Revista Administración Pública y Sociedad (APyS-IIFAP-FCS-UNC)

Nº 011, Enero-Junio 2021 - ISSN: 2524-9568 Gubernamentalidad, datos y algoritmos. La modernización del Estado argentino bajo el modelo de las plataformas digitales | VENIER

Respecto a la segunda de las condiciones mencionadas, el capitalismo informacional supone, según Nick Srnicek (2018), la respuesta a la crisis del capitalismo industrial que implicó en primer lugar la extracción y uso de los datos y la información como materia prima pero también la restructuración de los modos de explotación, las formas de organización de procesos productivos y del trabajo, la configuración de nuevos tipos de mercados y formas de acumular capital y de valorización de las mercancías (Srnicek, 2018). En esta modalidad de extracción y acumulación de capital se distinguen dos fases: una inicial denominada de redes y una avanzada llamada de plataformas (Zukerfeld, 2020) que es sobre la cual tematizaremos en este artículo.

En relación a la primera condición de emergencia, siguiendo a Pablo Rodríguez (2019), la instauración de la información como el a priori histórico de la episteme contemporánea resulta una profunda transformación en relación con la episteme moderna en cuyo núcleo se instalaba un sujeto reflexivo inscripto en relaciones que se articulaban en torno de la deliberación y el compromiso de la decisión (Sadin, 2018) que se expresaba en el espacio público. Esas relaciones que implicaban también técnicas y tecnologías de la información y que resultaban propias de la modernidad, van perdiendo entidad a partir de la operación de las tecnologías de la información digitales que extraen, procesan y acumulan datos asistiendo a las organizaciones públicas y privadas para gestionar diversos aspectos de la vida. Aquí se vuelven centrales las proyecciones algorítmicas sugeridas por los procesadores de datos, como instancias para legitimar la responsabilidad de instaurar y de decidir las elecciones públicas y privadas, individuales o colectivas. De esta manera el sujeto reflexivo (aunque manipulado por las técnicas de la comunicación y la opinión pública) deviene un sujeto de gobierno digitalizado y datificado, instalándolo en un ámbito de acción que se desplaza a un espacio público colonizado por las interfaces digitales, creando por lo tanto nuevas formas de articulación política que es necesario relevar. Lo que se advierte es un paulatino relevo o mutación de aquellas técnicas gubernamentales que se apoyaban en los medios masivos de comunicación y a las que ahora se incorporan los dispositivos digitales conectivos (particularmente los teléfonos móviles) que proveen gran cantidad de datos de los individuos usuarios de esas tecnologías.

Este estilo emergente de la acción gubernamental se instala en un sistema de gestión y organización de la sociedad, la cultura y la economía asistido computacionalmente que es denominado “plataforma” el cual, como lo mencionamos, constituye el modelo en torno al cual se organiza la actual fase del capitalismo informacional. Las plataformas pueden comprenderse, a nivel mas general, como infraestructuras digitales que permiten la interacción (Srnicek, 2018: 43), son una arquitectura computacional programable diseñada para organizar las interacciones entre los usuarios (Van Dijck, Poel, & de Waal, 2018). El conjunto de técnicas y tecnologías que dan forma a las plataformas emanan de la convergencia de las agendas de la ciencia computacional, la administración pública, y la industria del software y hardware, pero que tienen como sustrato el pensamiento cibernético. Esto lo podemos constatar de la lectura de los textos fundacionales de uno de sus mentores, Norbert Wiener, cuando en el año 1948 sostiene que en el futuro tendrán cada vez más importancia las comunicaciones entre máquina y máquina, y que esas máquinas, entre otras

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muchas cosas, van a organizar una tercera revolución industrial centrada en la información. Entonces, lejos de sostener un determinismo tecnológico, estos desarrollos responden a lo que el Colectivo Tiqqun señala como la hipótesis cibernética que no es una hipótesis tecnológica sino política ya que

ella propone concebir los comportamientos biológicos, físicos y sociales como integralmente programados y re-programables. Más precisamente, ella se representa cada comportamiento como “pilotado” en última instancia por la necesidad de supervivencia de un “sistema” que lo vuelve posible y al cual él debe contribuir. (Tiqqun, 2013:4)

Desde esa racionalidad gubernamental cibernética se piensa un sujeto de conocimiento y de gobierno cuyas conductas cotidianas y agenciamientos pueden conducirse a partir de la mediación de complejas interacciones dinamizadas por dispositivos tecnológicos que dan acceso a plataformas digitales públicas y privadas conectadas cuyo uso permite capturar formas tecnificadas de socialidad, una gestión eficiente de la vida cotidiana, la información y el entretenimiento.

Este trabajo se plantea elaborar una grilla analítica para abordar la implementación en la Argentina de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional entre los años 2017 y 2019 por el gobierno de la Coalición Cambiemos como una apuesta de modernización del Estado.

Enfoque metodológico

Lo que interesa en este artículo es compartir un modo estudiar la plataforma gubernamental como soporte del gobierno electrónico o del gobierno digital en tanto objeto técnico de las “tecnologías de poder” entendidas éstas como procedimientos a través de los cuales las relaciones de poder se articulan en una sociedad determinada mediante la producción de regímenes específicos de verdad. (Foucault, 1994). Pero las tecnologías no constituyen elementos que actúan aislados sino que su eficacia está relacionada al rol de sinergia que producen con otros elementos heterogéneos. Para dar cuenta de esa sinergia diremos que la tecnología resulta un concepto que se refiere no solo a un artefacto de forma aislada, sino también a las formas de conocimiento, habilidad, diagramas, gráficos, cálculos y energía que hacen posible su uso. La idea de que un dispositivo o instrumento no humano pueda funcionar de manera autónoma de sus múltiples conexiones con otros elementos humanos y no humanos (lenguaje, cuerpos, mentes, deseo, habilidades prácticas, tradiciones de uso) resulta un reduccionismo (Barry, 2001:9). Para hacer mas precisos en la consideración recuperamos de Barry la noción de “zona tecnológica” la cual es comprendida como una red de elementos heterogéneos que interactúan en base a objetivos molares comunes y un control del entorno permanente (Barry, 2001). El abordaje para analizar el modo en que las plataformas digitales intervienen en el gobierno de las personas, se recuesta en la perspectiva de la historia crítica de la gubernamentalidad que toma elementos de la genealogía propuestos por Michel Foucault (1999). La mirada que se agudiza en este enfoque es la analítica del gobierno, la cual se construye a partir de enunciados y prácticas que permitan reconocer las condiciones en las

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que emergen, permanecen y mutan las entidades particulares o regímenes de prácticas (Dean, 2010) en nuestro caso, el gobierno a través de las plataformas.

