Revista de Economía y Estadística | Vol.LX | N°1 | 2022 | pp. 145-175 | ISSN 0034-8066 | e-ISSN 2451-7321|

Instituto de Economía y Finanzas | Facultad de Ciencias Económicas | Universidad Nacional de Córdoba

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Las Empresas Recuperadas en la Provincia de Córdoba (Argentina) desde la óptica de la Economía Política Cultural

Recovered Companies in the Province of Córdoba (Argentina) from the lenses of Cultural Political Economy

Emanuel Barrera Calderón

Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas (Conicet-UNC) (Córdoba, Argentina)

ebarreracalderon@mi.unc.edu.ar

Resumen

La Economía Política Cultural (EPC) constituye un enfoque crítico y autoreflexivo que subraya la historicidad y contextualidad de sus planteos, rechazando las implicancias reificadoras y naturalizadoras de las perspectivas convencionales. Este artículo recurre a la EPC para analizar los elementos que posibilitaron el proceso de cooperativización de empresas prestadoras de servicios públicos en la ciudad de Villa María (Córdoba). El principal hallazgo es que las experiencias de empresas recuperadas presentan tensiones en sus relaciones con el entorno. Primero, la figura del trabajador autogestionario parece ser desconocida por el marco legal vigente, en especial al suponer su responsabilidad individual cuando desarrolla actividades colectivas. Segundo, al enfrentarse a un marco legal limitado, los trabajadores autogestionarios terminan insertándose en diversos flancos vulnerables del mercado. Tercero, los emprendimientos asociativos evidencian una importante dependencia de las políticas públicas. Por último, se identifica la necesidad de profundizar la educación cooperativa para contrarrestar lógicas individualistas.

Palabras clave: Gobernanza; Empresas Recuperadas; Economía Política Cultural; Estado Local; Postfordismo; Imaginarios económicos.

Códigos JEL: J54; P13; P16.

Abstract

Cultural Political Economy (CPE) constitutes a critical and self-reflexive perspective that emphasizes the historicity and contextuality of its analyses, rejecting the reifying and naturalizing implications of conventional approaches. This article resorts to CPE to analyze the different elements that made possible the cooperativization processes of companies providing public services in the city of Villa María (Córdoba). This article’s main finding is that the experiences of recovered companies were crossed by a series of tensions with their environment. First, the figure of self-managed workers seems not to be acknowledged by the current legal framework, specially when it assumes their individual responsibility in the framework of collective activities. Second, in the face of a limited legal framework, self-managed workers tend to occupy vulnerable market sectors. Third, associative initiatives suffer from an important dependence on public policies. Last, a need to deepen cooperative education, with the goal of overriding individualist logics, has been identified.

Keywords: Governance; Recovered Companies; Cultural Political Economy; Local State; Postfordism; Economics Imaginaries.

JEL Codes: J54; P13; P16.

Fecha de recepción: 16/9/2022 Fecha de aceptación: 16/12/2022

I. Introducción

La Economía Política Cultural (EPC), como complejo analítico integral, se ha convertido en un enfoque crítico y auto-reflexivo emergente que subraya la inevitable historicidad y contextualidad de sus planteamientos y conocimiento, rechazando de plano las implicancias reificadoras y naturalizadoras de perspectivas convencionales sobre la economía y los mercados (Jessop, 2008). En consecuencia, la EPC no aspira simplemente a sumar sin más la cultura a la economía, o a la política, como si cada uno de estos ámbitos constituyera una instancia separada de la vida social. Muy por el contrario, pone el acento en “la naturaleza semiótica de todas las relaciones sociales”, postulando que la semiosis, en tanto “producción intersubjetiva de significado” (Jessop, 2007, p. 83), opera, entre otras cosas, como mecanismo crucial para la reducción de la complejidad aludida.

Esto adquiere relevancia cuando abordamos experiencias que tensionan el abordaje dominante de la economía, por ejemplo, en el caso de las Empresas Recuperadas (ER). En Argentina, éstas son resultado de dos circunstancias concretas: por un lado, la crisis socioeconómica del 2001 cuyas consecuencias preveían terminar en el cierre de la empresa, y por el otro, trabajadores que compartiendo una actividad fueron desarrollando una estructura de relaciones sociales que, ante la situación crítica enfrentada, los habilitó para garantizarse el mantenimiento de sus puestos de trabajo en forma participativa a través de la recolectivización laboral (Wyczykier, 2007).

El presente artículo se propone analizar los diferentes elementos que posibilitaron el proceso de cooperativización de empresas prestadoras de servicios públicos, en la ciudad de Villa María (Córdoba-Argentina), a través de la propuesta de la noción de Economía Política Cultural (EPC) (Jessop, 2007). Para lograrlo, recurrimos a la construcción de datos obtenidos de entrevistas en profundidad a funcionarios y funcionarias municipales, socias y socios de las cooperativas en cuestión y otros actores del proceso de cooperativización aquí analizados.

II. Contexto de Crisis Capitalista y la (re)Emergencia de las Empresas Recuperadas en Argentina

Desde fines de la década del noventa, frente a la situación de quiebra, bajas en la productividad, adeudamiento de salarios, deudas fiscales y abandono por parte de los dueños, cobra visibilidad el fenómeno de recuperación de empresas. Lo que implica la puesta en marcha de procesos de autogestión por parte de los trabajadores como alternativa a la desocupación. Así, se convierten en casos paradigmáticos en Argentina: Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas (IMPA), la Cooperativa de Trabajo Fábrica Sin Patrones (FaSinPat), conformada por los obreros de la fábrica de cerámicas ZANON, y el Hotel BAUEN.

