Presentación Dossier
Reforma y contrarreforma en el agro latinoamericano: proyectos revolucionarios y modernizadores, debates y conflictos (siglos XX y XXI)
Gabriel Carini*
Pablo Iparraguirre**
La apropiación y concentración de la tierra desde la ocupación colonial constituye una de las matrices que caracteriza las sociedades de América Latina. Las asimetrías y desigualdades que históricamente generó esta situación sustentaron fundamentales relaciones de poder que, con el tiempo, dieron lugar a que la cuestión agraria se erija como problema político que explicó parte de la conflictividad social durante los siglos XX y XXI. Es decir, a pesar de conformar una problemática estructural de América Latina de larga duración, la cuestión agraria – en particular la problemática de la posesión y distribución de la tierra – se fue actualizando en distintas etapas del desarrollo del capitalismo.
En ese sentido, la “modernización” productiva de ciertas regiones, ligadas a la imposición de las demandas del mercado internacional, definieron distintos ciclos de expansión productiva y cambios en el uso de la tierra. Consecuente estos procesos dieron lugar al desplazamiento de comunidades originarias y numerosos campesinos que se incorporaron al mercado de trabajo rural o urbano bajo condiciones muy desfavorables o bien sostuvieron sus actividades productivas en zonas marginales. Estos procesos motivaron continuos conflictos y resistencias que, en muchos casos, derivaron en la organización de movimientos campesinos u otros sujetos colectivos que, con mayor o menor capacidad para conciliar alianzas sociales y políticas, presionaron para modificar o conservar las estructuras agrarias y de poder en los diferentes países de América Latina.
El Estado, a la par de que se convirtió en un actor central dado que poseía capacidad para orientar las políticas de acceso, distribución, propiedad y uso de las tierras, se convirtió en una arena de disputa y negociación. La noción de “reforma agraria” en el debate político y social se instaló definitivamente desde la segunda mitad del siglo XX, ante la necesidad de diferentes gobiernos de “modernizar” al sector rural o neutralizar potenciales conflictos. Estas iniciativas políticas, de cambiar las estructuras agrarias heredadas, estuvo promovida también por la política norteamericana de Alianza para el Progreso para evitar o contener situaciones revolucionarias luego del triunfo de la Revolución Cubana y sus repercusiones en la región. Por lo tanto, la reforma agraria puede ser estudiada como política estatal de modernización y desarrollo agrario, aplicada desde arriba para agilizar y promover el mercado de tierras y productivo. Pero también puede interpretarse como conquista y respuesta a las reivindicaciones históricas de la movilización campesina en América Latina, resultado de la experiencia de lucha y memoria de largo alcance de estos sectores “tradicionales” y desposeídos desde la conquista. La tradicional consigna de la “la tierra para quien la trabaja”, adquirió entonces distintos sentidos no solo según los momentos y contextos particulares sino también en función de los sujetos y actores comprometidos en las disputas y proyectos políticos en pugna. La capacidad política de estos actores en distintas coyunturas construyó las tendencias y orientaciones que adquirieron estas políticas, oscilando desde las propuestas más radicales de redistribución de tierras a otras de menor intensidad que implicaban mecanismos indirectos – como los impuestos – para favorecer la fragmentación de los grandes latifundios que permanecían improductivos. Algunas lograron perdurar más tiempo, mientras que otras fueron interrumpidas prematuramente.
Más allá de la heterogeneidad de estas experiencias latinoamericanas, se pueden reconocer en estas diversas iniciativas preocupaciones comunes tendientes a mejorar las condiciones de reproducción de los actores sociales de la base de la estructura agraria favoreciendo la contención de la conflictividad. Como contracara, estos procesos – mirados globalmente – no lograron modificar la estructura agraria y transformar las relaciones de poder en los países latinoamericanos y contribuyeron a cimentar una discursividad negativa sobre las demandas de actores por una distribución equitativa de la tierra.
