LOS ARQUITECTOS/AS Y EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA A TRAVÉS DE LAS REVISTAS DE ARQUITECTURA. CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS Y LEGITIMACIÓN PARA LAS PRIMERAS PRÁCTICAS (1944-1963)

ARCHITECTS AND THE HOUSING PROBLEM THROUGH ARCHITECTURE MAGAZINES. CONSTRUCTION OF DISCOURSES AND LEGITIMATION FOR THE FIRST PRACTICES (1944-1963)

María Eugenia Durante

Filiación: Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata

MAIL: durantemariaeugenia@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5827-8812

Resumen:

El artículo recorre las revistas de arquitectura argentinas que, en el período de posguerra, aportaron a la construcción del debate en torno a la función social de los profesionales. El abordaje de la cuestión social entró en agenda con la modernización del Estado y el crecimiento de las masas en las ciudades que obligó a formar nuevos expertos para las políticas públicas habitacionales y urbanas. Nuevas prácticas que implicaron la reactualización del discurso público para legitimarlas social y culturalmente, a la vez que disputar, a lo interno del campo profesional, sus sentidos dominantes y formas de relacionarse con el Estado y la discusión política. El trabajo realiza una caracterización de los principales medios que aportaron a la discusión: Nuestra Arquitectura y la Revista y Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, recorriendo diversos artículos publicados, que permiten ver cómo se configuró la discusión y nuevos lugares desde donde construir el papel de los y las arquitectas en las políticas públicas y los problemas de la realidad social.

Palabras clave: función social de la arquitectura; revistas de arquitectura; modernización profesional; vivienda popular; nuevas incumbencias.

Abstract:

The article goes through the Argentine architecture magazines that in the postwar period contributed to the construction of the discussion around the social function of professionals. The approach to the social question entered the agenda with the modernization of the State and the growth of the masses in the cities, which forced the formation of new experts for housing and urban public policies. New practices that implied the updating of public discourse to legitimize them socially and culturally, as well as to dispute within the professional field about their dominant senses and ways of relating to the State and political discussion. The work carries out a characterization of the main media that contributed to the discussion: Nuestra Arquitectura and the Revista and Boletin de la Sociedad Central de Arquitectos, going through various articles published that allow us to see how the discussion was configured and new places from which to build the role of male and female architects in public policies and the problems of social reality.

Keywords: social function of architecture; architecture magazines; professional modernization; popular housing; new duties.

Fecha de recepción: 30 de junio de 2022

Fecha de aceptación: 24 de noviembre de 2022

1. Introducción

En Latinoamérica, el Estado se configuró como el actor principal para atender las problemáticas del hábitat y urbanas de los sectores populares, para lo cual demandó de nuevos expertos/as y saberes que pudieran abordarlas. Esta ampliación de la cuestión social en la agenda política respondió a la irrupción de las masas populares en las ciudades latinoamericanas desde principios del siglo XX, que vieron crecer sus periferias y barrios populares de manera exponencial. En este contexto, los arquitectos/as se constituyeron como una de las profesiones capacitadas para aportar a la construcción de políticas acordes a estas nuevas necesidades, alejándose del perfil tradicional orientado a los sectores sociales de mayores recursos. Este proceso de formación de nuevos expertos/as se vinculó al proceso de modernización dentro del campo disciplinar y profesional, donde se reconfiguraron tanto las instituciones y reglamentaciones que regulaban la práctica profesional, como los conocimientos teóricos y metodológicos disciplinares.

Este artículo[1] apunta a problematizar sobre cómo se configuró el abordaje de la cuestión social en el campo de la arquitectura local hacia los años cincuenta y sesenta, donde lejos de ser un “nuevo programa funcional” implicó repensar de raíz las prácticas y conocimientos. Para estudiar y caracterizar este proceso se recurre a una selección de revistas especializadas de la época. Las revistas de arquitectura resultan un instrumento valioso para dar cuenta de los debates y configuración del campo profesional y disciplinar, “consolidan el testimonio de una acción relativa al ejercicio y la valoración profesional” (Gutiérrez y Méndez, 2009, p.11). Como afirma Cirvini, resultan algo más que el eco de la vida social, política y cultural, debido a que “fueron espacios de gestación de cambios sociales, núcleos de articulación de estrategias grupales, instrumentos de legitimación, expresión de los ideales de un grupo, un movimiento, una generación” (Cirvini, 2011, p.17).

Lejos de considerarlas documentos “objetivos” o relatos fehacientes de lo sucedido, son un medio para caracterizar los procesos y divisar miradas particulares de ciertos actores. En las revistas hay quienes deciden qué publicar, qué decir, condicionados por los recursos y las instituciones que representan, así como por quienes publicitan en las mismas. Presentan un entramado interesante donde aparecen diversos discursos y actores relacionados entre sí, y se constituyen en plataformas que permiten legitimar en el discurso público prácticas y saberes sobre el ejercicio profesional y la disciplina.

El recorte temporal que se realiza se debe a que interesa profundizar sobre este debate en torno a la reconfiguración de las prácticas y discursos arquitectónicos en un contexto de posguerra donde se incrementaron las políticas públicas destinadas a la vivienda y la ciudad, a la vez que se profundizó la modernización del campo profesional y disciplinar, lo que se entrelazó con la discusión política, que atravesó al propio campo y a los profesionales. El recorte inicia en 1944, debido a ser el año en que sucedió el terremoto de San Juan, cuya reconstrucción abrió un proceso de discusiones en el campo profesional que derivó en las primeras reglamentaciones y normativas que dieron forma al ejercicio profesional a nivel nacional. Una discusión política que generó posicionamientos distintos en torno a cómo vincular la práctica profesional con la lucha política, el problema social y el trabajo en el Estado. A los fines del artículo, el período seleccionado se recorta en 1963, año en el que se publicaron dos nuevas publicaciones, Summa y Obrador, que renovaron y masificaron la discusión. En este sentido, para este trabajo se seleccionaron artículos significativos a la temática de dos revistas importantes en el período de estudio: Nuestra Arquitectura y la Revista y Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). Ambas representan a sectores con diversos posicionamientos en esta discusión que interesa explorar para divisar la heterogeneidad de posiciones que emergieron en este proceso de modernización e inclusión de las problemáticas socio habitacionales en el campo profesional, alejándose del debate simplista de arquitectura o revolución[2].

