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Revista Administración Pública y Sociedad

(APyS-IIFAP-FCS-UNC)

Nº 010, Julio-Diciembre 2020 - ISSN: 2524-9568

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y CONFLICTOS POR EL USO DE AGROTÓXICOS EN SANTIAGO DEL ESTERO (2001-2018)

TERRITORIAL TRANSFORMATIONS AND CONFLICTS DUE TO

AGROTOXICS USE IN SANTIAGO DEL ESTERO (2001-2018)

VIRGINIA TOLEDO LÓPEZi, JIMENA GARCÍA BATTÁN ii y HORACIO PEREYRA iii

Fecha de Recepción: 01/05/2020 | Fecha de Aprobación: 01/12/2020

Resumen: El presente artículo retoma los estudios sobre las	Palabras clave:
transformaciones territoriales derivadas del avance del agronegocio y	Conflictos
	Conflictos
presenta un análisis exploratorio de los conflictos por el uso de agroquímicos	ambientales.
en Santiago del Estero. A través de una combinación de métodos cuali y	Agroquímicos.
cuantitativos se observa el marco jurídico político, inscribiendo los	Agronegocio.
	Agronegocio.
problemas socioambientales generados por el uso de agrotóxicos en el
ámbito del derecho ambiental y de los Derechos Humanos. Además, se
presenta una caracterización de los conflictos ambientales por fumigaciones
y pulverizaciones en la provincia, clasificándolos por tipo de actores
involucrados, tipo de daños invocados, acciones desarrolladas y resolución
(o ausencia de ella), lo cual nos permite reflexionar sobre sus efectos
sociales.

Abstract: This article follows studies on the territorial transformations	Key words:
derived from the agribusiness expansion and presents an exploratory	Environmental
analysis of the conflicts over the agrochemicals use in Santiago del Estero.	conflicts.
Through a combination of qualitative and quantitative methods, it analyzes	Agrochemicals.
the political framework, linking the socio-environmental problems	Agribusiness.
generated by the use of agrotoxics in the field of environmental law and
Human Rights. Also, it presents a characterization of environmental conflicts
due to fumigation and spraying in the province, classifying by type of actors,
type of damage invoked, actions carried out and resolution (or its absence),
which allows us to reflect on their societal effects.

iDra. en Ciencias Sociales (UBA), Lic. en Relaciones Internacionales (UNICEN), Diploma superior en Estudios Sociales Agrarios (FLACSO). Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Grupo de Ecología Política del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)-CONICET, Santiago del Estero, Argentina. Contacto: vtoledolopez@gmail.com

iiLic. en Gestión Ambiental (Universidad Blas Pascal, UBP); Becaria doctoral CONICET en el INSIMA/Facultad de Ciencias Forestales (FCF)/UNSE; Investigadora del Grupo de Ecología Política del INDES (UNSE-CONICET), Santiago del Estero, Argentina. Contacto: jimegb@gmail.com

iiiLic. en Educación para la Salud (UNSE), Investigador del INDES (UNSE-CONICET), Santiago del Estero, Argentina. Contacto: munayruray@gmail.com

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Nº 010, Julio-Diciembre 2020 - ISSN: 2524-9568 Transformaciones territoriales y conflictos por el uso de agrotóxicos en Santiago del Estero (2001-2018)| TOLEDO LOPEZ et al.

Introducción

En las últimas tres décadas el mundo rural argentino y sudamericano atravesó un profundo proceso de transformación, vinculado a la irrupción de cambios tecnológicos y a la difusión del “modelo del agronegocio” (Gras y Hernández, 2013) como modo de gestión y organización predominante en los espacios, caracterizado por la concentración de los factores de producción y de las cadenas comerciales de insumos y productos (Poth, 2016), cuya expansión ha sido considerada como muestra de su carácter extractivo (Giarracca y Teubal, 2013; Svampa y Viale, 2014).

Particularmente, en Argentina este proceso se dinamizó a partir del año 1996, con la autorización de la producción y comercialización de la soja genéticamente modificada (GM) tolerante al herbicida glifosato, elaborado por Monsanto, que habilitó la expansión de la frontera de la agricultura industrial a través de la incorporación de superficies antes destinadas a otros usos en la región pampeana (con la consecuente intensificación ganadera) y por el avance de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas frágiles (Pengue, 2017). Tal como muestra la Figura 1, según las estimaciones agrícolas en la campaña 1990/91 se sembraron poco menos de medio millón de hectáreas de soja, en 2000/01 la superficie implantada con el mismo cultivo superó los 10 millones de hectáreas y actualmente promedia los 20 millones de hectáreas, de un área agrícola total en el país de 34 millones de hectáreas. El aumento de las superficies implantadas con este monocultivo transgénico, a las que se agregan otros como los del maíz GM1, se asocia también con el incremento del uso de agrotóxicos en el proceso productivo como parte del paquete tecnológico. Se estima que en Argentina se utilizan más de 525 millones de litros de agroquímicos por año2.

