2002, golpe a Chávez: la articulación opositora y la “rebelión del receptor”. Una relectura en clave de hegemonía

2002, coup to Chávez: the opposition articulation and the "rebellion of the receiver". A re-reading based on hegemony

Resumen

Enmarcado en un proyecto mayor que abarca el estudio de la articulación política y discursiva en la disputa por la hegemonía llevada adelante por el chavismo, este trabajo busca realizar una relectura de los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contra Hugo Chávez a partir de dos preguntas concatenadas: qué características adquirió la articulación opositora que orquestó el golpe y, fundamentalmente, por qué no logró imponerse. Para ello, reconstruimos las causas del apoyo al golpe de cada sector así como las acciones y articulaciones discursivas realizadas por la oposición en el “período insurreccional” con fuentes primarias y secundarias, y analizamos por qué, pese a contar no solo con el respaldo de empresarios, sindicatos y apoyo externo, sino también con un monopolio comunicacional articulado contra Chávez, no logró interpelar con éxito a las mayorías populares y colocarlas en su contra.  El uso de un marco teórico a partir de (basado en) nociones como la “rebelión del receptor” y los “núcleos del buen sentido” ayudan a comprender las formas de esta resistencia, integrando aspectos estructurales y superestructurales, en pos de dilucidar el porqué de la movilización popular y el consecuente fracaso del golpe de Estado.

Palabras claves: Golpe de Estado, Hugo Chávez, Hegemonía, Discurso, Articulación

Abstract

Framed within a larger project that includes the study of the political and discursive articulation in the dispute for hegemony carried out by Chavismo, this paper seeks to reread the events of the coup d'état of April 11, 2002 against Hugo Chávez based on two linked questions: what characteristics did the opposition articulation that orchestrated the coup acquire and, fundamentally, why it did not succeed in imposing itself. To this end, we reconstruct the causes of support to the coup from each sector as well as the actions and discursive articulations carried out by the opposition in the "insurrectional period" with primary and secondary sources, and we analyze why, in spite of having not only the support of businessmen, unions and external support, but also a communicational monopoly articulated against Chávez, it did not manage to successfully question the popular majorities and turn them against him.  The use of a theoretical framework from (based on) notions such as the "rebellion of the receiver" and the "nuclei of good sense" help to understand the forms of this resistance, integrating structural and superstructural aspects, in order to elucidate the reason for the popular mobilization and the consequent failure of the coup d'état.

Key words: Coup d'Etat; Hugo Chávez, Hegemony, Discourse, Articulation

Fecha de recepción: 11 de septiembre de 2023

Fecha de aceptación: 5 de abril de 2024

2002, golpe a Chávez: la articulación opositora y la “rebelión del receptor”. Una relectura en clave de hegemonía

Mauro Berengan*

Introducción

Este trabajo busca realizar una relectura de los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contra Hugo Chávez a partir de dos preguntas concatenadas: qué características adquirió la articulación tanto política como discursiva que orquestó el golpe y, fundamentalmente, por qué no logró imponerse. La articulación opositora al chavismo consolidó, a partir del paro y manifestación del 10 de diciembre del 2001 contra las leyes dictadas vía poder habilitante, un amplio apoyo principalmente de las clases medias y altas con poder de movilización y disputa de calle, contando para ello con el control casi total de uno de los principales aparatos de mediación de la dominación: los medios de comunicación. Partimos de aceptar el rol fundamental que cumplen los medios concentrados en la construcción de una concepción del mundo afín a la aceptación de un orden sistémico mediante (como veremos más adelante) su invisibilización; así como, en este caso, su papel como articuladores y difusores de un discurso capaz de aunar las demandas contra Chávez y conducirlas a la acción. Además, para el proceso aquí abordado, los medios opositores actuaron de modo directo con la repetición ad infinitum de imágenes propias de una doctrina de shock -como la llamaría Klein-, en muchos casos con montajes falsos que aquí repasaremos, acompañadas de órdenes de acción y de la difusión de una supuesta renuncia del presidente. Con Chávez apresado, con la suma de los poderes allí representados y articulados, con cientos de miles en las calles, los opositores fueron, sin embargo, derrotados. A nadie escaparán aquellas imágenes de la marejada humana que se desprendió de los cerros de Caracas para rodear el palacio de Miraflores y exigir el regreso de Chávez que, ¿intuían?, no había renunciado. Pero ¿por qué lo hicieron? Así, creemos que el poder mediático recién aceptado como punta de partida debe ser discutido en pos de comprender este proceso, así como la dinámica de la disputa por la hegemonía en general.

Responder esta pregunta requiere desde nuestro abordaje una conceptualización que López (2015) formula como “la rebelión del receptor”, tomando las elaboraciones teóricas de Barbero (1987) y el concepto de “mediación”. Este concepto rompe el análisis dual y unidireccional que asimilaba casi a una determinación la relación de los medios de comunicación (y demás aparatos de difusión de la ideología) sobre la población en la cultura de masas; tanto desde miradas “marxistas ortodoxas”, como cercanas al funcionalismo. Así, entendemos que los discursos emitidos no son receptados de forma pasiva. Asumimos la concepción de un sujeto activo que re-elabora y re-significa los mensajes en base a sus posiciones y entornos, siendo también “productores” –a su vez condicionados, como veremos- de la mediación. Adoptamos así una re-articulación entre los conceptos marxistas de estructura y superestructura, donde no encontramos relaciones de determinación económico-material, pero tampoco posibilidades de producir articulaciones sociales vía encadenamientos discursivos independientemente de las características tanto del modo de producción como de la base social del movimiento que se interpela. Esta dinámica entre el discurso, la ideología, y el-condicionamiento material, es trabajada para este proceso por Raby quien, si bien refiere aquí a la voz del “líder” y no al aparato mediático, da cuenta de su recursividad: 

El líder solo puede llevar el movimiento popular a donde está dispuesto a ir; o para ser más exactos, la dinámica del proceso puede llevar tanto al pueblo como al dirigente a situaciones inesperadas, pero esas situaciones estaban implícitas –no como algo inevitable, sino como posibilidades– en la estructura de clases preexistente y en la herencia cultural del movimiento (2006: 5).

Esta rearticulación conceptual, creemos, resulta crucial para comprender tanto las motivaciones de los actores del golpe como su resolución.

El artículo se inscribe en un proyecto más amplio en el que estudiamos el proceso de disputa por la hegemonía llevada adelante por Chávez y el MBR200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200) ya desde los orígenes del movimiento, en la década del 80, hasta la muerte de su líder. Partiendo de un abordaje gramsciano, nos preguntamos con qué estrategias se produjo la disputa exitosa de una hegemonía en crisis, y qué características adquirió la articulación de partidos, organizaciones sociales, intelectuales orgánicos y elementos discursivos que no solo llevó y mantuvo en el poder al chavismo, sino que buscó generar una nueva hegemonía que derivó en un intento de transición sistémica hacia el socialismo. Así, si bien incluimos aquí aspectos que creemos necesarios, la formación discursiva chavista, su composición y evolución previa a este proceso, y el análisis del movimiento en sí, han sido ya abordados en otros trabajos (Berengan, 2022b, 2023).

El intento de golpe de Estado del 2002 –y el posterior paro petrolero– representan una bisagra en este proceso de disputa. Tras haber construido durante seis años (desde su irrupción pública en 1992, hasta la victoria electoral en 1998) una articulación organizativa en el Polo Patriótico[1] y discursiva en un complejo cronotopo latinoamericanista (Narvaja de Arnoux, 2008)[2] con la que logró ganar las elecciones presidenciales, el chavismo vivió un proceso de disputa interna que derivó en dos grandes rupturas de la alianza. En primer lugar, con la mayor parte del sector conservador de las Fuerzas Armadas, que incluía a sus ex compañeros del intento de golpe del 4 de febrero de 1992 (Urdaneta Hernández y Acosta Chirinos -con Arias Cárdenas la ruptura se había producido con anterioridad) a partir de los sucesos de la vaguada de Vargas.[3] Y, en segundo lugar, con el sector civil moderado de la “vieja izquierda” como el Movimiento al Socialismo, el “padre articulador” Luis Miquilena, y el –más bien conservador– alcalde de Caracas Alfredo Peña, entre otros. Estas últimas rupturas estuvieron vinculadas a la aprobación por decreto, vía ley habilitante, de 49 leyes que buscaron efectivizar las transformaciones prometidas en la estructura económica (fundamentalmente las leyes de hidrocarburos, pesca y tierras), alejando a este sector del Polo Patriótico. El chavismo vivía entonces un momento de resquebrajamiento, con una todavía muy débil organización de la base del movimiento a partir de los Círculos Bolivarianos.