Este trabajo propone un recorrido exploratorio por una serie de artículos seleccionados de las revistas. El artículo se organiza en cuatro apartados, el primero de ellos recorre la revista Nuestra Arquitectura, desde la cual divisar los primeros discursos en torno al abordaje de la cuestión social. El segundo apartado, vuelve sobre los medios de la SCA, donde la discusión atraviesa aspectos gremiales y normativos de la profesión, a la vez que se visualizan los matices que adopta durante y posterior al primer peronismo (1945-1955). El tercer apartado, se aboca al período desatado luego del golpe a Perón, donde toma fuerza la figura de los concursos, una práctica que permitió fortalecer la práctica independiente, que multiplica hacia los años siguientes. Y, por último, un apartado de cierre, donde se comenta brevemente sobre los cambios que ocurrirán durante los años sesenta, con la aparición de nuevos medios especializados y la profundización de la politización en todos ámbitos profesionales.

2. Nuestra Arquitectura: primeros discursos en relación a la vivienda popular

Construir los discursos necesarios para legitimar el accionar de los profesionales arquitectos/as en la cuestión social implicó abandonar la imagen elitista tradicional, para lo que las revistas se constituían en una herramienta fundamental. Las revistas que surgieron desde principios de siglo, aparecieron cuando aún no había público masivo para su recepción, sin embargo, no buscaban una gran llegada, sino un público selectivo. Según Cirvini, apuntaron a “movilizar el efecto de reconocimiento, con lo cual van consiguiendo consolidar representaciones en torno de su papel en el juego social y darle contenido al producto diferenciado que ofrecen como arquitectos, proceso en el cual se van constituyendo como tales” (2003, p.48). La primera revista de arquitectura del país data de 1874, a la que siguen otras que aparecen a finales del siglo XIX, y otras tantas que emergen a comienzos del siglo XX[3].

En el período que va entre 1915 y 1945, las revistas de mayor continuidad y presencia en el campo profesional, serán Nuestra Arquitectura (NA)[4] y la Revista de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)[5]. NA es considerada una de las primeras voceras del problema de la vivienda popular, como explica Cirvini, “esta revista asumió, durante toda la década del ‘30, la función de debatir, analizar y evaluar el problema de la vivienda popular en el país, tanto en el plano puramente técnico y arquitectónico, como en la planificación urbana, la gestión y el proceso de producción de las obras” (2003, p.70). La revista fue fundada por el ingeniero norteamericano Walter Hylton Scott, quien se constituyó en un referente en el tema de la vivienda popular, debido a sus editoriales y trabajos que, por muchos años, constituyeron una voz de referencia. Recibió gran acogida en el campo profesional debido a que se convirtió, con fuerza en los años treinta, en el portavoz de la arquitectura contemporánea, del funcionalismo racionalista del movimiento moderno.

Desde la fundación de NA, en 1929, pueden verse gran cantidad de artículos de opinión y estudios que problematizan sobre la vivienda popular. Cuando en 1939 se realiza el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular en Argentina, Hylton Scott publicó un artículo de opinión respecto de sus conclusiones. El punto, a su criterio, que generaba mayor discusión se derivaba de las conclusiones de una comisión que expresaba que el problema de la vivienda implicaba mejorar la capacidad adquisitiva del sector popular, con un aumento de su poder económico e independencia (NA, 1939, p.377). Contrario a esta relación, Hylton Scott sostenía, citando a un artículo inglés, que “es importante distinguir entre problemas de alojamiento y los problemas de pobreza. El primer paso en una política de alojamiento es reducir los costos de las casas para los obreros” (NA, 1939, p.378, destacado del original). Un enfoque que disocia el problema de la vivienda del problema de la pobreza, durante sus primeras décadas NA manifestará que se trata de un tema de “ladrillos, cal y déficit de casas” (NA, 1939, p.378).

Durante el gobierno de Perón, la revista NA decidió llamarse al silencio, sin entrar en conflictos, pero sin apoyar sus políticas públicas, en una suerte de resistencia cultural, según Ballent (2004, p.203). A pesar de desconocer la política de vivienda del gobierno peronista, NA siguió discutiendo el problema de la vivienda, apoyándose en los avances de proyecto y tecnologías extranjeras. Nuevos desafíos en los que al arquitecto/a se le otorgaba un lugar central en la búsqueda de soluciones. Un ejemplo de ello, es una editorial de Hylton Scott, titulada “El millonario y el arquitecto”, donde discutía con el integrante de una empresa constructora de EE.UU., el señor Levitt, quien había expresado que “Nuestra mejor esperanza es descartar al arquitecto, y tomar a los vivos, alertas y afortunados pequeños y grandes constructores” (NA, 1952). Estas expresiones que corrían al arquitecto/a del problema no eran tolerables para NA, para quien la vivienda “debe proyectarla un hombre con alma de arquitecto, para que sea cosa de utilidad, pero también de belleza” (NA, 1952). La revista NA sostuvo que “De las profesiones corrientes, hay pocas que tengan más trascendencia social que la del arquitecto, pues sus obras no influencian solamente al individuo, sino a la comunidad. Y, sin embargo, no hay tal vez ninguna profesión que encuentre menos comprensión pública que la del arquitecto” (NA, 1953). Señalaron dos causas centrales de esta falta de comprensión, por un lado, la “ignorancia” de gran parte de la población, y, por otro lado, la ausencia de instituciones que la eduquen en ese sentido. Hylton Scott sostenía que:

