Radiografía
del campesinado salvadoreño al momento del Primer Congreso Nacional de Reforma
Agraria (1970)
Radiography
of the salvadoran peasantry at the time of the First National Agrarian Reform
Congress (1970)
Resumen
En el artículo se analizan las
características del campesinado salvadoreño en la segunda mitad del siglo XX
para comprender por qué requerían una reforma agraria que les permitiera
superar su precaria relación jurídica con la tierra. Buscamos identificar dónde
estaban ubicados, cuáles fueron los mecanismos para acceder a una parcela, qué
cultivaban, bajo qué condiciones de vida y trabajo desarrollaban sus labores y
cuáles fueron las problemáticas que se agudizaron hacia fines de la década de
1960 y que obligaron al gobierno a convocar al Primer Congreso Nacional de
Reforma Agraria.
Palabras clave: El Salvador;
Reforma Agraria; Campesinado
Abstract
This article analyzes the characteristics
of the Salvadoran peasantry in the second half of the 20th century in order to
understand why did they require an agrarian reform that would allow them to
overcome their precarious legal relationship towards land. We seek to identify
where they were located, what were the mechanisms to gain access to a parcel of
land, what they cultivated, under what living and working conditions they
carried out their work, and what were the problems that worsened by the end of
the 1960s and forced the government to summon the First National Congress on
Agrarian Reform.
Key
words: El Salvador; Agrarian reform; Peasantry
Fecha de
recepción: 20 de mayo de 2023
Fecha de
aceptación: 4 de agosto de 2023
RADIOGRAFÍA DEL CAMPESINADO SALVADOREÑO
AL MOMENTO DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (1970)
Matías Nahuel
Oberlin Molina
Pablo Volkind
No
existe documento de la cultura
que
no lo sea a la vez de la barbarie
Walter Benjamin
En El Salvador, en
la segunda mitad del siglo XIX, se inició un proceso por el cual en pocas
décadas el cultivo del café reemplazó al cultivo del añil, consolidando su
estructura agraria y su incorporación al mercado mundial. Las reformas
liberales de fines del XIX plasmadas en leyes que abolieron las comunidades
(1881) y los ejidos (1882) generaron las condiciones para que la oligarquía
cafetalera se convirtiera en la clase dirigente de la sociedad salvadoreña a
través de la consolidación de la propiedad privada individual y absoluta de la
tierra como la única forma legal de acceder a la misma.
Sin embargo, como
señala el epígrafe de Walter Benjamin, la incorporación al mercado mundial
produjo el desplazamiento de un sujeto histórico que, paulatinamente, se vio
cada vez más acorralado. El campesinado indígena salvadoreño mantuvo el reclamo
sobre las tierras que creció al calor del escenario abierto por la crisis
económica mundial de 1929. En enero de 1932, el golpe de Estado encabezado por
Maximiliano Hernández Martínez inauguró un nuevo ciclo en El Salvador; ciclo
marcado por el pretorianismo en términos políticos y por la invisibilización de
la problemática indígena y de la cuestión de la tierra en términos sociales.
Diversos autores señalan que desde el Martinato se erigió un tabú sobre el tema
agrario (Cuenca, 1962; González y Romano, 1999; Flores, 1979; Lovo Castelar,
1967; Montes, 1993; UDN, 1969). Fue así que el debate en torno a la estructura
de propiedad y/o tenencia de la tierra tuvo que buscar nuevos cauces para
reaparecer en el escenario salvadoreño.
En la década de
1960 la presión se hizo insostenible, provocando una paulatina ruptura de dicho
tabú. Ese proceso obedeció a una multiplicidad de factores: la reorganización
del territorio que implicó el cultivo del algodón (y en menor medida de la caña
de azúcar) para el mercado mundial, aumentando así la presión del campesinado
sobre las tierras,[1]
la presión externa fruto de la Revolución Cubana y la respuesta estadounidense
sintetizada en la Alianza para el Progreso, la creciente conflictividad social,
las usinas de intelectuales de diversa procedencia que insistieron en que El
Salvador debía abordar el problema agrario y, finalmente, la Guerra con
Honduras que a mediados de 1969 generó el regreso de cientos de miles de
campesinos salvadoreños provocando un profundo impacto demográfico que
incrementó la demanda de tierras.
En ese contexto,
la Asamblea Legislativa convocó el Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria
en enero de 1970. El mismo significó un parteaguas en términos del debate sobre
el acceso a la tierra en El Salvador. Si bien las resoluciones del congreso solamente
quedaron plasmadas en el papel, ya nada volvería a ser como antes: la cuestión
agraria y de la asimetría del acceso a la tierra se transformó en un aspecto
prioritario de la agenda pública.
En este artículo
analizamos quiénes fueron esos sujetos necesitados e interesados en la reforma
agraria. Buscamos identificar dónde estaban ubicados los campesinos, cuáles
fueron los mecanismos para acceder a la tierra, qué producían, bajo qué
condiciones de vida y trabajo se encontraban y cuáles fueron las problemáticas
que se agudizaron hacia fines de la década de 1960. Esta problemática no sólo
resulta relevante para comprender los conflictos de aquel período, el papel de
las clases subalternas en los debates y los alcances y límites de la futura
reforma agraria, sino que también puede aportar elementos para entender
aspectos del conflicto armado de la década de los ochenta, el proceso abierto a
raíz de los acuerdos de paz de 1992 y la reaparición de la cuestión indígena en
El Salvador.