La ciudad de Villa María no fue ajena a esta realidad. En efecto, aunque no de manera lineal, se produjeron experiencias de recuperación de empresas y conformación de cooperativas de trabajo. Entre éstas podemos nombrar: las cooperativas “7 de Febrero”, “El Sol” y “Ctalamuchita”, las cuales son prestadoras de servicios públicos, pero también se encuentran otras como Comunicar Ltda., que lleva adelante la edición de El Diario del centro del país y la Cooperativa San José, encargada de la rectificación de motores. Teniendo en cuenta las características y particularidades que asume el proceso de conformación de estas cooperativas, analizaremos la sucesión de acontecimientos (generalizados a partir de las experiencias) que vivieron las ER prestadoras de servicios públicos en Villa María.

A comienzos del siglo XXI la Economía Social (ES) se convirtió en un actor clave de las políticas públicas aplicadas por el gobierno nacional en su condición de población objetivo y como componente para la generación de empleo y la inclusión social. Su inserción en la agenda pública nacional estuvo motivada por la proliferación, durante los años previos a la crisis de 2001, de experiencias económicas alternativas o autogestivas generadas por la sociedad civil para suplir necesidades laborales y demandas sociales. Estas iniciativas incluyeron desde nuevas formas asociativas de organización para la producción (emprendimientos autogestivos y empresas recuperadas) y el intercambio (club del trueque) hasta el surgimiento de nuevas organizaciones económico-sociales, orientadas a la canalización de reclamos político sociales (movimiento de piqueteros, asambleas barriales) (Merlinsky y Rofman, 2004). Generalmente, las formas políticas ligadas a las asambleas y las relaciones sociales en contextos de horizontalidad han sido un denominador común que buscaba explicar su regularidad en la gran cartografía del conflicto social de la época.

En la dispersión burocrática desde donde se implementaron políticas públicas en torno a las ER podemos encontrar cuatro pilares fundamentales que nuclearon la acción del Estado nacional: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la ley de Concursos y Quiebras. Por un lado, revisando los programas nacionales que formaron parte de cada una de estas modalidades de intervención, Vuotto (2007) señala que las políticas sectoriales están estrechamente vinculadas a las acciones que realizaba el INAES como encargado de la regulación y promoción de las cooperativas y mutuales del país. Este Instituto llevaba adelante el Plan de Asistencia Técnica Territorial destinado a garantizar la presencia directa del organismo en todas las localidades del país para cumplir su función de contralor y promotor del movimiento cooperativo y mutual en coordinación con los agentes públicos y privados locales. Allí, los principales instrumentos de promoción con que contaba eran planes de capacitación, formación y fortalecimiento de la calidad institucional de las entidades; planes de promoción de las actividades que realizaban las empresas y de difusión del movimiento cooperativo y mutual; y líneas de financiamiento para proyectos de desarrollo a través de subsidios o créditos a tasa subsidiada y créditos especiales para el sector otorgados por convenio con entidades financieras. De esta manera, el INAES también participaba en la asistencia y regularización de las entidades cooperativas que se incorporaban al movimiento como resultado de las políticas públicas de otras áreas del gobierno. En este marco, el Instituto promovía la regularización de la condición jurídica de los grupos precooperativos brindando capacitación específica y, en el caso de las ER organizadas en cooperativas de trabajo, facilitando su acceso a financiamiento y ofreciendo asistencia técnica, tutoría y seguimiento.

La masividad de las situaciones a cubrir (con un universo potencial de 1.800.000 beneficiarios) y la confirmación de que la crisis sería de larga duración, sumado a las dificultades que enfrentaba la expectativa de una rápida capacidad de autogestión del trabajo, fue llevando, paso tras paso a avanzar en la institucionalización de una política sostenida de ES que finalmente terminó por ser considerada oficialmente como “parte de la política económica”, si bien quedó orgánicamente bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, la ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras (B.O. 09-08- 95), originariamente, establecía que una vez que una empresa se encuentra en quiebra, el propietario de la misma queda desapoderado, procediéndose al remate de los bienes, encontrándose en situación de privilegio, una vez realizado el remate, los acreedores prendarios e hipotecarios (denomina- dos acreedores privilegiados) y, en segundo lugar, los acreedores laborales. En el año 2002 se modificaron los artículos 189 y 190, mediante la ley Nº 25.589; la cual estableció que los trabajadores tenían la posibilidad de requerir al síndico la continuidad de la empresa en quiebra, bajo la forma de una cooperativa de trabajo, a fin de conservar y mantener la fuente laboral.

En este panorama, resulta claro que la importancia, visibilidad y el consiguiente acceso a recursos, no es igual si una política está encabezada por un ministerio o tiene el nivel de programa en una dependencia de menor rango, para señalar sólo situaciones polares. También dice de la posible orientación de las políticas de ES a qué sector corresponde la repartición en que se encuentran ubicadas. De esta manera, el MDS se constituyó como la dependencia del Estado con mayor vinculación en el área de ER, lo que permitió el funcionamiento inicial de las cooperativas de trabajo resultantes a través de una batería de programas sociales que garantizaron la permanencia de la dinámica económica que tenía la empresa anterior. En este sentido, el MTESS contribuyó a esto únicamente por medio del programa mencionado, careciendo de una propuesta integral como la del MDS. Finalmente, tuvieron un lugar central los debates legislativos sobre la Ley de Concursos y Quiebras dando la posibilidad a los trabajadores de hacerse con los recursos de la empresa en quiebra, siempre y cuando, se formen como cooperativas, lo cual ha sido controvertido debido a la imposición de la figura legal.

III. El complejo analítico de la Economía Política Cultural en clave teórico-metodológica

La EPC sostiene que la economía y los mercados en un sentido amplio presuponen condiciones, procesos y factores extra-mercado y extraeconómicos (Jessop, 2004). La economía simplemente no puede ser entendida ni administrada como ámbito económico “puro” y “separado” que funciona y se reproduce con independencia de los ámbitos sociales no económicos (Polanyi, 2007). Tampoco se puede considerar que la economía determine de manera unilateral los ámbitos no económicos (Jessop, 2004).

