadores forzaron en votaciones a la mayoría de los delegados a desplegar un plan de lucha con paros; no obstante, en el cuadro del conflicto por la Resolución 125, la dirección del CD volvió a suspenderla. Estas cancelaciones, junto con la emisión de un comunicado con la firma del CD (cuando había tres posiciones internas), y la participación en marchas en apoyo al gobierno nacional en el conflicto con el campo, reforzaron su adaptación.

La burocracia sindical utilizó el desafuero, el amedrentamiento y la agresión física a delegados y trabajadores. Llamó de manera abrupta a elecciones de CD incumpliendo el estatuto sindical y decidió expulsar al CD en un congreso extraordinario. La empresa también profundizó su política de controlar el espacio laboral con la colocación de cámaras y vigiladores privados, flexibilizar y tercerizar tareas, buscando maximizar ganancias y debilitar sindicalmente a los trabajadores.

Sostuvimos la vigencia científica y política, en la realidad histórica concreta, del concepto de burocracia sindical, así como de la democracia sindical. Estos no pueden subordinarse a las relaciones de fuerzas porque el poder obrero depende en gran medida de formas de construcción donde la democracia sindical es central porque es el ámbito donde se pueden encontrar los obreros, las agrupaciones sindicales y los militantes para intercambiar, generar conciencia crítica y decidir. Así como depende también de la política de la burocracia sindical al interior del sindicato.

En contextos y situaciones que lo reclamaron en este período, observamos que la dirección del CD no desarrolló planes de lucha, suspendió unilateralmente huelgas votadas en asambleas y propuso un trabajo a reglamento que habilitó objetivamente la circulación de los trenes. La democracia sindical fue anulada para decidir e intercambiar todo lo relacionado al trabajo. La mayoría de los delegados dejaron de expresar las voces de las bases, pasando a concentrar el poder de decidir autonomizándose relativamente. Además, el cambio de coyuntura política con el gobierno nacional (2003) generó expectativas en la mayoría de los trabajadores y delegados en un futuro mejor para sus condiciones de vida, lo que convenció a varios delegados con autoridad política (protagonistas en luchas previas) que había que disminuir y desactivar paulatinamente las acciones de lucha e integrarse a la esfera estatal, aunque ello implicase una incipiente burocratización, y educar con paciencia esta nueva caracterización, sabiendo que no siempre es “pum para arriba” y dar lugar al “reposo del guerrero para disfrutar del terreno ganado” (Pianelli [B. P.], 2008: 124).

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[1]Notas

 Expediente Nº 10744882/03. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

[2] El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) es un partido trotskista surgido en 1992. Sus periódicos fueron Alternativa Socialista y, luego, Avanzada Socialista.

[3] Expediente N° 1210439/07. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

[4] Expediente N° 1263808/08. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

[5] La ley sostiene que un espacio laboral puede tener un delegado con 50 obreros y dos delegados con 100; y de 101 obreros en adelante, un delegado más cada 100 trabajadores. Además, con más de un turno tendrá que haber al menos 1 delegado por turno.