Para adentrarnos
en esta problemática hemos integrado el análisis y sistematización de fuentes
cualitativas y cuantitativas, particularmente el tercer censo nacional
agropecuario y el cuarto censo nacional de población que se llevaron adelante
entre 1970-1971, los cuales fueron publicados por la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTyC) en 1974. El tercer censo nacional agropecuario
constituye el último relevamiento censal de la situación en el agro salvadoreño
del siglo XX.[2]
Los datos registrados constituyen un material imprescindible para avanzar en la
identificación de las clases y sectores sociales del agro a partir del análisis
de la estructura de tenencia de la tierra, la forma de acceso a las parcelas,
los volúmenes de producción de los diversos cultivos y la distribución espacial
de los mismos. Si bien este material ha sido retomado por otras investigaciones
para dar cuenta de aspectos aislados, colaterales o muy generales (Colindres,
1977; Karush, 1978; Montes, 1986), en esta oportunidad nos propusimos realizar
una profunda indagación que nos permita aproximarnos a aquel campesinado
salvadoreño.
En función de este
objetivo, en el artículo retomamos el debate sobre la categoría de
"campesino" para precisar el contenido y la definición que guio
nuestra indagación. A continuación, realizamos una breve alusión a las
características de la producción agrícola salvadoreña y la división del
territorio en función de las características agroecológicas de cada zona. Por
último, analizamos la estructura de tenencia de la tierra, las formas de acceso
a ese medio de producción fundamental y las condiciones de vida y trabajo de la
población rural. Así, buscamos reponer las características del agro
salvadoreño, la situación de sus principales protagonistas y sus potenciales
reclamos que incidieron en la convocatoria al Primer Congreso.
Campesinado: una categoría analítica
incómoda
Cuando nos
referimos al campesinado debemos comenzar resaltando que es una categoría que
remite a una realidad no homogénea, sino más bien plural. El debate en torno al
campesinado reviste diversas aristas: respecto a si es una clase, un modo de
vida, un sujeto o un modo de producción. Propondremos aquí una serie de
elementos que nos sirvan para construir la categoría analítica que mejor se
adecúe para los propósitos del presente trabajo.
En primer lugar,
retomamos los aportes del marxismo en torno al problema de la heterogeneidad
del campesinado, de la existencia de diversas capas y estratos vinculadas con
las relaciones de producción que se desplegaban dentro de las parcelas y su
persistencia histórica a pesar de la tendencia hacia la proletarización y el
aburguesamiento (Kautsky, 2002; Lenin, 1972; Lenin, 1960; Marx, 2014). A su
vez, integramos aquellos análisis que jerarquizan el papel de este sector en
los procesos de transformación social, tal como quedó evidenciado a inicios del
siglo XX en México, China y Rusia (Le Coz, 1975; Wolf, 1972).
En la década de
los sesenta y setenta, al calor de las revoluciones China y Cubana, pero
fundamentalmente a partir de la visualización del problema de la pauperización,
el debate en torno a la relevancia del campesinado y su papel en los
procesos de cambio social volvió a ocupar la escena (Wolf, 1972). En este nuevo
clima de ideas, Teodor Shanin (1979) propuso definir al campesinado como un
modo de vida que puede dar origen a una clase en función de su experiencia (p.
26). Al enfatizar los aspectos subjetivos, tal como proponía Thompson en su
análisis sobre la clase obrera inglesa, Shanin intervenía en la polémica
entablada con las corrientes marxistas estructuralistas que unilateralizaban un
aspecto de la realidad para explicar la dinámica social. Nosotros entendemos
que resulta imprescindible integrar dialécticamente ambos planos para arribar a
una concepción específica que nos permita comprender el problema bajo estudio.
En esa línea
consideramos que los aportes del economista y filósofo mexicano Armando Bartra,
brindan una orientación a la hora de emprender el estudio del campesinado en
América Latina y proponen una posible solución al problema de la categorización
del campesinado. Bartra retoma los postulados de Marx, Lenin, Shanin y Thompson
respecto a la heterogeneidad del campesinado, su definición como un modo de
vida y su conformación como clase. Al respecto, afirma que:
La
palabra campesino designa una forma de producir, una sociabilidad, una cultura,
pero ante todo designa un jugador de
ligas
mayores, un embarnecido sujeto social que se ha ganado a pulso su lugar en la
historia. Ser campesino es muchas cosas, pero ante todo es pertenecer a una
clase: ocupar un lugar específico en el orden económico, confrontar predadores
semejantes, compartir un pasado trágico y glorioso, participar de un proyecto
común (Bartra, 2008: 11).
En síntesis,
retomamos la definición de campesinado como clase, la cual propone Armando
Bartra como guía teórica para el desarrollo de este trabajo. Una clase heterogénea,
que comparte un lugar específico en el orden económico y que, producto de su
práctica, va definiendo un proyecto común.
Producción
agropecuaria y distribución de la tierra en El Salvador
Para cobrar
dimensión del peso y la relevancia del campesinado en El Salvador, resulta
imprescindible analizar y sintetizar algunas características del territorio,
sus divisiones político-administrativas y los espacios donde se generaban las
principales producciones agrícolas.
