Revista Administración Pública y Sociedad

(APyS-IIFAP-FCS-UNC)

Nº 08, Julio-Diciembre 2019 - ISSN: 2524-9568

VÍCTIMAS DEL DESARROLLO DE EMPRESAS

HIDROELÉCTRICAS EN EL SUR DE BRASIL

VICTIMS OF THE DEVELOPMENT OF HYDROELECTRIC COMPANIES IN SOUTH BRAZIL

VÍTIMAS DO DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS HIDRELÉTRICAS NO SUL DO BRASILi

ARLENE RENKii y SILVANA WINCKLERiii

Fecha de Recepción: 12/11/2019 | Fecha de Aprobación: 30/11/2019

Resumen: Las industrias extractivas, en sus formas de inserción para la	Palabras Clave:
operación, dejan marcas, por mucho que el aparato legal trate de minimizar	Víctimas del desarrollo.
los efectos nocivos e irreversibles. A diferencia de las represas hidroeléctricas,	Centrales
la industria minera tiene un protocolo no oficial, pero bien considerado en el	hidroeléctricas.
ámbito empresarial y coherente con la licencia social para operar. Los pueblos	Derechos humanos.
indígenas y tradicionales están protegidos por la Consulta Libre, Previa e
Informada del Convenio 169 de la OIT, lo cual, sin embargo, no siempre ocurre.
Otro instrumento que podría representar una especie de ágora son las
Audiencias Públicas, si no fuera por el despojo lingüístico (términos vernáculos
y técnicos) de una parte considerable de la audiencia, y un Estudio de Impacto
Ambiental no siempre confiable a la realidad, lo que se evidencia en la
ejecución de las obras. La política energética brasileña, en las últimas décadas,
en nombre del crecimiento del país y su desarrollo, financió la construcción de
grandes proyectos hidroeléctricos, lo que resultó en la alteración del paisaje, la
flora, la fauna y el desplazamiento de grupos humanos (pueblos indígenas,
habitantes de riberas, campesinos). Los cambios en el sustrato morfológico de
estos grupos, su cosmología, su vulnerabilidad y los efectos subsiguientes no
contabilizados por la economía formal es lo que pretendemos discutir en este
texto bajo la categoría de víctimas del desarrollo.

iUna versión preliminar de este texto ha sido publicada en el idioma portugués en Berger, M. y Carrizo, C. (Comp.). "Afectados ambientales: aportes conceptuales y prácticos para la lucha por el reconocimiento y garantía de derechos", 2019.

iiDoutora en Antropología Social por la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente de los programas de postgrado en Derecho y Ciencias Ambientales de Unochapecó, Brasil. arlene@unochapeco.edu.br

iiiDoctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Docente de los programas de postgrado en Derecho y Ciencias Ambientales de Unochapecó, Brasil. silvanaw@unochapeco.edu.br

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Abstract: The extractive industries, in their forms of insertion for operation,	Keywords:
leave marks, no matter how much the legal apparatus tries to minimize the	Victims of
harmful and irreversible effects. Unlike hydroelectric dams, the mining industry	development.
has an unofficial protocol, but one that is well regarded in the business sphere,	Hydroelectric plants.
and is consistent with the social license to operate. Indigenous and traditional	Human rights.
peoples are protected by the Free, Prior and Informed Consultation of ILO
Convention 169, which, however, does not always occur. Another instrument
that could represent a kind of agora is the Public Hearings, were it not for the
linguistic dispossession (vernacular and technical terms) of a considerable
fraction of the audience, and an Environmental Impact Study not always
reliable to reality, which is evidenced in the execution of the works. The
Brazilian energy policy, in the last decades, in the name of the growth of the
country and its development, financed the construction of large hydroelectric
projects, resulting in the alteration of the landscape, flora, fauna, and the
displacement of human groups (indigenous peoples, riverbank dwellers,
peasants). The changes in the morphological substrate of these groups, their
cosmology, vulnerability and the subsequent effects not accounted for by the
formal economy is what we intend to discuss in this text under the category of
victims of development.