Entendemos que esta carga en el ambiente comenzó crecientemente a ser percibida como un problema en la medida en que se percibieron los impactos en los "cuerpo-territorio", tomando el concepto propuesto desde los feminismos comunitarios para dar cuenta de una mirada que interconecta el cuerpo propio con el territorio que se habita (Cabnal, 2010; Navarro-Trujillo, 2019).

Los pueblos han llevado a debate público las consecuencias del modelo productivo en general y de la utilización de agrotóxicos en particular, tanto para el ambiente como para la salud (Schmidt y Toledo López, 2018; Arancibia et al., 2018). En esta clave, se comprende a la lucha de los “pueblos fumigados” de Argentina como parte del movimiento de justicia ambiental (Berger 2012) en tanto, en paralelo a estos procesos de problematización social sobre el uso de agroquímicos en la producción agrícola, se ha remarcado la desigual distribución de riesgos y beneficios de esta actividad (Gras y Göbel 2014). Tal como indica Merlinsky (2017), son los movimientos de justicia ambiental los que evidencian los nexos existentes entre los riesgos ambientales y las desigualdades sociales, discusión que en América Latina ha estado asimismo asociada a la disputa por los supuestos beneficios de los modelos de desarrollo. En resonancia, se han visibilizado conflictos y controversias sociotécnicas por los efectos de los agroquímicos en el ambiente y la salud (Skill y Grinberg, 2013), y ciertas experiencias organizativas han co-

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Figura 1. Uso de agroquímicos (lt) y superficie sembrada con soja (has), 1990-2017

Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Datos Abiertos de la Secretaría de Agroindustria,

https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/estimaciones-agricolas y Naturaleza de derechos

http://www.naturalezadederechos.org/501.htm (Acceso 29/10/2019).

menzado a emitir declaraciones, construir políticas y alternativas productivas frente al avance del modelo de agricultura industrial. Por su parte, varios informes y organismos internacionales refieren a la “probable” peligrosidad del glifosato (Rossi, 2018) y algunos promueven su clasificación como tóxico pseudo-persistente en el ambiente (Primost et al., 2017). Por lo general el término "riesgo" se refiere a la existencia de un peligro bien identificado, asociado con un acontecimiento absolutamente descriptible o una serie de ellos, cuya ocurrencia es ciertamente probable en tanto conocemos las condiciones necesarias para que ellos ocurran (Callon et al., 2009). Entonces, podemos hablar de riesgo sólo en aquellos casos en los que el establecimiento de escenarios posibles ha sido lograda. Por otra parte, la percepción de estos riesgos es diferente en los distintos grupos sociales por estar mediada por procesos culturales y sociales (Douglas, 1996). De este modo se comprende la existencia de un proceso de construcción del riesgo (Callon et al., 2009). Además, la noción justicia ambiental permite analizar de qué manera los bienes naturales y los efectos de los procesos productivos (y sus riesgos), o en términos económicos algunas “externalidades”, son distribuidas en forma desigual sobre la población (Acselrad 2004). Siguiendo a Acselrald, Campello do Mello y das Neves Bezerra (2009) definimos a la (in)justicia ambiental como la imposición desigual de los riesgos ambientales a las poblaciones menos dotadas de recursos financieros, políticos e informacionales. En esta línea, señalamos la necesaria inscripción de la cuestión ambiental asociada al uso de agrotóxicos en el ámbito de los Derechos Humanos.

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En Santiago del Estero, el proceso de avance de la frontera agrícola se ha intensificado en las últimas décadas y aún persiste como parte de un proceso de acaparamiento de tierras (Gras, 2017), asociado a la creciente conflictividad en los territorios. Diversos estudios dan cuenta de la conflictividad territorial en la región, destacando igualmente la emergencia de nuevos movimientos sociales agrarios a este proceso (Aguiar et al., 2016; Slutzky 2005; Domínguez y Sabatino 2006, 2008; Moscuzza et al. 2008; Pengue, 2017; Cáceres 2014; Morello y Pengue 2007; Morello y Rodriguez 2009; Barbetta, 2009; Barbetta y Lapegna 2004, Redaf 2013).