Algunas de las características distintivas de la EPC son: en primer lugar, el “giro cultural” que se relaciona íntimamente con la economía política, en la perspectiva de la necesidad planteada por la reducción de la complejidad. Asimismo, la EPC enfatiza la coevolución e interdependencia de lo semiótico y lo extra-semiótico, prestando importancia tanto a factores discursivos como materiales. Esto quiere decir que no basta con explorar los significados subjetivos de los actores económicos, sino que también es indispensable desentrañar los fenómenos y procesos materiales concomitantes. Por otro lado, propone comprender las relaciones entre economía y cultura descartando el reduccionismo explicativo del “economicismo” y del “culturalismo”, y subrayando que ningún conjunto de relaciones sociales por sí solo abarca toda la sociedad.

De esta manera, lo cultural apunta preferentemente a la creación de significados y a las propiedades resultantes de discursos y otras expresiones discursivas, al tiempo que lo social cabe ser entendido como los “rasgos extra-semióticos de las prácticas sociales y las propiedades resultantes de la interacción social” (Jessop, 2007, p. 37).

En un nítido contraste con las teorías económicas neoclásicas, la EPC insiste en que “la economía y los mercados siempre son construidos socialmente de manera históricamente específica” (Jessop, 2004, p. 144). Asimismo, pone el acento en el papel clave que cumplen los discursos y las prácticas discursivas en la formación de los sujetos y de las subjetividades, comprendiendo las interpretaciones y las decisiones de los actores económicos en los diferentes mercados y en la actividad económica en un sentido amplio, incluida su dimensión simbólica.

Desde esta perspectiva el Estado es visto “como un objeto de regulación a la vez que como una instancia de regulación sumergida en una red de relaciones sociales” (Valenzuela Espinosa, 2014, p. 16). Llegado a este punto, las dos conclusiones más relevantes de Bob Jessop (2007) son; primero, en la medida en que se considere al Estado como un suplemento de la economía es inevitable caer en una explicación funcional de su intervención. Por lo tanto, debemos partir del propio Estado y de la autopoiesis del ámbito político, de la consideración de un cierto grado de autonomía. Y segundo, la economía no puede ser entendida como un sistema que se reproduce a sí mismo, sino más bien como espacio construido políticamente. En otras palabras “la relación entre el Estado y la economía debe entenderse en términos relacionales” (Poulantzas, 1974).

Jessop (2008) plantea cuatro cambios que han afectado a las ciudades en las últimas cuatro décadas; primero, la reinvención de la economía local y de su Estado por y a través de los discursos sobre los nuevos roles; segundo, el rediseño de los mecanismos de gobernanza y articulación con la sociedad civil; tercero, los vínculos entre estos cambios y la globalización de la economía capitalista junto con el predominio de la geoeconomía sobre la geopolítica; y cuarto, el contexto estructural cada vez más global, donde se presentan estas cuestiones que modifican el papel político y económico de ciudades y Estados locales (Mazzalay y Gigena, 2001).

En relación a la gobernanza, Mazzalay (2009) sostiene que se refiere al modo o la forma en que sucede la coordinación de un objeto común o público. En este sentido, el estudio de la gobernanza representa la posibilidad de capturar la dimensión relacional de la política, indaga el modo en que se produce la articulación socio-política, y enfoca su observación en la interacción entre sectores, sujetos o actores interdependientes. Según Jessop (2008), la gobernanza se refiere a cualquier forma de coordinación de relaciones sociales interdependientes, específicamente, la autoorganización reflexiva de actores independientes involucrados en relaciones complejas de interdependencia recíproca. En este sentido, Munevar, y desde un enfoque policéntrico, señala que:

Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés públicos, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder. En el cual la competencia y la cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones formales como informales (Mu- nevar, 2005, p. 240, en Mazzalay, 2009).

En esta perspectiva amplia, la configuración de la estructura relacional en un espacio-tiempo involucra actores individuales y colectivos interdependientes que establecen relaciones tengan o no voluntad de intervenir o impactar en el proceso. Por lo tanto, los mecanismos y prácticas de gobernanza son fundamentales para la modulación de las distintas escalas del Estado.

Los Estados siempre han descansado en otras agencias para ayudarse a realizar objetivos estatales, no obstante, en la actualidad hay un reordenamiento político significativo en la relación gobierno y gobernanza. Aunque esta tendencia implica típicamente una pérdida de autonomía decisional y operacional de los aparatos del Estado (a cualquier escala), también puede fortalecer sus capacidades para proyectar su poder y alcanzar objetivos colectivos por medio de la movilización de recursos de conocimiento e influyentes socios no gubernamentales e interesados.

Esta tendencia ocurre no sólo a nivel internacional o nacional, sino que también es evidente en la reestructuración de la gobernanza regional, local y transfronteriza. De hecho, se caracteriza por ser una gobernanza multinivel (Jessop, 2004), que implica a un amplio rango de actores pertenecientes a distintos dominios funcionales y escalas de organización territorial. También significa que los propios Estados se están transformando en socios, facilita- dores y árbitros en consorcios público-privados, coaliciones de crecimiento, etc., más que en los impulsores primarios en muchas áreas de políticas.

Al respecto, Jessop (2004) menciona que, contradiciendo este giro desde el gobierno a la gobernanza, hay una tendencia a que el Estado adquiera un rol más fuerte en la “metagobernanza”. Este último concepto se refiere al

Rol de las autoridades políticas (a escala nacional u otras) en la organización directa o indirecta de la autoorganización de sociedades interorganizacionales, redes y relaciones intersistémicas. Esto se necesita para limitar la proliferación de mecanismos de gobernanza. Pues esta última puede conducir a una creciente complejidad no estructurada y a la emergencia de fallas de gobernanza tan significativas como las fallas del mercado o del Estado, y con escapatorias crecientes para aprovechadores inescrupulosos y con brechas crecientes en las redes de seguridad para los menos afortunados (Jessop, 2004, p. 62).