Resumo: As indústrias extrativas, em suas formas de inserção para operação,	Palavras chave:
deixam marcas, por mais que os aparatos legais tentem minimizar os efeitos	Vítimas do
nocivos e irreversíveis. Ao contrário das hidrelétricas, a indústria da mineração	desenvolvimento.
dispõe de um protocolo não oficial, mas bem visto no âmbito empresarial,	Hidrelétricas.
consistente na licença social para operar. Os povos indígenas e tradicionais	Direitos humanos.
encontram-se amparados na Consulta Livre, Prévia e Informada da Convenção
169 OIT, o que, não obstante, nem sempre ocorre. Outro instrumento que
poderia representar uma espécie de ágora são as Audiências Públicas, não
fosse a despossessão linguística (vernacular e de termos técnicos) de
considerável fração da plateia, e um Estudo de Impacto Ambiental nem
sempre fidedigno à realidade, o que é evidenciado na execução das obras. A
política energética brasileira, nas últimas décadas, em nome do crescimento
do país e de seu desenvolvimento financiou a construção de grandes
empreendimentos hidrelétricos, resultando na alteração da paisagem, flora,
fauna, e no desalojamento de grupos humanos (povos indígenas, ribeirinhos,
camponeses). As alterações do substrato morfológico desses grupos, de sua
cosmologia, a vulnerabilidade e os efeitos posteriores não contabilizados pela
economia formal é o que pretendemos discutir neste texto sob a categoria de
vítimas do desenvolvimento.
1.

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Introducción

Pretendemos abordar la condición de las víctimas de los Proyectos a Gran Escala (PGE)1 o mega-obras2, términos utilizados en este texto, indistintamente, en contextos de neodesarrollismo progresista o liberal (Svampa, 2011). La industria extractiva intensificó su acción en las primeras décadas de este siglo en la economía latinoamericana (Svampa, 2011; Gudynas, 2012). Sin embargo, si la mayor visibilidad recae sobre la explotación de los productos minerales y metálicos, no se puede dejar de lado la explotación del potencial hidráulico para la generación de energía indispensable para la industria electrointensiva, como es el caso de la empresa minera, que genera conflictos con las poblaciones establecidas en los territorios demarcados para explotar estos recursos (Malerba, 2014; Zhouri, 2018).

La explotación de la minería y la hidroelectricidad, en régimen de concesión estatal, es una actividad territorializada. La instalación de los PGE afecta a las poblaciones establecidas, afectándolas obligatoriamente. Sufren los impactos de la obra. Experimentan sus efectos en su singularidad. Diferentemente, los inversionistas que disputan la explotación de recursos naturales, conglomerados empresariales, accionistas, técnicos, ingenieros y trabajadores con mayor calificación técnica, en general, pasan por experiencias acumulativas, con la posibilidad de desplazarse entre diferentes obras.

El PGE, según la coyuntura del mercado, cambia su composición accionarial. Aprovechando las prerrogativas legales, forman Asociaciones Específicas, Asociaciones Público-Privadas y joint ventures; hay inversionistas que migran de una empresa a otra y si al inicio de la obra hay una composición de entidades legales, al final de la obra puede no ser idéntica. Un mapeo de negocios podría mostrar encrucijadas, especialmente en la capa superior, según la posición ocupada en el campo empresarial: agentes con incursión nacional, inserción internacional o posiciones transnacionales, según el lastre financiero, la capacidad de recaudar fondos con las agencias financieras, las relaciones de poder, formales e informales, y la posibilidad de enfrentar a los competidores. Un contratista brasileño con gran solidez financiera tiene actualmente ramificaciones en 98 países. Una gran empresa minera, que alguna vez fue una empresa estatal, tiene presencia en 25 países. La internacionalización de las empresas brasileñas, a partir de 2003, contó con el desembolso del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que permitió la "inserción de la economía brasileña en el orden mundial a través de la expansión de las empresas brasileñas en el exterior, creando así grandes competidores globales" (Oliveira, 2016, p. 2 - traducimos).

Fue durante el gobierno de Lula (2003-2011) que hubo más financiamiento y que el país asumió el liderazgo regional en las acciones de infraestructura. En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA, los objetivos de instalación de obras de infraestructura están alineados y el BNDES adquiere una nueva característica al internacionalizar y desembolsar recursos a la Corporación Andina de Fomento - CAF, de modo que sus costos superaron el financiamiento del BID en la última década en la región (Oliveira, 2016, p. 8) y se convirtió en accionista de las actividades empresariales de JBS, CEG, Brasiliana Energia, Copel y Light, a través de BNDESPAR.