La analítica de las prácticas de gobierno implica un análisis material que se centra en los regímenes de prácticas discursivas y no discursivas buscando dilucidar su lógica, identificar su emergencia, examinar los elementos que las constituyen y seguir diversos procesos y relaciones a través de los cuales estos elementos se ensamblan en formas diversas, mientras el sujeto se constituye dentro de un campo de saberes. Las prácticas emergen en un momento específico de la historia y quedan inscriptas en relaciones de poder, que tejen redes. Por eso: “...aunque las prácticas son singulares y múltiples, deben ser estudiadas como formando parte de un ensamblaje, de un dispositivo que las articula” (Castro Gómez, 2010: 29), lo cual funciona a partir de “reglas”. Esto conlleva, en este estudio sobre las plataformas digitales, a la noción de técnicas como esos: “…procedimientos reglados, maneras de hacer que han sido reflexionadas y están destinadas a operar sobre un objeto determinado un cierto número de transformaciones. Esas transformaciones están ordenadas a ciertos fines que se procuran alcanzar a través de dichas transformaciones” (Foucault, 2013:11).

De este modo, “los conjuntos de prácticas o regímenes de prácticas”, según expresiones de Foucault, tienen una “racionalidad”, que remite a las reglas, que acompañan a las prácticas mismas y se transforman con el tiempo. En este sentido Foucault se interesa por la “racionalidad política”, entendiendo por tal los entramados discursivos en los que el poder es ejercido, enunciado y conceptualizado, ante todo a partir del registro de la problematización, la cual: “…no quiere decir representación de un objeto preexistente, así como tampoco creación mediante el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de las prácticas discursivas o no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento…” (Foucault, 1991: 231).

El camino es volver sobre el itinerario de las zonas tecnológicas siguiendo a Barry o en el sentido en que lo entienden Foucault y Deleuze como una herramienta para pensar la conexión entre elementos heterogéneos “entre discursos y arquitecturas” (Foucault, 2014, p.

227)y entre programas y mecanismos (Deleuze, 2007) entre prácticas y disposiciones. Estos elementos no emanan de una misma lógica, sino que más bien son un acople de partes que funcionan como un todo. Este desafío implica indagar en los intersticios de tecnología, política y economía lo que, en términos de Lafleur, requiere esclarecer el juego de relaciones de

“objetos heterogéneos discursivos y materiales, humanos y técnicos, lógicos y estratégicos que influyen en el campo de posibilidades de los protagonistas que se enredan con él” (Lafleur,

2015, p. 2).

Entonces para reconstruir algunos de los elementos del diagrama recuperamos de un conjunto documentos institucionales, reglamentaciones, políticas y manuales de uso, los enunciados mediante los cuales se configuran esta novedosa técnica de gobierno y se objetiva al sujeto de gobierno.

Antes de avanzar en la caracterización de la Plataforma Digital del Sector Público Nacional, indagaremos la emergencia de las plataformas digitales como artefactos que traman las redes

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sociotécnicas y luego los vínculos que enlazan este artefacto con racionalidades gubernamentales como la neoliberal.

De la transparencia de la web 2.0 a la opacidad de la plataforma

“Las plataformas no reflejan lo social: producen las estructuras sociales en las que vivimos” (Couldry y Hepp, The Mediated Construction of Reality, 2016).

De acuerdo a la genealogía relevada por José Van Dijck en su historia crítica de las redes sociales (2016) el nacimiento modelo de plataforma respondía al espíritu democratizador que inspiró a desarrolladores de la web 2.0 cuyas estrategias se fundamentaban en el desafío de desarrollar un

[…]no mercado cooperativo, un sistema de producción entre pares destinado a satisfacer necesidades comunicacionales y creativas por medio de redes de individuos vinculados por propósitos afines. (Van Dijck, 2016, p. 34)

Con este impulso, según el análisis de Benkler, se planteaba configurar una “esfera pública de la red” que promueva una “comunidad por encima del comercio” (Benkler en Van Dijck, 2016, p. 34). Bajo esta lógica colaborativa se generaron diversos espacios en internet considerados por sus creadores como “experimentos de ciudadanía online” que apuntaban a reinventar las reglas del gobierno democrático en el que los usuarios-ciudadanos administrarían y gestionarían esos espacios tensionando las coacciones del Estado y del mercado. Así, durante los primeros años de desarrollo de las plataformas (2000-2005), las comunidades de usuarios tuvieron un rol central en el gobierno de sitios como YouTube, Facebook, Wikipedia y Flickr con un discurso que apuntaba a un espacio público transparente, autorregulado y vigilado por los usuarios y libre de las restricciones y coacciones institucionales o corporativas.

A partir del año 2005 estas experiencias de autogobierno se complejizaron primero por el crecimiento exponencial de los usuarios participantes de las plataformas (Van Dijck afirma que la cantidad y diversidad de usuarios dificultaba la auto-vigilancia para asegurar la convivencia) y como consecuencia de ese crecimiento los beneficios económicos aumentaban y las empresas que administraban las plataformas comenzaron a priorizar las estrategias lucrativas por sobre los requerimientos de las comunidades de usuarios. Un aspecto del que llama la atención Vannini es que si bien en lo operativo las lógicas colaborativas mutaron en lucrativas, en el plano discursivo perviven los conceptos de la economía social como la igualdad, solidaridad, cooperación, etc. (Vannini, 2019). Entre las estrategias de monetización que fueron desarrollando las empresas que administran las plataformas se destacan la venta de espacios para publicidad (al igual que los medios de comunicación tradicionales) y la comercialización de la información o datos que los propios usuarios generan en sus interacciones online y en el registro de sus actividades (tanto online como offline) que se generan a través de los dispositivos móviles.