Por su parte, si bien en la provincia contamos con registros sanitarios deficientes, existen varias denuncias por contaminación y casos de muertes por malformaciones atribuidas al contacto con agrotóxicos3, y hay estudios que dan cuenta de la presencia de agroquímicos en fuentes de agua (Mas et al., 2017; Bonilla Caballero, 2019). En un contexto de escasez de registros sanitarios y de controles respecto del uso de agrotóxicos, de dispersión legal e incumplimiento de las leyes existentes y de dificultades en la institucionalidad ambiental - comprendida como la capacidad del Estado, por medio de sus instrumentos de políticas públicas, para atender daños ambientales que impactan en la vida social (Cfr. Lanegra, 2014); que limiten el uso masivo de agroquímicos, se hace evidente la necesidad de estudios que aborden la temática con una perspectiva socio-territorial. Entonces, el presente trabajo busca aportar al conocimiento sobre los conflictos territoriales en contextos de avance del agronegocio, con especial foco en las comunidades rurales de Santiago del Estero. Se buscará de forma exploratoria dar cuenta de los impactos de las transformaciones vinculadas a la expansión del agronegocio en los modos de vida locales, a través del análisis de los conflictos ambientales por el uso de agroquímicos.

El presente estudio presenta una aproximación a los conflictos ambientales vinculados a fumigaciones y pulverizaciones con agrotóxicos en Santiago del Estero en el período 2001- 2018, a partir de una revisión de fuentes secundarias, que han sido complementadas con trabajo de campo. Así, durante el año 2018 se presentaron notas a la Dirección de Agricultura y Ganadería, y ante el Ministerio de Salud, ambas carteras de la provincia. En este marco se realizaron entrevistas a funcionarios de gobierno de dependencias de la provincia a fin de precisar datos de contexto respecto de la información pública disponible, y para comprender de qué manera la institucionalidad ambiental actúa ante demandas de justicia ambiental. También, con una perspectiva de justicia ambiental, se analizó el marco normativo vigente vis a vis la problemática de estudio.

A través de una complementación de metodologías cuantitativas y cualitativas, a partir del procesamiento de material hemerográfico local y nacional disponible en internet, legislaciones, estadísticas y revisión de bibliografía especializada, este trabajo busca visibilizar y comprender la problemática de los conflictos por fumigaciones en una provincia situada fuera del área pampeana al tiempo que analizarla, ofreciendo una sistematización de la información disponible y contextualizando las dimensiones político-jurídicas en que estos procesos se inscriben. Se relevaron un total de 22 casos de conflictos asociados al uso de agrotóxicos en la provincia entre los años 2001 y el 2018, que se constituyeron en el corpus de trabajo y fueron analizados mediante una matriz de datos que permitió la interacción entre diez variables, clasificándolos por tipo de actores involucrados, tipo de daños invocados, acciones

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desarrolladas y efectos a partir de las formas de resolución. El recorte temporal del relevamiento toma al año 2001 como punto de inicio, siendo cuando se publica el decreto reglamentario de la ley de agroquímicos de la provincia4, y se cierra cuando se presenta el informe al Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Estudio multicéntrico Salud Investiga “Riesgos e impactos socio-sanitarios de las fumigaciones con agroquímicos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe” (Schmidt et al., 2019), algunos de cuyos resultados son recuperados aquí.

Es importante señalar a modo de antecedente que hasta el año 2011 la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF, 2013), en su tercer informe sobre conflictos de tierra y ambientales en la región del Gran Chaco, señalaba la existencia de un conflicto ambiental en la provincia, y de 122 conflictos de tierra.5 En el presente trabajo más que de conflicto en el sentido abierto y estricto del término, los resultados dan cuenta de “situaciones y eventos conflictivos”, esto es, casos en los que se revela la existencia de un riesgo potencial y/o real sobre el ambiente y/o la salud vinculado a la exposición aguda o crónica a los productos químicos utilizados en el proceso productivo de la agricultura industrial, pero que no en todos los casos han cobrado visibilidad más allá de las escalas locales ni se han convertido en objeto de demandas o reclamos en el espacio público, en instancias judiciales y/o estatales. Nos interesa indagar en aquellos eventos en los que, en un momento histórico preciso, determinados aspectos de la relación sociedad-naturaleza son problematizados y adquieren relevancia pública como parte de un debate societal (siendo su presencia mediática un indicador de ello). Comprendemos este proceso como parte de la construcción social del riesgo, en el que progresivamente una situación es considerada como fuente de daños o peligro. Asimismo, siguiendo a Merlinsky (2013) consideramos a estos eventos como momentos de instalación de un problema en el espacio público, los que dan cuenta de la increscente conflictividad y remiten a la construcción de una cuestión ambiental.

