Revista Administración Pública y Sociedad
(APyS-IIFAP-FCS-UNC)
Nº 08, Julio-Diciembre 2019 - ISSN: 2524-9568
PRESENTACIÓN DE DOSSIER:
POLÍTICA Y DERECHO INDÍGENA
En el siglo XXI los pueblos indígenas del mundo sostienen -a nivel planetario- diversas clases de reclamos. Algunos están basados en injusticias históricas y, consecuentemente, buscan que tanto aquellos males como sus efectos presentes sean reparados. Asimismo, los pueblos indígenas tienen reclamos nuevos, que surgen de la expansión de las fronteras productivas, tecnológicas y financieras, de infraestructura y/o inmobiliarias sobre sus formas de vida, instituciones y territorios.
Estos reclamos generan importantes debates y desarrollos en distintos campos del conocimiento tales como la filosofía moral y política, la teoría y la ciencia política, los estudios globales y la justicia global, la ciudadanía multicultural, los estudios interculturales, los estudios sobre la forma estatal nacional y plurinacional y las formas e instituciones de la representación política, el federalismo, la antropología, la etnobiología, entre otros.
Encontramos también debates sobre cuál es el mejor modo de pensar respuestas ante injusticias históricas: si estas deben ser prospectivas, en el sentido de que las reparaciones deben crear las bases para un entendimiento mutuo justo y legítimo entre los pueblos; retrospectivas, pretendiendo que el mundo luzca lo más cercano posible a aquel en el que las injusticias históricas nunca tuvieron lugar; estructurales, cuyo eje es sostener que las injusticias contra los pueblos indígenas no solo tienen una dimensión histórica ineludible (ligada a las formas del despojo), sino que están en curso, son estructurales, producen y reproducen situaciones de desventaja (acumulación por desposesión); o una combinación de todas ellas.
Independientemente de cuál sea el mejor modo para pensar la orientación temporal de los reclamos sobre injusticias históricas, también es importante analizar el valor de las distintas medidas de reparación. La devolución de tierras y otros objetos de los que han sido y son desposeídos (restos, patrimonio cultural indígena, etc.) es fundamental para alcanzar una reparación integral por las injusticias cometidas en contra de los pueblos indígenas. Sin embargo, cuestiones tales como la apropiación de los conocimientos ancestrales por la biopiratería y otros mecanismos extractivos tienen una importancia similar y, por tanto, también requieren una respuesta adecuada.
A esta diversidad de contextos discursivos se suman los contextos de conflictividad, criminalización de la resistencia indígena, asesinatos y procesos de judicialización. En relación a los litigios, estos tienen que ver -en mayor medida- con el uso del suelo y del subsuelo, procesos de deforestación y contaminación por: minería, petróleo, represas y agroindustrias, entre otros. En relación a la criminalización, en la actualidad existen 56 demandas interpuestas por Estados y empresas contra pueblos indígenas según datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). En lo que respecta a asesinatos, América Latina ha sido calificada como el continente con mayor cantidad de casos de crímenes contra quienes defienden el ambiente, de 164 crímenes en el mundo, la región contaba para 2018 con 83. Al racismo y el hostigamiento histórico, a la exigencia de cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente, entre los más invocados el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada del Convenio 169 de la OIT, se suman hoy procesos de aumento del riesgo y la vulnerabilidad que exigen nuevas dimensiones del reconocimiento de los derechos indígenas y mayores garantías de acceso a la justicia.
En este contexto, el lenguaje, las instituciones políticas y el derecho entendidos bajo el paradigma del sistema de Estados encuentran tensiones y limitaciones para responder de manera adecuada a los cuestionamientos y prácticas realizadas desde los mismos pueblos indígenas y una vasta configuración de académicos y organizaciones que, a la vez que denuncian, formulan propuestas de organización política, social y cultural alternativas. Son ejemplos de estas alternativas, el pensamiento decolonial, el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, el interculturalismo, el pachamamismo, el Sumak Kawsay, algunos nuevos reclamos de justicia ambiental, y de justicia intergeneracional. Los desarrollos
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Presentación de Dossier
surgidos desde estas perspectivas son horizontes de crítica y reflexión capaces de aportar nuevos saberes y herramientas prácticas en favor de una correcta y adecuada reparación ante las injusticias que han padecido y continúan sufriendo los pueblos indígenas.