IV.Los elementos posibilitantes de la agencia del Estado local

Los tres elementos propios de la Economía Política Cultural, como un complejo interdependiente, se articulan a partir de los ciclos económicos que generan las condiciones para una determinada configuración del Estado. En el caso del contexto analizado en este artículo, se caracteriza por una crisis multidimensional del capitalismo en Argentina y la región que adquiere diversas particularidades en la escala local. A lo que Antunes expresa

Que la respuesta del capital a sus crisis fue transformaciones en el patrón de acumulación (no en el modo de producción, evidentemente), con el fin de ofrecer mayor dinamismo a un proceso productivo que evidenciaba signos de agotamiento. De esta manera se produce el tránsito del taylorismo-fordismo a formas de acumulación flexible. (2009, p. 22)

En otras palabras, en función de los ciclos económicos -y sus reajustes espacio-temporales (Harvey, 2004)-, el capitalismo adapta su patrón de acumulación al contexto. Por ende, toda forma particular de Estado se caracteriza por un determinado circuito de poder político y estratégicamente constituido entre la forma de representación, la organización interna y la intervención exterior. En esta medida, la “selectividad estratégica” del Estado (Jessop, 2008) confiere gran importancia a las estrategias políticas en sociedades modernas caracterizadas por un creciente policentrismo, que resulta de la consolidación de muchos sistemas funcionales operativamente autónomos con sus propios códigos y programas, los cuales, sin embargo, se vuelven más interdependientes materialmente. Como resultado de la incesante diferenciación funcional de dichos sistemas sociales, la complejidad social no hace más que aumentar de forma intensa en las sociedades modernas.

El intrincado cruce de estructuras y estrategias, en el que se incrusta el Estado, se ve reflejado en su carácter intensamente “relacional”, haciendo necesario un “análisis de las relaciones entre diferentes relaciones que comprenden la formación social” (Jessop, 2008, p. 52). Como hemos visto, la selectividad tiene dos dimensiones complementarias: una estructural y otra estratégica (Simón, 2004). El “momento estructural” incluye a todos los elementos que, en una formación social, no pueden ser alterados en un horizonte temporal dado por un agente (o conjunto de agentes) siguiendo una línea estratégica. Incluye sus prácticas y procesos, así como sus propiedades emergentes y precondiciones materiales y puede ser más o menos duradero dependiendo del horizonte temporal del que se trate. Es decir, en un momento estructural de crisis sistémica, el Estado local estratégicamente opta por resolver la conflictividad laboral de empresas prestadoras de servicios públicos a través de procesos de cooperativización.

A propósito de lo estructural y lo estratégico, a continuación, analizaremos los elementos institucionales, económicos y culturales de la cooperativización de las tres empresas recuperadas seleccionadas como casos de estudio.

IV.a. Los mecanismos de metagobernanza para la prestación de servicios públicos

El tipo de vinculación del Estado local con la sociedad civil ha repercutido en muchas de las tradicionales y nuevas competencias municipales. En especial tiene aplicación en dos grandes áreas: la política arquitectónica general y la política social.

En lo referido a política social, la participación comunitaria en el diseño, gestión y evaluación de las actividades se ha presentado como una herramienta adecuada para reemplazar la histórica lógica de la petición. En forma concurrente, el financiamiento de la demanda (en lugar del tradicional financiamiento de la oferta) y la participación en la subvención del gasto (y no sólo en la gestión) posibilitaron la intervención de los interesados. En este sentido, los Estados locales han desempeñado un rol decisivo en el funcionamiento del sistema redistributivo, teniendo a su cargo gran parte de su operación y el control de la normativa para la producción de servicios en su ámbito (Iturburu, 2000). En palabras de la encargada del Área de Economía Social de la Municipalidad de Villa María:

Luego del estallido social en nuestro país que es el 2001/2002, donde la tasa de desempleo era muy grande por lo que el gobierno que asumió en el 2003, tomó a la economía social como una herramienta importante de inclusión, mejoramiento y de la calidad de vida y de la posibilidad de generar empleo de acuerdo al oficio y las habilidades de cada uno, dentro de ellos estaba lo que son los emprendimientos económicos, asociativos o individuales, o familiares, donde se los equipaba con herramientas e insumos, y por otro lado la conformación de cooperativas a través de la Resolución 3026, una resolución nacional que nos permitía constituir cooperativas de trabajo con personas que estaban en situación de vulnerabilidad y de necesidad de ingreso. Es así que nosotros como municipio, y en consonancia con el gobierno nacional, en aquel momento comenzamos a trabajar en la constitución de cooperativas. (Entrevista a V.M. encargada del Área de Economía Social de la Municipalidad, 2016)

La anglogobernanza emerge durante la crisis del Estado de bienestar. La gobernanza, en un comienzo, se planteaba como administrar servicios públicos pero no de manera centralizada por el Estado ni de manera totalmente privada sino que se construían esas mesas donde se debatía y se replanteaba si el Estado era un actor más o bien un primus inter pares. Tiene que ver precisamente con un debate sobre la gestión de los servicios públicos, ahí es donde nace la idea de gobernanza. Posteriormente adquiere nuevas escalas de abordaje y de aspectos de la administración e incluso termina discutiendo sobre cualquier administración de lo común, como “modo de conducción de lo social”. (2007, p. 42)

Las grandes transformaciones desarrolladas en los últimos tiempos en las formas de gobierno plantean la emergencia de enfoques más abarcativos que contemplen la articulación y participación de múltiples actores. El tránsito de un estilo de gobierno centralizado y jerárquico hacia prácticas más pluralistas y cooperativas en términos de gobernanza, supone claramente un profundo replanteo de los vínculos tradicionales desarrollados entre el Estado y la sociedad como de las formas de construcción de poder político.