El territorio
salvadoreño tiene una superficie de 21.040,79 kilómetros cuadrados. Está
dividido en 14 departamentos que suelen agruparse en 4 grandes zonas según la
ubicación de los departamentos de occidente a oriente.[3] A su vez,
resultan distintivas las diferencias geográficas entre la zona baja costera, la
meseta central y la región montañosa del norte. En función de las diversas
características agroecológicas, cada una de estas zonas se caracterizó por un
tipo de cultivo; por ello, las producciones agrícolas salvadoreñas pueden ser
clasificadas en dos grandes grupos: los cultivos de exportación (café, algodón
y azúcar) y los cultivos destinados al consumo interno. En cuanto a los
cultivos destinados al consumo interno se producían variedad de granos, frutas
y hortalizas, pero fundamentalmente se podrían destacar cuatro granos básicos:
maíz, frijoles, arroz y maicillo (sorgo).[4]
Mapa: El territorio de El Salvador con
su división política en departamentos
Fuente: Cabarrús, 1983: 31.
El principal
producto de exportación, el café, se desplegó en la meseta central que abarcaba
los departamentos de Usulután, Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate. Esas tierras
poseían ciertas aptitudes agroecológicas asociadas a la altitud, humedad y
temperatura óptimas para ese cultivo. El algodón se concentró en las zonas
costeras, en los distritos de La Paz, San Miguel y también en Ahuachapan y
Sonsonate. Mientras tanto, el norte mantuvo una combinación de agricultura de
subsistencia con zonas de pastoreo extensivo y explotación forestal, por lo que
quedó al margen de las transformaciones introducidas por los cultivos
destinados al mercado mundial.
La producción
agrícola experimentó una marcada expansión entre las décadas de 1960 y 1970 tal
como se desprende de los datos provistos por el Segundo y Tercer Censo Nacional
Agropecuario (1967 y 1974). Al respecto, la superficie cultivada con arroz se
incrementó un 8%, el maíz un 13,4% y el frijol un 54,2%. En este último caso,
todo parece indicar que el crecimiento estuvo vinculado con los inicios de la
Guerra con Honduras, dado que desde ese país se importaba un porcentaje
sustantivo de esta leguminosa que formaba parte de la dieta básica del pueblo
salvadoreño.[5]
Respecto de los cultivos de exportación se destaca el incremento del área
destinada a la caña de azúcar (55,7) (el cual creció al calor del bloqueo
estadounidense a Cuba) y al algodón (46,1%) (fundamentalmente en los
departamentos costeros). Este crecimiento implicó una reconversión de tierras
destinadas para otros usos, particularmente de bosques y montes que perdieron
cerca de 60.000 hectáreas en la década de 1960.
El aumento de las
superficies sembradas estuvo acompañado por mayores volúmenes de producción. En
el caso del maíz se registró un incremento del 91,9%, en el frijol un 82,4%, en
el arroz un 74% e incluso el maicillo o sorgo aumentó un 3,2%. Este fenómeno
también se advierte en los cultivos de exportación: un 25,1% en el caso del
café y un 70,6% en el caso del algodón. El crecimiento del total de cada
producto superó ampliamente la cantidad de hectáreas incorporadas, por lo que
podemos concluir que en la década de los sesenta se produjo un notable aumento
de la productividad que puede ser explicada por varios factores. Por un lado,
la incidencia del Centro Experimental y la llegada de técnicos norteamericanos
(si bien se había iniciado en la década del cincuenta, se multiplicaron en el
marco de la ofensiva norteamericana por contener los conflictos sociales en
América Latina luego de la Revolución Cubana), los cuales buscaron impulsar el
desarrollo agrícola a través de la introducción de variedades de semillas
híbridas, el uso de insecticidas y de fertilizantes. Por otro lado, el
crecimiento de la infraestructura que desarrollaron los gobiernos del Partido
Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y el Partido de Conciliación
Nacional (PCN) en las décadas del cincuenta y sesenta, como la ruta del
litoral, contribuyeron a acceder más fácilmente a algunas zonas. Por último, la
mejora en las herramientas de medición como los censos agropecuarios.
A diferencia de lo
registrado en otros países latinoamericanos, donde el proceso de concentración
y centralización de la tierra se desarrollaba sin prisa pero sin pausa, en El
Salvador el crecimiento de la superficie cultivada estuvo acompañada por un notable
incremento del número de explotaciones agrícolas. Al respecto, los datos que
brindan los Censos Nacionales Agropecuarios permiten advertir que en 1950 se
registraron 174.204 unidades productivas, diez años después el número ascendía
a 226.896 y en 1971 alcanzaban las 270.868 explotaciones. El incremento del
número de explotaciones agropecuarias no resultó de un proyecto de
redistribución de la tierra orquestado por el gobierno sino de mecanismos
espontáneos que encontraron los agricultores para contener a una población
creciente que presionaba sobre la tierra. Este fenómeno presentó sus
particularidades en cada uno de los departamentos. En los distritos costeros,
zonas que hasta hacía poco no eran codiciadas para producir cultivos de
exportación, se aceleró el proceso de expulsión de campesinos de sus tierras.
Por el contrario, en los departamentos del norte, cuyas tierras no tenían
aptitudes para el cultivo del café, la caña de azúcar o el algodón, se
concentraron las poblaciones campesinas y se evidenció un intenso proceso de
subdivisión de los minifundios que generó un empeoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes que producían para su auto subsistencia. El análisis
de los datos del Censo Agropecuario de 1971 aporta elementos en este sentido.
Si bien no compara lo sucedido por departamento entre 1961 y 1971, los datos
para el conjunto del país indican que las explotaciones menores a dos hectáreas
se incrementaron en un 23% a lo largo de la década mientras que se la
superficie que agrupaban sólo aumentó un 16%.