A fin de esbozar de manera exploratoria algunas características de los efectos socioterritoriales de las situaciones conflictivas relevadas, retomamos el concepto de “productividades” (Merlinsky, 2013). La noción de “productividad”, propia de los análisis de los conflictos ambientales, nos provee un marco analítico clave para la comprensión de las dinámicas territoriales y sus contribuciones al desarrollo social (Melé, 2003; Merlinsky, 2013). El concepto permite observar las transformaciones en las situaciones originales que aportan en alguna medida, a un mayor conocimiento y problematización social sobre la temática o bien algún tipo de avance institucional y/o legal. Además, incluye la dimensión de los aprendizajes y conocimientos que estos procesos de construcción colectiva del riesgo traen aparejados. En esta línea, buscaremos a través del presente visibilizar y lograr reflexiones acerca de las características que asume la conflictividad por el uso de agrotóxicos en la provincia estudiada. En últimas, intentaremos contribuir a la construcción de políticas públicas y así también retomamos los esfuerzos por posicionar en el ámbito de las Naciones Unidas el crimen de ecocidio,6 que contemplaría situaciones como las aquí relevadas, permitiendo impulsar procesos judiciales contra empresas y corporaciones con responsabilidad civil y penal en el derecho internacional.

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Marco jurídico-político de la problemática por el uso de agroquímicos

A fin de observar el uso de los agrotóxicos desde la perspectiva del derecho ambiental, primero es necesario considerar las características que el régimen jurídico asume en el país. En principio, en Argentina la Constitución Nacional (CN) y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (enunciados en el art. 75 Inc. 22 de la CN)7 son instrumentos supremos en el orden jurídico. El artículo 41 garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, a la vez que crea un esquema de competencias concurrentes entre la Nación y las provincias, según el cual corresponde a la primera dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. Esto último se relaciona con el art. 121, que reserva a las provincias todas las competencias no expresamente delegadas al gobierno federal, y con el art. 124 que les otorga el dominio originario de los "recursos naturales", por lo que, tanto en el establecimiento de normas como en lo que refiere al poder de policía y control sobre cuestiones ambientales, las provincias conservan su competencia originaria.

En el orden de leyes nacionales en la temática, la Ley 25.675/2002 o Ley General del Ambiente establece en su art. 1 "los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable", y en el art. 2 define los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional, y en el art. 4 establece sus principios.

No obstante, Argentina no cuenta con una ley integral nacional y/o de presupuestos mínimos en la materia, sino que la competencia sobre el establecimiento de normas relativas a los agroquímicos es compartida por el Estado Nacional, las provincias y los municipios, lo que resulta en una gran dispersión legal, por medio de variedad de leyes, resoluciones y disposiciones administrativas (OHCHR, 2016; Marchiaro, 2011). Es competencia nacional la puesta en circulación de productos fitosanitarios en el territorio, así como el registro y la autorización de su comercialización (Berros, 2013).8 Por su parte la Ley 27.279 de 2016 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, definiendo un procedimiento obligatorio para todo el territorio nacional.

Desde una perspectiva ambiental y de derechos humanos, otras leyes que inciden en la materia son la Ley 24.051 de 1991: Ley de Residuos peligrosos, que en su art. 2 afirma "será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general" y en el anexo I, menciona a los “desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios", entre los ejemplos a los que refiere la normativa. Asimismo, en 2014 se aprueba el nuevo código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) de la Nación y se introducen los derechos colectivos. El nuevo CCyC se caracteriza, entre otras cosas, por ser un Código de los derechos individuales y colectivos. Definición que, si bien ya estaba contenida en la CN, el Código afirma la prevalencia y supremacía de los derechos colectivos a los individuales. Además, el Código Alimentario Argentino, puesto en vigencia por la Ley 18.284 (Decreto 2126/71) con las denominaciones de Agua potable de suministro

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público; la Ley Nacional de tránsito 24.449 (Decreto 32/2018.3) que en su art 7.3 regula sobre maquinarias agrícolas; la Ley 25.688 que establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas; la Ley 27.275 sobre el “Derecho de Acceso a la Información Pública” y la Ley 25.831 que define el “Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental” para toda persona física o jurídica. Por último, la Ley 26.061 de 2005 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual define como interés superior “el respeto de su centro de vida” (art. 3).

Finalmente, cabe señalar que en Argentina “la mayor parte de la legislación ambiental es de carácter contravencional” (...) “En cuanto a la acción penal ambiental, es dable señalar que nuestro derecho penal –ni tampoco el derecho penal en general -puede ser ajeno a la cuestión ambiental, aun cuando se entienda que el ejercicio de la acción penal debe ser precedido de otro tipo de ordenamientos o procedimientos como el administrativo” (Salmieri Delgue, 2016: 14). Vale aquí marcar que en el Código Penal los delitos ambientales son definidos como “delitos contra la salud pública”.

Por su parte, Berros (2013) ha señalado que la construcción de la cuestión ambiental en el ámbito jurídico ha contribuido a delinear un “entramado precautorio” (compuesto por decisiones judiciales, normativas locales, provinciales, nacionales -también inspiradas en el derecho internacional-, e incluso internacionales, estructuras y procedimientos estatales). De esta forma, como consecuencia de la creciente sanción de ordenanzas y proyectos que establecen zonas de exclusión para el uso de agroquímicos en años recientes, así como de una amplia jurisprudencia en la materia (Cabaleiro, 2020), se ha positivizado el principio precautorio en la legislación argentina. Asimismo, como muchos de los problemas "ambientales" pueden ser leídos tanto como daños o riesgos ambientales y también indirectamente como relativos a la salud humana, se ha planteado la posibilidad de extensión del principio precautorio del ámbito ambiental al ámbito de la salud (Schmidt y Toledo López, 2018).