Una tendencia general en la reinvención del Estado en su sentido inclusivo es el desplazamiento, desde la centralidad del gobierno, a formas más descentralizadas de gobernanza. Esta tendencia no afecta tanto a la dispersión territorial de las actividades del Estado nacional como a la reorganización de las funciones en un sistema político más amplio, en cualquier escala territorial donde el Estado opere. En este sentido, la participación del Estado ha tendido a ser menos jerarquizada, centralizada y dirigista.

Por consiguiente, observamos el lugar realzado del Estado local sobre diferentes escalas territoriales, lo cual nos permite comprender la intención de generar las condiciones de posibilidad para que los mecanismos de gobernanza surtan efecto. Por lo cual, opera la metagobernanza en la intervención en los procesos de desintegración social (Jessop, 2007).

De esta manera, la recentralización ha implicado una transformación de la relación entre los diferentes niveles del Estado en el marco del postfordismo. Lo mismo sucede en la noción de gobernanza como modo de articulación particular entre lo público y lo privado. En ese contexto, aparece la metagobernanza, donde el Estado garantiza la posibilidad de la gobernanza atendiendo a que hay fijación de juegos generales en las estructuras. En otras palabras, el Estado local cooperativizando los servicios públicos a través de relaciones sociales pretendidamente desmercantilizadas, garantiza que los trabajadores conserven esta condición. Otra más de las funciones que cumple luego de la Reforma de los 90 pero en consonancia con la visión de Estado como garante de las lógicas del capital.

IV.b. Reconversión de las relaciones sociales de producción en el post- fordismo

En el postfordismo, el trabajo no es una forma neutral que puede ser apropiada por cualquiera, sino que se trata de una actividad históricamente dada en el capitalismo y que, como tal, se constituye en la mediación social y organización del orden social. Es decir, el capitalismo como modo de dominación social no refiere sólo a una dominación de personas por personas, sujetos sobre sujetos, clases sobre clases, sino a una dominación de los sujetos por estructuras sociales abstractas. Esta dominación no se produce sólo en función de la propiedad privada, de la apropiación privada del excedente y la propiedad privada de los medios de producción, sino en la forma de “valor” que tiene la riqueza en el capitalismo, tipo de riqueza social que se enfrenta al trabajo vivo del trabajador. En definitiva, en el postfordismo, el capital con su ley de valor se ha flexibilizado ante el trabajo precarizado, parcial y tercerizado. Por lo que estas características del trabajo son parte constitutiva del proceso de producción capitalista actual, y por ello, las experiencias de economía social no escapan a esta lógica (Antunes, 2009) sino que son una forma paliativa de resolverlas.

Por tanto, el proceso de subsunción formal y el real del trabajo al capital aporta momentos múltiples que van desde la decisión estatal para expropiar a los productores directos de sus medios de producción, hasta la calificación en masa y el adiestramiento técnico de la mano de obra, con toda la puesta en marcha del aparato educativo, y todo el sistema de seguridad social y de salud pública permite mantener a la clase trabajadora en condiciones de trabajar (Tobón Sanin, 1993).

En efecto, el trabajo en el capitalismo desempeña un papel histórica-mente único como mediador de las relaciones sociales. Lo que no significa que se adopta un punto de vista donde el proceso de producción material determina otros aspectos de la vida, sino por el contrario, que el proceso de producción no es un proceso meramente técnico. Los débiles lazos de integración de la sociedad están constituidos por el valor-trabajo, no sólo por la coerción y la dominación de clase, por ello la crítica debería hacerse al trabajo capitalista, no del trabajo en el capitalismo como si aquel fuese una actividad transhistórica que adquiere formas específicas en este modo de producción. La categoría de valor ligada al trabajo es la clave para pensar la subsunción del trabajo al capital. Por consiguiente, la necesidad de abordar críticamente la literatura sobre ES se debe a, por un lado, no haber considerado el carácter capitalista del trabajo, sea este asalariado o no asalariado y, por otro lado, pensar en su posible carácter emancipatorio, en términos de trabajo emancipado.

La muni es hoy en día la que nos da nuestro puesto de trabajo, porque sin la muni hemos hecho otros trabajo privado que no son rentables como los que te da la muni, por eso tenés que llevarte bien con ellos, no da llevarte mal pero de hacerte tus cosas, tenés conocimiento hacerte un acta no para ir en contra de la muni sino que este gobierno mañana está y pasado no sabés y qué haces, te quedaste sin nada cuando todos marchamos para el mismo lado yo soy de la idea de que la cooperativa tiene que capitalizarse, por el hecho de que el gobierno que está de turno te puede dar o no te puede dar, entonces vos ahí podes decir si estos gobiernos se van yo tengo todo en regla y puedo seguir con un camión o con la limpieza me voy y me ofrezco en otro lado. (Entrevista a M.D. socia de la Coop. 7 de febrero, 2017)

De esta manera, las empresas recuperadas consolidadas a partir de experiencias de autogestión, que estamos analizando, se insertan en el mercado con un significativo cuadro de “vulnerabilidades”. Es decir, la autogestión se plantea inicialmente como una salida ante las dificultades de los trabajadores de insertarse en el mercado laboral tras la quiebra de su empresa, pero con una fuerte dependencia del Estado local. Al optar por una forma asociativa, las vulnerabilidades también resultan evidentes en relación al acceso al capi- tal de trabajo con el que iniciar y mantener el proceso productivo.