Por el contrario, embrionariamente desde las movilizaciones contra las reformas de la ley de educación a fines del año 2000 y comienzos del 2001, pero muy aceleradamente a partir de la discusión por las leyes habilitantes, la oposición había superado el período de “escualidez” y logrado cristalizar en pocos meses quizás el mayor nivel de fuerza y movilización de todos los años en que Chávez gobernó. El intento de golpe posee entonces una dimensión de resolución y transformación de la correlación de fuerzas incluso militar, pero también de consolidación de los bloques en pugna por la hegemonía que implicó la alineación de los intereses de clase con las identidades políticas construidas. Y su desenlace, creemos todavía, no es fácil de comprender. Buscamos aquí hacerlo a partir de analizar dos bloques en pugna que disputaron la hegemonía en la calle, pero cuya clave radica en comprender cómo llegaron allí.

La articulación opositora

Entendemos que el puntapié inicial de este enfrentamiento debe rastrearse en la alianza obrero (o más bien sindical)-patronal consolidada a partir de los hechos del 10 de diciembre de 2001 con dos actores fundamentales, la CTV (Central de Trabajadores de Venezuela) y FEDECÁMARAS (Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción), a la que se sumó la gerencia de PDVSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima). A partir de ese día, se sucedieron una serie de manifestaciones masivas, en general utilizando efemérides históricas (23 de enero, 27 de febrero, etc.) como signo de época inaugurado por Chávez, tanto a favor como en contra del gobierno.

Pero, antes de abordar estos actores, comenzamos considerando que esta articulación del 10 de diciembre contó ya con el impulso y financiamiento de Estados Unidos.[4] George Bush designó como embajador en Venezuela, tras las giras de Chávez a países “hostiles” como Irán, Rusia y China, a Charles Shapiro, ex miembro de la embajada estadounidense en el Chile de Allende y en El Salvador de la guerra contra el Frente Farabundo Martí. A su vez, nombró a Otto Reich, de similar trayectoria especialmente en la “contra” nicaragüense, como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Al respecto, tiempo después, Chávez esbozó una hipótesis de las motivaciones más concretas del golpe justamente a partir del 10 de diciembre de 2001 y los motivos de la injerencia estadounidense:

A mí comenzó a llamarme la atención y luego corroboré, pude corroborar con otras informaciones, que ya para esa fecha, 10 de diciembre de 2001, la decisión de lanzar el golpe contra nosotros estaba tomada. Leyes habilitantes, sí, es verdad, pero hay algo mucho más pesado, es que ya habían tomado la decisión de invadir Irak, y Estados Unidos necesitaba asegurar la fuente de petróleo más grande que hay en el continente y ahora sabemos que en el mundo, Venezuela, antes de ir a la ofensiva en el oriente medio ¿para qué? Bueno para con ello regular los precios del petróleo y ante una eventualidad de complicaciones en el oriente medio tener asegurado el suministro barato y suficiente de petróleo (en Todo Chávez, 11 de abril de 2007: https://todochavez.gob.ve/).

Una hipótesis plausible que, entendemos, encuentra respaldo en la conjunción de las acciones geopolíticas llevadas adelante por Chávez, las reservas petroleras venezolanas y el posterior accionar estadounidense. Pero debe agregarse también la propia política histórica de la potencia occidental ante los intentos de transición sistémica al socialismo, pues ciertamente por otras vías podía continuar el suministro de petróleo aún bajo el gobierno de Chávez, como de hecho lo venía haciendo. En su estudio sobre el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, realizado tres años después de su desarrollo, su colaborador Joan Garcés dio cuenta de esta política:

Así, desde el punto de vista de su dimensión internacional, podemos decir que cuanto más un proceso revolucionado de significado anticapitalista se aproxima en su desarrollo a la guerra civil, su suerte está más directamente condicionada por las relaciones militares entre las grandes potencias y su resultante sobre el país en cuestión. Cuanto más absoluto es el poder militar de una potencia en una región geográfica, sin contrapeso, mayor es la propensión que tiene a propiciar la solución de un conflicto revolucionario en el terreno de las armas, si ello contribuye a sofocarlo más eficazmente que por otros métodos. Poco importa el relieve o significado del país afectado. La estrategia norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial ha venido elaborando un consenso creciente en torno al principio según el cual toda acción revolucionaria en un lugar intrínsecamente sin importancia puede atentar contra la seguridad de los Estados Unidos, al estimular acciones posteriores en lugares más importantes que pueden llevar a una cadena de revoluciones capaz de provocar el declive de su hegemonía mundial (Garcés, 2013 [1976]: 32).

Las premisas centradas en la correlación de fuerza internacional dominada por una potencia sin contrapeso regional, la proximidad que se avizoraba en el horizonte de un enfrentamiento civil, y las declaraciones estadounidenses respecto de la amenaza que representaba Venezuela para su seguridad, en el marco de una radicalización creciente del chavismo (tanto en medidas locales como, sobre todo, a nivel geopolítico) parecen aplicarse al caso venezolano. Más allá de las investigaciones sobre el rol de EEUU en el golpe de Estado y en general sobre su política internacional para Latinoamérica en este período (Borón, 2012; Bruckmann, 2011; Golinger, 2005, entre otros), creemos que un estudio comparativo de estos dos procesos pudiera ser fructífero para el análisis de los intentos y programas de transición, sus límites y disputas.

Si bien, como ya mencionamos, entre aquel 10 de diciembre y el día del golpe se sucedieron varias manifestaciones opositoras y oficialistas, un segundo impulso fundamental camino al golpe fue la “formalización” del pacto sindical-patronal a partir del documento titulado “Bases para un acuerdo democrático”, publicado el 4 de marzo de 2002. Firmado por la CTV y FEDECÁMARAS, el documento da cuenta de una doble disputa política y discursiva: por la representación de la democracia –evidente desde el título–, y por la representación del sujeto popular, siendo el primer punto “la superación de la pobreza” y comenzando con la frase “tenemos los problemas, necesidades y legítimas aspiraciones de los sectores populares como objeto central”.

La CTV era la central obrera más grande de Venezuela, lo que no implica que haya nucleado a la mayor parte del amplio espectro de la clase trabajadora. Ciccariello Maher establece en principio que solo un cuarto de la población activa venezolana podía considerarse trabajadora formal y manual hacia el cambio de siglo, pero agrega:

Es preciso notar que la cifra final de 27,2% solo es entre la población trabajadora (por lo tanto, excluye a los desempleados y otros) y solo cuentan aquellos con edades de quince años o más (por lo tanto, excluye a un contingente ampliamente informal de jóvenes). Considerado en términos de la población total de todas las edades, la clase trabajadora formal no es más que una fracción diminuta (Ciccariello Maher, 2017: 328).

Por su parte, Brito García sitúa dicho sector para mediados de 2003 en “menos de la décima parte de los trabajadores activos del país, y un porcentaje todavía menor de la fuerza de trabajo” (Britto García, 2012: 50). Históricamente dominada por AD (Acción Democrática), la CTV fue un actor central del Pacto de Punto Fijo durante toda su existencia, oficiando de articulador institucional de las y los trabajadores en una dominación hegemónica contra la que el MBR se sublevó. Su actuación fue de asimilación sistémica, formando parte de las “comisiones tripartitas” –empresarios, sindicato y Estado– mediante las cuales se canalizaron los conflictos laborales sin recurrir a acciones directas impulsadas desde la CTV; las que hubo en general fueron por fuera de esta estructura, como las huelgas en la fábrica Sidor de fines de los años 60 (López Sánchez, 2012). Esta composición burocrática de la clase trabajadora, que podría identificarse con las teorizaciones sobre la “aristocracia obrera” realizadas por Engels y Lenin en tanto, ciertamente, vivían un proceso de diferenciación material respecto de las mayorías populares impulsada desde arriba, ayuda a comprender por qué la base de todo el proceso, la composición social tanto del Caracazo de 1989, como del 13 de abril del 2002 (al fin y al cabo el sujeto civil de la alianza cívico militar bolivariana), fue constituida por el amplio abanico de sectores informales de la economía. Son ellos quienes no tenían “nada que perder”; los trabajadores formales de la industria –muy mayoritariamente petroleros– sí.