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Si hay víctimas del desarrollo es porque hay proyectos clasificados como "desarrollo". Los Estados latinoamericanos se organizaron estratégicamente en IIRSA en el año 2000, sobre la base de 10 ejes de integración regional. Brasil anticipó y lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento PAC en 2007, que promovió la reanudación de la planificación y ejecución de grandes proyectos que conformaban el escenario de desarrollo sostenible deseado. En 2011, se inició la segunda fase del programa, con el PAC2, aumentando el presupuesto para el financiamiento público de obras privadas.

Algunas empresas están involucradas en las industrias hidroeléctrica y de extracción de minerales, otras se especializan en ingeniería, o producen estudios e informes ambientales (EIA y RIMA). Algunos incluso participan en la Comisión Mundial de Represas (1998/2000).

Represas hidroeléctricas en el sur de Brasil - el caso de la Cuenca del Río Uruguay

El río Uruguay nace en la Serra Geral-SC, en la confluencia de los ríos Canoas y Pelotas y desemboca en el delta de La Plata, con una extensión de 2.200 km. Entre los principales afluentes se encuentran los ríos Negro, Quaraí, Ibicuí, Chapecó, Passo Fundo y Río do Peixe.

Históricamente, la implementación de las UHEs en la Cuenca del Río Uruguay fue el resultado de estudios realizados para la planificación y desarrollo del sector energético en los años 70 por el Consorcio Canadiense Americano-Brasileño - Canambra (Canali, 2002; Boamar, 2003; Santos, 2002). En la Cuenca del Río Uruguay, el diagnóstico indicó un buen potencial energético, y Eletrosul, filial de Eletrobrás, asumió la responsabilidad de construir diecinueve centrales hidroeléctricas, que, incluyendo la central hidroeléctrica Passo Fundo, ya en operación, producirían un total de 9.500 MWs. (2002. p.114-115). El Plan del Consorcio Canambra preveía el aprovechamiento del potencial hidráulico y la interconexión regional de las centrales a través del sistema de transporte. Eletrosul, con miras a reemplazar las centrales termoeléctricas por centrales hidroeléctricas, aprovechando el potencial hidráulico de la cuenca para abastecer de energía al país, presentó en noviembre de 1979 el Inventario Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Uruguay, o el llamado "Proyecto Río Uruguay", que prevé la instalación de 22 represas (19 centrales hidroeléctricas y 3 para regular los caudales de agua) (Santos, 2002, p. 107), con 7 centrales prioritarias, a saber: Machadinho, Itá, Campos Novos, Barra Grande, Iraí e Itapiranga. En diciembre de ese año se creó la Comissão Regional de Atingidos por Barragens - CRAB, formada por líderes de la Pastoral Territorial y de la Unión de Trabajadores Rurales, como reacción al documento de Eletrosul (Sigaud, 1986; Reis 2009). La CRAB fue el embrión del Movimiento de Afectados por Represas.

Según Sigaud (1986), la organización campesina se debió a la comunicación de experiencias insatisfactorias, la de Itapu y la de la Central Passo Real, en Rio Grande do Sul, con los "ahogados" de Passo Real. Reis (2009) suma a los pasivos morales las experiencias negativas de Eletrosul en la Cuenca del Iguazú, en las UHEs de Salto Santiago y Salto Veloso, que llegaron al conocimiento de los futuros afectados. Antes de que se iniciara la construcción de las represas hidroeléctricas, los agricultores ya estaban organizados, contrariamente a lo que había ocurrido en Sobradinho e Itaparica (SIGAUD, 2006).

Desde el punto de vista de los empresarios, las represas hidroeléctricas construidas son una fuente de energía limpia y renovable, ya que tienen como horizonte de contraste la energía nuclear. Sin embargo, en el contexto del sur del país, significaron la inundación de áreas y la

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pérdida de tierras cultivables, la expropiación de poblaciones ribereñas, de pescadores y el desplazamiento de comunidades, no colectivo, sino bajo responsabilidad individual, la mayor parte del tiempo (Baron, 2012; Rocha, 2011).

Crecimiento y desarrollo no son sinónimos y nunca lo han sido. Las obras están diseñadas con la intención de apuntar al desarrollo de la región o del país. Los refractarios y los que se oponen a ellos reciben el epíteto estigmatizante de "guardianes de la miseria" (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007).