En su libro The platform society, Van Dijck, Poell y de Waal (2018) acuerdan en que las plataformas en-línea están en el centro de un desarrollo importante y se fundan en una visión

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integral de un mundo conectivo y su presencia está afectando a las instituciones, las transacciones económicas y las prácticas sociales y culturales. Las plataformas, sostienen los autores, se están infiltrando gradualmente y convergiendo con las instituciones y prácticas (fuera de línea, heredadas) a través de las cuales se organizan las sociedades democráticas produciendo una "sociedad de plataforma", un término que enfatiza la relación inextricable entre las plataformas en línea y las estructuras sociales.

En términos generales puede decirse que las plataformas están alimentadas por datos1; automatizadas y organizadas a través de algoritmos e interfaces; formalizadas a través de relaciones de propiedad impulsadas por modelos comerciales; y gobernadas a través de términos y condiciones fijados por las propias empresas. Ese espacio de intercambio e interacción entre personas-usuarios también constituye un fructífero modelo de negocios denominado Online Platform Economy que comenzó con las empresas de servicios digitales (como Google, Facebook, etc.) y hoy se expande a empresas de diversos sectores y tamaños de la economía. La base de este modelo de negocio emerge con el esquema de las “ganancias en base a la apertura” (profit from opennes) el cual descansa en la explotación del trabajo impago (free labour) “llevado adelante en el tiempo de ocio por parte de sujetos que participan en comunidades de pares o como prosumidores de alguna plataforma” (Zukerfeld, 2020:13). El modelo de plataforma, ya extendido como régimen de mercado, es adoptado por el sector público para el gobierno del Estado y de la población, en tanto permite la coordinación e implementación de políticas públicas y la generación y análisis de datos de conductas de los ciudadanos.

De esta manera los datos proporcionan el combustible para una conectividad creciente entre plataformas. Mediante las denominadas Interfaces de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) las plataformas, posteriormente, ofrecen a terceros el acceso controlado a los datos de su plataforma, brindándoles información detallada sobre el comportamiento y las métricas del usuario, información sobre la cual pueden construir nuevas aplicaciones o plataformas (Van Dijck et al., 2018, p. 9).

Finalmente, otro de los componentes significativos de la arquitectura conectiva de las plataformas son los conjuntos de instrucciones automatizadas para transformar los datos de entrada en una salida deseada (Gillespie 2014; Pasquale 2015) más conocidos como algoritmos. Van Dijck et al. destacan que las plataformas los utilizan con la funcionalidad de filtrar automáticamente enormes cantidades de contenido y conectar a los usuarios con determinado contenido, servicios y anuncios en virtud de los datos sobre intereses y preferencias de los usuarios. Existe toda una problematización en torno al modo en que se establecen esas conexiones ya que en la aparente naturalidad y objetividad de las opciones que muestran las aplicaciones, en realidad operan fórmulas poco transparentes que distribuyen y muestran discrecionalmente la información y las opciones a los usuarios (Van Dijck et al., 2018, p. 10).

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Sociedad de las plataformas: capitalismo de vigilancia

En un trabajo titulado Beyond surveillance, su autor Bernard Rieder (2017) plantea que desde la Segunda Guerra Mundial se establecieron estrechas relaciones entre la computación y los mercados. Para ello, como punto de partida, retoma la línea de investigación de Foucault en torno a la distinción entre el liberalismo de la Escuela de Friburgo y el de la Escuela de Chicago y la afirmación de que el mercado no es algo que se da naturalmente sino que debe producirse, más allá de las posiciones en torno al modo en que debe funcionar un mercado. A tales efectos Rieder busca recuperar los argumentos a partir de los cuales se sugiere que las tecnologías de la información facilitan la organización y la coordinación de las formas de interacción en los mercados. Entre quienes han teorizado sobre esta relación retoma a Ciborra (2017) quien sostiene que las tecnologías computacionales “son un medio para crear/expandir mercados al reducir los costos de búsqueda, contratación y control” (Ciborra en Rieder, 2017, p.5) y por tanto un medio para agilizar las transacciones. Además, tomando el argumento complementario de Agre, Rieder encuentra que la reducción de los costos de transacción que facilitan las tecnologías de la información se hace posible gracias a formas de gramatización y desambiguación que se aplican cuando las actividades son mediadas por procesos matemáticos computacionales.

Al imponer una forma matemáticamente precisa sobre actividades no formalizadas previamente, la captura estandariza esas actividades y sus elementos componentes y, por lo tanto, las prepara […] para una eventual transición a relaciones basadas en el mercado. (Agre en Rieder, 2017, p.5)

Una de las más intensas expansiones de los mercados en los últimos años fue la valorización como mercancía de los datos, en tanto información, que aportan los usuarios a partir de sus interacciones y prácticas online. La monetización de los datos y la información digital de aquello que las personas hacen en su vida cotidiana y que es registrada por los aparatos tecnológicos vinculados a internet, ha resultado una actividad lucrativa que ha permitido revitalizar la economía generando nuevas formas de negocios y nuevas estrategias de incitación al consumo mediante la información de los individuos abriendo al mismo tiempo nuevos mercados. La información que se obtiene mediante los procesos de datificación ya no es aquella fragmentada o proyectada estadísticamente de las masas de consumidores, votantes, ciudadanos, usuarios o audiencias, sino que mediante estos procesos se obtienen, depuran y sistematizan grandes volúmenes de datos de lo que hacen todos y cada uno de los individuos que se vinculan a las plataformas mediante un perfil de usuario a través de algún dispositivo tecnológico conectado a internet.

En los análisis realizados por Shoshana Zuboff (2015, 2019) aparece la afirmación de que se está configurando todo un tipo de conocimiento social predictivo en virtud de la conectividad que los protocolos de internet facilitan para vincular múltiples procesos, dispositivos y aplicaciones para obtener la información que se genera gracias a la datificación de diversos ámbitos del comportamiento de los individuos a partir del estrecho vínculo afectivo y funcional con los aparatos tecnológicos y las aplicaciones de socialidad.