“Todo mortal que quiera curarse de algo, recurre al médico (salvo alguno que otro cliente del curandero); el que piensa en algún pleito, se encamina a casa del abogado; y al que le duelen las muelas, toca el timbre en lo del dentista. Pero si se trata de hacer la casa, de construir cualquier estructura, son muchos, la inmensa mayoría, aun entre las personas cultas, que recurren al constructor, al maestro mayor de obras o a algún amigo que sabe algo de dibujo lineal. Y lo peor es que quedan contentos con el resultado” (NA, 1953)

Respecto al problema de la vivienda, desde la revista, expresaban que “es un problema argentino, pero asimismo mundial; los factores que intervienen son en su mayor parte comunes a todos los países y las soluciones, dentro de infinitas variantes de detalle, se parecen bastantes de una nación a otra” (NA, 1951). Esta mirada generalizada de la problemática y sus respuestas, daría pie al apoyo de los programas de cooperación interamericana e internacional. La revista, desde principios de los años cincuenta, brindó amplio espacio a las noticias, artículos y propuestas de diversos organismos internacionales que apuntaron a la problemática de la vivienda popular (Durante, 2019).

Las políticas de cooperación interamericana se centraron, en la primera etapa, en el adiestramiento de profesionales para la atención de las problemáticas de la vivienda, otorgando becas de estudio, realizando encuentros de formación e impulsando centros de investigación y experimentación, cuya difusión se realizó a través de revistas como NA. En estas instancias se dió importancia a la figura del arquitecto/a, a quien consideraban un aliado fundamental. La Unión Panamericana (UP) sostenía que en la resolución de la vivienda de interés social “no hay duda del rol predominante que le corresponde al arquitecto en la creación del ambiente que, integrados en debida proporción todos los factores en juego, permitan una funcional y armoniosa realización de las actividades contemporáneas” (Unión Panamericana en NA, 1956a, p.32); en este mismo comunicado, reclamaban a los profesionales una voluntad de servicio frente a la responsabilidad social. Esta centralidad de la figura del arquitecto/a en la resolución del problema de la vivienda, como profesional de jerarquía, irá en sintonía tanto con los planteos de la revista NA, como de la SCA, y, a la vez, constituyen el germen principal de las críticas hacia las políticas del peronismo, donde, desde su mirada, la figura del profesional se desdibujaba en las oficinas técnicas como trabajadores estatales.

3. Revista y Boletín de la SCA: regular y jerarquizar el abordaje de lo social

La constitución disciplinar y profesional de la arquitectura argentina implicó un proceso de definición de los saberes, prácticas, mecanismos de legitimación y regulación propios, que se fueron constituyendo desde principios de siglo XX[6]. La necesidad de establecer una reglamentación que regulase el ejercicio profesional e instaure las incumbencias fue un reclamo de las instituciones profesionales al Estado, proceso en que la SCA tuvo una importante participación. La primera propuesta de la SCA es de 1904 (García Falcó, 2014, p.2), y le siguen otras tantas, encabezadas por diversas fuerzas presentes en el poder legislativo, que habían fracasado (Brandariz, 1991, p.37). Recién en 1944, el General Farrel estableció por decreto las normas que regulaban el ejercicio de los arquitectos/as, ingenieros/as y agrimensores, y creaban el Consejo Profesional de Arquitectura.

Durante el gobierno peronista no se logró avanzar con los planes de regulación del ejercicio profesional. De hecho, hubo diversos conflictos al respecto y miradas encontradas. Un ejemplo de estos debates, puede encontrarse en el proceso de trabajo que se desencadenó en San Juan del año 1944, para la reconstrucción del terremoto (ver Healey, 2012). Uno de los antecedentes de las primeras regulaciones de los contratos y honorarios de los arquitectos/as para las obras públicas se discutió a partir de este eventoUna de las propuestas enviadas por un grupo de arquitectos/as involucrados, fue rechazada por la comisión estatal que dirimía estos asuntos. Los puntos en los que basó su rechazo permiten ver algunos de los primeros reclamos que realizan los arquitectos/as sobre la actuación en la obra pública. La comisión expresaba que:

1) Los honorarios deber máximos y no mínimos; 2) Los proyectistas no tienen derecho de propiedad artística o técnica; 3) Las obras repetidas no dan derecho a cobrar honorarios a los autores de los proyectos originales; 4) La labor de los profesionales contratados debería quedar totalmente supeditada al control y directivas de la Comisión; 5) Que los Arquitectos no estaban capacitados para dirigir obras, cuyo ejercicio era privativo de los Ingenieros (Comisión cit. Pastor, 1950, p.151).

Este rechazo de parte de la comisión, lo respondió José M. F. Pastor en un extenso informe que publicó en la revista de la SCA. Primero, realizó una explicación sobre la dirección de obra como una función natural del arquitecto/a, que se había dirimido los últimos años por la popularidad ganada, la resolución de grandes edificios y la construcción de las diferencias respecto de los ingenieros/as. Por otro lado, marcó la necesidad de reconocer el derecho de autor de los proyectos, así se trate de la repetición de la misma obra, cobrando los honorarios correspondientes, sólo considerando rebajas en casos de realizar varias repeticiones (ejemplo de un conjunto de viviendas). Por último, afirmaba que es inadmisible establecer honorarios máximos, al que llaman “honorario barato, -el cual- no sólo denigra al profesional quitándole la prestancia y jerarquía que la Universidad procura infundirle, rebajando su servicio social al orden de una simple mercadería en venta, sino que además alejaría de las reparticiones públicas al buen profesional” (Pastor, 1950, p.152). Para Pastor, una definición acorde de honorario permitía la disponibilidad de profesionales al servicio de la sociedad:

El honorario no es una ganancia sino el justo pago de una serie de gastos que afronta el proyectista, más un beneficio que haga interesante al universitario dedicarse a su profesión sirviendo al país, en lugar de abandonarla para dedicarse a otras actividades más lucrativas, lo que daría por tierra con el propósito social de la Universidad, que es dotar a la Sociedad de los técnicos que necesita para su constante mejoramiento y evitar que estos desperdicien su capacidad adquirida al dedicarse a otras actividades sin relación con ella (Pastor, 1950, p.153, cursivas del original).