La categoría de desarrollo es polisémica. Independientemente de la concepción adoptada, podemos recurrir a Bourdieu (2005), en la noción del campo económico como campo de disputas, en el que los agentes están desigualmente dotados con el capital en juego. Debido a sus enormes impactos ambientales y sociales, los PGE muestran claramente el desequilibrio de las relaciones de poder, dentro del campo, entre las poblaciones locales y los forasteros del desarrollo. En esta senda, Zhouri y Oliveira (2007) señalan la urgencia del "desarrollo" y la "inevitabilidad" de la obra invocadas por los gestores de megaempresas, dejando que las poblaciones locales se adhieran como única alternativa.

La indemnización a los afectados, directa o indirectamente, es un derecho. Pero el cálculo no es fácil de acordar. Zornitta (2015) señala las dificultades de establecer parámetros entre los valores de la compensación y las diversas facetas de la vida, como la red de sociabilidad establecida en las comunidades, construida a lo largo de los años, que no entra en las hojas de cálculo de los administradores como pérdidas.

Vale la pena pensar en la categoría de víctimas del desarrollo, ya que los dramas del desarrollo son tipos complejos de encuentros que reúnen a las poblaciones más vulnerables desplazadas por las represas hidroeléctricas. Esta es una cara invisible del megaemprendimiento que no forma parte de su contabilidad.

Licencia social para operar

Hablando específicamente de empresas mineras, en un gesto de defensa corporativa, constituyeron, en 2001, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), actualmente compuesto por 27 gigantescas empresas mineras y 30 asociaciones, con el objetivo de enfrentar los desafíos que se le presentan al sector a nivel global, conciliando las estrategias empresariales con el marco de oro del desarrollo social y sostenible. Para el consumo externo, el ICMM presenta un decálogo que incorpora los preceptos de la Declaración de Río 92, la Declaración de los Derechos Humanos, la Global Reporting Initiative, las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, los Convenios de la OIT, etc. El penúltimo de estos principios es la aproximación con las comunidades, buscando contribuir a su desarrollo social, económico e institucional (Principio 9 del ICMM). Esta es la lógica del desarrollo local y comunitario, es decir, en las proximidades de la empresa, la territorialización del PGE.

Si, por un lado, el ICMM elogia el desarrollo sostenible como negocio, por otro, resiente la inminencia del "riesgo social corporativo". Estos riesgos serían detectables en las acciones de movimientos sociales, sindicatos, etnias, ONGs, en definitiva, grupos e instituciones que puedan denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas (Milanez; Salles; Giffoni, 2016).

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Como estrategia para acercarse a las comunidades, entra en juego la Licencia Social de Operación (LSO), como un mecanismo supuestamente acordado entre la empresa y la comunidad que pretende, a largo plazo, incluso sin la fuerza de un mecanismo legal, aportar la aparente legitimidad a la empresa, es decir, el indicador afirmativo de la comunidad a la inserción para la operación. La obtención de la LSO se considera un hito en las comunidades que albergarán las empresas y equivaldría a un rasgo diacrítico de la política de reputación empresarial. La creencia en la importancia que se le da a la LSO se puede ver en el esfuerzo realizado por el ICMM, en asociación con Vale y el Banco Mundial, en la preparación de un manual de relaciones con las comunidades, como una herramienta para asegurar una gestión exitosa de los riesgos sociales, como el establecimiento de alianzas (Milanez; Salles; Giffoni, 2016; Muñoz Gaviria, 2015).

La Comisión Mundial de Represas tiene una postura conciliadora. Entre las siete recomendaciones que presenta al público que trabaja con represas, la primera es obtener la aceptación del público antes de que comiencen las obras. Vale la pena comparar la Licencia de Operación Social, propuesta por las empresas mineras, con las estrategias de aproximación a las represas hidroeléctricas:

La aceptación pública de las decisiones fundamentales es esencial para el desarrollo equitativo y sostenible de los recursos hídricos y energéticos. La aceptación surge cuando se reconocen los derechos, se admiten y estipulan los riesgos y se salvaguardan las prerrogativas de todas las poblaciones afectadas, en particular las de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y otros grupos vulnerables. Deben adoptarse procesos y mecanismos específicos de toma de decisiones que permitan la participación informada de todos los grupos de personas, lo que dará lugar a una aceptación demostrable de las decisiones clave. (WCD, 2000, p. 29).

Este carácter de aceptación pública es sin duda cercano a una Licencia Social de Operación, pero no adquiere este carácter, por mucho que estemos de acuerdo con Gaviria (2015) sobre el carácter de dominación empresarial que adquiere ese instrumento. Es una orientación. Esta orientación es mucho más para una perspectiva de "armonía coercitiva" (Nader, 1994) que para una ganancia de la población.