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Aquí, según Sadin (2018), se transformaría el marco de referencia para la toma de decisiones y elecciones públicas cuya evaluación se desplaza de la experiencia cotidiana donde se tiene contacto directo y sensible con las cosas, hacia un espacio cuya referencia está definida por una diversidad de aplicaciones que responden a algoritmos programados para iluminar y orientar la elección (Sadin, 2018, p. 30). De esta manera, las acciones en internet contribuyen a instaurar un nuevo espacio de veridicción y de gobierno de la vida del individuo y de las poblaciones y que las ciencias sociales y políticas han comenzado a problematizar2.

En este sentido puede afirmarse, siguiendo a Zuboff, que en la economía digital hay una convergencia de actividad lucrativa y vigilancia, lo que lleva a que se hable de “capitalismo de vigilancia” (Zuboff, 2015, 2019). La economista norteamericana sostiene que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de datos que se generan y que las empresas y gobiernos registran y comparten sobre las actividades y conductas de los individuos que interactúan con los dispositivos y las aplicaciones digitales.

En su estudio sobre esta forma de ejercicio del poder mediante el registro de datos puesto en práctica a partir la primera década del siglo XXI, Zuboff sostiene que no debe entenderse como una consecuencia o un efecto derivado de las formas de mediación que han facilitado las TICs, sino que hay que asumirlo como uno de los principales objetivos de su desarrollo:

El big data no es una tecnología o un inevitable efecto de la tecnología. No es un proceso autónomo tal como Schmidt y otros pretenden hacernos pensar. Esto es originado en lo social, y es allí donde debemos encontrarlo y conocerlo […] big data es sobre todo el componente fundacional en la profundamente intencionada y altamente significativa, nueva lógica de acumulación del capitalismo de vigilancia. (Zuboff, 2015, p. 75)

Esta afirmación nos aproxima a un análisis realizado por Michel Foucault en el año 1978 en una conferencia dictada en la Universidad de Vincennes publicado bajo el nombre de Nuevo orden interior y control social (Foucault, 1985) donde advertía la emergencia de una nueva economía del ejercicio del poder para garantizar el orden social. Esa nueva tecnología se asentaría en un “sistema de información general” que permitiría no tanto vigilar de manera exhaustiva a todos y cada individuo, pero si localizar y administrar zonas vulnerables para la seguridad del estado y modular las zonas de tolerancia (Foucault, 1985).

Esta forma de vigilancia de las sociedades contemporáneas asume, siguiendo a Manuel DeLanda (1991), una forma “panspectrica”. A diferencia del panóptico de Benthan que posiciona algunos cuerpos humanos alrededor de un sensor central, el panspectro diseñado por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos3 despliega una multiplicidad de sensores alrededor de todos los cuerpos: cámaras, satélites, computadoras, celulares, etc. Según DeLanda este mecanismo captura, compila y guarda información sobre todo lo que ocurre utilizando computadoras que seleccionan los segmentos de datos relevantes para las tareas de vigilancia.

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Gobierno como plataforma

El modelo de plataforma, ya extendido como régimen de mercado, es adoptado por el sector público para la administración del Estado y de la población en tanto permite la coordinación e implementación de políticas públicas, la administración de bienes públicos y la generación y análisis de datos de la población. Si bien la arquitectura de funcionamiento de las plataformas gubernamentales encuentran similitudes con las plataformas corporativas (conectividad, automatización de tareas administrativas, captura, almacenamiento y procesamiento de datos), lo cierto es que también se verifican diferencias operativas y conceptuales: los bienes y servicios que interconectan son públicos; los contenidos y servicios son elaborados y gestionados en todas sus fases por funcionarios o trabajadores estatales; las formas de intercambio y uso así como los servicios prestados se ajustan a normativas legales dictadas por el mismo Estado. Pero más allá de estas similitudes y diferencias, el desarrollo de las plataformas públicas gubernamentales no pueden ser implementadas por el Estado argentino de manera autónoma, por lo cual requiere establecer vínculos comerciales y estratégicos con las empresas del sector informacional que operan diferentes tipos de plataformas.

En el caso de la implementación del modelo de plataformas en nuestro país, si bien la adopción de tecnologías informáticas como política pública remite a la década de 1990 y se consolida en la década del 2000, durante el período de 2015-2019 la coalición gobernante en Argentina dio un fuerte impulsó a este proceso bajo el signo de la modernización del Estado y con el objetivo de eficientizar y desburocratizar el funcionamiento de las áreas de gobierno en todas las escalas teniendo como arquitectura las plataformas digitales. Las bases de las nuevas técnicas gubernamentales se encuentran expresadas en la implementación del año 2017 de la “Plataforma Digital del Sector Público Nacional”. Esta herramienta se desarrolló como parte central del programa para el Gobierno Digital gestionado en la órbita del Ministerio de Modernización de la Nación y que tenía como pilares la digitalización de trámites y actividades gubernamentales y la generación y apertura de datos públicos. El marco conceptual del Plan y las acciones implementadas durante los años 2017 y 2019 responden a los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico4 (OCDE). Su aplicación en nuestro país se formalizó mediante un convenio de cooperación denominado “Plan de Acción de Argentina5” y sus resultados se describen en el informe publicado con el título Digital Government Review of Argentina: Accelerating the Digitalisation of the Public Sector (OCDE, 2019).

La OCDE destaca en el documento que entre los fundamentos para la expansión del Gobierno Digital están el “impulso de los ciudadanos y las empresas, en tanto usuarios de los servicios” prestados por el Estado, como referencia para relevar necesidades y diseñar políticas; la “proactividad” enunciada en términos de anticiparse a los conflictos y las demandas a partir de una política de uso y apertura de datos públicos, es decir un gobierno basado en la gestión de datos; tender a un diseño digital del funcionamiento del Estado; concebir “el gobierno como plataforma” en tanto arquitectura conectiva que permitiría “aprovechar la creatividad de la población y crear colaboraciones” para abordar políticas (OCDE, 2019, p. 2).