En el nivel de las legislaciones provinciales, en Santiago del Estero la Constitución Provincial de 2005 en su Capítulo V, art. 35 anuncia que

“todo habitante tiene derecho a un ambiente sano y a que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, la conservación de los recursos naturales, culturales y la diversidad biológica y la preservación de la flora y fauna. Se prohíbe el ingreso, la instalación o radicación en el territorio provincial de residuos actuales o potencialmente tóxicos”.

En el artículo 219 establece que las cartas orgánicas determinarán, las funciones a cumplir por las municipalidades, conforme a sus respectivas categorías y referentes a las siguientes áreas: Desarrollo local, Higiene y salubridad pública, Salud y asistencia social, Protección del medio ambiente y cualquier otra función relacionada con los intereses locales. Por su parte, la Ley 6.321 de 1996 establece normas generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente y los "recursos naturales".9 Además la provincia mediante Ley 7.155 de 2014 se destaca por ser la única en la que se han “creado” Juzgados en Derechos Reales y Ambientales que no se hayan implementado.

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Sobre “agroquímicos” en Santiago del Estero la Ley 6.312 de 1996 prohíbe (en sus artículos 36 y 37) la aplicación de agroquímicos a una distancia respecto a las “plantas urbanas” inferior a 3000 metros por vía aérea (con excepciones) y de 500 metros por vía terrestre para las categorías de mayor toxicidad (las cuales están desactualizadas respecto de la legislación nacional), y sin definir de forma precisa el concepto de “planta urbana”.10 Establece al Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, como organismo de aplicación de la presente Ley, en su art. 3. En tanto el art. 39 habilita a cualquier persona a denunciar ante la autoridad de aplicación todo hecho "que produzca desequilibrios ecológicos, daños al medio ambiente, a la fauna, flora o a la salud humana". Además de la normativa provincial, hay legislaciones de orden municipal que regulan el uso de agroquímicos, como por ejemplo en Bandera (departamento Belgrano), Selva (departamento Rivadavia) y Quimilí (departamento Moreno). Todos estos casos aprobaron ordenanzas con “zonas de protección ambiental” cuyas distancias no alcanzan los 500 metros de fumigaciones terrestres que establece la ley provincial.

Además, se destaca como jurisprudencia un amparo judicial por fumigaciones (tramitado ante el Juzgado de Paz N° 4 de Santiago del Estero, Capital) en relación a un conflicto de tierras ocurrido en las cercanías del Bajo Hondo, departamento Juan Felipe Ibarra. En 2016, a partir de denuncias de campesinos y campesinas, se prohibieron las fumigaciones aéreas en un radio de 3.000 metros y terrestres de 500 metros de distancia del terreno rural donde estos habitan y producen (Expte. 577630 Basualdo y Otros vs. Canido y Otros, sentencia aclaratoria del 01/02/2017). Esto es, aplicando el criterio de “planta urbana” a una comunidad campesina que se encuentra en la frontera de la agricultura industrial.

En Santiago del Estero la Autoridad de Aplicación (AdA) de la Ley 6.312 es el organismo de registro y fiscalización en materia de agroquímicos y donde, por tanto, derivan las denuncias. Al ser requerida tal información a los fines de elaborar el presente estudio hemos constatado las múltiples dificultades existentes en el registro, sistematización e (inexistente) difusión de esta, que permitan un mayor conocimiento de la problemática en aras de la formulación de recomendaciones de políticas. Según han precisado algunos técnicos, no cuentan con datos procesados ni expedientes a los que se puedan tener acceso. Ante una nota dirigida al Director General de Agricultura y Ganadería11, se logró acceder (tras reiterados pedidos) a un informe ad hoc con la información solicitada. La primera respuesta escrita ante la nota presentada afirma que “este departamento solamente atiende denuncias referidas a malas aplicaciones que producen derivas en cultivos próximos. Es decir, no tenemos registros sobre denuncias referidas a problemas de intoxicaciones u otras complicaciones que afecten la salud humana”, y sugiere consultar en el organismo de salud. Ante la reiteración y argumentación del pedido, con base en la normativa vigente y según las funciones de la AdA, se informa:

“que las denuncias que recibimos son referidas a malas aplicaciones de agroquímicos, teniendo en cuenta dos situaciones por parte de los aplicadores: una, no respetan las condiciones ambientales necesarias para tal fin y dos, las distancias mínimas para aplicar agroquímicos (...). Estas condiciones generan en el primer caso, derivas en campos de productores vecinos y en el segundo perjuicios a la salud de los pobladores” (Archivo, nota del Ministerio).