Este proceso se agravó producto del notable incremento
de la población y la creciente presión sobre la tierra. El cuarto Censo Nacional
de Población informaba que, en veinte años, El Salvador había duplicado su
población y para 1971 llegaba a 3.554.648 habitantes (DIGESTyC, 1974b). Este
fenómeno se explica por la marcada reducción de las tasas de mortalidad, el
incremento de la natalidad y el retorno de ciudadanos salvadoreños desde
Honduras que huían de la guerra.[6]
Así, el país centroamericano se transformó en el territorio con mayor densidad
poblacional de América Latina continental, con casi 170 habitantes por
kilómetro cuadrado, población que se concentró en un 60% en las zonas rurales y
agudizó una serie de problemáticas que, como señalamos en la introducción,
hundían sus raíces en las últimas décadas del siglo XIX (DIGESTyC, 1974b:
XXII).
Latifundio, minifundio y formas de acceso a la tierra
Las principales
problemáticas mencionadas en el acápite anterior estaban asociadas con el
patrón de distribución y tenencia de la tierra, el proceso de expulsión de
poblaciones campesinas indígenas y el avance de los cultivos para exportación.
El análisis de los
datos provistos por el censo agropecuario de 1971 permite advertir que existían
diversos mecanismos para acceder a la tierra. El registro distingue entre una serie de categorías que resultan más
corrientes en el ámbito rural: propietarios, arrendatarios con promesa de venta
(aquellas parcelas sobre la cuales el productor ha formalizado un contrato de
compraventa, amortizando su valor mediante cuotas periódicas), arrendatarios
simples (donde el productor paga por el uso de la tierra con dinero, especie o
con ambos), en propiedad y arrendamiento simple (tenencia mixta de parcelas).
Luego introduce una forma que denomina “colonía” que refiere a aquellas
parcelas que son trabajadas del siguiente
modo:
(...) bajo las siguientes condiciones: i. el productor reside de
manera permanente en una propiedad rural y no paga por la vivienda; ii. que
recibe del propietario o administrador de la propiedad, una o más parcelas,
cualquiera que sea su tamaño, para trabajos agrícolas e iii. que en
compensación a lo anterior trabaje a beneficio de la propiedad, o bien,
entregue parte de las cosechas (DIGESTyC, 1974: XVIII).
Esta
definición establece una clara distinción con respecto a las anteriores y
podría asociarse con aspectos de las históricas relaciones precapitalistas que
todavía imperaban en los ámbitos rurales de diversos países latinoamericanos.[7] Por
último, el censo distingue a los productores que operan parcelas “gratuitamente
y en arrendamiento simple” para finalizar con las “otras formas” que “incluye
las no comprendidas en alguno de los regímenes de tenencia anteriores, tales
como las trabajadas gratuitamente, sucesiones, fideicomisos, litigios, etc.”.
Así, tanto el arrendamiento como la colonía constituían formas de acceso a
la tierra en la que el campesinado podía cultivar una parcela para su
subsistencia a cambio de trabajar para el dueño de la explotación agrícola.
Ignacio Martín-Baró (1973) definía al colono como “el hombre que vive de
prestado”: La colonía involucraba para la década de 1970 a más de 17.000
núcleos familiares del agro salvadoreño. Al colono el patrón era quien le cedía
un techo y, si tenía suerte, un pedacito de tierra para su milpa. A cambio
debía entregar al dueño de la propiedad una parte de lo que producía o dedicar
determinada cantidad de días de trabajo sin cobro en la hacienda del patrón. Al
dueño le debía su trabajo y su vida. El colono era una más de las “cosas de la
hacienda” del propietario, no podía ir a trabajar a otras haciendas. Su tiempo,
sus energías, incluso su familia, eran de su patrón (p. 481). Segundo Montes
(1986) indica que se trataba de un tipo de relación laboral no capitalista con
características feudales (p. 256).
Por último, el
censo releva explotaciones bajo la categoría “otras formas de tenencia”. Este
rótulo se utilizaba para englobar formas de ocupación precaria y tierras
estatales aún no apropiadas privadamente en las que predominaban elementos
propios de la economía campesina.
Precisamente,
“otras formas de tenencia” fue el rubro que más creció (348,5%) en el período
intercensal (1961-1971), seguida por el arrendamiento simple con un 75,5%.[8]
Incluso el incremento de las formas precarias de tenencia de la tierra arroja
un aumento más marcado en las explotaciones menores de dos hectáreas donde
supera el 400%. Por el contrario, se observa un marcado retroceso en las
tierras operadas bajo la figura de “colonía” (69,5%), a pesar de que en la
década de 1950 había aumentado en un 67% (DIGESTyC, 1967: XII). Este descenso
estuvo acompañado por otro fenómeno: la reducción en el tamaño medio de las
explotaciones bajo esta forma, que de promediar las 10 hectáreas pasaron a 5
hectáreas. Así, para 1971 la colonía totalizaba 17.018 explotaciones que en un
98% no superaban las 2 hectáreas. Por lo tanto, si bien hubo una importante
disminución de esta forma de tenencia donde los vínculos con los propietarios revestían
rasgos no plenamente capitalistas, se produjo al mismo tiempo un aumento
exponencial de las otras formas de tenencia, donde se desplegaban este tipo de
relaciones materializadas en las obligaciones impuestas al productor directo a
cambio del acceso a la tierra. Lejos de disminuir, las formas no capitalistas
en sus diversas modalidades se recrearon y abarcaron el 6,5% del territorio
censado. Estas representaban poco más de un sexto de las explotaciones en menos
de un quinceavo del territorio (50.235 explotaciones en 94.426 hectáreas)
(DIGESTyC, 1974: XXII).