Por otro lado, entre los principios cooperativos y la cotidianeidad de las cooperativas de trabajo pueden identificarse múltiples tensiones. En efecto, resulta difícil reconocer algunos conceptos fundantes en el devenir efectivo de diversas experiencias. De tal modo, la democracia participativa podría tornar a la gestión extremadamente deliberativa. En la discusión constante y búsqueda de consenso, se realiza el proceso productivo de manera alternativa, donde las instancias de toma de decisión requieren el acuerdo de las bases para convertir la experiencia en efectivamente autogestionada.

En un extremo opuesto, también resulta posible reconocer el caso contrario, en donde las cooperativas desconocen la deliberación como herramienta de control y mejoras continuas. Esto suele suceder por desconocimiento o por replicar viejos esquemas heredados de las empresas que precedieron la experiencia asociativa en el caso puntual de las ER. En estos esquemas, los asociados tienden a burocratizarse, confiando decisiones en la figura de un delegado o del Consejo de Administración. Por lo cual, se pasa de la figura de “patrón” a la de “líder” como representante de la vieja lógica de dependencia donde estaba inserto el trabajador (ahora socio).

En consecuencia, la reconversión de las relaciones sociales de producción adquiere diversos indicios a medida que la cooperativa funciona. No obstante, no necesariamente se cumplen rigurosamente los principios del cooperativismo tradicional.

En esta medida, las cooperativas de trabajo recogen un legado que trasciende el fenómeno de la producción y que procura la reproducción de los asociados en condiciones dignas. En tal aspecto, los procesos autogestivos de producción, como así también las redes que organizan a dichas cooperativas, requieren de la obtención de recursos financieros necesarios para cada uno de los emprendimientos. Las estrategias consisten en la búsqueda de subsidios o en la vinculación con programas de créditos provistos por diversas organizaciones estatales.

La vinculación de los trabajadores con el mercado y con su historia dependiente anterior, muestra en este sentido atributos particulares ya que muchos continúan autoidentificándose como trabajadores. Pero son, al mismo tiempo, socios de una cooperativa y llevan adelante empresas autogestionadas que buscan distinguirse de las cooperativas de trabajo tradicionales, en el sentido de no guiarse exclusivamente por la regulación de estas empresas sociales, sino de buscar por el contrario mecanismos de organización interna apropiados para cada colectivo. Esto genera no pocas confusiones y tensiones con respecto a las relaciones interclase, más aún cuando las discusiones ideológicas no han resultado frecuentes con referencia a las modalidades de gestión organizativa y con respecto al patrimonio. Entonces, los trabajadores se autodefinen como obreros de clase, pero algunas veces también como pa- trones, empresarios, y como socios de una propiedad en común.

La recolectivización implica apostar a la reconstrucción de protecciones colectivas perdidas o fragilizadas en los últimos lustros. Es decir, estos espacios adquirieron un nuevo sentido político, que no es el de la emancipación de la clase trabajadora del yugo del capital, pero tampoco resulta solamente el de las estrategias de supervivencia colectiva, ni el que se inspira para su creación y sustentación en los valores de solidaridad y asociativismo destacados por el cooperativismo de trabajo. Ahora bien, sostener que estos colectivos laborales apostaron a la recreación de esta clase de procesos de recolectivización del trabajo para intentar no quedar excluidos de colectivos protectores, no significa de todas formas que estos grupos hayan logrado finalmente reinstalar las protecciones de las cuales gozaron hasta que las condiciones de trabajo comenzaron a precarizarse en las empresas que integraban. Por ejemplo, encontramos en la Coop. “7 de Febrero” la experiencia de mayor dependencia del Estado local, tanto en lo administrativo (referido a la vinculación con el Área de Economía Social), como en lo económico (debido al paternalismo imperante desde sus orígenes). El resto de las cooperativas ha tendido a independizarse a través de diferentes estrategias. En palabras de un socio de la Coop. “El Sol”:

Se identifica, en Villa María, la idea de una resistencia histórica al cooperativismo que convive con la noción de modernidad temprana como mito organizativo del proceso fundacional de la ciudad. Por lo menos has- ta comienzo de los 90 donde encuentra una ruptura a partir de la creación de la Coop. “15 de mayo”. De este modo, aparece otro mito organizativo en respuesta del anterior, el cooperativismo a tiempo que implica la invisibilización del conflicto social a través de la promoción de experiencias autogestivas.

Por consiguiente, partimos de que la EPC se basa en la constitución discursiva y la regularización de la economía capitalista y del Estado nacional como entidades imaginadas y sus enraizamientos culturales y sociales. Por lo tanto, la economía se ve como un sistema narrado discursivamente a la que se le otorgan límites específicos, condiciones de existencia, agentes económicos típicos, tendencias y contratendencias, y una dinámica global distintiva (Jessop, 2007). En ese sentido, el sistema del Estado puede de la misma forma ser tratado como una comunidad política imaginada (Anderson, 1993) con sus propios límites específicos, condiciones de existencia, sujetos políticos, tendencias de desarrollo, fuentes de legitimidad y proyectos de Estado (Jessop, 2007). Por lo cual, la combinación de estos componentes de la EPC permite analizar la organización discursiva de la economía como un objeto distintivo de regulación.

En función de esto, entendemos que la dimensión simbólica ha garantizado las condiciones de posibilidad de la agencia. Es decir, las construcciones discursivas del Estado local han impulsado una idea moralizada (como criterio organizador de los valores) de cooperativismo a través de la historia como imposición de sentidos. Esta moralización muchas veces se encarna a nivel local en base a la figura de los cooperativistas en tanto “buenos trabajadores”.

Hemos visto cómo de esta manera los imaginarios económicos a partir de la emisión de los discursos históricos de los diferentes agentes se constituyen en una posición de referencia sobre la historia oficial de la ciudad.