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Finalmente, se obtuvo una respuesta con el número de casos y lugares de donde provienen las denuncias desde el año 2009, dado que los registros públicos establecidos por el DR 38/2001 recién se implementaron en dicho año. Allí comunican que los tipos de denuncias refieren a dos problemáticas: el incumplimiento de las distancias y la deriva del 2,4-D (siendo esta última “más frecuente”).12

En tanto, en el Ministerio de Salud Pública el área de Salud Ambiental está a cargo de un ingeniero agrónomo que, según detallan, “se ocupa de cosas más urbanas, como el dengue, chikungunya, y no de esas cosas”. Mientras que, desde la Secretaría Técnica de Estadística, de la Dirección General de Medicina Preventiva de esa cartera, “no se trabaja de forma articulada, los hospitales, postas sanitarias, no nos suministran esta información”, manifiesta el responsable a cargo.

Análisis de conflictos ambientales por agrotóxicos en la provincia

Considerando los actores afectados en Santiago del Estero, se destaca el impacto sobre las poblaciones campesino-indígenas, lo cual da un indicio de la dinámica particular que adquiere esta problemática ambiental en la provincia, en tanto se agrega a otros problemas y despojos actuales e históricos que esta población padece en sus territorios, lo que asimismo afecta al proceso de construcción del riesgo relativo a los agroquímicos.

Figura 2. Conflictos según actores afectados

Establecimiento
educativo y/o
salud	Sin dato Vecinos/as
8%	12%

11%

Trabajadores

rurales

Campesinos-

indígenas y

agricultura de

pequeña escala

65%

Fuente: Elaboración propia

Si bien los efectos del uso de agroquímicos impactan de modo simultáneo en el ambiente y la salud, sea a través de la exposición directa o indirecta, interesa distinguir en dónde es depositada la principal preocupación en las situaciones relevadas. La sistematización de la información permitió visualizar que, en una gran mayoría, las situaciones de riesgo se presentan de modo combinado y se construyen de modo integral, dando cuenta del vínculo indisociable entre lo ambiental y lo sanitario.

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Figura 3. Principales situaciones de riesgo señaladas

Fuente: Elaboración propia

No obstante, se registra la existencia de situaciones y/o eventos conflictivos que refieren a riesgos ambientales y/o sanitarios de modo específico. En el primer caso, se trata de situaciones en las que se ha visto afectado de modo directo algún “recurso natural”: detección de malformaciones y/o mortandad en flora y fauna, contaminación de cursos de agua superficial o subterránea, etc. En el segundo, refieren a evidencias empíricas de enfermedades y/o intoxicaciones causadas por exposición a fumigaciones o a productos agrotóxicos en ámbitos laborales, o bien por medio del agua, suelo y aire contaminados.

No siempre son los afectados directos quienes llevan adelante los reclamos y/o denuncias en pos de la visibilización de las problemáticas ambientales y sanitarias asociadas al uso de agroquímicos. Muchas veces entra en juego una extensa y compleja red de articulaciones y alianzas entre actores que confluyen para dar a conocer y denunciar la problemática por diversos canales. En el caso de Santiago, se advierte la importancia de las acciones de equipos universitarios, así como también de las ONG y organizaciones sociales que actúan en los territorios de referencia y elaboran informes, difunden gacetillas y documentos. En adición, en otros casos es el personal jerárquico y/o trabajadores/as de establecimientos educativos y/o de salud quienes alzan la voz, así como también distintos organismos gubernamentales (como el INTA, la DPN, ciertos municipios, etc.), principalmente por medio de las declaraciones de algunos de sus funcionarios y/o técnicos.

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Figura 4. Conflictos según actores demandantes

Municipio

	ONG	Vecinos/as
		25%
	38%

		Campesinos-
	Univesidades	indígenas y
		agricultura de
	y/o
		pequeña escala
	investigadores
		21%
	12%


	Fuente: Elaboración propia

Además del mapa de los principales actores involucrados (afectados, demandados, denunciados, demandantes, según el caso), nos interesa reparar en los repertorios de acción movilizados y en los destinatarios de tales acciones relevadas. Si bien el formato más frecuente de acción contenciosa de los pueblos fumigados han sido los reclamos abiertos, movilizaciones, cortes de ruta y presentaciones ante las máximas instancias judiciales -todas acciones que permiten ganar visibilidad e irrumpir en el espacio público-, en el caso de Santiago del Estero, la visibilidad del debate por la afectación de las fumigaciones en el ambiente y la salud cobra formas menos institucionalizadas, reducido a estrategias comunitarias de difusión. En el caso de estudio consideramos que existe una relativa invisibilidad y/o “baja intensidad” de gran parte de las situaciones y/o eventos conflictivos relevados.