Estos cambios en
el registro sobre las formas de acceder a la tierra se explican por una
multiplicidad de factores. Por un lado, en la presentación del censo se señala
que es probable que la disminución de la colonía se deba al decreto de salario
mínimo de 1965, ya que los patrones se vieron obligados a pagar un salario
mínimo a los trabajadores de su hacienda permitiendo no entregar una porción de
tierra para su reproducción vital.[9]
Esto genera un problema vinculado al registro censal: ¿habían disminuido
drásticamente este tipo de vínculos en torno a la tierra o los declarantes
opacaron esta situación para ajustarse teóricamente a la nueva legislación al
momento del censo? Por otro lado, el incremento de otras formas de tenencia se
relaciona con la presión ejercida sobre el segmento más pobre del agro
salvadoreño por la concentración de tierras en pocas manos, la diversificación
agrícola (con la expansión del cultivo de algodón sobre nuevas tierras)
promovida desde la década de 1950 y la presión demográfica. La población
desplazada buscó la manera de seguir produciendo lo necesario para subsistir en
las tierras que encontraban, aún bajo formas precarias de acceso a la tierra,[10]
lo que asoma en el censo como una multiplicación de las unidades productivas
que no es otra cosa que la fragmentación de las mismas.[11]
Cuadro
I. El
Salvador. Explotaciones agropecuarias y superficie (ha.) según forma de acceso
a la tierra y rango de extensión (1971)
|
Rango de Extensión
|
En propiedad
|
Arrendamientos
con promesa de venta
|
En
arrendamiento simple
|
En propiedad
y arrendamiento simple
|
En colonía
|
Gratuita y
arrendamiento simple
|
En otras
formas de tenencia
|
Total
|
|
|
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
EAPs
|
Sup.
|
|
Hasta 0,49
|
20498
|
5384,7
|
772
|
161,7
|
21397
|
6982,8
|
2857
|
1069,3
|
8449
|
2460,8
|
1728
|
627,4
|
5556
|
1738,4
|
61257
|
18425,1
|
|
De 0,49 a 0,99
|
17312
|
12390,9
|
912
|
699,6
|
29177
|
21141,9
|
8043
|
6073,8
|
6206
|
4448,2
|
2883
|
2156,4
|
6674
|
4950,9
|
71207
|
51861,7
|
|
De 1,00 a 1,99
|
18540
|
25736,1
|
882
|
1265
|
18430
|
24808,6
|
11602
|
16222,4
|
2110
|
2742,7
|
2267
|
3098,1
|
5232
|
7165,9
|
59063
|
81038,8
|
|
De 2,00 a 2,99
|
12234
|
29669,8
|
681
|
1671
|
4616
|
10968,3
|
5348
|
12959,6
|
253
|
638,7
|
615
|
1467,8
|
1610
|
3869,9
|
25357
|
61245,1
|
|
De 3,00 a 3,99
|
5483
|
19056,2
|
381
|
1327,5
|
1015
|
3501,3
|
2376
|
8228,1
|
|
|
147
|
508
|
503
|
1740,2
|
9905
|
34361,3
|
|
De 4,00 a 4,99
|
5368
|
23935,2
|
217
|
954,8
|
530
|
2357,9
|
1614
|
7237,9
|
|
|
77
|
342,6
|
346
|
1549,8
|
8152
|
36378,2
|
|
De 5,00 a 9,99
|
11310
|
80788,1
|
400
|
2733,9
|
567
|
3919,6
|
2695
|
18640,3
|
|
|
80
|
525,9
|
546
|
3864
|
15598
|
110471,8
|
|
De 10,00 a 19,99
|
7532
|
104841,6
|
103
|
1403,5
|
217
|
2913,1
|
1067
|
14450,1
|
|
|
22
|
295,8
|
223
|
3070,5
|
9164
|
126974,6
|
|
De 20,00 a 49,99
|
6113
|
188532,7
|
35
|
1116,2
|
175
|
5496,8
|
506
|
15479,8
|
|
|
8
|
202,1
|
149
|
4627,5
|
6986
|
215455,1
|
|
De 50,00 a 99,99
|
1957
|
134801,4
|
18
|
1290,3
|
50
|
3556,6
|
141
|
9415,7
|
|
|
3
|
220,5
|
69
|
4879,6
|
2238
|
154164,1
|
|
De 100,00 a 199,00
|
963
|
132433,5
|
5
|
585
|
43
|
6331,4
|
59
|
8122,4
|
|
|
1
|
181,8
|
32
|
4401,8
|
1103
|
152055,9
|
|
De 200,00 a 499,00
|
529
|
158145,2
|
2
|
615,4
|
36
|
10733
|
30
|
9389
|
|
|
|
|
39
|
11939,1
|
636
|
190821,7
|
|
De 500,00 a 999,99
|
122
|
84166,6
|
|
|
3
|
1951
|
5
|
3030,2
|
|
|
|
|
9
|
5913,6
|
139
|
95061,4
|
|
De 1000, 00 a 2499
|
39
|
59894
|
|
|
|
|
2
|
3269,2
|
|
|
|
|
7
|
10881,8
|
48
|
74045
|
|
De 2500,00 y más
|
14
|
45618,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
3916
|
15
|
49534,5
|
|
Total
|
108014
|
1105394,5
|
4408
|
13823,9
|
76256
|
104662,3
|
36345
|
133587,8
|
17018
|
10290,4
|
7831
|
9626,4
|
20996
|
74509
|
270868
|
1451894,3
|
|
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Fuente:
elaboración propia en base al Tercer Censo Nacional Agropecuario 1971.