Así, la posición constituye un principio explicativo de las prácticas, no para reducirlas al funcionamiento de un mecanismo estructural que trascendería al sujeto, sino para convertirlas en inteligibles, en relación con las posibilidades y límites que fijan las condiciones sociales de su actuación (Costa y Mozejko, 2001). En el caso de este artículo, analizar la producción de discursos en los que se propone una visión de los avatares históricos que posibilitaron la decisión del Estado local villamariense ante una crisis que atentaba a la integración social de trabajadores, debe ser complementado con la puesta en relieve de su carácter material y relacional (Costa y Mozejko, 2001).

Por ende, existen modos de hacer historia. Al respecto, Benjamin (1973) propone es escribir la historia “a contrapelo”, es decir, desde el punto de vista de los vencidos –contra la tradición conformista del historicismo cuyos partidarios entran siempre en empatía con “el vencedor”. Destacando que “vencedor” hace referencia a la lucha de las clases en la que uno de los campos, la clase dirigente, “no ha acabado de triunfar” (Benjamin, 1973) sobre los oprimidos. De esta manera, problematizar a los portadores de la historia oficial deviene en problematizar la idea de historia que opera discursivamente.

Así es que, en el proceso de asunción de nuevas competencias, antes a cargo de otras jurisdicciones o prestadores, los Estados locales fueron incrementando su estructura orgánica y su planta de personal (por ejemplo, en el traspaso de los servicios sanitarios de algunas provincias a los municipios, o al aumentar y crecer la importancia de las salas de atención prima- ria), asumiendo la prestación en forma directa y centralizada. Sólo algunas prestadoras subsistieron en forma independiente, como las cooperativas de usuarios (como las de electricidad) o las instituciones benéficas constituidas alrededor de alguna necesidad comunitaria (por ejemplo, la atención de niños sin hogar).

En este marco, la historiografía oficial tiene un lugar central en la producción, invención y articulación de imaginarios económicos que se instituyen como dominancias discursivas en un momento y en un territorio determinado. La noción de hegemonía en tanto poder simbólico opera dentro de la diferenciación política y hace que la cultura, más que la producción de sentidos, sea el modo en que se relacionan las clases dominantes y las subalternas (Gramsci, 1999). En este caso, la dominación se fundamenta en la disputa por los recursos y en la apropiación desigual de los bienes materiales o simbólicos.

Evidentemente, los formatos organizacionales no son neutros. La elección de tal o cual forma institucional reviste consecuencias en relación a la capacidad de hacerse con recursos (no sólo económicos), de organizar el poder, de participar en la organización, de interactuar con otros actores, de establecer fronteras definiendo “los que pertenecen” y los “que no pertenecen”. Los formatos organizacionales también responden a incentivos del contexto y a una dinámica de aprendizaje social. Por lo que hay una idealización de la forma cooperativa vinculada con la desmercantilización de las relaciones de producción. Es decir, la “moralización” de la figura cooperativa a través de la imposición de la forma legal a una práctica que se adquiere ejerciéndola de manera individual en términos de que, como expresa un entrevistado, “nosotros somos los generadores de nuestro propio resultado”.

Trazamos con esta perspectiva una clara estrategia opuesta a la victimización de las clases trabajadoras. Tal victimización, que aparece también como moralización y judicialización, es el modo en que se organiza un determinado campo de visibilidad de la cuestión del trabajo en Argentina y, más amplio aún, para sugerir un tipo de vinculación entre norma y ES, que tiene como efecto la moralización (y condena) del mundo de los llamados “pobres”.

En definitiva, y como hemos dicho, entendemos que los mitos organizativos tuvieron como fin generar el apaciguamiento de la conflictividad social en una ciudad de paridad socioeconómica (pues, en el discurso de campaña del intendente Accastello se ponía que allí “no había ni countries ni villas”). Es decir, cooperativizar en realidad implica que no van a tener más las herramientas del sector gremial que sostiene al trabajo como socializador. Así, eso de que las cooperativas “son más baratas” repercute fundamentalmente en la idea de que, en el traspaso de trabajador a socio, en realidad se están perdiendo representaciones, se precariza, se terceriza, pero no se privatiza.

El Estado desde la metagobernanza, ha generado una especie de garantía de articulación entre lo público y privado. Luego discursivamente promueve el emprendedurismo como la forma en que cada uno debe ganarse el sustento y autoemplearse. Un entrevistado se refirió a esto destacando un “dejo clientelar”, poniendo así en evidencia las relaciones de poder que se tejen en los intersticios de la facción política partidaria y la práctica de la ES o el asociativismo respecto a sectores populares. De allí que los suministros de servicios públicos realizados por cooperativas deban ser sujeto a evaluación constante y una disputa anual en el Concejo Deliberante entre oficialismo y oposición. El malestar sobre la dependencia aparece en la voz de la mayoría de los socios de las tres cooperativas analizadas. A continua- ción, exponemos la opinión de un socio de la Coop. “El Sol”:

Teniendo en cuenta que según Offe (1996) hay una “dependencia estructural del Estado respecto del capital”, y como hemos visto, desde los orígenes del capitalismo, es el Estado el encargado de garantizar la reproducción del capital a través de la forma de control del trabajo asalariado. En el caso de las ER, se recobra la fuente laboral para continuar con la producción, pero la propiedad privada es cuestionada como tal: primero el trabajo y luego la propiedad privada. Esto es en momentos de excepción y crisis ya que necesitan que el capitalismo salga a flote.

Por ello, las posibilidades de agencia por parte de los trabajadores son bajas porque viene condicionado por las herramientas administrativas que tiene el Estado local pero también por los diferentes niveles del Estado.

Investigador: ¿Por qué decidieron que sea una cooperativa y no otra cosa?