El gobierno de Chávez continuó la renovación de las direcciones cupulares de las distintas estructuras estatales iniciando, para el caso de la CTV y demás coordinadoras sindicales, una consulta popular en la que –con una escasa participación en torno al 25%– la población aprobó realizar elecciones para la renovación de todas sus conducciones que se realizaron finalmente el 25 de octubre del 2001. El chavismo no optó por su figura sindical, Nicolás Maduro, que ya había impulsado el Frente Constituyente Bolivariano, sino por una del Polo Patriótico que articule mayores adhesiones: Aristóbulo Istúriz. Sin embargo, fue derrotado con un amplio margen por Carlos Ortega,[5] miembro de AD, en unas elecciones denunciadas como fraudulentas pero –tras muchos intentos por desconocerlas– finalmente aceptadas (Lucena, 2003). Este desconocimiento implicó que el Polo Patriótico no se incorpore al Comité Ejecutivo de la CTV con los miembros obtenidos, dejando vía libre a una conducción opositora fortalecida y radicalizada también por el intento de avance chavista sobre ella.

Así, a pesar de que poseía ciertamente una representatividad muy baja sobre el total de la población trabajadora activa venezolana, tanto por la composición de clase como –en menor medida- por la disputa chavista, la CTV fue uno de los sostenes fundamentales del plan golpista, en tanto producía –junto a los medios privados que veremos más adelante- una de las disputas discursivas que entendemos como fundamentales en la lucha por la hegemonía: la representación popular, la delimitación de “dónde está el pueblo”, o con quién. Carlos Ortega se constituyó en uno de los intelectuales orgánicos conductores del golpe, colocándose a la cabeza de las manifestaciones, formando parte de la planificación y las negociaciones, incluso internacionales, de cara al futuro gobierno, y manteniendo contactos tanto con Reich como con Shapiro en esos meses (Golinger, 2005). El semanario Quinto Día publicó una conversación filtrada entre Ortega y el ex presidente Carlos Andrés Pérez donde se habló de viajes y contactos con el embajador y con el propio George Bush, en el marco de las movilizaciones previas al golpe. Allí, Carlos Andrés Pérez felicita a Ortega por su actuación y lo unge como “el protagonista de esta etapa”. Ortega responde: “lo estamos llamando por lo siguiente, necesitamos su ayuda aquí, nosotros necesitamos, por cualquier vía, tomar el control de la Asamblea Nacional” (Semanario Quinto Día, 18 de febrero de 2002, en Ramírez Pérez, 2017: 19).

Por su parte, FEDECÁMARAS ciertamente estaba lejos de ser el mayor actor económico del país: como referencia, del PBI del año 2003 representaba el 1,7% con el rubro manufacturas, el 3,2% con comercio y el 2,1% con transporte, los tres rubros que articulaba, mientras que PDVSA aportaba el 18,7% y el sector informal el 14,9% (Britto García, 2012: 53). Pero su peso político (y de incidencia en la vida cotidiana, dado los rubros mencionados) era mucho mayor que dicha representación, y Pedro Carmona Estanga, su reciente conductor, sería nada menos que el fugaz presidente golpista. En el desprestigio de los partidos tradicionales (AD y COPEI), Carmona y Ortega fueron, además, las caras visibles de la disputa, junto a dirigentes de nuevas estructuras partidarias, como Henrique Capriles y Leopoldo López, de Primero Justicia.

Los partidos políticos opositores, con las limitaciones de su deslegitimación que buscaron saldarse (ya desde los 90) con la creación de nuevos partidos y asociaciones civiles, fueron entonces otro de los actores del golpe. Su acción era crucial en la articulación discursiva, esta vez para fortalecer la disputa por la representación de la democracia; se requerían partidos para legitimar un golpe, y los partidos tradicionales AD y COPEI también acompañaron ya desde la conformación de la articulación en las protestas del 10 de diciembre (Golinger, 2005) y -más adelante- en la fundación de la Coordinadora Democrática. Sin embargo, en el desprestigio de las estructuras puntofijistas, no fueron estos partidos los conductores del golpe, no pudieron colocarse a la cabeza del futuro gobierno (ni siquiera ubicar un “político” en la presidencia). Dentro de estas estructuras, fueron de hecho los “nuevos partidos” los que mayor visibilización tuvieron, o más bien sus conductores. Leopoldo López y Henrique Capriles ungieron así de intelectuales orgánicos opositores con cierta autonomía más que de representantes de la lucha política y sus organizaciones, coadyuvando a otros aspectos de la disputa discursiva como el anticastrismo; baste recordar el ataque a la embajada de Cuba dirigido por Henrique Capriles durante el golpe. Además, como actor fundamental del golpe, el financiamiento e instrucción recibido por EEUU mediante distintas ONG’s como el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), documentado entre tantas investigaciones por la citada obra de Golinger, se dirigió particularmente a estas nuevas estructuras políticas, entre ellos Primero Justicia; debían fortalecerse los aparatos políticos de mediación de la hegemonía que continuaban en una profunda crisis ya desde hace más de una década.

Continuando con este “mapa” de la articulación opositora, en los meses previos al golpe se hicieron públicas las voces “insurreccionales” de sectores de las FFAA y de la Iglesia Católica. Fueron varios los militares que se expresaron en contra de Chávez ya desde los primeros días del año, como el capitán Pedro Soto y el coronel Pedro Flores. En el primer caso, y tras pedir públicamente la renuncia del presidente, Soto fue apartado de las FFAA a fines de febrero de 2002. Al conocer la medida, respondió a la prensa con la impugnación que venimos exponiendo: “Ese presidente totalitario ha querido separarme de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ese presidente a mí no me puede pasar a retiro, y, si quiere, que él venga a quitarme el uniforme en cualquier parte que me encuentre” (El País, 22 de febrero de 2002).

Pero la voz castrense fundamental fue la del contralmirante de la armada Carlos Molina Tamayo quien, el 17 de febrero, y en conferencia de prensa, llamó a la población a que se “unan a esta gesta de recuperación de la libertad y dignidad nacional”, agregando que si Chávez no renuncia “solicito a la Fiscalía y al Tribunal Supremo que procedan de inmediato al enjuiciamiento del presidente, so pena de hacerse cómplices como consecuencia de su actuación o a que después el propio pueblo de Venezuela los juzgue y condene” (Vinogradoff, 19 de febrero de 2002). Nuevamente el sentido de libertad frente a una supuesta tiranía ocupa el centro de la escena. Tamayo fue desplazado de las FFAA por Chávez, constituyéndose en otro de los cabecillas visibles del golpe.

Respecto de la Iglesia, el proceso constituyente de 1999 había generado enfrentamientos entre algunos asambleístas del Polo Patriótico y la orientación de la Iglesia católica en distintos proyectos vinculados por ejemplo a la libertad de culto (frente a la más limitada “libertad de religión” que buscaba la Iglesia) y a los derechos individuales como la eutanasia o los derechos reproductivos, debates en general resueltos a favor de la Iglesia (Aveledo, 2012). Además, entre fines del 2000 y comienzos del 2001 la reforma de la ley de educación, que llevó a las primeras movilizaciones opositoras con cierta convocatoria, enfrentaba al gobierno con la Iglesia, al legislar sobre la educación religiosa. Para comienzos del año 2002 había una división entre sectores que apoyaban a Chávez, entre los que se encontraba el monseñor André Dupouy, y sectores opositores –dominantes en la jerarquía eclesiástica– encabezados por el Cardenal Ignacio Velasco. Como máxima autoridad, Velasco había cuestionado a Dupouy su participación en un acto del presidente el 24 de enero, acto en el que Chávez sostuvo:

La Iglesia Católica Venezolana. Ese es uno de los problemas que tiene Venezuela, la jerarquía católica, hoy con asombro vemos, por ahí lo cargo en la prensa, un comunicado del Cardenal venezolano, una cosa impresionante, condenando a unos sacerdotes, diciendo él a nombre de los católicos, sin consultar a nadie ¡que democracia no! Que esos sacerdotes, el Padre Vives Suriá, un insigne ser humano. Quien no lo conozca les sugiero que lo conozca y sus posiciones cristianas, solidarias. Ese padre Vives, anda por los pueblos, no anda en un Palacio, tiene años transitando el dolor como Cristo, anda en la llaga, no anda en el lujo, ni en el privilegio, como muchos de los sacerdotes católicos de Venezuela, los que están viviendo en los barrios, los que están viviendo en los campos, vayan a hablar con ellos pues, a ver que les dicen. Yo que sacerdote, quiso mi madre que fuera, y tengo una inclinación especial por esa sotana, lo confieso (en Todo Chávez, 24 de enero de 2002: https://todochavez.gob.ve/).