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTyC), San Salvador, El
Salvador (1974).
Tal como puede
observarse en el cuadro I, las unidades operadas por sus propietarios y la
combinación de propiedad más arrendamiento representan el 53% de las
explotaciones registradas por el censo, porcentaje que se había consolidado
producto de las leyes de extinción de comunidades (1881) y de ejidos (1882). La
otra mitad pudo acceder a una parcela a través de diversos mecanismos que iban
desde el arrendamiento, la colonía y otras formas de tenencia.
Más llamativa
resulta la marcada asimetría con relación a la superficie controlada por cada
forma de tenencia. Mientras que los primeros disponían del 85% de la tierra, la
otra mitad solo accedía al 15% restante. Esta acentuada desigualdad resulta
indicativa de una problemática que remontaba sus orígenes a fines del siglo XIX
y que se agudizaría con el correr de las décadas.
Si bien una
primera lectura permite advertir las diversas y asimétricas formas de acceso al
suelo, el análisis se enriquece cuando entrecruzamos esta variable con los
rangos de extensión de las unidades. Esta operación nos permite aproximarnos
con mayor precisión a nuestro objeto de estudio: el campesinado salvadoreño que
sufría las consecuencias de su precaria relación jurídica con la tierra. En
particular, de los minifundistas que no disponían de la propiedad de la parcela
que cultivaban, dado que allí radicaba el principal núcleo necesitado e
interesado en la reforma agraria.[12]
En este sentido,
se puede identificar que un porcentaje mayoritario de los trabajadores rurales
que lograban acceder a la tierra, cultivaban explotaciones que no superaban las
escasas dos hectáreas. Estas conformaban el “mar” de minifundios que poblaban los
campos salvadoreños. Los grupos con diversos lazos de parentesco que las
habitaban se encontraban en una correlación de fuerzas absolutamente
desfavorable con respecto a quienes detentaban la propiedad del suelo y esto
determinaba y condicionaba sus modos de trabajo y de vida.
Por encima de ese
rango de extensión, producto del desarrollo de cultivos intensivos como café y
algodón que caracterizaban la producción de El Salvador, ya comenzaban a
desplegarse otro tipo de relaciones, vinculaciones comerciales, disponibilidad
de herramientas y acceso a los circuitos bancarios.
En función de los
criterios fundamentados, se puede advertir que las explotaciones menores a 2
hectáreas que se encontraban bajo arrendamiento, colonía u otras formas de
acceso que no implican la propiedad o la promesa de venta futura, representaban
el 41% de las unidades censadas en El Salvador. Estas parcelas sólo reunían el
5,67% de la tierra mientras que los propietarios de latifundios que superaban
las 1000 hectáreas tan sólo representaban el 0,05% de las unidades y
controlaban prácticamente el 10% de la tierra. En el medio de esta marcada
asimetría se pueden ubicar una multiplicidad de unidades productivas que
combinaban, en diverso grado y medida, el trabajo familiar con el asalariado,
la producción para el mercado interno y externo y otras variables relacionadas
con los niveles de inversión.[13]
Sin embargo, el
problema no se terminaba en la asimetría del acceso a la tierra. En los últimos
años se había agudizado una problemática: la relación entre el incremento de la
población rural y de las explotaciones agropecuarias. Ese cálculo residual en base
a los datos del censo arroja que para 1971 las familias que habitaban los
ámbitos rurales y no tenían acceso a la tierra (por lo menos en los registros
oficiales), prácticamente se habían triplicado en diez años y representaba el
29,1% del total de las familias campesinas (Karush, 1978: 61).
Las explotaciones
minifundistas (hasta 2 hectáreas) no sólo se destacaban cuantitativamente, sino
que también eran las responsables de generar un elevado porcentaje de los
alimentos que ingería la mayor parte de la población salvadoreña. Si bien los
resultados del censo publicado no permiten relacionar formas de tenencia de
tierra, extensión de las explotaciones y cultivos, podemos proponer algunas
conclusiones. Si vinculamos el tamaño de las explotaciones y el tipo de cultivo
que practicaban, se destaca que el 32% de la superficie dedicada a maíz
híbrido, el 45% de la tierra cultiva con la asociación maíz-frijol, el 47% del
maíz nacional y el 36% del suelo sembrado con frijoles se desarrollaba en
explotaciones de hasta 2 hectáreas. Por el contrario, la mayor parte de los
cultivos comerciales se generaban en unidades mayores a 100 hectáreas.[14]
En las explotaciones chicas y medianas, en cambio, se combinaban los cultivos
básicos con los de exportación.
Estos datos
permiten advertir una marcada polarización que abarca diversas dimensiones
entrecruzadas. Formas de acceso a la tierra, extensión de las explotaciones y
cultivos que se practicaban. La selección y procesamiento de los datos nos
permitió avanzar en la identificación de ese numeroso estrato de campesinos que
apenas lograban reproducir su existencia y que necesitaban otro tipo de
relación jurídica con la tierra dado las condiciones de vida y trabajo a las
que estaban sometidos.