Figura 5. Conflictos según tipo de acción

Fuente: Elaboración propia

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Nº 010, Julio-Diciembre 2020 - ISSN: 2524-9568 Transformaciones territoriales y conflictos por el uso de agrotóxicos en Santiago del Estero (2001-2018)| TOLEDO LOPEZ et al.

En Santiago del Estero, existe una mayor preeminencia de expresión de los reclamos a través de denuncias informales (declaraciones, testimonios y comunicados) y con algún grado de formalización (denuncias policiales o ante autoridades gubernamentales, por ejemplo). Ello no implica que el problema no exista o que revista menor importancia, sino que se trata de un asunto cuya problematización social no ha logrado trascender las escalas locales (salvo escasas excepciones). La mayoría de los eventos y situaciones conflictivas relevadas provienen de expresiones individuales, vecinales, de comunidades campesino-indígenas, con escasa articulación a mayor escala. Respecto de la juridificación, se trata del amparo antes referido y tramitado en el marco de un conflicto de tierras, lo cual da cuenta tanto de la vinculación de las problemáticas como de la retroalimentación y acumulación de experiencias y conocimientos en el contexto de las estrategias de resistencia comunitaria.

Figura 6. Conflictos según productividades (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia

En su gran mayoría, los casos relevados no han encontrado una vía de resolución ni de aminoramiento. Sin embargo, su difusión puede considerarse como una productividad en sí misma, debido a que la sola visibilización de la problemática permite el aumento de una masa crítica de casos que sirven como elemento de “prueba” o argumento para evidenciar, en primer lugar, que el problema existe y, en segundo término, que, consecuentemente, se precisa dar algún tipo de respuesta, tanto en políticas ambientales, económicas y sanitarias.

La difusión y/o visibilización de las potenciales o reales situaciones de riesgo emergen como los principales resultados en el corto y mediano plazo de los repertorios de acción implementados. En Santiago del Estero, otro de los principales efectos refiere a la exigencia en el cumplimiento de la normativa existente, ya sea provincial u ordenanzas municipales. Es decir, que se detecta que efectivamente existen “malas prácticas” o incumplimientos a los

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criterios normativos establecidos y se demanda a organismos externos para que exijan el cumplimiento de las mismas.

Conclusiones

La investigación realizada nos permite reflexionar sobre cómo la problemática por el uso de los agrotóxicos da cuenta de un aspecto de los despojos y las injusticias asociadas al avance del agronegocio en Santiago del Estero. En la provincia se observa la dispersión legal que se combina con la escasez de registros, una débil institucionalidad ambiental a la que se agregan dificultades de acceso múltiples a los canales institucionales existentes, que permitan canalizar las demandas relativas a este problema socioambiental.

El caso de Santiago del Estero nos permite advertir cómo el avance del agronegocio con sus transformaciones territoriales y el uso de agroquímicos que emplea, no sólo desplaza dinámicas productivas de pueblos indígenas y campesinos, sino también genera impactos desiguales en el ambiente y la salud, que vienen a reforzar las desigualdades históricas y actuales que genera el modelo de agricultura industrial. Considerando los actores afectados, se destaca el impacto sobre las poblaciones campesino-indígenas, históricamente subalternizadas por el modelo agroexportador y el agronegocio. Los esfuerzos por visibilizar la problemática permiten entrever el marco de alianzas entre diversos actores que confluyen para dar a conocer la situación existente por diversos canales. Sin embargo, hay pocos conflictos que se encaucen a partir de una denuncia por la vía judicial, y en los casos que sucede es porque se enmarcan en un conflicto pre-existente como los de tierra.

Frente a estas situaciones o eventos conflictivos por el uso de agrotóxicos, la revisión de la información periodística y el trabajo de campo realizado permite apreciar que aparecen algunas respuestas, entre las que destacamos dos tipos. Por un lado, las asociadas a los discursos de las "Buenas Prácticas Agrícolas", que se alinean con las propuestas de las corporaciones del agronegocio. Por otro, se dan procesos de construcción colectiva del riesgo y propuestas de Ordenamientos Territoriales participativos, en donde comunidades locales, afectadas, inician un camino de apropiación local del derecho, haciendo uso de herramientas jurídicas y políticas que están a su alcance para definir usos actuales y futuros del territorio. Esto entraña valiosos aprendizajes sociales y ejercicio de democracia e iniciativa popular. Sin embargo, al constatar la reducida cantidad de iniciativas existentes en este sentido en la provincia, y pese a que la Ley de Municipalidades 5590/1987 en su art. 3 establece que los gobiernos municipales de segunda (nueve mil habitantes) y tercera categoría (dos mil habitantes) “son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones”, realizamos una reflexión sobre algunos problemas que atañen a la dimensión político- institucional, traducidos en la presión y la discrecionalidad que afrontan los poderes locales por atender la problemática de las fumigaciones y pulverizaciones con agrotóxicos en la escala municipal, además de la recurrente escasez de recursos. Además, se observa en el caso estudiado la existencia de una lógica política orientada a evitar “desafiar” las reglas provinciales y nacionales, eludiendo generar ordenanzas que superen los límites que la provincia define.