Entrevistado: Porque se tenía que dar una cooperativa por una cuestión impositiva. Nosotros veníamos… y el municipio no iba a tomar a una empresa que viniera de la mano de una SRL o de SA por una cuestión de costo, una cooperativa de trabajo impositivamente es más baja, los costos son distintos, son todos socios, no tienen un gremio. (Entrevista a S.C. socio de la Coop. El Sol, 2016)

En síntesis, a partir de la EPC, podemos resumir de la siguiente manera la caracterización de los elementos que coadyuvaron a la cooperativización. Primero, lo referido al componente institucional que en nuestro caso se identifica con la metagobernanza. Es decir, el Estado garantizando la gobernanza como intervención artificial en la articulación de lo público y lo privado en tanto característica del Estado Shumpeteriano de Trabajo. Por otra parte, lo económico está ligado a la decisión de la figura cooperativa en el contexto de una crisis donde se mantiene el trabajo, aunque se reconviertan las relaciones sociales de producción (pretendidamente desmercantilizadoras) en el marco del modo de regulación postfordista. Y, por último, lo cultural que implica lo discursivo y las disputas simbólicas, es donde se construyen los mitos organizativos de la hegemonía local o las pertenencias e identidades político-partidarias de la coyuntura. A partir de la tradición intelectual elitista del cooperativismo en la ciudad, ligada a sectores medios y entidades educativas, se rompe con el imaginario económico sobre las ventajas del cooperativismo ante la crisis. ¿Por qué sucede esto? Pueden pensarse, por lo menos, tres motivos: se reduce el gasto fiscal, se invisibilizan las conflictividades y el Estado puede tener una injerencia (semi)directa en la cooperativa a través del asesoramiento y la capacitación en autogestión. Este último motivo lo identificamos en el intercambio con la representante del Área de Economía Social de la Municipalidad:

Desde el gobierno local nosotros tenemos un programa que es el de asesoramiento, seguimiento y asistencia técnico legal. En todas las cooperativas hay una persona que se dedica la legalidad de las cooperativas, a las asambleas, a tener los libros al día y demás. En cuanto lo que es la parte contable, trabajamos en conjunto con personas que trabajan para estas empresas de la economía social es algo independiente y de elección de cada uno, porque tiene que ser de su confianza porque se trata de sus ingresos” (Entrevista a V.M. encargada del Área de Economía Social de la Municipalidad, 2016)

Ante esta situación, comprendemos que el sometimiento hacia el trabajo se instrumenta de forma coercitiva mediante el uso de la fuerza- y cohesiva -mediante la naturalización y el sometimiento ideológico-. Sobre este último punto, la naturalización de las relaciones de producción conlleva a un proceso de afirmación de ideas, hábitos y costumbres.

Finalmente, encontramos en las experiencias de ES una serie de tensiones respecto de sus relaciones con el entorno. En primer término, las empresas recuperadas se insertan con diversos flancos vulnerables en el mercado. En parte, esto obedece a que no disponen de un marco legal con el cual saldar los obstáculos operativos con los que se encuentran los trabajadores autogestionarios.

La legislación cooperativa que está totalmente desfasada en el tiempo, es un tema pendiente que se había iniciado una discusión muy interesante en foros de todo el país, que lamentablemente no se pudo llegar a una finalización con un instrumento legal vigente, pero bueno es una cuestión que tenemos que adoptarlo como desafío permanente los cooperativistas y no olvidarlos en un cajón. (Entrevista a A.P., asesor municipal y referente del cooperativismo local, 2018).

En segundo lugar, la figura del trabajador autogestionario parece ser desconocida por el marco legal vigente. En especial, en relación a que mientras intenta desarrollar actividades colectivas resulta encuadrado por un régimen legal que supone su responsabilidad individual (por ejemplo, mediante la inscripción en monotributo).

En tercer término, tal como sucede en las experiencias tradicionales de ES, puede observarse un núcleo problemático sobre la autonomía de los emprendimientos asociativos de las políticas públicas. Esta situación se encontraría reforzada debido a que las cooperativas de trabajo poseen un acceso limitado e insuficiente al financiamiento privado porque no cumplen con los requisitos mínimos para obtener créditos. Mediante políticas públicas y políticas crediticias de la banca cooperativa, esta situación podría estar modificándose parcialmente.

Entrevistado: Tenemos dos camiones volcadores, tres aspiradoras, dos barredoras de arrastre, una pala retro, una chata y un camión con hidro. En el 2007 compramos el primero y luego se fueron renovando.

Investigador: ¿Pidieron ayuda o lo compraron ustedes?

Entrevistado: Los compramos nosotros con ayuda de Volcano una empresa de Córdoba. Además de otras empresas de acá que nos dieron una mano porque Eduardo (Accastello) dijo que el municipio se hacía cargo. (Entrevista a D.L., socio de Coop. Ctalamochita, 2017).

Por último, resulta necesario profundizar la educación cooperativa a efectos de contrarrestar las lógicas individualistas que detentan los trabajadores como reflejo de su experiencia laboral en empresas capitalistas, pero a partir de la desnaturalización de lo normativo del cooperativismo. El proyecto político que moviliza la ES implica una significativa construcción de poder a través de la organización y lucha política, que propenda a la modificación de las políticas públicas a niveles micro y macro –específicamente en lo atinente a la creación de un régimen que contemple las características de las experiencias autogestionarias-, articulando al campo político y social con los territorios.

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Entrevistas

Socios y socias de las cooperativas analizadas

2. D.L. socio de Coop. Ctalamochita, 12 mayo de 2017

3. S.C. socio de la Coop. El Sol, 30 de septiembre de 2016

4. M.D. socia de la Coop. 7 de febrero, 3 de julio de 2017

Representantes, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas del Estado local

5. V.M. encargada del Área de Economía Social de la Municipalidad, 15/8/2016.

7. A.P., asesor municipal y referente del cooperativismo local, 20/4/2018.