En su discurso, Chávez aplicaba a la Iglesia la misma distinción entre el arriba y el abajo, entre base y dirigencia, que utilizaba para prácticamente cualquier institución (FFAA, partidos, sindicatos, etc.); el sentido de separación que buscaba disputar el contenido popular en la disputa de la hegemonía. El barrio frente al palacio, el abajo puro y el arriba corrupto; aspecto que, como veremos, coadyuvó a una alineación –relativa– de las posiciones de clase y las identidades políticas. En la firma del documento conjunto de la CTV y FEDECÁMARAS del que ya hablamos, participó la Iglesia mediante el padre Luis Ugalde, quien en el acto de presentación dijo:

En un clima social conflictivo, la CEV [Conferencia Episcopal Venezolana] ve con alegría que se acentúe el rechazo a la violencia, y agradece que se haya tenido presente la inclusión de sectores (…), así como la colocación de la pobreza en el centro del esfuerzo (Ugalde en Aveledo, 2012: 49).

Vemos que se refuerzan los elementos que marcamos para dicho documento: la disputa de “dónde está el pueblo” buscando situarse también entre los pobres como sujeto a representar, y la imputación de la violencia al bloque gobernante. El propio Dupouy pronto comenzará a cuestionar a Chávez, pero, como veremos, será el Cardenal Ignacio Velasco quien asuma personalmente las negociaciones y apoyos al golpe de Estado.

A la CTV, FEDECÁMARAS, los partidos opositores (principalmente de reciente formación), el apoyo e impulso estadounidense, sectores de las FFAA y la cúpula eclesiástica, debe sumarse como actor principal del plan golpista a la gerencia de PDVSA. Por evidentes razones, y a diferencia de FEDECÁMARAS, PDVSA –además de su peso político–representaba y representa la herramienta fundamental para el control de la economía en el país.[6]

En resumidas cuentas, la continuidad de la apertura petrolera (es decir, privatización y extranjerización) iniciada a fines de los 80 con la imposición neoliberal, implicaba la conducción de la política de la compañía desde una alta gerencia independizada del Estado, sin control gubernamental, priorizando el volumen de producción por sobre los precios, disminuyendo el ingreso fiscal, y tendiendo a la privatización de sus operaciones y capitales (López Maya, 2006). Así, entre 1981 y el año 2000 la captación estatal por cada dólar que produjo PDVSA se redujo de 71 a 39 céntimos (Álvarez, 2013: 36). Por el contrario, la estrategia del chavismo en la OPEP era disminuir el volumen de producción para recuperar los precios, aumentar el control estatal de la política de la empresa, y acrecentar el ingreso fiscal. Se trataba, en fin, de “un asunto de la mayor trascendencia en la lucha hegemónica: ¿quién habría de dictar la pauta de la política petrolera en el futuro? ¿El Estado o la alta gerencia de la compañía?” (López Maya, 2006: 267).

Mencionamos ya que la Ley de Hidrocarburos (junto al resto de las 49 leyes dictadas vía habilitante) había terminado de activar la movilización opositora pocos meses antes del golpe; pero que esto haya sucedido implica que, a nivel discursivo y más allá de la disputa por los excedentes del petróleo en sí, parte de la población debía estar identificándose de algún modo con la empresa para salir en su respaldo. Así, la meritocracia petrolera, sedimentada en el sentido común venezolano bajo el Pacto de Punto Fijo en la necesidad de legitimar la estructura de clase que privilegiaba este sector en todos sus niveles, y fortalecida aún más en la implementación del neoliberalismo desde fines de los años 80, se convirtió en uno de los ejes articuladores del discurso golpista. Extrapolando una célebre frase argentina “tocar a PDVSA era tocar a la madre”, pero lo era en relación a su centralidad económica consolidada en el tiempo.

El presidente de PDVSA era el general Guaicaipuro Lameda (nombrado en octubre del año 2000, entre 1999 y el golpe de 2002 Chávez nombró cinco juntas directivas en la empresa), quien renunció a su cargo y se dio de baja del Ejército sosteniendo que el presidente quería instaurar un régimen comunista en Venezuela,[7] simultáneamente -como vimos- a las declaraciones “insurreccionales” de varios militares. Pero Lander y López Maya sostienen que su renuncia se debió a la oposición a firmar la nueva Ley de Hidrocarburos (2002: 16); otro de los tantos casos en que intelectuales orgánicos impulsados por el presidente terminan actuando, desde una trinchera conservadora, en su contra. Chávez designó entonces una nueva junta directiva, colocando al mando a Gastón Parra Lucero, que fue rechazada por la gerencia de la empresa. Así, el 25 de febrero 44 miembros de la nómina mayor de PDVSA hicieron público un comunicado cuestionando dicha designación que, según sostenían, no respetaba el mérito, en tanto los designados no contaban con la preparación necesaria y se había salteado a otras personas con cargos de mayor jerarquía (González Oquendo, 2003).

Esta centralidad del discurso meritocrático como forma de justificación de privilegios y posiciones de poder,[8] se encadenó además con otros significantes históricos adversos  (sedimentados en la larga temporalidad) que habían eclosionado ya con el Caracazo: lo afro-caribe-llanero-cimarrón como sujeto “bárbaro” frente al coloniaje blanco-mantuano-criollo que había configurado una Caracas segregada desde el derrame petrolero de mediados del siglo XX, que produjo (o más bien aceleró marcadamente) una migración de aquel sujeto a los márgenes/cerros de la ciudad.^[9] Así, en un claro ejemplo de este discurso producido pocos meses después del golpe, una célebre editorial del diario El Nacional enfatizaba la mirada de “minusvalía” hacia las clases populares: “volver a traer del interior del país al mismo lumpen de siempre, convertidos en sempiternos pasajeros de autobuses, con un bollo de pan y una carterita de ron, para que vengan a dar vivas al gran embaucador de la comarca” (Otero Silva, 14 de octubre de 2002). Operación retórica hegemónica en tanto el menoscabo popular conlleva una disminución en su capacidad de agencia, que Chávez buscaba invertir como activación de su base de apoyo mediante la exaltación de la autoestima colectiva popular en cada discurso.

Si bien hay gran cantidad de documentos que prueban que el plan golpista ya estaba en marcha,[10] esta disputa y el rol de PDVSA se vio fortalecida a partir de una icónica alocución de Chávez en su programa Aló Presidente número 101 el 7 de abril, cuatro días antes del golpe. Allí, Chávez despidió en vivo a parte de la gerencia de PDVSA y sus filiales o empresas subsidiarias. Ciertamente fue este hecho el que se recuerda de su intervención de casi cinco horas, y el que se utilizó para legitimar el paro general que antecedió al golpe, pero el largo discurso estuvo centrado en confrontar el contenido de la meritocracia y su utilización en la disputa por la hegemonía. 

El señor que me maneja el vehículo en donde yo ando, es un tremendo conductor, y le reconozco el mérito y está ahí no porque sea amigo de Chávez ¿no?, ya a él estaba aquí, pero es un tremendo conductor y le reconozco el mérito (…) aquí esa elite nunca se opuso cuando, por aquí tengo yo, cuando nombró un ex presidente de la República, voy a nombrarlo, ¿lo nombro? Un ex presidente de la República del Partido COPEI nombró a un dirigente nacional de ese partido Presidente de PDVSA. Esa elite no se opuso. Y era de la dirección de ese partido. Luego vino otro presidente y nombró a un poderoso representante de los sectores económicos del país, que no tenía nada que ver con petróleo, lo nombró Presidente de PDVSA. Esa elite ¿dónde estaba? ¿dónde estaba entonces la llamada meritocracia? ¿dónde estaba? Mentira. Es una mitocracia. Es un mito que ellos han creado, para esa cúpula petrolera la meritocracia es la lista que ellos mismos hicieron, el que no esté en esa lista, no, este no tiene méritos. Nooo, se les acabó el cuentico mi compae. Se les acabó el cuentico. Los méritos es una cosa y la manipulación de esa elite para adueñarse de una empresa que es de todos nosotros, esa es otra cosa. (…) Han comenzado a pasar la línea, entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas, han sido despedidos de sus cargos, ya está bueno, las siguientes personas (Todo Chávez, 07 de abril de 2002: https://todochavez.gob.ve/).