En el caso de la LSO, existe el interés del PGE en crear este vínculo en vista del tiempo relativamente largo de permanencia de la actividad minera en el territorio, lo que requiere una buena convivencia. En el caso de las represas, lo que CMB sugiere es el cuidado en el período previo a la instalación, como amortiguador. Luego vendrán las acciones para mitigar los impactos en las comunidades circundantes y las estrategias filantrópicas corporativas.

Víctimas del desarrollo

Las categorías sociales son producidas históricamente. Un ejemplo de esto es la categoría refugiado ambiental. Según Magalhães (2007), en los años ochenta, más precisamente en 1985, la categoría "refugiado ambiental" fue reconocida por la ONU, en analogía con la categoría "refugiado", de amplio reconocimiento por la institución y por el Derecho Internacional, hace algunas décadas. La ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), llamó a este segmento "ecorrefugiados", es decir, aquellos desplazados por grandes transformaciones ambientales, ya sean de origen natural o humano.

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Posteriormente, en 1997, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) incluyó a los afectados por catástrofes ambientales resultantes de programas de desarrollo -y no sólo de la acción de la naturaleza- en el debate sobre el desplazamiento forzado (Magalhães, 2007; Nóbrega, 2011). El desplazamiento se transfiere del foro ambiental del PNUMA al ACNUR, el organismo específico que protege a los refugiados, lo que acentúa la importancia de la cuestión. Las mega-obras, entre las que se encuentra la industria de la represa, producen, por lo tanto, refugiados ambientales.

En el contexto de los estudios ambientales, a efectos de indemnización y compensación por desplazamiento forzado en contextos de GPE, se habla de "afectado". Un importante estudio sobre la categoría "afectada" por las empresas hidroeléctricas fue desarrollado por Vainer (2012), que muestra cómo se está cambiando la configuración de este segmento durante las luchas de resistencia contra las represas. En una primera fase, prevaleció la concepción territorial-patrimonialista, según la cual tales obras eran de interés público, ocurriendo la expropiación de las áreas afectadas y la indemnización de los propietarios. Todavía no se habla de "afectados" y los no terratenientes no tienen derechos. Ese fue el proceso que ocurrió en la construcción de la Central Hidroeléctrica de Itaipú. Otro momento, en el que Vainer dice que prevaleció la concepción hídrica, fue cuando se consideró que los "inundados" estaban afectados, fueran o no propietarios. Esta comprensión de "afectado" se originó en las movilizaciones sociales (CRAB/MAB) y en el proceso de licenciamiento requerido por la legislación ambiental. Los impactos sociales del proyecto están siendo discutidos. Ejemplos de ello son los proyectos en Itaparica, Itá y Machadinho. El tercer momento parte de la comprensión de la empresa como detonante del cambio social y promueve un giro: del derecho del empresario a los derechos de las poblaciones afectadas. El autor dice: "En este proceso de cambio, además de las alteraciones patrimoniales (nuevos propietarios) y morfológicos (nueva geomorfología, nuevo régimen hídrico, etc.), se establecen nuevas dinámicas socioeconómicas, surgen nuevos grupos sociales en la región de implementación, se manifiestan nuevos intereses y problemas" (VAINER, 2012, p. 100).

El estudio de Vainer (2012) es amplio e incluye otras perspectivas sobre los afectados. La percepción de los organismos multilaterales, según el autor, muestra que tienen en cuenta la noción de personas económicamente desplazadas, es decir, privadas de actividades económicas, sin connotación físico-territorial; las comunidades de acogida de los desplazados; y, además, las afectadas por el colapso de las comunidades y las cadenas de apoyo social. La Comisión Mundial de Represas comparte esta percepción. La literatura académica añade a los impactos ya mencionados los efectos aguas abajo de la presa; los efectos permanentes de las obras de infraestructura, como las carreteras, y los temporales, como los de la obra y el campamento de los trabajadores, además de los efectos producidos en la red social (capilla, club, deportes, ocio, vecinos, presencia de extraños en la comunidad, etc.). Finalmente, el sector eléctrico expresa una "creciente sensibilidad social y ambiental" manifestada en sus documentos, que incorporan "la experiencia acumulada en conflictos y el aprendizaje acumulado en la literatura". Los Planes Ambientales de Eletrobrás se alejan de las visiones patrimonial e hídrica y adoptan la "noción de espacio social". Sin embargo, en la práctica, hubo resistencia a superar la percepción de los afectados como "propietarios" o "inundados". Fue a

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través de la movilización de los movimientos sociales, especialmente del MAB, que se impuso la visión defendida en los documentos (VAINER, 2012, p. 112-113).