Estos aspectos que reclama Pastor constituyeron un reclamo constante durante el primer gobierno peronista. El reclamo de honorario en lugar de salario, era una forma, según Ballent, de “controlar el tradicional perfil del profesional liberal que durante el período se desdibujaba también en el aspecto de la forma de su remuneración, aspecto central de la autorepresentación de la disciplina” (1993, p.29). El arquitecto/a abocado a las políticas públicas pasaba a ser un trabajo del Estado poniendo en juego los mecanismos que jerarquizaban su práctica como profesional liberal.

El papel de la SCA en la defensa de los intereses del sector profesional de arquitectos/as en Argentina fue primordial, sobre todo, se encargó de garantizar la legitimidad social de las prácticas, regular el ejercicio y conservar la idea de un campo homogéneo, sin conflictos aparentes y/o diferencias políticas, con fines comunes. Desde la Revista de Arquitectura, primero, y luego desde el Boletín de la SCA, se dará a conocer la opinión de la institución. En la revista se divisa la relación conflictiva de la Sociedad con el primer gobierno peronista, mostrando dos períodos bien diferenciados en sus publicaciones: hasta 1951, dirigida por José M. F. Pastor, con editoriales más críticas con el gobierno, y luego, desde esa fecha hasta que el golpe de 1955, dirigida por Raúl J. Álvarez, con una línea de mayor diálogo y consenso con las propuestas del peronismo.

Para 1949, en una nota de la revista, desde la SCA saludaban las iniciativas que se pudieron concretar desde la llegada del peronismo, la creación de nuevas escuelas de arquitectura, la transformación de la Escuela de Arquitectura de la UBA en Facultad y la continuación de concursos de proyectos para los edificios públicos. Sin embargo, cuestionaron el proyecto del Estatuto del Trabajador Intelectual, el cual establecía las disposiciones para el ejercicio profesional de los arquitectos/as. Sostenían que muchos de los considerandos del Estatuto estaban equivocados y representaban una negación de las instituciones profesionales creadas hasta el momento. Desde la SCA exigieron que se elimine el apartado sobre los arquitectos/as y reclamaron el reconocimiento de su institución para la determinación de pautas semejantes para mantener su legitimidad como institución principal (SCA, 1949).

Esta actitud crítica frente al Estatuto se suaviza hacia 1953, cuando se comienza a conformar la Confederación General de Profesionales (CGP)[7]. Esta nueva institución apuntaba a incorporar a los sectores medios profesionales a la “comunidad organizada” (Ballent, 1993) que pretendía el gobierno de Perón, a partir de generar una confederación que aglutine y controle las asociaciones de las diferentes profesiones. La SCA votó la adhesión por amplia mayoría, a contrapelo de otras instituciones profesionales que se expresaban en contra. Afirmaba que la adhesión se sustentaba en “una absoluta igualdad de pensamientos y propósitos, una afinidad completa, vigorizante, que está exenta de trabas o reservas dubitativas” (SCA, 1953, p.21). Según Ballent, los que votaron a favor de la adhesión confiaban en que sería apolítica y que en caso de que así no fueran, tendrían tiempo de retirarse (1993, p.28). Según Adamovsky, detrás del expreso apoliticismo había una estrategia de proteger la institución y los intereses detrás de la obra pública, más aún cuando se estaba gestando una asociación rival de la SCA por un grupo de “adictos a Perón (…) –que- amenazaba con desplazar a la antigua y prestigiosa entidad” (Adamovsky, 2011, p.51).

Inmediatamente luego del golpe a Perón en 1955, e instauración del gobierno de la Revolución Libertadora, la Revista de Arquitectura dejó de salir mensualmente y en su lugar apareció el Boletín de la SCA que volvió a cuestionar duramente al gobierno peronista y sumó su apoyo a la Revolución Libertadora. La SCA reactualizó sus reclamos, apuntando a desarmar las medidas impulsadas por el peronismo sobre la regulación profesional y avanzar sobre reclamos históricos para la consolidación del perfil profesional liberal, alejado de las oficinas estatales, haciendo énfasis en los concursos públicos de proyectos. Gran parte del sector profesional apoyó la caída del peronismo y tuvo que repensar sus estrategias de vinculación con el sector público. El Estado era necesario para construir la legitimidad del ejercicio profesional, y, a la vez, contaba con los recursos necesarios para concretar la obra pública indispensable para garantizar esta demanda laboral de los arquitectos/as.

En este contexto, se avanzó con la modernización de la profesión, lo que implicó la renovación de los instrumentos de regulación, construcción de discurso público, legitimación de prácticas y especificidades, entre otros elementos necesarios para consolidar y delimitar el accionar de los arquitectos/as y la arquitectura. Esto conllevó diversas estrategias que se desplegaron ante la caída del peronismo, que buscaban ampliar el campo laboral, para atender a un sector profesional creciente ante la masificación de la Universidad pública. Sin embargo, se hacía visible una realidad inocultable: de las obras que se construían, un porcentaje muy pequeño era llevado adelante por arquitectos/as. Problema que para algunos se debía al no reconocimiento social, para otros por las legislaciones y reglamentaciones de la construcción y para otros por la formación desactualizada.