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Según el Decreto presidencial 87/20176 que crea la Plataforma Digital del Sector Público Nacional, establece que la misma “estará integrada por portales de Internet, aplicaciones móviles, guía de trámites, SMS y servicios de atención prestados a través de redes sociales, entre otras herramientas utilizadas por los organismos y jurisdicciones” (Decreto 87/2017, Art. 1). Como segunda medida se unifican todos los sitios web del gobierno en un único sitio que es argentina.gob.ar. La centralización implica la conectividad entre un número importante de políticas públicas y trámites de la administración a nivel nacional y local (cerca de mil quinientos trámites correspondientes a sesenta organismos públicos). Dentro del portal web general se crea el perfil digital del ciudadano 'Mi Argentina', como medio a través del cual las personas “podrán acceder a los servicios prestados por el Estado, efectuar trámites, consultar el estado de los mismos, solicitar turnos, acceder a información y definir sus suscripciones” (Decreto 87/2017, Art. 2).

Mi Argentina es una interfaz de vinculación digital del Estado con los ciudadanos mediada por computadora o dispositivos móviles. Esta interfaz incluye una serie de prestaciones a la que se ingresa mediante la creación de un “perfil de ciudadano”. Una vez creado el perfil puede acceder a un conjunto de servicios personalizados de acuerdo al “nivel de usuario”. El nivel de usuario básico le da accesibilidad a información general de áreas de gobierno o el acceso a servicios online. El nivel avanzado permite obtener más prestaciones personalizadas y ello se obtiene una vez que se valida la identidad del ciudadano/usuario. La validación de la identidad se realiza únicamente con aplicación Mi Argentina descargada en un dispositivo móvil mediante un sistema de reconocimiento de datos biométricos que opera con la cámara del dispositivo.

En esta nueva tecnología de gobierno aparecen ya desde la formulación del instrumento legal una serie de relevos en las categorías con que se designan a los procesos y elementos que conforman esta modalidad de relación entre gobernantes y gobernados. Esos relevos los encontraremos definidos con más precisión en los términos y condiciones de uso de la plataforma pública dando cuenta del ingreso a la lógica de las plataformas corporativas para establecer la relación política donde el ciudadano pasa a ser denominado como usuario, las políticas públicas se denominan servicios y el Estado es el administrador de servicios.

Del gobierno electrónico al gobierno digital.

Una segunda transformación conceptual es la caracterización de la forma que asume el modo de gestión gubernamental: el paso del gobierno electrónico al gobierno digital. La noción central con que se operaba para la modernización de la gestión pública a partir de la década de 1990 era el “gobierno electrónico” o “e-gobierno” la cual se refería a la aplicación de las TICs en la gestión de la administración pública7, técnicas que fueron promovidas intensamente por la Organización de Estados Americanos (OEA) desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva8. Este modelo de gestión del Estado coincide con el final de la primera fase del capitalismo informacional caracterizada como fase de redes (Zukerfeld, 2020). En Argentina las iniciativas o acciones inscriptas en este paradigma del gobierno electrónico para la Administración Pública Nacional encuentra como antecedente de programa gubernamental la

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Resolución 97/97 de la Secretaría de la Función Pública la cual establecía las “Pautas de Integración para las Páginas Web de la Administración Pública Nacional". Con esta resolución se planteaba la necesidad de centralizar la gestión y el diseño de los sitios web del gobierno nacional cuya única aplicación en aquel momento era la de mostrar información estática, una modalidad de uso de la internet que se correspondía con las funcionalidades propias de la web

1.0.En cuanto a los programas de incorporación de TICs a nivel estructural se reconocen como antecedentes el “Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional” (Decreto Nro. 103/2001) y el “Plan Nacional Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de la Administración Pública Nacional” (Decreto Nro. 378/2005). La perspectiva de estos programas de tecnologización de la gestión pública reconocía la función de las TICs para la optimización de las tareas administrativas y la transparencia de cara a la ciudadanía. En este sentido ponía énfasis en la configuración de la infraestructura informática para el registro y tramitación de expedientes entre las diferentes oficinas de la APN y facilitar la disponibilidad y acceso de información a ciudadanos y ciudadanas.

Las posibilidades de la conectividad habilitada por la internet 2.0 y el desarrollo y expansión de aplicaciones y dispositivos tecnológicos móviles va a producir el relevo de la noción de gobierno electrónico por la del gobierno digital. La bisagra que define el paso del gobierno electrónico al digital se concreta, en términos regulatorios, en el año 2009 con el impulso de la Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina (Decreto Nro. 512/20099) a partir de la cual se comienza a asumir una mirada en torno al potencial de las TICs para el gobierno que trasvasa la eficiencia en la gestión de expedientes y la información de los organismos públicos. Esta Estrategia concibe a las TICs como herramientas de la economía del conocimiento que sirven al desarrollo, la reducción de las desigualdades sociales y la participación ciudadana. Para lograr estas expectativas la el Decreto plantea el requerimiento de expandir el modelo a todos los ámbitos del Estado y de la sociedad civil y en el mismo decreto se expresa que las definiciones y fundamentaciones de los lineamientos de la Estrategia se apoyan en la Teoría de la Sociedad de la Información, la teoría del Capital Humano y en las formulaciones en torno a la administración pública y el gobierno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la OCDE .

Ahora veamos como es concebido el gobierno digital desde el programa gubernamental, para lo cual nos remitiremos al documento de la OCDE titulado Revisión del gobierno digital en Argentina. Acelerando la digitalización del sector público en el cual se lo define como

[…]el uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor público. Se basa en un ecosistema de gobierno digital compuesto por actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos e individuos que apoyan la producción de y el acceso a los datos, los servicios y el contenido a través de interacciones con el gobierno.(OCDE, 2019).

Analizando ese informe se encuentra que la opción por lo digital implicó para el gobierno nacional una apuesta por organizar una nueva inteligencia gubernamental que reduzca las intermediaciones de la política y que conecte todos los organismos del Poder Ejecutivo

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Nacional y a las jurisdicciones provinciales y locales. Los fundamentos de esta iniciativa fueron plasmados en el documento Bases para la Agenda Digital Argentina y el instrumento legal que le dio entidad de política pública fue el Decreto 996/2018.