La convocatoria a artículos para este dossier partió de reconocer todas esas nuevas perspectivas, que pretenden aportar nuevas herramientas para lograr que, por un lado, las injusticias históricas sean reparadas y, por el otro, que en un futuro los pueblos puedan vivir en circunstancias donde un entendimiento mutuo e igualitario sea posible. En concreto, pretendíamos con ello ofrecer la posibilidad de poner en común aportes que contribuyan a resolver el tema del acceso a la tierra y la jurisdicción, ofreciendo conceptos, experiencias, la identificación de dificultades sistemáticas, las posibilidades de pensamientos y prácticas emancipadoras desde una diversidad de escalas y ámbitos.
Agradeciendo la participación de los autores y las autoras, describiremos y realizaremos ahora algunos comentarios de los artículos que conforman el Dossier.
En primer lugar, Martín Cárdenas Llancaman, en su artículo, analiza la noción de Azmapu que define como un “cuerpo ético-normativo que permite resolver conflictos para la comunidad mapuche”y establece una relación de orden entre vida, comunidad y territorio. Pensar en un régimen normativo que haga espacio a la noción de Azmapu, según el autor, es un modo de permitir que el pueblo mapuche se regule a través de sus propias normas, oprimidas a través de los años por el derecho occidental.
El artículo de Cárdenas Llancaman podría leerse como un argumento en favor del reclamo indígena por ser autores de las instituciones que se aplican sobre ellos. Hoy en día es poco controvertida la idea de que los ciudadanos de diferentes estados tienen intereses en ser tanto receptores como autores de las instituciones que regulan su vida. Pretenden ser receptores en la medida en que tienen intereses en que los derechos humanos básicos sean protegidos y que la vida se desarrolle en condiciones en las que cada individuo y comunidad pueda desarrollar el plan de vida que desee. Asimismo, tienen intereses en ser autores de las instituciones que gobiernan sus vidas dado que este es el único modo de que instituciones coactivas no afecten de manera injustificada la aspiración de cada individuo y comunidad de gobernar sus vidas de acuerdo con sus propias decisiones.
Aunque usualmente se piensa que la mayor falla de los Estados con respecto a los pueblos indígenas radica en no respetar sus intereses en tanto receptores, lo cierto es que, como el artículo de Cárdenas Llancaman muestra, los Estados tienden a menoscabar los intereses de los pueblos originarios en ser autores de las instituciones que regulan su vida. Su propuesta, de incorporar al Azmapu como orden normativo, es una respuesta que pretende reparar este mal.
En segundo lugar, presentamos el trabajo de Cecilia Carrizo y Matías Gaitán, “Análisis de los proyectos de ley nacional de Propiedad Comunitaria Indígena en Argentina, 2015-2019”. Allí el foco está puesto en la identificación de la complejidad de la generación de una normativa que reconozca la propiedad de la tierra/territorio, actualizando y efectivamente pluralizando el sistema del derecho. Del análisis de los dos proyectos con estado parlamentario en el Congreso de la Nación Argentina entre los años 2015- 2019, señalan aquellas cuestiones que tienen que ver con la elaboración en sí de la norma, así como con los procedimientos, instituciones y agencias creadas para la instrumentación de la ley y sus articulaciones con otras instituciones. El objetivo es aportar a la comprensión de la complejidad de las cuestiones político-institucionales involucradas, a juicio de los autores insuficientemente visibilizadas y debatidas.
En el tercer artículo, “Indigenismos e institucionalidad indígena contemporánea en Jujuy”, las autoras Valeria Duran, Valeria Avalo, Samanta Delgado y Lorena Carrillo problematizan el rol de la institucionalidad indígena y sus políticas públicas. Inscribiéndose en las críticas al indigenismo desde el indianismo, cuestionan las pretensiones de interculturalidad del indigenismo latinoamericano, centrándose en el análisis del discurso y la acción de la Secretaría de Pueblos Indígenas de dicha provincia entre los años 2016 y 2019. Desde una metodología cualitativa contextualizan la institucionalidad indígena en un contexto provincial tensionado por la implementación de una matriz productiva neo-extractivista y neo-desarrollista en territorios habitados por Naciones, Pueblos, Comunidades, Organizaciones indias-indígenas.