“Es una mitocracia” resume quizás el contenido central de la batalla discursiva previa al golpe, encadenado una vez más a las cúpulas, a la élite, al arriba. Además, se aprecia el recurso retórico constante en Chávez de convertir en anécdotas sencillas –que en muchos casos nunca sucedieron, según recopilamos en algunos testimonios– y corporalizar en “gente de a pie” los mensajes y contenidos de su discurso. Pero otros contenidos, como la disputa por la democracia o por el apoyo popular –en este caso del sector obrero formal, aspecto que abordaremos en el próximo apartado- también se enfatizan en el discurso de aquel día contra la “élite” de PDVSA:

De aquí le mando un saludo revolucionario y comprometido a los verdaderos trabajadores de PDVSA que no son esos que están ahí en la élite de PDVSA ¿no?, no son, los que están ahí generando estas acciones de desestabilización que quieren parar la industria ¿no?, y yo estoy completamente seguro que los verdaderos trabajadores, los obreros pues, se levantan de madrugada para ir allá a sacar el petróleo, los que trabajan de sol a sol, pues se echan en el lomo el trabajo verdadero para sacar, para extraer, para procesar los que están de verdad trabajando la mano de obra directa está con este proceso, no se va a dejar manipular por esta élite antinacional que vino destrozando la empresa además y, estos eran los que querían privatizarla (Todo Chávez, 07 de abril de 2002: https://todochavez.gob.ve/).

La gerencia de PDVSA se mantendría durante todo el año 2002 como punta de lanza de la disputa por la hegemonía contra el chavismo. Finalmente, la propia CTV se sumó al discurso meritocrático sellando la articulación: puede leerse en el diario El Nacional al día siguiente del Aló Presidente una reseña de las declaraciones de Carlos Ortega:

Denunció que se pretende colocar en la industria a personal no capacitado (…) “Aquí está presente el país y la Venezuela democrática apoyando a los trabajadores venezolanos…” (…) Ortega señaló que la CTV está plenamente identificada con los trabajadores de Pdvsa, con respecto a la violación de la meritocracia y de las convenciones colectivas (…) En medio de proclamas que expresaban la necesidad de cambio de gobierno y de ir a la huelga general (El Nacional, 08 de abril de 2002).

Democracia, meritocracia, huelga general, cambio de gobierno y trabajadores –dónde está el pueblo–; Ortega resume la articulación discursiva opositora. Pero para que la articulación discursiva haya funcionado (veremos enseguida que relativamente), debemos comprender el rol crucial de los medios de comunicación en la disputa.

Los medios de comunicación y la rebelión del receptor

Siendo el aspecto más abordado del golpe, encontramos gran cantidad de documentales y escritos que recopilan el devenir mediático tanto de televisoras como de radios y principalmente diarios[11]. Britto García tituló su muy difundido trabajo sobre estos hechos como “La dictadura mediática”, colocando a los medios como los artífices necesarios y centrales del intento de golpe. Las cinco televisoras privadas (Venevisión, Radio Caracas Televisión, Globovisión, Televen y CMT), cohesionadas en apoyo al golpe, controlaban el 90% de la audiencia, y otras más pequeñas apoyaron también el golpe de Estado (Golinger, 2005: 109). Ello, sumado a la prensa escrita, configuró una cobertura mediática golpista casi total. Veremos aquí que los escasos quiebres informativos se produjeron a partir de conferencias de funcionarios rápidamente cortadas y comunicaciones directas al extranjero. Fue después de estos hechos cuando comenzaron a consolidarse medios afines al gobierno, no antes.

En el seguimiento que realiza Britto García, destaca la enorme cantidad de titulares de diarios de los meses previos al golpe que nominan a Chávez como tirano, dictador, autócrata o antidemocrático: “Venezuela no pasa el baremo de la Carta Democrática de la OEA”, “Chávez, como los dictadores, acepta la libertad de expresión sólo si habla bien de él”, “Peña: el Presidente ha resultado autócrata e intolerante” (Britto García, 2012: 25). Y es que la legitimación de un golpe de Estado, en la disputa por la representación de la democracia, requiere casi como condición inherente la percepción de que quien conduce el gobierno lo hace de modo antidemocrático; “la mejor forma de solicitar un dictador es pretender que ya se tiene uno” resume Britto García (2012: 25). Ciertamente, los documentos del MBR200 y las declaraciones de Chávez para 1992 realizaban la misma operación hacia Carlos Andrés Pérez para justificar su intento de golpe, luego re-nominado en la disputa discursiva como “rebelión militar”.

Chávez era entonces, en el discurso mediático, un tirano que merecía ya una salida golpista, pero faltaba la estocada que termine de consolidar el apoyo de un importante sector de la población a una acción inconstitucional y de fuerza militar: no solo era un tirano, anti democrático, anti meritocrático y pro Castro-comunista, debía ser un asesino, debía ejercer la fuerza que justifique la fuerza, la violencia que justifique la violencia Un complejo plan se desplegó para ello, ya bien desarrollado y comprobado por la bibliografía y las investigaciones documentales arriba citadas. En el marco del paro convocado por CTV y FEDECÁMARAS para el 11 de abril, la estrategia concreta consistió en dos acciones concatenadas: por un lado, los dirigentes opositores de la articulación recién desarrollada, entre ellos Carlos Ortega, el general Molina Tamayo y Henrique Capriles, desviaron una manifestación a las inmediaciones del palacio de Miraflores para producir un enfrentamiento con los chavistas que rodeaban la Casa de Gobierno. La Policía Metropolitana, al mando del alcalde ex chavista Alfredo Peña, fue crucial para que esto sucediera, liberando los cordones que separaban las concentraciones. A su vez, se colocaron francotiradores en edificios circundantes que dispararon certeramente en la cabeza a –al menos– 19 personas. El segundo acto, simultáneo, consistió en un montaje televisivo a partir del cual se emitió por todas las cadenas de los grandes medios imágenes de una manifestación chavista que circulaba por arriba del puente Llaguno, mientras por debajo transcurría la manifestación opositora, cruce que en verdad jamás sucedió. La televisión captó arriba del puente a dos hombres disparando con armas cortas, haciéndolo ver como que disparaban a los manifestantes opositores que no estaban allí. Los disparos se produjeron, pero no hacia la manifestación, sino en el enfrentamiento con la Policía Metropolitana y los francotiradores. Los muertos llenaron las pantallas. En la construcción discursiva, Chávez había ordenado a sus tropas asesinar opositores, no había más que derrocarlo. Al fin de cuentas, un ataque de “falsa bandera” que engrosa la lista de una táctica aplicada especialmente por los EEUU a lo largo de la historia.

A partir de estos hechos, y la difusión mediática de otra falsedad –a supuesta renuncia de Chávez a la presidencia–, se concretó el golpe de Estado en la madrugada del 12 de abril. Con el acompañamiento y firma de un documento de aval del Cardenal Ignacio Velasco, Pedro Carmona Estanga fue nombrado presidente, siendo su primer decreto (leído por el efímero Procurador General Daniel Romero) la disolución de todos los poderes del Estado (gobernadores, alcaldes, concejales, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscal General, Contralor, Defensor del Pueblo, embajadores, cónsules y vicecónsules). Toda esta lectura resulta una muestra cabal de la articulación discursiva opositora y de sus objetivos. Comienza los considerandos estableciendo “que ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes” (@tucoyoutube, 12 de abril de 2022, YouTube). Luego agregó una serie de considerandos que articularon los ataques a Chávez, estableciendo que él y su gobierno (entre otras acusaciones):

-Ha contrariado los valores, principios y garantías democráticas.

-Consumó un proceso de concentración y usurpación de poderes.

-Han menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados.         

-Han propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada.

-Promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contrario a la unidad nacional.

-Han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales de la Nación.