En 1957, Luis Vernieri López, Secretario de la SCA, comentó de la realización de una encuesta en Córdoba, con la que pretendían ver quiénes llevaban adelante las obras que se construían. Los resultados fueron contundentes: 87,5% eran realizadas por constructores de tercera categoría, 10% por maestros mayores de obra, 2% por ingenieros civiles, y 1,5% por arquitectos. Para quien era Secretario de la SCA, la situación se resumía en que:

1º) La inmensa mayoría de las obras carecen de asistencia técnica, pues están en manos de vende-firmas, los curanderos de la construcción. 2º) Otro numeroso grupo de obras tienen asistencia técnica elemental. En ellas se puede esperar, como mucho la aplicación correcta de los métodos tradicionales. 3º) Una ínfima minoría de las obras tienen asistencia técnica universitaria. En ellas es posible aplicar los adelantos de una técnica de avanzada que permita superar la crisis actual (Vernieri López, 1957, p.55).

En una editorial de la SCA, en abril de 1957, se caracterizaba a la relación del ejercicio profesional con la realidad social. Por un lado, sostenían que había una falta de reconocimiento social y desconocimiento a la tarea de los arquitectos, “El arquitecto es todavía, en nuestro medio, un desconocido o un ‘artículo de lujo’, no sólo para la gente de la calle sino también para muchos funcionarios ejecutivos y aún profesionales de otras ramas” (SCA, 1957, p.1). Por otro lado, señalaron la excesiva cantidad de profesionales en el medio, lo que generaba la falta de fuentes de trabajo y la realización de tareas desvinculadas con su formación. Consecuencia de esto:

El profesional va perdiendo paulatinamente contacto con la realidad: no se ha ubicado en la realidad económica-social actual, que por lo tanto no lo comprende; no ha hecho su parte en el problema de la vivienda, pues continúa construyendo para las necesidades de un individuo de posibilidades económicas altas o medias, olvidando quizás, que, el mayor núcleo de la población es el de los recursos escasos y a la vez el que más imperiosamente necesita viviendas (...) Es imprescindible procurar una mejor distribución de profesionales en toda la extensión de nuestro suelo, de profesionales mejor capacitados, que se ubiquen realmente en nuestro medio social y económico actual y con vistas al futuro (…) Pero para todo esto deben entrar en la realidad y ganar la batalla (SCA, 1957, p.1).

La batalla por el reconocimiento social de los profesionales siguió, pero, a diferencia de lo que se veía anteriormente, apareció una autocrítica respecto de la desconexión con la “realidad social”. Esta desconexión impactaba directamente en las posibilidades laborales y de desarrollo disciplinar, por lo que se plantearon diversas estrategias para reposicionar al arquitecto/a. Por un lado, regular su ejercicio para evitar que otros hagan sus tareas, y, por otro, repensar sus medios de comunicación para adentro y fuera del sector, reactualizando las formas y aportes al discurso público. Por último, proponían aglutinarse, discutir lo necesario y dar a conocer posicionamientos comunes como sector. Durante aquellos años, la SCA desplegó una serie de acciones que apuntaron a ello, como la creación de grupos de estudio, de espacios de formación y divulgación, de visita de extranjeros especializados en la materia, entre otras. En este marco de acción, el abordaje de las problemáticas sociales por parte de la arquitectura constituía una de las especificidades a resguardar e institucionalizar.

4. Construir las prácticas y delimitar la incumbencia

La Revolución Libertadora inició un proceso de diferenciación de los primeros gobiernos peronistas, alzándose “como agente reparador de una serie de problemas que, a su modo de ver, había dejado la gestión peronista, como parte de la justificación del golpe de estado de 1955 – entre ellos lo que se veía como una crisis de vivienda” (Massida, 2015, p.3)[8]. Ante esto, una de las primeras acciones que realizó en materia de vivienda, fue la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda (CNV) en diciembre de 1955. Esta Comisión debía, a los sesenta días a su puesta en marcha, “preparar un Plan de Emergencia, concretando las más urgentes medidas de aplicación inmediata que resulten aconsejables para conjurar la actual crisis de vivienda popular” (SCA, 1956, p.3).

El Plan de Emergencia, redactado por la CNV en el año 1956, fue la primera iniciativa estatal hacia las villas de la Ciudad de Buenos Aires, un plan que sin mucho alcance continuaron los gobiernos que se sucedieron hasta 1965. En la formulación del Plan participaron un vasto grupo de arquitectos, en representación de diversas instituciones, la cual era presidida por Luis V. Migone y, por la SCA, participaba Antonio Bonet[9]. El Plan de Emergencia formulado mostró las primeras influencias del debate panamericano (Massida, 2015, p.10). En su enfoque de readaptación social aparecían los elementos que mostraban esta influencia. En el Boletín de la SCA, se comentaba que Luis V. Migone era el encargado de tender los primeros vínculos con los organismos internacionales y con Norteamérica, con miras a conseguir recursos económicos y técnicos[10].

Los planes de la Revolución Libertadora cristalizaron algunos de los primeros pasos de una relación que se profundizará a lo largo de los años, entre el gobierno y las empresas constructoras de capital concentrado, quienes tuvieron una activa participación en la formulación de las políticas públicas de vivienda (ver Yujnovsky, 1984). Según Massida,

Al largo plazo el Plan proponía que fuera el sector privado quien liderara en vivienda, para lo cual se proponía estimular la inversión en vivienda económica mediante la exención de impuestos, la desregulación del mercado de alquileres y la implementación de programas para la reducción de los costos de la construcción (2015, p.7).

Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), se buscó generar las estructuras necesarias para canalizar el ahorro privado en la construcción de viviendas, y reemplazar la acción directa del Estado, lo cual se hace visible en el descenso de la inversión pública en el sector[11]. A la vez, se gestionaron diversos préstamos con los Estados Unidos y los organismos internacionales, suscribiendo al programa de la Alianza para el Progreso, que estarían orientados a la construcción de viviendas. Estos nexos con los organismos de financiamiento extranjero se mantienen durante el gobierno de facto de José María Guido (1962-1963) y el gobierno democrático de Arturo Illia (1963-1966). A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se recibieron diversos préstamos los cuales eran administrados por las instituciones encargadas de la política de vivienda[12].