Sobre la base de esa cuestión, los trabajos reunidos en el presente dossier se inscriben en, al menos, tres núcleos desde los cuales se ha buscado comprender las problemáticas que atravesaron a los procesos de reforma agraria en América Latina. En primer lugar, podemos mencionar el desarrollo capitalista y transformación de procesos productivos. Este es uno de los ejes abordados por Matías Nahuel Oberlin y Pablo Volkind quienes analizan las características del campesinado salvadoreño a partir del Tercer Censo Nacional Agropecuario de la década de 1970. El abordaje de este documento les brinda a los autores la posibilidad de reconstruir la estructura de tenencia de la tierra, la forma de acceso a las parcelas, los volúmenes de producción de los diversos cultivos y la distribución espacial de los mismos los que les permite una aproximación exhaustiva a la realidad agraria de ese país. Asimismo, realizan una cuidadosa triangulación con información proporcionada por fuentes administrativas desde las cuales deducen las características del sector de campesinos indígenas y sus estrategias de reproducción y resistencia (“adaptación activa”) frente a la reestructuración productiva, motivada por la demanda del mercado internacional, del cultivo del algodón y la caña de azúcar a mediados del siglo XX. En ese sentido, los autores concluyen que la precaria relación jurídica con la tierra, las dificultades para acceder a una parcela, el poder de los grandes propietarios y el incremento poblacional que impactaba en la disponibilidad de mano de obra incidieron en las condiciones de vida y trabajo de los sectores subalternos rurales. De esta forma, su aporte principal es rescatar la relevancia de este sector para las transformaciones de los debates políticos agrarios que se plasmaron a partir del Primer Congreso Nacional de Reforma Agraria en 1970, en donde la problemática de la tierra se convirtió en un aspecto prioritario de la agenda pública.
En segundo lugar, un núcleo significativo de los estudios lo representa la caracterización de los sujetos sociales, su organización, demandas y la configuración de sus identidades. Estos tópicos son transitados por el trabajo de Natalia Wiurnos que presenta un recorrido sobre los distintos procesos de reforma agraria que atravesó Bolivia en los últimos setenta años. En ese derrotero, la autora realiza una descripción de cada una de las reformas, destacando sus objetivos primordiales, alcances y límites, al tiempo que identifica los principales actores sociales intervinientes. Le interesa particularmente la participación indígena y campesina en los diferentes procesos. En ese marco, considera que las reformas agrarias deben ser leídas como la consecuencia de las luchas de la mayorías indígenas y campesinas por cambiar el orden de cosas en el agro, rompiendo de esta forma con miradas que colocan a las reformas solo como una medida del Estado. A partir de esta premisa, le interesa destacar las continuidades entre los procesos y las demandas de los movimientos sociales campesinos e indígenas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) lo que le permite mostrar su heterogeneidad, contradicciones y disputas entre los diversos actores. Bajo una preocupación similar, es decir, la caracterización de los actores sociales, el artículo de Vanessa Morales Castro centra su análisis en la organización gremial de los terratenientes de Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y el entramado de relaciones y articulaciones diferenciales establecidas con los distintos gobiernos de Colombia a propósito de la implementación de la reforma agraria en las décadas de 1960 y 1970. Durante este período, se identifican las distintas posiciones, planteamientos y acciones desarrollados por los terratenientes, en tanto élites agrarias, a partir del análisis de la revista institucional de la SAC, la Revista Nacional de Agricultura entre 1958 y 1978. La investigación demuestra las resistencias de este sector y su oposición principalmente a las políticas del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, organismo descentralizado encargado de la implementación de la reforma. Así, muestra cómo la estrategia general de la entidad fue apoyar formalmente la ley de reforma agraria, pero cuestionar y boicotear su aplicación en los distintos períodos de gobierno según sus intereses. Es muy interesante cómo el análisis rescata distintos niveles de confrontación y autonomía del Estado frente a los intereses de los sectores terratenientes.
Por último, en tercer lugar, otro de los núcleos centrales en la comprensión de los procesos de reforma agraria son los análisis de las políticas públicas y los derechos y distribución de la tierra. Este es uno de los ejes de la reflexión de Agustín Juncal Pérez quien estudia el intenso debate que se desarrolló entre 1943 y 1973 sobre la reforma agraria en la política de Uruguay. En ese contexto, se centra su mirada en la creación del Instituto Nacional de Colonización que se erigió como el órgano rector de las políticas públicas de tierras de ese país. Para ello se sustenta en una serie de fuentes documentales oficiales y de revisión en la prensa periódica. Los resultados le permiten distinguir tres momentos que no solo se diferencia por el predominio de diferentes alternativas políticas, sino también – consecuentemente – por distintas prioridades en la compra de tierras, en las formas de otorgarla y en los actores sociales agrarios que conformaron su población objetivo.
En definitiva, consideramos que los trabajos reunidos combinan estos distintos problemas para el estudio de casos nacionales, realizando necesarios aportes y contribuyendo a complejizar la problemática general de las reformas agrarias en América Latina.