Según el documento la Argentina posee una ventaja en el terreno para encarar de esta política de digitalización que se funda en el desarrollo emprendedor privado de la industria del software y del conocimiento. En el diagnóstico presentado por el documento no se encuentran referencias a políticas o iniciativas en materia de desarrollo o inclusión tecnológica implementadas por el gobierno anterior.

Las prácticas y directivas que orientan esta agenda política estaban en sintonía con las de la OCDE y el G20 lo que constituye una apuesta por incorporar a la Argentina en el escenario de la economía digital global. Este enfoque asegura, según el documento, un posicionamiento inteligente del país en el contexto de la economía de plataforma hacia la cual hay que dirigirse. Para fijar el timón hacia esa dirección se requiere construir los instrumentos que den señales claras a los empresarios y emprendedores locales para que sus procesos productivos se reconviertan o tengan algún punto de convergencia hacia lo digital. En este escenario el Estado también debe reconvertirse y adoptar las tecnologías digitales lo cual aseguraría no sólo la expansión del mercado, sino que también sumaría virtudes en transparencia y eficiencia. La consolidación del proceso de transformación de la matriz del mercado y del Estado requiere que todas las actividades de la vida cotidiana (educación, comercio, socialidad, entretenimiento) vayan apoyándose en las tecnologías digitales y para ello es necesario ampliar el acceso a las tecnologías y a la conectividad. En este sentido el primer objetivo de la agenda es “la inclusión digital plena de todos sus habitantes”. Aquí la inclusión es una condición para el éxito de este arte de gobierno mediado computacionalmente y esto se proponía lograrlo mediante la “alfabetización digital […] para incorporar herramientas digitales y desarrollar competencias para el uso de las tecnologías” y la “educación digital para favorecer la empleabilidad de los ciudadanos en el futuro” (PEN, 2019).

Digitalización del gobierno para gobernar con los datos

Los datos en este esquema constituyen un factor central de saber-poder ya que hay todo un flujo de grandes cantidades de datos de ciudadanos y ciudadanas que son compartidos entre el gobierno y las plataformas corporativas. El procedimiento por el cual se extraen los datos de los individuos está normatizado por instrumentos de tipo jurídicos definidos por las organizaciones que administran las plataformas sin una mediación legal en el modo de aceptación de los términos de uso y las responsabilidades de las partes. En los Términos y Condiciones Generales10 (TyCG) de uso de la plataforma queda expresado que los datos de ciudadanos no solo se compartirán entre las diversas áreas del gobierno para la aplicación de políticas públicas, sino que también serían capturadas y guardadas por las plataformas privadas. Para favorecer la conectividad entre Mi Argentina y las plataformas corporativas se regula la creación del perfil digital en el que se deben consignar obligatoriamente al menos un perfil de usuario de plataformas Google o Facebook. Esta conectividad entre plataformas

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públicas y privadas admitida por los TyCG de Mi Argentina habilita por defecto el intercambio de datos identificatorios de los usuarios.

También por defecto los ciudadanos que utilizan la plataforma permiten el uso de los denominados cookies que son softwares que capturan datos generados por el uso de las aplicaciones y los dispositivos mediante el cual se accede a Mi Argentina. Esta sesión de datos personales por parte del individuo es incitado por el interés de conexión a algún contenido, información o funcionalidad de aplicaciones.

Según los términos y condiciones, el administrador de Mi Argentina puede utilizar cookies con diversos propósitos, entre otros para “ofrecer contenido relevante y personalizado al Usuario según sus Datos Personales proporcionados” (TyCG Mi Argentina). Mediante el uso de la plataforma se recolectan datos que sirven para análisis y mediciones para la evaluación y mejora de MI ARGENTINA a través de un servicio de análisis web provisto por Google, Inc.11.

Aceptando el ingreso Mi Argentina “el Usuario consiente expresamente el tratamiento de su información por Google en la forma y para los fines aquí indicados” rigiéndose por los términos de privacidad establecidos en las Condiciones del Servicio de Google Analytics12. En esas condiciones del servicio se expresa que Google y las filiales propiedad de Google en su totalidad pueden conservar y utilizar, de conformidad con las condiciones de su política de privacidad, información recogida en el contexto del uso del servicio por parte del usuario13.

Frente a las políticas de uso y resguardo de los datos por parte de las corporaciones privadas, desde el gobierno nacional se produjo una fuerte apuesta por la libre disponibilidad de los datos públicos. Simultáneamente al desarrollo de la plataforma, en el ámbito de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de Modernización, se desarrolló el Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016) para la información generada por las diferentes áreas del gobierno. El dato abierto “es el dato público disponibilizado en un medio digital, bajo una licencia abierta y usando para ello un formato estándar abierto” (Borrmann et al., 2019, p. 9). Para la implementación de esta política se crearon una serie de organismos en el ámbito del Ministerio y luego Secretaría de Modernización, entre las cuales se encontraba el Laboratorio de Gobierno - LABgobar14 desde donde se sostiene que la gran cantidad de datos generados por Administración Pública tiene valor si se les da apertura liberándolos de su uso para cualquier persona que lo requiera ya que los datos “son de todas las personas y no pertenecen a ningún Gobierno. Su valor es enorme: los distintos sectores de la sociedad pueden tomar decisiones de muchísima importancia con ellos” (Iglesias et al., 2018).Para que la política de datos abiertos adquiera valor “es importante la adhesión de forma explicita a una licencia que permita la reutilización de los datos sin restricciones, evitando limitaciones al uso comercial” (Borrmann et al., 2019, p. 7).

Según el documento desarrollado por el equipo de la Dirección Nacional de Datos e Información Pública (Iglesias et al., 2018) los datos públicos abiertos derivan en cuatro conjuntos de beneficios: mejora el proceso de toma de decisiones permitiendo que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan verificar, fiscalizar y monitorear la Administración Pública; permite crear servicios y aplicaciones para optimizar la gestión; contribuye a la innovación y a la generación de valor brinda nuevas posibilidades de negocio al

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sector privado a partir de la creación de productos derivados de los datos, la reducción de costos y la posibilidad de abrir nuevas fuentes de trabajo gracias a los descubrimientos posibilitados por los datos (Iglesias et al., 2018, p. 6). Como resultado de la implementación de esta iniciativa, se pusieron disposición online 973 conjuntos de datos públicos y 33 organizaciones que abren datos para el acceso y uso libre15.