Durante los primeros años de la Revolución Libertadora, la SCA y NA buscaron ganar espacio en la opinión pública y en la programación de las políticas estatales. Ambas, participaron activamente tanto en la CNV, como en la organización de diversas actividades de discusión sobre los caminos a seguir en materia de vivienda popular y planeamiento urbano. Con la caída del peronismo, el sector de las instituciones profesionales pareció reconciliarse con las acciones estatales. La SCA saluda con énfasis al gobierno del General Lonardi[13] y se pone a disposición del mismo, considerando importante “la adhesión y el apoyo de todas las instituciones que como la nuestra persigue propósitos de bien colectivo y agrupa a calificados profesionales que sienten los deberes y responsabilidades de esta hora” (SCA, 1955, p.1). Para la SCA con la caída del peronismo se abría un período que permitiría un ejercicio “libre y feliz” de la profesión.

Para 1960, la SCA profundizó sus estudios sobre el problema de la vivienda, a través de una Subcomisión de Vivienda propia, donde mantuvo una sostenida labor Juan Ramos Mejía. Esta subcomisión “trabajó en íntimo contacto con la Comisión Especial de la Vivienda de la Cámara de Diputados, y además colaboró en la elaboración del Plan Federal de la Vivienda” (Gutiérrez, 1993, p.233), lo que le permitió tener un acercamiento a los espacios de decisión de las políticas públicas. Además, encaró una tarea de difusión importante, organizando mesas redondas, notas radiales y publicando artículos en diversos medios sobre el tema de la vivienda popular. El presidente de la SCA expresaba, en 1961, que “El arquitecto de hoy considera la vivienda para grandes masas humanas, como uno de los problemas candentes de nuestra época y para cuyas soluciones se halla capacitado en más alto grado que cualquier otro profesional” (Ruiz Guiñazú, 1961, p.12).

La SCA como institución reclamó su lugar en los consejos y administraciones diversas que se formularon para abordar la vivienda y planificación urbana. Fue la institución que se encargó de reclamar la presencia de arquitectos/as en lugares de decisión, lo que permitía jerarquizar su actividad y legitimar sus incumbencias en dichos ámbitos. Como puede divisarse, para los años sesenta, cada vez más arquitectos/as comienza a ocupar cargos en diversas entidades estatales vinculadas al planeamiento urbano, la obra pública y la vivienda[14]. Una de las premisas en la ocupación de cargos públicos, fue que se reconozca la autoría, que se visibilice qué arquitectos/as estaban detrás de las obras realizadas. Como expresaba NA en una de sus editoriales, no por tratarse de un edificio público debe olvidarse el nombre de quien lo proyectó, “Es común observar que, cuando se inaugura un edificio público, hay discursos. En esos discursos -generalmente malos- se nombra y se elogia al que donó el terreno, al directos general y al ministro que firmaron los cheques, al funcionario que ‘empujo’ la obra, pero no se habla del arquitecto” (NA, 1958b, p.7).

Inmediatamente luego del golpe, NA publica una editorial titulada “Nunca Más”, de Hylton Scott, donde hace una crítica muy dura con el gobierno destituido, apoyando al entrante. A partir de aquí, NA publicó cotidianamente extensos informes con análisis de la situación, con propuestas de organización para la CNV, para una Política Nacional de Vivienda, para un Consejo Federal de Vivienda, para una Ley de Vivienda, etc.; diversos proyectos que no logran tomar vuelo, en un contexto político y económico complejo. Hylton Scott participó activamente en reuniones institucionales, en mesas de debate y en congresos, constituyéndose en una voz de referencia para abordar el problema de la vivienda popular. En aquellos ámbitos insistía con que el problema residía en el precio de la construcción de viviendas, “HAY QUE ABARATAR LA VIVIENDA” (NA, 1956b, p.42, mayúsculas del original), trabajando sobre tres aspectos que titularon: tierra barata, construcción barata y dinero barato.

La llegada a la presidencia de Arturo Frondizi, renovó el espíritu crítico y propositivo de la revista; afirmaban que: “de ahora en adelante y número a número, ‘nuestra arquitectura’ tratará el candente problema de la vivienda del pueblo” (NA, 1958a, p.15). En la misma nota, comenzó resaltando el discurso del actual presidente, sobre todo sus ideas sobre el desarrollo de América Latina[15]. Son años donde la política desarrollista, impulsada desde Norteamérica, permeó la política continental, influenciando las políticas de vivienda, con ideas afines a lo que se proponía desde NA. La revista resultó uno de los principales medios del campo disciplinar en difundir las ideas de la cooperación interamericana, los comunicados de la OEA y los técnicos norteamericanos para las nuevas políticas de vivienda. NA jugará un papel importante en la difusión de estas ideas y construcción de consenso con las mismas[16].