-Con base en la Ley Habilitante del 13 de noviembre de 2000, dictó 48 decretos con fuerza y valor de Ley contrarios a la Constitución de 1999 y a la propia Ley Habilitante (@tucoyoutube, 12 de abril de 2022, YouTube).

Antidemocrático, delincuente, asesino, contrario a los intereses geopolíticos, usurpador, violador perpetuo de la ley y los derechos humanos. Finalmente agregó que “Hugo Chávez Frías en el día de hoy presentó su renuncia al cargo de Presidente de la República” y que el objeto del decreto era “restablecer la institucionalidad democrática y llenar el vacío constitucional de poder”.

Carmona asumió así la suma de los poderes públicos como “presidente transitorio”. Además, el decreto derogó las 49 leyes dictadas vía habilitante en diciembre de 2001 y eliminó el término “Bolivariana” del nombre de la República. En su alocución, minutos después de la lectura de este decreto que tiempo después despertaría críticas de la propia articulación opositora por su autoritarismo, Carmona acusó a Chávez de haber ejercido el poder de forma “autoritarista e impositiva”. Realizó incluso una reivindicación a cierta “democracia participativa”, dando cuenta de los cambios de horizontes de sentido, pese a las medidas evidentemente contrarias que al mismo tiempo dictaba. Finalmente, convocó a elecciones “limpias y transparentes” en un plazo que no exceda los 365 días (@tucoyoutube, 12 de abril de 2022, YouTube).

El rol de los medios de comunicación como aparatos de mediación y difusión de la ideología ha sido trabajado ampliamente en las Ciencias Sociales ya desde las teorizaciones de Louis Althusser. Siguiendo las conceptualizaciones de Van Dijk, Javier Balsa resume aspectos clave de la construcción de hegemonía que aquí buscamos identificar:

Estas operaciones trabajan sobre los tópicos (estableciendo lo que es importante) y sobre los contenidos, enfatizando la información positiva sobre Nosotros (y la negativa sobre Ellos), al tiempo que suprimiendo la información positiva sobre Ellos (y la negativa sobre Nosotros); distorsionan la coherencia discursiva a favor del objetivo ideológico buscado; emplean determinados esquemas narrativos y estilos; y trabajan con la retórica, para, por ejemplo, enfatizar una opinión negativa específica con una metáfora pegadiza de un dominio conceptual negativo (Balsa, 2006: 32).

Pero a continuación advierte que:

Si bien el análisis de los discursos y las estrategias discursivas resulta clave para entender las operaciones tendientes a la construcción de la hegemonía, no alcanzan para dar cuenta de su eficacia, es decir para ver si se ha construido efectivamente la hegemonía en el plano estrictamente mental” (Balsa, 2006: 32).

Finalmente, en otro trabajo agrega que “La capacidad de aceptación de cualquier discurso ideológico depende de que los actores interpelados se reconozcan en el mismo, en ese sentido hablamos de que la capacidad hegemónica de cualquier discurso depende de su eficacia interpelativa” (Balsa, 2020: 2).

Así, interesa señalar la aparente paradoja de que, aún en el nivel de concentración mediática de aquel momento, con el rol articulado y directamente opositor de todos ellos, con la deslegitimación de otros aparatos de mediación (particularmente, los partidos políticos) que les dio aún mayor protagonismo a los medios de comunicación (Ciccariello Maher, 2017), y con la movilización conseguida; las grandes mayorías populares contradijeron sus dictámenes, tomaron las calles y recuperaron, junto a la acción militar, el gobierno de Hugo Chávez. Dieron cuenta, así, de los límites de la articulación opositora y de su eficacia interpelativa en los sectores populares.

Balsa y Liaudat (2020) proponen una operacionalización para el estudio de los grados de aceptación/rechazo de un discurso hegemónico. Tomando de Hall la forma de decodificación de los actores de un mensaje público (dominante, negociada, de oposición), de Therborn la percepción de la dominación que poseen los actores y sobre todo la capacidad para transformarla, y de Gramsci la actitud pasiva o activa respecto del apoyo a un discurso (pudiéramos decir la “militancia”); entendemos que los niveles de consentimiento obtenidos por la interpelación mediática golpista de parte de las mayorías populares se ubicaron (de nuevo, pese a la posición dominante mediática) en el vértice de una no aceptación activa de la dominación, una oposición militante.

Ociel López trabaja la temática a partir de la noción de “rebelión del receptor”. En base a las conceptualizaciones de Barbero (1987), López entiende que en su análisis el sujeto-audiencia “es visto como un receptor activo con suficiente control como para expugnar las informaciones mediáticas gracias a los elementos cognitivos de clase, etnia y procedencia social que acumulan suficiente poder como para desestructurar el discurso dominante”, lo que implica que “el emisor necesita realizar pactos perdurables con el receptor ahora planteado como sujeto activo dotado y dotador de sentido, de lo contrario se producirá una ‘rebelión del receptor’” (López, 2015: 75). Considerando estos sentidos de separación (clase, etnia, procedencia social), López adopta el concepto de habitus de Bourdieu para dar cuenta de la relación entre imposición exterior y capacidad de agencia de los individuos y grupos sociales. En el proceso de conformación del habitus, entendido como “un sistema de disposiciones durables que integrando todas las experiencias pasadas funciona como matriz de percepciones, de apreciaciones y de acciones” (Barbero, 1987: 91), la capacidad de agencia de los sujetos está dada –a la vez que limitada– por su posición y condición económica, cultural y social.

Tomando estas conceptualizaciones, comprender las limitaciones de la articulación opositora y, fundamentalmente, por qué las grandes mayorías populares no solo no respondieron a su llamado, sino que se rebelaron ante él –aún con el enorme peso mediático con que contaba–, representa una pregunta crucial para nuestra investigación, al dar cuenta de la disputa eficaz por la hegemonía que llevó adelante el chavismo. Nuestra respuesta parte entonces de dos condiciones necesarias:

En primer lugar, como señalamos en la introducción, de la recuperación de un marco teórico que da cuenta de un sujeto con mayores posibilidades de agencia que los dados por los análisis que provienen de las visiones más deterministas de la exterioridad social, sea en sus visiones funcionalistas o marxistas ortodoxas.

En segundo lugar, entendemos que la crisis orgánica que atravesó toda la década previa[12] representa la condición de posibilidad de la disputa, pues la hegemonía constituida desde el Pacto de Punto Fijo a fines de los años 50 con la constitución de un bloque de poder en torno a la renta petrolera, y con una formación discursiva policlasista, de Estado regulador, de centralidad de los partidos, de alianza con los EEUU y su estilo de vida, fue puesta en duda con la eclosión del Caracazo y la implementación de las medidas (y el discurso) neoliberal. Este proceso, que abrió nuevas posibilidades, representa el inicio de la “rebelión del receptor” o, dicho de otro modo, de la capacidad de agencia del sujeto popular, de su creencia en la posibilidad de cambio que corrió a sectores de la clase trabajadora hacia el cuadrante de “oposición activa” que mencionamos con Balsa y Liaudat. Sector que el chavismo buscó y logró articular en torno en una nueva identidad.

En nuestra intención de articular aspectos de las esferas “estructurales” y “superestructurales” para el análisis, entendemos que este “estímulo y exaltación del protagonismo colectivo” desatado ya desde el Caracazo (Denis, 2001: 8), en ruptura con la representación partidocrática, posee un vínculo con la exclusión material vivida (“bajaron” de los cerros, porque allí estaban); es decir, se sustenta en los “núcleos de buen sentido” constituidos a partir de la posición de los sujetos tanto en el sistema productivo, como en la herencia de condiciones étnicas y sociales (como vimos con Barbero y López).

Sobre esta base, Chávez interpeló permanentemente el “sentido de escisión” con el arriba, articulando un discurso centrado en la democracia directa o participativa -vía la demanda aglutinadora de la Asamblea Constituyente-, el mito bolivariano, y el propio Chávez como líder rétor. Produjo así la alineación –no absoluta y en disputa- de las condiciones de clases y las identidades políticas en pugna, alimentada o sostenida también en el gobierno mediante el discurso agonal confrontativo. Este proceso encuentra su punto cúlmine, a la vez que da muestra de su efecto, el 13 de abril del año 2002, cuando cientos de miles de personas de las clases populares, fundamentalmente proveniente de los cerros, como en 1989, rodearon Miraflores y el Fuerte Tiuna para reponer a Chávez en el poder.