Conclusiones

En el armado de la grilla analítica de las técnicas de gobierno digital se revelan vínculos entre los modos con las que ciertas expresiones del neoliberalismo intentan promover la organización de los mercados y de lo social bajo una modalidad de gobierno que minimice el costo del ejercicio del poder para la conducción y la administración, mediante la asistencia del complejo computacional. La migración hacia una economía y una sociedad digital concentra los esfuerzos y las expectativas de los organismos de gobierno locales y globales puesto que supone un conjunto de beneficios, como la eficacia, eficiencia y la transparencia, que no hacen mella a posibles límites de este nuevo modelo. La concepción de este modelo de administración, como se vio en la breve referencia a su emergencia, antecedió al gobierno del período analizado, y del mismo modo su uso y aplicación se continuaron con el gobierno que le sucedió. En este sentido la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento social resultaron ser un catalizador de los procesos de digitalización de una amplia diversidad de prácticas socioculturales, educativas, sanitarias y económicas acelerando la migración de las actividades hacia lo “virtual” o digital del dispositivo socio técnico de la internet, con sus plataformas mediáticas y aplicaciones conectivas cuya infraestructura y soporte es brindado por el sector privado.

Aquí entonces asoma un primer límite a resolver que es el problema de la soberanía de los Estados Nacionales frente a la dependencia de la infraestructura y soporte tecnológico del mercado. Quienes promueven el gobierno digital ponen el acento en la transparencia, la apertura y la participación ciudadana y del sector privado en el definición e implementación de las acciones de gobierno, poniendo en el centro de esos esfuerzos a las tecnologías informáticas como las facilitadoras de la apertura. Sin embargo la migración hacia el gobierno digital supone migrar a una interfaz que no es gobernada ni regulada por el Estado Nacional sino por corporaciones privadas lucrativas que establecen normas de uso más allá del alcance de las jurisdicciones. Tanto la infraestructura como los espacios conectivos donde se producen los intercambios están bajo la supervisión del sector informacional quienes tienen las capacidades para regular el tránsito de los flujos de datos de las personas y las instituciones. Si reconocemos las limitaciones que implica para una organización estatal el tener que montar su acción a la infraestructura facilitada por las corporaciones privadas, la salida a este atolladero podría admitir dos alternativas: la estrategia encausada por el actual gobierno nacional en términos de soberanía tecnológica con el desarrollo por parte de ARSAT de la Nube Pública Nacional en el marco del Plan Conectar16; la segunda alternativa, quizá complementaria a la primera, sería apostar por un modelo que retome valores de la economía social para una economía del conocimiento que desde la multiplicidad de actores (empresas, universidades,

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organismos del estados, sociedad civil) funden las bases políticas y conceptuales de una plataforma pública social.

Un segundo problema que en parte deriva del anterior, es la vulnerabilidad en la que se encuentran los individuos datificados y geolocalizados frente a un modo de veridicción que se construye a partir de lo que Paul Ohm denomina la “re-identificación” o “desanonimización” (Ohm, 2010) de los datos, lo que implica básicamente vincular datos personales del orden de lo privado, con identidades o perfiles públicos17. Esta capacidad de identificar la multiplicidad de datos profundiza la desigualdad en la relación de poder entre el Estado y los actores sociales habilitando una herramienta de control y vigilancia ante que resulta inapelable. Como modelos eficientes de monopolizar, extraer, analizar y utilizar grandes cantidades de datos, las plataformas facilitan el uso de los datos como materia prima y mercancía del capitalismo de plataformas pero también y sobre todo en una un elemento del dispositivo gubernamental del capitalismo de vigilancia que posibilita achicar la trama del territorio para intervenir en la población a nivel micro cuando la situación lo amerite, individualizando la información, la comunicación, la localización y la acción. En el caso que analizamos, los dos usos de los datos aparecen ligados ya que el Estado argentino también requieren de la asistencia de las empresas del sector informacional como infraestructura sobre las cuales montar las prácticas y programas de gobierno.

Frente a las amenazas o riesgos que implica este arte de gobierno, pero alentados por los beneficios a la organización y desarrollo, una de las políticas implementadas para la auto- limitación estatal fue profundizar la apertura de los datos públicos. En los fundamentos que sostienen las políticas de los datos abiertos del gobierno argentino encontramos un conjunto de intensiones de transparencia y responsabilidad que podríamos admitir en nuestra consideración ya que postulan un alineamiento con los valores públicos vigentes en el plano de los derechos humanos. Sin embargo, si tomamos lo que plantean Van Dijck et al. (2018) en el ecosistema de plataforma actual, los organismos públicos no tienen más remedio que sucumbir a los mecanismos incorporados en el modelo, lo que desencadena preguntas fundamentales sobre valores en conflicto. Por ejemplo, ¿puede un Estado exigir a sus ciudadanos que utilicen el inicio de sesión de Facebook o exigir el uso de un teléfono celular bajo un entorno operativo de empresas como Google o Apple como una condición para acceder a políticas públicas, más aún sabiendo que los datos de los ciudadanos se comparten con estas compañías? Por otro lado, las fuerzas de seguridad y el poder judicial ahora utilizan Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter para monitorear el comportamiento individual y grupal en línea. Esto que de por sí resulta inquietante, se agrava cuando se advierte que los mecanismos de selección y filtrado incorporados en sus arquitecturas no están exentos de sesgos, que a su vez pueden replicar o amplificar valores implícitos y conducir a la discriminación o al perfil étnico tal como nos advierten Meijer y Thaens (en Van Dijck et al., 2018, p. 159).