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La mayoría de las situaciones y eventos conflictivos relevados en los medios dan testimonio del problema, con el objetivo de lograr difusión y visibilización del mismo. De igual manera, el modo en que estas amenazas son percibidas nos reafirma el vínculo indisociable entre lo ambiental y lo social (y sanitario), en concordancia con el enfoque de la justicia ambiental y del cuerpo-territorio, y reafirma la necesidad de encuadrar la problemática del derecho ambiental en el ámbito de los Derechos Humanos. Así, podemos afirmar que el avance del agronegocio en Santiago del Estero genera injusticias ambientales, que sin embargo se encuentran en un estado de incipiente conflictividad.

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1Una lista de los aproximadamente 60 Organismos Genéticamente Modificados aprobados para su comercialización en Argentina puede consultarse en: https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/ogm-comerciales

2Los datos disponibles de cantidad de agrotóxicos se estiman a partir de datos publicados por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) en sus informes anuales del mercado “fitosanitario”, considerando la cifra publicada en 2014 (https://www.casafe.org/pdf/2018/ESTADISTICAS/Informe- Mercado-Fitosanitarios-2014.pdf), y son actualizados por la ONG Naturaleza de Derechos (http://www.naturalezadederechos.org/501.htm).

3En Bandera, en el año 2010 falleció Julieta Sandoval con solo 7 meses de vida, quien había nacido con múltiples malformaciones a causa de la exposición a la que durante su gestación se vieron expuestos su madre y padre (quien trabajaba como fumigador). Su caso ha sido judicializado y acompaña la demanda colectiva presentada por varias ONG y organizaciones sociales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) el 21 de diciembre de 2012, que solicita que ordene al Poder Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de organismos GM como la comercialización de la soja GM, como así también se disponga el “etiquetado” de los productos que los contengan. Ver: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/102045-32167-2008-04-08.html.

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/producciones_sostenibles/legislacion/provincial/_archivos//000 001-Agroquimicos/000022-Santiago%20del%20Estero/006313-Decreto-38- 01%20REGLAMENTARIO%20LEY%206312.pdf

5La REDAF define a los conflictos por el ambiente como una “disputa entre dos o más actores por el acceso, uso y/o control del mismo recurso natural” (REDAF 2013: 29).

6Entre el 15 y el 16 de octubre de 2016, un Tribunal Internacional reunido en La Haya, definió al ecocidio como el crimen de "causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen" (ver: https://www.lavaca.org/notas/monsanto-culpable-de-ecocidio-la-sentencia- de-un-tribunal-internacional-avala-las-denuncias-e-investigaciones-argentinas/).

7Los tratados internacionales que se incorporan a la CN son sobre los derechos humanos, pero también existen otros acuerdos internacionales que amplían el marco de protección y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, pero escapan a los fines del presente trabajo.

8Que la ejerce a través de dos organismos: el SENASA y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), interviniendo la cartera de Salud sólo en los procesos de autorización para uso domiciliario.

9En este sentido el art. 19 prohíbe "realizar volcamientos de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas, descargas, inyección e infiltración de efluentes contaminantes a los suelos", o "a la atmósfera", "que afecte en forma directa o indirecta la calidad y equilibrio de los ecosistemas humanos y naturales". El art. 20 habilita a la Autoridad de Aplicación (Dirección de Medio Ambiente) a coordinar y colaborar con el área de Salud para la realización de un relevamiento de datos en la población para detectar enfermedades producidas por los focos contaminantes del agua, suelo, atmósfera, a fin de obtener una estadística que determine y relacione las causas y los efectos.

10El Decreto-38-01 Reglamentario Ley 6.312 en su Art. 55 define por áreas urbanas las zonas edificadas de Ciudades y Pueblos de la Provincia y su área circundante hasta quinientos (500) metros de la línea de edificación o del límite del Ejido Municipal. Será la Secretaría Técnica de saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia fiscalizará y controlará el uso y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas y viviendas rurales.

11Se enviaron diversas notas con pedido de audiencia con el director del órgano de aplicación de la ley provincial para una entrevista y solicitar el acceso a estadísticas/documentaciones oficiales sobre las denuncias en torno a los agroquímicos en la provincia. Sólo se pudo acceder a entrevistas con los técnicos del Departamento de Agroquímicos y con el abogado a cargo del área Legal.

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