Esta difusión de las propuestas de la OEA, UP y demás organismos no siempre va de la mano de su recomendación para la inserción en las políticas de vivienda locales. La revista NA muestra elementos que permiten ver cierto distanciamiento crítico cuando se habla de la adopción directa de estas ideas, a pesar de su gran difusión. Un ejemplo de esto, fueron las ideas sobre los mecanismos de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio (AMyEP) para la construcción de vivienda, que se impulsó desde principios de los años cincuenta, con la creación del Centro Interamericano de Experimental y de Adiestramiento en Vivienda (CINVA)[17]. En NA no se publicaron editoriales, ni artículos propios, que difundieran las ideas de la AMyEP o se lo recomiende como mecanismo a adoptar. Los artículos que comentaron sobre la metodología fueron firmados por expertos de otros países y de organismos internacionales. Por ejemplo, en una nota de 1958, expresaba que:

La pobreza de muchos países americanos en conjunto, y la pobreza regional de otros, ha llevado a recomendar el esfuerzo propio y la ayuda mutua dirigida. Tal fórmula, probablemente, y por algún tiempo, es la única esperanza de zonas extremadamente pobres. Pero conviene que un mal remedio, que sólo puede estar basado en cierto grado de desesperación, no sea teorizado para convertirlo en aparente panacea. En la época en que se habla de tipificación, producción en gran serie, modulación, prefabricación y demás, la vuelta a una artesanía sin experiencia para resolver el problema de la vivienda, es tanto como recomendar que cada familia se amase el pan casero para su consumo y fabrique sus zapatos y sus muebles (NA, 1958c, p.52).

Detrás de las críticas de NA al sistema de AMyEP, parece estar la defensa de las tareas de los arquitectos/as en la producción de las viviendas, del saber especializado. En una nota breve, donde comentan sobre la inauguración de la construcción de unas viviendas realizadas por los propios pobladores -financiada por la Alianza para el Progreso-, expresan que: “No cabe duda que la ayuda mutua es un buen sistema. Pero dudamos de que sea un sistema para nuestro país, salvo raras excepciones (…) En 1963 la técnica es insustituible, como lo es el obrero especializado. La técnica y el especializado superarán siempre –en un país que tenga un cierto grado de civilización- a la ayuda mutua. No hay mejor ayuda mutua que la técnica” (NA, 1963, p.4). Otro ejemplo de esta revisión de las propuestas de la cooperación panamericana, y re-adecuación a los contextos locales, es respecto al debate del papel del Estado. En este período, la revista se posicionó a favor de la intervención del Estado en el problema de la vivienda, principalmente para la inyección de dinero, a través de crédito barato, y, por otro lado, como promotor de desarrollos tecnológicos, apuntando a la investigación, racionalización, normalización, prefabricación y mecanización de los procesos constructivos. Estas ideas se distanciaban de las propuestas de dejar en manos del cooperativismo y el sector privado la construcción de viviendas, como se implementaron en Puerto Rico, uno de los países que fue el laboratorio de las políticas impulsadas desde los organismos y los EE.UU[18]. A pesar de haber sido una gran vitrina de difusión de las políticas de cooperación panamericana, la revista NA realizó una reelaboración de sus propuestas para el contexto local y para la defensa de los intereses profesionales.

Esta vitrina se mantuvo durante los cincuenta, y es, a partir de 1961, que se transforma en apoyo y difusión de las políticas del programa Alianza para el Progreso, que promovió la presidencia de Kennedy, para profundizar la política de influencia sobre el desarrollo económico y social de Latinoamérica, ya no solo con el aprovisionamiento de conocimientos técnicos, sino con financiamiento de las políticas de vivienda, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 1961, comentan desde la revista que Hylton Scott es invitado a participar en la reunión del CINVA, en Washington por parte de la OEA, considerado uno de los siete expertos americanos en abordar la temática de la vivienda (NA, 1961, p.12). En 1963 cambian los colaboradores de la revista[19], Hylton Scott se mantiene y persiste con sus columnas sobre vivienda, pero con menor periodicidad, su lugar lo ocupa la discusión sobre la formación universitaria, la historia y la producción arquitectónica en Argentina.

En aquellos años, el sistema de concursos gana lugar en la resolución de la obra pública. Desde la caída del peronismo, fue una de las banderas de las instituciones profesionales, desestimando la resolución de proyectos por las oficinas estatales. Los profesionales se abocaron a la defensa de los concursos, los cuales eran organizados y arbitrados por la SCA, principalmente. En 1961, se estableció que todos los proyectos que estaban a cargo de la Dirección Nacional de Arquitectura se resuelvan a través del llamado a concursos públicos, “Se incrementó el número de los concursos de anteproyectos, los cuales se volvieron cada vez más sofisticados, así como la conformación de sus jurados” (Gomes, 2018, p.20).

En una nota de NA, Natalio D. Firszt realizó una crítica por una serie de concursos que no fueron resueltos de buena forma; entre los ejemplos que cita, en uno de ellos los premios nunca fueron entregados, y en otro, faltaba la presencia mayoritaria de arquitectos en el jurado. Firszt considera que estos aspectos son inmorales y que no permiten desarrollar plenamente los concursos, cuyo fin debía ser “que el anteproyecto vencedor es la solución más aceptable de acuerdo con el problema planteado: el cumplimiento de este fin presupone una labor imparcial por parte del jurado que debe estar integrado por personas capaces de juzgar” (Firszt, 1959, p.11). Estas expresiones sobre las deficiencias del concurso, muestran varios de los puntos que se expresaron en los reclamos del sector profesional por aquellos años: falta de reconocimiento social a su tarea, de jerarquización del proyecto de arquitectura en la resolución de la obra pública, y de representación de otros profesionales en los puestos de tomas de decisiones. Ante estos problemas, los concursos se presentaban como la herramienta idónea para dar a conocer las capacidades de los profesionales locales y que los mismos puedan competir entre ellos, para buscar las mejores respuestas. Un mecanismo “democrático”, de “libre competencia”, en sintonía con las premisas de una profesión liberal que no se sentía cómoda como trabajadora estatal.