En palabras del autor:

Concepto en disputa, la noción de afectado se refiere, de hecho, al reconocimiento, léase legitimación, de los derechos y de sus titulares. En otras palabras, establecer que un determinado grupo social, familia o individuo es, o ha sido, afectado por una determinada empresa significa reconocer como legítimo -y, en algunos casos, como legal- su derecho a algún tipo de compensación o indemnización, rehabilitación o reparación no financiera. Esto explica que el alcance del concepto sea en sí mismo objeto de una disputa (VAINER, 2012, p. 96 - traducimos).

Siguiendo el ejemplo de la actividad minera, el acercamiento de la industria de las presas a las comunidades a inundar sigue siendo tenso y conflictivo. El Movimiento de Afectados por Represas y el Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR) 3 se oponen a la construcción de represas en razón de los daños socio-ambientales y de la generación de riqueza en detrimento del sustrato morfológico, el cual es alterado. En Brasil, una institución visible es el Instituto Socioambiental (ISA), que dedica un espacio considerable a los pueblos indígenas. Existe una organización internacional de Movimientos contra las Represas, como la Red de Asia Meridional sobre Represas, Ríos y Pueblos - SANDRP - en la India; la Red Europea de Ríos, en Francia, entre otras instituciones, que celebran reuniones internacionales de personas afectadas por las presas.

Ya sea en la industria extractiva o en la industria de la presa, la llegada de un PGE causa los problemas más diversos. El inconveniente más grave es la falta de elección ante la empresa. La comunidad fue "elegida", sin opción, de modo que los cambios se producirán tanto para los que se quedan como para los que serán desplazados. Además, se produce la inserción de un contingente de trabajadores extranjeros, máquinas que cambian la rutina de la comunidad, implicando la imposición de otros ritmos, lo que generalmente encuentra resistencia, especialmente cuando hay pérdida de tierras y desplazamiento de la población. Anticipándose a las dificultades a las que hay que hacer frente, los grandes empresarios crean formas de establecer un acercamiento para la negociación que facilite el trabajo futuro.

Las audiencias públicas, en PGE, están previstas en la legislación y no tienen carácter deliberativo. Son públicas y se vuelven obligatorias cuando se requieren, en los términos de la normalización de la ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) y de la Resolución No. 09/87 del CONAMA (Conselho Nacional do Meio ambiente). Una formalidad ritualista de presentación del proyecto a la comunidad afectada y en general se cumple a través de la audiencia pública. Se presenta el proyecto de la obra, aunque sin necesidad de la aprobación del público, lo que no impide que reciba críticas y preguntas y, de vez en cuando, comentarios elogiosos sobre el "progreso" que traerá a la región. Lo habitual es que los miembros del MAB aporten información y señalen las incongruencias del proyecto. La comunidad afectada juega el papel de oyente, entre el lenguaje exotérico lleno de expresiones que no son de su vida cotidiana.

No existe una Licencia Social para Operar en la relación con las comunidades en las que se implementarán las centrales hidroeléctricas. El ritual, la liturgia y el formalismo se rompen por

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las oposiciones de los movimientos sociales, especialmente del MAB, al cuestionar el proceso excluyente en la presentación formal del proyecto.

Los proyectos hidroeléctricos, en el caso de Brasil, se apoyan en el discurso gubernamental de la necesidad de proveer infraestructura para el desarrollo, colocando en último puesto los deseos de la población afectada. Entre las prerrogativas técnicas y la población, éstas se eligen en primer lugar a expensas de la última. Por muy perversas que sean las actividades mineras, las empresas mineras "ensayan" su Licencia Social para Operar. En el caso de las represas hidroeléctricas, en el mejor de los casos, los afectados son informados de su estado. En las negociaciones, la presencia en la comisión es una ficción de participación, tal es la estratificación y el desequilibrio de fuerzas, y la legitimidad de las representaciones también puede ser cuestionada.

Los daños van más allá de la materialidad del patrimonio e incluyen la inmaterialidad de bienes y valores como la red de sociabilidad, la vecindad, la comunidad. Las indemnizaciones no compensan el malestar causado por el desmantelamiento de los vínculos personales y comunitarios.