Finalmente, el tercer aspecto que inquieta de las tecnologías de gobierno asistidas computacionalmente tiene que ver con las transformaciones de las prácticas de articulación o relaciones entre gobernantes y gobernados. Si bien quienes impulsan el gobierno digital lo

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hacen desde la pretensión de una mayor transparencia y eficiencia de los procedimientos administrativos, la manera en que se quiere llegar a ese fin requiere de herramientas cada vez más complejas que en la actualidad resultan inaprensibles e incognoscibles para el ciudadano y los funcionarios o agentes del gobierno. El acceso a la interfaz del gobierno digital es diseñado y administrado por procedimientos y sistemas informáticos mediante dispositivos tecnológicos sofisticados que requieren un conocimiento especializado, tanto en las fases del diseño y programación como para su operación. Pero también hay otra implicancia en la mediación de estos aparatos que es la presencia de una racionalidad política, como la cibernética que encuentra, en esta forma tecnológica de las plataformas, una economía en el ejercicio del poder, es decir un menor gasto al reducir la fricción conflictiva que se configura en la acción colectiva. En el devenir usuario del sujeto ciudadano y en la forma de servicio que asumen las políticas públicas bajo el modelos de las plataformas se configura un vínculo individualizado con la población bajo el cual parecería más eficiente en la anticipación o resolución algorítmica de los conflictos.

Si tal como pudimos encontrar en la implementación de la Plataforma del Sector Público, la distribución de los recursos y los bienes públicos es servida por un sistema de algoritmos y dispositivos operados por técnicos especialistas, y si los inputs para la definición de políticas son preferentemente datos extraídos a los ciudadanos por el propio Estado y por corporaciones lucrativas, lo que queda como preocupación en última instancia es la deriva por la que transitará el complejo proceso que articula los juegos de verdad, las técnicas de poder y las formas de subjetividad para producir sujetos de gobierno.

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1“Las plataformas recopilan automáticamente grandes cantidades de datos, tanto de contenido como de usuario (Driscoll 2012; Mayer-Schönberger y Cukier 2013; Turow 2012; Van Dijck 2014). La recopilación de datos está habilitada y configurada por hardware y software; Los dispositivos que las personas usan para acceder a los servicios de la plataforma a menudo vienen equipados con software y aplicaciones que pueden recopilar datos automáticamente. Con cada clic del mouse y movimiento del cursor, los datos del usuario se generan, almacenan, analizan y procesan automáticamente, no solo direcciones de protocolo de Internet y geolocalizaciones, sino información detallada sobre intereses, preferencias y gustos. "(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube o Google+) en sitios web (Gerlitz y Helmond 2013)” (Van Dijck et al., 2018, p. 9)

2Entre numerosos ejemplos encontramos el Social Media Research Group del Social Science in Goverment que en el documento Using social media for social research establecen métodos, técnicas y recursos de análisis de redes sociales digitales aplicado al gobierno. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/52 4750/GSR_Social_Media_Research_Guidance_-_Using_social_media_for_social_research.pdf

3La NSA (según sus siglas en inglés) es una agencia de nivel nacional del Departamento de Defensa bajo la autoridad del Director de Inteligencia. La NSA es responsable por el monitoreo global mediante la recolección y procesamiento de información y datos para fines de inteligencia extranjera y contrainteligencia.

4“La OCDE fue creada en 1960 con sede en París, para dar continuidad y consolidar el trabajo realizado por la antigua Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) que se había constituido para canalizar la implementación del Plan Marshall. La OCDE sustituyó a ésta en la tarea de impulsar la reconstrucción y el desarrollo en el continente tras la Segunda Guerra Mundial”. El objetivo principal de este organismo es “Lograr la máxima expansión posible de la economía y del empleo y aumentar el nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial” (Ministerio de Relaciones Exteriores de España).

5El plan fue presentado por el gobierno argentino al organismo multinacional en el contexto de la Reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20 celebrada en Baden, Alemania, del 17 al 18 de marzo de 2017.

6https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_publicado_87-2017.pdf.

7La OEA define el gobierno electrónico como “el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación

TIC, por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.” Consultado en https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp

8En el sitio web de la Organización de los Estados Americanos se encuentra la “Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad en las Américas” que resulta ser un compendio de instructivos, experiencias y legislaciones nacionales en torno al Gobierno Electrónico. Consultado en https://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp

9Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000- 154999/153245/norma.htm

10Consultado en https://www.argentina.gob.ar/mi/terminos-y-condiciones.

11“Mediante el uso de cookies Google Analytics obtiene información sobre la actividad de los Usuarios de MI ARGENTINA y sus direcciones IP. Google Analytics utilizará esta información por cuenta de MI ARGENTINA con el propósito de analizar y confeccionar informes sobre la actividad de los usuarios con el objetivo de mejorar los servicios prestados.” (TyCG Mi Argentina).

12https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/es/

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13“Google no compartirá con terceros los Datos de los Clientes del Usuario ni los Datos de los Clientes de Terceros a menos que Google tenga el consentimiento del Usuario en cuanto a cualquier Dato de los Clientes o el consentimiento de los Terceros en cuanto a los Datos de los Clientes de dichos Terceros […].” (Google LLC, 2019)

14https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/laboratoriodegobierno

15https://datos.gob.ar

16Por medio de la Resolución 720/2020 publicada el 22 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación autorizó la transferencia de $509.422.861 a Arsat en el marco del Plan Conectar lanzado en septiembre pasado por el presidente Alberto Fernández. El monto será destinado a la renovación, actualización y ampliación del equipamiento del Centro de Datos de la empresa estatal, lo que posibilitará la creación de la Nube Pública Nacional, la continuidad de servicios que se vienen brindando y ampliar la oferta de servicios tanto para organismos públicos como empresas privadas y cooperativas. Consultado en https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanza-el-desarrollo-de- la-nube-publica-nacional

17Paul Ohm (2010) llama la atención sobre las denominadas “ciencias de la re-identificación”, una subespecialidad informática cuyo objetivo es “desanonimizar”, esto es, vincular datos con identidades.

Según Ohm estos científicos han demostrado que a menudo pueden "reidentificar" o "desanonimizar" a las personas ocultas en datos anónimos con una facilidad asombrosa (Paesani y Ares, 2021).

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