Un relato de Reinaldo Iturriza (sociólogo, ministro de Comunas en los primeros años del gobierno de Maduro) en nuestra entrevista respecto de sus vivencias de aquellos días puede servir para ilustrar lo planteado:

Yo ahí es cuando veo al chavismo, en ese momento lo vi realmente, porque yo creo que los primeros años son cómo años de descubrir a Chávez “mira este tipo”, en el 2002 ya fue verse uno mismo. “Aha, quiénes somos nosotros, los que estamos defendiendo a este tipo”. Es una cosa más como de introspección, y en ese ejercicio chamo, como de introspección, entre comillas, hacemos el contragolpe. Ya en esos días previos, yo no sé desde cuándo, marzo, el chavismo convocaba a la defensa del Palacio. Ya estaba como esa idea de que había que defender Miraflores. Además, como relativamente fácil, Miraflores al oeste, arriba está el 23 [un barrio popular]; para una derecha tan clasista que perdió casi toda base social en las clases populares, es casi imposible llegar. Bueno, no pudieron, ni siquiera el 11 con esa marcha. Ya durante semanas se había estado congregando mucha gente allí, y es cuando ocurre eso que te digo de descubrirse la gente, quiénes somos, a qué clase pertenecemos (…) pasó una cosa muy curiosa, quienes estábamos en Miraflores ese día, yo no sé quién tuvo la iniciativa, comenzaron a pintar a la gente, a hacerle rayas rojas con témpera, con pintura, entonces todo el que tenía sus rayas rojas… chamo, era una cosa como india, como Caribe, una vaina muy impresionante, en ese momento a uno le resultaba bastante claro que era una manera de identificarse, si estos tipos llegan aquí bueno los que estamos marcados somos los que somos, pero ¿a cuenta de qué? ¿a quién se le ocurrió hacer eso? No es obvio, es una cosa como ritual. El 11 de abril es como una cosa iniciática para ese sujeto, que ya existía, pero ahí se muestra muy nítidamente (Iturriza, R., comunicación personal, 10 de febrero 2020).

La calle fortalece la identidad política, así como también es escuela para ambos bandos: “debo confesar que la primera vez que yo grité 'viva Chávez', así a todo pulmón, fue en abril de 2002. Quedó claro, no hay tutía, puedes tener críticas al tipo, pero aquí quedó claro en términos de clase la jugada”, nos dice en otra entrevista Gerardo Rojas (comunicación personal, 28 de enero de 2020), sosteniendo las dudas hacia Chávez que provenían de la izquierda, disipadas ante la movilización popular. Valga remarcar además que la muestra de la capacidad de agencia popular no se limita al hecho de la movilización masiva: de la resistencia al poder mediático surgieron estrategias alternativas de comunicación implementadas aquellos días que darían nacimiento, entre tantas herramientas, al difundido portal Aporrea.org, así como de la resistencia a la represión surgieron “guerrilleros urbanos” en la ciudad que, organizadamente, enfrentaron movilizaciones y policías (Ciccariello Maher, 2017).

La articulación opositora, con el poder mediático como centro movilizador, con los “sindicalistas patrones” de la CTV y los “patrones sindicalizados” de FEDECÁMARAS -al decir de Britto García-, con PDVSA como timón y botín, con los intereses, financiamientos y asesoramientos estadounidenses, con la Iglesia y parte del Ejército, y con el discurso de la meritocracia y la defensa de la democracia frente a la tiranía de la “turba chavista-castrista”, logró movilizar gran cantidad de personas, superando el período de escualidez y alcanzando fugazmente el control de Miraflores. Pero, en la disputa por la hegemonía, no fue suficiente frente a la articulación exitosa del chavismo y la activación del mito constituyente que conllevó la alineación (relativa) de los intereses y posiciones de clase con las identidades políticas en pugna. En el contenido crucial hegemónico de “dónde está el pueblo”, los medios dominantes no pudieron imponerse, pese a su largo y sostenido trabajo de imposición cultural y a su complot televisivo de falsos montajes y diatribas de guerra y patria en los días de abril. La calle fue la arena “final” de esta disputa, fue donde se quebró el golpe a partir de la posibilidad de agencia del sujeto popular fortalecida a partir de los hechos del Caracazo, el discurso chavista, la Asamblea Constituyente de 1999 y la organización popular de, entre otros mecanismos, los Círculos Bolivarianos.

Ante la “rebelión del receptor”, la disputa pasó a depender de la correlación de fuerzas militar, siendo la calle eminentemente mayoritaria y ganada por el chavismo; “ni aquel día pudieron llegar a Miraflores”, nos decía Iturriza en la entrevista citada. Orlando Chirinos, dirigente sindical petrolero de origen trotskista, sostuvo que “el 13 de abril ya estaba claro que había ocurrido una revolución. Había una disputa violenta por el poder en las calles” (en Ciccariello Maher, 2017: 323). Isaías Baduel, compañero de Chávez desde la fundación del MBR200, encabezó entonces la exitosa contraofensiva militar llamada “Operación Rescate de la Dignidad Nacional” desde Maracay, mientras el general Jorge García Carneiro hablaba a las multitudes en torno a Fuerte Tiuna, desconociendo el nuevo gobierno y llamando a detener, desde arriba de un tanque de guerra, a Carmona Estanga. Pero valga recordar, sobre los actores del golpe, que también participaron ex miembros de la alianza de gobierno como el alcalde de Caracas Alfredo Peña que, vía control de la Policía Metropolitana, fue parte crucial de la correlación de fuerzas militar, al despejar los cordones que separaban las manifestaciones, e incluso reprimir concentraciones chavistas de las mismas avenidas o, también, en Fuerte Tiuna. La aparición en los días golpistas de Pablo Medina (dirigente de Causa R y luego del PPT), o incluso Luís Miquilena, buscaba también el efecto de la legitimación desde sus ex aliados. Finalmente, la operación militar chavista fue exitosa y, tras la retoma de Miraflores rodeado de multitudes, se nombró presidente provisional a Diosdado Cabello, mientras Chávez retornaba al Palacio.

Conclusiones

Vimos en este trabajo, en primer lugar, cómo se constituyó la articulación que llevó adelante el intento de golpe de Estado, su formación discursiva en la disputa por la hegemonía (la representación popular, la impugnación de tiranía al contrario, la meritocracia, etc.). Vimos también las razones de su intento centradas tanto en la reacción a las reformas económicas dictadas mediante las 49 leyes-decreto vía habilitante, como (en su relación con EEUU) en la búsqueda por detener un modelo que comenzaba a vislumbrar un cambio sistémico, comprendido como amenaza a la seguridad de la potencia del norte. La centralidad de dicha articulación y el intento de golpe se situó en la concentración virtualmente total (para este período) de los medios de comunicación en torno a la acción opositora. Sin embargo, fracasó.

Así, buscando una respuesta para el triunfo chavista, encontramos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la crisis orgánica abierta con el Caracazo que generó tanto una condición de posibilidad a nuevas articulaciones políticas contrarias a la partidocracia cuestionada, como una mayor capacidad de agencia y disposición para la lucha de los sectores populares. En segundo lugar, el propio accionar de Chávez y el MBR/MVR que, mediante la acción discursiva, logró articular dicho sector (principalmente, no exclusivamente) y construir una nueva identidad conducida a la acción política. Estos aspectos han sido trabajados más en detalle en otros de nuestros trabajos. Como tercer elemento, abordamos aquí, a partir de las teorizaciones de Barbero y la aplicación que de ella realiza López –entre otros–, la “rebelión del receptor”, es decir la dinámica en la que un discurso que había sido hegemónico no logró (con todos los elementos aquí repasados, desde la acción cotidiana en la formación de sentidos hasta el montaje de imágenes falsas) conducir a las mayorías en contra de Chávez. La condición de clase, así como la formación cultural y social de los sectores populares, que generan núcleos de buen sentido, configuraron en conjunción con el discurso chavista una barrera e incluso una reacción al discurso dominante mediático. Un elemento crucial de esta dinámica fue el sentido de escisión permanentemente impulsado por Chávez, la separación de un “arriba” (negativo) y un “abajo” (positivo) para cada organización y estructura política, social, religiosa. A su vez, la propia dinámica de enfrentamiento fortaleció como vimos la identidad chavista, conduciéndola al “cuadrante” de oposición activa, pero sobre la base de una larga construcción de sentidos que llevaban casi exactamente una década (desde que Chávez apareció públicamente en el intento de golpe de 1992). La eficacia interpelativa de los aparatos de mediación y construcción ideológica se vio, así, disminuida. Se configuró entonces una “cartografía” de disputa donde las condiciones de clase y las identidades políticas se alinearon (siempre relativamente), configurando polos políticos y (a su vez) de clase, lo que –creemos– perduró hasta la crisis económica ya bajo el gobierno de Maduro que llevó a la desafiliación política actual.