Consideraciones finales

El documento de la Comisión Mundial de Represas es francamente optimista sobre la aceptación pública de las mega represas hidroeléctricas, ya que supone un "comunismo lingüístico" en la descodificación e interpretación de los mensajes y una creencia compartida en el desarrollo equitativo, que se refiere a otros supuestos, como el de las partes involucradas compartiendo los mismos valores, compartiendo los mismos códigos semánticos y la misma información. ¿Cómo traducir en "conocimiento laico", es decir, el de los distintos segmentos de la población afectada, la ciencia académica que es la base de una megaobra y sus consecuencias? ¿Cuáles son los criterios de selectividad de la información que consideran necesarios para llegar al discernimiento del grupo afectado? Incluso si hay una "aclaración", ¿cuáles son las formas de decir no, excepto los movimientos contra las represas? La territorialidad está demarcada y el grupo local no está facultado para mover la presa ni para suspender las obras.

Como señaló el trabajo de Sigaud en la década de 1980, el intercambio de información entre las ubicaciones afectadas tiene el efecto de anticipar la movilización contra los principales proyectos de desarrollo, a lo que han contribuido movimientos sociales como el MAB. El conflicto surge antes del inicio del trabajo, en las fases de estudios ambientales y licencias.

Las acciones de resistencia son repelidas recurriendo al aparato legal (policía y justicia), bajo la deslegitimación y criminalización de los agentes.

En el caso de las centrales hidroeléctricas, el segmento empresarial no ve la necesidad de buscar la legitimidad de la intervención, recurriendo a su legalidad. A este respecto, no sigue las recomendaciones de la Comisión Mundial de Presas acerca de la aceptación pública de la obra.

La extensión de la categoría de "afectados", según lo estudiado por Vainer (2012), fomenta la comprensión de los impactos socioambientales y económicos que hieren a las comunidades afectadas, incluidos elementos no abordados anteriormente, como la dinámica

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socioeconómica local. Sin embargo, hay dimensiones que no se pueden compensar, como la ruptura de los lazos vecinales y comunitarios.

Afectados por proyectos de gran envergadura, desplazados por megaproyectos, los refugiados medioambientales son, por tanto, víctimas del desarrollo en el sentido de que no tienen derecho a elegir y sufren la acción de "agentes de desarrollo" (Estado, industria de represas, etc.) con baja capacidad de reacción y negociación. Los daños se compensan parcialmente y no incluyen las pérdidas inmateriales, no contabilizadas, sino sufridas por la población.

Referencias

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BRASIL. Resolução 09/87 de Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA. www.mma.gov.br/port/conama/res/res87/res0987.html acesso em 15 de junho de 2017. CANALI, Gilberto Valente. A definição e a importância do Projeto Uruguai. SANTOS, Silvio Coelho dos e REIS, Maria José (Orgs.) Memórias do Setor Elétrico na Região Sul. UFSC, 2002, p. 99-110.

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Lugares visitados

International Council on Mining & Metals: https://www.icmm.com/en-gb, Programa de Aceleração do crescimento: http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/pac-programa-de-aceleracao-do-crescimento Estatuto Social da BNDES S/A Participações: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/governanca- controle/empresas-sistema-bndes/Legislacao_do_SItema_BNDES/Estatuto-da-BNDESPAR

1Expressão cunhada originalmente por Gustavo Lins Ribeiro (1987).

2Ver: Sevá (2004).

3Movimiento Ríos Vivos (Colombia), Movimento dos Atingidos por Barragens (Brasil), Patagonia sin Represas (Chile), Movimiento Amplio por la dignidad y la justicia (Honduras), Red de Educadores y Educadoras Populares/CMLK (Cuba), Frente Petenero contra las Represas (Guatemala), Consejo de Pueblos Mayas (Guatemala). Bloque Campesino Indígena Amazónico de Bolivia, Asociación de pescadores 16 de julio de Cachuela (Bolivia), FUNPROCOOP (El Salvador), Frente Nacional Agrario (El Salvador), Movimiento Popular Patria Grande (Argentina), Rondas Campesinas (Perú), Otros Mundos Chiapas (México), Bios Iguana (México), Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (México), Consejo de Pueblos Unidos para la defensa del rio Verde (México), Red Nacional en Defensa del Agua (Panamá).

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