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El artículo “Juridización de las identidades indígenas en la provincia de Jujuy. Análisis de los proyectos de ley remitidos al poder legislativo provincial entre los años 1983-1989”, es desarrollado por la autora, Angela Yankillevich, desde una perspectiva antropológica. Parte de la idea de que en América Latina lo indígena opera entre otras cosas, como una categoría jurídica. El corpus analizado es una vasta cantidad de proyectos de ley tratados en la Legislatura de la provincia de Jujuy durante los años `80 destinados a las poblaciones indígenas. El objetivo es aportar a la reflexión sobre el proceso de composición de lo indígena y los principales tópicos que componen esa legislación en tanto intentos de (re)configuración jurídica de las identidades y los conflictos en el período.
El quinto artículo, “Educación intercultural bilingüe. Reflexiones acerca de los casos de Salta y Misiones (Argentina)” de Yamila Irupé Núñez y Ana Victoria Casimiro Córdoba, indaga desde una perspectiva antropológica y en base al análisis de dos casos provinciales, las características que adoptan las políticas educación intercultural bilingüe en Argentina. El análisis se dirige a visibilizar cómo la normativa nacional es resignificada a nivel local y qué tipo de dispositivos de intervención territorial se diseñan para atender las problemáticas locales.
Finalmente, cierra el Dossier el artículo “Derecho insurgente y derechos humanos. La defensa del territorio y la autonomía de comunidades indígenas mexicanas”. Consideramos este un aporte reflexivo y constituyente fundamental para pensar sobre el momento presente en donde la entrega de la riqueza colectiva al capital privado despoja a comunidades campesinas, indígenas y ejidales y a la ciudadanía toda. Frente a ello, existen experiencias concretas de resistencias en defensa de los territorios y de las condiciones materiales de vida, experiencias de juridicidades insurgentes que nos proponen ir más allá de las esferas de la modernidad monocultural y colonizadora, transformando y creando instituciones.
Como editores invitados, queremos también agradecer a la Revista Administración Pública y Sociedad del IIFAP y al Observatorio de Políticas Constitucionales Decolonizadoras de la Universidade Comunitária da Região de Chapecó, por promover y albergar esta suma de trabajos, pensamientos y aspiraciones de manera respetuosa y plural. Esperamos, en un futuro próximo, poder continuar con la temática sobre las líneas transitadas y/o abiertas en el presente dossier: los desarrollos sobre el derecho y la justicia mapuche constituyen un manantial siempre presente; la complejidad de la constitucionalización de la pluralidad también; las críticas a sesgos idealizantes y subordinantes una tarea de la crítica impostergable, así como la contribución al análisis de procesos históricos y actuales y sus efectos sobre vidas y formas de vida concretas.
Editores invitades a cargo del dossier:
Prof. Mgter. Cecilia Carrizo, Investigadora del Área Estado, Ciudadanía y Justicia Ambiental del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Prof. de Introducción a la Ciencia Política y Fundamento de la Ciencia Política de la FCS - UNC. cecicarrizosineiro@gmail.com
Dr. Santiago Truccone Borgogno, Institute of Philosophy (University of Graz, FWF-Project “Superseding Historical Injustice and Changing Circumstances”, https://historicalinjustice.uni-graz.at/en/). Santiago.truccone-borgogno@uni-graz.at
Prof. María Aparecida Lucca Caovilla, Docente do Programa de Mestrado em Direito. Coordenadora do Grupo de Pesquisa "Direitos Humanos e Cidadania". Coordenadora do "Observatório de Políticas Constitucionais Descolonizadoras para a América Latina". Unochapecó - Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Brasil. caovilla@unochapeco.edu.br
Dra. Hanne Cottyn, Research Associate, Department of History, Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC), Vanbrugh College University of York – UK. Commodity Frontiers Initiative, Belgian Latin America network, ENCUENTRO. hanne.cottyn@york.ac.uk
Qarashe Felix Díaz, Presidente electo del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas de la República Argentina. felixdiazqom@gmail.com
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