Las
condiciones de vida y trabajo de los trabajadores rurales
La precaria
relación jurídica con la tierra, las dificultades para acceder a una parcela,
el poder de los grandes propietarios y el incremento poblacional que impactaba
en la disponibilidad de mano de obra incidieron en las condiciones de vida y
trabajo de los sectores subalternos rurales.
En el caso de los
trabajadores agrícolas asalariados y los semiproletarios, el informe de 1954
sobre El Salvador publicado por la Organización Internacional del Trabajo aporta
elementos muy interesantes para pensar en las formas en que un porcentaje de la
población rural buscaba reproducir su existencia.[15] El
trabajo de la OIT se preguntaba acerca de las condiciones de vida en el agro:
¿Cómo viven estas
diferentes categorías de asalariados? Mal, desde todos los puntos de vista. Mal
alojados, mal alimentados, mal vestidos, sin distracciones sanas, se dan a la
bebida y padecen numerosas enfermedades. Además, el analfabetismo y la unión libre
contribuyen a aumentar la miseria en que viven los campesinos, muy
particularmente los asalariados (OIT, 1954: 10).
Con respecto a la
alimentación, la investigación de Patricia Alvarenga (2006: 77-90) (si bien
describe las condiciones en las primeras décadas del siglo XX) arribó a
conclusiones similares. Además, el trabajo de Mac Chapin (1991) señala que, en
la década del setenta, más del 60% de la población rural estaba en estado de
desnutrición y la misma tasa se proyectaba sobre el analfabetismo en las zonas
rurales (p. 1).
Las paupérrimas
condiciones de vida de los trabajadores rurales descritas en un informe
elaborado por quien fungía como cónsul de Estados Unidos allá por 1883
(Alvarenga, 2006: 78-81), no se habían modificado en lo sustancial para la
década de 1950, momento en que la OIT publicó su relevamiento:
Desde el punto de
vista energético, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, teniendo
en cuenta las características raciales del pueblo salvadoreño, recomienda un
mínimo diario de 2.800 calorías, pero la ración media del trabajador agrícola alimentado
por su empleador corresponde a 1.926 calorías.
Se trata aquí del
régimen alimenticio clásico, a base de tortillas de maíz, frijoles y, a veces,
arroz. En la mayoría de las grandes explotaciones, los obreros de hecho reciben
algunas tortillas, frijoles cocidos en agua con una pizca de sal, y, alguna que
otra vez, una taza de café o, más exactamente, de una bebida mal llamada café,
que en realidad es una especie de infusión de una mezcla constituida en su
mayor parte por maíz tostado.
Huelga decir que
en semejante régimen, escasean las vitaminas y las proteínas vegetales y faltan
totalmente las proteínas animales. Cabe observar que los obreros que no reciben
la alimentación como complemento de sus salarios tampoco se nutren debidamente,
pues sus escasos recursos no les permiten adquirir mejores (OIT, 1954: 14)
El documento de la
OIT señalaba además que sería injusto generalizar, pues algunos trabajadores
agrarios recibían una alimentación más abundante. Sin embargo, el porcentaje
sobre el total resultaba ínfimo, pues se trataba solamente de aquellos que,
paradójicamente, eran contratados en pequeñas unidades productivas: “es en las
regiones más pobres, donde las pequeñas propiedades son más numerosas, que los
obreros están mejor alimentados” (OIT, 1954: 15). Además, como solía suceder
en los ámbitos rurales, la jornada laboral duraba alrededor de 14 a 16 horas,
desde antes que amanezca hasta que saliera la primera estrella, con muy poco
descanso y bajo condiciones climáticas muy difíciles.
En cuanto al trato
dispensado a los campesinos resulta difícil disponer de fuentes cualitativas.
Diversos indicios dan cuenta de la violencia que ejercían los grandes
propietarios. Al respecto, Alvarenga (2006: 79) analiza las tensiones que se
desplegaron dentro de las haciendas y en particular, los vejámenes que
sufrieron las mujeres jornaleras.
El encargado de la
delegación norteamericana en San Salvador, Mr. McCafferty, señalaba en un
documento de febrero de 1932: “Se ha dicho con frecuencia que un animal de
labranza tiene más valor para su dueño que el trabajador, ya que existe
abundante oferta de éstos” (Pérez Brignoli, 2001: 19). Pérez Brignoli (2001)
rescata además el informe final realizado luego del desembarco de marines
canadienses en Acajutla el 23 de enero de 1932. En él, el Comandante V. Brodeur
relataba que los campesinos se encontraban en “condiciones que, de hecho, no
son muy distintas a las de la esclavitud” (p. 33).
Con respecto al
monto de los salarios, Segundo Montes, un sacerdote jesuita y sociólogo
asesinado en 1989, destacaba que la renta per cápita anual en la década del
sesenta era de 750 colones, es decir, menos de 2 colones por día. Dicho monto
era insuficiente para la subsistencia, mucho menos aún para el ahorro o la
inversión. Al mismo tiempo, durante la década de los sesenta el desempleo
aumentó del 5,1% al 20,2% (Montes, 1979: 12). En cuanto al acceso a la
educación, alcanza con señalar que en 1971 el 63% de la población rural era
analfabeta, como afirmaba Chapin (1991: 1). A su vez, Slutzky y Alonso indican
que la mortalidad infantil en 1966 en El Salvador era de 62 por mil (muertes de
menores de 1 año por cada mil nacidos vivos) (2013: 5).