Para los años sesenta, se generalizó la construcción de grandes conjuntos habitacionales, una tipología heredera de las ideas de la arquitectura moderna[20]. Estos conjuntos se resolvieron a través del llamado a concurso público, organizados por la SCA. Los concursos multiplicaron la creación de equipos de arquitectos jóvenes, para quienes “estos concursos en particular, pero también la promoción estatal a la vivienda masiva en general, generaron un amplio espacio de debate, experimentación, innovación y realización” (Ballent, 2018, p.48). Esta política de los conjuntos habitacionales fomentó la participación de las grandes empresas constructivas, y se veía favorecida por los préstamos de los organismos internacionales[21]. En este camino, con la creación de la figura del “concurso de proyecto y precio”, donde además de la propuesta arquitectónica, debieron presentar una propuesta para su materialización, como expresa Ballent, usando palabras de Liernur, “los arquitectos se presentaban en vinculación con las empresas constructoras, produciendo una rara combinación o ‘extraña pareja’ de ‘empresarios e intelectuales’” (Ballent, 2018, p.48).

Hacia fines de los sesenta, frente un contexto de mayor movilización social, particularmente, del sector villero en reclamo de mejoras habitacionales y urbanas, la herramienta de concurso entró en tensión con la participación activa que reclamaban los pobladores. Quienes participaban en los concursos públicos tenían una opinión diferente de qué implicaba la participación en el proyecto, como expresaban Javier Sánchez Gómez y Justo Solsona -ambos integrantes del estudio MSGSS-, en una entrevista brindada a Antonio Díaz, para la revista Summa en 1974. Ante la pregunta de cuál debe ser el grado de participación de la gente en las resoluciones de las viviendas, Solsona expresaba que

pienso que la participación de la gente en el nivel de concreción técnica ‘es difícil’, y que posiblemente complique todo el desarrollo técnico de la cuestión (...) a mí me parece que hay un cierto romanticismo infantil en suponer que podés llevar el borrador del anteproyecto, discutirlo con el villero, con el obrero, porque no es real, no es necesario (Díaz, 1974, p.44).

El estudio MSGSS fue premiado en gran cantidad de concursos, para principios de los años setenta cuentan con una larga trayectoria de proyectos ejecutados de grandes conjuntos habitacionales. Para ellos la participación podía darse con la construcción de prototipos previos a construir los conjuntos, los cuales pueden visitar los futuros pobladores y opinar sobre ellos. Otra forma fue plantear un diseño de planta flexible, con paredes o muebles cuya posición puedan modificar los usuarios a sus necesidades, o dejar las paredes blancas, para que cada uno se expresara, “a nivel artístico”, “que la gente marcara su presencia como quisiera, con escritos, o con números, o con colores” (Díaz, 1974, p.43). Una concepción sobre la participación que, para los años setenta, parecía ser distinta a varios de los esfuerzos que se impulsan desde otro sector profesional, en alianza con el movimiento villero (Durante, 2022).

5. Cierre y apertura: modernizar los medios de difusión, diversificar la mirada

En 1963 apareció la revista Summa, que renovó y modernizó el rubro de los medios especializados, inicialmente impulsada por Carlos y Lala Méndez Mosquera. Por aquellos años, Summa no fue la única iniciativa de este tipo, el mismo año surgen la revista Obrador y A&P Arquitectura y Planeamiento[22], y, a la vez, “los principales diarios ampliaron sus secciones de arquitectura (...) -e- informaron a la opinión pública acerca de los avances del quehacer profesional y de la obra realizada” (Brandariz, 1991, p.42). En el primer número, su director expresó que la revista apareció porque el país carecía “de un medio de comunicación entre todas las personas interesadas en lograr un alto nivel de calidad en los temas de arquitectura, tecnología y diseño” (Méndez Mosquera, 1963). Afirmaba que, principalmente, estaba abierta a “todos los aportes progresistas y actuales que signifiquen una justa utilización de los medios contemporáneos” (Méndez Mosquera, 1963). La revista Summa propuso un formato renovado, con obras de arquitectura del medio local y latinoamericano que se mostraban desde sus contextos de inserción hasta los detalles constructivos. Dió lugar a las novedades tecnológicas y debates del medio, y fue ganando espacio, con algunos números dedicados específicamente, la temática de la vivienda y el urbanismo popular.

La revista Obrador, por su parte, solo tuvo tres números entre 1963 y 1964. Fue una plataforma de encuentro para varios arquitectos/as que constituían una perspectiva crítica de la disciplina, vinculada a las problemáticas de la realidad social[23]. Se plantearon como objetivo el conocimiento y comprensión de la realidad donde se insertan las prácticas profesionales, las que consideraban en revisión permanente debido a que se comenzaban a desdibujar los perfiles tradicionales del arquitecto/a[24]. Ante esto propusieron la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios, por lo que se suman al grupo redactor de la revista jóvenes de otras disciplinas. Entendían a la arquitectura como parte de una realidad compleja, producto de un modo material de producción de la sociedad y asunto de la problemática artística, en un momento determinado. Por este motivo, consideraban importante dar espacio en la revista a otros sectores de la sociedad, gremios universitarios y extrauniversitarios, esferas de gobierno, partidos políticos y demás actores que tengan relación con los temas de la arquitectura. La revista Obrador apuntó a problematizar sobre el papel de la arquitectura en el medio para instrumentar su transformación, considerando en “crisis” la situación de aquellos años.

Estos últimos breves apuntes sobre los nuevos medios que emergen a partir de 1963 solo buscan dar cuenta de la multiplicidad de voces y miradas en torno a cómo comprender la relación entre el ejercicio profesional y las problemáticas de la realidad social. Nuevos medios que darán lugar a nuevos actores, saberes y prácticas que emergen desde los procesos socio-territoriales de producción social del hábitat y la discusión política en torno a su abordaje de parte del Estado. En este debate los medios especializados tuvieron un importante papel porque permitieron configurar el perfil y nuevas incumbencias, dando lugar a los debates y nuevas prácticas, y apoyar la generación de los mecanismos que fortalecieron su delimitación, regulación y legitimidad social. Un debate que lejos de agotarse en este artículo, encuentra en estos años de posguerra sus primeros pasos.

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6. Referencias bibliográficas

Fuentes primarias