Como cierre de este trabajo, queremos referir a un hecho coyuntural en el quiebre del discurso mediático golpista que, si bien cabalga sobre las condiciones aquí expuestas, fue de mucha relevancia para la disputa hegemónica tanto del sentido general hacia la población, como hacia el accionar específico de los propios militares. Recordemos que, en el plan golpista, un aspecto crucial de su legitimación era la vacancia presidencial, imponer la idea de que Chávez había renunciado ante el caos provocado, que incluía decenas de asesinatos de ambos bandos. Así lo difundió la prensa, e incluso lo aceptaron chavistas como el general de máximo rango de la fuerza Lucas Rincón que, en la madrugada del 12 de abril de 2002, confirmó públicamente la renuncia de Chávez. Desmentir su renuncia era entonces tan crucial como difícil de lograr. Si bien no fue quizás el único artífice, la supuesta vacancia comenzó a desmoronarse cuando el fiscal general de la nación, Isaías Rodríguez, logró captar la atención de todos los medios, al convocar a una conferencia de prensa bajo el rumor -según la “mitología chavista”- de que él mismo renunciaría. En los escasos minutos que apareció en prácticamente todos los canales de televisión, en vivo y antes de ser cortado por el contenido de la conferencia, comenzó a derribarse como dominó este aspecto crucial de la legitimación golpista. Sin haberlo hecho público antes, al menos de este modo, consultamos a Isaías Rodríguez al respecto. En un fragmento del relato nos expone:

Si el presidente está detenido, si no dejan que la Fiscalía lo entreviste, si lo detuvieron los militares en Fuerte Tiuna, si están tomando las decisiones que se están tomando desconociendo la constitución en Miraflores, esto es un golpe de Estado (…) pero hay dos hechos muy importantes: uno es que me cortan, cuando me cortan efectivamente la gente concluye “lo que está diciendo es verdad”. Me cortan y especialmente me cortan los medios de comunicación que estaban detrás del golpe, entonces si lo cortaron es verdad lo que está diciendo, eso juega un papel determinante. Y el otro elemento importante que me lo confirmó uno de los miembros del alto mando militar, a posteriori, es que dice “nosotros no sabíamos qué estaba pasando” (Rodríguez, I., comunicación personal, 15 de febrero 2020).[13]

Isaías Rodríguez nominó como golpe de Estado lo que era nominado hasta entonces como una vacancia presidencial ante todas las cámaras de televisión, utilizando la principal herramienta golpista, logrando llegar masivamente a la población que vivía ya la “rebelión del receptor”, retroalimentándola. Y a su vez, rompió dicha versión en la propia cadena de mando militar que sostenía la veracidad de la renuncia. Incluso simplemente cumpliendo el rol institucional asignado, algunos intelectuales orgánicos resultan claves en la resolución de las disputas.

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Entrevistas realizadas:

Iturriza, Reinaldo (sociólogo, ex ministro de comunas y de cultura). Entrevista realizada el 10/02/2020 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Entrevistador: Berengan, Mauro.

Rodríguez, Isaías (abogado, ex vicepresidente, ex fiscal general de la nación). Entrevista realizada el 15/02/2020 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Entrevistador: Berengan, Mauro.

Rojas, Gerardo (ex viceministro de economía comunal). Entrevista realizada el 28/01/2020 en la ciudad de El Tocuyo, Venezuela. Entrevistador: Berengan, Mauro.

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* Centro de investigaciones “María Saleme de Burnichon”, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. Correo electrónico: mauroberengan@gmail.com

[1] El Polo se conformó con la alianza de una serie de partidos que, en su mayoría en último momento, apoyaron a Chávez para las presidenciales tras un período de búsquedas que incluyeron a la ex miss universo Irene Sáez, de tendencia conservadora. Entre ellos, el MAS (Movimiento al Socialismo) aportó la mayoría de los votos por fuera del propio MVR (Movimiento Quinta República) dirigido por Chávez en una alianza que incluía a sectores de la izquierda incorporados tras el intento de golpe de Estado de 1992 y militares provenientes del MBR de tendencias diversas. Se agregaron también el PPT (Patria Para Todos), escisión de Causa R con una fuerte presencia intelectual, y el PCV (Partido Comunista de Venezuela), entre otros. La incorporación del ya octogenario dirigente Luis Miquilena fue a su vez crucial para acercar a algunos sectores del establishment que apoyaron a Chávez. Abordamos específicamente esta articulación y la campaña electoral en Berengan (2022b).

[2]Narvaja de Arnoux formula la hipótesis de un “cronotopo latinoamericano” como “productor de una representación dominante de mundo y de hombre responsable de diversas figuras textuales” (2008:15), sostenido a lo largo de dos siglos. Chávez une así el tiempo y el espacio de las batallas de la independencia con el presente, formando una equivalencia en el nosotros bolivariano con otros significantes como pueblo, patria, revolución, libertad o incluso racionalidad, frente a un ellos antibolivariano y por ende oligárquico, imperialista e irracional.

[3] Se trató de una serie de deslizamientos de barro en el Estado de Vargas (hoy La Guaira) en las costas cercanas a Caracas, el mismo día que se votaba la aprobación del nuevo texto constitucional: el 15 de diciembre de 1999. Ante estos hechos, se produjeron en las ciudades rivereñas una serie de vandalismos, robos y asesinatos que llevaron a una represión ilegal que derivó en decenas de muertos por parte de las Fuerzas Armadas controladas por los ex compañeros de Chávez. Ante esta situación, el presidente decidió su apartamiento, generando la primera gran ruptura del movimiento. Al respecto, ver Vásquez (2009).

[4] Documentado por Golinger (2005).

[5] Los resultados oficiales fueron: Carlos Ortega 64%, Aristóbulo Istúriz 19.2%, otros 16.7% (Ellner 2003: 169). 

[6] Añadiendo a las cifras ya mencionadas sobre el peso de la empresa al porcentaje del PBI, vemos que “la participación de los aportes de Pdvsa en el gasto público nacional fueron de 33,64% en 1999, 45,99% en 2000, 37,6% en 2001 y 43,93% en 2002. Esto implica que –en promedio– cuatro de cada diez bolívares que maneja el Gobierno venezolano son de origen petrolero” (González Oquendo, 2003: 91).

[7] El general que presidía …, 22 de febrero de 2002, El País.

[8] González Oquendo analiza distintos discursos en torno a PDVSA y la meritocracia: “La definición sobre el mérito está condicionada sobre los intereses particulares de cada uno de los emisores. Fernández, como representante de los cuadros gerenciales en rebelión, justifica la meritocracia como respeto a la lógica endogámica del mérito. Stopello, que es asesor y consultor, también justifica la meritocracia” (2003:90).

[9] Respecto de esta herencia cultural –de larga duración– en la disputa ver, entre otros, López (2015); Ciccariello Maher (2017); Biord Castillo (2013).

[10] Ver, entre otros, Golinger (2005); Britto García (2012); Villegas (2012).

[11] Además de los trabajos citados, especialmente el de Britto García, recomendamos los documentales televisivos de Palacios (2004) y de Bartly y O’Brian (2003).

[12] Así lo desarrolla López Maya: “[Chávez] llegó al poder en las elecciones presidenciales de 1998, galopando sobre la crisis de la sociedad, que las elites políticas tradicionales no pudieron resolver por más de dos décadas. Una economía estancada y desorientada; descomposición del tejido social por el empobrecimiento; creciente informalización de la población económicamente activa; tasas de desempleo abierto en aumento; inseguridad y corrupción fueron factores que minaron las bases de la democracia construida por partidos políticos, instituciones y factores de poder desde 1958. Luego del “Caracazo” de 1989, con la represión brutal que el Estado “democrático” ejerció contra las masas populares con el respaldo de partidos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, se consolidó el rechazo de la población a los actores hegemónicos (2009: 21).

[13] El relato completo puede consultarse en Berengan (2022a).