Otro aspecto
fundamental es el de las condiciones habitacionales. Se calculaba (en 1969) un
déficit total de viviendas de 504.555: 178.400 pertenecientes al ámbito urbano
y 473.955 al ámbito rural (Montes, 1979: 11). Sobre un total de 502.829
viviendas rurales relevadas en 1971, el 89,9% eran viviendas con piso de tierra
(Montes, 1986: 98). El mismo documento de la OIT ahondaba en las condiciones de
la vivienda campesina, que -según señalaba- fungía también como espacio de
guardado de las escasas cosechas y hasta de los pocos animales con que contaban
las familias campesinas:
(…) estas
viviendas son malsanas, no resguardan de la intemperie ni de la humedad que
reina durante los seis meses que dura la estación de las lluvias. Son pequeñas,
y generalmente constan de una sola habitación, en la que vive toda la familia e
incluso se refugian algunos animales domésticos, como, por ejemplo, uno o dos
cerdos, algunas gallinas y un perro. Sin más abertura que la puerta, poca es la
luz que entra. Como es natural, los servicios sanitarios esenciales no existen,
salvo en alguna que otra finca importante.
Los muebles son
rudimentarios: hamacas o “tijeras” de lona que sirven de camas, cuando no se
utilizan unas simples tablas (“tapescos”) o el mismo suelo, una vieja mesa
desvencijada y carcomida y dos o tres asientos no menos vetustos. En el
interior de la única habitación se ve un poco de maíz, única provisión, bien
pobre por cierto (OIT, 1954: 13).
Por último, otros
datos que nos pueden ayudar a comprender las condiciones de vida del
campesinado refieren a los mecanismos a través de los cuales los pequeños
productores accedían al mercado para comercializar un porcentaje ínfimo de la
producción y abastecerse de aquellos bienes que no generaban en la parcela. En
relación al modo en que los productos eran transportados hasta el lugar de
comercialización, el censo revela que, de las 270.868 explotaciones totales
registradas en 1971, solo 28.543 (10,5%) lo hacía mediante camión o pickup,
12.732 (4,7%) lo hicieron a pie, 36.255 “por bestia” (13,4%), 48.632 a través
de carreta (18%) y 2.186 por otra clase de transporte (0,8%). Un total de
97.237 (35,9%) explotaciones vendieron sus productos en la explotación y 55.283
(20,4%) declararon que estaban destinadas al consumo doméstico (DIGESTyC,1974:
310). Así, más del 50% de las unidades o no participaba de las actividades
mercantiles o vendía una escasa proporción de sus cultivos en la misma parcela.
En síntesis, las
dificultades para acceder a la tierra, las imposiciones de los grandes
terratenientes, la ausencia de políticas estatales que atendieran sus
necesidades y las precarias condiciones de vida y trabajo, generaron un
creciente clima de malestar en el campesinado que se empezó a manifestar a
mediados de la década de 1960 y se agudizó en los ‘70.
Reflexiones finales
Transcurridos 40
años desde la feroz represión hacia el campesinado que reclama la tierra para
quienes la trabajaban, el gobierno de El Salvador habilitó el debate sobre la
reforma agraria (1970) en medio de crecientes turbulencias nacionales e
internacionales. La situación en el agro resultaba angustiante para la gran
mayoría del campesinado dado que la estructura de tenencia de la tierra era
profundamente asimétrica. Los datos del tercer censo nacional agropecuario
(1971) dan cuenta de esa situación. Si el 1,5% de las unidades productivas
superiores a 50 hectáreas explotaban el 49% de la superficie trabajada y se
abocaban principalmente a cultivos de exportación; el 71% del total de
explotaciones eran minifundios menores a 2 hectáreas y en conjunto poseían
apenas el 10,5% del territorio. A su vez, fueron las explotaciones mayores a
100 hectáreas las que accedieron al riego y las destinatarias de la mayor parte
de los créditos.
Esta problemática
resultaba una pesada carga para los campesinos que, en un elevado porcentaje,
sólo podían acceder a una parcela a través del arrendamiento, la colonía y
otras formas que los exponían a un marcado grado de precariedad. Este extenso
universo de la población rural sobrevivía bajo una frágil relación jurídica con
la tierra y enfrentaba diversas dificultades a la hora de reproducir la
existencia del grupo familiar. Incluso, en el caso de la colonía, las prácticas
heredadas de períodos anteriores le garantizaban a un sector de los grandes
propietarios la recreación de vínculos de subordinación sobre los productores
rurales a través de múltiples mecanismos.
Así, los precarios
mecanismos de acceso a la tierra, las difíciles condiciones de vida y trabajo,
las prácticas impuestas por grandes propietarios y las muy limitadas políticas
estatales resultaron el sustrato para que, en la década de 1960, diversos núcleos
de campesinos salvadoreños retomaran sus reclamos por la resolución de sus
necesidades. En ese momento se conjugaron estos factores estructurales con
cambios coyunturales que agudizaron las contradicciones sociales: la influencia
de la Revolución Cubana, la Guerra con Honduras, las políticas norteamericanas
para contener al comunismo en América Latina y las iniciativas de un sector de
la intelectualidad laica y católica para reformar o transformar la estructura
de tenencia de la tierra. Frente a este contexto, el gobierno nacional buscó
contener la situación y convocó al Primer Congreso de Reforma Agraria. Si bien
las propuestas debatidas no traspusieron el papel, dicho encuentro resultó un
punto de inflexión que ubicó en primer plano el problema de la tierra en El
Salvador.
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